Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00559-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00559-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-00559-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL, QUE FUNDAMENTÓ LAS RESOLUCIONES DE
EXPROPIACIÓN ACUSADAS DE NULIDAD. NO CUMPLIÓ CON LA
CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL
INMUEBLE, CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA
EQUIVOCADO E INCORRECTO. EL DICTAMEN OFICIAL NO FUE
DESVIRTUADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de 23 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia1,
que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana Yuleny Ortíz Hincapié, actuando por conducto
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En adelante el Tribunal.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
de apoderado, promovió demanda en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, CPACA2, contra el municipio de Itagüí, con la
finalidad de discutir la legalidad de los siguientes actos
administrativos:
➢ Resolución núm. 15026 de 20 de septiembre de 2012,
expedida por la Alcaldía del Municipio de Itagüí, «Por la cual
se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien
inmueble», correspondiente a un lote de terreno, situado
dentro de una edificación, ubicado en la Calle 56 # 52-45 del
mencionado municipio e identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 001 - 158421.
➢ Resolución núm. 1770 de 22 de octubre de 2012, «Por la
cual se decide un Recurso de Reposición interpuesto contra la
Resolución 15026 del 20 de septiembre de 2012», emanada
de la misma entidad, mediante la cual se resolvió el recurso
de reposición, en el sentido de confirmar la citada Resolución.
Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como
2
En adelante CPACA.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
restablecimiento del derecho, la actora elevó las siguientes
pretensiones:
“[…]2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al
municipio de Itagüí, pagar a la señora NANCY CASTAÑO
HINCAPIÉ, obrando en nombre y representación de YULENY
ORTIZ HINCAPIÉ, la suma de $59.188.256 […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
1º. Que mediante escritura pública núm. 65 de 13 de enero de
2006 otorgada por la Notaría Segunda del Círculo de Itagüí, la
actora adquirió por compraventa el bien inmueble ubicado en la
Calle 56 # 52-45/43, identificado con matrícula inmobiliaria núm.
001-158421 y, que posteriormente, mediante escritura pública
núm. 95 de 14 de enero de 1992 de la Notaría Única del Círculo de
Itagüí, se actualizó la nomenclatura.
2º. A través de la Resolución núm. 7768 de 5 de diciembre de
2007, la Dirección Administrativa de Planeación del Municipio de
Itagüí3, declaró las condiciones de urgencia para la expropiación por
vía administrativa de los terrenos, inmuebles y mejoras necesarias
para el desarrollo del corredor pre troncal del Sistema Integrado de
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Acuerdo núm. 020 de 2007 del Plan de
Ordenamiento Territorial (P.O.T.).
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Transporte Masivo Metroplús.
3º. El 17 de mayo de 2012, la Alcaldía de Itagüí expidió la
Resolución APR 60, suscrita por el Gerente General de METROPLÚS
S.A., mediante la cual se ordenó el inicio de las diligencias
tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o
expropiación por vía administrativa, sobre el área total del terreno
del que hace parte el inmueble de propiedad de la actora y formuló
oferta de compra.
4º. El 30 de mayo de 2012, la señora Nancy Castaño Hincapié, en
representación de la actora, fue notificada personalmente del
contenido de dicha resolución.
5º. El 6 de junio de 2012, la actora remitió oficio a METROPLÚS
S.A., mediante el cual solicitó la revisión del avalúo de su inmueble
y, dicha petición fue resuelta el 30 de julio de 2012, en el sentido
de ratificar el precio del avalúo del predio.
6º. La Alcaldía de Itagüí expidió la Resolución 15026 de 20 de
septiembre de 2012, a través de la cual dispuso la expropiación
por vía administrativa respecto del área total del inmueble de
propiedad de la actora.
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7º. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de
reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución 1770 de
22 de octubre de 2012, que confirmó la Resolución 15026 de
20 de septiembre del mismo año.
I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional, así como el
artículo 2 del Decreto 1420 de 24 de julio de 19984.
Para tal efecto, indicó que los actos administrativos están viciados
de nulidad, por infracción a las normas en que debían fundarse y
formuló los siguientes argumentos:
Informó que mediante el avalúo corporativo núm. 2011 INM-015,
elaborado por la Corporación Avalúos, se determinó que el valor
comercial del bien inmueble de su propiedad ascendía a
$85.948.500, razón por la cual, solicitó la revisión de dicho avalúo,
sin que prosperara su pretensión, pues el 22 de octubre de 2011, el
mismo fue ratificado.
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“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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Advirtió que en el inmueble objeto de expropiación funcionaba un
local comercial desde hacía más de 10 años, actividad económica
que no fue tenida en cuenta por la corporación avaluadora al
momento de determinar el valor comercial del bien inmueble.
Señaló que el 5 de octubre de 2012 fue notificada de la Resolución
15026 de 20 de septiembre de 2012, mediante la cual se
dispuso la expropiación administrativa del inmueble de su
propiedad y que, inconforme con dicha decisión, interpuso recurso
de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable a sus
pretensiones.
Manifestó que los actos administrativos demandados vulneran las
disposiciones enunciadas, habida cuenta que la entidad territorial
demandada, al expedir la resolución mediante la cual se dispuso la
expropiación administrativa de su bien inmueble, no revisó los
estudios técnicos ni los avalúos realizados en el sector por la
Empresa Metroplus, entidad a la cual se le encomendaron los
trámites previos del proceso expropiatorio.
Explicó que, de haberse realizado una comparación entre los
avalúos practicados respecto de otros bienes inmuebles con
características similares al de su propiedad y ubicados en el mismo
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sector en el que se encontraba su predio, la administración habría
mejorado las ofertas de adquisición, mediante el incremento de sus
valores como consecuencia de la denominada formación y
actualización catastral.
Expuso que los actos administrativos cuestionados vulneran las
disposiciones enunciadas, en la medida en que la entidad territorial
demandada, al expedir la resolución mediante la cual se dispuso la
expropiación administrativa de su bien inmueble, no revisó los
estudios técnicos ni los avalúos realizados en el sector por la
Empresa Metroplus, entidad a la cual se le encomendaron los
trámites previos del proceso expropiatorio.
Advirtió que el concepto de avalúo comercial previsto en el artículo
2º del Decreto 1420 de 1998 no fue tenido en cuenta, por cuanto
se mantuvo el precio determinado por Metroplus, sin que la
administración formulara cuestionamiento alguno ni solicitara las
revisiones requeridas en el recurso de reposición interpuesto contra
la oferta de compra.
I.5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.5.1- El municipio de Itagüí, en su condición de entidad
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demandada, compareció al proceso a través de apoderado judicial y
presentó oportunamente escrito de contestación de la demanda,
mediante el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:
Manifestó que la actuación administrativa cuya nulidad se pretende
fue expedida con sujeción al procedimiento legalmente establecido
para la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y para
la expropiación administrativa.
Precisó que dicho procedimiento se adelantó conforme a las reglas
previstas en la Ley 388 de 18 de julio de 19975, así como a las
normas que la complementan y desarrollan en materia de
ordenamiento territorial y gestión del suelo.
Señaló, igualmente, que el avalúo que sirvió de fundamento a la
expropiación administrativa del bien inmueble de propiedad de la
parte actora fue elaborado por una firma técnica adscrita a
“ASOLONJAS”.
