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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1966-2022

Fecha
23 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1966-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

VI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: ANULAR de la cláusula PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRÍO del laudo arbitral del 26 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA –SINTRALIMENTICIA- y SINDICATO DE TRABAJADORES DE SETAS COLOMBIANAS S.A. –SINTRASETAS-, y la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. única y exclusivamente las expresiones «Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000)». No se anula lo demás. SEGUNDO: Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1966-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de marzo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1966-2022

Radicación n.° 92101

Acta 10

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. contra el laudo arbitral del 26 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA –SINTRALIMENTICIA- y SINDICATO DE TRABAJADORES DE SETAS COLOMBIANAS S.A. –SINTRASETAS-, y la recurrente.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución n.° 2358 del 7 de septiembre de 2021, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA –SINTRALIMENTICIA- y SINDICATO DE TRABAJADORES DE SETAS COLOMBIANAS S.A. –SINTRASETAS- y la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A.

II. LAUDO ARBITRAL

El respectivo laudo arbitral fue emitido el 26 de octubre de 2021.

Los árbitros sostuvieron que: (i) se ocuparon en principio de estudiar su competencia para dirimir el conflicto colectivo, materia sobre la cual encontraron configurados todos los elementos estructurales de la misma, conforme lo establece la Ley y lo tienen bien analizado y definido por la doctrina y la jurisprudencia en nuestro medio; (ii) se declararon competentes teniendo en cuenta la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo mediante el cual se constituyó el tribunal de arbitramento, y que se agotaron las etapas legales previas sin que se resolviera el conflicto colectivo de trabajo; (iii) las decisiones deben adoptarse con criterio racional y enmarcarse dentro de la equidad, que es ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual supone considerar la situación especial en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto, de tal forma que se logre la protección de los trabajadores, pero simultáneamente se salvaguarden los intereses de la entidad empleadora, sin poner en riesgo su estabilidad económica y su continuidad; (iv) al momento de proferir el laudo arbitral en un conflicto económico, deben proceder a un estudio tanto de la situación económica y administrativa de la entidad empleadora, así como de las pretensiones contenidas en el pliego de peticiones de las organizaciones sindicales, su número de afiliados y el impacto que la decisión de las solicitudes pueda tener en el futuro de las relaciones entre las partes, dado que la principal finalidad de las convenciones colectivas, a la par de la mejora en las condiciones de trabajo de los beneficiados por ellas, debe ser procurar y llevar paz laboral al ámbito de las empresas; (v) procedieron a un análisis particular de la situación, encontrando como hechos fundamentales relativos a las organizaciones sindicales que se trata de sindicatos minoritarios, en una empresa que cuenta con más de 400 trabajadores, de los cuales únicamente 28 se encuentran multiafiliados -todos ellos a ambas organizaciones, y que el presente no es el primer conflicto colectivo entre los sindicatos y la sociedad empleadora, por lo que cuentan con instrumentos colectivos, convenciones y/o laudos, anteriores al presente laudo; (vi) en lo que toca con la empresa, encontraron que ella ha sido necesariamente afectada por el complejo momento de incertidumbre general por el que atraviesa la economía a nivel mundial por efectos de la pandemia de la Covid-19, situación a tenerse en cuenta al momento de tomar las determinaciones finales, y (vii) en esa medida orientó las soluciones a procurar no gravar las finanzas de la empresa, de modo que se puedan garantizar su sostenibilidad y la conservación de los puestos de trabajo.

III. RECURSO DE ANULACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A.

Según informe secretarial, los sindicatos no presentaron oposición alguna.

La impugnante pretende la anulación de las siguientes cláusulas: (i) Aumento de salario, y (ii) Prima o bonificación por frío.

Aumento salarial

Pliego de peticiones

PETICIÓN 21: AUMENTO DE SALARIOS. La EMPRESA SETAS COLOMBIANAS S.A, incrementara en un quince por ciento (15%) el salario actual devengado por cada uno de sus trabajadores a partir del primero (1°) de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019). Como garantía para los trabajadores de SETAS COLOMBIANAS S.A, sus salarios y prestaciones no podrán ser desmejorados, por ningún cambio normativo, legislativo o por motivo de reformas laborales que se llegasen a aprobar.

