Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2021-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2021-00075-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 81001-23-39-000-2021-00075-01 (1409-2025)
Demandante: María Cristina Villamizar Castro
Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial, Ley 33
de 1985. Aplicación integral de la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019. Fecha de vinculación anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con
vínculos como profesora contratada mediante OPS. No acreditó
20 años de servicio antes de la solicitud administrativa. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Cristina Villamizar Castro instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 592 del 6 de agosto de 2021, por
medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a los 55
años de edad y a los 20 años de servicio, sin exigirse el retiro definitivo del
1 Ver índice 7 de SAMAI – Tribunales.
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servicio.
3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el
21 de julio de 2018.
4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho
y la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto.
5. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA, y que se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que nació el 21 de julio de 1963 y fue vinculada como docente oficial, desde el
10 de agosto de 1995 hasta el 21 de agosto de 1998 por la Secretaría de
Educación del Vichada.
7. Que de manera posterior, laboró por medio de órdenes de prestación de
servicios celebradas con la Secretaría de Educación de Toledo (Norte de
Santander) entre 1998 y 2004.
8. Finalmente, una vez surtidos los trámites para su nombramiento en
provisionalidad, fue vinculada por la Secretaría de Educación de Arauca, desde
el 28 de febrero de 2005 y que al menos a la fecha de presentación de la
demanda continuaba activa en el servicio.
9. Que el FOMAG reconoció una pensión de jubilación exigiendo 57 años de edad
y 1.300 semanas, pero su régimen aplicable en realidad es el de la Ley 812 de
2003 y la Ley 33 de 1985, y debe requerirse el cumplimiento de 55 años de edad
y 20 de servicio sin exigirse el retiro definitivo del cargo de docente oficial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Consideró vulnerados: los artículos 1.° de la Ley 33 de 195, 15 de la Ley 91 de
1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de
1993, 81 de la Ley 812 de 2003, 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
11. Que con la expedición de la Ley 812 de 2003, se fijaron dos regímenes
diferenciados: los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 quienes
conservarían el régimen anterior, es decir, Ley 91 de 1989 y normas previas, y
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los vinculados después de esa fecha quienes pasarían al régimen de prima
media con prestación definida de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
12. Para su caso, sostiene que estuvo vinculada antes del 23 de junio de 2003, por
lo cual le es aplicable el régimen anterior a la Ley 812 de 2003. Argumenta que
la expresión «vinculados al servicio público educativo oficial» no exige que el
docente estuviera laborando el día de la entrada en vigencia de la norma, sino
haber tenido una relación previa con el sector educativo oficial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. El 23 de agosto de 2021 fue admitida la demanda2; se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG, quien afirmó3 que la demandante no
cumple los requisitos para acceder a la pensión, pues se vinculó al FOMAG el
28 de febrero de 2005, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, y que, según esta normativa, para obtener la pensión se requieren 57
años de edad y 1.300 semanas cotizadas, condiciones que la demandante no
cumple.
14. Indicó que, al haberse vinculado en 2005, la docente pertenece al régimen
posterior a la Ley 812 de 2003, y que sus periodos anteriores como contratista
por prestación de servicios no generan derechos pensionales, aunque
implicaban la obligación de cotizar de forma independiente.
15. Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva, (ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad,
(iii) inaplicabilidad de los intereses de mora, y (iv) prescripción de mesadas.
16. En la audiencia inicial4 el tribunal señaló que las excepciones propuestas serían
resueltas en la sentencia; fijó el litigio; declaró fallida la conciliación, y se efectuó
el decreto de pruebas. Constituyó la audiencia de pruebas e incorporó al proceso
las presentadas por la demandante, y de los documentos aportados por la
demandada, no tuvo en cuenta la historia laboral de 2021 por considerarla
extemporánea. Corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
17. El Tribunal Administrativo de Arauca mediante sentencia del 30 de septiembre
de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones y se abstuvo de condenar en
costas.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ver índice 21 de SAMAI – Tribunales.
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18. Argumentó que la docente ingresó al servicio antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003 y era beneficiaria del régimen de transición previsto en su
artículo 81, por lo que debía aplicársele la Ley 33 de 1985, en concordancia con
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y que el estatus de la demandante se
configuró el 13 de marzo de 2021.
