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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00773-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00773-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 11 de octubre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada Colpensiones, contra Rodrigo Jabba Navarro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Adicionar al ordinal segundo de la sentencia del 11 de octubre de 2022 lo siguiente: Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante ante la Ugpp las actuaciones pertinentes con el fin de que las cotizaciones para pensión que efectuó Rodrigo Jabba Navarro durante toda su vida laboral financien la pensión reconocida por la Ugpp, a la cual tiene derecho por favorabilidad. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer personería para actuar en representación de la Ugpp a Rocío del Pilar Arenas España identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y tarjeta profesional 287.249 del C.S. de la J., como apodera principal y a Mayra 53 Samai, índice 32. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Alejandra Padilla Niviayo, identificada con cédula de ciudadanía 1.106.093.355 y tarjeta profesional 399.821 del C.S. de la J., como apoderada sustituta, en los términos del poder que obra a índice 32 de Samai. Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Marco normativo Cfr.Rad.AV. 2500-23- 42-000-2018-02824-03 (1845-2023) Costas, Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000- 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00773-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Rodrigo Jabba Navarro
Litisconsorcio: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2

Tema: Incompatibilidad pensional, pensiones de vejez por tiempos de
servicios en los sectores público y privado. Sistema tripartita de
financiación de la seguridad social

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por la
parte demandante y demandada contra la sentencia del 11 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso - Administrativo4 acudió a esta jurisdicción en orden a que se
declarara la nulidad de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 expedida por
esa entidad mediante la cual le reconoció una pensión de vejez a Rodrigo Jabba

1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante Ugpp.
3 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «01. DEMANDA»
4 En adelante CPACA.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

Navarro al considerar que esta prestación es incompatible con la otra prestación
reconocida por Cajanal hoy Ugpp,

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la devolución de las sumas de
dinero pagadas por concepto de pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión
en nómina de pensionados de la resolución demandada hasta que se declarara la
nulidad de dicho reconocimiento; y (ii) la indexación de dichas sumas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4. Rodrigo Jabba Navarro nació el 1 de enero de 1950.

5. Laboró para la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 al 30 de junio de
2008, es decir, un total 10423 días, en los cuales realizó sus aportes a pensión.

6. El 10 de agosto de 2005 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

7. Con la Resolución 8478 del 24 de febrero de 2006 Cajanal reconoció la pensión
de vejez a favor de Rodrigo Jabba Navarro a partir del 1 de junio 2005 en cuantía
de $4.051.086, efectiva a partir de su retiro del servicio.

8. El 4 de abril de 2006 el demandado presentó recurso de reposición contra la
anterior decisión.

9. Con la Resolución 6652 de 3 de agosto de 2006 por Cajanal- EICE en liquidación
hoy Ugpp, en el sentido de reconocer y ordenar el pago de una pensión de vejez en
cuantía de $9.869.718 efectiva a partir del 1 de febrero de 2006, en cumplimiento
del fallo proferido por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Barranquilla.

10. El 20 de febrero de 2008 Rodrigo Jabba Navarro solicitó la reliquidación de la
pensión de vejez ante Cajanal.

11. A través de la Resolución PAP 052854 del 12 de mayo de 2011 Cajanal reliquidó
la pensión de vejez del demandado en cuantía de $11.537.500, efectiva a partir del
1 de julio de 2008 y con efectos fiscales a partir de su retiro definitivo.

12. El 7 de mayo de 2010 Rodrigo Jabba Navarro solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales5.

13. Mediante la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 el ISS reconoció una
pensión de vejez a favor del demandado, efectiva a partir del 1 de julio de 2010, en

5 En adelante ISS.

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cuantía de $5.730.296 liquidada con base en 1.489 semanas de cotización con un
ingreso base de liquidación de $6.366.995, al cual se le aplicó una tasa de remplazo
del 90%, prestación que ingresó a nómina en el período «201007» y se pagó en el
período «201008», prestación que fue reconocida con fundamento en el Decreto 758
de 1990.

14. Con auto de pruebas APSUB 945 del 9 de marzo de 2018, se solicitó a Rodrigo
Jabba Navarro su consentimiento para revocar la Resolución 103226 del 15 de julio
de 2010 por ser incompatible con la prestación reconocida por Cajanal hoy Ugpp.

15. Mediante escrito con radicado BZG 2018_4091324 del 12 de abril de 2018 el
demandado manifestó que no otorgaba su consentimiento para revocar la
resolución antes mencionada.

16. Con auto de pruebas APSUB 133755 del 21 de mayo de 2018 se solicitó enviar
el expediente a la dirección de procesos judiciales para iniciar la «acción de
lesividad».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. Como tales se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la
Ley 4 de 1992.

18. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

19. Cajanal hoy Ugpp reconoció a Rodrigo Jabba Navarro una pensión de vejez con
base en los aportes realizados por su vinculación a la Rama judicial desde el 1 de
septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 2008, por su parte, también el ISS
también le reconoció una prestación teniendo en cuenta los mismos tiempos
laborados en la Rama Judicial.

20. Con el reconocimiento de las dos prestaciones por el ISS hoy Colpensiones y
por Cajanal se evidenció una afectación al erario público pues tal reconocimiento
resultaba incompatible al tratarse de 2 entidades de naturaleza pública.

21. Se desconoció la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución
Política, esto es, recibir 2 o más asignaciones provenientes del tesoro público o de
empresas o instituciones en las cuales el Estado tuviera parte mayoritaria.

22. Por su parte el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no solo recogió la normativa
antes señalada sino que también se encargó de establecer de forma taxativa los
cargos que podían ser desempeñados de forma excepcional sin controvertir lo
expresamente prohibido.

6 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «01. DEMANDA»

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23. Frente a la anterior la Corte Constitucional en la sentencia C-674 del 28 de junio
de 2011 indicó que «[l]os imperativos de eficiencia que gobiernan la seguridad social y el
carácter unitario de este sistema, hacen razonable que el Legislador evite que, en principio,
una misma persona goce de dos prestaciones que cumplan idéntica función, pues no sólo
eso podría ser inequitativo sino que, además implicaría una gestión ineficiente de recursos
que por definición son limitados.[…]».

24.El precedente judicial vinculante de la jurisdicción laboral7 también consideró
que en virtud de los principios y estructura del Sistema Integral de Seguridad Social
«no resulta[ba] plausible que una persona percib[iera] más de una pensión, lo cierto e[ra]
que tal incompatibilidad ha[bía] sido aplicada en los casos en los que la Ley expresamente
lo ha[bía] establecido o resulta[ba] razonable definirlo de esa manera, oirque las dos
prestaciones se fundamentaban en los mismos tiempos.»

