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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01247-02

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01247-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Inaplicar la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. 42 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01247-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandados: Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo

Temas: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Presunción de buena fe

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 172 del 27 de abril de 2004,
por medio de la cual ordenó pagarle a Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

el valor que resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se condenara a la demandada i) a restituir las sumas de dinero pagadas
en virtud de lo dispuesto en el acto acusado, desde el 31 de julio de 2002 hasta el
31 de mayo de 2021, y los valores que se generaran con posterioridad hasta que la
sentencia se encuentre en firme; y ii) en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Tulia
María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo estuvo vinculada con la
Universidad de Antioquia en calidad de empleada pública desde el 12 de julio de
1976 hasta el 30 de julio de 2003, fecha en la que le fue aceptada su renuncia.

3.2. Cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó su
reconocimiento ante el Instituto de Seguros Sociales2, que mediante la Resolución
016168 del 11 de diciembre de 2003, reconoció la prestación en cuantía mensual
de $2.913.079, a partir del 30 de julio de 2002, sin tener en cuenta en su liquidación
las primas de navidad, «de servicios» y de vacaciones.

3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto ISS 3 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

3.4. Con
fundamento en el Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.

3.5. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez de la
demandada, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 497 del 23 de octubre
de 2003, por valor de $287’570.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
$244’092.000, suma de dinero que consignó a la entidad competente, esto es al
ISS.

2
En adelante ISS.
3 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.

2

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Demandante: Universidad de Antioquia

3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

[…]

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».

3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

3.8. Con fundamento en lo anterior, la Universidad emitió la Resolución
Administrativa 172 del 27 de abril de 2004, en la que ordenó pagar temporalmente,
«hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial», a Tulia
María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo el valor que resultaba de la aplicación del
ingreso base de liquidación que establece el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y que no reconoció el Seguro Social.

3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20134 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la Universidad, providencia que fue confirmada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia del 16 de abril de

4 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

2015.

3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.

3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20135, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.

3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993 era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones; y por ello, en el caso de la demandada, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente lo relacionado al mayor valor en su ingreso
base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad previsional o
administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, la que debía
asumir dicho reconocimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

5 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.

4

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Demandante: Universidad de Antioquia

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la Universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.

5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.

5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.

5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicios o que ya estuvieran retirados por haber acreditado el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió a la
demandada, al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto,

6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «01DEMANDA».

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Demandante: Universidad de Antioquia

pues nació el 20 de mayo de 1948.

1.2. Contestación de la demanda

6. Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos7:

6.1. La universidad comenzó a efectuar cotizaciones con las respectivas
deducciones, antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, la
cual entró a regir el 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales o de este
carácter, por lo cual el Consejo Superior Universitario expidió la Resolución Superior
2035 del 26 de enero de 1994, que obligó a todos sus servidores [dentro de los que
se encontraba ella] a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral.

6.2. Si bien era cierto que la resolución acusada tenía la vocación de temporalidad,
esto es estaba condicionada hasta tanto el ISS «motu proprio o por orden judicial»
incluyera las primas de servicios, navidad, y vacaciones en las liquidaciones de las
pensiones de vejez del personal universitario [situación que aún no ha sucedido],
también era cierto que la universidad no había realizado las gestiones ni las
acciones judiciales para lograr que la administradora del régimen de prima media
recibiera las doceavas de estas primas como aportes.

6.3. La institución expidió el acto administrativo acusado de conformidad con el
principio de legalidad y en concordancia con el artículo 53 de la Constitución, así
como con la normativa vigente en materia pensional. Igualmente, se ajustó al
precedente del Consejo de Estado8 y generó derechos adquiridos pensionales que
deben ser respetados, independientemente de la entidad pagadora que los asuma.
Lo anterior, por cuanto cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del régimen
de transición y en tal virtud se le reconoció una mesada pensional que no podría
dejársele de pagar o reducirse según lo dispone el Acto Legislativo 01 de 2005; lo
contrario violaría el derecho a la aplicación progresiva de las garantías sociales.

6.4. Es una persona de especial protección constitucional pues tiene más de 70 años,
ha percibido dicho derecho prestacional por alrededor de 18 años, el cual constituye

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «29ContestacionDemanda»
8 La demandada no aportó datos adicionales del precedente aludido, pero citó: «que ha señalado en

forma reiterada y sistemática que esos mismos factores salariales establecidos, además, en la Ley
33 de 1985 no son taxativos, y que obligatoriamente las mesadas pensionales deben reflejar todo lo
devengado, es decir, para estos efectos las primas de navidad, servicios y vacaciones (factores a
los que obedece la subrogación)».

