Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2020-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2020-00010-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 85001-23-33-000-2020-00010-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2025
Radicado: 85001-23-33-000-2020-00010-01 (0490-2025)
Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 85001-23-33-000-2020-00010-01 (0490-2025)
Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
Demandado: Hospital Regional de la Orinoquía ESE
Tema: Relación laboral encubierta/médico pediatra
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del
1 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Declarar la nulidad del acto administrativo РJHORO-26.2-2019-311, por
medio del cual la ESE Hospital Regional de la Orinoquía negó la existencia de
una relación laboral con la demandante y el consecuente pago de las
prestaciones sociales.
3. Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre las partes existió un
contrato realidad entre el 15 de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2016.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la ESE (en favor de
la demandante) a reconocer, liquidar y pagar los derechos laborales y
prestacionales (así como las indemnizaciones que haya lugar). De manera
1
Índice 03 aplicativo SAMAI primera instancia.
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enunciativa, indicó que deben cancelarse —con base en los honorarios
recibidos— los siguientes emolumentos: salarios con recargos, trabajo
suplementario u horas extras, vacaciones, prima de vacaciones, auxilio de
cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, bonificación por servicios,
bonificación por recreación y subsidio familiar.
5. Pagar los perjuicios ocasionados por la no cancelación de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones; reembolso de los aportes a salud, pensión y
riesgos profesionales, retenciones en la fuente realizadas y de todos los dineros
pagados para la legalización de los contratos.
6. Solicitó que se indexen y ajusten los valores y acreencias reconocidas
desde que se hicieron exigibles; se pagaran las cosas procesales y a las agencias
en derecho.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
7. Mediante apoderado, la señora Graciela Isabel Abril Tarache manifestó
que prestó sus servicios como médica especialista en pediatría en favor del
Hospital Regional de la Orinoquía ESE (antes Hospital de Yopal ESE) entre el 15
de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2016, a través de la suscripción de múltiples
contratos de prestación de servicios.
8. Indicó que todos los contratos tuvieron un objeto similar, los cuales cumplió
de forma personal, continua, subordinada y permanentemente en favor de la
ESE.
9. Argumentó que la subordinación de su servicio se materializó en la manera
cómo satisfacía el objeto contractual; puesto que el lugar, los recursos
proporcionados, así como el cumplimiento de horario y jornadas eran impuestos
por el hospital. Asimismo, debía asistir a capacitaciones, reuniones, solicitar
permiso en caso de ausencias y portar un carnet institucional.
10. Además, las funciones realizadas correspondían a la misión de la ESE,
para cuyos fines también existía personal de planta.
11. La ESE unilateralmente decidió terminar el vínculo entre las partes; por lo
que la actora presentó la reclamación administrativa con el fin de que se declarara
la existencia de la relación laboral y se le pagaran los emolumentos laborales
dejados de percibir, lo cual fue negado mediante oficio del 17 de julio de 2019.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
12. Se invocaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 25,
53 y 122 de la Constitución Política. En cuanto a las preceptivas legales, citó las
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Leyes 6 de 1945, 33 de 1996; los artículos 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978; y
Decreto 1374 de 2010.
13. En cuanto al concepto de violación, reprochó que los contratos de
prestación de servicios fueran utilizados por la administración como herramientas
para contratar a la actora de manera sucesiva e ininterrumpida, en desmedro de
sus derechos laborales, mientras se cumplían las funciones misionales de la
ESE.
14. Lo anterior, conlleva que sea procedente la declaratoria de la relación
laboral aplicando el principio constitucional de la realidad sobre las formas,
consignado en el artículo 53 de la Carta Política, así como el consecuentemente
pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el período de
contratación.
1.4. Contestación de la demanda
15. El Hospital Regional de la Orinoquía ESE2 contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones.
16. En cuanto a los hechos, negó que en desarrollo de los contratos
confluyeran los elementos inherentes a la relación laboral; en particular, el
requisito de la subordinación. Para ello, destacó que: los turnos de servicio de la
demandante no eran asignados por personal de la ESE, sino que se hacían a
partir de un proceso de concertación entre los coordinadores y los médicos
especialistas; y que la actora no recibió llamados de atención por personal de la
ESE y contó con libertad y autonomía para estructurar su servicio.
17. Además, explicó que para la época en que la entidad contrató los
servicios en la planta de personal no existía el cargo de médico especialista en
pediatría. Por lo que tampoco es cierto que la demandante cumpliera funciones
similares al personal vinculado a la ESE.
18. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las siguientes: i)
inexistencia de los elementos constitutivos del contrato de trabajo – artículo 23
del CST3; ii) prevalencia del contrato de prestación de servicios por inexistencia
del elemento de subordinación; iii) prescripción trienal; iv) compensación; y, v)
innominada o genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia4
19. El Tribunal Administrativo de Casanare dictó sentencia el 1 de febrero de
2024, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
2
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6.
3
Código Sustantivo del Trabajo.
4
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 51.
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en los siguientes términos:
19.1 Declaró no probadas las excepciones propuestas por la ESE denominadas
inexistencia de los elementos constitutivos del contrato de trabajo, prevalencia
del contrato de prestación de servicios por inexistencia del elemento de
subordinación, prescripción trienal y compensación.
19.2 Declaró la nulidad del acto administrativo acusado y, en consecuencia, la
existencia de la relación laboral encubierta entre las partes desde el 15 de mayo
de 2008 hasta el 30 de junio de 2016.
19.3 A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la ESE pagarle a la
actora el valor equivalente a las prestaciones sociales (prima de navidad, auxilio
de cesantías, intereses sobre las cesantías y prima de servicios) liquidadas sobre
los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
19.4 Ordenó que la ESE tomara mes a mes los honorarios recibidos por la
demandante y, en caso de que existieran diferencias en su contra, realizara los
aportes que le correspondía como empleadora en el fondo de pensiones
respectivo.
