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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00438-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00438-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. En su lugar, Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 1902 del 28 de abril de 2015, proferida por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tercero. Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento del Valle del Cauca. Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG que, en reemplazo del acto administrativo anulado, expida uno nuevo en el que reconozca y ordene pagar a favor del señor Gerardo de Jesús Quirama Solórzano, una pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75%, y el IBL al promedio de la asignación básica percibida por este durante el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional (11 de marzo de 2010 y el 10 de marzo de 2011). La prestación será efectiva a partir del 11 de marzo de 2011, sin necesidad de demostrar el retiro del servicio. Ahora, como en el acto administrativo demandado se había otorgado la pensión, pero con los efectos suspendidos hasta tanto el reclamante demostrara la terminación del vínculo laboral, la parte demandada deberá verificar si esta situación se concretó y cuándo ocurrió, de tal forma que, si ya le había cancelado mesadas bajo el reconocimiento efectuado en la resolución anulada, solo pagará la diferencia entre los valores que resulten del cumplimiento de la condena y los de las sumas ya abonadas, esto hasta que el pensionado sea incluido en nómina con el nuevo valor definitivo de la prestación. En todo caso, si desde el 11 de marzo de 2011 en adelante el actor no se había retirado del servicio, se deberá pagar el retroactivo de las mesadas completas causadas desde esa fecha. Adicionalmente se ordena: Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00438-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)
Demandante: Gerardo de Jesús Quirama Solórzano
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Departamento
del Valle del Cauca

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente.
El régimen pensional se determina en virtud de la fecha de
vinculación. Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019. Monto del descuento para aportes en salud
conforme al artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Reajuste anual
de la pensión con base en el artículo 14 de la misma norma. La
falta de respuesta de la administración no puede afectar el
derecho del reclamante en términos del cómputo de la
prescripción. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Gerardo de Jesús Quirama Solórzano instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el departamento del Valle
del Cauca en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

1 Folios 14 a 40, C1.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 1902 del 28 de abril de 2015, por
medio de la cual la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en
nombre y representación del Ministerio de Educación – FOMAG le reconoció una
pensión ordinaria de jubilación de conformidad con el régimen de la Ley 100 de
1993.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación de
conformidad con las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988, esto es, en cuantía
del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio anterior al cumplimiento del estatus, con efectividad desde el 3 de
marzo de 2011 y sin tener en cuenta los aportes realizados en su momento a
Colpensiones, sino solo los efectuados al FOMAG.

Se paguen las diferencias de dinero sobre las mesadas generadas por la
reliquidación y las que ya han sido abonadas desde la fecha en que consolidó el
derecho hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del nuevo valor que se
ordene reconocer, esto junto a los incrementos anuales establecidos por el
Gobierno Nacional conforme a la Ley 71 de 1988, al igual que con la indexación de
dichas sumas y los intereses moratorios a que haya lugar.

Se disponga que los descuentos para aportes a salud del valor de la prestación se
hagan sobre el 5% definido en el artículo 8, numeral 5 de la Ley 91 de 1989.

Que el departamento del Valle del Cauca efectúe las cotizaciones indexadas al
mencionado fondo sobre los factores adicionales que se tengan en cuenta al
momento de la liquidación pensional y que no hayan sido pagados en su debida
oportunidad y monto.

Se ordene el cumplimiento del fallo en los términos del CPACA y se disponga sobre
la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 15 de octubre de 1948 e inició a laborar como docente oficial nombrado
por el departamento del Valle del Cauca del 28 de octubre de 1974 al 11 de
septiembre de 1983. Que luego ejecutó una serie de contratos de prestación de
servicios celebrados con dicha entidad para desempeñarse como educador entre el
17 de enero de 2000 y el 21 de agosto de 2005. Que finalmente fue vinculado
mediante una relación legal y reglamentaria en virtud del Decreto 1051 del 19 de
agosto de 2005, para ejercer como maestro estatal desde el 22 de agosto del mismo
año, al menos hasta la fecha de presentación de la demanda (25 de abril de 2018).

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)

El 7 de abril de 2011 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación con base
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, la cual fue concedida a través de la
Resolución 1902 del 28 de abril de 2015, pero en aplicación del régimen general de
la Ley 100 de 1993, esto es, calculada sobre el promedio salarial de los últimos 10
años de labor por un valor de $827.926, con la efectividad condicionada a la
demostración del retiro definitivo del servicio y descontando un valor del 12% para
aportes a salud.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulnerados: los artículos: 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 90, 121, 125 y 209
de la Constitución Política; Acto Legislativo 01 de 2005; 137 de la Ley 1437 de 2011;
1.º de la Ley 71 de 1988; Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 115 de la Ley
115 de 1994; 279 de la Ley 100 de 1993; 12 del Decreto 196 de 1995; 4 de la Ley
700 de 2001; 9 de la Ley 797 de 2003; 81 de la Ley 812 de 2003; y 160 de la Ley
1151 de 2007.

