JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
SL3660-2020
Radicación n.° 48107
Acta 33
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SIOMARA RACINE PESTANA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 25 de marzo de 2010, en el proceso que instauró la recurrente contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.
Se acepta el impedimento del magistrado OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR.
ANTECEDENTES
Siomara Racine Pestana llamó a juicio a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, con el fin de que se declarara que tiene derecho a la pensión de invalidez por enfermedad de origen profesional y, en consecuencia, se condenara a la demandada a reconocer y pagar la prestación, desde la estructuración de tal estado, el 27 de mayo de 2007, en cuantía no inferior al salario mínimo, así como a la indexación y los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas pensionales causadas.
Fundamentó sus peticiones en que el 19 de septiembre de 2007 solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez; que la demandada, mediante comunicación del 28 de febrero de 2008, rechazó su solicitud pensional; y que, para el 27 de mayo de 2007, fecha de estructuración de su invalidez, contaba con los requisitos previstos en el art. 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 1º de la Ley 860 de 2003, como se acredita en la relación de novedades de autoliquidación de aportes expedida por el ISS.
La contestación de la demanda presentada por Porvenir fue rechazada por extemporánea (f.º 43 y 44).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 18 de junio de 2009, corregido el siguiente 25 de junio, resolvió inaplicar el art. 1º de la Ley 860 de 2003 y aplicar el primigenio art. 39 de la Ley 100 de 1993; declaró no probadas las excepciones propuestas; y condenó a la demandada a reconocer y pagar a la demandante una pensión de invalidez a partir del 28 de noviembre de 2005, en cuantía de un salario mínimo legal vigente, con incrementos anuales y mesada adicional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por apelación de la demandada, mediante fallo del 25 de marzo de 2010, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolvió a Porvenir de las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia a la demandante.
El Tribunal indicó que la controversia gravitaba en torno a establecer cuál era la norma aplicable para definir la pensión de invalidez por riesgo común deprecada, si el art. 39 de la Ley 100 de 1993, antes de su modificación, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, o la vigente para la fecha de estructuración de la invalidez; que, conforme al dictamen emitido por Seguros de Vida Alfa SA (f.º 17), se estableció una pérdida de capacidad laboral a la demandante del 67.63%, estructurada el 27 de mayo de 2007; y que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante dictamen del 21 de noviembre de 2008, la determinó en un 68.50%, con fecha de estructuración el 28 de noviembre de 2005.
Señaló que, conforme al precedente de esta Corporación, sentado en la sentencia CSJ SL 34175, 9 jun. 2009, de la que transcribió apartes, en este caso no se dan las condiciones para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como lo estimó el a quo, por cuanto la estructuración de la invalidez se produjo en vigencia de la Ley 860 de 2003, el 28 de noviembre de 2005, norma frente a la cual ni el legislador ni la jurisprudencia contemplaron la aplicación de ese principio.
Consideró que la demandante debía acreditar un mínimo de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, sin que requiriera el requisito de fidelidad al sistema, tras haber sido declarado inexequible mediante la sentencia CC C-428-2009; que, de conformidad con las pruebas allegadas, cotizó en ese lapso, comprendido entre el 28 de noviembre de 2002 y el mismo día y mes de 2005, un total de 36.4 semanas, sin que se puedan computar las cotizadas al ISS entre el 11 de julio de 1997 y el 12 de octubre de 2002, por lo que no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.
Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y serán estudiados conjuntamente, por su identidad en la finalidad perseguida, en la proposición jurídica denunciada y en su demostración.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y por infracción directa, los artículos 48 y 53 de la CN.