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Demandante: Universidad de Antioquia

su mínimo vital móvil al ser el único ingreso que percibe de buena fe y como
retribución por la labor que desempeñó durante toda su vida laboral en la
Universidad de Antioquia.

6.5. Percibió los dineros que ahora se reclaman de buena fe en virtud de la
Resolución Administrativa 172 del 27 de abril de 2004 por concepto de mesadas
pensionales denominada subrogación, por lo tanto, no hay lugar a que se le ordene
su restitución por cuanto el artículo 164, literal c) del CPACA establece que no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

6.6. Propuso las excepciones de: i) temeridad; ii) justo título y buena fe por parte de
la demandada; iii) firmeza, ejecutoriedad y obligatoriedad de la Resolución
Administrativa 172 del 27 de abril de 2004; iv) inexistencia de fundamentos jurídicos
que soporten la nulidad del acto administrativo demandado; v) incumplimiento del
procedimiento por la demandante en el acto administrativo demandado;
vi) prescripción; vii) imposibilidad de condena en costas; y viii) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, profirió
sentencia el 2 de noviembre de 2022 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad de la Resolución
Administrativa 172 del 27 de abril de 2004; sin embargo, negó la pretensión relativa
a la devolución de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado.

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:

8.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, y así lo
dispuso el Decreto 691 de 1994.

8.2. El artículo 4 del Decreto 2337 de 1996 determinó que las siguientes serían las
únicas obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los
entes universitarios oficiales a partir del 30 de junio de 1995 y para las cuales se
creó un fondo de pasivo pensional:

8.2.1. Aquellas que las universidades tenían a su cargo, y el reconocimiento y pago
de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez

9 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «51SentenciaPrimeraInstancia»

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Demandante: Universidad de Antioquia

o jubilación, invalidez y sobrevivencia, de acuerdo con el régimen pensional vigente,
antes del 23 de diciembre de 1993;

8.2.2. Las de quienes cumplieron con los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993
y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o
entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996;

8.2.3. Las de los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente que
cumplió con el tiempo de servicio al 31 de diciembre de 1996 y no había llegado a
la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen
que los regulaba, siempre y cuando no se encontraran afiliados a algunas de las
administradoras del sistema; y

8.2.4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente
y trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de prima media con prestación
definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad,
de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

8.3. Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo nació el 20 de mayo de 1948, por
lo que para el 31 de diciembre de 1996 contaba con 48 años de edad, y no había
colmado los requisitos para que el fondo de pasivos de la Universidad de Antioquia
le reconociera pensión de vejez. A través de la Resolución 16168 del 11 de
diciembre de 2003 el ISS le reconoció la pensión de vejez.

8.4. En la Resolución 172 del 27 de abril de 2004 por medio de la cual la Universidad
de Antioquia ordenó el pago de la diferencia que resultaba entre la aplicación del
IBL conforme con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el efectuado con la inclusión
de las primas de vacaciones, de navidad y semestral que no reconoció el ISS a Tulia
María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo, se asumió una obligación que no
establecía la ley. Allí se indicó con claridad que el reconocimiento se hizo a título de
subrogación con fundamento en lo dispuesto en la Resolución Rectoral 12094 de
1999, por la cual la universidad se arrogó aquellas sumas de dinero que no
reconoció el ISS a sus servidores que al momento de entrar en vigencia el Sistema
les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho pensional; y lo hizo con la
convicción de que era una obligación que tenía el Instituto y que no había cumplido.

8.5. La Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener la legalidad del acto
administrativo demandado. Por lo tanto, se incurrió en la causal de nulidad por

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Demandante: Universidad de Antioquia

haberse expedido sin competencia. En tal sentido, no se podía considerar que la
demandada tuviera un derecho adquirido, puesto que ese reconocimiento no tenía
fundamento jurídico. No hay norma que le atribuyera a la Universidad de Antioquia
la facultad de realizar reconocimientos de carácter pensional, ni mucho menos
establecer el régimen de pensiones a través de actos administrativos, y cualquier
disposición que se tomara en contravía de las prescripciones del Sistema General
de Pensiones no podía crear situaciones particulares amparables bajo la figura de
los derechos adquiridos10.

