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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00176-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2017-00176-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema 1. Validez del tiempo laborado. Origen de la plaza.
Subtema 2. Origen de los recursos destinados a la financiación de los salarios de los
docentes no incide en la determinación del tipo de vinculación. Subtema 3. Condena
en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 16 de diciembre de 2019, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

1. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años. Además, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez,
consagración y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Sucre accedió al
derecho; sin embargo, la UGPP apeló la decisión con fundamento en que el tiempo
laborado por la peticionaria fue en instituciones educativas del orden nacional, por lo
que no es válido para acceder a la prestación reclamada. La Sala revoca la decisión
de primera instancia, en la medida en que la accionante prestó sus servicios como
docente a partir del año 1991 en un establecimiento educativo del orden nacional, por
lo que no acreditó 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

2. Antecedentes
2.1. La demanda

2. La señora Rosita Cristina Montes Safra, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 17 de julio de 20171, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 5670 del 15 de febrero de
2017, RDP 015862 del 18 de abril de 2017 y RDP 019389 del 11 de mayo de
2017, por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de una pensión
gracia.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la
demandante, al reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus (25 de noviembre de 2012), con la inclusión
de todos los factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya
lugar.

2.1.1. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

4. La accionante nació el 19 de septiembre de 1959, por lo que cumplió la edad
de 50 años el 19 de septiembre de 2009. Laboró por más de 20 años al servicio de
instituciones educativas con vinculación de carácter territorial, en virtud de los
decretos de nombramiento: (a) 0449 del 20 de abril de 1979, proferido por el
gobernador del departamento de Sucre; (b) 284 del 30 de noviembre de 1993, dictado
por el alcalde del municipio de Sincelejo; y (c) 0180 del 13 de abril de 2000, expedido
por el gobernador del departamento de Sucre.

5. Cumplidos el tiempo y la edad exigidas legalmente, la demandante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de una pensión gracia, pero su petición fue negada a
través de las resoluciones RDP 5670 del 15 de febrero de 2017, RDP 015862 del 18
de abril de 2017 y RDP 019389 del 11 de mayo de 2017, en las que se indicó que los
tiempos de servicio prestados fueron en virtud de nombramientos del orden nacional.

6. Estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como docente
territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980;
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, al
cumplir también con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor con
honradez, consagración y buena conducta.

1 Samai Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1_ACTADEREPARTO.

2

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:

• Ley 116 de 1989.
• Ley 39 de 1903.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 4 de 1966.
• La Ley 37 de 1933.

8. Al explicar el concepto de la violación, la parte demandante transcribió apartes
de la normativa y la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia. Concluyó que en su caso la entidad se apartó
del ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
docente.

2.2. Contestación de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda.
Adujo que, si bien la demandante demostró que estuvo al servicio docente por más
de 20 años, las pruebas que obran en el expediente administrativo dan cuenta de que
su relación laboral fue del orden nacional, sin que dicho tiempo de servicio pueda
computarse para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, conforme a la
reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado2.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Sucre, en la sentencia del 16 de diciembre de
3
2019 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nº RDP 005670 del 15 de
febrero de 2017, RDP 015862 del 18 de abril de 2017 y RDP 019389 del 11 de mayo
de 2017, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP-, negó el reconocimiento
de una pensión gracia de jubilación a favor de la señora Rosita Cristina Montes Safra.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales, del 27 de septiembre de 2013 hacia atrás, de conformidad con la
motivación de esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- reconocer y pagar la
pensión gracia a la señora Rosita Cristina Montes Safra, identificada con cédula de

2 Samai Tribunal, índice 00031, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 31, 34_INCORPORAEXPED.
3 Samai Tribunal, índice 00018, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 35_SENTENCIA.

3

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

ciudadanía (…), [el] equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus
pensional, esto es, el 04 de marzo de 2013, con efectos fiscales a partir del 28 de
septiembre de 2013, por haber operado el fenómeno de la prescripción de las mesadas
anteriores a esa fecha.

