FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4189-2022
Radicación n.° 92724
Acta 39
Santa Marta (Magdalena), dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA MARTINA TORO GOYES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de mayo de 2021, en el proceso ordinario que promovió contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA al que se vinculó al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
I. ANTECEDENTES
María Martina Toro Goyes llamó a juicio a la Universidad de Antioquia, con el fin de que fuera condenada a reajustarle su pensión de jubilación «en forma anual, a partir del año 2000, y en los años subsiguientes, con un porcentaje mínimo del quince por ciento (15%) de la respectiva mesada pensional»; a las diferencias pensionales; indexación, y al pago de costas incluidas las agencias en derecho.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: estuvo vinculada a la convocada al proceso como trabajadora oficial, desde el 26 de febrero de 1962 hasta el 19 de enero de 1986; mediante Resolución n.° 049 del 9 de abril de 1986, la Universidad de Antioquia le reconoció pensión de jubilación, a partir del 20 de enero de ese mismo año; la precitada prestación se ha venido cancelando y tuvo como fundamento el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita para la vigencia 1976-1977, que en su artículo 15, dispuso:
[…] A partir de la vigencia de la presente Convención, la Universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar; se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la Convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación»; esta última ley, en su artículo 1º, consagró el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada
Precisó, que, en su parágrafo tercero, la misma disposición consagró que el porcentaje mínimo de aumento sería el 15% «de la respectiva mesada pensional para las pensiones equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto»; para el momento en que materializó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional a la accionante, se encontraban vigentes tanto la Ley 4ª de 1976 así como el artículo 15 del precitado acuerdo colectivo; la convocada ha cumplido con las obligaciones plasmadas en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, salvo en lo referente al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976; la pensión que disfruta nunca ha superado los 5 salarios mínimos legales mensuales vigente; los aumentos que han sido aplicados a la prestación económica de la actora son inferiores al 15% de la mesada pensional del año anterior, por lo que esta última presenta un déficit en su valor, y que agotó la reclamación administrativa el 30 de abril de 2012, la cual fue absuelta de forma contraria a sus intereses.
La Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones de la actora, propuso la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario a fin de vincular al Departamento de Antioquia; y las de mérito de adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad; falta de causa para pedir; inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la demanda; buena fe y prescripción.
Por auto del 29 de junio de 2018 se ordenó vincular al Departamento de Antioquia que, pese a ser notificado, no contestó la demanda.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 9 de octubre de 2019, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo de la parte accionante.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al conocer del asunto por virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 18 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Sin costas.
El colegiado, determinó como objeto de su pronunciamiento si era procedente el reajuste de la mesada pensional de la demandante, teniendo en cuenta la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la universidad demandada y el sindicato de trabajadores de la misma, así, indicó que no fue materia de discusión la existencia del instrumento colectivo, ni que a la actora se le reconoció una pensión convencional, a partir del 20 de enero de 1986, luego se remitió al artículo 15 de la Convención y al artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, la cual dijo que era aplicable a la época de suscripción de la convención, pero que solo podía serlo hasta la expedición de la Ley 71 de 1988 que dispuso que las pensiones serían reajustadas de oficio cada vez y en el mismo porcentaje del incremento al salario mínimo legal mensual, con lo que consideró que se eliminó el reajuste del 15%.
Añadió que el canon 1 del Decreto 2108 de 1992, aplicable al sector público, reguló que las pensiones de jubilación reconocidas con anterioridad al 1° de enero de 1989 que presentaren diferencias con los aumentos de salario, se reajustarían una sola vez a partir del 1° de enero de 1993, 1994 y 1995. Posteriormente, adujo que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 instituyó una nueva regla en virtud de la cual todas las pensiones se reajustarían anualmente de oficio el 1º de enero según la variación porcentual del IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. De esta manera concluyó:
[…] mal haría la Sala en entender que pensiones como la de jubilación de la demandante puedan ser reajustadas con una fórmula distinta a la que el Sistema General de Pensiones tiene establecido desde el año 1993, y con base en una norma que se encuentra derogada, así la Convención Colectiva que se aplique por ser de aquella época, remita expresamente a dicha disposición, pues la norma aplicable es la vigente al momento del reconocimiento pensional.