Afirmó que dicho avalúo se realizó atendiendo a las condiciones del
mercado y con base en criterios técnicos suficientemente explicados
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“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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y corroborados, en cumplimiento de las exigencias normativas
aplicables.
Indicó que el procedimiento de avalúo se ajustó a lo dispuesto en
los artículos 2º del Decreto 1420 de 1998 y 61 de la Ley 388 de
1997, norma que establece que el precio de adquisición debe
corresponder al avalúo comercial determinado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o
por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
2150 de 5 de diciembre de 19956 y el decreto reglamentario
especial que expida el Gobierno Nacional.
Finalmente, la entidad demandada propuso como excepciones de
mérito los medios exceptivos denominados: presunción de legalidad
de los actos administrativos demandados, buena fe, falta de causa
y falta de integración del litisconsorcio necesario respecto de
METROPLUS S.A.
En cuanto a la excepción de “Presunción de legalidad de los
actos demandados”, sostuvo que las resoluciones acusadas se
encuentran amparadas por el principio de presunción de legalidad,
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“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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en cuanto fueron expedidas con sujeción a la normatividad vigente,
razón por la cual le corresponde a la parte demandante, en
aplicación del principio de carga de la prueba, desvirtuar dicha
presunción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil.
Afirmó, a la excepción de “Buena fe”, que los actos administrativos
controvertidos fueron expedidos con observancia del principio de
buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, por lo
cual se presumía que tanto las actuaciones previas como las
posteriores a su expedición se adelantaron conforme a dicho
postulado.
Adujo, sobre la excepción de “Falta de causa”, que no existe
causa para demandar los actos acusados, por cuanto, el avalúo
realizado por la Corporación Avalúos fue elaborado con criterios
técnicos, debidamente sustentados, enmarcados en las condiciones
del mercado inmobiliario de oferta y demanda, conforme a lo
dispuesto en los artículos 2º del Decreto 1420 de 1998 y 61 de la
Ley 388 de 1997.
Alegó, respecto de la excepción de “Falta de integración del
litisconsorcio necesario”, que de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, la parte
demandante omitió integrar en debida forma el litisconsorcio
necesario, al no vincular a la empresa METROPLUS S.A., la cual
suscribió, entre otros, el Convenio núm. 01 de 2005 con el
Municipio de Itagüí, cuyo objeto es la administración delegada y la
constitución de dicha empresa para el desarrollo del sistema de
transporte masivo de mediana capacidad.
Sostuvo que, en tales condiciones, el Municipio de Itagüí se limitó a
expedir los actos administrativos de expropiación, por ser ello de su
competencia, mientras que las demás actuaciones relacionadas con
el proceso expropiatorio fueron adelantadas por METROPLUS S.A.,
razón por la cual la vinculación de esta última como litisconsorte
necesario resultaba indispensable.
I.5.2.- METROPLUS S.A. vinculada al proceso como litis consorte
pasivo necesario, presentó oportunamente escrito de contestación de
la demanda, mediante el cual se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
Alegó la inexistencia del derecho al reconocimiento de una
indemnización por perjuicios, al considerar que: i) el procedimiento
administrativo de compra y la posterior expropiación se ajustaron a la
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ley; ii) el precio ofrecido fue determinado por peritos expertos en la
materia, conforme a las pautas legales aplicables; y iii) los
reconocimientos económicos que le correspondían a la demandante
no fueron aceptados por esta.
Afirmó que pese a que la parte demandante pretende el
reconocimiento de una indemnización por no haberse tenido en
cuenta el establecimiento de comercio que presuntamente funcionaba
en el inmueble expropiado, ni en las pretensiones de la demanda ni
en la estimación razonada de la cuantía se precisaron las rentas
dejadas de percibir, su naturaleza, cuantía o periodicidad, razón por
la cual consideró que debía descartarse cualquier parámetro
valorativo que incorporara tales ingresos.
Resaltó que la Ley 388 de 1997 establece quién y cómo ha de
realizar el avalúo en un proceso expropiatorio, por lo cual, mientras
dicho avalúo se encuentre ajustado a las técnicas del caso, debe
mantenerse incólume, sin que resulte suficiente la simple oposición
de un avalúo diferente para desvirtuarlo, bastando para ello con que
sea objetivo y razonable para otorgarle mérito probatorio.
Manifestó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de
1997, una vez establecida la necesidad de adquirir el bien inmueble
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de la demandante, se solicitó el avalúo correspondiente, el cual fue
practicado cumpliendo todos los requisitos técnicos y legales,
determinándose así el valor real del inmueble. Agregó que el artículo
61 de la citada ley prevé que el precio de adquisición debe ser igual
al valor comercial determinado, entre otros, por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, razón por la
cual la entidad no podía apartarse del valor fijado por el experto
competente.
Finalmente, propuso como excepción la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al sostener que los actos administrativos
demandados no fueron expedidos por METROPLUS S.A.
I.5.- LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
La parte demandada, en el término fijado para contestar la demanda,
señaló que existía una falta de integración del litisconsorte necesario,
toda vez que la parte demandante no tuvo en cuenta solicitar que se
integrara a la empresa METROPLÚS S.A., entidad encargada de
realizar la negociación de predios, pago de indemnizaciones y las
demás relaciones contractuales que tienen que ver con la adquisición
de predios, tal como se dispuso en el contrato núm. 011 de 2011
suscrito entre METROPLÚS S.A. y la Corporación Avalúos.
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Una vez fue integrada al proceso como litisconsorte necesario,
METROPLUS S.A., procedió a contestar la demanda y mediante
escrito de 17 de marzo de 2014 llamó en garantía a la
CORPORACIÓN AVALÚOS - ASESORÍA EN DESARROLLO URBANO.
El llamamiento en garantía fue admitido mediante auto de 23 de
mayo de 2014, concediéndose a la CORPORACIÓN AVALÚOS -
ASESORÍA EN DESARROLLO URBANO, en su condición de llamada en
garantía, un término de 15 días para presentar el respectivo escrito
de contestación, y, transcurrido dicho plazo, no hubo
pronunciamiento alguno.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 23 de agosto de 2018, denegó
las pretensiones de la demanda.
Para resolver los cuestionamientos formulados por la parte actora
sobre el avalúo que sirvió de fundamento para la fijación del precio
indemnizatorio en los actos administrativos demandados, efectuó el
análisis de los avalúos comerciales realizados respecto del inmueble
de propiedad de la demandante y aquellos allegados al expediente
por las partes.
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Señaló que con la demanda se aportó el “AVALÚO COMERCIAL DE
BIEN URBANO” de 25 de octubre de 2008, elaborado por el señor
ARBEY MONSALVE C., realizado al bien inmueble objeto de
expropiación, pero que el mismo no podía ser tenido en cuenta
para determinar el valor comercial del inmueble objeto de
expropiación, toda vez que, conforme a lo previsto en el artículo 19
del Decreto 1420 de 1998, los avalúos tienen una vigencia de un
(1) año, término que se encontraba ampliamente superado, incluso
para la fecha en que se expidió la resolución mediante la cual se
formuló la oferta de compra, esto es, el 17 de mayo de 2012.
