Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01189-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01189-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2023-01189-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de julio de 2024
Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
Rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01189-01
Demandante: ERASMO DE JESÚS SEPÚLVEDA TORRES
Demandado: LEONARDO ÚSUGA CORREA - ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE URAMITA, ANTIOQUIA - PERÍODO
2024—2027.
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo y por
pertenencia simultánea a dos partidos políticos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 30 de abril de 2024, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda tendiente a
obtener la nulidad del acto de elección del señor Leonardo Úsuga Correa
como alcalde del municipio de Uramita (Antioquia) para el período 2024—
2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres, en nombre propio, instauró
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de elección del señor
Leonardo Úsuga Correa como alcalde del municipio de Uramita (Antioquia)
para el período 2024—2027, contenido en el formulario E-26 ALC de 31 de
octubre de 2023.
1.1. Pretensiones
Fueron formuladas en los siguientes términos1:
1 Según el escrito de subsanación de la demanda.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
Rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01
PRIMERO. La nulidad total del acto de contenido electoral de inscripción
del ciudadano LEONARDO ÚSUGA CORREA, identificado con la cédula
de ciudadanía (…) como CANDIDATO a la Alcaldía del Municipio de
Uramita – Antioquia, por el PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO para
el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-6 AL, expedido por la
Registraduría Municipal de Uramita (Antioquia), como consta en el Acta
cuya copia adjunto, por doble militancia en la modalidad de apoyo por
infringir la obligatoriedad de los acuerdos de coalición.
SEGUNDO. La nulidad total del acto de elección del ciudadano
LEONARDO ÚSUGA CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía
(…) como ALCALDE del Municipio de Uramita – Antioquia, por el
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO para el periodo 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ALC, expedido el 31 de octubre de 2023
por la Comisión Escrutadora Municipal, como consta en el Acta cuya
copia adjunto, por doble militancia en la modalidad de apoyo por infringir
la obligatoriedad de los acuerdos de coalición.
TERCERO. Que una vez esté en firme la declaratoria de nulidad de los
actos de contenido electoral y de elección, se cancele la respectiva
credencial, la cual debe quedar sin valor ni efecto y se libren las
comunicaciones a las autoridades que deban conocer y ejecutar la
decisión.
CUARTO. Que como consecuencia de las anteriores declaratorias se
ordene la realización de nuevos escrutinios de los votos depositados para
la elección del alcalde municipal de Uramita (Antioquia), el pasado 29 de
octubre de 2023, con exclusión de los votos depositados a favor del
candidato inhabilitado LEONARDO ÚSUGA CORREA y se haga la
correspondiente declaratoria de la elección y se le expida la credencia a
quien resulte ganador.
QUINTO. Que, además de lo anterior, se decrete por parte del tribunal
administrativo lo que considere pertinente2.
1.2. Hechos
El demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos
fácticos3:
Sostuvo que el pasado 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las
elecciones locales para elegir al alcalde del municipio de Uramita (Antioquia),
donde resultó electo el señor Leonardo Úsuga Correa, quien fue avalado por
2 Se transcriben, inclusive, los errores del texto original.
3 Los hechos se sustraen del escrito de subsanación de la demanda. El líbelo inicial pretendía la
anulación de tres actos de elección, a saber, el del alcalde de Uramita, y de los concejales electos
Alonso Frei López Carvajal y Jader Antonio Úsuga Guisao. En consecuencia, el tribunal de primera
instancia inadmitió el libelo para que el actor lo subsanara en el sentido de separar las demandas. El
actor presentó un texto que, aunque concentró la solicitud de nulidad en el acto de elección del alcalde
de Uramita, conservó la redacción del libelo inicial en el que refirió hechos relacionados con los tres
demandados. Atendiendo a la circunstancia de que el a quo admitió la demanda contra el acto de
elección del alcalde de Uramita, y fijó el litigio en punto a determinar si el elegido incurrió en la prohibición
de doble militancia, la Sala destacará únicamente los hechos que sustentan las pretensiones de nulidad
contra esta elección.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
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el partido Demócrata Colombiano.
Mencionó que el partido Liberal Colombiano suscribió un acuerdo de adhesión
a la campaña del señor Luis Fernando Correa Salas, del partido Creemos,
para respaldar su aspiración al mismo cargo.
Expuso que el 4 de septiembre de 2023, se publicó en el perfil de la red social
Facebook del señor Luis Fernando Correa Salas, un video y un comunicado
a la opinión pública donde se informó sobre la consolidación del referido
acuerdo de adhesión. Destacó tres registros fotográficos de esa publicación.
Advirtió que el demandado participó en el certamen electoral «desconociendo
el carácter vinculante del ACUERDO DE ADHESIÓN POLÍTICA suscrito entre
el PARTIDO CREEMOS y el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, violando la
prohibición de doble militancia preceptuada en el artículo 275 numeral 8 de la
Ley 1437 de 2011 y el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, al inscribirse y
hacerse elegir por un partido político diferente al de su militancia, motivo por
el cual, los referidos ciudadanos desde el momento de la inscripción y
participación política activa como candidatos quedaron perteneciendo
simultáneamente al PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Y PARTIDO
DEMÓCRATA COLOMBIANO»4.
Mencionó que es un hecho notorio, exento de prueba, que el demandado ha
pertenecido históricamente, como militante y afiliado, al Partido Liberal
Colombiano, al punto que fue elegido concejal de esa colectividad para los
periodos 2012-2015 y 2016-2019, y nunca presentó su renuncia formal a dicha
agrupación política.
Sostuvo que, para el certamen electoral de 29 de octubre de 2023, el
demandado intentó obtener el aval del Partido Liberal Colombiano y, frente a
su negativa, promovió una «ruptura» al interior de esa colectividad, por cuanto
«trataron de bloquear la entrega del aval a un candidato diferente que no
tuviera la simpatía con el dirigente político JULIÁN BEDOYA».
Lo anterior, según una publicación de 27 de marzo de 2023 de un perfil de la
red social Facebook denominado «La cosa política de Uramita». Destacó una
captura de pantalla de esa publicación.
Insistió en que el señor Úsuga Correa se inscribió como candidato por el
Partido Demócrata Colombiano, sin haber renunciado formalmente a su
afiliación como militante del Partido Liberal Colombiano, por lo que para el
certamen electoral de 29 de octubre de 2023 fue concurrente y simultánea su
participación, militancia y pertenencia a ambas colectividades, se identificó
4 Hecho séptimo del escrito de subsanación de la demanda.
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Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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como liberal ante la comunidad y con esa agrupación se promovió en la
contienda donde fue elegido5.
De otra parte, afirmó que los candidatos al concejo municipal por el Partido
Liberal Colombiano, Jader Antonio Úsuga Guisao, Didier Aron Correa Giraldo
y Raúl Efrén Torres Torres, violaron la prohibición de doble militancia por
apoyar públicamente al demandado en su aspiración a la Alcaldía de Uramita
«contrariando el acuerdo de adhesión entre el PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO y el PARTIDO CREEMOS».
Destacó varios registros fotográficos de eventos políticos y publicidad donde,
en su criterio, se presentó apoyo mutuo entre el demandado y los candidatos
en mención, así como con la concejal en ejercicio Liliana María Duarte Duque,
también del Partido Liberal Colombiano.
Concluyó que el señor Leonardo Úsuga Correa incurrió en la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo «por infringir la obligatoriedad de
los acuerdos de coalición al desconocer el acuerdo de adhesión suscrito entre
el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y EL PARTIDO CREEMOS», por el
apoyo mutuo de tipo político, económico, publicitario, entre otros, con
candidatos del Partido Liberal Colombiano al Concejo Municipal de Uramita, y
por haberse promovido como miembro de aquella agrupación política, pese a
que se inscribió por el Partido Demócrata Colombiano.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora advirtió que el demandado incurrió en la prohibición de doble
militancia en los términos de los artículos 2° y 29 de la Ley 1475 de 2011, por
lo que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo
275 del CPACA.
El demandante endilga al elegido acusado su incursión en la prohibición de
doble militancia por varias circunstancias.
Así, considera que el elegido, dada su condición de militante activo del Partido
Liberal Colombiano, estaba vinculado con un acuerdo en el que esa
colectividad adhirió a la campaña del entonces candidato del Partido Creemos
a la Alcaldía de Uramita.
A partir de lo anterior, cuestiona que el acusado, pese su militancia activa en
el Partido Liberal Colombiano, desconoció ese acuerdo de adhesión, toda vez
que se inscribió e hizo elegir por el Partido Demócrata Colombiano, lo que
daría lugar a la configuración de la prohibición de que se trata, por pertenencia
5 Hecho octavo del escrito de subsanación de la demanda.
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simultánea a dos partidos políticos.
Sobre este aspecto, advirtió que el demandado electo nunca renunció
formalmente a su militancia en el Partido Liberal Colombiano, por lo que, al
presentarse a la elección como candidato avalado por el Partido Demócrata
Colombiano, incurrió en la prohibición de pertenecer a más de un partido o
movimiento político.
No obstante, también cuestiona que entre el acusado y algunos candidatos
del Partido Liberal al Concejo de Uramita, y otros militantes de esa agrupación
política, existió apoyo mutuo a sus aspiraciones políticas.
Entonces, se tiene que el actor reprocha que el acusado se haya inscrito y
hecho elegir por el Partido Demócrata Colombiano, a pesar de pertenecer de
forma activa al Partido Liberal Colombiano, al tiempo que censura el apoyo
mutuo con candidatos de esa colectividad a la que se supone pertenece.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Parte demandada
Por conducto de apoderado, propuso las siguientes excepciones:
Inepta demanda por ausencia del concepto de violación. Al respecto,
resaltó que el acápite del concepto de la violación de la demanda se limitó a
señalar que incurrió en la prohibición de la doble militancia «en la modalidad
de apoyo por infringir la obligatoriedad de los acuerdos de coalición», sin
desplegar una argumentación que permita a la magistratura establecer si, en
efecto, se desconoció el ordenamiento jurídico.
Inexistencia de doble militancia en la modalidad de apoyo. Señaló que el
concepto de la violación no desarrolló lo que se entiende por doble militancia
en la modalidad de apoyo, ni como se configuró en este asunto. Puso de
presente que, aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado
que existen cinco modalidades de esta prohibición, el demandante enfocó sus
cuestionamientos en la modalidad bajo cita, por lo que la judicatura deberá
limitar su estudio en lo que concierne a este reparo.
Frente al punto, advirtió que el señalamiento de la parte actora adolece de
varias inconsistencias al momento de determinar las conductas que reprocha.
Recordó que la modalidad de apoyo alegada se presenta como resultado de
actos positivos y concretos que demuestren el favorecimiento político a
candidatos de otra organización, sin embargo, no hay pruebas que permitan
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advertir su ocurrencia y, además, se le endilga haber recibido apoyo de
terceros, desconociendo que la prohibición en cuestión solo se configura por
ofrecer respaldo.
Advirtió que las pruebas aportadas por la parte actora no siembran una duda
siquiera razonable de la existencia de un apoyo a candidaturas de otras
colectividades distintas a la suya, por el contrario, y aunque de manera
insuficiente, pretenden acreditar que otros aspirantes le apoyaron.
Argumentó que la demanda se edificó en fotografías cuyo origen se
desconoce y, por lo tanto, carecen de validez probatoria, pues estas son
documentos meramente representativos que por sí solos no demuestran un
hecho u acción determinada, y deben valorarse en conjunto con otros medios
de prueba a partir de las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo
244 del Código General del Proceso.
Al respecto, sostuvo que los medios de convicción visuales aportados con la
demanda no demuestran nada, puesto que de ellos no es posible concluir la
incursión en la prohibición de doble militancia bajo la modalidad de apoyo, a
falta de información relevante relacionada con la fecha en que se tomaron, si
se captaron el marco de actos proselitistas o alguna situación específica, y en
algunas ni siquiera se observan distintivos de campañas políticas. En general,
las fotografías no dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de las imágenes captadas.
En cuanto al acuerdo de adhesión suscrito entre los partidos Liberal y
Creemos, advirtió que no estaba vinculado con tal instrumento, toda vez que
su partido no hizo parte de ese pacto.
Mencionó que inscribió su candidatura el 29 de julio de 2023, con el aval del
Partido Demócrata Colombiano, para aspirar a la Alcaldía de Uramita.
Adujo que, a su turno, el Partido Liberal Colombiano presuntamente suscribió
un acuerdo de adhesión con el Partido Creemos, para fortalecer el contenido
programático del candidato de esta última colectividad, el señor Luis Fernando
Correa, aclarando que el Partido Demócrata Colombiano no hizo parte de esa
asociación.
Aseveró que, con todo, el Partido Liberal Colombiano no conformó coalición o
adhesión alguna en el municipio de Uramita. Lo anterior lo sustenta en los
pronunciamientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Partido
Liberal, al responder una petición del personero de Uramita, donde aquella
entidad advirtió que no registra nada en sus archivos sobre el particular,
mientras que esta última colectividad adujo que no celebró acuerdo de
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adhesión alguno en el ente territorial.
Inexistencia de incursión en alguna otra modalidad de doble militancia.
Sostuvo que el demandante no argumentó la existencia de otro tipo de causal
de doble militancia diferente a la de apoyo.
Agregó que en los hechos 7 y 8 de la demanda se advirtió su inscripción por
el Partido Demócrata Colombiano, sin haber renunciado formalmente a su
militancia en el Partido Liberal Colombiano, ello sin sustento probatorio y sin
mayor desarrollo, por lo que el análisis de tal circunstancia no debe abordarse
por parte de la judicatura, so pena de desatender el principio de justicia rogada
y dejarle en desventaja para ejercer de manera adecuada su defensa.
Afirmó que, con todo, no se probó su pertenencia al Partido Liberal
Colombiano y, en gracia de discusión, lo cierto es que dejó de militar en esa
agrupación al momento en que presentó su renuncia como miembro del
Concejo Municipal de Uramita por esa colectividad, el 13 de noviembre de
2019.
Adujo que, sumado a lo anterior, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-
334 de 2014, explicó que existen i) ciudadanos, ii) militantes, e iii) integrantes
de partidos políticos, y que la prohibición de doble militancia aplica
exclusivamente a estos últimos, esto es, a quienes, además de pertenecer al
partido, ejercen cargos de elección popular, en tanto que la proscripción no
aplica para los dos primeros porque implicaría una restricción irrazonable y
desproporcionada de sus derechos políticos.
1.4.1.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, indicó que la entidad no tenía injerencia en la
postulación del candidato, de tal forma que solicitó la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Afirmó que la entidad no tiene a su cargo la competencia para verificar si se
está o no, ante alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de los
candidatos, puesto que el que inscribe y avala al aspirante es la agrupación
política, y el ente que tiene la facultad de verificar causales de inelegibilidad
es el Consejo Nacional Electoral.
1.4.1.3. Consejo Nacional Electoral
Por conducto de apoderado, manifestó que en el presente caso no se
encontraban configurados los presupuestos que determinan la causal
subjetiva alegada y, en esa medida, no se podía alegar la nulidad del acto que
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declaró la elección del demandado.
Expuso que no se probó que existiera un desconocimiento al acuerdo de
adhesión política por parte del señor Leonardo Úsuga Correa, al inscribirse y
hacerse elegir por un partido político diferente al de su militancia, toda vez que
lo que se podía observar en la demanda eran apreciaciones personales del
demandante.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
Mediante proveído de 13 de febrero de 2024, el ponente declaró no probada
la excepción previa de inepta demanda propuesta por el demandado.
Por auto de 20 de febrero de 2024, el despacho de primera instancia convocó
a los sujetos procesales para realizar audiencia inicial el 29 de febrero de 2024
en la que, entre otros asuntos, saneó el proceso, fijó el litigio y decretó las
pruebas aportadas por las partes.
El litigio se fijó en los siguientes términos6:
«Se deberá determinar si es procedente decretar la nulidad de la elección
del señor Leonardo Úsuga Correa como alcalde municipal de Uramita
para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ALC, para lo
cual se deberá determinar si en el presente caso, este incurrió en la
causal de nulidad de doble militancia establecida en el numeral 8° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.»
Posteriormente, decretó las pruebas aportadas por las partes, y los
testimonios solicitados con el escrito que subsanó la demanda7.
El 15 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
recibieron las declaraciones de tres de los ocho testimonios solicitados por la
parte actora, toda vez que su apoderado desistió de los restantes.
6 En principio, la fijación del litigio se planteó en el sentido de establecer si el demandado incurrió en la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. Sin embargo, dicha fijación se modificó por
virtud del recurso de reposición que formuló el apoderado del actor, donde advirtió que en el libelo
también se reprochó la conducta del demandado por la modalidad de pertenencia simultánea a más de
una agrupación política. En consecuencia, el magistrado sustanciador decidió fijar el litigio en punto a
establecer si el demandado incurrió en doble militancia, sin precisiones sobre la modalidad.
7 Luego de que el magistrado fijara fecha para la audiencia de pruebas, el apoderado de la parte
demandante presentó lo que denominó una «prueba sobreviniente». No obstante, el magistrado
conductor del asunto solicitó que se presentara por escrito para efectos de proveer sobre su
incorporación en oportunidad posterior.
Para acatar la instrucción del sustanciador, la parte actora aportó las «pruebas sobrevinientes» a través
de correo electrónico de 12 de marzo de 2024, que consistían en i) una certificación suscrita por el
secretario general del Partido Liberal cuya data corresponde al 21 de febrero de 2024, y ii) una respuesta
a una petición suscrita por el director jurídico de la colectividad bajo cita (junto con los estatutos del
partido).
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Luego, el togado sustanciador negó la incorporación de lo que la parte actora
denominó «pruebas sobrevinientes», argumentando que las mismas debieron
aportarse dentro de las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212
del CPACA.
La parte demandante interpuso recurso de apelación8, el cual se declaró
improcedente, comoquiera que, si bien el artículo 243 permite presentar la
alzada contra el auto que niega las pruebas, ello procede a condición de que
se hayan solicitado oportunamente de conformidad con el artículo 212 del
CPACA.
No obstante, en aplicación del parágrafo del artículo 318 del Código General
del Proceso, el magistrado sustanciador adecuó la impugnación al recurso de
reposición y, al resolverlo, mantuvo la decisión9.
Finalmente, dispuso correr traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.6. La sentencia apelada
A través de sentencia de 30 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones.
De manera previa, sostuvo que la causal de doble militancia por pertenencia
simultánea a más de un partido político no se analizaría, toda vez que ello no
fue objeto del planteamiento de la demanda, por lo que no es posible variar
los hechos objeto de la prueba.
El a quo indicó que la «vulneración a los acuerdos de coalición» no se probó
en el proceso puesto que con la respuesta al libelo se aportó copia de una
contestación de una acción de tutela10, en la que el director jurídico del Partido
Liberal advirtió que esa colectividad no realizó coaliciones para la Alcaldía de
Uramita, pues presentó candidato propio. Adicionalmente, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al responder una petición, indicó que el Partido
Liberal Colombiano no realizó coalición alguna en el municipio de Uramita.
Frente a la presunta doble militancia en la modalidad de apoyo, advirtió que
8 Bajo el argumento según el cual quien actúa es un ciudadano sin conocimientos en las ritualidades
procesales y, dado el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral, se presentan
dificultades para el oportuno recaudo y aporte de la prueba. Agregó que el Partido Liberal no está
obligado a suministrar información sobre sus militantes, por lo que no fue por falta de diligencia que en
su momento no se aportó la prueba.
9 Sostuvo, en síntesis, que las normas procesales son de orden público, razón por la cual no se pueden
desconocer para favorecer a una parte.
10 Presentada por el señor Néstor Abdón López Úsuga contra el Partido Liberal Colombiano, por
violación de su derecho fundamental de petición.
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las fotografías aportadas no dan cuenta de que el demandado hubiera
respaldado a miembros de otros partidos o movimientos políticos, además que
las mismas no permiten verificar con exactitud las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que conduzcan a sostener que se realizaron durante la
campaña.
Respecto de la fotografía de una valla publicitaria donde, según el
demandante, la gerente de la campaña del elegido conmina a votar por él y
por candidatos de otras colectividades, indicó que no se demostró la condición
de gerente referenciada por el actor y, además, la pieza en cuestión está
encabezada por la señora Elpidia Monsalve, quien es la que invita a votar por
los aspirantes, sin que se observe una acción directa del demandado, o
consentimiento para ello.
En cuanto a los testimonios practicados en el proceso, concluyó que los
mismos refirieron dichos o rumores difundidos en el municipio, pero sin
conocimiento presencial de los hechos.
1.7. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión de instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación.
Advirtió que la doble militancia por pertenencia simultánea a más de un partido
o movimiento político sí se planteó en la demanda, a partir de los hechos que
versan sobre esa circunstancia, aun si no se indicó textualmente en las
pretensiones. Agregó que el medio de control de nulidad electoral, por ser una
acción pública, no requiere de formalidades exageradas, como acudir por
conducto de apoderado, y permite que cualquier ciudadano sin formación
jurídica, como es el caso del demandante, pueda acceder a la administración
de justicia.
Aseveró que el juez tiene el deber de observar la demanda en su integridad,
sin que haya lugar a abstenerse de estudiar un cargo so pretexto de no hacer
parte de la pretensión, además que no tendría sentido haber expuesto en
varios hechos la pertenencia simultánea del demandado a dos partidos
políticos sin el propósito de reprochar esa conducta.
Frente al punto, sostuvo que, revisada la contestación de la demanda, las
diferentes pruebas, además de los testimonios, se demostró y fue aceptado
por el electo i) su pertenencia tradicional al Partido Liberal, incluso fue directivo
local y concejal de esa agrupación por dos periodos, ii) que se presentó a la
contienda electoral por un partido diferente, y iii) que nunca renunció a su
militancia liberal, toda vez que, si bien dimitió como concejal, no lo hizo frente
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a la colectividad.
Indicó que en la respuesta al libelo se evidenció que el extremo pasivo
presentó el escrito de renuncia a su curul como concejal ante la presidenta de
la duma de Uramita, sin evidencia de que su partido tuviera conocimiento de
ello.
Consideró que el demandado aceptó que milita en el colectivo en mención,
toda vez que, al pronunciarse, no acreditó su desafiliación, y limitó su defensa
sobre este reparo con sustento en la renuncia que presentó ante el concejo
municipal.
Mencionó que, con esta situación, el acusado desconoció lo previsto en el
artículo 6° de la Resolución 1839 de 2013, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, según la cual, para que opere la desafiliación, se requiere de una
manifestación en tal sentido por parte del afiliado.
En cuanto a la censura de doble militancia en la modalidad de apoyo, adujo
que se probó, con el material fotográfico (fotos 9 y 10), que el demandado
recibió respaldo político del candidato al concejo por el Partido Liberal Didier
Aron Correa y una concejal en ejercicio (Liliana Duarte) y, además, los testigos
dieron cuenta que lo vieron en eventos políticos con candidatos al concejo por
esa agrupación política.
Destacó el relato del señor Jhon Efrén Mena del Toro, en su condición de
director de deportes del municipio, quien vio a la señora Liliana Duarte
acompañando al acusado en dos eventos con todo su equipo a realizar
proselitismo en su favor.
Agregó que también se demostró, con los testimonios, el apoyo recíproco
entre el demandado y Hernán Torres, entonces candidato a la Asamblea de
Antioquia por el Partido Liberal11.
Acerca del acuerdo de adhesión política, manifestó que en el proceso se probó
que entre el Partido Liberal Colombiano y el «partido Centro Democrático»,
existió un acuerdo de coalición para presentar un candidato a la Alcaldía de
Uramita, el señor Luis Fernando Correa, sin embargo, los postulados del
Partido Liberal apoyaron al acusado para esa dignidad.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
A través de proveído de 23 de mayo de 2024 se admitió el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
11 Según una fotografía publicitaria aportada con el recurso de apelación.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
Rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01
Por auto de 5 de junio de 2024, el despacho sustanciador negó las pruebas
solicitadas por la parte actora con el recurso de apelación12, por
incumplimiento de los presupuestos del artículo 212 del CPACA. Contra esta
decisión no se presentaron recursos.
1.8.1. Alegatos de conclusión
Parte demandada
Reiteró el fundamento de la defensa, en cuanto a que la conducta prohibida
no se configura cuando se recibe apoyo, e insistió en que el acuerdo de
coalición entre los partidos Liberal Colombiano y Creemos no le vinculaba,
pues la agrupación por la que fue elegido, a saber, Demócrata Colombiano,
no hizo parte del referido pacto político.
Agregó que, con las pruebas aportadas, y en especial las fotografías, no se
demostró que hubiera apoyado a candidatos distintos de su colectividad, toda
vez que de ellas no es posible identificar quienes aparecen en los registros
fotográficos, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Advirtió que las documentales relacionadas con la militancia del demandado
en el Partido Liberal Colombiano13, no deben tenerse en cuenta por cuanto no
se solicitaron ni aportaron dentro de las oportunidades previstas en la ley.
Acerca de los testimonios practicados en el proceso, indicó que los
declarantes ratificaron su condición de colaboradores de la campaña del
demandante, y no proporcionaron información relacionada con la participación
del acusado en reuniones políticas con candidatos al Concejo de Uramita
distintos a los del Partido Demócrata Colombiano, ni haber recibido apoyo de
otras campañas o brindado ayuda a aspirantes que no fueran de su partido.
12 Con las que pretendía incorporar al proceso i) lo que denominó «prueba sobreviniente» que consistía
en una certificación expedida por el Partido Liberal Colombiano, y la respuesta a la petición en la que
dicha colectividad le negó certificar la militancia del demandado, por tratarse de información sujeta a
reserva (con la respuesta se adjuntaron los estatutos del partido), y ii) el traslado de una prueba
testimonial practicada en otro proceso.
El ponente consideró que, en primer lugar, las documentales relacionadas con la militancia del
demandado en el Partido Liberal no se aportaron ni se solicitaron dentro de las oportunidades
probatorias previstas en el artículo 212 del CPACA, y porque no reunían los atributos de la prueba
sobreviniente, pues los hechos que se pretendían demostrar no ocurrieron con posterioridad a la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia.
En segundo lugar, se advirtió que la prueba cuyo traslado se pretendía, aunque se practicó en el otro
proceso, no fue a petición de la parte contra quien se pretendía aducir o con su audiencia, es decir, el
demandado en este asunto.
13 Refiriéndose a las que la parte actora pretendió incorporar durante la audiencia inicial, que consistían
en i) una certificación suscrita por el secretario general del Partido Liberal cuya data corresponde al 21
de febrero de 2024, y ii) una respuesta a una petición suscrita por el director jurídico de la colectividad
bajo cita (junto con los estatutos del partido).
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Demandado: Leonardo Úsuga Correa
Rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01
Sostuvo, además, que las declaraciones arrojaron que los testigos no
presenciaron directamente los hechos.
Parte demandante
Insistió en que el elegido no demostró haber renunciado a su militancia en el
Partido Liberal, puesto que la manifestación en ese sentido se efectuó
respecto de la curul que ostentaba en el concejo por esa colectividad.
Reiteró que, en consecuencia, se demostró la pertenencia simultánea del
acusado a dos partidos políticos, por cuanto la renuncia aportada fue a su
curul pero no a la colectividad.
Sostuvo que el demandado desconoció lo establecido en la Resolución 1839
de 2013, del Consejo Nacional Electoral, cuyo artículo 6° dispuso que, para
que opere la desafiliación de un partido político, debe existir manifestación en
tal sentido.
Concluyó que se tiene certeza de la militancia del elegido acusado en el
Partido Liberal, comoquiera que fue concejal por esa colectividad durante dos
periodos, tal como se probó en el proceso y se reconoció por el extremo
acusado.
1.8. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, toda vez que la pertenencia simultánea del
demandado a dos colectividades políticas no fue materia de controversia en
este asunto, por cuanto el objeto del litigio, a partir de lo expuesto en la
demanda, se limitó a controvertir la elección del señor Leonardo Úsuga Correa
por su supuesta incursión en la prohibición bajo la modalidad de apoyo, de
manera que el a quo observó la coherencia interna del debate.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del
proceso de la referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del
acto de elección del señor Leonardo Úsuga Correa como alcalde de Uramita
(Antioquia) para el periodo 2024-2027, cuyo control de legalidad corresponde
a los Tribunales Administrativos, en primera instancia, de conformidad con el
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literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437 de 201114 y corresponde
al Consejo de Estado fungir como juez ad quem, en aplicación del artículo 150
ib.
2.2. El acto acusado
La parte actora pretende la nulidad del formulario E-26 ALC de 31 de octubre
de 2023, a través del cual se declaró la elección del señor Leonardo Úsuga
Correa como alcalde del municipio de Uramita (Antioquia), para el período
2024—2027.
2.3. Problema jurídico
Conforme al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia proferida el 30 de abril de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de
nulidad contra la elección demandada.
En esos términos, se debe establecer, como cuestión previa, si la pertenencia
simultánea del demandado a dos partidos políticos constituyó un
planteamiento de la demanda que debió estudiar el tribunal de primera
instancia.
Si el resultado de ello conduce a concluir que dicho reparo conformó el objeto
del litigio, la Sala determinará si el demandado incurrió en la prohibición de
doble militancia por pertenencia simultánea a más de un partido político.
Posteriormente, se analizará si el demandado incurrió en dicha prohibición en
la modalidad de apoyo, por el apoyo recíproco con las aspiraciones políticas
de los candidatos del Partido Liberal Colombiano al Concejo de Uramita.
Así entonces, la Sala abordará la segunda instancia desde los siguientes ejes
temáticos: i) cuestión Previa, ii) las modalidades de doble militancia, para
14
«ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de
los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración;
(…)».
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luego definir iii) el caso concreto.
2.3.1. Cuestión previa
El primer motivo de inconformidad planteado en la alzada se relaciona con la
abstención del a quo de pronunciarse acerca de la doble militancia del
demandado por pertenecer a más de un partido o movimiento político, por
tratarse de un aspecto que no hizo parte de la controversia.
Uno de los problemas que presentó el trámite de la primera instancia fue
precisamente la fijación del litigio, comoquiera que el a quo, al igual que el
demandado, entendieron que el libelo se enfocó exclusivamente en increpar
el apoyo mutuo entre este último y algunos candidatos del Partido Liberal.
En la audiencia inicial el litigio se había fijado en punto a determinar si el
demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo15, sin embargo, el apoderado del demandante presentó recurso de
reposición, al advertir que la demanda, vista de forma íntegra y contextual, no
se limitaba a esta irregularidad, sino que también censuraba la pertenencia
simultánea del demandado a más de un partido político.
Por lo anterior, el magistrado conductor del asunto readecuó la fijación del
litigio para establecer si el acto de elección demandado adolece de la causal
de nulidad por doble militancia prevista en el numeral 8° del artículo 275 del
CPACA, sin precisar modalidad alguna.
Contra esta decisión, el apoderado del demandado interpuso recurso de
reposición, y solicitó que se mantuviera la fijación inicial del litigio, toda vez
que en la demanda se invocó y limitó el concepto de la violación a la causal
de doble militancia en la modalidad de apoyo, por infringir la obligatoriedad de
un acuerdo de «coalición», y fue con base en esa acusación que se estructuró
la defensa.
El magistrado sustanciador de primera instancia se sostuvo en la decisión de
plantear el litigio de cara a establecer si el acto de elección está incurso en la
causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 275 del CPACA, bajo
la precisión de que el estudio se haría con estricta sujeción a los hechos de la
demanda, sin extender la litis a aspectos que no se hayan contemplado en el
libelo16.
15 La fijación inicial se planteó de la siguiente manera: «Se deberá determinar si es procedente decretar
la nulidad de la elección del señor Leonardo Úsuga Correa como alcalde Municipal de Uramita para el
periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ALC, para lo cual se deberá determinar si en el
presente caso, este incurrió en la causal de nulidad de doble militancia en la modalidad de apoyo
establecida en el numeral 8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011» (Negrillas fuera de texto).
16 A partir del minuto 41:05.
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Por consiguiente, es plausible concluir que, además del apoyo indebido, la
fijación del litigio también se enfocó en resolver la pertenencia simultánea del
acusado a más de un partido político.
En este punto debe insistirse en que, ciertamente, los usuarios de la justicia
deben cumplir unas cargas mínimas de concreción y claridad al momento de
instaurar una demanda. Sin embargo, estas exigencias no pueden limitar
irrazonablemente el derecho de acción, al punto de requerir erudición o una
técnica rigurosa en el planteamiento de los problemas jurídicos, máxime en el
marco de un medio de control de carácter público, como el de nulidad
electoral17.
En ese orden, dado que el tribunal resolvió fijar el litigio para determinar la
incursión del demandado en la prohibición de doble militancia, con
fundamento en los hechos de la demanda, debió pronunciarse frente al reparo
expuesto por la parte actora en punto a cuestionar la pertenencia simultánea
del demandado a más de un partido político, y dada la prosperidad de este
cargo de la alzada, la Sala resolverá el planteamiento sobre el particular.
2.3.2. Doble militancia
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas
en las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de
colectividades y bancadas sólidas, consistentes y con vocación de
permanencia. Así lo demuestran los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de
2009, por medio de los cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la
prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido
político. En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de
corporaciones públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una
próxima elección están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12
meses antes de la fecha en que inician las inscripciones de candidatos de los
comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
17 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 16 de marzo de 2023. Exp: 25000-23-41-000-2022-
01383-01.
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A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección
ha esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que
se manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las
conductas proscritas18:
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento
político o grupos significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política
distinta, en el mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular:
inscripción como candidato para la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto de aquel que lo avaló, con dos
excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de los 12 meses
que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas
diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos:
apoyar a candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que
pertenecen y les otorgó aval, según el caso, salvo que la respectiva
organización no esté participando con aspirantes para la
correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso a
determinada campaña de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como
candidatos o designación como directivos de organizaciones políticas
diferentes, salvo que medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses
antes de uno u otro hecho.
Doble militancia por pertenencia simultánea a más de un partido o
movimiento político
Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito
de aplicación de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión
que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería
18 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-
03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de
2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de
septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de
27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia
de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP.
Alberto Yepes Barreiro.
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jurídica, que le adscribía el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia,
dispuso que «… [E]n ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político». Sobre el
particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, al
revisar la constitucionalidad del citado artículo, determinó que «el legislador
estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva
respecto a la prohibición de doble militancia» y, por ende, declaró este
precepto ajustado a la carta política.
A partir de la literalidad de las normas transcritas, la Sala, al igual que lo ha
hecho con las demás tipologías de doble militancia19, ha razonado sobre la
prohibición de pertenencia simultánea a más de una organización política.
Sobre ésta conducta, debe decirse que fue introducida en el sistema jurídico
colombiano con el fin de crear un régimen severo de bancadas, en el cual, se
prohíbe el transfuguismo, lo anterior, bajo el entendido de que dicha libertad
debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio
democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el
elector en determinado plan de acción proselitista, no resulte frustrada por la
decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación mediante la cual
accedió a la corporación o cargo de elección popular.20
Esta modalidad de doble militancia está dirigida entonces, a quienes son
miembros de más de un colectivo. Por ello, es pertinente reseñar el sentido y
alcance de los conceptos de ciudadano, miembro e integrante de un partido o
movimiento político dados por la Corte Constitucional en sentencia C – 342 de
2006:
i) El ciudadano es la persona titular de derechos políticos, y estos a su
vez se traducen, de conformidad con la Constitución, en la facultad de los
nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos,
revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y
agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus
ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en
defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin,
desempeñar cargos públicos. En tal sentido, el ciudadano es un elector,
es decir, es titular del derecho a ejercer el sufragio, mediante el cual
concurre en la conformación de las autoridades representativas del
Estado. La calidad de elector no depende, en consecuencia, de la
afiliación o no a un determinado partido o movimiento político, lo cual no
obsta para que, el ciudadano pueda ser un simpatizante de un partido
19 A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal
autónoma de nulidad electoral, con consagración expresa en el numeral 8 del artículo 275 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos:
Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos
previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: (…) 8. Tratándose de la elección por voto
popular, el candidato incurra en doble militancia política.
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 490 de 2011. MP Luis Ernesto Vargas Silva.
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político.
ii) El miembro de un partido o movimiento político es aquel ciudadano
que, de conformidad con los estatutos de éstos, hace parte formalmente
de la organización política, situación que le permite ser titular de
determinados derechos estatutarios, como es aquel de tomar parte en las
decisiones internas, pero a su vez, le impone determinados deberes,
encaminados a mantener la disciplina de la agrupación. En tal sentido, en
términos de ciencia política, el miembro del partido o movimiento político
es usualmente un militante.
iii) El integrante de un partido o movimiento político que ejerce un cargo
de representación popular es aquel ciudadano, que no sólo es miembro
formal de una determinada organización política, que milita activamente
en ella, sino que, merced al aval que recibió de la misma, participó y
resultó elegido para ocupar una curul a nombre de aquél. En tal sentido,
confluyen en este ciudadano las calidades de miembro de un partido o
movimiento político, motivo por el cual debe respetar los estatutos, la
disciplina y decisiones adoptadas democráticamente en el seno de aquél;
y al mismo tiempo, al ser integrante de una Corporación Pública, deberá
actuar en aquélla como integrante de una bancada, en pro de defender
un determinado programa político. De tal suerte que, se trata de la
categoría en la cual el ciudadano puede participar con la máxima
intensidad posible en el funcionamiento de los partidos políticos
modernos; correlativamente, es aquella donde se exige un mayor
compromiso y lealtad con el ideario que se comprometió a defender.
Corolario de lo anterior, cabe resaltar conforme a la tesis de esta Sala que:
[D]esde un punto de vista formal, la mencionada prohibición busca evitar
la pertenencia simultánea del elegido a dos partidos, movimientos
políticos o grupo significativo de ciudadanos, y por ende, a dos bancadas;
desde una aproximación material, la interdicción conlleva a que el
representante no ejerza activismo en defensa de los programas, idearios
o ideologías de dos organizaciones políticas al mismo tiempo. Tal
prohibición, por lo demás, tiene como corolario la sanción del
“transfuguismo político”, fenómeno que acepta el normal desarrollo de la
actividad del Congreso de la República, o en su caso de las Asambleas
Departamentales, los Concejos Distritales y Municipales y las Juntas
Administradoras Locales. Así pues, no se trata tan solo de un asunto de
lealtad para con la organización política que llevó al candidato a la curul,
sino que está de por medio el racional funcionamiento de una
Corporación Pública. (…)
En este orden de ideas, las prohibiciones de la doble militancia, en el
sentido de pertenecer simultáneamente a dos bancadas, y del
transfuguismo político parten de entender que no se trata simplemente
de una discrepancia entre el parlamentario y la formación política que
avaló su candidatura en las anteriores elecciones o el grupo
parlamentario surgido de aquélla, sino que su rechazo se apoya en el
fraude que se le comete a los electores, quienes votaron por un
determinado programa al cual se comprometió a defender el elegido
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mediante su bancada en una determinada Corporación Pública.21
Vistos así los elementos que conforman esta específica modalidad de la doble
militancia, en la modalidad de simultaneidad, el juez electoral debe analizar la
naturaleza de esta para derivar las consecuencias jurídicas que previeron
tanto el constituyente como el legislador.
Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación22, relacionada
en el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
en los términos que se transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o
hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados.” (Negrilla fuera de texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 23 ha
reconocido que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación
electoral resulta de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia
en su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de
dirección, gobierno, administración o control en los partidos y movimientos
políticos, a los miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos
o aspiran a serlo en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia
exige que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 12 de
septiembre de 2013. Rad. 25000-23-31-000-2011-00775-02, MP. Alberto Yepes Barreiro.
22 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum),
MP. Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.
23 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido
distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad.
05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de
2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de
octubre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
Rad: 05001-23-33-000-2023-01189-01
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de
aquel al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido
caracterizado por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo
o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato
distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.» 24
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección
en el tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta
modalidad de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza
de los actos que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a
la vez el grado de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar
la presencia del apoyo ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos
y concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, esta judicatura explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo
atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha
prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro
partido político.25
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido
como sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la
puesta en marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio
de una candidatura ajena a la organización política que acompaña al
demandado –presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre
de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas
por la parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de
reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha
inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de
configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos
positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección
expuso:
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
25 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
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Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la
ejecución de actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel
inscrito por el partido al cual pertenece el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras
situaciones no contempladas en la norma, diferentes de los actos de
apoyo, como la decisión de llevar a cabo actos políticos sin el
acompañamiento del candidato del partido, en este caso a la
alcaldía, como señaló el actor.26 (Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio,
considerarse como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del
elemento teleológico de la noción, la impresión de volantes publicitarios
respecto de los cuales se omitió probar su socialización y distribución para el
fortalecimiento de la campaña política de un candidato afiliado a otro
movimiento27; las palabras de agradecimiento entre aspirantes políticos28; así
como la existencia de publicidad perteneciente a un aspirante avalado por otra
organización, cuando los medios de convicción allegados no permiten
aseverar que su presencia responde a la voluntad del accionado, como una
manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:
…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian
elementos que, por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las
reuniones respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien
dispuso, autorizó, convino o consintió tales actividades
proselitistas y menos que de ellas se derive el cuestionado apoyo.”
(Negrilla fuera de texto)
Pero no solo estos aspectos29 del respaldo proscrito han sido modelados por
la jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho
26 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. «Ahora bien,
aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas
características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados,
distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción
Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los
mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011». (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A diferencia
de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de falsedad permite
establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de contexto en la prueba
allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de agradecimiento dirigidas al
señor Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura por Bogotá.” (Negrilla
y subrayas fuera de texto)
29 La naturaleza del apoyo.
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referencia a la frecuencia con la que deben producirse las acciones que
denotan asistencia, por lo que los actos de acompañamiento político no
requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde
se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede
probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la
campaña política30.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –
carácter autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario
que «…el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al
regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición
de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.»31
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento
prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de
convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la
ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de
una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del
que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
esta Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del
presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad
política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que
permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que
en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble
militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad
de su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación
al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del
Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde
a la asamblea departamental, en el marco de programas radiales32.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20
de agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento
de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
31 Ibidem.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-
2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
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Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en
materia de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a
los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran
afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la
que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.33
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben
producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la
norma conlleva aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe
suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante
ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la
palabra»34; término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano
acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado
haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se
trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de
control de nulidad electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto,
teniendo en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente
de esta Sala de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados
por un partido o un movimiento político a una causa proselitista distinta de la
suya, –aunque no exista registro de una aspiración particular–, pueden llevar
a cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de
la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
la Sala concluyó en relación con este aspecto:
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la
modalidad de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un
candidato diferente al inscrito o apoyado por una determinada
colectividad política, lo cual necesariamente presupone que el partido o
movimiento político bien haya inscrito un candidato propio para
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya
decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de otra
organización política.35
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por
la demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la
candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado
a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a
aquellos de la colectividad.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al Concejo a
la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la misma
municipalidad–, pero también en el escenario de circunscripciones territoriales
diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido
brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes
por una circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide
en la configuración de la doble militancia política.36
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la
coincidencia o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a
través de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un
candidato avalado por una organización distinta de la suya, fomentando sus
posibilidades de acceso a un cargo de elección popular.
Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso
concreto, esta Judicatura hilvanará algunas ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite
judicial.
En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para
establecer con certeza que durante el periodo señalado el demandado
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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desplegó actos de respaldo a un candidato inscrito por una organización
política diferente a aquella que lo avaló, pese a que esta colectividad también
tenía aspirantes, inscritos o por adhesión a la campaña, para el respectivo
cargo o corporación.
Así mismo, tanto la Corte Constitucional37 como esta Sala38 han perfilado la
doble militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este
ámbito, teniendo en cuenta que cada partido coaligado otorga avales
individuales a sus candidatos, se ha considerado, de acuerdo con la finalidad
de la prohibición, que deben favorecer, en primer término, a los que
pertenecen a su misma colectividad y solo a falta de estos, es posible
respaldar a alguno de los inscritos por las demás organizaciones que
suscriben el acuerdo, siempre que se les haya dejado en libertad para hacerlo.
En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble
militancia por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos
consagrados en la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al
propósito del legislador, al efecto útil de la disposición que consagra la
prohibición e integrando el principio de capacidad electoral, que debe orientar
al operador jurídico al resolver las controversias de esta naturaleza.
2.3.3. Caso concreto
La Sala se ocupará de resolver los reparos del recurso de apelación en los
términos que se exponen a continuación.
De la pertenencia simultánea del demandado a dos partidos políticos
Ahora bien, para el demandante, el elegido desconoció un acuerdo de
adhesión que al parecer fue suscrito entre los partidos Liberal y Creemos en
respaldo del candidato de este último a la Alcaldía de Uramita, ante el hecho
de que se inscribió e hizo elegir por el Partido Demócrata Colombiano.
La Sala debe aclarar que, de acuerdo con el Formulario E-6 AL aportado con
la demanda, el acusado se inscribió como candidato a la alcaldía del referido
ente municipal por el Partido Demócrata Colombiano, sin que se observen
coaliciones entre este y otras agrupaciones políticas.
Adicionalmente, según la captura fotográfica de una red social, aportada con
el libelo, el 4 de septiembre de 2023, el señor «Luis Fernando Salas» publicó
un comunicado en el que el señor Gustavo López Herrera, en representación
37 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-
00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00271-
00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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del Partido Liberal, decidió respaldar la candidatura de aquel, por el Partido
Creemos, a la Alcaldía de Uramita.
Con la demanda se aportó el texto del acuerdo en mención, suscrito por los
representantes de los partidos Liberal Colombiano y Creemos, cuyo objeto
consistió en promover la referida adhesión en torno a la campaña de Luis
Fernando Correa Salas39 como candidato a la Alcaldía de Uramita, para el
periodo 2024-2027.
De ahí que la primera conclusión a la que debe llegar la Sala es que ese
acuerdo, al margen de la prueba de las formalidades o de su existencia40, se
integró únicamente por los partidos Liberal y Creemos, sin incluir al partido
Demócrata Colombiano el cual, valga anotar, presentó al demandado como
su candidato a la alcaldía, por lo que, menos aún, estaba obligado a respaldar
a su contendor.
Bajo estas condiciones, el partido por el cual se inscribió el demandado no
hizo parte del acuerdo de adhesión bajo cita, por lo que en manera alguna le
vinculaba y, por ende, no se advierte el desconocimiento de pacto alguno.
Hecha esta aclaración, la Sala determinará si el demandado, para el momento
de su elección, pertenecía simultáneamente al Partido Demócrata
Colombiano, por el cual fue elegido, y al Partido Liberal, que según el
demandante es en el que militaba.
Sobre este aspecto, conviene tener en cuenta que la configuración de la
prohibición bajo la modalidad de pertenencia simultánea a más de un partido
o movimiento político, exige que el demandado sea militante activo de una
agrupación política y que, en vigencia de esa pertenencia, se haya inscrito y
hecho elegir por una colectividad diferente.
Téngase en cuenta, además, que la inscripción del elegido por un partido
39 Del Partido Creemos.
40 Sobre este aspecto, es del caso precisar que los pactos de adhesión son válidos «sin que se
establezca que tal declaración debe ser por escrito o de manera verbal, que requiera la aceptación por
la colectividad de origen y/o la coalición del aspirante inscrito, y muchos menos presentada, revisada
y/o aceptada para su validez ante las autoridades electorales. (…) A juicio de la Sala, la ausencia de
regulación en materia de adhesión obedece no a una omisión legislativa, sino a que hace parte
del margen de autonomía con el que gozan las colectividades políticas, y por ende, a la alternativa
que tienen durante la campaña electoral de apoyar o no determinada candidatura (dentro de los límites
legalmente establecidos, verbigracia no incurrir en la prohibición de doble militancia), de establecer de
qué forma procederán frente a las contiendas que se llevan a cabo para los cargos de elección popular
en el país, sin que se exija a las agrupaciones involucradas el cumplimiento de alguna carga
administrativa ante las autoridades electorales y mucho menos alguna validación de éstas, de
manera tal que si bien es cierto la adhesión se presenta durante la campaña electoral, no hace parte de
los requisitos o las etapas necesarias y/o legalmente establecidas para habilitar la participación de un
ciudadano en la contienda o para la declaratoria de la elección, por lo que en estricto sentido no puede
considerarse como acto previo o preparatorio de ésta» (Negrillas de la Sala). Consejo de Estado.
Sección Quinta. Sentencia de 27 de octubre de 2021. Exp: 76001-23-33-000-2020-00002-02.
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distinto al de su procedencia no es el único factor que se debe acreditar para
tener por demostrada la incursión en la prohibición, sino que además requiere
la evidencia de la militancia activa en el partido respecto del cual se endilga la
filiación primigenia.
De ahí que se deba advertir que quien acude ante el juez electoral en procura
de la anulación de una elección por la causal bajo análisis, tiene la carga de
probar la vigencia o continuidad de esa militancia para el momento de la
inscripción y elección por un partido distinto41.
De entrada, se advierte que esta circunstancia no se probó en el proceso,
puesto que el demandante no aportó ni solicitó las pruebas para acreditar la
militancia del demandado en el Partido Liberal Colombiano.
Si bien la parte actora pretendió incorporar los documentos con los que, en su
sentir, se demostraba la filiación política del acusado con el partido en
mención, lo cierto es que procedió con ese propósito por fuera de las
oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 del CPACA42, cuando
el acusado ya se había pronunciado al contestar la demanda, por manera que
no es admisible desequilibrar la balanza de la justicia para que el extremo
actor pueda presentar pruebas en cualquier tiempo, en desmedro del derecho
de defensa del elegido.
Por otra parte, la Sala no comparte la apreciación de la parte actora según la
cual se demostró la doble militancia con la contestación de la demanda.
Lo anterior toda vez que el acusado nunca aceptó su pertenencia «tradicional»
al Partido Liberal, como tampoco señaló que se presentó a la contienda por
un partido diferente.
Según la parte apelante, el demandado presentó un escrito radicado el 13 de
noviembre de 2019, mediante el cual renunció a la curul que ostentaba en el
Concejo de Uramita documento que, más allá de acreditar ese hecho, no
permite a la Sala concluir su militancia en el partido Liberal para el momento
en que se inscribió y fue elegido alcalde para el periodo 2024-2027.
41 En este punto, debe tenerse en cuenta que esta Sala, en providencia de 20 de junio de 2024, dictada
en el expediente con radicado 23001-23-33-000-2023-00186-01, dispuso la suspensión provisional del
acto de elección demandado en ese asunto, al encontrar probada, en esa etapa procesal, la pertenencia
simultánea del acusado a más de una colectividad política. Si bien en el proveído bajo cita se indicó que
la renuncia que presentó el demandado a su curul como concejal del Partido Liberal no le desligaba de
su militancia en esa colectividad, y que no se demostró que haya renunciado previamente a ella, no se
debe perder de vista que la Sala arribó a esa conclusión con fundamento en, entre otros medios de
convicción, la certificación suscrita por el secretario general del Partido Liberal Colombiano, que dio
cuenta de que el acusado continuaba con su militancia activa en esa agrupación. De ahí que
correspondiera al demandado desvirtuar el contenido de dicho documento acreditando su renuncia
expresa.
42 Motivo por el cual no se decretaron esas pruebas tanto en primera como en esta instancia.
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Con la demanda se aportó una certificación suscrita por la secretaria general
del Concejo Municipal de Uramita, según la cual el señor Úsuga Correa ejerció
como concejal, representando al Partido Liberal Colombiano, durante los
periodos del 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, y del 1° de
enero de 2016 al 13 de diciembre de 2019, el cual conduce a demostrar su
militancia en esa colectividad durante ese interregno, pero no da cuenta de su
filiación para el momento en que fue inscrito y elegido por el Partido
Demócrata Colombiano.
No se debe perder de vista que, según el Formulario E-6 AL aportado por la
parte actora, la inscripción del demandado tuvo lugar el 29 de julio de 2023, a
las 11:40, por lo que entre el 13 de diciembre de 2019 y esta última data,
transcurrió un tiempo considerable del que no se tiene certeza de la
continuidad de su otrora filiación política.
Adicionalmente, para establecer los efectos de la dimisión a una curul, es
necesario revisar los estatutos vigentes para determinar si ello se extiende a
su filiación, o si la renuncia se presume al incorporarse a otra colectividad, sin
embargo, la parte actora no allegó oportunamente el texto estatutario, ni
solicitó a la judicatura de primera instancia que se decretara la prueba de que
se trata.
Las pruebas testimoniales tampoco arrojan certeza sobre este particular43.
Ante la primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Jhon
Jaider Quiroz Torres, Iván Darío Gallego Giraldo y Jhon Efrén Mena del Toro,
quienes refirieron que el demandado participó en reuniones con miembros del
Partido Liberal, antes de las inscripciones, para designar al candidato por esa
colectividad a la alcaldía44.
No obstante, la Sala debe advertir que ninguno de los deponentes fue testigo
directo de los hechos, comoquiera que aceptaron que no estuvieron presentes
en las sesiones de los miembros del Partido Liberal, sino que conocieron sus
dinámicas con base en lo que escuchaban o se publicaba en redes sociales.
Así, el testigo Jhon Jaider Quiroz Torres, al ser interrogado por el magistrado
acerca de la forma como se enteró de las reuniones, manifestó que Uramita
es un pueblo pequeño y lo que se ve o escucha en cada esquina retumba en
todo el municipio, y se conocía lo que pasaba en las reuniones porque los
43 La parte actora solicitó la prueba para que los testigos declararan sobre todos los hechos de la
demanda relacionados con la violación a la prohibición de doble militancia en que incurrió el demandado.
A partir del objeto de la solicitud, se colige que el demandante pretendía demostrar la incursión del
acusado en la prohibición de doble militancia, tanto en la modalidad de pertenencia simultánea a más
de una agrupación política, como en la de apoyo.
44 A partir de los minutos 15:44 (Jhon Jaider Quiroz Torres), 31:54 (Iván Darío Gallego Giraldo) y 55:13
(Jhon Efrén Mena del Toro).
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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asistentes salían y decían lo ocurrido45, y expresamente señaló que no
participó46.
Por su parte, el testigo Iván Darío Gallego Giraldo sostuvo que se enteraba de
las reuniones porque manejaba una ruta escolar, y preguntaba los
pormenores de dichas concentraciones, y por eso sabía quienes asistían y
qué decían47, y puntualmente señaló que nunca estuvo presente, pero que
supo de los acontecimientos por publicaciones de redes sociales48.
A su turno, el señor Jhon Efrén Mena del Toro, al ser interrogado por el
magistrado acerca de la forma como se enteró de la consulta liberal para
designar al candidato a la alcaldía, afirmó que para nadie era un secreto que
los encuentros tenían ese propósito, y que por redes sociales supo que el aval
se lo otorgaron al señor Gustavo López49 y, además, sostuvo que no participó
en las reuniones50.
Como bien se observa, los deponentes no fueron testigos presenciales de los
hechos, por lo que no se tiene certeza acerca de si las reuniones a las que se
refirieron tuvieron propósitos políticos como, entre otros, la designación del
candidato del Partido Liberal a la alcaldía y que el acusado haya postulado su
aspiración por esa agrupación. A partir de ello, se concluye que los testimonios
practicados no conducen a probar la pertenencia del demandado a dicha
agrupación política para el momento en que inscribió su candidatura y fue
elegido alcalde para el periodo 2024-2027.
Además, valga decir, los testigos coincidieron en sostener que los encuentros
tuvieron lugar antes de las inscripciones de las candidaturas, por lo que no
hay certeza de que, para ese entonces, ni al momento de la elección, el
demandado militara en la colectividad liberal.
Bajo esas condiciones, para la Sala no está demostrada la militancia del señor
Leonardo Úsuga Correa en el Partido Liberal, puesto que, aun bajo la
circunstancia de haberse elegido por esa colectividad para el concejo
municipal en periodos anteriores al de la elección cuestionada, ello no
contribuye a acreditar que, para el momento de inscribir su candidatura a la
alcaldía, periodo 2024-2027, continuara vinculado con ese partido.
Finalmente, frente a la desatención del artículo 6° de la Resolución 1839 de
2013, dictada por el Consejo Nacional Electoral, se tiene que la parte actora
45 A partir del minuto 19:43.
46 A partir del minuto 21:56.
47 A partir del minuto 37:04.
48 A partir del minuto 38:00.
49 A partir de la hora 1: 01:27.
50 A partir de la hora 1:07:00.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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no formuló este reparo en la demanda, por lo que no fue un aspecto debatido
ante la primea instancia, razón por la que la Sala no se ocupará de
pronunciarse sobre este punto novedoso planteado en la alzada.
Por lo tanto, este cargo de la apelación no está llamado a prosperar.
De la presunta incursión del demandado en la prohibición de doble
militancia por apoyo
Según el demandante, el señor Leonardo Úsuga Correa recibió apoyo de
militantes y candidatos del Partido Liberal al concejo municipal.
Antes de resolver este reparo, es preciso indicar que la parte actora, con la
alzada, advirtió que el demandado incurrió en dicha prohibición por el apoyo
recíproco con el candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal,
Hernán Torres.
La Sala advierte que en la demanda no se elevó reproche alguno por esta
circunstancia, de manera que, por tratarse de un aspecto no debatido, se
abstendrá de pronunciarse sobre este particular.
Ahora bien, de entrada, es necesario poner de presente que la doble militancia
solo se configura por brindar respaldo político a candidatos que no pertenecen
al partido del aspirante o elegido, sin que la incursión en la prohibición tenga
lugar por recibir apoyo51.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que, si bien el demandante pretende
demostrar el fomento político mutuo entre el acusado y los candidatos al
Concejo Municipal de Uramita por el Partido Liberal como conducta
constitutiva de doble militancia, la óptica del análisis se enfocará en establecer
si fue aquel quien desplegó los actos positivos y concretos de favorecimiento,
por ser esta circunstancia el objeto de la prohibición endilgada.
Adicionalmente, es del caso anotar que la configuración de la cooperación
prohibida solo tiene lugar por la expresión de apoyo a quien tiene la condición
de candidato de otro partido, de tal surte que las manifestaciones en favor de
quien no hizo parte de la contienda electoral no tienen el efecto de hacer
incurrir al acusado en doble militancia.
De ahí que, para el asunto, resulte irrelevante la demostración de actos de
respaldo o asistencia que el demandado haya manifestado en favor de la
señora Liliana María Duarte Duque, toda vez que, según el Formulario E-26-
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
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Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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CON aportado al expediente, no se presentó como candidata del Partido
Liberal al Concejo Municipal de Uramita para el periodo 2024-2027.
Hechas estas precisiones, la Sala resolverá el cargo de la alzada en punto a
establecer si el demandado apoyó a los aspirantes del Partido Liberal para el
Concejo Municipal de Uramita, referidos por la parte demandante.
Está demostrado en el plenario, según el Formulario E-26 CON de 31 de
octubre de 2023, que el Partido Demócrata Colombiano presentó una lista de
aspirantes al Concejo Municipal de Uramita. De este modo, el demandado,
inscrito y elegido52 por dicha agrupación a la alcaldía, tenía prohibido
respaldar aspiraciones distintas de las de esa colectividad, por lo que están
probados los elementos subjetivo y modal de la conducta endilgada.
En ese orden, la Sala descenderá al análisis de las pruebas para determinar
si se acreditaron los elementos temporal y objetivo de la prohibición.
Antes de abordar el análisis de los registros fotográficos aportados con la
demanda, que es el material de convicción con el que se pretende demostrar
la prohibición endilgada al elegido acusado, resulta necesario precisar que
que «el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su
autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la imagen
representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razón
del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de la
escena capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros medios probatorios,
apreciando razonablemente el conjunto»53.
En esas condiciones, las afirmaciones acerca de lo que representa un registro
fotográfico no conducen a probar el hecho que se le atribuye a la imagen que
lo contiene, por lo que es necesario acudir a otros medios de convicción que
para el efecto se aporten al proceso.
En este asunto, se tiene que las fotografías aportadas por el demandante, por
sí solas, no evidencian que las personas que en ellas aparecen correspondan
con las que se describen en los hechos de la demanda.
Aunque la parte actora, frente a los registros, mencionó los nombres de
quienes aparecen en ellos, y referenció a algunos candidatos al concejo
municipal por el Partido Liberal, ello no basta para que, a partir de esa
descripción, haya lugar a concluir que las personas que aparecen en las
imágenes corresponden efectivamente con los aspirantes liberales a la duma
municipal, que figuran en el listado correspondiente del Formulario E-26 CON.
52 Según se puede verificar con el Formulario E-26 ALC de la misma fecha.
53 Corte Constitucional. Sentencia T-269/12.
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En efecto, al proceso no se aportó medio de convicción alguno que permita a
esta judicatura relacionar a las personas que aparecen en las imágenes con
los señores Jader Antonio Úsuga Guisao, Didier Aron Correa Giraldo y Raúl
Efrén Torres Torres, otrora candidatos por el Partido Liberal al Concejo de
Uramita, supuestamente apoyados por el demandado.
En los siguientes registros fotográficos, el demandante asegura que la
persona que señala con la flecha roja es el señor Jader Antonio Úsuga Guisao
en una reunión política con el demandado, en la que, en su parecer, se
ofrecieron apoyo político muto. La segunda, en su sentir, aparece el acusado
con su gerente de campaña Elpidia Monsalve, el esposo de la concejal del
Partido Liberal Liliana Duarte «y su líder Julián Bedoya Pulgarín».
No obstante, lo único que se aprecia son varias personas en un recinto
escuchando a quien sostiene un micrófono, y otras posando para una foto. De
estas capturas no es posible establecer las circunstancias por las que el
demandante considera que el acusado ofreció algún apoyo político, en tanto
no se aprecian prendas o material publicitario alusivo a una campaña o
actividad proselitista que permita ubicar estas imágenes en el contexto de la
contienda electoral en la que participó y resultó elegido el demandado. Al
proceso no se aportaron medios de convicción adicionales que permitan
identificar, en estos registros, a los candidatos que, según el actor, el acusado
tenía proscrito respaldar.
Respecto de los siguientes registros, la parte actora asegura que el primero
corresponde a un estado de WhatsApp de la hermana del demandado en lo
que considera una reunión política de líderes de su campaña, junto con el
candidato Didier Aron Correa y la concejal Liliana María Duarte, y aprecia «la
simpatía política en la que concurren (…)». En el segundo, afirma el actor,
aparece la referida concejal pidiendo apoyo al demandado.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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Sin embargo, los registros en cuestión no conducen a establecer la identidad
de las personas que identifica el demandante, ni el contexto de una actividad
proselitista y, valga decir, el actor no identificó al demandado en estas
imágenes, menos aún que haya realizado actos de apoyo.
El demandante asegura que, en la siguiente imagen, aparece el señor Alfonso
Frei López solicitando apoyo para el demandado.
La captura no conduce a establecer que alguna de las personas que aparecen
en el registro corresponda con el señor Frei López, como tampoco un acto
inequívoco de apoyo y, en gracia de discusión, la prohibición endilgada no se
configura por recibir respaldo. Adicionalmente, según el Formulario E-26 CON
de 31 de octubre de 2023, señor Frei López se presentó como candidato por
el Partido Demócrata Colombiano, por lo que el acusado no tenía prohibido
respaldarlo.
Ahora bien, la siguiente imagen es la única que conduce a contextualizar una
campaña electoral, y permite establecer el elemento temporal de ese
acontecimiento, toda vez que figura el logo publicitario de la candidatura de
Leonardo Úsuga «Alcalde 2024-2027», que es la aspiración para la cual se
inscribió, como bien se demostró con el Formulario E-6 AL que reposa en el
plenario.
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Demandante: Erasmo de Jesús Sepúlveda Torres
Demandado: Leonardo Úsuga Correa
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Sin embargo, ello tan solo da lugar a presumir que se captó durante la
campaña electoral, pero no conducen a establecer el ofrecimiento de apoyo
por parte del demandado a los demás aspirantes que aparecen en esta pieza
publicitaria. Además, no se debe perder de vista que, como se observa en el
registro, la invitación al sufragio se promovió por Elpidia Monsalve y no por
parte del señor Úsuga Correa.
Por lo demás, es necesario tener en cuenta que la presencia de publicidad
política no configura un acto positivo y concreto de respaldo mientras no se
tenga certeza de «si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o
consintió tales actividades proselitistas»54.
Ahora bien, los testimonios practicados tampoco contribuyen a establecer la
configuración del apoyo prohibido, comoquiera que, como se concluyó en el
acápite anterior, no presenciaron los hechos y, en gracia de discusión,
ninguno de ellos refirió al demandado ofreciendo respaldo a los candidatos
del Partido Liberal al concejo municipal, por el contrario, convergieron en
sostener que el demandado recibió apoyo.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, al no acreditarse el elemento
objetivo de la prohibición de doble militancia, la Sala confirmará el proveído
apelado.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
54 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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