25.Asimismo el Consejo de Estado8 sostuvo pacíficamente que el pago de una
pensión oficial con la de vejez otorgaba por Colpensiones era incompatible «a menos
que la pensión de vejez [fuera] el resultado de servicios prestados a empleadores
particulares».

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Rodrigo Jabba Navarro9

26. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo
siguiente:

27. El 1 de abril de 1994 cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 40 años
y 15 años de servicios, por lo que reunía los 2 requisitos de edad y tiempo de
servicios para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el ISS le reconoció la pensión de vejez
con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

28. En consideración a que se desempeñó como juez y magistrado de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Barranquilla, Cajanal le reconoció una pensión de jubilación
mediante las «resoluciones 8478 del 23 de febrero de 2006, 6652 del 3 de agosto de 2006,
57545 del 1 de noviembre de 2008, 052854 del 12 de mayo de 2011, de conformidad con
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial.»

29. Por lo tanto, si el ISS hoy Colpensiones unió los tiempos que laboró como

7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23 de junio de 2006. Radicado 27489.
8 Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 6 de diciembre de 2001. Radicado 1389. Sentencia

del 3 de abril de 1995. Expedientes acumulados 5708, 5833 y 5937. Sentencia del 22 de octubre de
2009. Expediente 05001-23-31-000-2001-00423-01 (0262-08).
9Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «07. CONESTACIÓN DE LA

DEMANDA.pdf»

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funcionario público de la Rama Judicial por más de 31 años desde el 1 de
septiembre de 1977 al 30 de julio de 2008 y cuando fue empleado del sector privado
de la Universidad Libre por más de 26 años, no «[era] culpa de mi prohijado» fue
negligencia, error o descuido del ISS al computar los tiempos del sector público con
el privado.

30. Se le pagaron 2 pensiones que Colpensiones consideró que provenían de un
idéntico período y del tesoro público, lo cual no era cierto, razón por la cual no podía
deducirse la mala fe del pensionado, menos tratándose de la compatibilidad de la
pensión de vejez y de jubilación, una del sector privado y otra del público que tenían
distintas fuentes de financiación, las cuales no eran excluyentes entre sí.

31. Colpensiones aseveró que el acto acusado era incompatible con la pensión de
vejez cuando en realidad se trataba de la pensión de jubilación que el demandado
adquirió como funcionario judicial y que paga la Ugpp.

32. No se encontraba incurso en la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política y 19 de la Ley 4 de 1992, por cuanto debía entenderse como tesoro público
«el de la Nación, el de las entidades territoriales y descentralizadas».

33. A través de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 proferida por el ISS
se le reconoció la pensión de vejez a Rodrigo Jabba Navarro, prestación que se
configuró como consecuencia de prestar un servicio privado, pues lo que devengó
de ahí no provenía del sector público ni de ninguna entidad nacional, territorial,
municipal, distrital o departamental, mal podía entenderse que esa prestación
resultara incompatible afectando al erario público, en cuanto la entidad demandante
no se percató que la Universidad Libre, donde trabajó, no es de naturaleza pública.

34. La menciona prestación se hizo efectiva a partir de 1 de julio de 2010 en cuantía
de $5.730.296 liquidada con base en 1489 semanas, con un ingreso base
liquidación de $6.366.995 y se aplicó una tasa de remplazo del 90% según el
Decreto 758 de 1990. Sin embargo, el error que cometió el ISS fue al momento de
liquidar el monto de la pensión de vejez, pues debió hacerlo de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que señaló que se liquidaría teniendo en cuenta
el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales cotizó el afiliado durante los
últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional, esto es, debió tomar los
salarios como empleado privado de la Universidad Libre Seccional Atlántico desde
el 1 de enero de 2010 de lo cual se obtenía una pensión de vejez de $1.322.446
más los reajustes del IPC.

35. Actuó de buena fe al recibir la pensión por un valor superior al que le
correspondía, por lo que no había lugar a la recuperación o devolución de las
prestaciones pagadas en exceso al demandado, en tanto el error fue del ISS.

36. Propuso las excepciones de i) «inepta demanda», ; ii) «caducidad y prescripción

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de la acción reclamada», iii) «Excepción de la acción» iv) «Excepción por falta de
competencia, factor cuantía» v) «falta de jurisdicción» y la «genérica».

1.2.2. Cajanal hoy Ugpp10

37. Se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente:

38. Mediante la Resolución 8478 del 24 de febrero de 2006 Cajanal le reconoció
una pensión de vejez al demandado, efectiva a partir del 1 de enero de 2005, la cual
fue reliquidada con la Resolución 6652 del 3 de agosto de 2006 en cumplimiento a
lo ordenado en el fallo proferido por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de
Barranquilla.

39. A través de la Resolución 57545 del 1 de noviembre de 2008 se reliquidó
nuevamente la mencionada pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de julio de 2008,
por lo que era claro que la obligación de Cajanal hoy Ugpp se encontraba cumplida,
pues los actos administrativos señalados estaban ajustados a derecho y no existía
obligación pendiente por parte de esa entidad.

40. Colpensiones solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 103226 del
15 de julio de 2010 que reconoció una pensión de vejez a favor de Rodrigo Jabba
Navarro, razón por la cual la Ugpp desconocía los parámetros y lineamiento que
tuvo en cuenta esa entidad para tal reconocimiento, por lo que manifestó que se
atenían a lo que resultara probado dentro del presente proceso.

41. Solicitó que se declarara la prescripción de las mesadas que se vieron afectadas
por este fenómeno, de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del
Trabajo, 69 y 151 del Código Procesal del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968.

42. Propuso las excepciones de: i) «inexistencia de la obligación»; ii)
«prescripción»; iii) «buena fe»; y iv) la «genérica».

1.3. La sentencia apelada11

43. En sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, comoquiera que
declaró la nulidad del acto demandado y negó el restablecimiento del derecho, por
cuanto:

44. El demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, pues para la entrada en vigencia del Sistema General de

10 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «14. CONESTACIÓN DE DEMANDA

UGPP.pdf»
11 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «82. SentenciaPrimera.pdf»

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Pensiones, el 1 de abril de 1994, Rodrigo Jabba Navarro tenía 43 años (nació el 1
de enero de 1950), circunstancia que le permitía pensionarse con la legislación
anterior a la Ley 100 de 1993.

45. Prestó sus servicios a entidades públicas y privadas, así i) en una empresa
privada estuvo desde el 2 de noviembre de 1973 hasta 1 de enero de 1974 ii) en la
Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 2008; y iii)
en la Universidad Libre desde el 30 de enero de 1981 al 30 de noviembre de 2009
y del 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2010.