Adicionalmente, precisó que en el referido avalúo particular no se
da explicación alguna de la forma como se determinó el valor del
metro cuadrado asignado al inmueble, pues si bien se enuncia que
se utilizaron los métodos valuatorios de renta y comparativo
homogeneizado, no se identificaron las consultas realizadas en el
mercado inmobiliario para establecer el mismo, ni documento
alguno que respalde dicha conclusión, por lo que dicho avalúo está
desprovisto de apoyo probatorio.
Afirmó que, conforme al criterio reiterado del Consejo de Estado, en
los procesos de expropiación administrativa resulta insuficiente que
los avalúos aportados con el propósito de controvertir el precio
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determinado en los actos administrativos se limiten a establecer
valores sin argumentos técnicos que los fundamenten.
Advirtió que el avalúo elaborado por el señor ARBEY MONSALVE C.
no reunía los requisitos exigidos para ser valorado como dictamen
pericial, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley
1395 de 12 de julio de 20107 ,—vigente para la fecha de
presentación de la demanda—, ni aquellos previstos en el artículo
219 del CPACA, tales como la prestación del juramento que debe
rendir quien realiza la pericia sobre la ausencia de impedimentos, la
aceptación del régimen de responsabilidad como auxiliar de la
justicia, las razones técnicas, de idoneidad y experiencia que
sustenten la pericia, así como el señalamiento de los documentos
con base en los cuales se respalda el dictamen, razón por lo cual,
en atención a dichas falencias y en aplicación de las reglas de la
sana crítica, no es posible dar plena credibilidad a dicho avalúo.
Aunado a lo anterior, respecto a las otras pruebas aportadas por la
actora con el fin de desvirtuar el valor comercial asignado a su bien
inmueble, expresó que constan diversos avalúos de otras
propiedades ubicadas en la zona donde se encontraba el predio
objeto de expropiación, realizados en los años 2010, 2011 y 2012.
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“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
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Indicó que del análisis de dichos avalúos se advierte que el valor
del metro cuadrado asignado a tales inmuebles era superior al
fijado para el bien de la demandante; no obstante, consideró que
no se puede pasar por alto que los avalúos dependen de las
condiciones físicas de cada bien, influyendo en su resultado
diferentes circunstancias, como la distancia del eje vial más
dinámico, la proximidad a las esquinas, las eventuales afectaciones
urbanísticas o ambientales, la orientación, los índices de
construcción y el estado de conservación, entre otros factores
relevantes.
Resaltó que al revisar el AVALÚO CORPORATIVO NÚM. 2011-INM-
006 del inmueble ubicado en la Calle 57 núm. 52-71, se estableció
un valor de metro cuadrado a la construcción inferior al asignado a
la construcción realizada en el inmueble de la actora, por su estado
de conservación. Además, el inmueble de la demandante lo
conforman dos pisos, los cuales diferían en su estado de
conservación, pues mientras el primer piso se encontraba en estado
de conservación buena, el segundo piso tenía un estado de
conservación regular, condición que influyó directamente en la
determinación del valor del metro cuadrado.
Indicó respecto al AVALÚO LCPR- METROPLUS 086-02/10 de 25 de
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mayo de 2010, elaborado por el Consorcio Inmobiliario constituido
por la Lonja Colombiana de Propiedad Raíz y Avales Ltda., al
inmueble ubicado en la Calle 56 núm. 52-42, que se desconoce el
origen de sus datos, ya que este avalúo no fue acompañado de
documento alguno que soportara la supuesta investigación
realizada para obtener las cifras estadísticas en que se basó.
Señaló que no era posible tener en cuenta el valor del metro
cuadrado asignado a otro inmueble ubicado en la misma zona que
la de la actora, únicamente por razones de cercanía geográfica o
porque aparentemente tienen aspectos similares en la construcción,
puesto que cada avalúo difiere dependiendo de las condiciones en
las que se encuentra la propiedad, en su ubicación y linderos.
Anotó que siendo así la única prueba idónea para desvirtuar el valor
consignado en el acto administrativo, que dispuso la expropiación
del inmueble de la demandante, sería el avalúo practicado al
mismo, con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
ello, -elemento probatorio que no obra en el expediente-, dado que
la parte actora no realizó ninguna solicitud en el plenario.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
Concluyó, con fundamento en la sentencia de 3 de mayo de 20188,
que no se demostró que el estudio realizado por la entidad
encargada de efectuar el avalúo para determinar el valor del bien
inmueble objeto de expropiación fuera errado, de la siguiente
manera:
“[…] en el presente caso no se demostró que el estudio
realizado por la entidad encargada de realizar el avalúo para
determinar el valor del bien inmueble objeto de expropiación
estuviera errado, siendo que, una vez tal valor se consigna
en el acto administrativo por medio del cual se realiza la
oferta para enajenación voluntaria y la fijación del precio
indemnizatorio para la expropiación por vía administrativa,
sobre el mismo opera la presunción de legalidad que cobija a
todas las actuaciones administrativas, siendo que para
controvertir tales decisiones, la carga de la prueba le
corresponde exclusivamente a la parte inconforme con el
avalúo comercial.
[…]
Así las cosas, la Sala llega a la conclusión que la parte
demandante no logró desvirtuar el precio fijado por la
entidad territorial demandada en el acto acusado, lo que
significa que al no haberse desvirtuado la presunción de
legalidad de la Resolución No. 15026 del veinte (20) de
septiembre de dos mil doce (2012), por medio de la cual se
dispuso la expropiación administrativa del inmueble ubicado
en la Calle 56 No. 52-45/43, identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 001-158421, las pretensiones de la
demanda deben negarse comoquiera que la parte actora no
demostró la incorrección del avalúo oficial […]”.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta En Descongestión,
sentencia de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 05001-23-31-
00- 2007-00495-01.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
proferida en primera instancia, para lo cual expuso que los motivos
de inconformidad con la decisión apelada se sustentan en los
siguientes términos:
Afirmó que la acción especial ejercida de expropiación solo procede
por no estar de acuerdo con el avalúo realizado por la entidad
pública respecto del predio objeto de expropiación, circunstancia
que, a su juicio, quedó acreditada a lo largo del proceso mediante
las pruebas legalmente incorporadas al expediente y que sirvieron
de soporte a la decisión que ahora se impugna.
Sostuvo que, si bien es cierto que el avalúo aportado con la
demanda tiene fecha de octubre de 2008, también es cierto que
dicho dictamen no fue tachado por ninguna de las partes dentro del
proceso, razón por la cual dicha prueba debía ser tenida en cuenta
al momento de proferir el fallo respectivo.
Agregó que la vigencia de un (1) año prevista normativamente para
los avalúos obedece a la variación de los precios derivada de la
inflación y la valorización de los inmuebles, por lo que, en su
criterio, un avalúo con una antigüedad superior a dicho término
resulta desactualizado, pero necesariamente se encontraría por
debajo del valor real del bien, lo cual, en el presente caso,
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perjudicaría a la parte demandante, que fue quien lo aportó, motivo
por el cual debía ser considerado dentro del acervo probatorio.
Afirmó que en el avalúo practicado por la entidad demandada
respecto del predio objeto de expropiación se evidenció que dicho
inmueble fue avaluado por debajo del valor comercial real, que se
tuvieron en cuenta situaciones de mercado que, a su juicio, en
condiciones normales no se deberían aplicar a los avalúos, como es
el hecho que el inmueble al no estar sometido a reglamento de
propiedad horizontal, tenía una rebaja en el precio, además de que
también se tuvo en cuenta una forma de avalúo, que consiste en la
depreciación por vetustez de los materiales, esto es, atendiendo al
tiempo de construcción del inmueble.