Expresó que la violación de estas disposiciones se concretó cuando la entidad
accionada desconoció su derecho sustancial a que se le pague correctamente su
mesada pensional, a que no se le descuenten valores excesivos a título de aporte
al sistema de salud, y a que su pensión sea ajustada anualmente conforme a la
normativa especial y no a la contenida en el régimen general de pensiones, pues lo
cierto es que, por haber tenido una vinculación anterior al 27 de junio de 2003
cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003, su regulación aplicable era la de las
Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, las cuales disponen unos requisitos que ya había
cumplido, lo que implica que la decisión de la parte accionada le ha creado un
detrimento patrimonial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 30 de mayo de 2018 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a las entidades
accionadas, quienes se abstuvieron de contestarla.

El 13 de marzo de 20193 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se
declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas
por las partes, las cuales fueron recaudadas y practicadas en la audiencia celebrada
los días 25 de abril y 24 de mayo de 2019,4 en la que finalmente se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a
bien lo consideraba.

2 Folios 44 a 46, C1.
3 Folios 116 a 124, C1.
4 Folios 134 a 137 y 140 a 142, C1.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 28 de octubre
de 2019 negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante en
aplicación de un criterio objetivo de valoración.

Expresó que, en aplicación del criterio de unificación de la sentencia del 25 de abril
de 2019 proferida por el Consejo de Estado, se observa que, si bien el actor devengó
en el último año de servicios otros factores además de la asignación básica, no es
menos cierto que la entidad demandada liquidó su pensión sobre los factores
enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y sobre los cuales se realizaron aportes,
que para el presente caso fue solamente el salario.

Señaló que, si bien se observa en el certificado de factores salariales que el
demandante devengó además de este último concepto, la prima de alimentación, la
prima de navidad y la prima de vacaciones docentes, no se aportó prueba dentro
del expediente que sobre dichos factores se hayan realizado cotizaciones, por lo
que no pueden ser incluidos en el IBL pensional.

Afirmó que el artículo 5.º del acto demandado señala que el descuento por concepto
de aportes en salud sería del 5%, pero el reclamante aseguró que actualmente ese
monto es del 12%, aspecto que de acuerdo a lo señalado en precedencia se debe
al porcentaje del aporte contenido en la Ley 100 de 1993, variado al 12.5% de
conformidad con la Ley 1122 de 2007 y finalmente en un 12% en relación con la Ley
1250 de 2008, normas vigentes al momento de expedir la resolución pensional y
aplicables a los docentes, circunstancia que impide declarar la nulidad de este
apartado de la decisión reprochada.

Sostuvo que con relación al reajuste de la mesada pensional con base en lo
establecido en la Ley 71 de 1988, cabe resaltar que el accionante alcanzó su estatus
pensional el 31 de diciembre de 2014, es decir en vigencia de la Ley 100 de 1993
con una pensión superior al salario mínimo mensual y a pesar de que pertenece al
régimen exceptuado según lo dispuesto en el artículo 279 de dicha norma, no es
menos cierto que también se le aplica el artículo 14 de esa misma regulación, lo que
hace inviable acceder a dicha reclamación.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante interpuso recurso de apelación. Expuso que a pesar del
correcto análisis y determinación sobre los regímenes pensionales aplicables a los
docentes oficiales de Colombia, el tribunal invocó unos pronunciamientos
jurisprudenciales con los cuales justifica el no reconocimiento de los factores

5 Folios 162 a 178, C1.
6 Folios 189 a 203, C1.

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salariales, el monto del aporte de la mesada pensional, y la fórmula de incremento
pensional, es decir, resolvió los derechos accesorios, pero omitió un
pronunciamiento sobre la pretensión principal que no es otra que el cambio del
régimen aplicado para que sea con base en la Ley 33 de 1985 y no la Ley 100 de
1993, a fin de que la prestación sea liquidada con el IBL del último año anterior al
estatus pensional, y no con base a los 10 últimos años de labor.

Planteó que fue un docente oficial vinculado en el año 1974, quien para antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) ya había laborado
por más de 12 años, razón por la cual está exceptuado de la aplicación de la Ley
100 de 1993, y su marco jurídico aplicable es el establecido en la Ley 91 de 1989,
la cual hace remisión a la Ley 33 de 1985.

Manifestó que los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia
evidencian una equivocada observancia del Articulo 81 de la Ley 812 de 2003, pues
al permitir que se le imponga un aporte a salud equivalente al 12% de cada mesada
pensional y adicional que devenga, se está permitiendo la imposición de una fórmula
de cotización contenida en la Ley 100 de 1993 a un servidor que se encuentra
exceptuado de la aplicación de dicha regulación, a quien, por esa misma razón se
le debe tener en su lugar lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 91 de 1989 en materia
de descuentos para salud.

Indicó que el reajuste previsto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 si es aplicable
a quienes les fue reconocida la pensión antes del 1° de abril de 1994 y no el definido
por la Ley 71 de 1988, toda vez que esta última quedó derogada por aquella; sin
embargo, debe precisarse que este presupuesto es aplicable para los jubilados del
régimen general y no para aquellos exceptuados en virtud del artículo 279 de la
primera norma en mención a quienes les aplica el incremento anual consagrado en
la segunda ley referida.