46. Cotizó 1482.22 semanas en el sector privado, sin embargo, tuvo vinculaciones
laborales simultáneas durante varios períodos. Al respecto, el artículo 81 del
Decreto 3063 de 1989 dispuso que en los casos en que un trabajador hubiere
prestado servicios en forma simultánea con varios patronos, los diferentes aportes
serían tenidos en cuenta para establecer el promedio del salario base
correspondiente para efecto del pago de las prestaciones económicas, sin que
sobrepasara el salario base máximo asegurable al momento de causarse el
derecho.

47. Las vinculaciones simultáneas daban lugar al incremento del ingreso base de
cotización más no al aumento del tiempo de cotización12, es decir, los aportes
simultáneos no permitían sumar más semanas de cotización, puesto que la
cotización doble de todas formas estaba asegurando un mismo período, pero por
un valor superior elevando el ingreso base sobre el cual se calcularía la pensión en
un futuro.

48. Para efecto de establecer si el demandado tenía derecho a la pensión que
trataba el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, era necesario establecer los tiempos
en que cotizó en el sector público y privado, así:

12 Sentencia del 29 de noviembre de 1993 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado

en el proceso 6368 dispuso: « […] La consecuencia de la elección terminológica del legislador
extraordinario es la exclusión de la prestación "simultánea" de servicios para el cómputo de uno de
los requisitos del goce de pensión de jubilación, pues estos no se encuentran en la norma (inclusus
unus, exclusus alter). Luego si la voluntad del legislador extraordinario no fue la de computar sino
los servicios continuos o discontinuos, sucesivos o alternativos, más no los simultáneos para los
fines de la pensión de jubilación, no puede entenderse que su reglamento permita contar los servicios
prestados paralelamente en el tiempo a dos entidades diferentes y por tanto no resultan estimables
para el efecto específico de la jubilación, según el Decreto Ley 3135 de 1968, aunque dichos
servicios personales cuenten para otros fines legales.” »

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TIEMPOS PRIVADOS TIEMPOS PÚBLICOS PERÍODOS SIMULTANEOS

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA
EMPLEADOR SEMANAS EMPLEADOR SEMANAS DIAS
(D/M/A) (D/M/A) (D/M/A) (D/M/A) (D/M/A) (D/M/A)

Corp Cent
02/11/1973 01/01/1974 8,71
Ahorro Viv
Universidad
30/01/1981 01/09/1983 135 Rama Judicial 01/09/1977 30/06/2008 1587,2 30/01/1981 01/09/1983 135
Libre
Universidad
03/08/1983 31/12/1994 591,29 03/08/1983 31/12/1994 591,29
Libre
Universidad
01/05/1995 31/12/2003 420,62 01/05/1995 31/12/2003 420,62
Libre
Universidad
01/01/2004 31/12/2004 51 01/01/2004 31/12/2004 51
Libre
Universidad
01/01/2005 31/12/2005 50,57 01/01/2005 31/12/2005 50,57
Libre
Universidad
01/01/2006 31/12/2007 102,44 01/01/2006 31/12/2007 102,44
Libre
Universidad
01/01/2008 30/11/2009 98,59 01/01/2008 30/06/2008 25,74
Libre
Universidad
01/01/2010 31/07/2009 30
Libre

TOTAL SEMANAS
TOTAL TIEMPO COTIZADO 1488,22 1376,66
SIMULTÁNEAS

49. Una vez excluidos los períodos en los que tuvo vinculación simultánea, su
tiempo de servicio al sector privado era el siguiente:

50. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 758 de 199013, el demandado, a pesar
de ser beneficiario del régimen de transición, no cumplió con el requisito de los 60
años al 1 de enero de 2010, tampoco con el requisito de semanas de cotización
exigidas, para tener derecho a la pensión de jubilación reconocida a través de la
Resolución 103226 del 15 de julio de 2010, pues a la fecha del 7 de mayo de 2010
solo acreditó 111,56 semanas.

51. Colpensiones no logró desvirtuar la presunción de buena fe del demandado al
percibir las mesadas pensionales desde que la Resolución 103226 del 15 de julio
de 2010 fue incluida en nómina, toda vez que la referida entidad de previsión social
tenía conocimiento del derecho que se estaba reconociendo y sus condiciones, por
lo que no se podía imputar que demandado realizó comportamientos que
comprometían la lealtad, rectitud y honestidad que rodea a los particulares y a las

13«Artículo 12: Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos: “a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,” “b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. »

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autoridades públicas, razón por la cual no se accedió a la devolución indexada de
lo pagado por concepto de la pensión de vejez.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Colpensiones14

52. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar
el ordinal «tercero» de la sentencia de primera instancia con fundamento en lo
siguiente:

53. El a quo no ordenó la devolución de lo pagado bajo el argumento de que el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional han considerado que el principio de
buena fe era aquel que exigía a los particulares y las autoridades públicas ajustar
sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones
que podrían esperarse de una persona correcta. Así la buena fe presuponía la
existencia de relaciones recíprocas con trascendería jurídica y se refería a la
«confianza, seguridad y credibilidad que otorgaba la palabra dada.».

54. El pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales
atentaba igualmente contra el principio de estabilidad financiera del Sistema
General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005 como una
obligación del Estado y entendido como el manejo suficiente de los recursos
asignados con el objetivo de garantizar a todos los habitantes el derecho a la
seguridad social. Por lo que, las decisiones que afectaran el sistema, como el
reconocimiento de prestaciones, se debían adoptar teniendo en cuenta los recursos
limitados que tenían y que se distribuían de acuerdo con las necesidades de la
población, con el objetivo de que los derechos adquiridos se hagan efectivos.

55. Se configuró un perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del
Sistema General de Pensiones en la medida en que debía disponer de un flujo
permanente de recursos que permitiera su mantenimiento y adecuado
funcionamiento; y continuar con el pago de una prestación a favor de una persona
que no acreditaba todos los requisitos para su reconocimiento afectaba gravemente
su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tenían
derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de
progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

1.4.2. Demandado15

56. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

14 Samai, índice 2, archivo «84. RecursoDeApelaciónDemandante»
15 Samai, índice 2, archivo «85. RecursoDeApelaciónDemandado»

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56.1. El a quo no realizó una debida valoración probatoria, pues conforme a la
historia laboral aportada y la Resolución 103226 del 15 de Julio de 2010, así como
los certificados de información laboral, se evidenció que entre lo aportado por el ISS
laboró 1489 semanas entre el 2 de noviembre de 1973 y el 30 de julio de 2010, de
las cuales 998 se cotizaron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
mínima de 60 años, esto es entre el 1 de enero de 1950 y el 1 de enero de 2010, es
decir, que el cumplió cabalmente con los requisitos del citado precepto 12 del
Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990 para seguir con el beneficio del
derecho adquirido al reconocimiento de su pensión de vejez, que le fue concedido
en el acto demandado y que el tribunal en su fallo censurado le «cercenó.»