Adujo que el avalúo presentado por la parte demandante no fue la
única prueba aportada al proceso para sustentar sus pretensiones,
pues con los documentos allegados al plenario se demuestra que el
predio objeto de expropiación fue valorado por debajo de su valor
comercial real, al igual que las pruebas testimoniales de los vecinos
del sector, quienes conocen de la problemática asociada al proyecto
METROPLUS, de los avalúos practicados en el sector y, en
particular, el inmueble objeto de expropiación, así como de su
avalúo.
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Expresó que el hecho de que el perito avaluador de la parte
demandante no hubiese manifestado expresamente no estar
incurso en causal de impedimento no constituye razón suficiente
para restarle valor probatorio al dictamen, pues dicha situación
podía ser subsanada en la sustentación del dictamen.
Indicó que ninguna de las partes del proceso manifestó causal de
impedimento en contra del perito dentro del trámite judicial, por lo
que, en su criterio, no era procedente descartar el avalúo aportado
por la demandante por dicha razón.
Manifestó que no puede ser considerado lo señalado por el juez de
primera instancia, en el sentido de que el avalúo era el único medio
idóneo para demostrar que el inmueble objeto de expropiación fue
valorado por debajo del valor comercial real, porque, aunque si bien
se trataba de la prueba principal, también obran los documentos
relacionados con dicho avalúo y los testimonios que, a su juicio, lo
reforzaban y que se refieren a predios similares.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia
apelada y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda, declarando que el avalúo efectuado al predio de la
demandante fue inferior a su valor comercial real y que, en
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consecuencia, se debía reconocer dicha “merma”.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, el municipio de Itagüí y METROPLUS S.A.
allegaron sus alegatos de conclusión en los que reiteraron su
posición jurídica sobre la litis.
IV.2.- El Ministerio Público y la parte actora, en esta etapa
procesal, guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 15026 de 20 de septiembre de 2012, “Por
la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien
inmueble”, y 1770 de 22 de octubre de 2012, "Por la cual se
decide un Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
15026 del 20 de septiembre de 2012", expedidas por el alcalde del
Municipio de Itagüí, mediante las cuales, respectivamente, dispuso
la expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la
actora, identificado con la matricula inmobiliaria 001-158421, en un
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área de 62.73 metros cuadrados, que hace parte de un inmueble
situado en Itagüí, lote de terreno marcado con el número en su
puerta de acceso 52-45, de la calle 56, para lo cual fijó un precio
indemnizatorio de $85.948.500.00; y resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de
confirmarla.
El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, por
considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados, debido a que no demostró la
incorrección del avalúo oficial fijado por la administración, que
sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio que
estableció la Alcaldía de Itagüí en dichos actos.
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación, argumentando su inconformidad con la conclusión del a
quo, según la cual no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
del avalúo oficial que sustentó el precio indemnizatorio incorporado
en los actos administrativos demandados, por estimar que: (i) el
avalúo particular aportado con la demanda debía ser valorado, (ii)
la antigüedad de ese dictamen no impedía apreciarlo, (iii) el avalúo
oficial habría aplicado factores improcedentes (propiedad horizontal
y vetustez), y (iv) avalúos de predios vecinos y testimonios
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
permitirían demostrar que el precio reconocido fue inferior al valor
comercial real.
Por tal razón, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia.
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de
apelación presentado por la actora.
Problema jurídico
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera
instancia debe confirmarse o revocarse, en particular i) si la
manifestación de inconformidad frente al avalúo comercial
incorporado en el acto administrativo de expropiación resulta
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara;
ii) si el avalúo particular aportado con la demanda podía ser
apreciado como medio probatorio apto para controvertir y
desvirtuar el avalúo oficial; iii) si la ponderación, en el avalúo
oficial, de variables como la no sujeción del inmueble al régimen de
propiedad horizontal y la aplicación de factores de depreciación por
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
vetustez, comporta la utilización de criterios improcedentes,
arbitrarios o contrarios a las reglas técnicas de la valuación
inmobiliaria; y; iv) si los avalúos practicados respecto de otros
inmuebles del entorno resultan suficientes para acreditar que el
valor reconocido al inmueble objeto de expropiación se apartó de su
valor comercial real.
Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará los
actos acusados y su contenido, para enseguida desarrollar el
estudio de cada uno de los cargos planteados en la apelación.
Actos acusados y su contenido
El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los
siguientes actos administrativos:
➢ Resolución núm. 15026 de 20 de septiembre de 2012,
expedida por la alcaldía de Itagüí, “Por la cual se dispone la
expropiación por vía administrativa de un bien inmueble”, del
inmueble ubicado en la Calle 56 # 52-45 de Itagüí,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 001 -
158421, en cuya parte resolutiva, dispone lo siguiente:
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
“[…] ARTICULO PRIMERO. Disponer la expropiación por
vía administrativa sobre el derecho de dominio y posesión
que tiene la señora YULENY ORTİZ HINCAPÍE, identificada
con Cédula de Ciudadanía No. 43.835.680, sobre el Área de
62.73 metros cuadrados, que hace parte de un inmueble
situado en Itagüí, lote de terreno marcado con el número
en su puerta de acceso 52-45, de la calle 56 "Un lote de
terreno, tomado de otro de mayor extensión, situado en
este Municipio de Itagüí, con todas su mejoras y
anexidades, cuyos linderos son: Por el Frente, con la Calle
56, en 3.20 Metros; por un Costado, en 19.50 Metros, con
propiedad de Francisco Ramírez; por el otro Costado, en
19.50 Metros, con propiedad de Guillermo Blandón y por la
parte de atrás, en 3.20 Metros con propiedad de Guillermo
Blandón" MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 001 -158421.
ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: Adquirió la señora
YULENY ORTIZ HINCAPIÉ, por compraventa al señor
ALFONSO ARIAS RESTREPO, mediante Escritura Pública No
65 del 13 de enero de 2006 de la Notaría Segunda del
Círculo de Itagüí. Mediante Escritura Pública No 95 del 14
de enero de 1992 de la Notaría Única del Círculo de Itagüí,
se actualizó la nomenclatura.
PARÁGRAFO: La edificación construida en el inmueble
ubicado en Itagüí Calle 56 No. 52-45 corresponde a un Área
de 62.73 metros cuadrados, sobre la cual se hará
expropiación total, de conformidad con el avalúo presentado
por la Corporación Avalúos.
ARTÍCULO TERCERO. -VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. El valor del precio indemnizatorio de
la expropiación que se decide por la presente Resolución es
conforme al avalúo comercial 2011- INM - 015, por valor de
OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L. ($85.948.500.00).
Correspondientes al Área de 62.73 metros cuadrados, de
terreno y el total de área construida.
PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo primero de la
Resolución No. 38 de 2005, no habrá lugar a los
reconocimientos económicos, cuando se acuda al trámite de
expropiación por vía administrativa o judicial.