Laudo arbitral

AUMENTO DE SALARIOS La empresa incrementará los salarios básicos de los trabajadores beneficiarios del presente laudo, de la siguiente manera: - A partir del 1 de enero del 2022, en un porcentaje igual al IPC (índice de precios al consumidor) certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior o al porcentaje en el que el Gobierno Nacional aumente el salario mínimo mensual para el año respectivo, el que sea mayor entre ambos, más dos puntos porcentuales (2%); - A partir del 1 de enero del 2023, en un porcentaje igual al IPC (índice de precios al consumidor) certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior o al porcentaje en el que el Gobierno Nacional aumente el salario mínimo mensual para el año respectivo, el que sea mayor entre ambos, más dos puntos porcentuales (2%)

Argumentos del tribunal de arbitramento:

Respecto de la petición 21 del pliego (AUMENTO DE SALARIOS), por unanimidad se decidió disponer aumentos de salarios, a partir del 1 de enero del 2022, en un porcentaje igual al IPC (índice de precios al consumidor) certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior o al porcentaje en el que el Gobierno Nacional aumente el salario mínimo mensual para el año respectivo, el que sea mayor entre ambos, más dos puntos porcentuales (2%); y a partir del 1 de enero del 2023, en un porcentaje igual al IPC (índice de precios al consumidor) certificado por el DANE correspondiente al año inmediatamente anterior o al porcentaje en el que el Gobierno Nacional aumente el salario mínimo mensual para el año respectivo, el que sea mayor entre ambos, más dos puntos porcentuales (2%). Lo anterior, por considerarlo equitativo y adecuado en el caso concreto y teniendo en cuenta que los trabajadores beneficiarios del presente laudo no han dejado de tener incrementos salariales en los últimos años, incluido el 2021.

Argumentos de la sociedad recurrente

Asevera que la decisión supera todo criterio de equidad, ya que en relación a la asignación de cargas hubo una desatención total del estado de la Empresa y la realidad de la industria, mercado y economía, especialmente de sus resultados financieros, sus utilidades; es así como, imponer beneficios económicos derivados directamente del desarrollo operativo y cargas salariales que incluso superan al sector con mayores ingresos del país, como lo es el financiero, claramente hace que algunos aspectos del laudo arbitral sean manifiestamente inequitativos.

Frente a esta disposición, el laudo arbitral incurre en una falta al omitir considerar el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia de esta Corte en torno a beneficios, incluyendo incrementos manifiestamente inequitativos.

En ese sentido, es pertinente señalar que:

[…] la Compañía ha afrontado, en el último año, una disminución de sus ingresos en el orden del 31 ,3% frente al momento en que se presentó el pliego de peticiones, es más, para el año 2018 en el cual no era posible esto, mucho menos lo es ahora, en un escenario incluso post pandémico, con un costo laboral altísimo como el ya descrito, por ello resulta equitativo un incremento del IPC+2, más aún, cuando los trabajadores no tienen ningún desequilibrio económico en su remuneración, ni en el pasado se ha omitido incrementos negando la movilidad de sus salarios.

Agrega que la ruptura del equilibrio económico no solo se sustenta en lo previamente expuesto, la disminución de ingresos y de la utilidad, sino en el análisis de mercado, por cuanto el incremento previsto por los árbitros del IPC+2, con un IPC proyectado por el Banco de la Republica para el año agosto de 2021 de 4.22%, más 2% conlleva a que el incremento sea para esta empresa de 6.22%, esto sólo en el primer año.

Sin embargo, según el mercado este incremento únicamente se ha pactado, es decir, es producto de las facultades de las partes y ha quedado consignado en las convenciones colectivas, pero, no impuesto en laudos arbitrales, en la situación actual de algunas compañías, esto desatendería su situación «particular y sus límites propios de acuerdo a su presupuesto, pues, este incremento de IPC +2, solo está presente para los sectores más robustos económicamente, como es el sector financiero, en donde los ingresos de mi representada en relación con los de la industria son totalmente diferentes. Pues SETAS solo alcanzó en el año 2020 $61.372.344 de pesos y utilidades y para el mismo periodo de cierre, las empresas que se han obligado a incrementos de esta categoría cuentan con ingresos de $22. 724.490.896 de pesos».

Esta cifra,

que se resalta de $22.724.490.896 de pesos, se puede verificar en los informes que se aportan como soporte y de donde se extrae que, en el PYG acumulado en las cuentas a corte del 31 de diciembre de 2020, los ingresos operaciones (código 400.000) de los Bancos, en miles de pesos fueron de:

1 BANCO DE BOGOTÁ: 22.724.490.896

2 BANCO POPULAR: 5.838.028.623

6- ITAÚ: 10.221.494.431

7 BANCOLOMBIA: 62.904.536.376

9 CITIBANK: 3.648.104.235

12 BANCO GNB SUDAMERIS: 2.072.872.963

13-BBVA COLOMBIA: 34.260.870.969

23 BANCO DE OCCIDENTE: 12.914.899.147

30 BANCO CAJA SOCIAL S.A.: 2.152.255.895

39 BANCO DAVIVIENDA: 22.648.970.741

42 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.: 9.896.130.979

53 BANCO W S.A.: 577.998.723

54 BANCOOMEVA: 673.245.372

55 FINANDINA: 497.052.498

56 BANCO FALABELLA S.A.: 1.210.026.666

57 BANCO PICHINCHA: 477.054.812

58 COOPCENTRAL: 96.063.882

59 BANCO SANTANDER: 1.170.758.980

60 BANCO MUNDO MUJER S.A.: 641.105.800

62 MIBANCO S.A.: 320.480.108

63 BANCO SERFINANZA S.A.: 541.092.621

Por lo anterior, es claro que un incremento de IPC +2 es abiertamente inequitativo para mi representada, pues, no tiene ingresos cercanos ni similares a esta industria, luego, este aumento salarial golpea de manera incalculable a la empresa, que ya tuvo varios impactos que no pudo resistir ni prever como lo fue la emergencia sanitaria y las inversiones no previstas.

Ahora, con estos cierres del año 2020, los incrementos salariales previstos para la industria Bancaria para vigencias 2022 y 2023 son:

2022

2023

Banco Av Villas

IPC+2.30

IPC+2.5%

Banco BBVA

6.9%

IPC+2.3%

Banco Popular

IPC+2.30

IPC+2.5%

Banco ITAU

6.87%

IPC+2.3%

Bancolombia

IPC+2.5

Banco de Bogotá

IPC+2.3

IPC+2.5%

Banco Mundo Mujer

5.5%

IPC+2

Por lo anterior, claramente se ve identificada una inequidad manifiesta, pues, SETAS COLOMBIANAS S.A. no es una Empresa con altos ingresos como un Banco, sino pertenece al sector de los alimentos, donde los incrementos han sido solamente del IPC.

Por ello, este laudo arbitral además de no contemplar los ingresos de la Empresa, sus utilidades, ni la realidad de la industria de las productoras de Champiñones, en donde es una clara tendencia la disminución de los ingresos, razón por la cual, es inequitativa, e incluso se advierte que sus utilidades no cubrirían un incremento salarial que impactan su costo operacional, más aún por cuando este laudo es para afiliados presentes y futuros de la organización sindical, cuando lo cierto es que este tipo de aumento solo se ven en sectores que tienen ingresos por el orden de 201 billones de pesos, frente a una empresa que únicamente tiene ingresos de COP $61.372.344.

Es por lo mencionado que, se deben tener en cuenta las precisiones que ha hecho la Corte con relación a los incrementos salariales y proceder con su anulación.

Es así como, evidentemente el Tribunal no tuvo en cuenta la situación económica y financiera de la Compañía.

En su sentir, el tribunal de arbitramento omitió completamente observar los argumentos expuestos por la Compañía, al contrario, decidió un incremento en contra del bienestar de las finanzas de esta. Por esta razón, «es dable solicitar la ANULACIÓN del artículo del Laudo Arbitral denominado “AUMENTO DE SALARIOS”».

IV. CONSIDERACIONES

Como se observa, en estricto rigor, son dos los pilares sobre los que se cimienta la inconformidad de la sociedad recurrente, al estimar que la decisión supera todo criterio de equidad: (i) hubo una desatención total del estado de la Empresa y la realidad de la industria, mercado y economía, especialmente de sus resultados financieros, sus utilidades, e (ii) imponer beneficios económicos derivados directamente del desarrollo operativo y cargas salariales que incluso superan al sector con mayores ingresos del país, como lo es el financiero.

1º. Hubo una desatención total del estado de la Empresa y la realidad de la industria, mercado y economía, especialmente de sus resultados financieros y sus utilidades

1.1 Es doctrina de esta Corporación que en el recurso de anulación se confronta el fallo arbitral con la constitución, la ley o los instrumentos colectivos vigentes, y se anulan aquellos fallos arbitrales que afectan los derechos o facultades de las partes, consignados en esas normas. Dentro de esta confrontación es posible que surja con claridad y evidencia que se ha roto el equilibrio social entre empleadores y trabajadores en forma tal que ponga en peligro la estabilidad económica de la empresa o la subsistencia de los trabajadores, además, de que podría implicar la violación de normas constitucionales o legales (sentencia CSJ SL, del 5 de oct. 1982, rad. 8929). Pero en el asunto bajo escrutinio no se observa, primae facie, este último aspecto y, por ende, la Sala no halla razones legales ni de hecho para anular la disposición bajo examen, toda vez que, en puridad de verdad, la misma no fue adoptada a espalda de la realidad financiera de la sociedad recurrente.