8.6. La Universidad de Antioquia no demostró que Tulia María del Espíritu Santo
Uribe Jaramillo hubiera actuado de mala fe para obtener el pago de las sumas de
dinero y el acto administrativo se presumía legal, hasta el momento en que se
profiere la decisión en sede judicial. Por lo tanto, no era procedente ordenar la
devolución de las sumas de dinero que recibió mientras el acto acusado generó
efectos jurídicos.

8.7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no procedía la
condena en costas cuando se discuten intereses públicos. Comoquiera que «en este
caso se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad y
se involucra el patrimonio público, no procede la condena en costas».

1.4. El recurso de apelación

9. Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo interpuso recurso de apelación con
fundamento en los siguientes argumentos11:

9.1. Si bien la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999
con mera liberalidad, también lo hizo con base en argumentos legales que le
permitían asumir el pago de pensiones conforme con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la interpretación progresiva del Consejo de Estado vigente en ese momento
sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
en aplicación de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, la sentencia impugnada
desconoció que se le afectó un derecho prestacional recibido por más de 20 años.

9.2. La sentencia recurrida sostuvo que la universidad solo tenía la obligación de
afiliar y cotizar al ISS, pero ignoró que aquella decidió garantizar la protección
pensional de sus trabajadores. Por lo que, la subrogación asumida por la
universidad desde el año 1998, y que resultó de la interpretación favorable del inciso

10 Así lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2019, en el proceso

con radicado 05001 23 33 000 2014 00067 01 (4270-16) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «53ApelacionSentenciaDDA»

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Demandante: Universidad de Antioquia

3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pasó a convertirse en un derecho adquirido.

9.3. En efecto, adquirió un derecho individual y concreto, que ingresó de manera legal
y legítima a su patrimonio por más de 20 años, y que ahora no puede ser
desconocido por la entidad pública pagadora con el argumento de no ser la
competente para ello, en tanto, cumplió supuestos normativos para acceder a la
pensión de vejez en los términos del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y los previstos en la Resolución 12094 de 1999.

9.4. La Universidad no creó un régimen pensional ni una regulación que se excediera
en sus competencias, sino que hizo uso de la figura de la subrogación, que tiene
como fin tutelar los derechos pensionales de quienes fueron sus servidores, cuando
quien tiene el deber legal de cumplir las leyes no lo hizo. Además, la competencia
para efectuar dicho pago devino de conservar en su patrimonio los aportes sobre
las primas de servicios, de navidad y de vacaciones de sus trabajadores
subrogados, pues si dichos aportes se hubiesen destinado efectivamente al ISS, la
entidad demandante hubiese perdido toda competencia en el pago discutido,
situación que no se ha presentado.

9.5. La institución de forma liberal se impuso la condición resolutoria en las
Resoluciones 17996 del 6 de octubre de 2000, 12094 y 16628 ambas de 1999, de
procurar por vía administrativa y/o judicial que el ISS, hoy Colpensiones, asumiera
la obligación que ella decidió voluntariamente subrogar, lo que no ha cumplido pues
la administradora no ha reconocido la reliquidación con base en todos los factores
salariales que devengó y que son pagados de forma subrogada por la universidad,
ni esta ha demandado a Colpensiones para tal efecto.

9.6. Comoquiera que la universidad no ha cumplido con la condición señalada en la
Resolución Rectoral 12094 de 1994, esto es «que reconocería dicho beneficio hasta
tanto el Instituto de Seguros Sociales reconociera motu propio o por decisión judicial» la
diferencia pensional pagada por ella, la Resolución Administrativa 172 del 27 abril
de 2004 no podía estar viciada de nulidad, pues era un acto administrativo vigente
y se insiste, la universidad no había agotado el proceso judicial, con el fin de que
Colpensiones se subrogara tal pago.

9.7. Con el acto acusado, la Universidad no alegó que estaba pagando una
obligación propia sino compartida, pues expresamente reconoció que era del ISS,
entidad que desconoció que era beneficiario de un derecho cierto, adquirido,
irrenunciable e imprescriptible

9.8. La universidad actuó bajo postulados constitucionales y legales, como lo son los
principios de favorabilidad en materia laboral y de seguridad social al reconocer el

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pago de la subrogación con fundamento en el inciso 3 de la Ley 100 de 1993, y con
el precedente progresivo del Consejo de Estado vigente para el momento según el
cual «para todos aquellos beneficiarios de Ley 33 de 1985, sus pensiones deben ser
liquidadas con el promedio de TODO LO DEVENGADO en el último año de servicios» (sic),
con lo cual se impuso como obligación correlativa a las entidades públicas pagar los
aportes por los factores no tenidos en cuenta, y a las entidades administradoras del
régimen de prima media recibirlos. Además, la prestación fue reconocida con
anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005 por lo que no se desconoció.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