56.2. En el acto administrativo 8478 del 24 de febrero del 2006, expedido por Cajanal
se indicó textualmente «QUE LOS TIEMPOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE AL
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES COMO EMPLEADO DE LA RAMA JUDICIAL
NO FUERON TENIDOS EN CUENTA POR CUANTO NO SE ALLEGO EL RESPECTIVO
CERTIFICADO DE SEMANAS COTIZADAS.» (sic)

56.3. Por lo anterior, no se comprendió cómo el a quo le excluyó las semanas que
cotizó en el sector privado, «dizque fueron por simultaneidad cuando este mismo
demandado laboró en la rama judicial, siendo que los dos actos administrativos en mención
no se refieren que fueron contabilizados en el sector público para el uno ni tampoco se
contabilizaron para el otro; es incongruente lo que expresó el juzgador de primer grado, en
donde depuró casi 1.388 semanas que tuvo el hoy demandado en el sector privado, en
contra del demandado.»

56.4. Las depuraciones y correcciones de semanas cotizadas por inconsistencias o
por deudas, era una actividad del empleador ante la aseguradora del fondo de
pensiones, por lo que el tribunal no estaba facultado para excluir las semanas
cotizadas en el régimen de prima media por el demandado cuando laboró en el
sector privado.

56.5. El tribunal infringió la ley al interpretar de forma incorrecta el Decreto 758 de
1990 y vulneró los principios de integralidad y universalidad, «el preámbulo», los
artículos 1 a 3 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución Política, fieles al
desarrollo de los instrumentos internacionales que integraban el bloque de
constitucionalidad y procuraban la garantía progresiva de la seguridad social como
los preceptos 22 y 25 de la Declaración universal de Derechos Humanos (C-504-
2007) o el «9º del pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.»

56.6. Lo que debió hacer el tribunal en este asunto fue ordenarle a Colpensiones
reajustar o reliquidar la pensión que se le reconoció al demandado aplicándole una
tasa de reemplazo del 90% del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, de lo que se
obtenía un monto inicial de $1.322.446,66 del promedio de los 10 últimos años
cotizados, según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues el ISS realizó la
liquidación de forma errónea por un monto superior de $5.730.296, a partir del 1 de

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julio de 2010.

56.7. El monto de la pensión que reconoció el ISS en la Resolución 103226 del 15
de julio de 2010, era superior al salario reportado a esa entidad por la Universidad
Libre, por lo que se debía corregir ese yerro, pero «nunca se le debió decretar la
Nulidad del acto que reconoció su pensión, reitero cercenándole al demandado su derecho
a disfrutar de la pensión, que como consecuencia de este yerro en que incurrió se afecta el
núcleo familiar del demandado.»(sic)

1.5. Trámite en segunda instancia

57. En auto del 23 de noviembre de 2023 se admitieron los recursos de apelación
presentados por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 11 de
octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico16.

58. Mediante auto del 20 de febrero de 2024 se negó la solicitud de pruebas
formulada por Rodrigo Jabba Navarro17.

59. El demandado presentó alegatos de conclusión18 el 6 de marzo de 2024 con el
cual adjuntó un certificado expedido por la Universidad Libre en el cual consta el
período en el cual estuvo vinculado a la facultad de derecho y la modalidad de la
vinculación, un contrato individual de trabajo celebrado con la universidad en
mención y un reporte de las semanas cotizadas ante el ISS expedido el 11 de
septiembre de 2000.

60. Al respecto, es necesario precisar que, mediante auto del 20 de febrero de 2024,
se resolvió la solicitud de pruebas del demandado consistente en oficiar a
Colpensiones y a la Universidad Libre para que allegaran los documentos antes
señalados, sin embargo, fue negada porque el a quo mediante providencia del 21
de abril de 2022 las había decretado como pruebas por lo tanto obraban en el
expediente.

61. El Ministerio Público no presentó concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

62. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,

16 Samai, índice 13.
17 Samai, índice 19.
18 Samai, índice 23.

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secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

63. De conformidad con los recursos de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿existe compatibilidad entre la pensión de vejez reconocida al
demandado por Colpensiones y la pensión de vejez reconocida por Cajanal hoy
Ugpp? y, en el evento de que las dos prestaciones resulten incompatibles ¿si hay
lugar a ordenar la devolución de los dineros percibidos con ocasión del
reconocimiento pensional efectuado por Colpensiones?

64. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
(i) de la compatibilidad pensional y (ii) del sistema de seguridad social creado por la
Ley 100 de 1993; segundo, se expondrá los hechos probados; y tercero, se
resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la compatibilidad pensional

65. El artículo 6419 de la Constitución Política de 1886 señaló la prohibición de
recibir más de una erogación proveniente del erario. Sin embargo, con el fin de
determinar algunas excepciones, el gobierno nacional expidió el Decreto 1713 de
1960, así:

«Artículo 1.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.

Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas».

19«Artículo 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes».

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66. Ahora bien, para cubrir, entre otros, el riesgo ocasionado por invalidez, vejez y
muerte la Ley 90 de 194620 estableció el seguro social obligatorio y creó el ISS, con
el fin de administrar los recursos necesarios para cubrir las prestaciones que
reconocía y, en tal sentido, fijó un sistema triple de contribución forzosa de los
asegurados, patronos y el Estado21. En cuanto a los aportes del Estado el artículo
31 del Decreto Ley 433 de 1971 modificó dicha forma de financiación, así:

«Artículo 31. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero, y [l]os servicios sociales que se llegaren a establecer, correspondientes a los
seguros sociales y los gastos de administración de los mismos, serán obtenidos así:

a). Mediante cotización que deberán pagar los trabajadores asalariados y todos los que
perciban retribución por los servicios prestados bajo la subordinación de otra persona,
siempre que no fueren ocasionales ni ajenos a la actividad de la empresa. La cotización
laboral se pagará sobre la remuneración total que por concepto de salario o de otras
retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba el trabajador en razón de tales
servicios. Esta cotización se destinará al financiamiento del Seguro social establecido en
beneficio de este grupo de asegurados;

b). Mediante cotización a cargo de la persona natural o jurídica a la cual o por cuya
cuenta el trabajador presta el servicio, que se pagará sobre la remuneración total que
por concepto de salario o de otras retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba
el trabajador en razón del servicio prestado. Esta cotización se destinará al
financiamiento del seguro social establecido en beneficio de los trabajadores
asalariados;

c). Mediante cotización sobre los ingresos de los trabajadores independientes y de los
autónomos o pequeños patronos que será pagada por éstos, siempre que tales ingresos
tuvieren carácter de regularidad o fueren controlables individualmente. Dicha cotización
será señalada de acuerdo con la capacidad económica de los respectivos sectores o
grupos d ella (sic) población económicamente activa, y se pagará en la forma y en la