CUARTO: DÉSE cumplimiento a esta sentencia, con observancia de lo dispuesto en
el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Expídanse las copias del caso, para el cumplimiento de la misma.

QUINTO: Condenar en costas a la parte demandada, las cuales serán tasadas por
Secretaría conforme las previsiones del artículo 365 y 366 del CGP.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

11. Indicó que se demostró que la parte accionante nació el 19 de septiembre de
1959, por lo que cumplió la edad de 50 años en el 2009. Se desempeñó con honradez,
consagración y buena conducta, de acuerdo con la declaración juramentada que obra
en el plenario, sumado a que reposa certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación del 24 de septiembre de 2016 que da cuenta que
la demandante no registra sanción disciplinaria alguna o inhabilidades vigentes.

12. También, se probó que se vinculó al servicio de la docencia oficial el 20 de abril
de 1979, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, según la copia del
Decreto 449 del 20 de abril de 1979 expedido por el gobernador del departamento de
Sucre, por medio del cual la nombró en primaria en la Escuela Urbana Co-instrucción
Bolívar del municipio de Sincelejo.

13. Que obra copia de la Resolución 4407 del 6 de noviembre de 2015, a través de
la cual se inició la actuación administrativa de reconstrucción correspondiente a un
acta de posesión, suscrita por el jefe de recursos humanos del municipio de Sincelejo,
en la que consta que la demandante prestó el servicio docente en tal municipio desde
el 20 de abril de 1979 hasta el 25 de abril de 1980, con vinculación de carácter
territorial en provisionalidad.

14. A través de las órdenes de autorización laboral 057 de 1991 y 037 de 1992, el
gobernador del departamento de Sucre vinculó a la accionante como docente por el
sistema de horas cátedras al Instituto de Niños Especiales de Sincelejo, con cargo al
FER, entre el 1 de febrero de 1991 al 30 de noviembre de siguiente y del 3 de febrero
de 1992 al 30 de noviembre próximo.

15. Luego, con el Decreto 284 del 30 de noviembre 1993, «por medio del cual se
convierten las actuales horas cátedras existentes en el Instituto Nacional de Niños
Especiales de Sincelejo, en plazas docentes de tiempo completo», el alcalde del
municipio de Sincelejo, en consideración a la certificación de disponibilidad
presupuestal para efectuar la conversión de horas cátedra en plazas de tiempo
completo, expedida por el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
ante el FER de Sucre, nombró a la demandante en el instituto en mención, como
4

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

profesora de tiempo completo, cargo del que tomó posesión el 30 de noviembre de
1993.

16. Que mediante Resolución 2680 del 26 de junio de 1996 el Ministerio de
Educación Nacional certificó la prestación de los servicios educativos al departamento
de Sucre.

17. Posteriormente, mediante el Decreto 0180 del 13 de abril de 2000 el gobernador
del departamento de Sucre incorporó a la demandante como licenciada en educación
preescolar, grado 11 en el escalafón docente, posesionándose en el cargo el 20 de
junio de 2000.

18. Concluyó el Tribunal que de los actos de nombramiento y de posesión referidos
se pudo determinar que la demandante ejecutó sus servicios como maestra: (a) en la
Escuela Urbana de Bolívar del municipio de Sincelejo del 20 abril de 1979 al 25 de
abril de 1980, es decir, por espacio de 1 año y 5 días; (b) por hora cátedra, en la
Institución de Niños Especiales de Sincelejo entre el 1 de febrero de 1991 al 30 de
noviembre de 1991, del 3 de febrero de 1992 al 30 noviembre de 1992 y a partir del 8
de febrero 1993 al 30 septiembre de 1993, periodos equivalentes a 2 años, 3 meses
y 18 días; (c) como docente de tiempo completo en la Institución de Niños Especiales
del municipio de Sincelejo, desde el 26 de junio de 1996 al 20 de septiembre de 2016,
esto es, por un lapso de 20 años, 2 meses y 27 días. Lo expuesto, para un total de
tiempo laborado de 23 años, 6 meses y 20 días.