19.5 Declaró que los tiempos laborados debían computarse para efectos
pensionales y no condenó en costas.
20. Para llegar a estas conclusiones, declaró impróspera la tacha de
imparcialidad sobre los testigos propuesta por ambas partes, en cuanto a que,
según la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha solicitud no deja sin efecto
la declaración, sino que obliga al fallador ser más estricto en su valoración.
21. Posteriormente, consideró que la subordinación del servicio de la actora
se acreditó, dadas las siguientes premisas:
21.1 Sus actividades realizadas mediante los contratos suscritos entre 2008 –
2016 coincidían con las del cargo de médico especialista, código 213, grado 09,
inserto en la planta de la entidad por más de 8 años.
21.2 Según los testigos, cumplía un horario que oscilaba entre 24 y 12 horas,
el cual, independientemente de la concertación de los médicos, para su
configuración la última palabra la tenía la ESE, quien determinaba los turnos de
acuerdo con la disponibilidad del servicio.
21.3 En caso de requerir permiso o solicitar cambio con algún compañero,
debía comentarlo al director médico de la entidad.
21.4 Estaba supeditada a las directrices de los directivos de la ESE, quienes
definían las condiciones de las actividades realizadas, lo cual no riñe con el hecho
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de que tuviera independencia profesional en su actividad médica.
21.5 La entidad le suministraba los elementos para la prestación del servicio,
tales como carnet institucional y bata.
21.6 Según las declaraciones de Linibeth Cruz Baquero y Sneyder Manotas
Solano, a la demandante se le obligó a realizar guías médicas de la institución.
22. En consecuencia, todos estos elementos en conjunto guiaron el criterio
del tribunal para declarar la existencia de la relación laboral de las partes entre el
15 de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2016, así como el consecuente pago de
las prestaciones sociales.
1.6. Recurso de apelación
23. El Hospital Regional de la Orinoquía ESE, mediante su apoderado,
interpuso recurso de apelación solicitado que se revocara la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para tal efecto, presentó
los siguientes argumentos:
24. Como primer punto, reiteró que la solicitud de tacha propuesta sobre los
testimonios de Linibeth Cruz Baquero y Sneyder Manotas Solano, por cuanto sus
declaraciones estuvieron parcializadas al presentar demandas en contra de la
ESE por similares razones a las que aquí se debate.
25. En segundo lugar, adujo que con las pruebas que obran en el expediente
no se acreditó la existencia de subordinación, por el contrario, a la luz de estas,
se concluye que la actora fue autónoma al cumplir sus contratos. En particular,
expresó las siguientes razones:
25.1 Adujo que los contratos de prestación de servicios se suscribieron para
que la demandante realizara actividades como médica especialista, pero ello, por
sí solo, no conduce que en su ejercicio se configuró la existencia de una relación
laboral encubierta.
25.2 Según los dichos del testigo Edward Cubillos Méndez, la demandante: i)
contó con autonomía médica; ii) tuvo independencia para acomodar los turnos
con sus colegas y posteriormente concertarlos con la entidad, lo que no denota
subordinación laboral, tal y como lo indicó el tribunal; iii) pudo modificar los turnos
con sus colegas de forma autónoma, solo informándole a la entidad el
procedimiento; iv) las capacitaciones realizadas por la entidad no eran
obligatorias, sino que los especialistas asistían porque les interesaba.
25.3 Censuró el hecho de que la declaración de Carlos Orlando Amaya Jinete
no se tuvo cuenta en la decisión, más cuando el declarante se refirió al servicio
de la actora en similares términos que el señor Cubillos Méndez, así: i) indicó
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que, como médica especialista, podía concertar el número de horas que cumplía
en la ESE; y, ii) no estaba supeditada a superiores administrativos, por cuanto no
tenían.
25.4 De igual modo, los señores Amaya Jinete y Cubillos Méndez coincidieron
en que las guías de salud, si bien eran realizadas por los médicos, esto no era
obligatorio; como ejemplo, existieron casos de personas que no las hicieron y no
hubo retaliaciones en su contra.
25.5 No se probó que a la actora se le aplicara el reglamento interno de la
entidad, estuviera bajo investigaciones o fuera objeto de llamados de atención.
Al paso que las recomendaciones y actividades de supervisión técnica son
propias de la coordinación entre las partes y no configuran el elemento de
subordinación.
25.6 No obra prueba que la entidad obligó a la demandante a participar en
actividades que, en la sentencia, se pregonaron como indicios de subordinación.
25.7 Respecto a la utilización de elementos de la ESE, adujo que, si bien se
colocaron a disposición de la demandante, esto no demuestra subordinación.
25.8 Las declaraciones de los testigos Cruz Baquero y Manotas Solano
respecto al cumplimiento de horarios, elaboración de guías y autorización de
cambios de turnos, no son conclusivas sobre una aparente subordinación
impuesta a la actora. Antes bien, deben entenderse como circunstancias
normales que demanda la actividad médica para la preservación de la vida de los
pacientes y conforme la complejidad del servicio.
26. De forma subsidiaria, en caso de confirmarse la sentencia, solicitó que se
estudie nuevamente la prescripción trienal de las prestaciones sociales
reconocidas, y que paguen con el salario que devenga un funcionario de planta
y no con los honorarios recibidos por la contratista.
1.7. Trámite en segunda instancia
27. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 7 de marzo de
20255. En esa oportunidad, se indicó que el Ministerio Público podría emitir
concepto en segunda instancia «desde que se admite el recurso (…) hasta antes
de que ingrese el proceso al despacho para proferir sentencia».
