Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10797-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10797-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
20 de enero de 2022
Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10797-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10797-00
Demandante: ELVER ROMAÑA BEJARANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela por presunta violación al derecho de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor
Elver Romaña Bejarano contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
El señor Elver Romaña Bejarano, a través de apoderado, ejerció acción de tutela1
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y legalidad, que estimó vulnerados con ocasión de la omisión de la
Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en expedir la primera copia que preste mérito ejecutivo y la constancia de ejecutoria
y firmeza de los fallos de primera y segunda instancia dictados el 27 de marzo de
2020 y 28 de octubre de 2021 por el Juzgado Primero Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura y por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, respectivamente, dentro del expediente con radicado número
76109333300120170004700/01.
1 La acción de tutela se presentó el 30 de noviembre de 2021 a través de la aplicación para
radicación de tutelas en línea.
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Demandante: Elver Romaña Bejarano
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10797-00
En consecuencia, el demandante solicitó:
“1) Que se de la presunción de VERACIDAD a los hechos, y pruebas vertidos
en el presente memorial.
2) Que si dentro del trámite de la presente acción de tutela no se hubiere
subsanado las causas que la originan, se solicita:
a) Se tutelen en favor de mi poderdante los derechos fundamentales de
PETICIÓN, LEGALIDAD, DEBIDO PROCESO, EFICACIA EN LAS
ACTUACIONES JUDICIALES, que consideramos vulnerados a mi
poderdante por la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del radico del proceso
referenciado; y:
b) Se ordene a la accionada secretaría de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que en el término de las
primeras 48 horas a la notificación del dallo de tutela, me expida vía
digital a mi correo electrónico asjuresp@gmail.com, los siguientes
documentos:
➢ La constancia de Ejecutoria y firmeza de los fallos de Primera
Instancia (De fecha 27 de marzo del año 2020 proferido por el
Juzgado Primero Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura (Valle
del Cauca) y de Segunda Instancia (de fecha 28 de octubre del
año 2021 de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca) proferidos dentro de la Demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Laboral Radicado:
761093333001201700004700/01;
➢ La Primera Copia que presente mérito ejecutivo de los referidos
fallos de Primera y Segunda Instancia de la misma Demanda de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral Radicado:
761093333001201700004700/01;
3) Las demás acciones protectoras que ese Juez Constitucional estime
oportuno y eficaz para la efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales
de mi poderdante.” (Sic para toda la cita).
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Afirmó que interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho laboral a la cual se le asignó el número de radicado
76109333300120170004700, la cual fue tramitada en primera instancia por el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura,
autoridad judicial que dictó sentencia el 27 de marzo de 2020. Posteriormente,
dentro del trámite de la segunda instancia, la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión inicial, el 28 de octubre de
2021.
Señaló que en los fallos mencionados se condenó a la Nación – Ministerio de
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Defensa Nacional al pago de una pensión de invalidez por haberse demostrado la
discapacidad laboral desde el 19 de junio de 2015.
Explicó que se notificó por conducta concluyente de la sentencia del 28 de octubre
de 2021 una vez el mismo fue ingresado al aplicativo SAMAI de la Rama Judicial.
Añadió que el 7 de noviembre de 2021, mediante mensaje de datos, presentó una
solicitud ante la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, para que se expidiera la constancia de ejecutoria y firmeza de los
referidos fallos dentro del medio de control, con el fin de complementar la
reclamación formal del pago pensional ante el Ministerio de Defensa Nacional y
para evitar perder el derecho de reclamar los intereses moratorios sobre el capital
de la condena como lo ordena la Ley 1437 de 2011.
Mencionó que, pese a lo anterior, el 9 de noviembre de 2021 se le notificó el fallo
de segunda instancia y, en consecuencia, el 10 de ese mismo mes y año, mediante
mensaje de texto, solicitó la expedición de la constancia de ejecutoria y firmeza de
los fallos así como la expedición de la primera copia que prestara mérito ejecutivo
de las sentencias dictadas.
Sostuvo que, vencidos los términos legales, no se ha dado respuesta y tampoco se
ha iniciado algún trámite por parte de la Secretaría de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto de las peticiones elevadas.
3. Sustento de la vulneración
Indicó que las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012 establecen el deber legal, en
cabeza del secretario, la responsabilidad de expedir las constancias de ejecutoria y
firmeza que se les solicitan y la primera copia que preste mérito ejecutivo.
Mencionó que en el caso en estudio se presenta un perjuicio irremediable, puesto
que se trata de salvaguardar en los próximos meses su mínimo vital y el de su
familia, toda vez que no tiene actividad laboral alguna y depende de su familia
mientras logra obtener el reconocimiento y pago de su derecho pensional.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y al secretario de la Sección Segunda de esta corporación.
5. Argumentos de defensa
Pese a haber sido notificados en debida forma, la parte demandada guardó
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silencio2.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, especialmente la Secretaría de dicha
Corporación, incurrió en la violación de los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y a la legalidad, por la omisión en dar respuesta a las peticiones de
los días 7 y 10 de noviembre de 2021, elevadas por el demandante para que se
expidiera la primera copia que prestara mérito ejecutivo y la certificación de
ejecutoria y firmeza de las sentencias dictadas dentro del expediente con radicado
76109333300120170004700/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra
actuaciones u omisiones judiciales; iii) generalidades del derecho de petición y,
finalmente, iv) el fondo del asunto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de
derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991,
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.
2.4. Del derecho de petición en actuaciones judiciales
La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia, a
2 La notificación del auto admisorio de la demanda se puede constatar en el índice 7 del siguiente
vinculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000
202110797001100103
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
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saber, i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2 de la Ley
1437 de 2011.
En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 20185, señaló:
“La Corte Constitucional6 y esta Corporación7 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que
deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales
pueden ser de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y
(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho
de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar
a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.
2.5. Derecho de petición
Los artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos mediante la Ley 1755 de
2015, establecieron que toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, y a obtener una respuesta pronta, completa y de
fondo sobre la misma.
En ejercicio de dicho derecho, se pueden solicitar, entre otras, el reconocimiento de
un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de enero de
2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro.
6 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de julio de
2017. M.P: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-
03-15-000-2017-02891-00
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En principio, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su
recepción, pero si se trata de peticiones de documentos o de información, deberá
proferirse decisión de fondo dentro de los 10 días siguientes a la radicación,
término que, si no se cumple, se entenderá que dicha solicitud es aceptada y ya no
podría negarse la entrega de los documentos solicitados y, como consecuencia, las
copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.
Es del caso precisar que el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 amplió los
términos para resolver peticiones elevadas ante las autoridades públicas en
atención a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional.
2.6. Fondo del asunto
La parte demandante alegó que la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al haber omitido adelantar el
trámite correspondiente en relación con las peticiones presentadas los días 7 y 10
de noviembre de 2021, en las que solicitó la expedición de la constancia de
ejecutoria y firmeza, así como la primera copia que prestara mérito ejecutivo de las
sentencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
Judicial de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicado 76109333300120170004700/01.
La Sala advierte que, por las razones expuestas, en el caso concreto procede el
estudio de la solicitud del demandante a la luz del derecho fundamental de petición
de solicitud de documentos, toda vez que se trata de una función administrativa,
que no está regulada por las normas procesales y que es ajena a la litis o impulsos
procesales.
Al revisar los documentos allegados con la demanda interpuesta en ejercicio de la
acción de tutela, la Sala constató que el demandante, a través de su apoderado
judicial, radicó mediante mensajes de datos enviados al correo electrónico
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co dos peticiones los días 7 y
10 de noviembre de 2021 en las que solicitó la constancia de ejecutoria y firmeza,
así como la primera copia que prestara mérito ejecutivo de las sentencias
proferidas en el proceso precitado.
Frente a los documentos que aportó el demandante, la Sala considera que sí está
acreditada la presentación de las peticiones y, además, debido a que la autoridad
judicial demandada no rindió el informe requerido, es necesario dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y, en consecuencia, se
tendrán por ciertos los hechos que motivaron la presentación de este mecanismo
constitucional.
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El artículo 5 del Decreto 491 de 2021 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”,
expresamente establece:
“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de
la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14
de la Ley 1437 de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta
y cinco (35) días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto en este artículo.