Lo precedente por cuanto, bien se aprecia que el organismo arbitral fue enfático en advertir, entre otras cosas, que la decisión tendría en consideración: (i) el criterio racional y enmarcarse dentro de la equidad, que es ponderación, proporcionalidad y razonabilidad, lo cual supone estimar la situación especial en que se encuentran las partes involucradas en el conflicto, de tal forma que se logre la protección de los trabajadores, pero simultáneamente se salvaguarden los intereses de la entidad empleadora, sin poner en riesgo su estabilidad económica y su continuidad; (ii) al momento de proferir el laudo arbitral en un conflicto económico, deben proceder a un estudio tanto de la situación económica y administrativa de la entidad empleadora, así como de las pretensiones contenidas en el pliego de peticiones de las organizaciones sindicales, su número de afiliados y el impacto que la decisión de las solicitudes pueda tener en el futuro de las relaciones entre las partes, dado que la principal finalidad de las convenciones colectivas, a la par de la mejora en las condiciones de trabajo de los beneficiados por ellas, debe ser procurar y llevar paz laboral al ámbito de las empresas; (iii) en lo que toca con la empresa, encontraron que ella ha sido necesariamente afectada por el complejo momento de incertidumbre general por el que atraviesa la economía a nivel mundial por efectos de la pandemia de la covid-19, situación a tenerse en cuenta al momento de tomar las determinaciones finales, y (iv) en esa medida orientó las soluciones a procurar no gravar las finanzas de la empresa, de modo que se puedan garantizar su sostenibilidad y la conservación de los puestos de trabajo.

Igualmente, conviene sobremanera poner de resalto que los árbitros, puesta la mirada en lo anterior concedieron unas prebendas consagradas en el pliego de peticiones y negaron otras, lo que apunta a inferir, sin hesitación alguna, que efectivamente estudiaron y analizaron el material persuasivo allegado por los protagonistas sociales durante el trámite arbitral y la real dimensión de la situación económica de la impugnante.

De suerte que el tribunal explicó palmariamente en el laudo arbitral las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad, ponderación, proporcionalidad y razonabilidad.

1.2 Es menester traer a colación lo explicado por la Corte en sentencia CSJ SL22028-2017, en cuanto a que dado que la negociación colectiva, y como parte de ella, ante lo infructuoso de la gestión directa de las partes, el derecho de obtener del laudo arbitral el incremento salarial, es una posibilidad que se enmarca dentro del derecho garantizado por el artículo 55 de la Constitución Política, pues es palmario que tiene un objetivo esencial: mejorar las condiciones de trabajo y, en ese contexto, no tiene razón la sociedad recurrente al indicar que los incrementos salariales solo deben ser fruto de la autocomposición de los interlocutores sociales.

1.3 Atinente a los incrementos salariales, en primer lugar, repárese en que la empresa, en virtud del Pacto Colectivo 2019-2021-, incrementó los salarios básicos de los trabajadores beneficiarios del mismo «cuyos salarios sean superiores al salario mínimo legal o al salario mínimo convencional, anualmente y durante la vigencia de este pacto, tomando el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC), total nacional, certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior + 1.0 puntos», lo que, a no dudarlo, denota a las claras que la diferencia entre lo allí acordado y lo instituido en el laudo arbitral no se exhibe abismal o significativa y para «el segundo y tercer año de vigencia del presente pacto colectivo serán definidos por la Empresa. Dichos incrementos serán superiores al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor Pacto Colectivo de Trabajo 2019 - 2021 (IPC), total nacional, certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior», es decir, que el incremento para dichas anualidades se pactó por encima del IPC.

Pero también, resulta insoslayable que, desde diciembre de 2018, cuando los trabajadores presentaron pliego de peticiones la empresa les ha incrementado el salario en los siguientes porcentajes: para 2018 IPC+1,81; 2019 IPC+1,72; 2020 IPC+1,2; y 2021 IPC+0,94.

Entonces, recapitulando. Determinar un incremento salarial sobre el referente histórico que ha venido efectuando la empresa a sus trabajadores, en verdad no luce desproporcionado o inequitativo, menos cuando, como se asentó, el tribunal de arbitramento buscó mantener el equilibrio económico en las relaciones de las partes en aras del mejoramiento de las condiciones de la empresa como las de sus trabajadores. E incluso tuvieron en cuenta que los sindicatos son minoritarios «en una empresa que cuenta con más de 400 trabajadores, de los cuales únicamente 28 se encuentran multiafiliados -todos ellos a ambas organizaciones», es decir, efectivamente observaron el número de trabajadores que se benefician del aumento salarial y, en fin, del laudo arbitral.