28. En tal sentido, el delegado del Ministerio Público ante esta Corporación
presentó concepto6 solicitando que se confirme la decisión de primera instancia.
5
Aplicativo SAMAI – segunda instancia índice 4
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Aplicativo SAMAI – segunda instancia índice 9
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Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
29. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
30. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.
31. En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
2.2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
el problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:
33. ¿Entre la señora Graciela Isabel Abril Tarache y el Hospital Regional de
la Orinoquía ESE existió una relación laboral encubierta en el período reconocido
en la sentencia de primera instancia?
34. De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo contractual
acaeció en todo o en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte
actora tiene derecho al pago de las prestaciones sociales invocadas en la
demanda con base en el salario que devengara un cargo similar y no con los
honorarios recibidos en los contratos de prestación de servicios.
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
35. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
36. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral
3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
37. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por
la jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi
o con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.
38. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales
o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que
de encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento
debe reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización, por lo que de no
presentarse la reclamación en ese período, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no están sometidos a dicho
término; iii) es improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso, por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
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39. Se observa que la ESE en el recurso reiteró la tacha sobre los testigos
presentados por la demandante, bajo el supuesto de que presentaron demandas
contra la entidad con similares pretensiones. No obstante, como lo ha
ndicadoesta Subsección en oportunidades precedentes9, la tacha por sospecha
no deja sin efecto las manifestaciones rendidas por los declarantes, ni invalida la
prueba, lo que exige es que el fallador al momento de efectuar su valoración lo
haga con mayor rigurosidad. De allí que se haga el estudio del medio probatorio
en mención con los demás elementos suasorios traídos al proceso y se
determine su conducencia y utilidad de forma conjunta.
40. Así las cosas, en cuanto a los elementos que componen la relación laboral
encubierta, la Sala encuentra que la demandante con las pruebas arrimadas al
plenario acreditó la prestación personal de su servicio como médica
especialista en pediatría en favor del Hospital Regional de la Orinoquía ESE
(antes Hospital de Yopal) entre el 15 de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2016
mediante la suscripción de los contratos de prestación de servicios que se
relacionan a continuación:
Número de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
Contrato
676 de Prestar servicios médicos 15 de mayo de 14 de junio de $6.435.00
200810 especializado en pediatría para el 2008 2008
725 de Hospital de Yopal E.S.E. 15 de junio de 14 de julio de $8.900.000
200811 2008 2008
948 de 15 de julio de 1 de agosto de $6.450.000
200812 2008 2008
996 de 6 de agosto de 29 de agosto de $12.000.000
200813 2008 2008
1014 de 1 de septiembre 30 de septiembre $10.900.000
200814 de 2008 de 2008
1304 de 1 de octubre de 31 de octubre de $12.300.000
200815 2008 2008
1648 de 1 de noviembre de 1 de diciembre de $9.700.000
200816 2008 2008
1909 de 1 de diciembre de 30 de diciembre $13.900.000
200817 200818 de 2008
0273 de 2 de enero de 2 de febrero de $10.550.000
200919 2009 2009
0350 de 2 febrero de 2 de marzo de $10.900.000
200920 200921 2009
9
Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33- 000-2017-00083-01 (2190-
2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
10
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 32
11
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 42
12
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 61
13
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 62
14
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 73
15
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 83
16
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 92
17
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 102
18
Según acta de finalización visible Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-
anexo – Parte 1 pág. 112
19
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 115
20
Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-anexo – Parte 1 pág. 128
21
Según acta de finalización visible Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-
anexo – Parte 1 pág. 142
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Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
0400 de 2 de marzo de 2 de abril de 2009 $9.600.000
200922 2009
0703 de 1 de abril de 4 de mayo de $11.450.000
200923 200924 2009
0852 de 4 de mayo de 4 de junio de 2009 $11.550.000
200925 2009
0906 de 1 de junio de 2009 30 de junio de $12.000.000
200926 2009
1252 de 1 de julio de 2009 31 de julio de $13.950.000
200927 2009
1326 de 3 de agosto de 31 de agosto de $13.950.000
200928 2009 2009
1403 de 1 de septiembre 30 de septiembre $12.750.000
200929 de 2009 de 2009
1179 de 1 de octubre de 31 de octubre de $11.100.000
200930 2009 2009
1768 de 3 de noviembre de 30 de noviembre $9.900.000
200931 2009 de 2009
1831 de 1 de diciembre 31 de diciembre $12.450.000
200932 2009 de 2009
0303 de 2 de enero de 31 de enero de $10.969.500
201033 2010 2010