Aseguró que no debe declararse probada la excepción de prescripción ya que su
estatus de pensionado se causó el día 3 de marzo de 2011, y desde dicha fecha ha
realizado las siguientes actuaciones administrativas y judiciales, con las cuales ha
interrumpido el fenómeno aludido: el día 7 de abril de 2011 radicó la reclamación
administrativa de reconocimiento pensional, la cual fue resuelta solo hasta el 28 de
abril de 2015, en tanto la demanda fue radicada el 25 de abril de 2018, esto es,
entre estos últimos dos momentos no transcurrieron más de 3 años.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 25 de febrero de 20227 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría

7 Ver índice 3 de SAMAI.

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emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si al demandante le asiste derecho a que su pensión
sea reconocida con base en la Ley 33 de 1985 en lugar de la Ley 100 de 1993 como
le fue otorgada, a fin de que esta sea calculada en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa
misma fecha.

En caso afirmativo, se tendrá que establecer si es procedente que el descuento de
aportes a salud de su pensión sea el previsto en el artículo 8.º, numeral 5.º de la
Ley 91 de 1989, y si el reajuste anual del valor de dicha prestación debe hacerse
conforme a los preceptos de la Ley 71 de 1988.

Marco normativo y jurisprudencial

Acerca de la determinación del régimen pensional aplicable al docente en
virtud de su primera fecha de vinculación al servicio educativo

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado,8 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados
remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido
a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la pertinencia de
sus pretensiones.

8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.

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Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa
juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.

Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación9 en
mención fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el

9 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de

la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).

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régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional
del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio,
contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el reclamante seguía
o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del principio de la condición
más beneficiosa,10 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo
sin un régimen de transición específico, que hace necesario proteger la expectativa
legítima que tenía el maestro de pensionarse con una regulación más favorable.

Sobre el monto de descuento por concepto de aportes en salud de los
docentes pensionados

Al respecto basta hacer alusión a la sentencia de unificación SUJ-024-CE-S2-2021
de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 3 de junio de 2021,11 en
la que precisamente al abordar un asunto similar al presente en el que se discutía
el porcentaje que debe asumir el educador jubilado para el cubrimiento de la
cotización a salud, incluidas las mesadas adicionales, se fijó como regla de
obligatoria observancia la siguiente:

«[…] Unificar jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar que
son procedentes los descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12%
señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, así como las normas que lo
modifiquen, de las mesadas adicionales de junio y diciembre de los docentes. Lo
anterior por cuanto el artículo 8 de la Ley 91 de 1989 les impuso el deber de
contribuir con el aporte del 5% al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, incluso con la deducción de las mesadas adicionales. Más adelante, la
Ley 812 de 2003, en el artículo 81, incrementó el porcentaje al 12%, al hacer
remisión a las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, particularmente a los
porcentajes de los aportes señalados en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, los
cuales se deducen de todas las mesadas pensionales, incluso de las adicionales.
[…]»

Adicionalmente, en este fallo se determinó que esta decisión constituye precedente
vinculante para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial que no hayan hecho tránsito a cosa juzgada, tal como resulta ser el presente
litigio.

10 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Laboral. Radicación: 40.662
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-

024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2021. Radicado: 66001-33-33-000-2015-00309-01 (0632-2018). C.P. William
Hernández Gómez.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)

Del reajuste anual de las pensiones de los docentes conforme al IPC y no al
incremento del salario mínimo

En este punto se advierte que si bien el artículo 1.º de la Ley 71 de 1988
contemplaba que el aumento en el valor de las pensiones se haría en virtud del que
se hubiese fijado para el salario mínimo legal mensual vigente, esta disposición
habría sido derogada con la expedición de la Ley 100 de 1993 en su artículo 14 que
consagra lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada
año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo
monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas
de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por
el Gobierno. […]»

Esta disposición fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional12 en
sentencia C-387 de 1994, la cual fue declarada exequible bajo el entendido de que
la ley puede modificar las reglas que consagran la forma como se debe realizar el
reajuste de las mesadas pensionales, siempre y cuando se garantice que se evitará
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Por esa razón, resulta evidente que la Ley 71 de 1988 en materia del incremento
pensional perdió vigencia al haberse expedido el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
porque lo que pretende esta última norma es unificar una sola fórmula de reajuste
para todos los pensionados, entre los cuales deben incluirse los docentes, con
independencia de que hayan obtenido el estatus a la luz de regulaciones anteriores
y que estén exceptuados del régimen general de seguridad social, porque el mismo
artículo 279 de dicha ley que así lo dispone,13 en su parágrafo 4.º también es claro

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-387 del 1.º de septiembre de 1994. Expediente D-529. M.P.

Carlos Gaviria Diaz. En esta providencia se indicó que: «[…] es la ley la que señalará cuáles son los mecanismos
idóneos que deben implantarse o cumplirse para que las reservas de dinero destinadas al pago de pensiones,
tanto en el sector público como en el privado, no pierdan su capacidad adquisitiva.

Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen
derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el
artículo 58 ibidem, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar
las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la
proporción en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales. […]»
13 «[…] ARTÍCULO 279. Excepciones. […] Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición
y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida. […] PARÁGRAFO 4. Las excepciones consagradas en el presente
artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley
para los pensionados de los sectores aquí contemplados. […]»

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)

en señalar que dicha exclusión no implica la negación de los beneficios para tales
jubilados como el del reajuste del artículo 14.14

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa
que gobierna el caso del accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al
servicio educativo oficial.15

Lo anterior porque, como este lo aseguró, el tribunal de primera instancia dejó de
resolver su pretensión principal, que no era otra que el cambio de régimen pensional
para el reconocimiento de su derecho, lo cual no fue abordado en el fallo recurrido,
pues en dicha providencia solo se analizó la forma de liquidación de la prestación
con base en los factores computables.

Para el efecto, deberá acudirse inicialmente al Certificado de Tiempo de Servicio
del 7 de julio de 2015 generado por la Secretaría de Departamental del Valle del
Cauca,16 así como al Decreto 1724 del 22 de octubre de 1974,17 con los que se
concluye que el actor fue nombrado por dicha entidad para desempeñarse como
docente oficial territorial desde el 28 de octubre de 1974 hasta el 29 de noviembre
de 1979.

Ahora, la entidad demandada reconoció una pensión ordinaria de jubilación al
demandante en virtud de la Resolución 1902 del 28 de abril de 2015,18 aplicando
directamente el régimen pensional de la Ley 100 de 1993, sin haber planteado algún
fundamento jurídico para lo propio y sin advertir que el educador había acreditado
la existencia de un vínculo en dicho cargo con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.

14 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-110 de 2006 también confirmó esta postura de aplicación

general para todos los pensionados al asegurar que: «[…] A partir del 1° de enero de 1989 y hasta la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el país, tanto en el sector
público como en el privado, se reajustaron anualmente conforme a la formula prevista en la Ley 71 de 1988,
esto es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Con la
expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de
dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 142 y 143 ibidem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior,
más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los
pensionados con anterioridad al 1° de enero de 1994. De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los
pensionados bajo la vigencia de la ley 4ª de 1976 no se les reajusta la pensión con base en dicha ley, como
equivocadamente lo sostiene el demandante, sino que, al igual que todos los demás pensionados, el reajuste
se lleva a cabo siguiendo la formula prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y demás normas
concordantes. […]»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
16 Folio 8, C1.
17 Folio 454, C2.
18 Folios 4 a 6, C1.

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De hecho, la parte accionada nunca ha puesto en duda la existencia y ejecución de
ese primer nombramiento, pues lo tuvo en cuenta como tiempo acumulado de
servicio al momento de conceder el derecho en mención, y, en todo caso, no
contestó la demanda ni ha intervenido a lo largo de la actuación para plantear algún
argumento de defensa para haber adoptado dicha decisión con base en tal marco
normativo.

Lo expuesto significa que, al no existir controversia acerca de la labor ejercida
materialmente por el demandante como docente, se puede tener demostrado el
hecho de que inició su labor bajo tal calidad el 28 de octubre de 1974, fecha que
definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), y que puede valorarse sin discusión ya que se originó en virtud de
una relación legal y reglamentaria que sin dudas es procedente para establecer el
régimen en materia pensional como se fijó en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019.

Se concluye entonces que, conforme a las reglas de esta providencia, era dable
verificar la situación jurídica del apelante de acuerdo con las previsiones del artículo
81 de dicha norma, las cuales habilitan la posibilidad de tener en cuenta la
regulación anterior contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la
Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados públicos
del orden nacional consagradas esencialmente en la Ley 33 de 1985 y no en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 como erradamente lo consideró la parte
demandada al momento de reconocer la prestación bajo estudio.

Advertido este punto, del material probatorio obrante en el expediente se corrobora
que el demandante sí había consolidado su derecho prestacional conforme a las
exigencias del régimen aludido verdaderamente aplicable, porque: i) acreditó 55
años de edad el 15 de octubre de 200319; y ii) de la sumatoria de los tiempos
servidos como docente mediante vínculos legales y reglamentarios y a través de
órdenes de prestación de servicios,20 se observa que este acreditó 20 años de labor
el 11 de marzo de 2011.21

19 Según la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 3, C1, el actor nació el 15 de octubre de 1948.
20 Sin tener en cuenta los períodos acumulados y aportados a Colpensiones mediante contratos de trabajo de

naturaleza privada, tal como el mismo reclamante lo solicitó expresamente en su demanda al haber pedido en
su pretensión segunda, literal D, que dichos tiempos no sean tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento
pensional. (Ver folio 15). Ahora, sí serán computables los lapsos de labor como educador mediante OPS, ya
que sobre los mismos no hay discusión por parte de la entidad demandada, tanto así que los aceptó
expresamente para contabilizarlos al momento de proferir el acto administrativo de reconocimiento pensional
actualmente demandado, y, en todo caso, pese a no estar aportados los contratos, lo cierto es que estos están
debidamente demostrados por medio del certificado de tiempo de servicio del 7 de julio de 2015 (folios 10 a 11),
el cual cumple con todos los presupuestos necesarios para ser un documento idóneo que acredita lo que este
consigna, pues no solo fue emitido por la propia entidad contratante, sino que, además, lo hace en cumplimiento
de la Circular 004 del 6 de junio de 2003 del Archivo General de la Nación y Departamento Administrativo de la
Función Pública, esto es, respaldado en la documentación propia del expediente de historia laboral de la actora,
especificando todos los datos necesarios de los vínculos como los extremos temporales y las instituciones
educativas donde se prestó el servicio.
21 Para el efecto se realizó el siguiente cálculo:

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Lo expuesto implica que el acto administrativo es nulo por desconocimiento de las
normas en que debía fundarse, ya que no solo la normativa que gobernaba la
situación del accionante era la de la Ley 33 de 1985, sino porque además, este
también había acreditado los requisitos necesarios para consolidar el derecho a una
pensión de jubilación con base en los postulados de esa misma ley, al igual que
conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

Por otro lado, frente a las pretensiones relacionadas con la modificación en el
porcentaje de descuento de aportes a salud sobre la mesada pensional en virtud de
la aplicación del artículo 8.º de la Ley 91 de 1989, así como del cambio en la fórmula
de reajuste anual de la prestación conforme al artículo 1.º de la Ley 71 de 1988,
bastará con verificar el marco normativo y jurisprudencial desarrollado
anteriormente para concluir que estas deben ser negadas.

Al respecto, debido a la aplicación retrospectiva de los efectos de la sentencia de
unificación SUJ-024-CE-S2-2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferida el 3 de junio de 2021, resulta evidente que debe mantenerse el descuento
en un monto del 12% para cotización en salud sobre el valor de las mesadas del
accionante, incluidas las adicionales, pues esta es una norma de carácter general
que no excluyó a los docentes, más aún si se tiene en cuenta que el artículo 81,
inciso 4.º de la Ley 812 de 200322 así lo dispuso expresamente para esta clase de
servidores públicos sin distinción respecto de su fecha de vinculación.

Del mismo modo, deberá conservarse el reajuste anual de la pensión del actor en
virtud de la variable consagrada en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, dado que
con la expedición de esta norma de entiende derogado el artículo 1.º de la Ley 71
de 1988 en ese aspecto específico, bajo el entendido de que este es un beneficio
que se previó de manera general para todos los pensionados como los educadores
oficiales, tanto así que el mismo artículo 279 de la primera norma en comento en su
parágrafo 4.º señaló que incluso el personal exceptuado tendría derecho a esta

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
28/10/1974 29/11/1979 5 1 1
30/11/1979 11/09/1983 3 9 12
17/01/2000 31/08/2000 0 7 14
1/09/2000 14/01/2001 0 4 13
15/01/2001 2/09/2001 0 7 18
3/09/2001 7/01/2002 0 4 4
8/01/2002 25/08/2002 0 7 17
26/08/2002 6/01/2003 0 4 11
7/01/2003 6/04/2003 0 2 30
7/04/2003 24/08/2003 0 4 17
25/08/2003 20/11/2003 0 2 26
21/11/2003 21/08/2005 1 9 0
22/08/2005 21/08/2006 0 11 30
22/08/2006 11/03/2011 4 6 17
TOTAL 13 + 7 = 20 AÑOS 77 + 7 = 84 MESES (7 AÑOS) 210 (7 MESES)

22 «[…] El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones. […]». (Líneas de la Sala).

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regulación.

Del restablecimiento del derecho

Advertida la nulidad del acto reprochado, resulta indispensable determinar la forma
de restablecer el derecho en litigio, razón por la cual se ordenará, en reemplazo de
la decisión administrativa cuestionada, el reconocimiento a cargo de la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG de una pensión de jubilación a favor del
accionante, basada en los preceptos de la Ley 33 de 1985 y en las reglas de
unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 proferida por esta corporación.

Esta condena estará a cargo únicamente de la mencionada autoridad nacional, ya
que el Consejo de Estado23 ha señalado en reiteradas oportunidades que la entidad
responsable de las pensiones ordinarias de los maestros oficiales solo puede ser
dicha cartera gubernamental, pues el referido fondo corresponde a una cuenta
especial adscrita a esta cartera gubernamental, administrada bajo la figura de una
fiducia y generada precisamente para gestionar y asumir las prestaciones del
personal docente del Estado debidamente afiliado.

Por esta razón, con fundamento en la facultad oficiosa del juez de segunda instancia
de estudiar y decretar cualquier excepción que encuentre demostrada, aun ante el
silencio del inferior, tal como lo prevé el artículo 187 del CPACA, la Sala considera
necesario declarar probado de oficio el medio exceptivo de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto del departamento del Valle del Cauca, a fin de que
este sea desvinculado de la actuación, sin perjuicio de su obligación de colaborar
para la elaboración del nuevo acto administrativo o para materializar las órdenes
que se imparten en este fallo en cabeza del ente ministerial.

Pues bien, con el fin de establecer la forma de liquidar la prestación, lo primero que
debe resaltarse es que según el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Salarios devengados entre 2010 y 2011,24 dentro del período comprendido entre
el 11 de marzo de 2010 y el 10 de marzo de 2011, el educador devengó, entre otros
conceptos,25 solamente la asignación básica como único haber salarial computable
en su caso sobre el que debieron realizarse aportes y que se encuentra enlistado
en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, tal como lo prevé la regla de la aludida
sentencia de unificación.