20 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros

Sociales».
21
«Artículo 16. ‹Modificado por el artículo 2 del Decreto 3850 de 1949. El nuevo texto es el siguiente›:
Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero, correspondientes a los
seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos serán obtenidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los
patronos y del Estado. Cuando a este último le corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la
mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no exceda de treinta mil
pesos ($ 30.000) o de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000), tratándose de empresas agrícolas o
mineras explotadoras de metales preciosos, el Estado podrá contribuir con una parte de la respectiva
cuota patronal, cuando sus circunstancias financieras lo permitan y el gobierno así lo determine
mediante decreto ejecutivo, previa consulta al Instituto Colombiano de seguros Sociales. En tal caso
la contribución del Estado será fijada entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%)
de la cuota patronal. Los aportes del Estado se financiarán en primer término, con los productos de
las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren suficientes, el Gobierno arbitrará
los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables.
Parágrafo. Cuando se trate de asegurados obligatorios, que tengan efectivamente más de cuatro
personas a su cargo, de aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las
prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta con la mitad del aporte que le
corresponda al Asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático-Actuarial, teniendo en
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste».

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cuantía que se determinen en atención a las prestaciones y servicios de los seguros
sociales que se otorguen al correspondiente grupo de población económicamente
activa.

d). Mediante cotización sobre los ingresos globales o sobre la base económica relativa
a la naturaleza o a las condiciones de trabajo de los grupos de población
económicamente activa, cuyos medios de vida no tengan el carácter de periódicos ni
permanentes, cotización que se fijará de acuerdo con la capacidad económica del
respectivo grupo y en atención a los servicios de seguros sociales que se les otorgue.

e). el (sic) Estado contribuirá al financiamiento de los seguros sociales mediante un
aporte anual que se señalará en los presupuestos de renta y gastos de la Nación, en
proporción al costo total de las prestaciones y servicios de aquellos. El aporte del Estado
se aplicará a incrementar los fondos de solidaridad destinados a contribuir al
financiamiento de las prestaciones y servicios de los seguros sociales en beneficio de
los sectores de la población y de las zonas económicamente más débiles del país. El
aporte anual del estado para los programas de los seguros sociales no podrá ser inferior
a una cuarta parte del costo anual global de las prestaciones y servicios otorgados por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».

67. Por lo que se refiere a la fuente de financiación de las prestaciones que otorga
el régimen de los seguros sociales obligatorios, el artículo 17 del Decreto 1650 de
197722 distinguió sus orígenes, así:

«Articulo 17. De la financiación. Los recursos para la financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos,
de las cuantías y condiciones señaladas en los reglamentos generales, de las siguientes
fuentes:
a). Aportes exclusivos de los patronos o empleadores.
b). Aportes exclusivos de los trabajadores.
c). Aportes de unos y otros.
d). Aportes de los pensionados por invalidez y vejez.
e). Aportes de otros afiliados, según los reglamentos.
f). Impuestos o tasas específicas.
g). Transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y
de los territorios nacionales.
h). Rendimiento obtenido de la inversión de las reservas.
i). Ingresos derivados de la actividad encomendada a los organismos administradores.
j). Aportes provenientes de la extensión de los seguros a los sectores de población, y
k). Otros ingresos». [Resalta la Sala].

68. De manera que, si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre
otros, con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es
que estas prestaciones también se encuentran financiadas con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo
que, por su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público.

69. Ahora bien, respecto de la compatibilidad de las pensiones e indemnizaciones

22 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y

se dictan otras disposiciones».

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sustitutivas que cubría el ISS, esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de
199523 compartió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia24 y por tanto
declaró la nulidad de los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1 de
febrero de 199025. Al respecto señaló:

«El artículo 49 del acuerdo 049 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se
refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele
simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una
indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (artículo
16, decreto 1650 de 1977), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque
mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han
contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás
derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos;
en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender
solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros
beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para
que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como
derechohabiente de otra persona ya fallecida.

Obsérvese que las prestaciones de vejez y de sobrevivientes no amparan el mismo
riesgo, pues las contingencias son diferentes y ese postulado lo recoge el inciso 2o. del
artículo 11 del tantas veces citado decreto 1650 de 1977 que establece que ‹para
determinar las cotizaciones y recaudar los aportes correspondientes, las contingencias
de que trata el artículo 3o. de este decreto se agrupan así: invalidez, vejez y muerte›.

Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 1994
señalo (sic):

‹... no puede el Instituto de Seguros Sociales a su amparo excusarse de reconocer una
de ellas, porque no se trata de cubrir dos veces el mismo riesgo sino de pagar las
prestaciones que amparan riesgos distintos, generados en una causa diferente y que por
esa sola razón no quedan comprendidos entre la incompatibilidad que eventualmente
podrían presentarse entre las pensiones de jubilación y de vejez de una misma persona,
las cuales si cubren el mismo riesgo y se conceden como contraprestación de los
servicios prestados por el afiliado.

La Sala Plena de Casación Laboral en la sentencia de 21 de mayo de 1991, en la que
se apoya la recurrente, tuvo la oportunidad de precisar la diversa naturaleza de las
pensiones antes mencionadas: la de sobrevivientes que ampara el estado de viudez y
orfandad y se adquiere por ministerio de la ley, que bajo determinadas condiciones hace
surgir un nuevo derecho en cabeza del cónyuge o compañero permanente, o de sus
demás beneficiarios dentro de un orden preestablecido, y la de vejez que cubre el riesgo
de la eventual pérdida de la capacidad para trabajar por razón de llegar el trabajador a
una edad avanzada, y la cual por ello se muestra como una contraprestación de los
servicios prestados por la persona y para la que contribuyó durante su vida laboral.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia

del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro
Lecompte Luna.
24 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,

expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990.

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Diferencia -que así se dijo en el fallo- resulta de distinguir entre el carácter de
contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la
pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene
la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han
impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido
en el pasado, y lo es en el presente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni
siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón
de su viudez se le otorga y mantiene›. (Gaceta Judicial, Tomo CCX, página 614).

Y en cuanto a lo que atañe al ordinal b) del artículo 49 que se examina, debe decirse:

Recuérdese que en virtud de la Ley 90 de 1946, artículo 16 se adoptó el sistema tripartito
para financiar los seguros que cubrirían el entonces ISS que consistía en aportes de los
trabajadores, empleadores y Estado. Más tarde, el Decreto ley 433 de 1971, en cuanto
a aportes mensuales del Estado, se sustituyó por ‹un aporte anual que se señalará en
los presupuestos de rentas y gastos de la Nación›. Y al dictarse el decreto ley 1650
de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado, puesto que en su artículo
22 se dijo:

‹De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general,
maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el 67% de
la cotización total y los trabajadores el 33%.