Por lo expuesto, confirmó la decisión de primer grado.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la decisión proferida por el juez de primer grado y, en su lugar, «acceda a las pretensiones formuladas en la demanda. Se provea así mismo sobre las costas en ambas instancias y las del recurso extraordinario».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado por la Universidad de Antioquia y pasa a decidirse.
VI. CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos «467, 479, 480 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (violación de medio); Artículo 1º, Parágrafo 3º de la Ley 4ª de 1976; artículo 14 de la Ley 100 de 1993» Así mismo, el «Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 3º, artículos 13 y 53 de la Constitución Nacional [sic]».
Como errores evidentes de hecho relaciona los siguientes:
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, FUE INCORPORADA, en su INTEGRIDAD y de manera INCONDICIONADA, a la Convención Colectiva de Trabajo, 1976-1977, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN ESTARLO, que la Ley 4ª de enero 21 de 1976, NO FUE INCORPORADA, en su integridad, a la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
DAR por demostrado, SIN estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta NO se plasmó la voluntad de las partes contratantes, de incorporar en su integridad la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR SU VIGENCIA.
NO dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 23 de marzo de 1976, entre la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y en las convenciones posteriores a ésta, SE plasmó la voluntad de las partes, de incorporar en su INTEGRIDAD la Ley 4ª de 1976 al Acuerdo Colectivo y de MANTENER o CONSERVAR SU VIGENCIA.
No dar por demostrado, ESTÁNDOLO, que el Acto Legislativo 01 de 2005, NO desconoció los derechos adquiridos de los pensionados.
DAR por demostrado, sin estarlo que el Acto Legislativo 01 de 2005, desconoció derechos adquiridos de los pensionados.
Afirma que los mencionados yerros provienen de la apreciación errónea de las «Convenciones Colectivas de trabajo allegadas al proceso con las respectivas constancias de depósito en el Ministerio del Trabajo».
Después de transcribir apartes de la sentencia impugnada, aduce que el juzgador, pese a que reconoce expresamente la vigencia del estatuto convencional, sustento del derecho pretendido «se resiste a darle el alcance pretendido a dicha norma extralegal, amparándose en la regulación legal, que sobre la materia se expidió con posterioridad al momento en que se causó y reconoció el derecho pensional, desconociendo, con tal postura el alcance jurídico que tiene la remisión normativa legal, llevada a la Convención Colectiva de trabajo», y que:
[…] independientemente del devenir o suerte que tenga la disposición de origen legal, adoptada como norma convencional, continúa vigente, pues desde el momento en que mediante la remisión que del mismo texto se hizo, pasó a formar parte del Acuerdo Colectivo de Trabajo, que por haber sido acogido sin condición ninguna, hace parte de los derechos colectivos extralegales, mismos que conservan vigencia mientras no sean objeto de variación por voluntad de las partes, a través de otro acuerdo convencional o de anulación […]
Añade que la Convención Colectiva de Trabajo, como fuente autónoma de derechos, introdujo el artículo 15 de la Ley 4ª de 1976; sin embargo, el sentenciador estimó que tal disposición fue modificada a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, y que la norma aplicable era el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con lo cual se apartó del principio constitucional de favorabilidad y de la línea jurisprudencial del órgano de cierre, y al efecto memora la sentencia CSJ SL13242-2014, y reproduce apartes de la decisión del 24 de agosto de 2000, radicado 14489.
Explica que la inclusión en un contrato colectivo de una ley, bien sea transcribiéndola literalmente, en forma total o parcial, o haciendo mención o remisión a ella, con la anotación de que se le dará aplicación, implica la incorporación de esta como derecho autónomo que, a partir de su inclusión en el contrato colectivo sigue las consecuencias propias de la Convención Colectiva de Trabajo y no las de la norma jurídica de carácter legal, pues pugna a la lógica y a la hermenéutica jurídica considerar que tal actuación no tiene ninguna significación ni implicación, porque la ley de por sí es obligatoria para las partes contratantes, además, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma jurídica, cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo.
