Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07479-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07479-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07479-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-07479-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: LUZ MARY PABÓN BUSTOS Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EL TRIBUNAL APLICÓ
EN DEBIDA FORMA EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN
LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA, CONFORME CON LA
POSICIÓN VIGENTE DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL TEMA, EN
LOS CASOS EN QUE SE ALEGA COMO DAÑO ANTIJURÍDICO LA
CAUSACIÓN DE LESIONES PERSONALES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la providencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1, mediante la cual se denegó el amparo solicitado.
1
En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 15001-03-15-000-2021-07479-01
Actores: LUZ MARY PABÓN BUSTOS Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores LUZ MARY, ZUGLER, JUAN GUILLERMO, ANA
IDALI PABÓN BUSTOS y ZAMIR ALFONSO JIMÉNEZ PABÓN,
actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales
estiman vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR2 al haber proferido la providencia de 20 de mayo de 2021,
dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 20001-33-33-008-2019-00328-01.
I.2.- Hechos
Afirmaron que el señor ZUGLER PABÓN BUSTOS prestó el servicio
militar obligatorio en el BATALLÓN DE ARTILLERÍA NÚM. 2 “LA
POPA” de Valledupar, Cesar.
2
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 15001-03-15-000-2021-07479-01
Actores: LUZ MARY PABÓN BUSTOS Y OTROS.
Señalaron que el 11 de noviembre de 2014, el señor ZUGLER
PABÓN BUSTOS se encontraba en labores de prestación del
servicio en el caserío “el desastre” en el municipio Agustín Codazzi
y mientras subía un cerro en compañía de su pelotón, sufrió una
caída de una altura aproximada de 30 metros.
Indicaron que el 4 de noviembre de 2015, se celebró Junta Médico
Laboral Definitiva que mediante acta núm. 82849 determinó que las
lesiones ocasionadas al señor ZUGLER PABÓN BUSTOS le
generaron una disminución de la capacidad laboral del 18.55%.
Expusieron que debido a lo anterior, presentaron demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa contra la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL3, con la
finalidad de que les declarara administrativamente responsables por
las lesiones ocasionadas al señor ZUGLER PABÓN BUSTOS
mientras prestaba su servicio militar en el BATALLÓN DE
ARTILLERÍA NÚM. 2 “LA POPA” de Valledupar, proceso que fue
identificado con el número único de radicación 20001-33-33-008-
2019-00328-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO
3
En adelante Ejército Nacional.
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Actores: LUZ MARY PABÓN BUSTOS Y OTROS.
OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE VALLEDUPAR4 que, mediante providencia de 18 de noviembre
de 2019, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno
jurídico procesal de la caducidad bajo el argumento de que
transcurrieron más de 2 años entre la fecha en que se notificó el
Acta de la Junta Médica Laboral, esto es, el 7 de noviembre de
2015 y el 29 de julio de 2019, fecha en que se radicó la solicitud de
conciliación prejudicial.
Señalaron que inconformes con la anterior decisión interpusieron
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que,
mediante providencia de 20 de mayo de 2021, confirmó lo decidido
por el a quo, pero por considerar que la caducidad debía contarse a
partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso, es decir,
desde el 12 de noviembre de 2014, pues por ser de carácter
instantáneo, la víctima directa tuvo conocimiento de la afectación
en el momento de su acaecimiento.
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En adelante el Juzgado.
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I.3. Fundamentos de derecho
Manifestaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda
vez que aplicó indebidamente el término para promover la demanda
en los procesos de reparación directa, pues no tuvo en cuenta que
el plazo para incoarla debe contarse desde que se tiene
conocimiento del hecho dañoso y no a partir de su ocurrencia.
Adujeron que de conformidad con lo considerado por la SECCIÓN
TECERA en la sentencia de 25 de agosto de 20115, en el caso de
las lesiones ocurridas a las personas que prestan el servicio militar,
el conocimiento del daño se presenta únicamente a partir de la
fecha en que se notifica el acta definitiva del Tribunal Médico
Laboral correspondiente.
Indicaron que dicha posición fue acogida en sede de tutela, a través
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
25 de agosto de 2011. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 20316. M.P.
Hernán Andrade Rincón.
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de la sentencia de 14 de agosto de 20146, en la que se sostuvo que
el conocimiento del daño antijurídico se adquiere a partir del
momento en que se efectuó la Junta Médico Laboral, para efectos
de establecer desde cuando debe contarse el término para
presentar la demanda de reparación directa en los casos de lesiones
ocasionadas a conscriptos.
I.3.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia, pide que se deje sin
efecto la providencia de 20 de mayo de 2021, proferida dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 20001-33-33-008-2019-00328-01, en los siguientes
términos:
“[…] 2. Que, como consecuencia de lo anterior, ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR que dentro del
término que estime el Consejo de Estado, proceda a corregir los
defectos de la sentencia del 20 de mayo de 2021, emitida
dentro del proceso de Reparación Directa identificado con el
radicado No. 20-001-33-33-008-2019-00328-00 y como
consecuencia de ello se emita una nueva decisión en la que se
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
14 de agosto de 2014. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2014-01604-00.
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ordene al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar admitir
la demanda.
3. Los demás amparos que oficiosamente consideren los
Honorables Magistrados […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El JUZGADO, solicitó denegar las pretensiones de la
solicitud de amparo de la referencia, toda vez que no se configuró
la vulneración ius fundamental alegada en tanto las actuaciones
procesales seguidas en el proceso de reparación directa se
adelantaron con pleno respeto de los derechos y garantías de las
partes e intervinientes.
I.4.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado, toda
vez que no vulneró los derechos fundamentales alegados ni incurrió
en los defectos invocados por la parte actora.
Indicó que la providencia objeto de la solicitud se fundamentó en la
tesis acogida por la Sección Tercera del Consejo de Estado relativa
al conteo de caducidad, la cual puede efectuarse a partir de dos
momentos: i) a partir del día siguiente en que ocurrió́ la acción y la
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omisión que generó el daño o (ii) desde que el demandante tuvo
conocimiento del menoscabo al derecho que no estaba en la
obligación de soportar, evento en el cual se debe probar la
imposibilidad de haber conocido la lesión el día de su acaecimiento.
Señaló que motivó suficientemente la providencia cuestionada, en
el sentido de precisar que si bien era cierto que existían varios
escenarios para contabilizar desde cuando debía iniciar a contar el
término para presentar la demanda en el proceso de reparación
directa, en el caso concreto, le correspondía en su calidad de juez
natural analizar conforme con los hechos probados dentro del
proceso, cuál era el momento en que ocurrió el daño y cuál era la
fecha en que la parte actora tuvo conocimiento de éste.
Indicó que del análisis de las pruebas allegadas al proceso de
reparación directa, se podía válidamente concluir que la parte
actora tuvo conocimiento del daño que pretende se le repare desde
el 11 de noviembre de 2014, fecha en la que ocurrió el accidente
en el que la víctima directa sufrió una caída de una altura de 30
metros y, por consiguiente, sabía que ello iba a producirle algunas
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secuelas, sin que requiriera de un dictamen pericial para llegar a
dicha conclusión, tesis que se reforzó a partir de los hechos de la
demanda de reparación directa en los que se relató que al tercer
día de la ocurrencia de los hechos, el joven tuvo que ser remitido al
“Batallón La Popa para recibir la atención médica, ya que
presentaba un fuerte dolor en su cuerpo por la caída sufrida”.
Explicó que la tesis expuesta por la parte demandante solo aplica
cuando se trata de un daño continuado o de tracto sucesivo, es
decir, cuando las consecuencias de la lesión solo se conocen de
forma “certera y concreta con el discurrir del tiempo y con
posterioridad al hecho generador”. Sin embargo, no era posible
aplicar este concepto al caso analizado pues, además, la función de
los dictámenes de las juntas de Calificación de Invalidez “no es la
de determinar el conocimiento del daño, sino la de calificar la
pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su
origen”.
I.5.- Intervinientes
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I.5.1.- El EJÉRCITO NACIONAL, a través de apoderado, se opuso
a las pretensiones de la tutela, aduciendo que este mecanismo no
puede ser utilizado como una tercera instancia en la que se
controviertan nuevamente los supuestos de hecho y de derecho,
máxime aun, si la providencia de 20 de mayo de 2021, se
encuentra debidamente fundamentada en las normas y la
jurisprudencia vigentes.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 14 de diciembre de 2021, la SECCIÓN
SEGUNDA denegó el amparo solicitado.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó un análisis
crítico y ponderado para determinar que el conocimiento del daño
atribuido al Ejército Nacional se produjo con la ocurrencia de la
caída sufrida por el joven ZUGLER PABÓN BUSTOS más no con el
dictamen del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía y que
dicha tesis que resultaba plausible, razonable y ajustada a la pauta
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jurisprudencial unificada y vigente, por lo que debía ser respetada
en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.
Indicó que la decisión controvertida se encontraba ajustada a
derecho, pues si bien era cierto que, en pautas jurisprudenciales
anteriores como la citada por el demandante, esto es, la sentencia
de 25 de agosto de 2011, era aceptado efectuar el conteo de
caducidad desde la expedición del dictamen médico laboral, dicha
tesis fue recogida por la Sección Tercera de esta Corporación en
sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2018, en la cual se
fijaron parámetros claros a considerar en relación con el fenómeno
jurídico procesal de la caducidad y se precisó que, en todo caso, no
era dable contabilizar el término desde la expedición del dictamen
por una Junta de Calificación de Invalidez, por cuanto el mismo no
diagnosticaba una enfermedad o lesión sino que se limitaba a
calificar una situación preexistente con base en las pruebas
aportadas, entre ellas, la historia clínica del afectado.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiterando
los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio y
solicitó acceder a las pretensiones de la acción.
Insistieron en que el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial al aplicar
indebidamente el término de caducidad para interponer la demanda
de reparación directa, toda vez que no tuvo en cuenta que,
conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos
en que se alega la reparación de un daño antijurídico generado por
una lesión causada a un conscripto, el conocimiento del daño se
presenta a partir del día siguiente en que se notifica el acta de la
Junta Médica Laboral correspondiente.
Adujeron que en su caso erró el TRIBUNAL al tener como fecha
para iniciar el conteo del término para incoar la demanda aquella en
que ocurrió el accidente, pues la realidad es que se tuvo
conocimiento del daño ocasionado en la fecha en que se le notificó
el dictamen emitido por el Tribunal Médico Laboral correspondiente,
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toda vez que en ese momento se determinó la pérdida de la
capacidad laboral del señor ZUGLER PABÓN BUSTOS.
Expusieron que en su caso el análisis de la caducidad no podía ser
exegética y determinantemente restrictivo, debido a que era
necesario tener en cuenta el desconocimiento de la víctima respecto
de los daños y las secuelas que se derivaron con ocasión de la
ocurrencia del hecho, máxime si se tenía en cuenta que, cualquier
persona del común no tiene la noción científica suficiente para
determinar con certeza las lesiones padecidas y mucho menos el
porcentaje de pérdida de su capacidad laboral.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
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de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia
de la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
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sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
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constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos
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la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea
con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en
su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia
(artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un
plazo razonable7, la solicitud identifica los hechos y derechos que
se estiman lesionados; y, por último, no se trata de una acción de
tutela contra sentencia de tutela.
Verificado lo anterior, corresponde examinar si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
7 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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Análisis del caso concreto
En el presente caso, la parte actora pretende que se deje sin efecto
la providencia de 20 de mayo de 2021, proferida por el
TRIBUNAL, por medio de la cual se confirmó la decisión dictada
por el JUZGADO que, mediante auto de 18 de noviembre de 2019,
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico
procesal de la caducidad, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 20001-33-33-008-
2019-00328-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio,
el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente jurisprudencial, toda vez que aplicó indebidamente
el término para promover las demandas en ejercicio del medio de
control de reparación directa, en los casos que se discutan lesiones
ocasionadas a personas que prestaban el servicio militar
obligatorio.
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Señalaron que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que conforme con
lo sostenido por la SECCIÓN TERCERA y PRIMERA de la
Corporación en sentencias de 25 de agosto de 20118 y de 14 de
agosto de 20149, el término para promover la demanda debe
contarse desde que se notifica el acta de la Junta Médica Laboral
que establece la gravedad de los daños ocasionados por las
lesiones.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 14 de diciembre
de 2021, denegó el amparo deprecado, por considerar que le asistió
razón a la autoridad judicial accionada al determinar que el
conocimiento del daño atribuido al Ejército Nacional se produjo con
la ocurrencia de la caída sufrida por el joven ZUGLER PABÓN
BUSTOS, más no con el dictamen del Tribunal Médico de Revisión
Militar y de Policía.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
25 de agosto de 2011. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 20316. M.P.
Hernán Andrade Rincón.
9Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
14 de agosto de 2014. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2014-01604-00. M.P. María Elizabeth García González.
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La parte actora impugnó la anterior decisión, debido a que, a su
juicio, sí se había configurado el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado y,
además, resaltó que en su caso el análisis de la caducidad no podía
ser exegética y determinantemente restrictivo, debido a que era
necesario tener en cuenta el desconocimiento de la víctima respecto
de los daños y las secuelas que se derivaron con ocasión de la
ocurrencia del hecho.
En tales circunstancias, a la Sala le corresponde determinar si en el
caso sub examine la autoridad juridicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado por
la parte accionante.
La Sala observa que el TRIBUNAL en la providencia de 20 de mayo
de 2021, luego de relacionar los argumentos expuestos por los hoy
tutelantes en el recurso de apelación y de exponer la posición
actual de la SECCION TERCERA sobre los criterios a tener en
cuenta para establecer desde cuando debe presentarse la demanda
en los procesos de reparación directa relacionados con lesiones
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personales, sostuvo que la parte actora presentó
extemporáneamente la solicitud, en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el EJÉRCITO NACIONAL, por lo
siguiente:
“[…] La caducidad del medio de control de reparación directa es
de “dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia”4.
De lo anterior, se precisa que el término de caducidad de la
pretensión de reparación directa se puede contar en dos
momentos diferentes:
a. A partir del día siguiente en que ocurrió la acción y
omisión del daño, o
b. Desde que el demandante tuvo conocimiento del
menoscabo al derecho que no estaba en la obligación de
soportar. Esta última situación solo procede cuando se prueba
la imposibilidad de haber conocido la lesión el día de su
acaecimiento.
Bajo estas premisas, se constata que los hechos que
fundamentan la pretensión indemnizatoria se remontan al 11 de
noviembre de 2014. Ese día, el soldado voluntario ZUGLER
PABON BUSTOS se dirigía al caserío “El Desastre” del municipio
de Agustín Codazzi. Un compañero de la institución castrense
se resbaló mientras subía un cerro ubicado en ese lugar,
sujetando al joven PABÓN BUSTOS y cayendo ambos a una
altura aproximada de 30 metros.
Esta es la fecha que debe tenerse en cuenta para contar el
plazo de caducidad. El daño que se pretende endilgar al
EJERCITO NACIONAL tiene la característica de ser instantáneo.
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Es decir, que la afectación producida a la víctima directa se
concretó y evidenció en el momento de su realización5. Si hay
una caída de alrededor de treinta (30) metros de altura,
lógicamente, el joven PABÓN BUSTOS sabía que eso le iba a
producir unas secuelas. No requería de un dictamen pericial
para llegar a esa conclusión. Esta posición se refuerza con el
hecho tercero de la demanda. En ese numeral se detalló que, al
tercer día de la ocurrencia del daño tuvo que ser remitido al
“Batallón La Popa para recibir la atención médica, ya que
presentaba un fuerte dolor en su cuerpo por la caída sufrida”6.
La tesis que pretende hacer valer el abogado de los
demandantes solo aplica cuando se trata de un daño
continuado o de tracto sucesivo. En otras palabras, cuando las
consecuencias de la lesión solo se conocen de forma “certera y
concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho
generador”7. Sin embargo, como se expuso en el párrafo
anterior, no es posible aplicar este concepto al caso concreto.
Además, recuérdese que la función de los dictámenes de las
Juntas de Calificación de Invalidez “no es la de determinar el
conocimiento del daño, sino la de calificar la pérdida de
capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su
origen”8.
En razón a lo argumentado, el demandante tenía hasta el 12 de
noviembre de 2016 para acudir a la Jurisdicción contenciosa
administrativa. Al haberse radicado la solicitud de conciliación
prejudicial el 29 de julio de 20199, es evidente que no logró
suspender la caducidad del medio de control de reparación
directa […]”.
De la providencia transcrita se desprende que el TRIBUNAL confirmó
la decisión de primera instancia de rechazar la demanda por haber
operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción,
por cuanto consideró que: i) de las pruebas allegadas al proceso se
demostraba que el daño que sufrió la víctima directa tenía la
característica de ser instantáneo y, que la afectación producida se
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concretó y evidenció en el momento de su realización; máxime aun,
teniendo en cuenta que, en el escrito de demanda se había afirmado
que tres días después de la caída había acudido al servicio médico
para ser atendido por el fuerte dolor que le había generado la caída;
ii) el término para presentar la demanda debía contarse en el evento
que se alega un daño por una lesión personal desde que la parte
actora tuvo conocimiento de este; y, iii) que la solicitud de
conciliación prejudicial fue radicada el 29 de julio de 2019, lo cual no
logró suspender la caducidad del medio de control y, en
consecuencia, la demanda fue presentada extemporáneamente, pues
los hechos habían acaecido el 11 de noviembre de 2014.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada no incurrió en el defecto invocado por la parte
actora por los siguientes motivos:
El literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, estableció la
oportunidad para presentar la demanda en el medio de control de
reparación directa, así:
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“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se
contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición; […]”. (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los
procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia
de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de lesiones
personales, la SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA, mediante
sentencia de 29 de noviembre de 2018, estableció lo siguiente:
“[…] Para la Sala, respecto de los hechos que generan
efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables en la
integridad psicofísica de las personas, aquellos cuyas
consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez, y
dejan secuelas permanentes, la contabilización del
término de caducidad se inicia desde el día siguiente al
acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8 del artículo
136 del Código Contencioso Administrativo y el literal i del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
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Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con
lesiones personales cuya existencia sólo se conoce de
forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con
posterioridad al hecho generador, se hace necesario
reiterar la jurisprudencia mayoritaria de esta Sala que
indica que, según cada caso, será el juez quien defina si
contabiliza la caducidad desde el momento de la
ocurrencia del daño o desde cuando el interesado tuvo
conocimiento del mismo; es decir, que impone unas
consideraciones especiales que deberán ser tenidas en cuenta
por el instructor del caso.
Postura que guarda relación con la del legislador al redactar el
literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, al señalar que
el parámetro a seguir para el inicio del cómputo del término de
caducidad es el momento en el que “el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo [del daño] si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Lo anterior, por cuanto el juez puede encontrarse con diversos
escenarios, a saber:
i) ocurrido el hecho dañoso, inmediatamente se conoce del
daño, esto porque es evidente, es decir, el hecho y el
conocimiento del daño son concomitantes, y desde allí se debe
contar el término de caducidad;
ii) cuando se causa el daño, pero no se tiene conocimiento
sobre ello, en este caso el término se cuenta desde que se
conoce el daño.
La Sala reitera, además, que es una carga de la parte
demandante demostrar cuándo conoció el daño, y, si es
pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento
de su causación, por lo que juez debe estudiar lo ocurrido en
cada caso y determinar la fecha en la cual comenzó a correr el
término para demandar.
En estas condiciones, la fecha de conocimiento sobre la
magnitud del daño, a través de la notificación del
dictamen proferido por una Junta de Calificación de
Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como
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parámetro para contabilizar el término de caducidad, por
cuanto:
El dictamen proferido por una junta de calificación de
invalidez no comporta un diagnóstico de la enfermedad o
de la lesión padecida por una persona, pues la junta se
limita a calificar una situación preexistente con base en
las pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la
historia clínica del interesado; además, la junta puede
ordenar la práctica de exámenes complementarios para
determinar aspectos necesarios que inciden en la
valoración de cada caso concreto10.
Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el
estado de invalidez y determinar su origen, es decir, establecer
la magnitud de una lesión respecto de la cual el afectado
directo tiene conocimiento previo, en función de la capacidad
laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio que
determine el conocimiento del daño, elemento que importa para
el cómputo del término de la caducidad, pues se resalta que
debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad
tiene relación y punto de partida con el conocimiento del
primero.
Al hacerse depender el cómputo del término de
caducidad de la notificación del dictamen practicado por
la junta de calificación de invalidez, se dejaría en manos
de la víctima directa del daño la facultad de decidir el
momento a partir del cual inicia el conteo, pues podría
diferir en el tiempo su notificación o, incluso, no realizar el
trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral,
lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo.
Adicionalmente, la calificación de invalidez no constituye
un requisito de procedibilidad para demandar y, por ello,
el afectado puede acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en sede de reparación
directa, aunque no se le hubiere valorado la magnitud de
la lesión, por cuanto la exigencia de tal requisito para el
cómputo de la caducidad implicaría la creación de un
10
www.fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/manuales/VP%20MANUAL
%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS%20JCI.pdf consultado el 1 de
noviembre de 2018 a las 3:26 pm.
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requerimiento que la ley no contempla. En este tema no
existe tarifa probatoria y el demandante bien puede aportar o
solicitar las pruebas periciales que estime pertinentes para
probar el grado de afectación en el transcurso del proceso.
Además, si el juez encuentra probado el daño, en este caso, la
lesión, pero no su magnitud, bien puede imponer condena en
abstracto para que, en incidente posterior, se determine el
grado de afectación, de ahí que no existe razón para contar el
término de caducidad a partir de la valoración o notificación del
dictamen realizado por parte de la junta.
Se reitera entonces que el cómputo de la caducidad en los
casos de lesiones lo determina el conocimiento del daño, pero
este puede variar cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso
no existe certeza del mismo, no se sabe en qué consiste la
lesión o esta se manifiesta o se determina después del
accidente sufrido por el afectado. En todo caso, la parte deberá
acreditar los motivos por los cuales le fue imposible conocer el
daño en la fecha de su ocurrencia […]”. (Resaltado de la Sala).
De lo anterior, se desprende que, conforme con la jurisprudencia
anteriormente citada, en los casos que se pretenda la reparación de
un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión de unas
lesiones personales, el término para incoar la demanda debe
contarse a partir del momento en que ocurrió el daño o se tuvo
conocimiento del mismo, por lo que corresponde al Juez natural
verificar cuál de los dos eventos es el aplicable al caso concreto
dependiendo de los elementos probatorios allegados al proceso de
reparación directa. Asimismo, que la fecha de notificación del
dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no
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puede tenerse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el
término para promover la demanda.
De lo anterior se desprende que el TRIBUNAL no incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues conforme con el criterio vigente y establecido
en la sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la SALA
PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA, el cual resultaba aplicable al
momento de proferir la providencia cuestionada, el término para
presentar la demanda en los procesos de reparación directa en los
que se alega un daño antijurídico producto de una lesión personal
debía contarse desde la fecha en que ocurrió el daño o se tuvo
conocimiento de este según las pruebas allegadas al proceso.
En efecto, de la lectura de la providencia de 20 de mayo de 2021,
se advierte que el TRIBUNAL contabilizó el término para presentar
la demanda desde el 12 de noviembre de 2014, es decir, el día
siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso y en que la parte actora
tenía conocimiento de la materialización del daño ocasionado por
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caída de altura sufrida por el señor ZUGLER PABÓN BUSTOS que
le generó una disminución de la capacidad laboral del 18.55%.
Igualmente, se advierte que el TRIBUNAL descartó que en el
presente caso el término para incoar la demanda debía
contabilizarse desde la notificación del acta de la Junta Médico
Laboral, con fundamento en la posición actual de la SECCIÓN
TERCERA sobre el tema, según la cual, en ningún caso, esta debe
tenerse como fecha para establecer dicho término pues la función
de dichos conceptos “no es la de determinar el conocimiento del
daño, sino la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado
de invalidez y determinar su origen”.
Asimismo, se observa que el TRIBUNAL tampoco incurrió en el
desconocimiento del precedente por inaplicar el criterio establecido
en la sentencia de 25 de agosto de 201111, así como de la sentencia
de tutela de 14 de agosto de 201412, en las cuales era aceptado
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia
de 25 de agosto de 2011. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 20316.
M.P. Hernán Andrade Rincón.
12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
14 de agosto de 2014. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2014-01604-00.
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efectuar el conteo de caducidad desde la expedición del dictamen
médico laboral, pues dicha posición fue recogida posteriormente
mediante la sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la
SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA y la autoridad judicial
accionada, en el marco de su autonomía e independencia judicial,
acogió la posición jurisprudencial vigente sobre cómo debía
contabilizarse el computo del término para presentar la demanda
para el caso concreto al momento de proferir su decisión.
De otro lado, es menester recordar que la sentencia de tutela que
se alega desatendida no constituye precedente judicial, toda vez
que sus efectos son inter partes, tal como lo prevé el artículo 48 de
la Ley 270 de 7 de marzo de 199613, que prevé que “las decisiones
judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.
Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto endilgado, toda vez que la providencia
cuestionada está debidamente motivada, con fundamento en la
13 Estatutaria de Administración de Justicia
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normativa aplicable y el material probatorio allegado en su
momento al proceso ordinario, por lo que el hecho de que los
actores no compartan la decisión allí dispuesta, no implica la
vulneración de los derechos fundamentales ni la ocurrencia de
alguno de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.
Consecuente con lo anterior, se confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita.
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Actores: LUZ MARY PABÓN BUSTOS Y OTROS.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de marzo de
2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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