11. En esta oportunidad no se pronunció13.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

12. Previoa resolver el objeto del litigio14, se advierte que el Congreso de la
República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, con la que « se establece el
sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones» y mediante la cual modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

13. En torno a la caducidad, la norma previó lo siguiente:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones

12 Tal y como se indicó en el auto del 26 de octubre de 2023. Índice 6 de Samai.
13 Índice 9 de Samai.
14 De conformidad con la facultad oficiosa del juez y el escrito presentado por la demandada el 27

de noviembre de 2024 visible a índice 14 de Samai.

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administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley». [Se resalta].

14. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
con los que fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar control de
legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva
el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.

15. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»15.

16. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA.

17. Sin embargo, de acuerdo con la norma contenida en la Ley 2381 de 2024, el asunto
en estudio se encuentra dentro de la hipótesis según la cual «a las pensiones
reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley»; por lo que, se debe
determinar si hay lugar a declarar la caducidad del presente medio de control, puesto
que el acto objeto de discusión por el cual la Universidad se subrogó en el pago de las
diferencias en la pensión reconocida por el ISS mediante la Resolución 016168 del
11 de diciembre de 2003, se expidió el 27 de abril de 2004 [a través de la Resolución
Administrativa 172] esto es, hace más de 5 años.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.

12

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18. Al respecto, se advierte que la disposición en comento [el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024] fue expedida con fundamento en las funciones asignadas al
Congreso de la República en el artículo 150 de la Constitución Política, sin embargo,
como lo ha señalado la Corte Constitucional16 esta atribución que le permite «regular
los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las
instituciones procesales en general» tiene como límite la materialización de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, a través del establecimiento de «reglas que consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de
legalidad propio del Estado Social de Derecho».

19. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)».

20. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

21. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]17 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito

16 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
17 Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y

Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.

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legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188718, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» [se resalta].

22. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

23. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que
se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos. Así las cosas, en
situaciones como la del sub judice, se entiende que este presupuesto procesal se
debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en esa data, esto
es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los actos con los
que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en cualquier
tiempo.

24. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura

18 Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor. Lo anterior, puesto que este
despacho no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la
cual, las «leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».

25. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia de primera
instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia, resultaría una
vulneración del debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el
asunto al punto de desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se
habían abierto y se había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.

19
26. En efecto, en este caso, el 3 de septiembre de 2021
, el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda que presentó la
Universidad de Antioquia al considerar que cumplió con los requisitos legales.
Posteriormente, en sentencia proferida el 2 de noviembre de 202220 accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, decisión que fue recurrida en sede de
apelación por la administradora y cuyo recurso fue concedido por el tribunal y
admitido por esta corporación.

27. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye
en la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, la protección de los recursos públicos.

28. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024 se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, se presentó dentro del término

19 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «17AdmiteDemanda»
20 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento en formato pdf «

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previsto por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las
cuales, cuando este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.

29. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio no hay lugar a aplicar el
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

2.2. El problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia21, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿la Universidad de Antioquia se encontraba facultada para
subrogarse en el pago por concepto de los factores salariales excluidos del IBL
calculado en la resolución de reconocimiento pensional expedida por el ISS a favor
de Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993

31. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la que
se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, en la última entidad pública
empleadora.

32. Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a

21 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 ordenó
incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;

b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».

33. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.

34. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

35. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y proceder
a su reconocimiento o reliquidación, según sea el caso.

2.2.2. Régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial

36. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las instituciones de
educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
tenían el deber de constituir un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a
la fecha de entrada en vigor de esa norma.

37. Con el fin de reglamentar la mencionada disposición, el presidente de la
República expidió el Decreto 2337 de 1996 «[p]or el cual se reglamenta el artículo 131
y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994», en el cual estableció el
régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades

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oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Las disposiciones allí contenidas tenían como destinatarios a estas
instituciones: i) que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras y ii) aquellas
que a través de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales de los servidores públicos, trabajadores
oficiales y personal docente, con vinculación contractual, legal o reglamentaria con
las universidades o instituciones de educación superior22.

38. Estos fondos que asumieron el pasivo pensional de estas entidades de
educación superior se constituyeron como cuentas especiales, sin personería
jurídica, de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos
recursos serían administrados en forma independiente mediante encargo fiduciario,
en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a
cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 199323.