Bajo tal entendido, el IBL pensional tendrá que ser calculado sobre el 75% del
promedio de la asignación básica percibida por el reclamante durante el año anterior

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B, sentencia del
14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.
24 Folios 396 a 397, C2.
25 Adicionalmente devengó en este período los siguientes emolumentos que no son computables para efectos

pensionales: prima de alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad.

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a la adquisición del estatus jurídico.

La prestación se otorgará con efectividad desde el 11 de marzo de 2011, esto es,
cuando el recurrente adquirió el derecho por el cumplimiento del estatus con los 20
años de servicio, en la medida en que la pensión objeto de reconocimiento es
compatible con el salario de docente sin necesidad de demostrar el retiro del servicio
de conformidad con los artículos 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto
224 de 1972, aplicables al caso particular por haber sido vinculado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.26

En este punto se dispondrá adicionalmente que, como en el acto administrativo
demandado se había otorgado la pensión, pero con la efectividad suspendida hasta
tanto el reclamante demostrara la terminación del vínculo laboral, la parte
demandada deberá verificar si esta situación se concretó y cuándo ocurrió, de tal
forma que, si ya le había cancelado mesadas bajo el reconocimiento efectuado en
la resolución anulada, solo tendrá que pagar la diferencia entre los valores que
resulten del cumplimiento de la condena y los de las sumas ya abonadas, esto hasta
que el pensionado sea incluido en nómina con el nuevo valor definitivo de la
prestación.

En todo caso, mientras el accionante haya estado activo al servicio del magisterio
devengando salario, este también habría podido percibir su pensión de jubilación,
por lo que, si desde el 11 de marzo de 2011 en adelante no se había retirado del
servicio, se deberá pagar el retroactivo de las mesadas completas causadas desde
esa fecha.

Ahora, en materia de prescripción de mesadas, encuentra la Sala que, tal como lo
manifestó el apelante, no es posible iniciar el cómputo de la interrupción de dicha
figura desde la radicación de su petición de reconocimiento pensional, pues en este
caso particular se observa que la entidad demandada no le había dado respuesta
de manera oportuna, por lo que decidió esperar la decisión de fondo en lugar de
optar por demandar un acto presunto.

Lo expuesto implica que, pese a que los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en
materia prescriptiva señalan expresamente que el solicitante tiene 3 años contados
desde la exigibilidad del derecho para pedir su otorgamiento, con una interrupción
respectivamente por el mismo tiempo a partir del momento en que presentan una o
varias reclamaciones en vía administrativa, esta norma solo lo hizo bajo el supuesto
de que se diera una respuesta efectiva y oportuna a la petición, pero no dispuso
ninguna consecuencia cuando la entidad dejara de decidir lo propio o lo hiciera de
manera tardía.

26 Sobre este planteamiento ver sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por esta misma Subsección en

el proceso con radicado 05001-23-33-000-2020-00600-01 (7813-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Por lo mismo, contrario a lo indicado por la Sección Segunda en providencias
anteriores como las del 7 de diciembre de 2016 (2686-14), del 9 de febrero de 2017
(3025-15), del 24 de agosto de 2017 (2017-01661-00 AC), y del 28 de junio de 2018
(3165-17), según las cuales la configuración del silencio administrativo negativo no
interrumpe el término de prescripción al precisar que el reclamante cuenta con la
opción de demandar el acto presunto para evitar la configuración de dicho
fenómeno, esta Subsección considera que dicha posición debe ser reevaluada con
base en otros argumentos que no fueron tenidos en cuenta en su momento,
específicamente para los casos en los que se discuten prestaciones periódicas
como las pensiones.

Al respecto se estima que, como se indicó acertadamente en las mencionadas
sentencias, la prescripción es una “…sanción al titular del derecho por no ejercerlo
dentro de los plazos que la ley le otorga, lo que supone, la evidencia de la
exigibilidad y una inactividad injustificada del titular del derecho en lograr su
materialización…” (Subrayado intencional).

Como se observa, para que opere esta excepción en contra del demandante, se
requiere que este no haya exigido su derecho oportunamente por su propia
negligencia, sin razón válida para lo mismo. Sin embargo, es claro que cuando el
peticionario ha radicado en término su solicitud ante la administración, pero es esta
última la que no le da respuesta de fondo pasado el tiempo establecido para ejercer
el derecho, resultaría completamente desproporcionado atribuirle consecuencias
negativas a la persona que está a la espera de la manifestación estatal, pues sería
tanto como premiar a la entidad por su falta de diligencia, al punto de que se
desconocería la premisa general del derecho de que nadie puede beneficiarse de
su propia culpa.

Debe tenerse en cuenta que la figura jurídica del silencio administrativo negativo no
es una garantía para la autoridad, sino una herramienta para el solicitante, la cual
de ninguna manera puede generarle consecuencias negativas, por el contrario, es
un límite para las arbitrariedades de las entidades públicas, al punto de que la
ficción legal del acto presunto es simplemente eventual e hipotética para que el
administrado, dentro de su propio ámbito de decisión resuelva si prefiere acudir
directamente a la jurisdicción a demandar, o esperar a que se le defina su situación
debido a la obligación del Estado de hacerlo,27 incluso ante la ocurrencia del aludido
silencio, pues el pronunciamiento de fondo siempre será la concreción del derecho
fundamental de petición.