ARTÍCULO CUARTO.- FORMA DE PAGO.- El valor del
precio indemnizatorio del bien, determinado en el artículo
primero, será pagado por METROPLÚS S.A, de contado y
puesto a disposición de la propietaria por la señora YULENY
ORTÍZ HINCAPÍE, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
43.835.680, por el término de cinco (5) días contados a
partir de la Disponibilidad Presupuestal No. 5784 y de
Registro Presupuestal No.20125778, Sino reclamaren el
valor puesto a disposición, se consignará en la entidad
financiera autorizada para tal efecto a disposición de la
propietaria. Copia de la consignación se entregará al
Tribunal Administrativo de Antioquia, considerándose que
de esta manera ha quedado formalmente hecho el pago de
conformidad con la Ley.
ARTÍCULO QUINTO. - DESTINACIÓN. -El inmueble será
destinado a la ejecución del "Proyecto SIT-METROPLÚS".
[…]”.
➢ Resolución núm. 1770 de 22 de octubre de 2012,
expedida por la alcaldía de Itagüí, “Por la cual se decide un
Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 15026
del 20 de septiembre de 2012", que confirmó la anterior
decisión.
V.2.- Caso concreto
Precisado el problema jurídico y determinado el contenido de los
actos acusados, procede la Sala a resolver los cargos planteados en
el recurso de apelación. En ese orden de ideas, para resolver el
interrogante planteado, se hará referencia al marco jurídico general
aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida abordar
el estudio del caso concreto.
• Del procedimiento de expropiación administrativa -
Generalidades
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.
De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es
absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional9
ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de
la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la
Constitución Política protege y promueve las formas asociativas y
solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la
propiedad; iv) se establecen las condiciones en que prevalece el
interés público o social sobre el interés privado; v) se le asigna a la
9
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
propiedad una función social y ecológica; y, vi) se fijan las
modalidades y los requisitos de la expropiación.
De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto
constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198910 estableció
instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por
motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se
reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se
adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía
administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria11, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
10
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
11
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS
PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 12 de la
presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).
De acuerdo con esta normativa, una de las características
esenciales de la expropiación radica en el hecho que la actuación del
Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,
previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende
su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha
medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.
Sobre el particular, esta Sección13 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
12
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone necesariamente
la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la
potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden
excluidas las garantías que la Constitución reconoce en
favor del propietario, pues no puede pretenderse que
éste deba asumir a título personal un detrimento en
su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del
principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).
Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a
colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la
acción especial contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de
expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis
del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 14 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 200915, aleccionó sobre los elementos que debe contener
la indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
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“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
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especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
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En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
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especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado16.
. Sobre el avalúo oficial practicado por Corporación Avalúos
16
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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En el caso sub examine, como se anotó en párrafos anteriores, la
parte apelante afirmó que uno de los motivos de inconformidad con
la sentencia apelada radica en que la acción especial ejercida solo
procede por no estar de acuerdo con el avalúo efectuado por la
entidad pública respecto del predio objeto de expropiación,
circunstancia que, a su juicio, quedó demostrada en el curso del
proceso mediante las pruebas legalmente aportadas al expediente y
que sirvieron de fundamento para el fallo que ahora se impugna,
para lo cual precisó que dicho avalúo oficial es inferior al valor
comercial real.
Al respecto, cabe mencionar que en los procesos de expropiación
administrativa, el avalúo comercial del inmueble constituye el
soporte técnico esencial para la determinación del precio
indemnizatorio que se consigna en el acto administrativo de oferta
de compra y en la resolución que dispone la expropiación.
Ahora bien, una vez dicho valor es incorporado en el acto
administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad, razón
por la cual, cuando el administrado pretende controvertirlo en sede
judicial, le corresponde asumir la carga de la prueba, demostrando,
mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo oficial: i).
adolece de errores metodológicos, ii) se aparta de las normas
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técnicas que regulan la actividad valuatoria, iii) no refleja el valor
comercial real del bien objeto de expropiación.
En este punto, se advierte que la jurisprudencia de esta
Corporación17 ha sostenido que el precio indemnizatorio está
amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto
administrativo que ordena la expropiación; por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la
incorrección del avalúo oficial.
“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección […]”18.
De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado
frente al valor asignado al inmueble, así como la aportación de
elementos probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente,
no resultan idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, por
lo que corresponde a la parte actora cumplir con la carga de
17
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P: Oswaldo
Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-2331-000-2010-0195901, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Rad. 05001-23-31-000-2005-03509-01. C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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demostrar, mediante prueba idónea, que el avalúo oficial adolece de
errores, que permitan desvirtuar la presunción de legalidad que lo
ampara.
De ahí que deba distinguirse con claridad entre, de una parte, la
habilitación del control jurisdiccional del acto administrativo y, de
otra, la demostración de los supuestos fácticos y técnicos que
justifican su anulación y el consecuente restablecimiento del
derecho.
Al efecto, se tiene que el avalúo oficial, esto es, el AVALÚO
CORPORATIVO núm. 2011- INM- 015, de 3 de mayo de 2011, fue
practicado por la Corporación Avalúos, respecto del inmueble de la
actora, ubicado en la Calle 56 núm. 52- 45/43, del barrio Artex, del
municipio de Itagüí, Antioquia, y arrojó un valor total de
$85.948.500, al aplicar los métodos comparativo o de mercado y el
de reposición, para lo cual se señaló lo siguiente:
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. Sobre el avalúo comercial aportado por la parte
demandante
La Sala advierte que, para desvirtuar el valor del avalúo oficial, con
el escrito de demanda se allegó un avalúo comercial, de 25 de
octubre de 2008, elaborado por el señor ARBEY MONSALVE C., que,
a juicio de la actora, debía ser valorado y tenido en cuenta con el
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objeto de desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial
que sirvió de fundamento, para la fijación del precio indemnizatorio
en el proceso de expropiación administrativa.
Examinado el expediente, se constata que en el avalúo practicado
por el señor ARBEY MONSALVE C., se estableció lo siguiente:
Y que el referido avalúo arrojó las siguientes conclusiones:
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. Sobre la Vigencia legal, falta de Juramento del avalúo
elaborado por el señor ARBEY MONSALVE C. y falta de
sustentación del valor total arrojado respecto del inmueble
de la actora.
Sobre el particular, la Sala debe precisar que si bien es cierto que el
perito avaluador de la parte demandante omitió manifestar o jurar
no estar incurso en causal de impedimento, en el avalúo que
realizó, también lo es que con la firma del mismo, se entiende
prestado dicho juramento.
En efecto, el artículo 226 del Código General del Proceso establece:
“[…] El perito deberá manifestar bajo juramento que se
entiende prestado por la firma del dictamen que su
opinión es independiente y corresponde a su real convicción
profesional. […]”.
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Además, debe ponerse de presente, conforme se indicó en la
sentencia de 30 de mayo de 202419, que las nulidades son taxativas
y que dicha norma no establece que la no prestación del juramento
tenga como efecto la nulidad del avalúo, pero sí puede tener
connotaciones del orden disciplinario o penales, ya que el
juramento debe entenderse que se parte del principio de la buena
fe y que lo manifestado corresponde a la verdad.