19. Precisó que el cómputo del tiempo servido por hora cátedra fue tenido como
jornada completa, atendiendo la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015 del
Consejo de Estado, expediente 1053-00, M.Р. Alejandro Ordóñez Maldonado, puesto
que los actos de nombramiento daban cuenta que a la accionante le fueron asignadas
más de 4 horas diarias de cátedra, para un total de 20 semanales, lo que equivale a
80 horas mensuales, por lo que se debía entender que laboró en jornada de tiempo
completo.

20. Agregó que como la demandante adquirió el estatus pensional el 4 de marzo
de 2013, la formulación de la petición ante la administración fue el 27 de septiembre
de 2016 y la demanda se presentó el 27 de julio de 2017, se encuentran prescritas las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de septiembre de 2013.

21. En consecuencia, accedió al reconocimiento de la prestación y condenó en
costas a la parte accionada.

2.4. Recurso de apelación

22. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

4 Samai Tribunal, índice 00022, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 22_AGREGAMEMORIAL.

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

23. Las diferentes certificaciones que obran en el plenario, expedidas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en particular, aquellas fechadas el
19 septiembre de 2016 y 20 de septiembre de 2016, acreditan que la accionante prestó
sus servicios como docente a través de vinculaciones de carácter nacional entre el 20
de abril de 1979 y el 20 de septiembre de 2016.

24. Aunado a lo anterior, indicó que resultaba indispensable determinar la
procedencia de los recursos para el pago del salario de la docente, toda vez que si los
servicios fueron cancelados con dineros provenientes del situado fiscal o del Sistema
General de Participaciones, aquellos no pueden tenerse como válidos para reclamar
el derecho a la pensión gracia.

25. Reposan en el expediente de la referencia unos documentos de la alcaldía del
municipio de Sincelejo que dan cuenta sobre la reconstrucción de algunas actas de
posesión y tiempos de servicio prestados por la demandante; sin embargo, para la
demandada, tales pruebas no se sujetaron al procedimiento técnico archivístico que
se debe seguir para la reconstrucción de los expedientes, que se encuentra
establecido en los artículos 5 y 7 del Acuerdo 7.° del 15 de octubre de 2014, expedido
por el Archivo General de la Nación, ni a los lineamientos de la sentencia T- 398 de
2015, lo que les resta veracidad o certeza frente al tipo de vinculación de la
demandante.

26. Bajo ese entendido afirmó que no existen pruebas que en realidad evidencien
los tiempos de servicio prestados por la parte demandante entre el 20 de abril 1979 y
el 25 de abril de 1980. Insistió en que el municipio de Sincelejo no adelantó el
procedimiento adecuado para construir y salvaguardar la integridad de los actos de
nombramiento y posesión de la señora Rosita Cristina Montes Safra.

27. Al no existir certeza acerca de la prestación del servicio durante los referidos
tiempos -1979 y 1978- no se puede tener por satisfecho el requisito consistente en
haber laborado en plazas del orden territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980. Por lo que concluyó que la demandante no tiene derecho a la
pensión gracia.

28. Por último, sostuvo que no es procedente la condena en costas porque no
existen pruebas que demuestren mala fe en el actuar de la UGPP, al interior de este
proceso, y tampoco que el no reconocimiento de la pensión gracia se haya hecho en
forma temeraria; al contrario, la entidad actuó con apego a las normas
constitucionales, legales y la jurisprudencia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 21 de julio de 20235, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

5 Samai, índice 00006, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 6_AUTOQUEADMITERECURSO.

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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

3. Consideraciones
3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala definir si:

32. ¿La demandante acredita el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de una
pensión gracia?