19. Expresó que la actora cumplió con el tiempo requerido teniendo en cuenta que
comenzó su carrera docente el 10 de agosto de 1995 en el departamento del
Vichada, y prestó sus servicios hasta el 21 de agosto de 1998. Que
posteriormente, durante 2002 y 2003, trabajó en el departamento de Norte de
Santander mediante órdenes de prestación de servicios por 1 año, 2 meses y 21
días; luego fue nombrada en provisionalidad por el departamento de Arauca
mediante el Decreto 064 del 22 de febrero de 2005, y que al menos hasta el 10
de agosto de 2021 aun ocupaba el cargo.
20. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que, si bien se aportó una certificación del
director del núcleo educativo n.° 45 de Toledo, que indicaba que la docente
laboró entre 1998 y 2004, dicho documento no era coherente con otras pruebas
del expediente, y que en su lugar existían contradicciones, pues la docente
figuraba nombrada en el departamento del Vichada hasta agosto de 1998, y las
certificaciones de la Secretaría de Educación del Norte de Santander mostraban
que su vínculo no fue continuo o que al menos no se probó plenamente.
21. Respecto a la liquidación de la prestación, señaló que la misma debía realizarse
conforme a los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985 y la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019.
RECURSO DE APELACIÓN
22. La parte demandada6 interpuso recurso de apelación. Afirmó que a la
demandante le resultan aplicables las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues
su primer ingreso fue el 28 de febrero de 2005, posterior a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.
23. Respecto de los factores salariales para la liquidación pensional, advirtió que las
pensiones deben calcularse exclusivamente sobre los rubros que sirvieron de
base para los aportes, esto según la sentencia de unificación del Consejo de
Estado SUJ-014 del 25 de abril de 2019, que estableció que solo pueden
incluirse los factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones efectivas.
24. Mencionó la prohibición constitucional de recibir más de una asignación
proveniente del tesoro público, reiterando que esta disposición limita el
reconocimiento simultáneo de beneficios económicos estatales.
6 Ver índice 25 de SAMAI – Tribunales.
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25. Que en la trayectoria laboral de la docente existieron periodos de interrupción
mayores a 15 días hábiles, lo cual implica una solución de continuidad y, por
ende, la creación de una nueva relación laboral sujeta a las normas vigentes al
momento de cada nueva vinculación.
26. Por su parte, la actora7 interpuso recurso de apelación en el que solicitó la
modificación de su estatus pensional, pues según considera, este se consolidó
el 21 de julio de 2018, y no el 13 de marzo de 2021.
27. Sostuvo que el fallo de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas
allegadas, en particular la certificación expedida por el director del núcleo
educativo n.° 45 del municipio de Toledo, donde consta que laboró entre 1999 y
2004, y que incluso existen cotizaciones efectuadas para dichas fechas. Estimó
que la omisión de valorar dichos elementos de convicción configura un defecto
fáctico que afecta la decisión judicial.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
28. En atención a que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, se
resolverá en esta oportunidad sin limitaciones frente a los reparos de los
recurrentes, tal como lo dispone el artículo 328, inciso 2.º del CGP.
29. El 30 de mayo de 20258 se admitió el recurso y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
30. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio y el Ministerio
Público presentó concepto9 solicitando que se confirme la sentencia, por
considerar que la demandante se vinculó como docente en 1995, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que la hace beneficiaria del
régimen de transición previsto en su artículo 81 y, por tanto, su pensión debía
regirse por la Ley 33 de 1985.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. Deberá resolver la Subsección si a la demandante, como docente oficial con
vinculaciones mediante relaciones legales y reglamentarias y vínculos mediante
OPS, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía
del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado
cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, y con
efectividad desde esa misma fecha.
7 Ver índice 27 de SAMAI – Tribunales.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 9 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
32. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la
forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo
los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
33. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio
acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales
aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al
magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.
34. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices unificadoras es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo
que rige la situación particular del accionante es esencial para verificar la
pertinencia de sus pretensiones.
35. Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente
según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el
fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.
36. Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación 11 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
11 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de
la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
•En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
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«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).
37. Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico
pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al
magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha el
reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación
corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que
hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía el maestro de
pensionarse con una regulación más favorable.