Para sustentar la acusación, aduce que no discute que a la demandante se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 68.5%, estructurada el 28 de noviembre de 2005, y que cotizó 36.4 semanas antes de esa fecha; que se equivocó el Tribunal al negar la pensión con base en la jurisprudencia de esta Sala y no aplicar el principio de la condición más beneficiosa, por cuanto la norma modificada hizo más gravosa la situación de quienes reclaman pensión de invalidez; que el art. 39 de la Ley 100 de 1993 exigía 26 semanas cotizadas en el año anterior a la estructuración de la invalidez y, con la modificación de la Ley 860, se aumentó a 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la misma fecha, desconociendo lo previsto en los art. 48 y 53 de la CN; y que, de haber tenido en cuenta estas normas, el colegiado habría concluido el derecho a la prestación con la norma original y aplicado el principio de la condición más beneficiosa previsto en el canon constitucional.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y, por infracción directa, los artículos 48 y 53 de la CN.
Para sustentar la acusación, aduce las mismas razones que en el cargo anterior.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y, por infracción directa, los art. 39 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la CN.
Para la demostración del cargo se vale de los mismos argumentos expuestos en los anteriores.
RÉPLICA
Sostiene que como el Tribunal fundó su decisión en planteamientos de estirpe fáctico, dada la vía seleccionada, permanecen incólumes como base sólida de la decisión, por lo que deben desestimarse los cargos; que la jurisprudencia reiterada de esta Sala deja claro que las situaciones consolidadas en vigencia de la Ley 860 de 2003 deben regirse exclusivamente por su contenido, por lo que la demandante no tenía derecho a la prestación solicitada, acertando el juzgador al absolver a la demandada; que los requerimientos del art. 39 de la Ley 100 de 1993 eran más rigurosos que los del 1º de la Ley 860 y, por ello, no opera el principio de la condición más beneficiosa; y que la sentencia CC C-428-2009 declaró exequible el requisito de 50 semanas de cotización, por lo que los ataques no deben prosperar.
CONSIDERACIONES
El Tribunal centró las consideraciones de su decisión en que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, no era jurídicamente viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la situación que originaba el derecho reclamado, en este caso la estructuración de la invalidez, se consolidaba en vigencia de la Ley 860 de 2003, por cuanto dicha norma no establecía requisitos más gravosos y había superado el análisis de constitucionalidad en lo que toca con la exigencia de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez del afiliado, densidad de cotizaciones que no cumplía la demandante.
La censura radica su inconformidad en que, para desatar la controversia, debió aplicarse lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa contenido en el art. 53 de la CN, por cuanto la demandante cumplía con las exigencias previstas en la citada norma, mas no con las establecidas por la modificación contenida en el art. 1º de la Ley 860 de 2003.
Dada la vía por la que se encauzan los ataques, permanecen incólumes los supuestos fácticos establecidos por el Tribunal al desatar el recurso, esto es, que a la demandante le fue dictaminada una pérdida de capacidad laboral del 68.5%, con fecha de estructuración el 28 de noviembre de 2005, y que cotizó un total de 36.4 semanas en los tres años anteriores a esa fecha.
Conforme al reiterado criterio de esta Corporación, la norma aplicable para establecer el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez es la vigente para el momento en el que se estructura la pérdida de capacidad laboral que da lugar a ella, razón por la cual, como lo advirtió el ad quem, este asunto se regía por lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, lo sostenido otrora por la Sala, rememorado en la decisión impugnada, fue objeto de modificación y, excepcionalmente en la actualidad, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se admite la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior también en esos casos, siempre que el afiliado cumpliera los requisitos de aquella en el tiempo en que surtió efectos y, adicionalmente, en tiempo anterior a la estructuración de su invalidez, según las reglas de aplicación que han sido ampliamente desarrolladas.
En ese sentido, desde la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, con posterioridad a la decisión recurrida, se dejó sentada por esta Corporación la posibilidad de aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y las Leyes 797 y 860 de 2003, advirtiéndose que ello era posible siempre que en la fecha de la estructuración de la invalidez y en la de entrada en vigencia de la nueva norma, se cumplieran los requisitos de la disposición anterior, lo que para la pensión de invalidez se expresó así «[...] que para quienes hubieran dejado de cotizar al sistema, cuenten con 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produzca el estado de invalidez y, en segundo término, es menester que también registren un mínimo de 26 semanas de aportes en el último año a la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que comenzó a regir el 29 de diciembre de 2003 según el Diario Oficial No. 45.415».
El anterior criterio fue reiterado, precisado y limitado por esta Corporación, para el caso de la pensión de invalidez, en la sentencia CSJ SL2358-2017, reiterado recientemente, entre otras, en las providencias CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020 y CSJ SL3055-2020, en las que se ha mantenido sin variación. En la primera mencionada se precisó:
3. Recapitulación
Recapitulando, se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.
Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando.
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.
d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.
4. Combinación permisible de las situaciones anteriores
A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando
La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.
Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que de no verificarse este último supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado.
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó estaba cotizando
Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002.
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente será beneficiario de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosa. La Sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este último supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio.
En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situación jurídica concreta.
Lo anterior encuentra justificación en que la finalidad con la que se da aplicación al principio de la condición más beneficiosa, para determinar la causación de pensiones de sobrevivientes y de invalidez, es aminorar los efectos negativos y abruptos de un tránsito legislativo, cuando no se prevén regímenes de transición que cumplan con tal fin, respecto a quienes tienen una situación jurídica concreta que constituye una expectativa legítima de causación de la prestación, en caso de ocurrencia del respectivo siniestro, bien sea la muerte o el estado de invalidez del afiliado, teniendo en cuenta que la implementación de nuevos requisitos ocurre de manera intempestiva, siendo evidente la necesidad de permitirle al afiliado un periodo en el que pueda ajustar su expectativa a la nueva normativa, el que no puede ni debe ser indefinido, por cuanto, como mecanismo de transición, por su naturaleza es temporal, sin que pueda constituir una barrera a la potestad de configuración normativa del legislador en materia de seguridad social, que permite lograr el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho y de los principios del Sistema de Seguridad Social Integral.
Lo anterior sin desconocer que los art. 12 de la Ley 797 de 2003 y 1º de la Ley 860 de 2003, que en idéntico sentido reformaron los requisitos previstos en los art. 46 y 39 de la Ley 100 de 1993, respectivamente, para la causación de la pensión de sobrevivientes y la de invalidez, en su orden, fueron sometidos a control de constitucionalidad, mediante las sentencias CC C-556-2009 y CC C-428-2009, como consecuencia de lo cual se declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema, tras ser considerado regresivo, pero se mantuvo vigente lo relativo a la exigencia de 50 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores a la muerte del afiliado o a la estructuración del estado de invalidez, lo que no obsta para dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, en los términos en los que fue ampliamente analizado, previa verificación del cumplimiento de las precisas reglas fijadas por esta Corporación.
Conforme a lo hasta aquí expuesto, contrario a lo considerado por el ad quem, sí resulta jurídicamente viable en este asunto el estudio de la pretensión en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de cara al criterio actual de esta Sala, sin embargo, no hay lugar a casar la sentencia por cuanto, en sede de instancia, se llegaría a la misma decisión absolutoria, toda vez que se advierte que la demandante no cumple con las exigencias ya referidas para el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del aludido principio.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme a los periodos de afiliación y cotización acreditados en el proceso, que no fueron discutidos en las instancias ni en el recurso extraordinario, para el 29 de diciembre de 2003 la actora no se encontraba cotizando, ni contaba con 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a esa fecha (f.º 22, 29, 30 y 73 a 76), ya que efectuó aportes al extinto ISS desde julio de 1997 hasta agosto de 2001, como dependiente, luego cotizó a la misma entidad en los periodos de septiembre y octubre de 2002, como independiente, sin que se acrediten en este asunto cotizaciones pagadas desde ese periodo y hasta su afiliación a Porvenir en febrero de 2005.
En consecuencia, los cargos no prosperan.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación en tanto los cargos, aun cuando resultaron fundados, no prosperaron.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por SIOMARA RACINE PESTANA contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVAN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ANGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
centercenter00centercenter00