Por lo tanto, el incremento salarial dispuesto por el tribunal de arbitramento puede considerarse razonable y proporcionado sin que se exhiba del mencionado aumento elementos negativos que puedan afectar notoriamente en el campo económico a la sociedad recurrente.

1.4 Debe quedar muy claro que el empleador tiene el respaldo legal al momento de cumplir con lo ordenado en el laudo, de tener en consideración los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento y no afectar el «espíritu de coordinación económica y equilibrio social».

2º) Imponer beneficios económicos derivados directamente del desarrollo operativo y cargas salariales que incluso superan al sector con mayores ingresos del país, como lo es el financiero

Para dar respuesta a este planteamiento solo basta acudir a lo explicado en la sentencia CSJ SL5887-2016, reiterada, entre otras, en la CSJ SL1573-2021, en torno a que los árbitros, en aras de ofrecer soluciones justas y equilibradas, no están obligados a consultar, necesariamente, los salarios promedio del sector o de la industria en la cual se encuentre inserta la empresa. Para tal fin, también pueden acudir a otros parámetros, igualmente válidos, como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo.

De manera que, si bien los referentes salariales en el mercado son un factor importante para la fijación de los incrementos, no es el único, pues existen otros criterios relevantes a la hora de establecer la conveniencia de aumentar los sueldos. Por ello, su falta de utilización en un caso concreto no puede erigirse en un criterio concluyente para evaluar la justicia de la medida adoptada por los árbitros.

Siendo coherentes con lo discurrido, no existe mérito alguno para anular el canon arbitral que dispuso el aumento salarial.

2. Prima o bonificación por frío

2.1 Pliego de peticiones

PETICIÓN 25: PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRÍO. La Empresa pagará una prima o bonificación equivalente a un salario básico mensual vigente a cada trabajador que preste sus servicios en las cavas o cuartos fríos de la compañía. Adicional a esto la Empresa les instalará a estos trabajadores una greca con bebidas calientes para que las consuman cada hora de acuerdo a como lo dice la norma.

Laudo arbitral

PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRÍO Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000). De igual manera, la empresa instalará una greca con bebidas calientes para que sean consumidas por éstos durante su jornada laboral.

Argumentos del tribunal de arbitramento

Respecto de la petición 25 (PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRÍO) del pliego, por mayoría se decidió acceder a ella, pero en la forma prevista en la parte resolutiva del presente Laudo Arbitral, por considerar equitativo que la empresa otorgue una prima bonificación a quienes laboran en cavas refrigeradas o frías. El Dr. Pedro Luis Franco salvó el voto frente a esta decisión. La segunda solicitud contenida en dicha petición se resuelve por unanimidad, en el sentido de concederla.

Argumentos de la sociedad recurrente

Arguye que no basta con evaluar la cantidad de afiliados a las Organizaciones Sindicales y el impacto que puede tener la prima en temas económicos, el cual es evidentemente alto, sino que, se debe revisar el impacto que esta prima puede tener en consideración con los demás trabajadores de la Compañía, es ahí donde, primordialmente, se encuentra la manifiesta inequidad en la decisión, puesto que el tribunal no tuvo en cuenta la realidad actual de los demás trabajadores de la Compañía.

Adicionalmente, es una decisión ultra y extra petita, por cuanto:

[…] se falla por fuera de lo solicitado por las Organizaciones Sindicales y «por encima de lo solicitado, dado que se encuentra que la decisión de otorgar CUATRO primas durante la vigencia del Laudo Arbitral, en contraposición a UNA prima solicitada por

las Organizaciones Sindicales para su vigencia, es contrario a su competencia y se califica como una decisión ULTRA Y EXTRA-PETITA, que desborda sus competencias, además, véase «que los sindicatos solicitaron en el pliego el reconocimiento de un salario básico, pero el tribunal concedió $1.200.000 de pesos a las organizaciones durante la vigencia, es decir, dio más allá de lo pedido, como quiera que el salario básico de un trabajador es de $981.208 pesos, tal y como lo conocen los árbitros y se evidencia en la presentación realizada».

Pero, además, nótese que esta imposición supera las competencias de los árbitros en tanto estos definen una temperatura en este caso frío, e imponen con desconocimiento, si esta se puede o no calificar de esta forma, situación que claramente supera sus competencias pues es una facultad del empleador o, en su defecto, de la ARL o del estado definir qué es o no es frío.

V. CONSIDERACIONES

Como se puede observar, el descontento del recurrente con la decisión arbitral gravita sobre tres ejes: (i) la violación al principio de igualdad; (ii) fallo extra o ultra petita, y (iii) falta de competencia del tribunal de arbitramento en definir qué es o no frio.