38. Ahora, frente al supuesto en que un solicitante haya acumulado tiempos de labor
como docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS),
la Sala resalta que en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de
2016 proferida por el Consejo de Estado,13 se precisó que la labor de los
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662
13 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
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maestros con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de
una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir
los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación
personal del servicio y la remuneración, lo que permite considerar dichos lapsos
como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.14
Resolución del caso concreto
39. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su
primer ingreso al servicio educativo oficial.15
40. En tal sentido, debe acudirse inicialmente al Decreto 0122 de 199516 expedido
por el gobernador del departamento del Vichada, al acta de posesión n.° 025 de
199517, y al certificado de la Secretaría de Educación del Vichada del 14 de
diciembre de 200418, en el que se observa que la actora se desempeñó como
docente oficial de dicha entidad territorial, nombrada en provisionalidad, desde
el 10 de agosto de 1995 hasta el 21 de agosto de 1998.
41. Ahora, la entidad demandada negó el derecho reclamado por medio de la
Resolución 592 del 6 de agosto de 2021 por considerar que el régimen pensional
aplicable era el de la Ley 100 de 1993, esto pese a que en las consideraciones
del acto reconociera la prestación del servicio de la actora a partir del 10 de
agosto de 1995.
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
16 Demanda, página 30.
17 Ibid, página 31.
18 Ibid, página 34.
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Radicado: 81001-23-39-000-2021-00075-01 (1409-2025)
42. Adicionalmente, en vía judicial se observa que en la contestación de la demanda
y en el recurso de apelación, afirmó que los vínculos de la docente se
interrumpieron por más de 15 días, por lo que hay una solución de continuidad
que crea una nueva relación laboral sujeta a las normas que apliquen en ese
momento, pero lo cierto es que no puso en duda en su recurso la existencia de
los vínculos anteriores, sino que se limitó a asegurar que la fecha válida para
determinar el régimen pensional era el 28 de febrero de 2005.
43. Lo expuesto significa que, al no existir controversia acerca de la labor ejercida
materialmente por la demandante como docente en la referida fecha, se puede
tener demostrado el hecho de que inició su labor el 10 de agosto de 1995, data
que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003), y que puede valorarse sin discusión, ya que se originó en
virtud de un nexo de carácter laboral que sin dudas es procedente para
establecer el régimen en materia pensional como se fijó en la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019.
44. Se concluye entonces que, conforme a las reglas de esta providencia, era dable
verificar la situación jurídica reclamada por la actora de acuerdo con las
previsiones del artículo 81 de dicha norma, las cuales habilitan la posibilidad de
tener en cuenta la regulación anterior contenida en los artículos 2.º, parágrafo y
15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de
los empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la
Ley 33 de 1985, tal como lo estimó acertadamente el tribunal de origen, y que
entre las exigencias que la misma dispone para el reconocimiento de la pensión
de jubilación, requiere se presten mínimo 20 años de servicios, continuos o
discontinuos.
45. Ahora bien, en consideración a las vinculaciones debidamente probadas, la
docente sólo acreditó un total 19 años y 19 días, pues el servicio prestado en
provisionalidad con ocasión a su nombramiento por Decreto 0122 de 1995, sumó
3 años y 12 días; laboró también mediante órdenes de prestación de servicios19
durante 1 año, 2 meses y 23 días, y a su vez tuvo una vinculación legal y
reglamentaria con el departamento de Arauca, en virtud del Decreto 064 de
2005, desempeñando el cargo de docente al menos por 14 años, 9 meses y 14
días contados al momento en el que elevó su solicitud pensional ante la
administración.
46. Si bien la actora en su recurso de apelación alegó que el tribunal de origen no
19 Del 19 de octubre al 10 de diciembre de 1999, según OPS suscrita el 17 de octubre de 1999 (página 36,
demanda); del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2002, según constancia de la responsable del área
administrativa y financiera de la gobernación del Norte de Santander y conforme a la OPS n.° 041-2002 (páginas
37 y 38, demanda); del 12 de julio al 11 de octubre de 2002, según constancia de la responsable del área
administrativa y financiera de la gobernación del Norte de Santander (página 40, demanda), y del 5 de marzo al
4 de diciembre de 2003, según constancia de la responsable del área administrativa y financiera de la
gobernación del Norte de Santander y Resolución 000661 del 5 de marzo de 2003 (páginas 41 a 44, demanda).
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tuvo en cuenta el certificado expedido por el director del núcleo educativo n.º 45,
en cual se acredita que laboró como docente desde 1999 hasta 2004, y sostuvo
que ello configuraba un defecto fáctico por falta de valoración probatoria, para
esta Sala no es cierto que dicho análisis no se realizara. Contrario a esto, el
tribunal valoró dicho documento y lo desvirtuó a la luz del conjunto de medios de
convicción aportados.