0351 de 1 de febrero de 28 de febrero de $11.845.000
201034 2010 2010
0426 de 1 de marzo de 31 de marzo de $9.888.000
201035 2010 2010
0786 de 1 de abril de 2010 2 de mayo de $15.141.000
201036 2010
0828 de 3 de mayo de 31 de mayo de $15.450.000
201037 2010 2010
0898 de 1 de junio de 2010 13 $13.750.500
201038 de junio de 2010
1009 de 14 de julio de 1 de agosto de $18.076.500
201039 2010 2010
1315 de 2 de agosto de 2 de septiembre $16.068.000
201040 2010 de 2010
1374 de 3 de septiembre 30 de octubre de $14.214.000
201041 de 2010 2010
1733 de 1 de octubre de 2 de noviembre de $14.059.500
201042 2010 2010
22
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24
Según acta de finalización visible Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-
anexo – Parte 1 pág. 167
25
Según acta de finalización visible Aplicativo SAMAI – primera instancia índice 6 Contestación de la demanda – 010-
anexo – Parte 1 pág. 168
26
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42
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Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
1770 de 2 de noviembre de 30 de noviembre $14.059.500
201043 2010 de 2010
1842 de 1 de diciembre de 2 de enero de $16.068.000
201044 2010 2011
0334 de 3 de enero de 2 de febrero de $16.614.312
201145 2011 2011
0379 de 3 de febrero de 3 de marzo de $16.614.312
201146 2011 2013
0434 de 1 de marzo de 1 de abril de $14.377.770
201147 2011 20111
0804 de 1 de abril de 2011 2 de mayo de $12.460.734
201148 2011
0876 de 2 de mayo de 1 de junio de 2011 $14.537.523
201149 2011
1183 de 1 de junio de 2011 30 de julio de $14.377.770
201150 2011
1369 de 1 de agosto de 31 de agosto de $10.224.192
201151 2011 2011
1410 de 1 de septiembre 30 de septiembre $11.821.722
201152 de 2011 de 2011
1699 de 30 de septiembre 1 de noviembre de $14.697.276
201153 de 2011 2011
1987 de 1 de noviembre de 1 de diciembre de $16.774.065
201154 2011 2011
2027 de 1 de diciembre de 30 de diciembre $26.998.257
201155 2011 de 2011
0339 de Prestar servicios de salud como 1 de febrero de 1 de marzo de $10.695.555
201256 médico especializado en pediatría 2012 2012
0461 de para el Hospital de Yopal E.S.E. 1 de marzo de 31 de marzo de $12.999.213
201257 2012 2012
0816 de 2 de abril de 2012 30 de abril de $ 2.834.666
201258 2012
0863 de 1 de mayo de 30 de mayo de $ 12.670.119
201259 2012 2012
1218 de 1 de junio de 2012 30 de junio de $ 12.999.213
201260 2012
1598 de 1 de julio de 2012 1 de agosto de $ 12.834.666
201261 2012
1646 de 1 de agosto de 31 de agosto de $ 14.809.230
201262 2012 2012
2012 de 1 de septiembre 30 de noviembre $ 27.808.443
201263 de 2012 de 2012
43
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Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
2176 de 1 de diciembre de 31 de diciembre $ 6.417.333
201264 2012 de 2012
0279 de 1 de enero de 30 de abril de $ 59.236.920
201365 2013 2013
0873 de 1 de mayo de 30 de septiembre $82.273.500
201366 2013 de 2013
1111 de 1 de octubre de 31 de diciembre $65.818.800
2013 2013 de 2013
0190 de 1 de enero de 30 de septiembre $123.244.800
2014 2014 de 2014
1167 de 7 de octubre de 31 de diciembre $38.205.888
2014 2014 de 2014
0489 de 13 de enero de 31 de marzo de $58.664.760
2015 2015 2015
0635 de Prestar servicios como especialista 30 de abril de 30 de junio de $40.346.988
2015 en pediatría para el Hospital de 2015 2015
1476 de Yopal E.S.E. 1 de julio de 2015 30 de septiembre $44.896.500
2015 de 2015
2037 de 5 de octubre de 31 de diciembre $53.875.800
2015 2015 de 2015
0393 de 1 de enero de 30 de abril de $62.855.100
2016 2016 2016
0987 de 1 de mayo de 30 de junio de $37.353.888
2016 2016 2016
41. La contraprestación, que se refiere a los emolumentos recibidos por la
contratista durante la ejecución de las actividades convenidas, se acredita con
los contratos de prestación de servicios referenciados en el expediente, donde
se evidencian los emolumentos que mensualmente recibió la señora Abril
Tarache.
1. Por su parte, sobre la continuada subordinación y dependencia, se
recuerda que, la Sala sobre este elemento ha afirmado que «implica una
superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye
esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que
una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio
de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier
tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de
carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de
algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»42.
42. Para analizar este requisito, se tendrán en cuenta los criterios
determinados por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-025-
CES2- 2021.
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Demandante: Graciela Isabel Abril Tarache
43. En esos términos, con las pruebas aportadas se acreditó que, como lugar
de trabajo, la demandante tuvo las instalaciones de la entidad demandada.
44. Por otro lado, en cuanto al horario de trabajo, los testigos manifestaron
lo siguiente:
45. La señora Linibeth Cruz Baquero —testigo presentada por la parte
actora— adujo que conoció del servicio de la demandante a partir del año 2012,
cuando ingresó a laborar en la ESE como médica pediatra. Sobre los turnos,
atestiguó que correspondían a 24 horas de servicio, dado que solo había un
pediatra en la entidad. Expresó lo siguiente: «Pregunta: ¿Usted sabe qué hacía ella
en el hospital? Contestó: Sí, señora. La doctora Graciela Abril hacía exactamente lo
mismo que yo hacía, pues porque éramos pares en ese momento, las dos ejercíamos
como pediatras, entonces ella laboraba como pediatra al igual que yo. Lo que hacíamos
era, prestábamos turnos presenciales en el hospital desde las 7 de la mañana hasta las
7 de la mañana del día siguiente (…) Éramos el único pediatra que había por turno ese
día. O sea, hacíamos turnos de 24 horas y solamente estaba un pediatra para toda la
institución en ese momento (…) Pregunta: Entonces, diga cómo es cierto sí o no que la
doctora Graciela Isabel Abril Tarache trabajaba en el Hospital de la Orinoquía 24 horas
en un día. Contestó: Sí señora, es cierto».