1o) Violación al principio de igualdad

La aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados al organismo sindical (sentencias CSJ SL5296-2018, CSJ SL1689-2020, entre muchas), pues la ley laboral autoriza a los primeros a promover conflictos colectivos y adelantar negociaciones orientadas a la suscripción de convenciones colectivas para mejorar sus contratos de trabajo. De forma que, si en uso de esta posibilidad de negociación y suscripción de acuerdos colectivos, un trabajador sindicalizado obtiene un valor agregado en sus condiciones de empleo a diferencia de otros trabajadores no asociados, ello no es ilegítimo; por el contrario, el Derecho lo permite y, más aún, lo promueve en el marco de la política de estímulo a la libre asociación sindical, concertación laboral y trabajo decente (sentencia CSJ SL5887-2016).

2o) Fallo extra o ultra petita

Esta Corte, en reciente fallo CSJ SL5693-2021, explicó que, en lo tocante con la congruencia, o la imposibilidad de concederse extra o ultra petita por parte del tribunal de arbitramento, ha delineado las fronteras entre un entendimiento extremo, consistente en que debe la decisión arbitral coincidir con lo solicitado y, de otra parte, una posición más razonable, en cuanto deben mantener dichos contenidos, una consistencia o acople lógico en su naturaleza y propósito.

Allí también se dijo que el alcance del deber de sujeción del tribunal al pliego de peticiones o principio de congruencia, se ha delineado en los siguientes términos:

No es del todo cierto que los árbitros estén irreductiblemente obligados por el principio de congruencia, tal y cómo éste es entendido en materia procesal, ya que, como lo ha expresado la Corte reiteradamente, entre otras decisiones, en la sentencia de homologación del 24 de septiembre de 1990, la circunstancia de que el Tribunal de Arbitramento esté obligado a pronunciarse sobre las peticiones contenidas en el pliego que presenta el sindicato para obtener que se celebre una convención colectiva o se modifique la ya existente -o el presentado por los trabajadores coligados que pretenden la celebración de un pacto colectivo de trabajo- no significa que los arbitradores que lo integran estén inexorablemente obligados a conceder lo pretendido por la organización sindical o por el grupo de trabajadores, o que necesariamente deban hacerlo en los términos en que fue pedido en el pliego, por cuanto ellos, actuando como amigables componedores que son, pueden, “según la equidad se los aconseje, inclinarse por aceptar en su integridad la petición sindical o rechazarla totalmente, como igualmente pueden conceder de manera parcial la solicitud contenida en el pliego de peticiones o, inclusive, sustituirla adoptando en cambio una fórmula que les parezca más equitativa por consultar no sólo los intereses de los trabajadores sino también los del patrono”. (Gaceta Judicial, Tomo CCVI, segundo semestre 1990, pág. 360).

Sentadas las anteriores premisas sobre las facultades de los árbitros, que tienen como límite el marco de congruencia entre lo pedido y lo concedido, ha de indicarse que la solución brindada estuvo inspirada en la equidad y con la finalidad de lograr un mejoramiento en las relaciones laborales mediante la constitución de una prerrogativa que si bien, no fue la original peticionada, sí tuvo la misma finalidad y estableció más precisas medidas en su otorgamiento en cuanto a valor, periodicidad, control y necesidad a la petición inicial. En consecuencia, sus decisiones no pueden ser modificadas, salvo una manifiesta inequidad, la que no se observa en el presente caso […]

Para este caso, es claro para la Corte que el Tribunal de arbitramento bien pudo dentro de su competencia utilizar una variable, reforma o modificación necesaria a efectos de producir en este punto una decisión que no afectara el principio de equidad, pero, en lugar de ello, estableció una prerrogativa que no guarda simetría o correspondencia alguna con lo pedido, por manera que, lo concedido perdió el marco de congruencia en el que tal órgano se puede mover y, con ello, violó no solamente la competencia que le fue asignada sino la equidad debida a las prerrogativas del laudo arbitral.

De manera que, la casuística y la teleología de las prerrogativas son francamente disímiles, lo que conduce a concluir que, entre ambas, y en el marco de lo podido y lo concedido, no se guarda congruencia alguna». (CSJ SL3592-2020).

Así mismo, respecto a la congruencia y los alcances extra y ultra petita en la decisión arbitral, memoró que:

conceder un beneficio en términos diferentes a los solicitados en el pliego, pero en el marco o límite de lo pedido, no configura un fallo extra ni ultra petita o violatorio del principio de congruencia. De hecho, con el propósito de resolver el conflicto, los árbitros tienen plenas facultades de adecuar de la mejor manera posible las peticiones del sindicato, de tal forma que resulte razonable y proporcionada su resolución en equidad […].