39. Ahora bien, de acuerdo el Decreto 2337 de 1996, estos fondos deberán pagar
las pensiones que las instituciones de educación superior tenían a su cargo, pues
tienen, entre otras, las siguientes funciones:

«Artículo 4º. Funciones de los fondos para pagar el pasivo pensional. Los fondos para
el pago del pasivo pensional en favor de los empleados públicos, trabajadores oficiales
y personal docente, constituidos como una cuenta especial de las universidades oficiales
e instituciones de educación superior de carácter oficial y naturaleza territorial, tendrán
las siguientes funciones:
1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a
la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo con el régimen
pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre
de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o
entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de servicios al
31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a
la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo, siempre y cuando no se
encuentren afiliados a algunas de las Administradoras del Sistema General de
Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad

22 Artículo 2 del Decreto 2337 de 1996.
23 Artículos 3 y 5 del Decreto 2337 de 1993.

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administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los
artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación para
el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así
como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con el ISS
cuando a ella haya lugar
[…]» (sic).

40. Así las cosas, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales y las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, únicamente
conservaron la competencia de reconocer y pagar las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución frente a quienes adquirieron
el estatus pensional antes del 23 de diciembre de 1993 y a quienes entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 acreditaron el tiempo de servicio
exigido por el régimen pensional del cual eran beneficiarios.

41. Finalmente, en relación con quienes no se encontraban dentro del grupo referido
en el párrafo anterior, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
la ostenta la administradora del sistema general de pensiones a la cual se encuentre
afiliada el trabajador, bajo el entendido de que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización
a pensión.

2.4. Caso en concreto

2.4.1. Hechos probados

42. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

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2.4.1.1. Sobre la obligación que asumió la Universidad de Antioquia

42.1. Por medio de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia se subrogó en una obligación del ISS en relación con la
parte que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiados con el régimen de transición pensional que al momento de entrada en
vigencia el Sistema General del Pensiones les faltaba menos de 10 años para
adquirir el derecho y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones de
vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta conforme
lo indica el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, subrogación que asumió
hasta que el instituto reconociera esa obligación por decisión propia o por orden
judicial. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el ajuste de las pensiones que
ya habían sido reconocidas por el ISS a los servidores que se encontraban en la
situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha de
expedición de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación24.

42.2. A través de la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, la
vicerrectoría administrativa de la Universidad de Antioquia reglamentó la resolución
rectoral antes citada y, en consecuencia, fijó aspectos como25: i) los destinatarios
de la decisión: los jubilados, entendidos como empleados docentes y no docentes
de la universidad que se encontraran en régimen de transición y que al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos de 10 años para adquirir
el derecho y cuya pensión fuera reconocida, liquidada y pagada por el ISS sin tener
en cuenta el promedio de lo devengado por ellos; ii) el monto, que correspondería
a la diferencia que resultara de aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, liquidadas las doceavas de las primas de navidad, de
vacaciones, de servicios y la bonificación cuando a esta hubiere lugar y el valor de
la pensión que liquidaría el instituto; iii) los requisitos: que el instituto hubiere
proferido resolución de reconocimiento de la pensión y la concediera sin dar
aplicación al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que diligenciaran petición
de reliquidación del monto de la pensión ante el instituto; y que entregaran la
solicitud en la universidad con constancia de recibido en este; iv) el término de
duración del pago de la subrogación que se previó a partir de la fecha en que el
instituto reconociera la pensión y hasta que por decisión propia o judicial asumiera
la obligación de reliquidación; v) el pago que sería mensual; y vi) la retroactividad
para los jubilados que les hubiere sido reconocida la pensión con anterioridad al 4

24 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

carpeta 05Pruebas, documento «05RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999».
25 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

carpeta 05Pruebas, documento «06RESOLUCION RECTORAL 16628 DE 1999».

20

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Demandante: Universidad de Antioquia

de mayo de 1999.

42.3. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, el rector de
la Universidad de Antioquia derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de
1999, con fundamento en la expedición de varias decisiones judiciales en las que
se declaró la inexistencia de la obligación de parte del ISS para liquidar las
pensiones de vejez con inclusión de todo lo devengado por los servidores públicos
beneficiados del régimen de transición que les faltaren menos de 10 años para
pensionarse26.