47. Además, se comparte la interpretación efectuada en primera instancia, pues del
contenido del certificado no es posible determinar con certeza el tiempo preciso
en el que la demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de OPS, y en
todo caso, al observarse que el certificado fue expedido por el director de núcleo,
debe recordarse la tesis adoptaba por esta Subsección en casos similares20, en
la que se advierte que dicho funcionario no ostenta la calidad de entidad
nominadora, quien es la competente para validar la prestación del servicio de un
docente; por tanto, este documento no constituye una pieza probatoria idónea
para demostrar lo alegado.
48. Ahora, cabe resaltar que la demandante en su recurso pretende soportar la
prestación efectiva del servicio durante las anualidades en cuestión, anexando
un fragmento del resumen de las semanas cotizadas, sobre lo cual se advierte
que es una prueba aportada por fuera de la oportunidad procesal21 establecida
por la ley, por lo que, en garantía del derecho de contradicción, defensa y debido
proceso, esta no puede ser valorada.
49. En este contexto, una vez analizado lo acreditado por la demandante y los
requisitos establecidos en la norma aplicable antes definida para su
reconocimiento pensional, contenidos en el artículo 1.° que establece: «El
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho (…) una
pensión mensual vitalicia de jubilación (…)», se concluye que, al momento de
presentar la solicitud ante la administración para que le fuera otorgada la
prestación (11 de diciembre de 201922), la actora no contaba el tiempo suficiente
según lo expuesto, por lo que, contrario a lo estimado por el tribunal de primera
instancia, quien efectuó el cómputo del tiempo de servicio a la fecha de
20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 13 de febrero de 2025. Exp. 76001-23-
33-0002-019-00674-01 (3285-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 22 de mayo de 2025. Exp. 15001-
23-33-000-2021-00581-01 (3675-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
21 Al respecto, esta corporación en anteriores oportunidades (76001-23-33-000-2014-00152-01 (0343-2016), se
ha pronunciado sobre el tema, estableciendo que:
«[…]en virtud de los principios de autorresponsabilidad y eventualidad, resulta fundamental que las partes
aporten y soliciten las pruebas dentro de los precisos términos que contempla la ley, bajo la amenaza de asumir
“las consecuencias de su inactividad, de su descuido, inclusive de su equivocada actividad como probadoras”
En ese sentido, no pueden ser valorados por el despacho aquellos documentos que la demandante aportó,
dado que la ley establece oportunidades procesales en cada juicio para llevar a cabo las actuaciones pertinentes
como se indicó en la parte considerativa, garantizando de esta forma, los derechos constitucionales de
contradicción, defensa y debido proceso de las partes que se involucran en un pleito.
[…]»
22 Ver Resolución 082 del 23 de febrero de 2021.
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expedición del Formato Único para La Expedición de Historia Laboral 1407 del
10 de agosto de 2021, no se demostraron con suficiencia los elementos
necesarios para acceder al beneficio pensional.
50. Esta determinación también se soporta en la garantía del debido proceso de la
administración y su privilegio de decisión previa23, pues según como ya lo ha
manifestado esta corporación24, como presupuesto procesal del medio de
control se consagra el agotamiento preliminar de la actuación administrativa, en
donde, el administrado, antes de recurrir al control por vía judicial debe colmar
antes los recursos que la ley dispone, por lo que en este caso, en cumplimiento
del referido requisito procedimental, solamente se tendrá en cuenta la situación
fáctica que la entidad tuvo la oportunidad de conocer y decidir en sede
administrativa, y a partir de la cual tomó su decisión y emitió el acto que negó la
pensión solicitada.
51. En virtud de todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado que accedió a las
pretensiones y, en su lugar, estas serán negadas.
De la condena en costas en ambas instancias
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
23 Artículo 161 numeral 2 del CPACA: 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular
deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio
negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
24 Ver sentencia 25000-23-27-000-2007-00191-01 (17251).
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55. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación de conformidad con el artículo 365 numeral 4 del CGP. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar,
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada María José Ortiz Rodríguez, portador
de la tarjeta profesional 397.431, en calidad de apoderada sustituta del apoderado
de la demandante, conforme al memorial en el índice 11 de la plataforma SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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