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la
efectividad de otros derechos fundamentales” (Negrillas fuera de texto).
De acuerdo con lo acreditado en este proceso, se tiene que el accionante radicó las
peticiones los días 7 y 10 de noviembre de 2021, las cuales buscaban obtener la
constancia de ejecutoria y firmeza, así como la primera copia que prestara mérito
ejecutivo de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que el término para dar respuesta a lo
solicitado debe contarse a partir del día hábil siguiente, esto es, el 98 y 11 del
mismo mes y año.
Por lo tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 491 de
2020, los 20 días con los que contaba el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
para resolver las peticiones vencieron los días 7 y 10 de diciembre de 2021 y,
dentro del expediente, no existe prueba de que el demandante haya obtenido
respuesta alguna.
8 Debe precisarse que el 7 de noviembre de 2021 fue domingo y por tanto, la petición se entiende
presentada el 8 del mismo mes y año.
7
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Es del caso precisar que el señor Romaña Bejarano interpuso la acción de tutela
antes de que el plazo con el que contaba la administración para contestar se
hubiese vencido, puesto que la misma fue radicada el 30 de noviembre de 2021,
por lo que es necesario recordar que el uso de la acción de tutela para proteger el
derecho de petición supone que la entidad tuvo la oportunidad de responder a lo
pedido y no la utilizó. No es adecuado acudir ante el juez constitucional antes del
vencimiento del plazo otorgado a las autoridades para contestar. Por tanto, se le
recomienda al demandante que, en lo sucesivo, atienda a los términos con los que
cuentan las entidades para tramitar las peticiones que los ciudadanos presentan9.
Sin embargo, el proceso de tutela se rige por el principio de informalidad y
oficiosidad, lo que significa que el juez tiene el deber de tomar una decisión de
fondo que abarque íntegramente la problemática planteada. Esto, con el fin de
otorgar una solución efectiva y adecuada a la controversia que se propone y, de ser
necesario, ordenar el amparo de los derechos fundamentales invocados10. En tal
sentido, la naturaleza de este trámite constitucional riñe con cualquier formalismo
procesal que dificulte el sentido material de la protección de derechos
fundamentales que se quiere brindar a las personas por medio de la tutela11.
De acuerdo con lo anterior, si esta Sala exigiera al accionante que interpusiera otra
acción de tutela con el fin de que el amparo solicitado prosperara, desatendería a
los principios que la rigen como juez constitucional. A su vez, ello implicaría
trasladar cargas procesales al demandante que no son propias de este mecanismo
constitucional.
Por lo expuesto, como en el caso en estudio no existe prueba de que la
administración haya atendido las solicitudes elevadas por el demandante los días 7
y 10 de noviembre de 2021 y, actualmente, el plazo para proferir una respuesta se
encuentra vencido, esta Sala evidencia una lesión al derecho fundamental de
petición del demandante y, en consecuencia, se amparará el mismo y se ordenará
a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de
48 horas siguientes a la notificación de este proveído, responda las solicitudes
elevadas por el señor Elver Romaña Bejarano relacionado con la expedición de la
constancia de ejecutoria y firmeza, así como la primera copia que prestara mérito
ejecutivo de las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto
del Circuito Judicial de Buenaventura y del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dictadas dentro del proceso con número de radicado
76109333300120170004700/01.
9 Esta postura ya había sido expuesta por esta Sección en la sentencia del 16 de septiembre de
2021, dentro del expediente número 11001-03-15-000-2021-05108-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-108 del 31.10.18., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
11 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-288 del 13.06.97., M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
8
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Es importante aclarar que la orden dictada en esta providencia no implica per se
que la respuesta de la entidad demandada sea favorable o la entrega de la
documentación requerida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Ampárase el derecho fundamental de petición del señor Elver Romaña
Bejarano, por las razones anotadas en precedencia.
SEGUNDO: Ordénase a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este proveído,
de respuesta de fondo a las peticiones elevadas por el señor Romaña Bejarano los
días 7 y 10 de noviembre de 2021, al interior del expediente con radicado número
76109333300120170004700/01.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si en el término de tres (3) días siguientes a su notificación no fuere
impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
9
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