Y que, según la Corte Constitucional, por juramento no debe
entenderse la fórmula o el rito, sino el compromiso, la afirmación,
la promesa, el protesto, la certificación, la afirmación, la palabra, el
voto, el honor, el homenaje, el testimonio, que se realice en forma
expresa o tácita que implique la convicción íntima de manifestar la
verdad. Por tanto, debe entenderse que se parte del principio de la
buena fe y que lo manifestado corresponde a la verdad; de lo
contrario, la persona que ha comprometido su palabra y lo
expresado en sus términos no corresponde a la verdad, deberá
responder penalmente20.
Y, en tal sentido, este hecho no constituye un motivo para que el
fallador de primera instancia dejara de tener en cuenta el avalúo
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
mayo de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01.
20
Corte Constitucional, sentencia C-616 de 1997, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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aportado por la demandante.
Ahora, la Sala advierte que, si bien es cierto que el avalúo
practicado por el señor ARBEY MONSALVE C., aportado por la
parte actora, no fue tachado de falso por ninguna de las partes,
también lo es que el mismo no se encontraba vigente al momento
en que se adelantó el procedimiento administrativo de adquisición
del inmueble, por expropiación administrativa.
En efecto, el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 dispone
expresamente que los avalúos tienen una vigencia de un (1) año,
así:
“[…] Artículo 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1)
año, contados desde la fecha de su expedición o desde aquella
en que se decidió la revisión o impugnación […]”.
En ese orden, es evidente que, en el presente caso, dicho término
se encontraba ampliamente superado, para la fecha en que se llevó
a cabo el avalúo oficial, que sustentó las resoluciones demandadas,
e incluso para la fecha en que se formuló la oferta de compra, esto
es, el 17 de mayo de 2012, pues el dictamen data de 25 de octubre
de 2008.
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La exigencia de vigencia no constituye una mera formalidad, sino
que responde a la necesidad de que el avalúo refleje condiciones
reales, actuales y verificables del mercado inmobiliario, así como las
circunstancias físicas, jurídicas y urbanísticas del inmueble al
momento de la expropiación.
Al respecto, cabe mencionar que resultaba determinante que dicho
avalúo hubiera tenido en cuenta los precios y demás características
del predio con respecto al año 2011, con el objeto de poder realizar
su comparación con el avalúo oficial, que fue realizado en 2011 y
así, poder establecer si dicho avalúo se ajustaba o no al valor real
del inmueble, dadas las dinámicas del mercado inmobiliario21.
En consecuencia, un avalúo vencido carece del atributo mínimo de
confiabilidad temporal exigido por el ordenamiento jurídico para
servir de parámetro de comparación frente a un avalúo oficial.
Adicionalmente, cabe mencionar que el citado avalúo determinó
que el valor total del inmueble era de $88.170.000, para esa época,
esto es, en el año 2008 (25 de octubre de 2008); sin embargo, no
aportó elementos probatorios que permitieran constatar la
21
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).
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veracidad de las cifras expuestas, la necesaria relación de
causalidad que debe existir entre la suma cuyo reconocimiento se
procura y la medida expropiatoria, que conduzca a demostrar la
corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña,
obviamente, la incorrección del avalúo oficial.
Ciertamente, el avalúo realizado por el mencionado avaluador
evidencia que el mismo está desprovisto de la suficiente
fundamentación fáctica y probatoria que permita corroborar la
corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde los valores
señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble, objeto
de expropiación, pues no existió claridad en cuanto a la forma como
se obtuvieron los valores indicados en el mismo.
Ello, en tanto si bien es cierto que señaló que el valor del primer
piso del predio corresponde a $48.090.000 y el segundo piso es de
$$40.080.000, y el valor total del inmueble es de $88.170.000, no
respaldó dichos valores, ni dio una explicación de como obtuvo
dichas cifras.
Asimismo, se observa que en dicho avalúo, en el acápite AVALÚO
COMERCIAL, se señaló que obtuvo el valor total del inmueble, de la
siguiente manera:
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“[…] Teniendo en cuenta el mercado inmobiliario del sector,
y del municipio (oferta y demanda de propiedad raíz), como
también el arriendo de las mismas y la consulta a
inmobiliarias del municipio (Arrendando Bien Raíz, teléfono
281 69 87, Arrendamientos Sukasa, teléfono 3 73 26 13), у
utilizando los métodos valuatorios de la renta y el
comparativo homogeneizado, además de la información
recolectada en base encuestas y la visita personal al
inmueble, se obtuvo lo siguiente: […]”.
De conformidad con lo anterior, la Sala estima que en este avalúo
se utilizaron los métodos valuatorios de renta y comparativo,
mientras que en el avaluó oficial se usaron los métodos
comparativo y reposición, lo que pone de manifiesto que este
avaluó utilizó un método distinto al del avalúo oficial.
Cabe mencionar que no se podía acudir un método diferente al
utilizado por el avalúo oficial, en la medida en que el precio final
podía resultar diferente, dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio.
De modo que, para controvertir el avalúo oficial, practicado a partir
de la metodología de mercado o comparación y de reposición, lo
procedente era que el nuevo cálculo fuera hecho aplicando los
mismos sistemas técnicos que permitiera el análisis de la posible
diferencia de precio entre el avalúo oficial y el avalúo allegado por
la parte actora.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
Sobre la realización de un nuevo avalúo, en el que se aplique un
método valuatorio diferente al utilizado en el avalúo oficial, en
sentencia de 19 de abril de 202122, esta Sección señaló que para
desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo
en el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial,
en la medida en que el precio final puede resultar diferente dadas
las particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada
método valuatorio.
Así lo indicó esta Sala:
“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo
avalúo dando aplicación al método comparativo, el perito no
tenía otra alternativa distinta a la de aplicar el método de
capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se
realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido
totalmente demolidos.
[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón
que se utilizó un método distinto al de comparación y
que las especificaciones y criterios contenidos en
este, difieren de aquel utilizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá mediante avalúo No. AV-466-
07-36549 IDU 04-07 del 27 de diciembre de 2007, en
la medida en que el precio final puede resultar
diferente dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio. […]”
(Destacado fuera de texto).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
Ahora, si bien es cierto que en el avalúo practicado por el señor
ARBEY MONSALVE C. se utilizó el método comparativo, al igual que
se aplicó en el avalúo oficial que sustentó los actos acusados; no es
menos cierto que para sustentar el mismo no se identificaron las
fuentes de información del mercado inmobiliario consultadas, ni se
explicaron los criterios de selección de comparables, los ajustes
realizados, ni las variables consideradas para llegar al valor final
consignado. Tampoco se allegaron documentos de soporte que
permitieran contrastar objetivamente las conclusiones del perito.
Dicha omisión impide al juez ejercer un control racional y técnico
sobre el dictamen, pues no es posible verificar si el valor asignado
corresponde efectivamente a las condiciones del mercado ni si los
métodos enunciados fueron aplicados de manera correcta. En ese
sentido, un avalúo que se limita a consignar resultados sin revelar
el proceso técnico que los sustenta no satisface los estándares
mínimos de rigor probatorio exigibles en controversias de esta
naturaleza.
Además, el referido avalúo tampoco dio cuenta de las razones de
orden fáctico y probatorio que permitan descartar los valores de los
precios indemnizatorios del bien expropiado, o que demuestren el
error en el que incurrió la Administración al fijar el monto específico
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
establecido en el avalúo oficial y que fue acogido en las resoluciones
demandadas.
Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera, en
sentencia de 14 de septiembre de 202023, señaló que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración
al fijar un monto específico para la indemnización.
Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización
expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad
del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo
técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través
de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
Así, discurrió la Sala:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio
de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo
relativo al precio indemnizatorio.” 24[…]” (Destacado fuera de
texto).
Por consiguiente, la Sala considera que la actora no logró desvirtuar
la presunción de legalidad que cobija los actos acusados, con el
avalúo practicado por el señor ARBEY MONSALVE C.
. Sobre la alegada indebida aplicación de criterios
improcedentes en el avalúo oficial (propiedad horizontal y
vetustez).
Ahora, en lo que respecta al argumento del apelante, de que el
avalúo oficial habría aplicado criterios improcedentes que
condujeron a que el inmueble objeto de expropiación fuera
avaluado muy por debajo del valor comercial real, específicamente,
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
por: (i) el hecho de que el bien no se encontrara sometido al
régimen de propiedad horizontal y (ii) la aplicación de un factor de
depreciación por vetustez de los materiales, debe advertirse que
dicho argumento, aducido en el recurso de apelación, constituye
un nuevo cargo contra los actos acusados que no fue alegado en la
demanda.
Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos
acusados en el recurso de apelación resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el momento
procesal es en la demanda o su adición, sino en razón a que de
acometer su estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201825, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas en
ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-
2008-00074-02.
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Número único de radicación: 05001-23-33-000-2013-00559-01
Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en
razón a que de acometer su estudio se estaría violando el
derecho de defensa de la parte demandada en el proceso y el
deber del juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el
mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los
artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de 8
de octubre de 202026, esta Sección consideró que el ad quem no
puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,
ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes
términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los procesos
ordinarios el recurso de apelación tiene límites, toda vez que
debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda,
los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los
argumentos de oposición a la misma y las consideraciones que
sirven de sustento al a quo para fundamentar la sentencia.
Sobre el particular, esta Sección precisó:
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas oportunidades
ha puesto de presente que “[…] el juez de la segunda instancia
está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de
primera instancia que no fueron objeto de impugnación.
Igualmente ha reiterado que no puede abordar materias
o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia
censurada, el concepto de violación de la demanda y los
argumentos expuestos en la contestación de la misma,
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el
recurso de apelación hechos, cargos y presentar
pretensiones nuevas que no alegó ni en la demanda ni
en la contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y probatorio,
para que el superior funcional las revoque, modifique o
adicione; en esa medida, no es un instrumento para incluir
cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado
porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el
recurso y la sentencia apelada. […]” (Destacado fuera de
texto).
En consecuencia, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como
argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de
manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de
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las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue
planteado en la demanda27.
. Sobre la eficacia probatoria de los avalúos practicados
respecto de otros inmuebles del sector para desvirtuar el
avalúo oficial.
La parte demandante sostuvo que además del avalúo particular
allegado con la demanda, aportó al proceso diversos avalúos
practicados sobre otros inmuebles ubicados en el mismo sector en
el que se encontraba el predio objeto de expropiación, en el
municipio de Itagüí, con el propósito de demostrar que el valor
comercial asignado a su bien fue inferior al valor comercial real.
En efecto, obran en el expediente los siguientes avalúos
correspondientes a distintos inmuebles localizados en el Municipio
de Itagüí, los cuales fueron realizados entre los años 2010, 2011 y
2012, a saber:
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001-23-33-004-
2016-00143-01
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(i) AVALÚO LCPR –METROPLUS 101-01/10, de 8 de mayo de 2010,
elaborado por el Consorcio Inmobiliario constituido entre la Lonja
Colombiana de Propiedad Raíz y Avales Ltda., respecto del
inmueble ubicado en la Calle 56 núm. 52-42, con fecha de visita de
4 de mayo de 2010, en el que se utilizó la investigación directa
como método valuatorio, arrojó un valor total de $ 84.696.300, y
se tuvieron en cuenta las siguientes características del inmueble:
(ii) AVALÚO CORPORATIVO 2011-INM-008, de 15 de mayo de
2011, elaborado por la Corporación Avalúos, correspondiente al
segundo piso del inmueble ubicado en la Calle 57A núm. 52-46, con
fecha de visita de 4 de mayo de 2011, en el que se utilizaron los
métodos de mercado y de reposición, con un valor comercial de $
78.214.500, y se tuvieron en cuenta las siguientes características
del inmueble:
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(iii) AVALÚO CORPORATIVO 2011-INM-0036, de 18 de septiembre
de 2012, elaborado por la Corporación de Avalúos, respecto del
inmueble ubicado en la Calle 57A núm. 52-46, segundo piso, con
fecha de visita de 24 de agosto de 2012, por un valor de
$87.980.820, en el que se utilizaron los métodos de mercado y de
reposición, y se tuvieron en cuenta las siguientes características del
inmueble:
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(iv) AVALÚO CORPORATIVO NÚM. 2011-INM-006, de 12 de abril de
2011, elaborado por la Corporación Avalúos, correspondiente al
inmueble ubicado en la Calle 57A núm. 52-71, con fecha de visita
de 30 de marzo de 2011, en el que se utilizaron los métodos de
mercado y de reposición, por un valor de $76.734.000, y se
tuvieron en cuenta las siguientes características del inmueble:
(v) AVALÚO LCPR – METROPLUS 086-02/10, de 25 de mayo de
2010, elaborado por el Consorcio Inmobiliario, constituido por la
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Lonja Colombiana de Propiedad Raíz y Avales Ltda., respecto del
inmueble ubicado en la Calle 56 núm. 52-42 interior 116, con fecha
de visita de 28 de enero de 2010, en el que se utilizó la
investigación directa como método de avalúo, por un valor de
$62.616.600, y se tuvieron en cuenta las siguientes características
del inmueble:
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Del examen de los citados avalúos aportados por la parte
demandante, la Sala advierte que si bien es cierto que en algunos
de ellos el valor del metro cuadrado asignado a los inmuebles
valorados resulta superior al fijado para el predio de la
demandante, también lo es que tal circunstancia no constituye, por
sí sola, un elemento suficiente para desvirtuar el avalúo oficial que
sirvió de fundamento al precio indemnizatorio reconocido en el acto
administrativo demandado.
En efecto, no puede perderse de vista que el valor comercial de un
inmueble no se determina exclusivamente por su ubicación general,
sino que depende de un conjunto de condiciones particulares y
específicas de cada bien, tales como su localización exacta dentro
del sector, la cercanía a ejes viales principales, la condición de
esquina o de lote interior, las afectaciones urbanísticas o
ambientales, el uso del suelo permitido, los índices de ocupación y
construcción, el estado de conservación, la antigüedad de la
edificación, la configuración física y funcional del inmueble, así
como su forma de aprovechamiento económico, entre otros factores
relevantes.
Desde esta perspectiva, la comparación directa y aislada de valores
unitarios entre inmuebles distintos, aun cuando se encuentren
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ubicados en la misma zona o barrio, no constituye un ejercicio
técnico válido de controversia del avalúo oficial, en tanto no se
acompaña de un análisis que explique, con rigor metodológico, por
qué tales bienes serían equiparables para hacerlos comparables.
La Sala advierte, además, que del examen de los avalúos allegados
se desprende que los propios estudios técnicos reconocen
diferencias en los valores asignados a los inmuebles evaluados,
asociadas, entre otros aspectos, al estado de conservación de las
construcciones, a su distribución física y a las condiciones
particulares de cada predio. Esta circunstancia reafirma que no
existe una uniformidad de precios dentro del sector, ni puede
presumirse que todos los inmuebles ubicados en una misma área
geográfica deban necesariamente tener idéntico valor comercial.
Cabe resaltar, que incluso, del propio acervo probatorio allegado
por la parte actora se desprende la variabilidad de los valores
unitarios dentro del mismo sector, así lo evidencia el Avalúo
Corporativo 2011–INM–006, correspondiente al inmueble ubicado
en la Calle 57A # 52-71 del Municipio de Itagüí, en el cual se asignó
un valor de metro cuadrado a la construcción de $370.000, esto es,
inferior al reconocido para la construcción del inmueble de la
demandante, circunstancia que, según se desprende del mismo
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estudio, se explicó por el estado de conservación del bien evaluado,
conforme lo puso de presente el a quo.
Asimismo, es oportuno señalar que, en el caso concreto, el
inmueble objeto de expropiación estaba conformado por dos pisos
con estados de conservación diferenciados, pues mientras el primer
nivel se encontraba en buen estado, el segundo presentaba un
estado de conservación regular, condición que fue ponderada en el
avalúo oficial y que incidió razonablemente en la determinación del
valor del metro cuadrado, tal como consta en el estudio técnico
obrante en el expediente.
Ahora, la Sala destaca que la cuantía de las pretensiones de
restablecimiento del derecho fue calculada por la parte demandante
con base en valores de metro cuadrado tomados del Avalúo LCPR –
METROPLUS 086-02/10, de 25 de mayo de 2010, correspondiente a
un inmueble distinto, ubicado en la Calle 56 núm. 52-42, Interior
116 del Municipio de Itagüí, cuyos resultados se fundamentan en
supuestos datos estadísticos. Sin embargo, no se acompañó al
expediente ningún documento que permitiera verificar el origen,
alcance y veracidad de dicha información, ni la investigación de
mercado que supuestamente sustentó tales cifras, lo cual resta
fuerza probatoria a dicho referente.
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En este contexto, la Sala considera que no resulta jurídicamente
admisible adoptar como parámetro el valor del metro cuadrado
asignado a otros inmuebles del sector, únicamente por su cercanía
geográfica o por aparentes similitudes constructivas, pues cada
avalúo responde a condiciones particulares del bien valorado, tanto
estructurales como de ubicación, entorno y aprovechamiento
urbanístico.
En tal sentido, los avalúos de otros inmuebles del sector no superan
el estándar probatorio requerido para desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo oficial, pues se limitan a mostrar valores
distintos en predios independientes, sin demostrar que tales
diferencias obedezcan a un error del avalúo practicado sobre el bien
expropiado y no a las condiciones particulares de cada inmueble.
Por esta razón, la Sala advierte que la única prueba idónea para
desvirtuar el valor consignado en el acto administrativo de
expropiación habría sido un dictamen pericial practicado sobre el
mismo inmueble, objeto del presente proceso, elaborado con
observancia de los requisitos legales y metodológicos exigidos,
elemento probatorio que no obra en el expediente, en tanto la parte
actora no solicitó su práctica durante el trámite judicial.
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En consecuencia, tales avalúos no permiten establecer, con el grado
de certeza exigido en sede judicial, que el avalúo oficial hubiera
incurrido en errores técnicos o metodológicos al determinar el valor
comercial del inmueble de la demandante.
Al respecto, en la sentencia de 3 de mayo de 201828, citada por el a
quo, se precisó lo siguiente:
“[…] Por tanto, las pruebas que según la parte
demandante no fueron tenidas en cuenta, por no ser
avalúos respecto del predio objeto del presente
proceso, ni un dictamen pericial sometido a las reglas
que rigen la materia, no tienen la entidad suficiente
para demostrar que el avalúo practicado por la
Corporación Avalúos Asesor Desarrollo Urbano fijó un
precio injusto.
De lo expuesto, esta Sala concluye que ante la ausencia
de dictamen pericial en el proceso, las demás pruebas
no permiten establecer el valor del bien inmueble
expropiado y, por ende, no se demostró que aquel
tenido en cuenta por el municipio de Medellín para
calcular la indemnización fue errado. […]” (Destacado
fuera de texto).
Además, se tiene que en la audiencia de pruebas de 17 de marzo
de 2015, celebrada por el fallador de primera instancia, se
recepcionó el testimonio de la señora GLORIA MARULANDA RÍOS,
en el cual manifestó que otros predios fueron comprados con mejor
valor que el del predio de la parte demandante en el proceso de la
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta En Descongestión,
sentencia de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación 05001-23-31-
00- 2007-00495-01.
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referencia, conforme consta en el acta de dicha audiencia. Sin
embargo, para la Sala esta prueba tampoco tiene la entidad
suficiente para demostrar con el grado de certeza exigido en sede
judicial, que el avalúo oficial hubiera incurrido en errores técnicos o
metodológicos al determinar el valor comercial del inmueble de la
demandante.
Por lo tanto, la Sala considera que los citados avalúos allegados
por la parte demandante y el referido testimonio carecen de la
idoneidad necesaria para acreditar que el valor reconocido a su
inmueble fue inferior a su valor comercial real.
En este orden de ideas, habida cuenta que la parte actora no
demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e
incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en
el avalúo realizado por el Perito ARBEY MONSALVE C., ni en las
demás pruebas allegadas y practicadas, debe tenerse como válido,
creíble y debidamente fundamentado, el avalúo oficial que sirve de
sustento a las Resoluciones acusadas.
Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al
haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,
este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
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creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en
este caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.
Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de agosto de 201929
indicó :
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”30.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección31 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar
que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
30
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
31
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).
Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto
que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se
reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene
carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial
del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal
medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber
del interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el
asunto de la referencia32.
Sobre el particular, cabe advertir que, frente a la carga de la prueba
de la parte demandante para efectos de desvirtuar el avalúo oficial
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
en los procesos de expropiación, esta Sala sostuvo en sentencia de
20 de febrero de 202033, que ahora se prohíja, lo siguiente:
“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata
es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto
de la indemnización, y no simplemente de identificar
otras alternativas probables […]” (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no
están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de
legalidad del proceso expropiatorio y de los actos administrativos
acusados, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído.
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18834 del CPACA en armonía con el
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P: Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.
34
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
numeral 8 del artículo 365 del CGP35, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo36, la Sala condenará a la parte apelante,
en los términos del numeral 3 del artículo 36537 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso38 y por las agencias en derecho39”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandante a través de apoderado
judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
35
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
36
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
38
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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se sujetará a la liquidación40 que realice el secretario del Tribunal
a quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP41, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $118.377 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones42) a
favor de la Alcaldía de Itagüí, Antioquia. Lo anterior, de conformidad
con las tarifas establecidas en el del artículo 6°43 del Acuerdo núm.
1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración
de la gestión realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
40
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
41
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
42
De conformidad con el folio 3 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a
$59.188.256.
43
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
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Actora: YULENY ORTÍZ HINCAPIÉ
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora
y en favor de la Alcaldía municipal de Itagüí, Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $118.377
(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOS CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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