33. ¿Para cumplir el requisito de los 20 años de servicios docente en una plaza
distrital, municipal, departamental o nacionalizada, no es posible tener en cuenta el
período durante el cual los salarios de la demandante fueron financiados por el
Sistema General de Participaciones, pues correspondería a una vinculación de tipo
nacional?

34. ¿El Tribunal Administrativo de Sucre debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

35. En punto, se precisa que la Subsección se pronunciará solamente sobre los
argumentos expuestos en la alzada –sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos en la ley–, como lo dispone el artículo 328 de Ley
1564 de 2012, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA. Esto en
especial, en casos como el de autos en el que existe apelante único, a quien no podrá
hacerse más desfavorable su situación.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

36. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19136,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
honradez y consagración y no reciban otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

37. La Ley 116 de 19287 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción

6 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

38. Posteriormente, la Ley 37 de 19338 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

39. Por su parte, la Ley 91 de 19899, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

40. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1010 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

8 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
9 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
10 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

41. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199711,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa
que inicialmente le asignó la ley.

42. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201812,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

43. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados13, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal14; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.

44. Según lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los docentes que
hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.3.2. De la condena en costas

45. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del

13 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
14 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
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proceso»15. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»16.

46. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

47. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»17 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»18.

48. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso19, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»20.

49. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Ibidem.
17 https://dle.rae.es/disponer.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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respecto de la conducta procesal asumida por las partes21. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección22 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)23.

3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

50. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

51. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

52. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
23 Ibidem.

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adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo24 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento25.

53. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»26.

3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

54. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente27),
24 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
25 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Hechos probados

55. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Edad

56. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Rosita Cristina Montes Safra nació el 19 de
septiembre de 1959, según copia de su cédula de ciudadanía28, en consecuencia,
cumplió la edad de 50 años el 19 de septiembre de 2009.

• Vinculación docente

57. La copia del Decreto 449 del 20 de abril de 197929 muestra que el gobernador
del departamento de Sucre nombró a la señora Rosita Cristina Montes Safra como
docente en la Escuela Urbana Co-institución Bolívar del municipio de Sincelejo, para
ocupar una plaza creada.

58. Según la copia del Decreto 405 del 25 de abril de 198030, el gobernador del
departamento de Sucre nombró maestra seccional a Nuris Bustamante en reemplazo
de Montes Safra, en la Escuela Urbana Co-institución Bolívar del municipio de
Sincelejo.

59. Mediante las órdenes de autorización laboral 057 y 03731, expedidas por la
gobernación de Sucre, se autorizó la vinculación por el sistema de horas cátedras a
unos docentes en el Instituto Nacional de Niños Especiales de Sincelejo, con cargo al
presupuesto del FER, para las vigencias 1991 y 1992, entre ellos a la señora Rosita
Cristina Montes Safra con 80 horas mensuales desde el 1 de febrero de 1991 y 90
horas mensuales a partir del 3 de febrero de 1992, respectivamente.

60. La copia del Decreto 284 del 30 de noviembre de 199332, «por medio del cual
se convierten las actuales horas cátedra existentes en el Instituto Nacional de Niños
Especiales de Sincelejo, en plazas docentes de tiempo completo», da cuenta que el
alcalde del municipio de Sincelejo nombró a la señora Rosita Montes Safra como
docente, grado 8, en el escalafón nacional, de tiempo completo en esa misma
institución.

28 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 17.
29 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 20.
30 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 24.

31 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 38_RESPUESTAREQUERI.

32 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 28 a 30.

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

61. Según la copia del acta 042033, la señora Montes Safra se presentó el 30 de
noviembre de 1993 ante el despacho del alcalde del municipio de Sincelejo, para
tomar posesión del cargo de profesora de tiempo completo en el Instituto Nacional de
Niños Especiales de Sincelejo, para el cual fue nombrada mediante el Decreto 284 del
30 de noviembre de 1993.