Así las cosas, los árbitros no se alejaron del marco de lo pedido por el sindicato, pues advirtieron la intención de este en cuanto obtener un margen amplio de permisos para los trabajadores sindicalizados de la empresa, pero los concretaron a los miembros de la Junta Directiva de la organización sindical y los que integraran la comisión de quejas y reclamos de la entidad empleadora en un supuesto claramente determinado, y cualquier otro permiso adicional lo sujetó al acuerdo entre las partes.

Por tanto, el Tribunal no violó el principio de congruencia ni extralimitó sus facultades, de modo que no se anulará esta cláusula. (CSJ SL2008-2021)

En síntesis, enseñó que el análisis de las concesiones ultra y extra petita y el alcance de la congruencia, considera que los árbitros no están inexorablemente obligados a conceder lo solicitado en los mismos términos en que fue pedido, de modo que pueden concederlo de manera parcial o sustituirlo por una fórmula más equitativa, que mantenga la misma finalidad, o una variable, reforma o modificación que guarde simetría o correspondencia con lo pedido, y cuya casuística y teleología no sean disímiles; que pueden otorgar un beneficio en términos diferentes a lo solicitado, pero dentro de su marco o límites, lo que no configura un fallo extra ni ultra petita; y que pueden acoger, bajo una presentación distinta las peticiones y adoptar determinadas modulaciones.

Bien valió la pena traer a colación la precedente línea de pensamiento para advertir que en el presente asunto tiene razón la sociedad recurrente en cuanto que el tribunal de arbitramento desbordó la competencia pues la cláusula arbitral fue más allá de lo pedido y, en ese contexto, se alejó de los lineamientos trazados por la jurisprudencia citada. Lo precedente según se analiza a continuación:

a) El sindicato anexó documento por medio del cual le dio a conocer al tribunal de arbitramento que para el año 2021 los trabajadores sindicalizados devengaban un salario básico mensual de $981.208.

b) En el pliego de peticiones los trabajadores fueron palmarios en pretender que la prima o bonificación por frío fuese equivalente a un salario básico.

c) El tribunal de arbitramento dispuso que durante «la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000)».

d) Los árbitros determinaron la vigencia del laudo arbitral en dos años.

De manera que, si bien el cuerpo arbitral tiene competencia para otorgar y adecuar el beneficio solicitado y buscar diferentes fórmulas equitativas, lo cierto es que en los términos como quedó establecida la prima o bonificación por frío desborda el monto total de lo pretendido por la organización. Lo anterior, porque si se realiza una simple operación aritmética en cuanto a que si el empleador debe reconocer $300.000 cada seis meses durante la vigencia del laudo arbitral, ello traduce que durante los dos años debe reconocer un monto de $1.200.000,oo, es decir, por encima del deprecado por los trabajadores que tenían como tope el salario básico que, como se memora, para el año 2021 correspondía a $981.208.

Entonces fluye palmario que el canon arbitral fue ultra petita, afectando la competencia de los árbitros.

En el horizonte trazado, se anularán de la cláusula PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRIO, única y exclusivamente las expresiones «Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000)».

3o) Falta de competencia del tribunal de arbitramento en definir qué es o no frio

Para dar respuesta a este planteamiento baste decir que la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. no puede desconocer que efectivamente sí hay trabajadores que prestan sus servicios en áreas de producción con Temperaturas Equivalentes de Enfriamiento, tal como se infiere del Informe de Evaluaciones Ambientales de Temperatura - Equivalente de Enfriamiento elaborado por la ARL SURA y allegado al expediente arbitral por la empresa, y, sin lugar a dudas, a esas zonas de trabajo son a las que se refiere el laudo, lo que descarta de plano que fuesen los árbitros los que definieron las áreas de producción de la empresa en condiciones de trabajo en ambientes fríos. Esto se extrae de tal documento:

2.5 Normas y Reglamentos Utilizados Para la realización del estudio, se tuvo en cuenta lo estipulado en los TLV´s 2015 de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), los cuales son los más utilizados a nivel mundial, y establecen que para el cálculo de las condiciones de trabajo en ambientes fríos, es necesario determinar el índice de Temperatura Equivalente de Enfriamiento. Este índice, hace referencia a las condiciones de estrés por frío, en lugares donde se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, sin efectos adversos para la salud. Estos Valores Limites Permisibles, se basan en la presunción de que casi todos los trabajadores aclimatados, completamente vestidos y que hayan ingerido una cantidad adecuada de agua, deben estar en la capacidad de realizar sus funciones de manera efectiva en las condiciones de trabajo dadas, sin que su temperatura corporal descienda de los 36°C. Los valores que determina la temperatura equivalente de enfriamiento se registran en la tabla Nº1 del presente informe, en cual se relaciona además la clasificación de la zona en la cual se encuentran los resultados obtenidos.