46. La testigo añadió que los horarios eran fijados por la subgerente de
prestación de servicios de la entidad, quien era su superior, por lo que los
médicos no podían realizar cambios en su estructura: «Pregunta: Doctora,
clarifíquele al despacho quién y de qué manera les fijaban ese horario al que usted acaba
de hacer referencia. Contestó: Nosotros teníamos un jefe, nuestro jefe era la subgerente
de prestación de servicios, entonces ella como era la que nos coordinaba, ella era la
persona que hacía las listas de turno. Entonces, ella todos los meses antes, tal vez dos
días antes de que cambiara el mes, ella publicaba unas listas y esas listas las publicaban
en todos los servicios del hospital (…) Pregunta: Infórmele al despacho qué pasaba si
ustedes no cumplían el horario que se les fijaba, según usted lo acaba de señalar, por el
ORO y en caso de que tuvieran que ausentarse por alguna X o Y razón, si ustedes
debían solicitar permiso y en caso afirmativo, ¿a quién se lo solicitaban y por qué me
dijo? Contestó: Nosotros no podíamos cambiar turnos, nosotros no podíamos irnos del
hospital como lo expresé, o sea, eso era un requerimiento. A uno cuando lo contrataban
le decían, usted tiene que recibir turno a las 7 de la mañana y usted no se puede ir hasta
el día siguiente a las 7 si su compañero le ha recibido».
47. El señor Sneyder Manotas Solano —testigo presentado por la
demandante— afirmó que prestó el servicio como médico ginecólogo en la ESE
entre 2007 y 2016. Respecto a los turnos, indicó que todos los especialistas —
no solo la actora— los cumplían por 24 horas en los diferentes servicios, cuya
asignación se hacía mediante planillas realizadas por el subdirector técnico
científico de la ESE, quien era el supervisor directo de los especialistas, así: «En
esa época los turnos que hacíamos los especialistas, no solamente la doctora Graciela
Abril, sino todos los que mencioné anteriormente, eran turnos de 24 horas, la cual cubría
los diferentes servicios que estaban en ese momento (…) En ese momento en el antiguo
hospital existían servicios de la urgencia, estaba la hospitalización y estaba lo que era
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sala de partos, ya que a mí me consta eso porque en sala de partos siempre tenía que
estar asignado un pediatra para la adaptación de los nacimientos del aceptante de alto
riesgo. Y esas planillas eran elaboradas por el subdirector técnico científico, que era el
coordinador expreso de todos los especialistas».
48. A su vez, este declarante indicó que, ante imposibilidades sobrevinientes
de los especialistas para cumplir con su servicio, era necesario previamente
solicitar permiso al coordinador técnico científico: «Pregunta: Infórmele al despacho
si en caso de que por alguna X o Y razón, la doctora Abril requiriera o le fuera imposible
asistir a algún turno, debía pedir permiso, ¿de qué manera se solicitaba ese permiso y
ante quién? Contestó: No solamente la doctora Graciela, los permisos solamente los
podía otorgar el coordinador de los especialistas que era el subdirector técnico científico
y todos tenían para sacar ese permiso, tenían que pasarle por escrito con anticipación
el permiso para no poder asistir al turno y a la vez ellos asignaban a otro especialista
para que cubriera el turno (…)».
49. De otro lado, Edwin Giovanni Cubillos Méndez —testigo presentado por la
ESE— informó que prestó el servicio como médico pediatra en la entidad desde
2005, por lo que fue compañero de la actora. Respecto a los turnos, argumentó
que estos se realizaban de acuerdo con la secuencia y con una intensidad de 12
a 24 horas: «Pregunta: Infórmele al despacho si sabe o le consta si la señora Graciela
Abril cumplía un horario en caso afirmativo, ¿quién determinaba ese horario? Contestó:
Sí, sí se cumplía un horario y el horario se determinaba por los turnos, dependía del
turno de la secuencia que teníamos. Pregunta: ¿Esos turnos de cuántas horas eran?
Contestó: Esos turnos estaban entre 12 y 24 horas aproximadamente».
50. Respecto a la conformación de los turnos, añadió que estos eran
concertados, primero entre los médicos especialistas y, posteriormente, con la
ESE: «Pregunta: ¿Le decía más bien a la señora Graciela Abril en qué horario debía
trabajar? ¿Quién era el cargo de la persona que le decía a ella, le fijaba a ella esos
turnos? Contestó: Nosotros inicialmente hacíamos la planilla de turnos, nosotros el
grupo, y posteriormente se entregó a su gerencia, ellos aprobaban lo que habíamos
señalado (…) Pregunta: ¿Usted quiere decir que ustedes eran los que establecían los
turnos en los cuales debían trabajar y no el Hospital de Yopal? Contestó: Bueno, es que
era concertado, porque nosotros pasábamos primero una planilla porque era una
secuencia de turnos, y ellos pues aprobaban, revisaban que cumpliera con los requisitos
de la planilla, o sea que tratar de no dejar post-turnos, pues ellos tenían que vigilar que
nosotros fueran las suficientes, era como concertado (…) Ellos nos decían, hoy hay 30
días, (...) y nosotros en Excel hacíamos lo que les digo, el posteo y se entregaba, y ellos
ya revisaban lo que habíamos colocado nosotros».
51. Además, este testigo afirmó que los especialistas podían realizar entre
ellos cambios de turno, con la obligación de informarle a la entidad la ejecución
de dicho procedimiento: «Pregunta: Infórmele al despacho si en el evento en que
ustedes tuvieran que ausentarse de sus labores debían pedir permiso, y en caso
afirmativo, y específicamente la doctora Graciela Abril, ¿a quién lo tenía que pedir?