27 Sobre el particular, el inciso 3º. Del artículo 83 del CPACA consagra lo siguiente: «[…] La ocurrencia del

silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del
deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto
presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto
admisorio de la demanda. […]»

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Bajo este contexto, no es posible asegurar que, ante la posibilidad de demandar un
acto presunto negativo, esto constituya una obligación para el actor a fin de evitar
los efectos de la prescripción, ya que al asumirlo de esta forma se le impondría un
requisito que la ley no tiene contemplado, en la medida en que la inactividad del
reclamante no sería injustificada.

Por el contrario, encuentra plena justificación en la negligencia de la administración,
más aún cuando dicho acto no existe de pleno derecho a los 3 meses de ausencia
de respuesta a la petición inicial, sino que, ocurrido este supuesto, el mismo se
consolida solo cuando el solicitante lo demande directamente, en la medida en que
hasta que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, la entidad
conservará la competencia y la obligación de responder a la reclamación, lo cual
puede esperarse sin afectaciones al derecho en tensión.

De hecho, esto se corrobora al verificar que no existe término de caducidad cuando
se pretenda demandar una decisión como la aludida, según el artículo 164, numeral
1.º, literal d) del CPACA, esto es, ¿si puede acudirse a la jurisdicción en cualquier
tiempo cuando se pretenda la nulidad de un acto derivado del silencio
administrativo, por qué sí tendría que limitarse el término de interrupción para
demandar a fin de evitar la prescripción bajo ese mismo supuesto, pese a que la
caducidad y la prescripción, aun con efectos distintos, son consecuencias que se
derivan de la misma causa?

Ahora bien, esta excepción a la regla del cómputo de la prescripción se justifica solo
en los casos en los que el derecho discutido sea una prestación periódica, ya que
dicha naturaleza jurídica de estructuración permanente en el tiempo es la que
permite afirmar que el reclamante puede esperar la respuesta de la administración,
en lugar de tener que demandar directamente el acto presunto.

Lo expuesto en la medida en que con el paso de los días se genera un retroactivo
que no puede verse afectado por la misma negligencia de la entidad pública en
detrimento de los intereses del solicitante. A diferencia de las prestaciones unitarias
donde ya se sabe el monto definitivo a pagar, en el caso por ejemplo de las
mesadas pensionales, si se estableciera la fecha de inicio de la prescripción desde
la exigibilidad del derecho cuando la autoridad estatal se abstiene de dar una
respuesta, se crearía un incentivo para las autoridades estatales que podría
conllevar una eventual arbitrariedad al omitir resolver las peticiones oportunamente
de manera deliberada para disminuir el saldo adeudado.

Definido lo anterior, la Sala encuentra que si bien la fecha de exigibilidad del
derecho del actor tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 y la reclamación administrativa
fue radicada el 7 de abril del mismo año,28 esta última no puede asumirse como la
oportunidad en que se interrumpió el fenómeno prescriptivo, sino que, dada las

28 Ver la parte motiva del acto demandado a folio 4 del cuaderno 1.

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particularidades de este caso, ante la decisión de esperar la respuesta de fondo de
la administración que ocurrió con la notificación del acto expreso el 30 de abril de
2015,29 es decir, mucho después de los 3 años después de la petición, será este
último el momento en que deberá iniciarse el cómputo de la interrupción, lo que le
permitía al actor acudir a la jurisdicción para demandar dicha manifestación hasta
el 30 de abril de 2018.

Pues bien, como la demanda fue radicada el 25 de abril de 2018,30 se estima que
el recurrente ejerció su derecho oportunamente, y, por tanto, no se configuró la
prescripción de las mesadas adeudadas, por lo que estas tendrán que reconocerse
y pagarse desde la misma fecha de efectividad del derecho, concretamente, a partir
del 11 de marzo de 2011.

Por otra parte, como en el presente caso se tuvo en cuenta la existencia de una
relación laboral encubierta, únicamente para efectos pensionales del actor durante
los períodos en los cuales aquel se desempeñó como docente contratado (2000 a
2003), necesariamente la entidad demandada tiene la potestad y obligación de
efectuar el cobro completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en
la proporción que le correspondía respectivamente al demandante y al
departamento del Valle del Cauca como empleador, pues su naturaleza parafiscal
conlleva la obligatoriedad del recaudo y la imprescriptibilidad.31

Sobre este punto se aclara que, en el proceso obra prueba del giro de cotizaciones
para una parte de los mencionados períodos a Colpensiones,32 de manera que, es
responsabilidad del FOMAG gestionar el traslado de dichos recursos actualizados
a su favor y verificar que estos correspondan a los valores totales por dicho
concepto sobre el factor que se ordena tener en cuenta en esta sentencia. En caso
de que estos no correspondan a los de los tiempos de contratación o que se hayan
hecho a otra entidad de previsión, o que no se hubiesen efectuado, deberá realizar
las actuaciones interadministrativas necesarias para obtener el pago completo del
aporte.

Se advierte que, si eventualmente el mencionado ente departamental no asumió la
proporción del pago que por este mismo concepto le correspondía al actor, el
FOMAG deberá verificar mensualmente si este último realizó los aportes a pensión
por los tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su
porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una
diferencia entre las sumas.

29 Folio 6, C1.
30 Ver sello de radicación en el folio 40 vuelto y en la hoja de reparto a folio 42, C1.
31 Posición fijada por el Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda, en la sentencia de unificación

CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015) .
32 Ver el reporte de semanas cotizadas a dicha entidad de folios 10 a 16, C2.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00438-01 (4635-2021)

Para ello, tanto el departamento del Valle del Cauca como el docente deberán
demostrar ante el FOMAG si se realizaron los aportes respectivos y si estos fueron
acreditados ante Colpensiones. Una vez se concrete lo anterior, si la entidad
demandada advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la
proporción que le correspondía al accionante como empleado, este tendrá que
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que
se autoriza a la autoridad accionada que descuente los valores que le correspondan
al educador, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.

Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Estos argumentos son suficientes para revocar la sentencia apelada, a fin de
acceder parcialmente a las pretensiones en la forma prevista anteriormente para el
restablecimiento del derecho, pero negando las demás solicitudes.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202133 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP34, lo cierto es que
no es dable aplicar un criterio objetivo solo porque una de las partes haya resultado
vencida en el proceso, de manera que, ante la falta de comprobación de las costas,
no se impondrá condena por este concepto en ninguna de las instancias.

33 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
34 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada

a pagar las costas de ambas instancias.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones. En su lugar,

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución 1902 del 28 de abril de 2015,
proferida por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Tercero. Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del departamento del Valle del Cauca.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio
de Educación – FOMAG que, en reemplazo del acto administrativo anulado, expida
uno nuevo en el que reconozca y ordene pagar a favor del señor Gerardo de Jesús
Quirama Solórzano, una pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 33 y
62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo
corresponderá al 75%, y el IBL al promedio de la asignación básica percibida por
este durante el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional
(11 de marzo de 2010 y el 10 de marzo de 2011). La prestación será efectiva a partir
del 11 de marzo de 2011, sin necesidad de demostrar el retiro del servicio.

Ahora, como en el acto administrativo demandado se había otorgado la pensión,
pero con los efectos suspendidos hasta tanto el reclamante demostrara la
terminación del vínculo laboral, la parte demandada deberá verificar si esta situación
se concretó y cuándo ocurrió, de tal forma que, si ya le había cancelado mesadas
bajo el reconocimiento efectuado en la resolución anulada, solo pagará la diferencia
entre los valores que resulten del cumplimiento de la condena y los de las sumas ya
abonadas, esto hasta que el pensionado sea incluido en nómina con el nuevo valor
definitivo de la prestación.

En todo caso, si desde el 11 de marzo de 2011 en adelante el actor no se había
retirado del servicio, se deberá pagar el retroactivo de las mesadas completas
causadas desde esa fecha.

Adicionalmente se ordena:

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Al señor Gerardo de Jesús Quirama Solórzano, acreditar documentalmente al
momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, si realizó cotizaciones a
Colpensiones por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista
del departamento del Valle del Cauca entre 2000 y 2003 (con sus respectivos
intervalos y períodos anuales), si las efectuó a otra entidad de previsión, o si se
abstuvo de hacerlas.

A la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG, realizar las actuaciones
interadministrativas a que haya lugar para obtener el traslado actualizado de dichos
recursos a su favor y verificar que estos correspondan a los valores totales por dicho
concepto sobre el factor que se ordena tener en cuenta en esta sentencia. En caso
de que estos no correspondan a los de los tiempos de contratación o que se hayan
hecho a otra entidad de previsión, o que no se hubiesen efectuado, deberá gestionar
el recaudo del pago completo del aporte.

Se advierte que, si el mencionado ente territorial no asumió la proporción del pago
que por este mismo concepto le correspondía al demandante, la entidad demandada
deberá verificar mensualmente si este último realizó los aportes a pensión por los
tiempos en que laboró mediante contratos de prestación de servicios en su
porcentaje como trabajador, y en caso afirmativo, también verificará si existe una
diferencia entre las sumas.

Para ello, tanto el departamento del Valle del Cauca como el docente deberán
demostrar ante el FOMAG si se realizaron los aportes respectivos y si estos fueron
acreditados ante Colpensiones. Una vez se concrete lo anterior, si la entidad
demandada advierte que faltaron cotizaciones o se presenta diferencia en la
proporción que le correspondía al accionante como empleado, este tendrá que
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que tenía a su cargo, por lo que
se autoriza a la autoridad accionada que descuente los valores que le correspondan
al educador, única y exclusivamente bajo el referido supuesto.

Las sumas de dinero que resulten de la condena anterior se ajustarán conforme a
las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

Quinto. Negar las demás pretensiones.

Sexto. Dar cumplimiento a la presente sentencia en los términos de los artículos
189 y 192 del CPACA.

Séptimo. Reconocer personería para actuar como apoderado del departamento del
Valle del Cauca al abogado Jonnathan Rincón Herrera, portador de la tarjeta
profesional 231.496 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder que
le fue conferido por la entidad y que obra en el índice 15 de SAMAI.

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Octavo. Abstenerse de condenar en costas de ambas instancias a la parte
demandada.

Noveno. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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