3. RESULTADOS Los resultados obtenidos de las Temperaturas Equivalentes de Enfriamiento en las áreas de producción, se relacionan en la Tabla 2, la cual contiene los siguientes datos: Punto de medición, Temperatura real encontrada en oC, la Velocidad del aire (Km/h) y la Temperatura Equivalente de Enfriamiento (oC).

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Entonces, siendo coherentes con lo explicado y teniendo en consideración que la empresa sabe perfectamente cuáles son las cavas refrigeradas o frías en donde sus colaboradores prestan sus servicios, no se anularán las expresiones «De igual manera, la empresa instalará una greca con bebidas calientes para que sean consumidas por éstos durante su jornada laboral».

Sin costas.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR de la cláusula PRIMA O BONIFICACIÓN POR FRÍO del laudo arbitral del 26 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA –SINTRALIMENTICIA- y SINDICATO DE TRABAJADORES DE SETAS COLOMBIANAS S.A. –SINTRASETAS-, y la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. única y exclusivamente las expresiones «Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000)». No se anula lo demás.

SEGUNDO: Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

(Salva Voto Parcial)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Empresa: Setas Colombianas S.A.

Sindicato: Sintrasetas

Radicación: 92101

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena.

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo parcialmente el voto, toda vez que, a mi juicio, la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación y, en tanto, considero que no debió anularse parcialmente la clausula relativa a la «bonificación por frio». Lo anterior, con fundamento en las siguientes razones:

1. Inequidad manifiesta como causal de anulación

Pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.

Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.

Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.

Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.

Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.

En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.

Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.

Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.

En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.

Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.

Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.

De modo que cuando la Sala juzga las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.

Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.

Lo anterior significa que la Corte únicamente puede juzgar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este último está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

En esa perspectiva, considero que debió rechazarse el argumento de la recurrente relativo a la inequidad con el cual perseguía la anulación de las cláusulas relativas a aumento de salario –petición 21- y prima o bonificación por frío –petición 25.

2. Anulación parcial de la prima o bonificación por frío

Para contextualizar, la organización sindical solicitó en el pliego de peticiones el reconocimiento de una prima por bonificación o frío, así:

La Empresa pagará una prima o bonificación equivalente a un salario básico mensual vigente a cada trabajador que preste sus servicios en las cavas o cuartos fríos de la compañía. Adicional a esto la Empresa les instalará a estos trabajadores una greca con bebidas calientes para que las consuman cada hora de acuerdo a como lo dice la norma.

Al respecto, los árbitros concedieron el beneficio en los siguientes términos:

Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará a los beneficiarios del mismo que laboren durante seis (6) meses continuos en cavas refrigeradas o frías, una prima o bonificación semestral por valor de trescientos mil pesos ($300.000). De igual manera, la empresa instalará una greca con bebidas calientes para que sean consumidas por éstos durante su jornada laboral.

La Sala por mayoría decidió anular parcialmente la cláusula, al considerar que «el tribunal de arbitramento desbordó la competencia pues (…) fue más allá de lo pedido»; dado que, si bien tenía competencia para conceder el beneficio solicitado, el monto concedido desbordaba el valor total que el sindicato pretendió.

Lo anterior, «porque si se realiza una simple operación aritmética en cuanto a que si el empleador debe reconocer $300.000 cada seis meses durante la vigencia del laudo arbitral, ello traduce que durante los dos años debe reconocer un monto de $1.200.000,oo, es decir, por encima del deprecado por los trabajadores que tenían como tope el salario básico que, como se memora, para el año 2021 correspondía a $981.208».

Ahora, en mi concepto, el Tribunal no se extralimitó en la concepción del beneficio ni concedió más de lo pedido, toda vez que en la solicitud no estableció una periodicidad en la cual debía reconocerse el mismo; por el contrario, el alcance de la petición se extendió a requerir «una prima o bonificación equivalente a un salario básico mensual vigente a cada trabajador que preste sus servicios en las cavas o cuartos fríos de la compañía», de modo que era completamente procedente el reconocimiento de la misma en cuantía de $300.000 semestrales como en efecto se hizo; sin que sea acertada la consideración relativa a que la misma debía tener como tope máximo un salario básico mensual -$981.208- durante toda la vigencia del laudo arbitral -2 años-.

Dejo así sustentada mi salvamento parcial de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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