Acota que, en contravía de los precedentes jurisprudenciales y del principio de favorabilidad, del in dubio pro operario, cuya aplicación no es optativa, sino imperativa, como expresamente lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, la sentencia gravada desconoce el carácter vinculante que tiene «la convención colectiva de trabajo para las partes, pese a la REMISIÓN inequívoca e incuestionada a la Ley 4ª de 1976, que hace la cláusula 15 de la Convención Colectiva, de la obligación de las partes de acogerla […] en toda su literalidad […] como mandato convencional […]».
Asevera que esta Sala se pronunció en una situación similar en la sentencia CSJ SL2845-2021, en un asunto de Electricaribe, y en casos específicos de la Universidad de Antioquia la CSJ SL3431-2021, CSJ SL1149-2022, luego de lo cual resalta que en el caso concreto «los argumentos y la decisión que se atacan, desconocen palmariamente el Principio de Favorabilidad, como mandato superior y además, en abierta contradicción con los precedentes jurisprudenciales […], en cuyo respaldo cita las decisiones CSJ SL2451-2021, CSJ SL1214-2019, CSJ SL2451-2021 y concluye que:
La incorporación, mediante la REMISIÓN de una norma legal en un contrato colectivo, a más de ser una actuación válida, lleva implícita su obligatoriedad contractual, su sujeción futura, al devenir de la Convención Colectiva de Trabajo, con independencia de las consecuencias que corra la norma legal, objeto de remisión o incorporación. Cualquier actuación diferente, debe ser prevista por los contratantes que la incluyeron en el respectivo contrato colectivo, NUNCA presumida por el fallador.
VII. RÉPLICA
El escrito de oposición se puede sintetizar así:
Sobre la demanda de casación, explica que el cargo se encuentra indebidamente formulado, puesto que «lo que realmente se censura no es que el ad quem haya incurrido en un error determinado por la aplicación de una norma a un hecho no previsto en su supuesto fáctico, sino a una interpretación errónea materializada, de acuerdo con sus argumentos, en la asignación de un sentido o alcance diferente a las disposiciones en comento […]», de manera que, la vía correcta de ataque era la directa.
Por otra parte, precisa el recurrente que si bien la línea de pensamiento de esta Corporación, ha entendido que un aparte legal no vigente puede seguir produciendo efectos, al haber sido incluido en una convención colectiva; ello solo puede tener lugar, cuando tal voluntad se extracta, de forma inequívoca, del acuerdo convencional.
Añade que, de la lectura al artículo 15 del acuerdo colectivo, no se consagró el derecho específico al reajuste bajo la metodología establecida en el artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, ni la voluntad de las partes de darle aplicabilidad al mismo o que se reconozcan todos los derechos contemplados allí, para determinar que a pesar de la derogatoria de aquella sigue siendo aplicable, si esa hubiera sido la intención así se hubiera pactado, y en eso consistió precisamente el error del Tribunal al entender que la simple mención de una disposición legal en una norma convencional implica su incorporación como derecho autónomo. En respaldo se remite a las decisiones CSJ SL3343-2020 y CSJ SL4105-2020.
Relata como hecho relevante, el momento histórico en que se adoptó la Convención Colectiva 1976-1977, el que obligaba a prever la necesidad de darle cumplimiento a la Ley 4ª de 1976, lo que por demás era entendible, dada la proximidad de su promulgación con la fecha en que se suscribe el texto convencional. De ahí que, lo único a derivarse, es un compromiso de la Universidad de dar aplicación a una norma que en su momento estaba vigente.
Indica que, de la revisión de los incrementos pensionales entre los años 1976 y 1988, el 15% parecía un punto intermedio que explica las previsiones de la Ley 4ª de 1976; no obstante, después del año 1989, aquellas se reajustaron con el IPC, cuando la inflación superaba el porcentaje arriba citado, luego la aplicación de la ley de 1976 habría sido desfavorable para los pensionados, y esa fue la razón por la que la universidad dio aplicación a la Ley 71 de 1988, pues entendió que la norma convencional implicaba una remisión normativa y no una incorporación, y por ese motivo durante más de treinta años los pensionados no tuvieron reparo alguno con el esquema adoptado por la institución demandada, hasta que a partir del año 2000 el IPC bajó del 15%, con lo que ahora se pretende aplicar el principio de favorabilidad. Pone de presente la posibilidad de que nuevamente se presenten cifras históricas que pongan la inflación por encima del porcentaje mencionado y que, dado que la interpretación del juez de instancia es razonable no es viable que en sede de casación se cuestione, evento que está previsto ante un error protuberante de hecho que no es el caso.