Contestó: Lo que hacíamos era, si necesitábamos un favor, cambiábamos el turno, era
lo que hacíamos. Generalmente no tenía que ser una enfermedad que se avisaba ya a
su adherencia, pero en general entre nosotros nos cambiábamos los turnos, nos
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cubríamos. Pregunta: Es decir, que ustedes no le informaban a nadie que por ejemplo
el día de hoy no iban a asistir, sino que entre ustedes decidían si, pese a que había unos
turnos fijados, ustedes asistían o no al hospital, y nadie fuera de ustedes se enteraba de
ese cambio. Contestó: No, no es eso, es que entre nosotros nos cuadrábamos para los
turnos, pero obviamente se informa el cambio de turno, en ese caso la sugerencia, los
cambios de turno se informan, pero el cambio en sí no lo hace la sugerencia, sino entre
nosotros nos cambiamos (…)».
52. Finalmente, Carlos Orlando Amaya Jinete —testigo presentado por la
entidad— adujo que conoció del servicio de la demandante en su calidad de jefe
de unidad o líder de programa. Referente a los turnos del servicio, advirtió que
los médicos especialistas ofertaban un número de horas que disponían para
realizar el servicio en la entidad: «(…) La mayoría eran ordenes de prestación de
servicios y en general ellos nos prestaban los servicios al hospital de acuerdo con la
oferta que ellos podían dar de acuerdo con el número de horas, por virtud de que tuvieran
desempeños en otras instituciones o algunos en la práctica privada. Es decir que en
verbigracia para ellos nos ofertaban un número de horas de las cuales disponían y
prácticamente nos decían qué días o en qué modalidad podían trabajar, si en la mañana,
en la tarde, algunos podían hacer turno, en la noche, otros no, y así, era más o menos a
la conveniencia de cada persona».
53. Por otro lado, en los documentos obran los cronogramas de concertación
de actividades de los médicos de la ESE entre los años 2008 y 2016, en los que
aparece el nombre de la demandante. De estos se observa que los servicios eran
satisfechos diariamente en distintas franjas de tiempo, que se extendían en
turnos de 24 horas; de 12 horas (entre las 7:00 a. m. y 7:00 p. m. o 7:00 p. m. y
7:00 a. m.); de 6 horas (entre las 7:00 a. m. y 1:00 p. m. o 1:00 p. m. y 7:00 p.
m.); y de 3 horas (entre las 7:00 a. m. y 10:00 a. m.)67.
54. Además, según las planillas, el cumplimiento del servicio en cada área de
la ESE se realizaba mediante el turno de un médico independiente. Estas se
dividían en urgencias, recién nacidos u hospitalización. Igualmente, se observa
que, en un mismo día, como mínimo cuatro profesionales de pediatría se
distribuían las funciones en cada área del sector.
55. Asimismo, de dichos documentos se evidencia que no existía una
frecuencia determinada y estática en los turnos semanales o mensuales en que
la actora cumplió con sus contratos. Aunque hubo períodos en los que realizó
turnos durante ocho o nueve días continuos, en otros solo lo hizo uno o dos días,
seguidos de múltiples jornadas sin programación.
56. Por ejemplo, en el mes de enero de 2009 estuvo siete días continuos sin
prestar el servicio; luego hizo dos turnos diurnos de doce horas y nuevamente
estuvo de descanso. En marzo de 2010 permaneció quince días sin turnos,
posteriormente realizó seis turnos y luego no tuvo programaciones en los días
siguientes. En abril de 2011 efectuó un turno diurno, continuó sin actividades por
67
Este horario solo se observa en los turnos de sala de recién nacidos.
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seis días, un día de labor, otro de descanso, dos turnos de doce horas y culminó
el mes sin programaciones durante dieciocho días. En abril de 2013 prestó sus
servicios cinco días continuos, con dos turnos de 24 horas y dos de recién
nacidos de tres horas, y posteriormente no tuvo programaciones por dieciocho
días seguidos. Finalmente, en julio de 2013 prestó sus servicios dos días en
turnos de recién nacidos y un turno de 24 horas, y luego no tuvo programaciones
en los once días siguiente.
57. La Sala, al contrastar la información proporcionada por los testigos con la
documentación que reposa en el plenario, concluye sobre el particular lo
siguiente:
57.1 Contrario a lo sostenido por los testigos Cruz Baquero y Manotas Solano,
los servicios de la demandante no solo se realizaban de forma continua en turnos
de 24 horas, sino que también los podía cumplir en turnos diarios de 3, 6 o 12
horas —como indicó el testigo Cubillos Méndez—.
57.2 La afirmación de la señora Cruz Baquero respecto de que el servicio de
pediatría era realizado durante 24 horas por un solo profesional en la entidad se
desvirtúa con las planillas aportadas, en las cuales se evidencia que, como
mínimo, en un día calendario el servicio médico de pediatría era satisfecho por
cuatro profesionales en distintos turnos.
57.3 Existen contradicciones en las declaraciones de los testigos Cruz Baquero
y Manotas Solano, por un lado, y Cubillos Méndez y Amaya Jinete, por otro,
respecto de la imposición o coordinación de los turnos. Mientras el primer
grupo indica que los horarios eran impuestos, el segundo aduce que eran
concertados entre los médicos y luego aprobados por la ESE. Esta situación no
permite clarificar cuál de las dos versiones corresponde al caso de la
demandante, dado que no existen en el expediente elementos adicionales que
permitan definirlo.
58. Además, no pasa por alto la Sala que en las declaraciones de Cruz
Baquero y Manotas Solano existen contradicciones respecto de la autoridad que,
según ellos, imponía los turnos. Mientras que la primera indicó que eran fijados
por la subgerente de prestación de servicios, el segundo expuso que su
asignación la realizaba el subdirector técnico científico de la ESE. Dichas
inconsistencias no permiten considerar con certeza la posible imposición de
turnos sobre la demandante.
59. Con todo, la Subsección no desconoce que, por tratarse de un servicio
médico, el establecimiento de jornadas u horarios era necesario 68. No obstante,
68
Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado sobre el despliegue de actividades en una jornada determinada por
los médicos especialistas vinculados a la administración mediante contratos de prestación de servicios y su incidencia en
la declaratoria de la relación laboral: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia veintisiete (27) de
febrero de dos mil veinticinco (2025). Rad. 25000-23-42-000-2021-00996-01 (5528-2023) C.P: LUIS EDUARDO MESA
NIEVES.
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su imposición o frecuencia determinada no se clarifica con las pruebas aportadas.
Aun así, la sola existencia de un horario no implica per se la existencia de
subordinación, dado que su cumplimiento, en especial en los temas de salud,
debe entenderse como un parámetro lógico que guarda relación con la
coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta
ejecución del objeto convenido69.
60. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, es de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante
sobre las actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito
fundamental a efectos de constatar la existencia o no del elemento de
subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.
61. La ESE, en el recurso de alzada, argumentó que con las pruebas que
reposan en el plenario no se acredita el elemento de subordinación y, por el
contrario, se evidencia que la actora fue autónoma en la ejecución de los
contratos.
62. Para la Sala, este argumento prospera, pues con los elementos
probatorios allegados no es posible establecer la existencia de órdenes,
direccionamientos, imposiciones o control efectivo sobre la demandante en la
ejecución de sus contratos. En consecuencia, no se acreditó que estuviese sujeta
a subordinación por parte del personal de la ESE, y, por tanto, no puede tenerse
por demostrada la existencia de una relación laboral encubierta.
63. En cuanto a los testimonios, la señora Linibeth Cruz Baquero70 indicó que
ella y la demandante recibieron de su jefe —la subgerente de prestación de
servicios— órdenes relacionadas con la realización de las guías de manejo,
afirmación que reiteró el señor Sneyder Manotas Solano71.
64. Frente a ello, la Sala encuentra que, aunque los testigos enfocaron el
seguimiento de las guías de manejo como una orden de la entidad sobre los
contratistas, lo cual hace parte de las obligaciones de la contratista72, pues en la
ejecución del contrato 0190 de 2014, la ESE haya profirió el 22 de agosto de
2014 el memorando SPS-25.01-2014-00148 a través con el cual se instó a un
69
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022). Rad.
25000234200020130457501 (2611-2016) C.P: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
70
Sobre este particular la testigo dijo lo siguiente: «Sí, porque hacía parte de las obligaciones que tenía el contrato.
Entonces, por ejemplo, dentro de las obligaciones que nos asignaba nuestra jefe, era hacer las guías de manejo, me
acuerdo tanto. Entonces, nuestra jefe emitió una hoja una vez con los temas que cada una tenía que hacer. Yo me
acuerdo de que a mí me tocó hacer bronquiolitis y a Graciela Aguirre tuvo que hacer reanimación cardiopulmonar (…)».
71
El testigo sobre este punto dijo lo siguiente: «Pregunta: El tema de esas guías, ¿quién los designaba? ¿O eran
concertados los médicos especialistas? Contestó: No, no había ninguna concertación. Eso era asignado de acuerdo a la
necesidad que consideraba el coordinador médico, que era el subdirector técnico científico de la institución»
72
Véase por ejemplo la cláusula sexta del contrato de prestación de servicio 0190 de 2014
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grupo de médicos —entre ellos la demandante— a no incumplir las actividades
contractuales con la no realización de las guías de manejo73, no debe perderse
de vista que esas guías son impuestas por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Superintendencia de Salud, no son reglamentos internos de la entidad
demandada.
65. En ese sentido, debe precisarse que el hecho de que se haya exigido a la
actora al cumplimiento de sus obligaciones contractuales no implica que esta
estuviese subordinada en su servicio. Esto, porque al suscribir contratos de este
tipo, las entidades públicas cuentan con la facultad de tomar las medidas
necesarias en aras de garantizar la satisfacción de los objetos de los contratos
de prestación de servicios; dentro de las que se encuentra realizar los
requerimientos del caso al contratista si este no ha cumplido con los compromisos
adquiridos.
66. De otro lado, en la decisión de primera instancia se consideró que la
relación laboral también se acreditó dado que la entidad le proporcionó al
demandante elementos para la prestación del servicio, dentro de ellos, bata y
carnet. Sin embargo, aunque los testigos74 coincidieron sobre el particular y obre
copia del documento mencionado75, esta Subsección en decisiones precedentes
ha indicado que la utilización de elementos distintivos de la entidad contratante
no conduce, por su sola existencia, a la configuración de una relación laboral,
pues tales elementos se erigen como aspectos necesarios para la coordinación
del servicio, en la medida en que identifican al contratista como la persona que
desarrolla el objeto contractual y garantizan, con ello, su correcta ejecución76.
67. Por lo demás, de los documentos que obran en el expediente tampoco se
desprenden indicios concluyentes de subordinación. En efecto, en estos solo se
encuentran la reclamación administrativa, las actas iniciales, parciales y de
finalización de los contratos, y cinco (5) correos electrónicos, de cuya lectura no
es posible deducir que fueron remitidos o recibidos por la demandante, ni que de
su contenido se infiera la impartición de órdenes o direccionamientos sobre la
forma de ejecutar su servicio77.
68. Ahora bien, el a quo también consideró que las funciones que cumplió la
demandante correspondían a las realizadas por el cargo de Médico Especialista,
Código 213, Grado 09, cuya existencia certificó la entidad durante el período en
73
Índice 08 del aplicativo SAMAI primera instancia.
74
La señora Linibeth Cruz Baquero indicó lo siguiente: «Preguntó: infórmele al despacho si ustedes utilizaban algún
documento, alguna prenda o algún carnet o lo que fuera que los distinguiera como trabajadores del órgano, en caso de
que prenda y en relación con, digamos, la instrumentación y todo lo que ustedes requieren para ejercer su labor. ¿Quién
les daba esos elementos? Contestó: Claro doctora, porque nosotros solamente para ingresar al hospital teníamos que
portar bata y la bata estaba marcada con hospital regional de la orinoquía. Teníamos que utilizar carnet (…)»
El señor Sneyder Manotas Solano indicó: «Los implementos que siempre nos entregaba el hospital a todos los
especialistas, era primeramente un carnet en el cual estaba la foto de cada especialista, el nombre, el grupo sanguíneo,
la especialidad y también nos entregaba una bata blanca en la cual estaba el logotipo del hospital (…)».
75
Índice 08 del aplicativo SAMAI primera instancia.
76
Sentencia de 19 de junio de 2025; Sección Segunda, Subsección A, radicado 05001-23-33-000-2016-02485-01 (0468-
2025) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.
77
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que aquella estuvo contratada mediante contratos de prestación de servicios, en
el certificado GTH-17-2022-191 expedido el 23 de mayo de 202278.
69. Sin embargo, la Sala se aparta de este criterio, pues de la descripción de
las obligaciones registradas en ese certificado79 no se observa que dentro de
ellas se incluyeran actividades relacionadas con la especialidad de pediatría; lo
que se corrobora con el hecho de que la entidad certificara que durante los años
2008 – 2016 no existió personal de planta que realizara las funciones en dicha
área de la medicina80. Por lo tanto, no es posible concluir que la demandante
realizara las mismas labores que un profesional de planta de la ESE.
70. Asimismo, esta instancia no comparte el criterio de la sentencia recurrida
referente a que, comoquiera que el demandante realizó actividades misionales a
la ESE por más de 8 años, ello conduce a que se configure la existencia de la
relación laboral. Al respecto, debe recordarse que el ordenamiento jurídico
nacional permite que las entidades del Estado cumplan con el cometido que les
fue asignado excepcionalmente con personas distintas a las que integran su
planta de personal, mediante la suscripción de contratos de prestación de
servicios, cuando: (i) las actividades requieran conocimientos especializados; o
(ii) —como ocurre en este caso— no pueden ser desarrolladas por el personal
de planta.
71. De suerte que era la demandante quien le correspondía comprobar los
elementos esenciales de la relación laboral, ya que la sola misionalidad del
servicio no la configura, puesto que el ordenamiento jurídico permite la
celebración de contratos de prestación de servicios precisamente para acometer
objetivos institucionales en los casos autorizados por la ley.
72. Por consiguiente, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código
General del Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era
a la actora quien debía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
78
Índice 38 del aplicativo SAMAI primera instancia.
79
Dentro de las obligaciones que se detallan en este certificado como realizadas por el cargo de médico especialista se
encuentran las siguientes: ««Cumplir con el acto profesional de la atención médica a los pacientes con autonomía
profesional, teniendo en cuenta la relación personalizada entre el profesional de la salud y el paciente y conservando en
las actuaciones y acciones una conducta profesional regida por la ética y responsabilidad. 2. Desarrollar el ejercicio
profesional y de la especialidad, teniendo en cuenta valores y principios humanidad, dignidad, responsabilidad, prudencia
y secreto profesional en la prestación del servicio. 3. Realizar la atención médica especializada, establecer el diagnóstico,
prescribir el tratamiento, impartir las recomendaciones y el control para la recuperación y rehabilitación del paciente. 4.
Responder con ética y científicamente, a las solicitudes de valoración e Inter consulta que se 5. requiera para los pacientes
de los diferentes servicios del Hospital. Pasar revista médica diaria e individual a los pacientes hospitalizados o de
observación en urgencias e informar oportunamente al paciente, familia ylo Jefes, el estado o evolución del mismo. 6.
Desarrollar actividades académicas que apoyen el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud producidos y
vendidos por el Hospital. 7. Elaborar, actualizar y poner en práctica las guías y protocolos de manejo de su especialidad
en el servicio respectivo y según la patología del paciente. 8. Remitir y diligenciar la contrarreferencia en forma adecuada
y según protocolos y guías de manejo, de los pacientes que por su patología, crisis, riesgo y cuidado, le corresponda.
Hacerle seguimiento y una vez se haya llevado a cabo la contrarreferencia, mantenerlos bajo su cuidado o instruir a los
médicos generales del Hospital o del área departamental, sobre el cuidado y manejo. 9. Realizar la vigilancia
epidemiológica sobre los factores de riesgo para la población y de probabilidad de infecciones intrahospitalarias en los
servicios e instalaciones locativas, e informar a la persona competente en el Hospital sobre las patologías de notificación
obligatoria presentadas en los servicios. 10. Participar en el diseño, desarrollo, implementación y control del Plan de
urgencias emergencias que lidera el Centro Regulador de Urgencias del Hospital de Yopal»
80
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relación encubierta que alegó que existió entre su persona con el ente
demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal
y como se ha sostenido la Subsección en casos precedentes81.
73. Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral,
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma
autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las
órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que estos impusieran»82.
74. Por tanto, al no probarse la subordinación realizadas por la demandante,
los planteamientos esbozados en el recurso tienen vocación de prosperidad. De
modo que se revocará la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, no
se estudiará el segundo problema jurídico.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
81
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.
82
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.
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78. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias
a la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Casanare.
79. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones, en su lugar, NEGARLAS, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias a la parte
demandante, conforme la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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