2.4.1.2. Sobre la situación pensional de la demandada

42.4. Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo nació el 20 de mayo de 1948
según da cuenta la copia de su registro civil de nacimiento y de la cédula de
ciudadanía27 y el 21 de julio de 1976 tomó posesión del cargo de profesora de
tiempo parcial en la Universidad de Antioquia mediante acta 2125 del 2 de agosto
de ese año28 y presentó la renuncia al cargo de docente en la facultad de enfermería
a partir del «31 de julio de 2003»29.

42.5. Mediantela Resolución Administrativa 497 del 23 de octubre de 2003 la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su
nombre por valor de $287’570.000, de los cuales descontó $43.478.000
correspondiente al seguro social para un total de $244’092.00030.

42.6. Mediante la Resolución 016168 del 11 de diciembre de 2003, el ISS le reconoció
una pensión de vejez a partir del 30 de julio de 2002, de acuerdo con la Ley 33 de
1985, en virtud de la aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993 de la que era beneficiaria, en cuantía mensual de $2.913.07931.

42.7. A través de la Resolución 172 del 27 de abril de 2004, el vicerrector
administrativo de la Universidad de Antioquia ordenó el pago temporal del valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que establece el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no fue reconocido por el ISS, a partir del
31 de julio de 200332. Al respecto señaló que el Instituto no había aplicado en debida

26 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

carpeta 05Pruebas, documento «07RESOLUCION RECTORAL 35823 DE 2012».
27 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua 2»,

documento «16MemorialSubsanacion», páginas 14 y 15.
28 Íbidem, página 12.
29 Ibidem, página 13.
30 Íbidem, página 19 a la 21.
31 Íbidem, páginas 22 a la 25.
32 Íbidem, páginas 7 y 8.

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Demandante: Universidad de Antioquia

forma el IBL, toda vez que no incluyó las primas de navidad, de vacaciones y
«semestral»; de manera que procedía el pago en atención a lo dispuesto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la Universidad resolvió subrogarse
la parte de la obligación que tenía, pero que no reconocía el ISS.

42.8. Por medio de la Resolución 21855 del 31 de julio de 2012, el ISS resolvió una
solicitud de reliquidación pensional presentada por Tulia María del Espíritu Santo
Uribe Jaramillo y dispuso mantener la resolución de reconocimiento por ser más
favorable. Como fundamento de ello, señaló que si bien la liquidación de la pensión
de los beneficiarios del régimen de transición según la Ley 33 de 1985 debía atender
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional se «procedió a
la RELIQUIDACION de la prestación, encontrándose que dicha re-liquidación arrojó un
ingreso base de liquidación de 4.862.292.00 con un monto porcentual del 75% - que
establece como valor de la pensión la suma de $3.646.718.0o para el año 2008 y que para
el 2009 asciende a la suma $ 3.926.421,00 ,para el 2010 a 4.004.949.00, para el 2011 a
4.131.906.00, para el 2012 a 4.286.026 siendo así DESFAVORABLE al asegurado(a)
(sic)»33.

42.9. El gestor administrativo de gestión de la información laboral de la Universidad
de Antioquia certificó que Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo recibió por
concepto de subrogación entre el 31 de julio de 2003 y el 31 de mayo de 2021, la
suma total de: $259.480.73634.

2.4.2. Análisis sustancial

43. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la Sala encuentra que
mediante la Resolución 016168 del 11 de diciembre de 2003 el ISS le concedió una
pensión de vejez a Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo a partir del 30 de
julio de 2002; sin embargo, la Universidad de Antioquia al considerar que no se
aplicó al ingreso base de liquidación lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, se subrogó en parte la obligación que, a su juicio, desconoció la
entidad pensional y ordenó pagarle la diferencia a la demandada, a través de la
Resolución 172 del 27 de abril de 2004, con fundamento en unos factores que
consideró, debieron ser incluidos en ella.

44. Empero, tal y como se ha señalado en esta decisión, el parágrafo 2 del artículo
2 del Decreto 1068 de 1995 estableció que los servidores públicos, entre ellos, el
personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social
a más tardar el 30 de junio de 1995, de modo que, a partir de ese momento, la

33 Ibidem, páginas 33 a la 35.
34 Íbidem, páginas 10 y 11.

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entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás
prestaciones económicas dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora
de pensiones35.

45. En efecto, tal y como se advirtió en la Resolución Administrativa 497 del 23 de
octubre de 2003 Tulia María del Espíritu Santo Uribe Jaramillo se afilió al ISS el 30
de junio de 1995. Así las cosas, la Universidad de Antioquia carecía de competencia
para pronunciarse en cuanto a su derecho pensional y a los factores que hicieron
parte de su ingreso base de liquidación, por cuanto ello le correspondía ahora a
Colpensiones, como entidad previsional o administradora de las cotizaciones, que
era la que debía asumir el pago de la totalidad de la prestación.

46. En atención a esa competencia, en el presente asunto se acreditó que el ISS
expidió la Resolución 016168 del 11 de diciembre de 2003 por la cual reconoció la
pensión de vejez de la demandada; de manera que cualquier diferencia en cuanto
a los valores reconocidos, o a las particularidades en que se ordenó el pago, debía
ser puesta en consideración de esa entidad a efectos de que analizara la
procedencia o no de la reliquidación.

47. Como consecuencia de lo expuesto no le asiste razón a la demandada al
argumentar que el pago de la subrogación asumida por la universidad constituía un
derecho adquirido, pues lo cierto es que el beneficio de la transición protegía una
expectativa legítima de pensionarse, pero el derecho adquirido se predica de la
posibilidad de acceder al beneficio pensional por completar todos los requisitos para
ello. Con todo, el beneficio pensional se encuentra garantizado con el
reconocimiento que hizo el ISS a través de la Resolución 016168 del 11 de
diciembre de 2003, y las particularidades en las que se otorgó tal prestación no eran
del resorte de la institución educativa pues, se insiste, carecía de competencia para
ello, de modo que al haberlo dispuesto una autoridad que no gozaba de tal facultad,
esa y cualquier otra orden contenida allí no debió expedirse.

48. En efecto, en la sentencia C-168 de 1995, en control abstracto de
constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo el aparte final del inciso tercero que fue
declarado inexequible36. La declaratoria de exequibilidad se fundamentó en que no

35 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, en las sentencias del 21 de abril de 2017,

radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); del 27 de abril de 2017, radicado
05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110 01 (2366-2016); y del 31 de
enero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17) y del 23 de octubre de 2020,
radicado 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
36 La norma señalaba: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a

dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será

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violaban el artículo 53 de la Constitución Política, porque el legislador al establecer
las reglas de transición fijadas en ellos fue más allá de la protección de los derechos
adquiridos y salvaguardó las expectativas de quienes estaban próximos por edad,
tiempo de servicio o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la
pensión de vejez, lo que mostraba «una plausible política social» que se adecuaba al
artículo 25 constitucional, que garantiza una especial protección al trabajo.

49. Al respecto, la Corte consideró que la situación de las personas que se acercan
por edad o tiempo de servicio a las condiciones señaladas en la ley para acceder a
la pensión de vejez no es igual a la de aquellas que apenas inician una vida laboral,
llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a
pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, sus condiciones, por
ser distintas, justifican un trato diferente.

50. Al respecto, en sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió que «el derecho a
obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido
sino apenas una expectativa legítima», argumento que reiteró en la sentencia SU-395
de 2017, al señalar que el régimen de transición protege una expectativa legítima:

«8.17. Vistas, así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen
de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse
afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios
o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo
anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con
fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar
la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

[…]

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de
transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional37 (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da
lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial
protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas
pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por
consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación
se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y
proporcionalidad38. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó

el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y
de un (1) año para los servidores públicos».
37 «Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
38 «En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que

aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el
régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos posteriores

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(Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de
transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo39“» [Se resalta].

51. En el mismo sentido se ha pronunciado al Consejo de Estado al señalar que
«aunque [la actora] fuera beneficiaria del régimen de transición, no tenía una situación
jurídica consolidada sino una mera expectativa para pensionarse manteniendo algunas
condiciones del régimen anterior al cual se encontraba afiliada»40.

52. De esta forma, es claro que los beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un derecho adquirido, sino una
expectativa a pensionarse en los términos de la normativa anterior a la entrada del
Sistema General Pensiones.

53. Ahora bien, aun cuando no está en discusión el acto de reconocimiento
pensional, en el recurso de apelación la demandante sostuvo que i) la universidad
se había subrogado la obligación de forma voluntaria, respaldada en argumentos
legales [artículo 36 de la Ley 100 de 1993] y la «interpretación progresiva del Consejo
de Estado sobre la liquidación de pensiones para beneficiarios del régimen de transición
conforme a la Ley 33 de 1985» que establecía que esa prestación debía liquidarse con
la inclusión de todo lo devengado en el último año de servicio; y que ii) con
fundamento en ese criterio, incluso se impuso como obligación correlativa a las
entidades públicas pagar los aportes por los factores no tenidos en cuenta, y a las
entidades administradoras del régimen de prima media recibirlos.