Finalmente expresa que, atendiendo las previsiones consignadas en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el carácter de orden público de las normas que integran el sistema general de seguridad social en pensiones, al expedirse la Ley 100 de 1993, que prevé los aumentos a materializarse ante la existencia de dicha normativa, «la cual rige incluso frente a los pensionados bajo el rigor de la Ley 4ª de 1975[sic], no es viable pretender la protección de un supuesto derecho adquirido que es contrario a las leyes[…]».
VIII. CONSIDERACIONES
En lo atinente al reproche de orden técnico que aduce la réplica, habrá de decirse que no se encuentra llamado a prosperar, por cuanto la línea de pensamiento de esta Corporación, ha examinado las convenciones colectivas de trabajo, dado su contenido probatorio, bajo el amparo de la de la causal primera de casación. De manera que, al predicar los acuerdos colectivos una doble connotación, esta es, ser prueba y fuente jurídica a la vez (CSJ SL1149-2022, CSJ SL131-2022), nada impide que, como en el caso en estudio, se acuda a la vía indirecta para cuestionar el entendimiento que se le otorga a un aparte convencional y pese a que el contenido del embate cuente con algunas apreciaciones jurídicas.
Resuelto lo anterior, al descender al caso en estudio y pese a dirigirse el cargo por la vía indirecta, son supuestos fácticos no sometidos a discusión, que: (i) la señora María Martina Toro Goyes prestó sus servicios a la Universidad de Antioquia en dos periodos: el primero entre el 26 de febrero de 1962 y el 31 de diciembre de 1969 y, el segundo, entre el 1 de enero de 1970 y el 19 de enero de 1986, y (ii) mediante Resolución n.° 049 del 9 de abril de 1986, la mencionada institución universitaria le reconoció pensión de jubilación, a partir del 20 de enero de 1986, con fundamento en el artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977.
El juez de segunda instancia para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, indicó, en estricto rigor, que en la cláusula 15 del texto convencional, no se consagró de manera puntual un derecho al reajuste pensional, dado que las partes no dispusieron la incorporación de la Ley 4ª de 1976, pues «solo puede inferirse que el querer de quienes suscribieron la referida convención, fue el de hacer una simple remisión normativa a la Ley 4ª de 1976, mas no una consagración puntual de un derecho al reajuste pensional bajo la metodología establecida en el artículo 1º de dicha ley».
De manera que, le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurrió en un error protuberante de hecho, al inferir que, la interpretación admisible de la cláusula consignada en el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4ª de 1976, no debe aplicarse a la pensión que disfruta la accionante.
Sobre este particular, se memora que la Corte ha adoctrinado que la finalidad del recurso de casación no es la de establecer el sentido de las normas convencionales, sino el determinar si el juez de segunda instancia incurrió en un error de derecho o hecho en su apreciación, es decir, dando por acreditado un evento fáctico relevante para el caso con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir una determinada solemnidad para la validez del acto, como es en el caso del depósito, o al cometer un error de valoración probatoria flagrante, grosero y evidente, al dar por probado un suceso o acontecimiento, sin estarlo, o no darlo por probado, estándolo, como consecuencia de la pretermisión o valoración equivocada de prueba calificada, entre ellas, los acuerdos colectivos debidamente depositados (CSJ SL1240-2019).
Y es por lo anterior, que se ha adoctrinado por esta Sala que, para resolver conflictos relacionados con la interpretación a cláusulas convencionales, se acuda a la aplicación del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para determinar la existencia o no de un error de hecho, es decir, respetando la facultad de libre apreciación de la prueba, que se regula por los principios de razonabilidad y reglas de la experiencia, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión del colegiado, pues dicho precepto garantiza la autonomía e independencia judicial, como elementos estructurales del Estado de derecho, conforme a los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
En ese horizonte, tenemos que el artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, indica lo siguiente:
Artículo décimo cuarto. Pensionados por jubilación.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) años de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) años.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad pagará a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensión de jubilación del 100% de su salario.