La cotización para el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador›.

Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero de 1995
(expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.) ‹puede decirse entonces que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportarán asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que
éste otorgue provinieron del Tesoro Público›. La Sala comulga con tal apreciación. Se
trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente. La
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público›.

Y en cuanto al ordinal c) de tantas veces mencionado artículo 49 que se juzga debe
precisarse lo siguiente:

A) La ley 71 de 1988 en su artículo 1 estableció lo siguiente:

‹A partir de la vigencia de la presente ley los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los
Seguros Sociales tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

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El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas›.

Como se observa, se trata de una pensión conformada por aportes provenientes de
personas que han laborado consecutivamente al servicio de entidades privadas y de
entidades públicas y que sumados den el número de años señalados en la ley.

Resulta lógico entonces que no pueda concurrir la mencionada pensión por aportes de
que habla la citada Ley 71 de 1988 con las otras pensiones que cubra el ISS». [Resalta
la Sala].

70. Sin embargo, contrario a lo señalado en aquella oportunidad, el sistema tripartita
de financiación de las pensiones mantuvo su vigencia, pues es justamente a partir
de lo dispuesto en el literal g) del artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, que dispone
como una de las fuentes de financiación de las prestaciones y de los servicios que
corresponden a los seguros sociales obligatorios las transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales,
que debe entenderse la participación de los recursos del erario en el reconocimiento
de las pensiones.

71. En efecto, de la lectura de los artículos 17 y 22 del Decreto 1650 de 1977 que
determinaron el origen de los recursos y la forma de financiación de las
prestaciones, se advierte que una de las fuentes de financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serían
obtenidos de las transferencias de los presupuestos nacional, departamentales,
municipales y de los territorios nacionales. Además, el artículo 22 ibidem señala lo
siguiente:

«Artículo 22. De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de
enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o
empleadores aportarán el sesenta y siente por ciento de la cotización total y los
trabajadores el treinta y tres por ciento.

La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador».

72. Lo anterior permite concluir que se conservó el sistema tripartita de financiación
de la seguridad social (trabajador, empleador y Estado), pues lo cierto es que, pese
a que los empleadores y trabajadores estén obligados a realizar cotizaciones en un
porcentaje cada uno hasta completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de
las prestaciones reconocidas, debe acudirse, entre otras a las «transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales».

73. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición
contenida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 se mantuvo en los siguientes
términos:

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Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas [Resalta la Sala].

74.En atención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992, estableció las siguientes
excepciones:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades».

75.Ahora bien, la Corte Constitucional26 al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo concluyó:

«si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.

(…)

«El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores

26 Sentencia C-133 de 1993

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oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma». [Resalta la Sala]

76. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, y las que a la fecha de entrar en vigor esa
ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.

77. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación27 y de la Corte
Suprema de Justicia28, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó
las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de
patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada 29; sin
embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas
prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público con independencia de su origen.

2.3.2. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993

78. Ahora bien, con el fin de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en
el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley
100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo
a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.
Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «crecimiento incontrolable del correspondiente gasto
público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido», toda vez que el «pago de

27Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
28 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,

expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de

2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del
22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos nacional
y territorial, o a los recursos de las entidades, sin contribución de los trabajadores,
ni con rendimiento de inversiones de reservas»30.

79. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la
aludida incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue
creado para cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
a través del reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así
como propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un
sistema de pensiones31.

80. No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las
reformas al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación
del pasivo pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas
de racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de
1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la
cobertura de las pensiones, la Nación en atención a la variación del IPC y el
aumento del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial de las
pensiones de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto público.

81. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema
que impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin
desproteger los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca
la necesidad de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la
incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente32:

«Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.

Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.

[…]

30 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
31 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero

de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

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En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable. [Resalta la Sala].

82. En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al
extrabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual
sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley
100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a
contener el mismo riesgo de vejez»33.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

83. En el expediente se encuentran acreditados lo siguientes:

84. Rodrigo Jabba Navarro nació el 1 de enero de 195034.

85. El demandado se desempeñó como docente de medio tiempo en la Universidad
Libre Seccional Barranquilla desde el 3 de marzo de 1980 hasta la fecha de la
expedición de la certificación, eso es, el 16 de marzo de 201035.

86. Prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 hasta
el 30 de junio de 200836.

87. A través de la Resolución 08478 del 24 de febrero de 2006 Cajanal reconoció
una pensión mensual vitalicia de vejez al demandado por cuanto laboró un total de
9401 días equivalente a 1343 semanas. Prestación reconocida en cuantía de
$4.051086 efectiva a partir del 1 de enero de 2005 condicionado al retiro definitivo
del servicio, por cuanto había adquirido el estatus jurídico el 1 de enero de 2005 y
contaba con más de 55 años de edad, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 546 de 197137.

33Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
34 Samai, índice 2, archivo «2-Partida eclesiástica de bautismo -Causante»
35 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GEN-REQ-IN-2018_6945792-20180802083748.pdf» página

27.
36 Samai, índice 2, archivo «02. ANEXOS 6. RESOLUCIÒN DE PAGO DE PENSIÒN VITALICIA»
37 Ibidem.

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88. Mediante la Resolución 06652 del 3 de agosto de 2006 Cajanal dio
cumplimiento al fallo del 12 de julio de 2006 proferido por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla y modificó el artículo 1 de la Resolución 08478
del 24 de febrero de 2006, en el sentido de reliquidar, reconocer y ordenar el pago
de una pensión de vejez a favor de Jabba Navarro Rodrigo en cuantía de
$9.869.718.94, efectiva a partir del 1 de febrero de 2006, condicionada al retiro
definitivo del servicio38.

89. El 1 de noviembre de 2008 Cajanal en respuesta a la solicitud del demandado,
le reliquidó la pensión de jubilación con Resolución 57545 elevándola a la cuantía
de $10.903.749.25 efectiva a partir del 1 de enero de 2008, con efectos fiscales a
partir del retiro definitivo del servicio 39.

90. Con Resolución 1033226 del 15 de julio de 2010 el ISS reconoció una pensión
de vejez a Rodrigo Jabba Navarro a partir del 1 de julio de 2010, en cuantía de
$5.730.296 con base en 1489 semanas que cotizó de forma ininterrumpida desde
su ingreso el 2 de noviembre de 1973 hasta el 30 de abril de 2010, de las cuales
998 semanas se aportaron en los últimos 20 años, sobre un ingreso base liquidación
de $6.366.995, al cual se le aplicó el 90%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
12 del Acuerdo 049 de 199040.

91.El 7 de mayo de 2010 el ISS expidió el reporte de semanas cotizadas en
pensiones de Rodrigo Jabba Navarro41.

92. El 12 de mayo de 2011 a través de la Resolución PAP 052854 Cajanal ordenó
la reliquidación de la pensión de vejez del demandado en cuantía de $11.537500
efectiva a partir del 1 de julio de 2008 y con efectos fiscales una vez demostrara su
retiro definitivo del servicio42.

93. Colpensiones mediante auto de pruebas APSUB 945 del 9 de marzo de 2018
solicitó a Rodrigo Jabba Navarro su consentimiento para revocar la Resolución
103226 del 15 de julio de 2010, toda vez que los tiempos tenidos en cuenta por
Cajanal hoy Ugpp para reconocerle la pensión de vejez fueron iguales a los tenidos
en cuenta por el ISS para reconocerle dicha prestación, esto es, los laborados para
la Rama Judicial del 1 de mayo de 1995 al 30 de junio de 2008, lo cual era
incompatible con el artículo 128 de la Constitución Política43.

94. Con escrito del 12 de abril del 2018 el demandado no accedió a la revocatoria

38 Ibidem, archivo «02. ANEXOS 3. RESOLUCIÒN ACCIÒN DE TUTELA. CC 7453201.1»
39 Ibidem, archivo «02. ANEXOS 4. RELIQUIDACIÒN RESOLUCIÒN»
40Samai, índice 2, archivo «02. ANEXOS 1. RESOLUCIÒN»
41 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GEN-REQ-IN-2018_6945792-20180802083748.pdf»
paginas 12 a15.
42 Ibidem, archivo «73-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante»
43 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GCE-AUT-AP-2018_2706532_9-20180309125507.pdf»

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de la Resolución 103226 del 15 de julio de 201044, pues consideró que había
demostrado el cumplimiento de las exigencias descritas en la ley, comoquiera que
laboró más de 30 años como docente para la Universidad Libre Seccional Atlántico
y que al momento de cumplir con la edad de 60 años aportó los documentos
requeridos para que se le reconociera y pagara la pensión de vejez.

94.1. Aseveró que no por el hecho de haber cotizado dineros provenientes de una
empresa privada como era la Universidad Libre a una entidad de naturaleza pública
como el ISS, tales sumas cambiarían su naturaleza a pública. Es decir, que
Colpensiones era simplemente una administradora de dineros privados por esa
razón no resultaba incompatible la pensión que aquella le reconoció con la adquirida
con Cajanal.

95. Mediante Resolución SUB-133755 del 21 de mayo de 201845, Colpensiones
dispuso remitir a la Dirección de Procesos Judiciales del Régimen de prima media
de Colpensiones la mencionada resolución, para que se tramitara y evaluara la
posibilidad de iniciar las acciones legales contra el demandado.

96. Con Resolución 15865 del 30 de agosto de 2018 la entidad demandante negó
el recurso de apelación presentado por el demandado contra la anterior
resolución46.

97. El 2 de abril de 2019, en Resolución SUB-81085 Colpensiones negó la solicitud
del demandado consistente en que se le disminuyera la pensión de vejez de
$5.730.296 al valor de $ 1.806.000, pues el último salario que devengó fue de
$1.288.80047.

2.5. Caso concreto

98. En primer lugar, se debe indicar que la competencia de la Sala se delimita a
establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado por cuanto las
prestaciones reconocidas por Cajanal y Colpensiones son incompatibles y, de ser
así, si es procedente ordenar la devolución de los dineros pagados de más, de
conformidad con los argumentos de los recursos de apelación presentados.

99. En ese orden, se precisa que no se efectuará pronunciamiento en relación con
el régimen con el que fue reconocida la prestación objeto de discusión, esto es, el
dispuesto en el Decreto 758 de 1990.

100. Así las cosas, se tiene que el tribunal de primera instancia determinó que las

44 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GCE-AUT-AP-2018_2706532_9-20180309125507.pdf»
45 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GRF-AAT-RP-2018_6460939-20180605021339.pdf f»
46 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GRF-AAT-RP-2018_6945792_2-20180830061623.pdf»
47 Ibidem, archivo «39.CC-7453201» y «GRF-AAT-RP-2019_1418152-20190402124244.pdf»

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vinculaciones simultáneas daban lugar al incremento del ingreso base de cotización
más no al aumento del tiempo de cotización, razón por la cual, después de excluir
los aportes a pensión en los que tuvo una vinculación laboral simultánea, estableció
que el demandado no cumplía con el requisito de las semanas exigidas por el
Decreto 758 de 1990 para ser beneficiario de la pensión de vejez reconocida por
Colpensiones, motivo por el cual declaró la nulidad del acto acusado y negó la
devolución indexada de los valores pagados por ese concepto, en razón a que no
se desvirtuó la buena fe del accionado.

101. Por su parte el demandado solicitó que se revocara la decisión del a quo, por
cuanto aseveró que nunca tuvo vinculaciones simultaneas en el sector público,
todas las cotizaciones fueron separadas en el régimen de prima media y del sector
público, por lo que «resultaba incongruente lo que expresó el juzgador de primer grado,
en donde depuró casi 1.388 semanas que tuvo el hoy demandado en el sector privado»

102. Asimismo, Colpensiones solicitó la revocatoria del «numeral tercero» de la
decisión de primera instancia por cuanto consideró que debían devolverse las
sumas de lo pagado por concepto de la pensión de vejez, pues el pago de una
prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales atentaba
igualmente contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005.

103. De acuerdo con lo expuesto y con el material probatorio allegado al expediente
se tiene que el demandado actualmente se encuentra disfrutando de las pensiones
de vejez reconocidas por Cajanal, hoy Ugpp y Colpensiones, las cuales cubren la
misma contingencia, esto es la de proporcionarle al extrabajador que cumple con
los requisitos de orden legal lo necesario para subsistir. Así las cosas, como se
explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, se encuentra
que estas son incompatibles, puesto que el sistema pensional no permite que se
acceda a una segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por
lo que resulta intrascendente su origen como su finalidad.

104. Ahora bien, el control de legalidad del acto demandado debe estudiarse bajo lo
dispuesto en el artículo 49.c del Decreto 758 de 1990, según el cual las pensiones
e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS [hoy Colpensiones] son
incompatibles, entre otras, con las demás pensiones y asignaciones del sector
público, «sin embargo, el beneficiario podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas» [se resalta].

105. En consonancia con lo anterior se advierte que a Rodrigo Jabba Navarro le
fueron reconocidas dos pensiones de vejez así: i) con Resolución 08478 Cajanal,
hoy la Ugpp, le reconoció una prestación por el valor de $11.537500 efectiva a partir
del 1 de julio de 2008 y con efectos fiscales una vez demostrara su retiro definitivo
del servicio; y ii) mediante Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 el ISS hoy

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Colpensiones la reconoció por el valor de $5.730.296, efectiva a partir del 1 de julio
de 2010 condicionada al retiro del servicio.

106. Pese a lo expuesto, esta Subsección no pasa por alto que no cuenta con la
competencia para emitir pronunciamiento frente a la prestación reconocida por
Cajanal, hoy Ugpp, por cuanto ese acto no es objeto de litigio en el presente asunto,
sin embargo, con el fin de lograr una tutela judicial efectiva y propender por la
estabilidad financiera del sistema de pensiones, se declarará la incompatibilidad de
las prestaciones de vejez de las que es beneficiario el demandado y se ordenará a
Colpensiones que, con base en el principio de coordinación armónica que rige a la
administración, proceda a adelantar las gestiones tendientes a lograr que las
cotizaciones que efectuó durante el período que prestó su servicio como docente
en la Universidad Libre Seccional Atlántico, financien la prestación reconocida por
la Ugpp y a la que tiene derecho por favorabilidad el demandado.

107. Si bien el demandado aseveró que en la Resolución 8478 del 24 de febrero de
2006 a través de la cual Cajanal le reconoció la pensión de vejez se indicó de forma
clara que no se tendrían en cuenta los tiempos aportados al ISS como empleado de
la Rama Judicial, lo cierto es que la doble erogación proveniente del tesoro público
se configura porque la fuente de financiación de las prestaciones es de carácter
tripartito, es decir, se realiza con aportes del empleado, su empleador y con recursos
de naturaleza pública, razón por la cual no es de recibo el mencionado argumento.

108. Asimismo, tampoco tiene vocación de prosperidad el reproche del demandado
relacionado con que el a quo no realizó una debida valoración probatoria en el caso
bajo examen, pues contrario a ello quedó evidenciado en la decisión de primera
instancia que se realizó un análisis crítico de las pruebas aportadas, entre ellos, el
historial laboral, los aportes a pensión realizados y los reconocimientos efectuados
por la entidad demandante y vinculada, razón por la cual se concluyó que el
demandado tuvo vinculaciones laborales simultáneas que daban lugar al
incremento del ingreso base cotización más no al aumento del tiempo de cotización.

109. En razón a lo expuesto, se concluye que las pensiones reconocidas por Cajanal,
hoy Ugpp, y por Colpensiones al demandado son incompatibles, puesto que las dos
tienen por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de las
prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con aportes realizados por el
empleado, su empleador y con recursos de naturaleza pública, lo cual de
conformidad con el artículo 128 Constitucional las hace incompatibles, razón por la
cual se confirmará la sentencia de primera instancia.

110. Ahora, frente a la solicitud de los dineros pagados por Colpensiones al
demandado por concepto del reconocimiento pensional la Sala resalta que, el
principio de rango constitucional de la buena fe presupone obligaciones recíprocas
relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin embargo, se ha
considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites

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demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional, tales como
la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros48.

111. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en
contra de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y resaltó que
«no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe»,
postulado que tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones
periódicas como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

112. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»49, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

113. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.

114. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de marzo de
202150, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no

48 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
49 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
50 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

115. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

116. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación51.

117. Por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro
de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un
derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los
actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados
de manera indebida.

118. De acuerdo con lo anterior y con el numeral 1 del artículo 164 del CPACA, en
todos los actos de los particulares y de las autoridades se presume la buena fe,
razón por la cual ha debido probarse que la obtención del derecho prestacional se
hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe.

119. Así las cosas, se concluye que el hecho de haber reclamado a Colpensiones su
derecho prestacional y este haberlo reconocido no implica un actuar contrario a la
ley dirigido a defraudar a la administración, pues se reitera, en el presente asunto
no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte del demandado para obtener el
pago de su pensión de vejez; por el contrario, el reconocimiento y la liquidación
efectuada se realizó sin la intervención del pensionado, y no puede considerarse
que al solicitársele su revocatoria y no acceder a ella, actuó de mala fe pues desde
la información contenida en el acto acusado que le reconoció la prestación,
consideró que tenía el derecho otorgado. Razón por la cual se confirmará la

51 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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negativa del restablecimiento del derecho invocado por Colpensiones.

2.6. Conclusión

120. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las pensiones
reconocidas por Cajanal y por Colpensiones al demandado son incompatibles,
puesto que las dos tiene por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de
financiación de las prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con aportes
realizados por el empleado, su empleador y con recursos de naturaleza pública, lo
cual de conformidad con el artículo 128 Constitucional las hace incompatibles razón
por la cual se confirmará y adicionará el ordinal segundo la sentencia de primera
instancia, en el sentido de ordenar a Colpensiones que, con base en el principio de
coordinación armónica que rige a la administración, proceda a adelantar las
gestiones tendientes a lograr que las cotizaciones que efectuó durante el período
que prestó su servicios a la Universidad del Atlántico financien la prestación a la que
tiene derecho por favorabilidad el demandado.

2.7. Costas

121. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

122. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

123. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

124. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

125. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.

2.8. Representación legal

126. En el expediente digital obra poder general53 otorgado por la Ugpp a Rocío del
Pilar Arenas España identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y tarjeta
profesional 287.249 del C.S. de la J., representante legal de la empresa Conde
Abogados Asociados SAS, quien, a su vez, sustituyó poder a la abogada Mayra
Alejandra Padilla Niviayo, identificada con cédula de ciudadanía 1.106.093.355 y
tarjeta profesional 399.821 del C.S. de la J. Comoquiera que se aportaron los
documentos que soportan el mandato previsto en los artículos 75 del CGP y 160 del
CPACA, se les reconocerá personería para actuar en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico el 11 de octubre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda presentada Colpensiones, contra Rodrigo Jabba Navarro, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Adicionar al ordinal segundo de la sentencia del 11 de octubre de 2022
lo siguiente:

Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante ante la
Ugpp las actuaciones pertinentes con el fin de que las cotizaciones para pensión
que efectuó Rodrigo Jabba Navarro durante toda su vida laboral financien la
pensión reconocida por la Ugpp, a la cual tiene derecho por favorabilidad.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer personería para actuar en representación de la Ugpp a Rocío
del Pilar Arenas España identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y
tarjeta profesional 287.249 del C.S. de la J., como apodera principal y a Mayra

53 Samai, índice 32.

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Alejandra Padilla Niviayo, identificada con cédula de ciudadanía 1.106.093.355 y
tarjeta profesional 399.821 del C.S. de la J., como apoderada sustituta, en los
términos del poder que obra a índice 32 de Samai.

Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Marco normativo Cfr.Rad.AV. 2500-23-
42-000-2018-02824-03 (1845-2023)
Costas, Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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