54. Al respecto, resulta necesario señalar que esta corporación, en sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201841, precisó el alcance del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y, en ese sentido, indicó que el periodo para liquidar la pensión «[s]i
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con

que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello no implica
la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas siempre
deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de decisiones del
legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
39 «Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en

la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los
requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.”»
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo de 2015,

expediente 868-2009.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28

de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), M.P. César Palomino Cortés.

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base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE» y que «[l]os factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones»
[Se resalta].

55. En este punto debe precisarse que lo que se discute en el presente asunto es la
legalidad de la Resolución 172 del 27 de abril de 2004 expedida por la Universidad
de Antioquia mediante la cual esta asumió el pago de los valores que a su juicio no
había reconocido el ISS, y lo cierto es que el Decreto 1158 de 1994, por el cual se
modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, no incluyó en la base de cotización
de los servidores públicos, las primas de navidad, de vacaciones y semestral, razón
que explica que el ISS no recibiera las cotizaciones por esos factores.

56. En línea con lo anterior, y contrario a lo señalado por la demandada en el recurso
de apelación aun cuando pudiera considerarse que el acto acusado se fundamentó
en argumentos jurisprudenciales vigentes sobre la interpretación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, lo cierto es que i) la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para subrogarse en esa aparente obligación: y ii) la posición
jurisprudencial a que alude la recurrente fue modificada por esta corporación en
pleno, en la sentencia reseñada.

57. De conformidad con lo expuesto, tampoco es de recibo el argumento según el
cual la universidad impuso como condición resolutoria para el pago de la
subrogación que asumió voluntariamente que el ISS (hoy Colpensiones) se arrogara
la obligación y que para tal efecto aquella condición no se había cumplido, por
cuanto, como se ha expuesto, la Universidad de Antioquia no tenía competencia
para decidir sobre el derecho pensional y los factores del ingreso base de
liquidación, ya que esa función le correspondía a Colpensiones, como entidad
encargada de la administración de las cotizaciones y del pago total de la prestación,
la cual se pronunció al respecto y para la liquidación de la prestación tomó el
promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta a la demandada para
adquirir el derecho a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para empleados
del orden territorial. De manera que la supuesta condición, era imposible de cumplir
por inducir a una situación que desconocía la ley.

58. Ahora bien, frente al argumento según el cual la resolución administrativa no viola
el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto dicha norma constitucional estableció que
para la liquidación de las pensiones sólo se tendría en cuenta los factores sobre los
cuales se hubiere efectuado aportes efectivos al Sistema General de Pensiones,
pero respetó situaciones jurídicas consolidadas y, que en este caso, el acto acusado

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

fue anterior a dicha norma, la Sala precisa que la ilegalidad de la Resolución
Administrativa 172 del 27 de abril de 2004 por medio de la cual la universidad se
subrogó el pago por las primas de vacaciones, semestral y de navidad que no se
incluyeron en el acto de reconocimiento pensional no surge exclusivamente de la
lectura del Acto Legislativo 01 de 2005, sino de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993,
y el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995 que estableció que los
servidores públicos, entre ellos, el personal docente de las universidades oficiales
e instituciones oficiales de educación superior, debían estar afiliados al Sistema
General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de 1995, lo que impuso
concluir que a partir de ese momento, la entidad competente para el reconocimiento
y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas dispuestas en la Ley
100 de 1993, era la administradora de pensiones y no la Universidad de Antioquia.

59. Así las cosas, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad en cuanto a que el acto demandado fue
proferido sin competencia por parte de la entidad administrativa que los expidió, de
suerte que debe declararse su nulidad. Corolario de lo expuesto, se confirmará en
la sentencia apelada.

2.4. Costas

60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

aplicación razonable de la norma42.

63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

64. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo
mediante el cual se ordenó el pago de los factores salariales que no fueron
liquidados en el IBL de la pensión reconocida por el ISS a Tulia María del Espíritu
Santo Uribe Jaramillo es nulo por falta de competencia de la Universidad de
Antioquia para efectuar dicho reconocimiento. En ese orden, se confirmará la
sentencia del 2 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad que declaró la nulidad del acto acusado y negó
la devolución de dineros percibidos durante el término de vigencia de tal acto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Inaplicar la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

42 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

29

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