62. En la copia del Decreto 0180 del 13 de abril de 200034 consta que el gobernador
del departamento de Sucre, en uso de sus facultades legales y en atención a que por
Resolución 0226 del 5 de febrero de 2000 se fusionaron los entes educativos Centro
Departamental Vida Diferente, Centro Educativo las Brisas y el Instituto Nacional de
Niños Especiales del municipio de Sincelejo en la institución Centro de Educación
Integral para Poblaciones Especiales, incorporó a la planta de personal de ese nuevo
centro educativo a Rosita Cristina Montes Safra como licenciada en educación
prescolar grado 11 en el escalafón docente.

63. Según la copia del acta 1362935, la demandante se presentó al despacho del
gobernador del departamento de Sucre con el objetivo de tomar posesión del cargo
para el que fue incorporada mediante el Decreto 0180 del 13 de abril de 2000.

64. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por la Secretaría de Educación de Sincelejo del 20 de septiembre
de 201636, consta que la demandante se vinculó a la Escuela Urbana Bolívar del
municipio de Sincelejo, por nombramiento que se hiciera a través del Decreto 449 del
20 de abril de 1979 desde el 20 de abril de 1979 hasta el 25 de abril de 1980. Además,
que fue nombrada en el Instituto Nacional de Niños Especiales del municipio de
Sincelejo en virtud del Decreto 284 del 30 de noviembre de 1993 y que tomó posesión
del cargo desde el 1 de octubre de 1993 hasta el 20 de septiembre de 2016.
Finalmente, en los acápites «SITUACIÓN LABORAL ACTUAL» e «HISTORIA
LABORAL» se indica que laboró como docente en propiedad con vinculación
«nacional».

65. En resumen, de las copias de los decretos de nombramiento, actas de
posesión, órdenes de autorización laboral y del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, se demuestra que la aquí demandante prestó el servicio
docente por más de 20 años, tal como lo sostuvo el Tribunal, –afirmación que no fue
objeto de controversia por la apelante–, en virtud de las siguientes vinculaciones:

Institución Cargo Acto Periodo
educativa administrativo Fecha de inicio Fecha de
de vinculación finalización
Escuela Docente Decreto 449 del 20/04/1979 25/04/1980
Urbana Co- 20 de abril de
institución 1979

33 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 31.

34 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 32 a 36.
35 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 37.
36 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 25.

15

Radicación: 70001-23-33-000-2017-00176-01 (1073-2023)
Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

Bolívar
(municipio de
Sincelejo)
Instituto Docente Autorización 01/02/1991 Vigencia 1991
Nacional de Hora laboral 057
Niños cátedra
Especiales
(municipio de
Sincelejo)
Instituto Docente Autorización 03/02/1992 Vigencia 1992
Nacional de Hora laboral 037
Niños cátedra
Especiales
(municipio de
Sincelejo
Instituto Docente Decreto 284 del 30/11/1993 20/09/2016
Nacional de 30 de
Niños noviembre de
Especiales 1993
(municipio de
Sincelejo) –
que pasó a
denominarse
(por fusión)
Centro de
Educación
Integral para
Poblaciones
Especiales

66. Ahora, lo que cuestiona la parte recurrente es que se califique el tiempo de
servicio como territorial – nacionalizado, en tanto considera que es nacional, conforme
al formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por la
Secretaría de Educación de Sincelejo del 20 de septiembre de 2016. Además, alegó
que no está probada la vinculación laboral como docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980. Sobre estos aspectos se circunscribirá el análisis de la Sala.

• Actos demandados

67. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 5670 del 15 de febrero de 201737,
RDP 015862 del 18 de abril de 201738 y RDP 019389 del 11 de mayo de 201739, negó
el reconocimiento de la pensión gracia solicitada el 27 de septiembre de 2016. Ello, al
considerar que los tiempos de servicio fueron prestados en virtud de nombramientos
del orden nacional.

37 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 45 a 49.
38 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 55 a 58.
39 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 01_RECIBEMEMORIAL_DEMANDA, pp. 60 a 63.

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

3.5. Caso concreto

68. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad de las resoluciones
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto cumple con la edad,
el tiempo de servicio para acceder a dicho derecho y la buena conducta.

69. El Tribunal accedió al reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en
que la demandante cumple la totalidad de los requisitos establecidos para el efecto.

70. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación para que
se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda. Estima que no
está probada la vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980; que los tiempos
de servicio prestados por la demandante fueron del orden nacional; y que si su
vinculación laboral fue financiada con recursos del Sistema General de Participaciones,
esos tiempos tampoco son válidos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

71. En este contexto, la Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980

72. El análisis en conjunto de las copias de los decretos 449 del 20 de abril de 1979
y 405 del 25 de abril de 1980, así como del formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación municipal de
Sincelejo del 20 de septiembre de 2016, lleva a concluir que la demandante ejerció la
actividad como docente en la Escuela Urbana Co-institución Bolívar del municipio de
Sincelejo.

73. En cuanto a la naturaleza de la plaza, se estima que es territorial –
nacionalizada; en primer lugar, porque el Decreto 449 del 20 de abril de 1979 fue
proferido por el gobernador del departamento de Sucre. En segundo lugar, porque
esta autoridad nombró a la señora Rosita Cristina Montes Safra docente en la Escuela
Urbana Co-institución Bolívar del municipio de Sincelejo, «para ocupar una plaza
creada», por lo que no hay duda de tal carácter.

74. Lo anterior, sumado a que el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, antes referido, es claro en señalar que la demandante se vinculó como
docente a partir del 20 de abril de 1979 hasta el 25 de abril de 1980, lo cual guarda
relación con el Decreto 405 del 25 de abril de 1980, a través del cual el gobernador
del departamento de Sucre nombró maestra seccional a Nuris Bustamante en
reemplazo de Montes Safra, en la Escuela Urbana Co-institución Bolívar del municipio
de Sincelejo.

75. La Sala considera que, los documentos relacionados en los anteriores párrafos
son prueba suficiente para demostrar la calidad de docente territorial o nacionalizado,

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, en la cual se indicó
que para tal efecto se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b) también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial. Es así como, se reitera, tienen pleno valor
probatorio esas documentales para acreditar la calidad de docente territorial –
nacionalizada de la señora Rosita Cristina Montes Safra.

76. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado40, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.

77. En ese orden, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
es válido darles valor probatorio a los documentos referidos anteriormente.

78. No se pierde de vista que la UGPP, en la alzada, sostuvo que en el plenario
obran documentos que dan cuenta sobre la reconstrucción del acta de posesión del
cargo que ocupó la demandante con ocasión del nombramiento realizado mediante el
Decreto 449 del 20 de abril de 1979, sin que a su juicio se evidencie que tal
reconstrucción se haya sometido al procedimiento técnico archivístico de
reconstrucción de expedientes establecido en los artículos 5 y 7 del Acuerdo 7.° del
15 de octubre de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación, ni a los
lineamientos de la sentencia T- 398 de 2015, lo que les resta veracidad o certeza
frente al tipo de vinculación de la demandante.

79. En relación con dicho argumento, se resalta que en la audiencia inicial de que
trata el artículo 180 del CPACA, celebrada por el Tribunal Administrativo de Sucre el
19 de noviembre de 201841, se decretaron como pruebas, entre otras, la copia de la
Resolución 4407 del 6 de noviembre de 2015, «por medio de la cual se da inicio a una
actuación administrativa tendiente a efectuar la reconstrucción de las actas de
posesión de los señores Rosa Montes Safra», y el documento denominado
«Reconstrucción de Acta de Posesión», los cuales fueron aportados con la demanda.

80. Luego, el 13 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia de pruebas42 en
la que se dispuso correr traslado a las partes de las documentales aportadas al
proceso para ejercer el derecho de contradicción, sin que se observe que la UGPP se

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.

radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Actora: Adriana Gaviria Vargas.
41 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 33_RECIBEMEMORIAL_03ACT_AUDIENCIAINICI.

42 Samai, índice 00032, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 32, 37_RECIBEMEMORIAL_03ACT_AUDIENCIADEPRU.

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Demandante: Rosita Cristina Montes Safra
Demandado: UGPP

haya opuesto frente al decreto y la práctica de los referidos documentos; que
controvirtiera circunstancias que impidieran su incorporación o valoración; o que
recurriera la decisión de tenerlos como pruebas al interior del proceso de la referencia.

81. En ese orden, debido a que la demandada tuvo la oportunidad de tachar de
falsas las documentales aportadas en copia simple por la demandante u oponerse a
su incorporación, sin que lo haya hecho; no es dable que en el trámite de la segunda
instancia quiera revivir etapas procesales que no empleó, o acudir al recurso de
apelación contra la sentencia para ventilar asuntos que no fueron oportunamente
presentados ante el juez de primera instancia.

82. Aunque las anteriores razones son suficientes para descartar el alegato
expuesto para restarle valor probatorio al acta de posesión que se reconstruyó,
también llama la atención que la UGPP de manera general indicó que no se atendieron
los lineamientos del Archivo General de la Nación y la Corte Constitucional frente a la
reconstrucción de documentos, sin precisar cuáles de las pautas en concreto fueron
desatendidas, cuál es su relevancia, ni por qué su omisión impide la valoración o
incorporación de los documentos. Por tal razón, no se advierte la carga argumentativa
mínima que permita poner en duda la presunción de autenticidad de las respectivas
copias, o aceptar como cierta la información contenida en estas.

83. En consecuencia, a partir de los documentos referidos, se concluye que la
peticionaria ejerció el cargo de docente antes del 31 de diciembre de 1980, mediante
una vinculación territorial que habilita el reconocimiento de la pensión gracia; desde
luego, mientras cumpla con los demás requisitos, entre los que se destaca los 20 años
de servicio docente de naturaleza territorial - nacionalizada.

3.5.2. Los tiempos laborados desde 1991

84. En relación con el tiempo de servicio docente prestado por la demandante a
partir del año de 1991, conforme a los hechos probados, se tiene que:

85. A través de orden de autorización laboral 057 y 037 de la gobernación de Sucre
la accionante fue vinculada como docente, por el sistema de cátedra en el Instituto
Nacional de Niños Especiales de Sincelejo, para las vigencias 1991 y 1992, con cargo
al presupuesto del Fondo Educativo Regional, respectivamente.

86. Con posterioridad, se evidencia que finalizando el año 1993, la demandante fue
nombrada en la misma institución, lo que permitió que desde ese momento ejerciera
la labor docente de forma ininterrumpida hasta el mes de septiembre de 2016, lapso
durante el cual el Instituto Nacional de Niños Especiales de Sincelejo se fusionó con
otros establecimientos educativos para conformar el Centro de Educación Integral
para Poblaciones Especiales, al que fue incorporada la peticionaria, teniendo en
cuenta que pertenecía al referido instituto, con ocasión del nombramiento efectuado a
través del Decreto 284 del 30 de noviembre de 1993 por el alcalde del municipio de
Sincelejo.

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87. Al revisar el anterior decreto, se tiene que el alcalde municipal en ejercicio de
sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 29 de 1989, convirtió las
horas cátedra existentes en el Instituto Nacional de Niños Especiales de Sincelejo en
plazas docentes de tiempo completo; además, nombró a la demandante como
docente de tiempo completo en el señalado instituto nacional.

88. Del mencionado acto administrativo se destaca que el nombre del
establecimiento prima facie sugiere que se trata de un plantel del orden nacional.
Asimismo, llama la atención la referencia que se realiza a la Ley 29 de 198943, como
una de las normas que habilitó al burgomaestre a realizar los nombramientos, toda
vez que a través de su artículo 944 se facultó a los alcaldes y gobernadores para
nombrar, trasladar, remover y administrar el personal docente y administrativo docente
de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados.

89. En ese orden de ideas, aunque fue una autoridad territorial la que dictó el acto
acusado, no puede pasarse por alto que la misma aclaró que actuaba con fundamento
en una norma que le otorgó la facultad nominadora en establecimientos educativos
nacionales y nacionalizados; potestad que respecto de la peticionaria se concretó en
una plaza de un plantel educativo que, por su denominación, hace alusión al orden
nacional.

90. Lo anterior, cobra mayor fuerza teniendo en cuenta que el formato único para
la expedición del certificado de historia laboral, que fue emitido el 20 de septiembre
de 2016 por la Secretaría de Educación de Sincelejo, también indica que la vinculación
de la docente fue en propiedad del orden «nacional», desde el 1 de octubre de 1993
hasta el 20 de septiembre de 2016.

91. Ahora, no se pasa por alto que a través del Decreto 0180 del 13 de abril de
2000, dictado por el gobernador del departamento de Sucre, la demandante fue
transferida a la planta de personal del Centro de Educación Integral para Poblaciones
Especiales, a raíz de que se fusionaron varios entes educativos, entre los que se
encontraba el instituto en el que fue nombrada. No obstante, se aclara que dicha
circunstancia obedeció, como lo indica el mismo Decreto 0180 de 2000, a una
incorporación al nuevo plantel educativo, por lo que no se trató de un nuevo
nombramiento, que constituye la decisión de la administración relevante para
establecer la naturaleza de la plaza, que, como lo ha precisado esta Sección, no se
ve modificada por las distintas situaciones administrativas que surjan con

43 «Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988, y otras disposiciones».

44 «Artículo 9º. El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los

Alcaldes Municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, plazas oficiales de
Colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expida en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los
cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades
presupuestales correspondientes.
En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asigna al Intendente.
Se asigna a los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá, las funciones de nombrar,
remover, controlar y, en general, administrar el personal administrativo, nacional y nacionalizado, de los Equipos
de Educación Fundamental, teniendo en cuenta la Carrera Administrativa
(…)».
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posterioridad45.

92. En ese orden de ideas, las pruebas aportadas al presente proceso, contrario a
lo señalado por el juez de primera instancia, respecto de la prestación del servicio
docente de la peticionaria del año 1991 en adelante, no sugieren la existencia de un
vínculo territorial o nacionalizado, motivo por el cual no alcanza los 20 años de
servicios en una plaza del orden territorial – nacionalizada, exigidos para obtener la
pensión gracia.

3.5.3. Conclusión

93. La Sala concluye que la accionante no demostró más de 20 años de servicios
como maestra territorial y nacionalizada, de manera tal que se revocará la decisión
impugnada, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

3.5.4. De la codena en costas

94. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Sucre decidió condenar en
costas a la parte demandada por resultar vencida en el trámite de primera instancia,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

95. Inconforme con la decisión, la demandada solicitó que se revocara la condena
en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de la parte
vencida.

96. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio
objetivo en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó
contra la parte vencida en juicio, dada la negativa de las pretensiones de la demanda.

97. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria el criterio
subjetivo en la condena en costas46. Por tal razón, se estima que, para decretar la
referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la conducta de la
parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de mala fe.

98. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandada haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la accionada
actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del
proceso.

99. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que

45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16

de marzo de 2023. Radicado 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
46 Respecto del cual la magistrada ponente tiene una posición diferente, que se sintetizó en la nota al pie 27 de

esta providencia.
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demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia.

100. Bajo el mismo razonamiento, al analizar la conducta de la demandante, que
con ocasión de la presente decisión es la parte vencida en juicio, tampoco se advierte
motivo alguno para imponer la referida condena.

101. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 16
de diciembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En su lugar, negar las pretensiones formuladas en esta.

Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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