Artículo décimo quinto. Prestaciones extralegales para pensionados.
A partir de la vigencia de la presente convención, la Universidad reconocerá y pagará a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.
PARÁGRAFO. La mensualidad de que trata el artículo quinto de la Ley 4ª de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias).
Pues bien, en torno a su interpretación, esta Corporación, recientemente, en un caso de idénticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, sostuvo:
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cláusula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulación guarda correspondencia con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, sin que se observe que la intención de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente.
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociación, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convención, con el propósito de darles una connotación de derecho extralegal nuevo y autónomo frente a las normas legales.
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisión a la Ley 4ª de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garantía legal, pero para efectos de incorporarla a éste, tal como sucede con los demás derechos que allí se enlistan conforme la denominación dada por el legislador.
Además, no puede perderse de vista que «la certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal», como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021.
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así lo recordó la Sala en la sentencia SL5108-2020, en los siguientes términos:
El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4.ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado –y menos en la magnitud de manifiesto o evidente- el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6° a 10.
Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.
(…)
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.
Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489).
Al atender el anterior lineamiento jurisprudencial, cambiando lo que haya que cambiar, resulta desacertada la interpretación que el colegiado le extendió al aparte convencional antes trascrito, para con ello inferir que, a la accionante, no le era aplicable el reajuste pensional que aparece previsto en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.
De esta manera, recapitulando lo dicho en la mentada providencia, CSJ SL1149-2022, y, en especial, para dar respuesta a la réplica:
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste allí previsto; o que la norma extralegal únicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribución de remanentes (capítulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio médico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, útiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, también se encuentran regulados en la Ley 4ª de 1976, en sus artículos 6, 7 y 9. Nótese, además, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableció que: «Igualmente la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4ª de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación», con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, válidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores --aparte de los beneficios aludidos en precedencia--, del reajuste pensional reclamado.
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cláusula no se hiciera alusión alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna podía conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o demás situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, ésta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es más que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso.
En esas condiciones, acoger por vía convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonomía, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, «en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución o la ley».
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por la recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aquella se encuentra pensionada desde el año 1986, a través de la Resolución n.° 049 del 9 de abril de 1986 (folios 30 a 32), con venero en la Convención Colectiva de Trabajo 1976 – 1977 y, como quedó visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, lo cierto es que esta siguió rigiendo dichos beneficios por virtud de lo instituido en el plurimencionado acuerdo colectivo.
De esta manera fluye con claridad, la innegable conclusión relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor de la accionante, dada la fecha en que se causó su pensión de jubilación -1986-, el que, atendiendo la correcta interpretación de la cláusula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusación sale avante y, en consecuencia, se casará la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación, dada su prosperidad.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordenará que por Secretaría de la Sala se oficie a la Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de enero de 1986 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha. De igual manera, deberá manifestar si aplicó la compartibilidad pensional, desde qué fecha ello tuvo lugar y el monto que dispuso asumir por tal motivo.
Asimismo, se oficiará a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de mayo de 2021, en el proceso ordinario que promovió MARÍA MARTINA TORO GOYES contra la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA al que se vinculó al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
En sede de instancia, para mejor proveer, se ordena que, por Secretaría de la Sala, se oficie a:
1.- La Universidad de Antioquia, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique con destino a este proceso, en qué porcentaje ha incrementado año a año las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 20 de enero de 1986 y, en relación con la demandante, en qué porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese año; indicando, además, cuáles pagos le ha efectuado por todo concepto salarial y prestacional, desde la mencionada calenda hasta la fecha. De igual manera, deberá manifestar si aplicó la compartibilidad pensional, desde que fecha ello tuvo lugar y el monto que dispuso asumir por tal motivo.
2.- Colpensiones para que, en igual lapso, certifique a partir de qué fecha le reconoció la pensión de vejez a la demandante e indique los montos que mes a mes le ha cancelado por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestación afecta la cuantificación del derecho aquí discutido.
Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
Sin costas en casación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR