Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2022-00365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00365-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER OLAYA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de
noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A
Tema: Causal invocada: Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación - Artículo 250, numeral 5.º del CPACA. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Francisco Javier Olaya, por
intermedio de apoderado judicial, en el cual invocó la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA1 y pretende que se infirme la sentencia de 26 de noviembre de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado2.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 29 de junio de 2016, el señor Francisco Javier Olaya, por medio de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho3 contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Risaralda - Secretaría de Educación, con la
finalidad de que se declarara la nulidad del Oficio 000401-23714 de 19 de
diciembre de 2015, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los
intereses de mora por el pago tardío del retroactivo a causa de la homologación
y nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del departamento de Risaralda, como consecuencia de la
1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,
en adelante CPACA - “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […] ”.
2
Radicado 66001-23-33-000-2016-00404-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
3
Pág. 2 a 16 del archivo .pdf “1_001CUADERNOPPAL(.pdf) NroActua 36”, contenido en el índice
36 de SAMAI del proceso con el radicado 66001-23-33-000-2016-00404-00, al cual también se
puede acceder ingresando al link del documento .pdf
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAMOR(.pdf)NroAc
tua31”, contenido en el índice 31 del presente trámite en el referido aplicativo.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
descentralización de la educación de acuerdo con la Ley 60 de 1993 4 y la Ley
715 de 20015. El actor formuló las siguientes pretensiones (se transcriben in
extenso inclusive con errores en el texto):
“[…]
Primera. - Se declare la nulidad de la Resolución No. 23714 del 19 de Diciembre
de 2015, notificada el día, 15 de enero de 2016, por medio de la cual desconocieron
y negaron los intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del
retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor tiene
pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le
reconozcan y ordenen pagar los intereses moratorios, efectivos a partir del día
siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación (1999) hasta el día en
que fue efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial,
esto es, enero de 2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho,
liquidados con base al interés bancario corriente desde la fecha de causación hasta
la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago de la nivelación salarial
debe hacerse al igual que el salario, por periodos de treinta (30) días, por tanto,
una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera automáticamente la
obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta. - Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que
por concepto de Indexación salarial se reconoció.
Quinta. - Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo
192 del CPACA., igualmente que en virtud de la voluntad contemplada en el poder
conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Sexta. - Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pagar
a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso 3ero
del artículo 192 del CPACA.
Séptima. - Se condene en costas LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de esta demanda.
4
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, derogada por medio del
artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
5
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros”.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
Octava. - En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene
expedir al suscrito apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como
copia auténtica con constancia de ejecutoria.
Novena. - Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la
demanda, solicito muy comedidamente, que al momento de comunicar a LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA
NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - se le remita copia auténtica
con la fecha exacta de la constancia de ejecutoria”6.
Como fundamento de las pretensiones el actor indicó, que en su condición de
servidor del nivel administrativo de la Secretaría de Educación del departamento
de Risaralda, no se le pagaron en forma oportuna las diferencias salariales
causadas por la homologación y nivelación de los cargos en la entidad territorial
y, por ende, era viable reconocerle, con fines resarcitorios, los intereses de mora
que se causaron, en atención a los principios de igualdad y favorabilidad en
materia laboral. La demanda fue admitida a través de auto de 13 de septiembre
de 20167.
2. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia escrita el 30 de noviembre
de 20178, mediante la cual negó las súplicas de la demanda. El a quo explicó que
la homologación y nivelación salarial de los empleos administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental, se produjo mediante Decreto 0258 de 2
de marzo de 2005, y en la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012 se
reconoció y ordenó el pago de la deuda por concepto del retroactivo producto de
esa nivelación, por el período de 1999 a 2009 y se dispuso la indexación de las
sumas debidas. A su vez, negó el reconocimiento de intereses moratorios, en la
medida en que, según la jurisprudencia, estos son incompatibles con la
indexación.
3. Recurso de apelación
El señor Francisco Javier Olaya apeló la decisión de primera instancia9. Sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un error de apreciación
fáctica y jurídica, toda vez que, de acuerdo con las pruebas, el retroactivo por
homologación y nivelación salarial que se causó desde 1999 hasta 2009, fue
cancelado entre los años 2012 y 2014, es decir, aproximadamente, 15 años
después de haberse realizado la homologación y consecuente incorporación,
hecho que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1617 del Código Civil, causó
el pago de intereses moratorios.
6
Pág. 3 y 4 del archivo .pdf contenido en el índice 36 de SAMAI del proceso con el radicado
66001-23-33-000-2016-00404-00.
7
Pág. 48 a 50 ib.
8
Pág. 163 a 178 ib.
9
Pág. 181 a 202 ib. Igualmente la síntesis de la argumentación corresponde con la expuesta en
la sentencia de 26 de noviembre de 2020, pág. 270 y 271 ib.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
Señaló que el Tribunal consideró justificada la mora y dejó de lado el
incumplimiento del deber constitucional y legal que les asistía a las entidades
demandadas de efectuar todas las gestiones administrativas y presupuestales en
forma oportuna y con ello garantizar los derechos de los de los servidores
vinculados a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental.
En su criterio, era procedente el reconocimiento de los intereses moratorios en
lugar de la indexación de las sumas causadas, por cuanto, dicha obligación no
surgió del cumplimiento de una sentencia judicial, sino del pago tardío del
retroactivo. El recurso fue admitido mediante auto de 17 de agosto de 201810.
4. Sentencia de segunda instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de
26 de noviembre de 202011, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda y se abstuvo de condenar en costas al demandante en esa instancia.
El ad quem consideró que el proceso de homologación y nivelación salarial de
1996 a 2009 se materializó después de cumplir con los requerimientos legales y
de agotar la totalidad de las etapas que debían observar las entidades
demandadas. Explicó que la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012 ordenó
el pago a favor del demandante del retroactivo por concepto de la homologación
y nivelación salarial de los cargos administrativos pertenecientes a la planta de
personal del departamento de Risaralda, desde 1999 hasta 2009, sin que se
advirtiera que el Ministerio de Educación Nacional o el departamento de
Risaralda incurrieran en una dilación o tardanza injustificada del pago, toda vez
que el mismo se efectuó en el mes de enero de 2013.
A su vez se indicó, que el departamento de Risaralda ordenó la indexación de las
sumas reconocidas y que, de acuerdo con la tesis sostenida por las
Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación12, en estos casos, es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios dado su carácter
sancionatorio.
Concluyó, que el señor Francisco Javier Olaya no tiene derecho al
reconocimiento de los intereses moratorios, por el pago del valor del retroactivo
correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda, en la
medida en que no hubo incumplimiento, toda vez que, dicho proceso, se llevó a
cabo luego de agotar las etapas fijadas en la ley, e igualmente, el pago pretendido
no estaba incluido en el documento que reconoció el derecho al retroactivo, ni en
10
Pág. 212 ib.
11
Pág. 258 y 286 ib.
12
Sobre el particular se citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
9 de marzo de 2020, radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, sentencia de 1.º de marzo de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01,
M.P. William Hernández Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019, radicado 66001-23-33-000-
2016-00565-01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
norma que lo estableciera expresamente, por lo que no podía acudirse, en
subsidio, a las disposiciones del Código Civil que mencionó el demandante.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 14 de enero de 202213, el señor Francisco Javier Olaya, por medio de
apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión14 contra la
sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, por medio de la cual se confirmó la
sentencia de 30 de noviembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 66001-23-33-000-
2016-00404-01. El actor formuló las siguientes pretensiones:
“[…]
PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado -
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, del 26
de noviembre de 2020, bajo el número referenciado, que confirma la decisión
adoptada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se declare que el(a) señor(a) Francisco Javier Olaya le asiste
derecho a que la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de
Risaralda / Secretaría de Educación, le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a
su causación (1996) (sic), hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero de 2013.
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias”.
El recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto
considera que la decisión objeto del recurso es nula porque desconoce la
garantía al debido proceso constitucional, por falta de congruencia entre lo pedido
y lo fallado “citra petita”15, según el artículo 281 del CGP.
Sostuvo que las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se limitaron al reconocimiento de los intereses de mora desde 1999
hasta 2013, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial. Sin
embargo, indicó que el ad quem “[…] entendió erróneamente que la reclamación
de dichos intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de
13
Según el índice 2 de SAMAI, archivo .pdf “ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) Nro Actua 2”.
14
La demanda obra en el archivo .pdf
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H076SUBSANACIONR(.pdf)NroActua1
17” índice 17 de SAMAI.
15
En la demanda se citaron las siguientes providencias: Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia de 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, providencia de 4 de noviembre de 2014,
radicado 11001-31-03-027-2010-00459-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez
Corte Constitucional, sentencia T- 455 del 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
reconocimiento del retroactivo, dictado el 31 de diciembre de 2012, y hasta el año
2013 cuando se efectuó el pago”.
Asimismo, resaltó que la sentencia de segunda instancia es incongruente:
“[…] en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún petitum
respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los intereses
moratorios, luego entonces la confusión de los jueces de instancia reina de
principio a fin dentro del proceso, pues se atrevieron a decir en sus sentencias que
los intereses de mora y el fenómeno de indexación son incompatibles; pues resulta
obvio, por no decir más que lógico que estos dos son como el agua y el aceite, no
se pueden confundir de manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue
creada para salvaguardar el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con
el paso del tiempo, en razón a la inflación que vive permanentemente nuestra
patria, y que los intereses legales igualmente, como debe saberse en los ámbitos
jurídicos, operan de pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables
magistrados de confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico,
prueban de facto la incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte
el pedido de la demanda, que es más que justo y legal, y reconocen una indexación
que por obvias razones no cabría dentro de la expectativa de éste pleito.
Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia
que contiene la sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al
momento de proferirse, cuando se afirma, de manera totalmente equivocada, que
no se reconocían intereses de mora, por la supuesta incompatibilidad con la
indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda es
diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin
incluir indexación, entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante,
solicita el reconocimiento de ambos emolumentos, ¿y habla de una supuesta
incompatibilidad?”.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto dictado el 29 de abril de 2022, se admitió la demanda16 se
ordenaron las notificaciones de rigor, y se realizaron en legal forma, según
constancias obrantes en el sistema de gestión judicial SAMAI17. Asimismo, se
solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda que remitiera el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 66001-23-33-
000-2016-00404-01, el cual fue enviado de forma digital por la mencionada
Corporación18.
3. Contestación de la demanda
El departamento de Risaralda – Secretaría de Educación y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica guardaron silencio.
16
Índice 22 de SAMAI.
17
Como consta en los archivos contenidos en los índices 25 a 27 de SAMAI, respectivamente.
18
El expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-
23-33-000-2016-00404-01, obra en el índice 31 del presente trámite en SAMAI y también se
puede consultar en el índice 36 del referido aplicativo, al revisar el trámite con el radicado 66001-
23-33-000-2016-00404-00.
Asimismo, debe señalarse que previo a la admisión se advirtieron varios defectos formales de la
demanda, para lo cual se le concedió la oportunidad a la parte actora para que los corrigiera, a
través de auto de 31 de enero de 2022, confirmado en providencia de 18 de abril de esta
anualidad (índices 4 a 12 de SAMAI), cuya subsanación obra en el índice 17 del referido
aplicativo.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
El Ministerio de Educación Nacional19, por medio de apoderada judicial, presentó
escrito de oposición a la demanda. Se refirió a los criterios generales fijados por
esta Corporación20 respecto del recurso extraordinario de revisión en cuanto a la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. En específico, resaltó, que no cualquier
reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la causal de
revisión, porque “[…] se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo
probado sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso”.
Seguidamente, reiteró los hechos y argumentos que expuso en las instancias, en
cuanto a las actuaciones que se adelantaron para el proceso de homologación y
nivelación salarial en el departamento de Risaralda de acuerdo con las Leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, e insistió que no era procedente el reconocimiento de los
intereses moratorios pretendidos, como lo concluyeron las respectivas
autoridades judiciales. Sostuvo que en el presente caso la sentencia de 26 de
noviembre de 2020 cumple con los presupuestos y exigencias del artículo 187
del CPACA, por cuanto es congruente con lo pedido, lo debatido y lo probado,
corresponde con el litigio fijado en la audiencia inicial, de acuerdo con las
pretensiones que planteó el demandante, se encuentra debidamente motivada,
se llevó a cabo un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
así como la decisión de las excepciones propuestas.
En ese sentido, señaló que la parte recurrente al ver frustradas sus pretensiones
desea reabrir el debate jurídico y probatorio debidamente zanjado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no es posible a través del
recurso extraordinario de revisión.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto y solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de
revisión21. En primer lugar, relató las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que culminó con la sentencia de 26 de noviembre
de 2020 y recapituló el trámite del recurso extraordinario de revisión.
Seguidamente, se refirió a los criterios generales fijados por esta Corporación
respecto del recurso extraordinario de revisión, así como sobre la causal 5.ª del
artículo 250 del CPACA y los casos en que se configura22.
19
Índice 32 de SAMAI, archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf ) NroActua 32”.
20
La contestación se fundamentó en la sentencia de 13 de octubre de 2020, Sala Catorce
Especial de Decisión, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00, M.P. Alberto Montaña Plata.
21
Índice 35 de SAMAI, archivo .pdf
“MemorialWebCG_56CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO157202220220036500(.pdf)
NroActua 35”.
22
Entre otras, citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: i) Sala
Segunda Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-
000-2015-02432-00, M.P. César Palomino Cortés, ii) Sala Veintiséis Especial de Decisión,
sentencia de 3 de febrero de 2015, radicado 11001 -03-15-000-1998-00157-01 M.P. (e)
Olga Mélida Valle De La Hoz, y iii) Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencias de 3
de diciembre de 2019, radicación 11001-03-15- 000-2014-01303-00 y de 1.º de octubre
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
En relación con el caso concreto, el Ministerio Público manifestó que no advertía
vulneración al debido proceso por falta de congruencia, toda vez que, a su juicio,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió el recurso
de apelación en el contexto de los artículos 281 y 328 del CGP y el artículo 187
del CPACA, con base en los presupuestos fácticos y normativos de la
controversia. Contrario a lo expuesto en el recurso extraordinario de revisión,
señaló que la sentencia de 26 de noviembre de 2020 se encontraba debidamente
motivada y soportada en el precedente jurisprudencial sobre la improcedencia
del reconocimiento de intereses moratorios.
En suma, consideró que del análisis realizado por el ad quem, aquel concluyó la
improcedencia del reconocimiento de intereses, por cuanto, dentro del proceso
de homologación no existe norma que taxativamente permita que estos sean
reconocidos o que, en el acto que autorizó la homologación se hayan pactado,
por lo cual, la decisión de segunda instancia se encuentra en consonancia con la
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado que, en múltiples procesos de
similares pretensiones y hechos, ha llegado a esa conclusión, y que es un debate
decantado de modo pacífico al interior de esta Corporación.
5. Auto de pruebas
Por medio de auto de 6 de julio de 202223, el ponente dispuso tener como prueba
trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se tramitó con el radicado 66001-23-33-000-2016-00404-0124.
6. Impedimento del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas
Encontrándose el expediente al despacho para resolver sobre el recurso
extraordinario de revisión, el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante
de la Sala Veintidós Especial de Decisión manifestó impedimento25 con
fundamento en el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA 26.
La manifestación de impedimento pasó al despacho del ponente, el 11 de agosto
de 2022, según constancia del índice 46 de SAMAI y fue objeto de discusión en
sesión que se llevó a cabo el día 19 siguiente, sin embargo, no se obtuvo la
mayoría decisoria por parte de los integrantes de esta Sala Especial de Decisión.
En consecuencia, por medio de auto de 24 de agosto de esta anualidad27 , se
ordenó el sorteo de un conjuez28 para dirimir el empate en cuanto a la decisión
de 2019, radicación 11001-03-15-000-2017-00811-00 M.P. Luis Francisco Suárez Vargas.
23
Índice 37 de SAMAI. Asimismo, en la referida providencia se reconoció personería a la
apoderada del Ministerio de Educación Nacional.
24
El referido expediente fue remitido en digital, (índice 31 de SAMAI).
25
Índice 44 de SAMAI.
26
En adelante CPACA “Artículo 130 Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables en los casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]”.
27
Índice 47 de SAMAI.
28
En atención a lo dispuesto en los artículos 115, 126 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
del impedimento, diligencia que se llevó a cabo el 30 de agosto siguiente29 , en
la que resultó designada la doctora Eleonora Lozano Rodríguez.
En providencia de 30 de septiembre de 202230 esta Sala Especial de Decisión,
con la participación de la conjuez, declaró fundado el impedimento presentado
por el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, por la causal 1.ª del artículo 141 del
CGP y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del proceso de la
referencia. El asunto retornó al despacho del ponente para fallo, el 19 de octubre
de 2022, según el índice 67 de SAMAI.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta Corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
En este orden de ideas, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado es competente para conocer la demanda de revisión contra la sentencia
proferida el 26 de noviembre de 2020, en segunda instancia, por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor
Francisco Javier Olaya promovió contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Risaralda - Secretaría de Educación.
1.2. Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que se interpuso el 14 de
enero de 202231 y la decisión objeto de revisión, es la sentencia de 26 de
29
Índice 53 de SAMAI.
30
Índice 56 de SAMAI, el auto se notificó el 10 de octubre de 2022, según el índice 62 del referido
aplicativo.
31
Demanda presentada en la ventanilla virtual de esta Corporación, según se indica en el índice
2 de SAMAI de este proceso.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
noviembre de 2020, dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió el señor Francisco Javier Olaya contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, departamento de Risaralda - Secretaría de
Educación, notificada por medio electrónico el 14 de enero de 202132, de acuerdo
con las previsiones del artículo 203 del CPACA33.
Así las cosas, como el envío del mensaje electrónico que notificó la decisión
objeto del presente recurso extraordinario ocurrió el 14 de enero de 2021, debe
entenderse que la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria a los tres días
siguientes, de conformidad con el artículo 302 del CGP34, esto es, el 19 de enero
de 202135.
Por lo tanto, la demanda de revisión extraordinaria cumple con el requisito de
oportunidad, ya que se presentó (14 de enero de 2022) dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del
CPACA.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, la Sala considera que el recurrente está
legitimado en la causa por activa, toda vez que fue el demandante en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 66001-23-33-000-2016-00404-01, así como la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el departamento de Risaralda - Secretaría de Educación,
por pasiva, porque actuaron como parte demandada en el mencionado proceso
en el que se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada el 26 de noviembre de 2020, por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de 30 de noviembre de 2017,
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de
32
Como consta en el índice 22 de ese trámite en SAMAI. La sentencia que se pretende infirmar
se notificó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021.
33
“Artículo 203.Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los tres
(3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia
de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal
fecha. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Una vez en
firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma,
para su ejecución y cumplimiento.”.
34
“Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. //
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
35
Teniendo en cuenta que para esa anualidad los días 16 y 17 de enero no eran hábiles, por
cuanto corresponden a sábado y domingo.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 66001-23-33-000-2016-00404-01.
En consecuencia, se deberá establecer si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.
250.5 CPACA), por violación al principio de congruencia, pues, en criterio del
recurrente, la sentencia está viciada de nulidad en la medida en que, se negó el
reconocimiento de los intereses de mora causados desde 1999 hasta la fecha en
la que se hizo efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación
salarial, esto es, enero de 2013, bajo el argumento de una supuesta
incompatibilidad con la indexación monetaria, lo cual, según se alega, resulta
incoherente con las pretensiones de la demanda.
En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de
revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo
anterior, se resolverá el caso concreto a partir de los argumentos sustentados por
la parte recurrente.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión36 constituye un medio de impugnación
excepcional que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad
se contrae a restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas.
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra “[…] las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.
Las causales que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250
del CPACA. Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de
impugnación excepcional y no admiten interpretaciones extensivas dado que
comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada. En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la
36
Regulado en el Título VI “RECURSOS EXTRAORDINARIOS”, Capítulo I “Recurso
Extraordinario de Revisión”, artículos 248 al 255 de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
realizadas por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, radicado REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, radicado REV-2003-00678, 12
de julio de 2005, radicado REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de
febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, radicado REV-045 y 11 de febrero de 1993,
Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, radicado 35995 y Sección
Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, radicado 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-
15-000-2012-00231-00.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
aparición de documentos decisivos que modificarían el sentido de la decisión o
incluso la violación al debido proceso. Se trata de causales que no se refieren a
errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo
ha precisado esta Corporación, “[…] [n]o es un recurso que proceda por violación
de la ley […]”37. En otras palabras, “[…] el recurso extraordinario de revisión no
da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó
la ley en la sentencia.”38.
Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta Corporación39, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199840, señaló que: “[…] la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso41; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana […]”.
A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto de 200942, la Corte se refirió al
recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia colombiana, y destacó la
tesis decantada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual:
[…] el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este ‘no constituye una tercera instancia en la que pueda
37
Cfr., Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021.
Rad. 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2013-02724-00, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
40
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
41
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, agosto 2 de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas.
42
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
replantearse el litigio’, ni es ‘medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación’ […] [43]”.
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación” 44.
De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes presupuestos:
(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, “[…] porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión, pues se itera,
no funge como una tercera instancia y de hecho su competencia la fija una
condición sine qua non y es que la sentencia objeto de revisión esté
ejecutoriada y en firme, es decir, ya superó las instancias del juez natural
[…]”45.
ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, "[…] pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla […]”46.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que “[…] se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo47 […] dado que en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco […]”48.
43
Cit. “Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla.”
44
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones: i) sentencia de 3 de abril de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2014-00251-00, Sala Veintiuno Especial de Decisión, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, ii) sentencia de 20 de agosto de 2021, radicado10001-03-15-000-
2020-02925-00, Sala Veinticinco Especial de Decisión, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, iii)
sentencia de 10 de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2019-03190-00, Sala Quince
Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, vi) sentencia de 16 de febrero de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2019-00788-00, Sala Quinta Especial de Decisión, M.P. Milton
Chaves García y v) sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-00119-
00, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Alberto Montaña Plata.
45
Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-
000-2016-02343-00 - acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
46
Ibidem.
47
Sala Veintiséis Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2015,
radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
48
Sala Veintidós de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 11001-03-15-000-
2016-02260-00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
En otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la
nulidad se presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el
legislador no definió los eventos constitutivos del vicio, por lo que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo49, en un ejercicio hermenéutico, ha señalado de
manera consistente, que los hechos que la configuran son aquellos que
constituyen las causales de nulidad procesal50, esto es, las previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso51, pero no son figuras idénticas. Se trata de
vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero
no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las nulidades procesales
deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP 52. Sin
embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada en
la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal antes
de proferirse el fallo, “[…] no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso […]”53, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que
no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal se
convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el proceso
ordinario.
En este sentido resulta importante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2011,
resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la sentencia,
así:
“[…]
49
Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, radicado 11001-03-15-
000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7
de febrero de 2006, radicado 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010,
expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, radicado 1100103150002002-1024-01, y del
31 de mayo de 2011, radicado 11001-03-15-000-2008-00294-00.
50
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093, M.P. Mario Alario Méndez, señaló, al respecto: “[…] Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se
provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2);
cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente
por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena
a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos […]”. (Se destaca).
Citada en: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de
octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00. M.P. Jaime Moreno García.
51
En adelante CGP. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
52
En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Tercera Especial de
Decisión, el 4 de agosto de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00.
53
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicado 11001-03-15-000-2009-00687-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en
la que se cita “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres
Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.
Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.”.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación”.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 54, con fines de unificación
jurisprudencial55 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, de conformidad con el
cual, el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; iii) la sentencia que
no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; iv) la sentencia se dicta con violación al principio
de la non reformatio in pejus; v) la decisión que desconoce el principio de
congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita56; y vi) cuando
el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria que se
traduce en denegación de justicia57.
54
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado 11001-
03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la
sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, “[…] ESTARSE A LO
RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996 […] y la providencia de 7 de
febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), M.P. María Elena Giraldo
Gómez].
55
Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios:
“[…]
i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso. […]”.
56
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
57
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado porque se desconoció el principio de congruencia58.
En efecto, el reparo que formula el actor se contrae a la presunta transgresión
del principio de congruencia externa en la sentencia dado que, según lo indicó,
el objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, se
limitó a la causación de intereses moratorios a partir de 1999 y hasta enero de
2013, como consecuencia del pago tardío del retroactivo por el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo vinculado a la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda. En criterio del actor, la
autoridad judicial resolvió erróneamente el asunto al establecer que dicho periodo
comprendió el lapso entre el 31 de diciembre de 2012 y enero de 2013, es decir,
solo un mes a partir de la Resolución 1858 de 2012.
Para abordar el análisis de los argumentos del recurso, debe recordarse que esta
Sala Especial de Decisión, a partir de la jurisprudencia de la Sala Plena de la
Corporación, ha señalado, que la incongruencia interna y/o externa de la
sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. La
tesis que se ha sostenido es la siguiente:
“[…]
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada
en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
58
La Sala considera importante precisar, que en el sub judice se da aplicación al artículo 16 de la
Ley 1285 de 2009, por medio del cual se adicionó el artículo 63 A de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, toda vez que, el presente caso conlleva una
reiteración jurisprudencial y guarda identidad temática con los recursos extraordinarios de revisión
resueltos por esta Corporación, entre otros, en: i) sentencia de 3 de mayo de 2022, Sala Sexta
Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2022-00580-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, ii) sentencia 31 de mayo de 2022, Sala Octava Especial de Decisión, radicado 11001-03-
15-000-2021-11310-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, iii) sentencia de 29 de junio de 2022,
Sala Tercera Especial de Decisión, radicados 11001-03-15-000-2022-00721-00 y 11001-03-15-
000-2022-00725-00, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y iv) sentencia de 14 de septiembre de
2022, Sala Novena Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2022-00939-00, M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar […]”59.
Al hilo de lo anterior, se tiene que, el principio de congruencia es una garantía
procesal instituida en favor de las partes para exigir del juez una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
proponga la parte actora, sino frente a la defensa de la demandada. Este principio
se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso
aplicable a los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA.
En este orden, la congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La
primera implica la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes en la
demanda, la contestación y excepciones propuestas. De esto se desprende, que
la sentencia, no puede reconocer lo que no se ha solicitado en la demanda (extra
petita) ni más de lo pedido (ultra petita); tampoco puede dejar de pronunciarse
sobre la totalidad de los extremos planteados en la litis, esto es, sobre alguna de
las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas por la parte
accionada (sentencia minuspetita/citra petita). La segunda, esto es, la interna, se
refiere a la necesaria armonía que debe existir en la estructura interna de la
decisión, es decir, la consonancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo,
con el fin de evitar una decisión manifiestamente contradictoria e ininteligible.
Asimismo, debe precisarse, que la congruencia en la decisión de segunda
instancia está sujeta a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la providencia de
primera instancia y los argumentos de los apelantes, para que el fallador, según
su juicio, la revoque, la modifique o la confirme, conforme las previsiones de los
artículos 281, 320 y 328 del CGP60.
59
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
60
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
De cara al caso concreto, es importante resaltar lo siguiente frente al recurso de
revisión:
i) El actor disiente de lo decidido en la sentencia impugnada porque insiste en
que el objeto de la demanda era el reconocimiento y pago de unos intereses
moratorios, soportado en un hecho que, a su juicio, no se discutía, esto es, el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, como
consecuencia de la descentralización de la educación en el departamento de
Risaralda. En ese sentido, aseguró que el fallador pasó por alto la pretensión de
liquidar los intereses moratorios, causados entre los años 1999 a 2013,
“desconociendo de plano las normas preexistentes […] como si cada obligación
en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso de
incumplimiento”61.
ii) A su vez, considera que la sentencia es incongruente en la medida en que el
ad quem señaló: “[...] si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy
demanda, fue realizado con posterioridad al proceso de homologación y
nivelación salarial, ello no significa per se la configuración de la mora [...]”,
argumento el cual, se sustentó en la jurisprudencia reiterada de la Sección
Segunda de la Corporación, la que, en criterio del recurrente, se ha venido
“fortaleciendo de manera equívoca, pues la obligación nació efectivamente con
la orden emitida del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de
homologar y nivelar en un plazo de seis (6) meses, y no a los catorce (sic) (16)
años, como pretenden hacer ver los jueces de instancia”62.
iii) Aduce que el fallo fue desestimatorio bajo “un objeto distinto del pretendido en
la demanda y una causa diferente a la invocada […]”. En su criterio, la decisión
se desligó del hilo conductor del proceso, pues la sentencia objeto de revisión,
reconoce la exigibilidad de la obligación “de una manera totalmente diferente a la
expuesta en la demanda” 63.
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto
del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”
[,,,]
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de
la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
61
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H076SUBSANACIONR(.pdf)NroActua17 ”,
Pág. 9 y 10, índice 17 de SAMAI.
62
ib.
63
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H076SUBSANACIONR(.pdf)NroActua117”,
Pág. 11, índice 17 de SAMAI.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
iv) Argumenta que la sentencia cuestionada constituye un fallo “citra petita”64,
porque no resolvió el planteamiento por el cual se acudió a la jurisdicción
contencioso administrativa y que, aunque aparentemente existe un
pronunciamiento, éste es por un asunto distinto al pretendido, lo que vulnera el
principio de congruencia.
Pues bien, según lo expuesto, la Sala considera, en primer lugar, que los
argumentos del recurso no se enmarcan en la incongruencia interna del fallo,
pese a lo anterior, se observa que la autoridad judicial, en las consideraciones de
la decisión recurrida, planteó como problema jurídico si había lugar al
reconocimiento de los intereses moratorios que solicitó el demandante en sus
pretensiones “por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la
homologación y nivelación de la planta de personal administrativo adscrito al
sector educativo del Departamento de Risaralda”, y al encontrar que no
procedían, dispuso, en la parte resolutiva, confirmar la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda que las había negado. Es decir, la sentencia
censurada respetó la coherencia y consonancia que debe existir entre la parte
motiva y la resolutiva del fallo, como condición necesaria para hacer inteligible y
armónica la decisión judicial.
En cuanto a la incongruencia externa porque, según el actor, el fallo
desestimatorio resolvió un objeto distinto al reclamado en la demanda, la Sala
advierte, que a lo largo de la actuación se mantuvo la identidad temática entre lo
pretendido y lo decidido por las instancias.
En efecto, a partir de las pretensiones que formuló en la demanda el señor
Francisco Javier Olaya, transcritas por esta Sala, el Tribunal Administrativo de
Risaralda fijó el litigio en la audiencia inicial65 y, en la sentencia de 30 de
noviembre de 2017, estableció el siguiente problema jurídico a resolver:
“[…] Corresponde a esta Corporación determinar la juridicidad de la actuación
administrativa acusada, conforme a las causales y argumentos de nulidad
planteados en la demanda, a efectos de establecer si al demandante le asiste
derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el alegado pago
tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial, del personal
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, del cual
hace parte el actor. […]”
64
“[…] si la resolución es «citra petita» porque el juez no resolvió sobre todas las pretensiones
que se le presentaron en el escrito de demanda, o respecto de las excepciones formuladas por
el demandado y que aparecen demostradas, u omitió pronunciarse frente a las defensas
perentorias que debió declarar de oficio, la decisión sí puede calificarse de incongruente”. Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de abril de 2015. SC4959-2015
Radicación número 11001-31-03-027-2010-00459-01.
65
Diligencia que se llevó a cabo de manera simultánea, con otros casos similares, el 23 de abril
de 2017, y en donde se fijó el litigio, a partir de los presupuestos fácticos expuestos por las partes,
así: “(…) el objeto de la decisión se circunscribe a determinar, conforme a los fundamentos
expuestos en las demandas y en las contestaciones de las mismas, la juridicidad de los actos
administrativos por medio de los cuales fue negado el reconocimiento y pago de intereses de
mora por concepto del retroactivo de la homologación y nivelación salarial, solicitados por cada
uno de los demandantes, a lo cual se oponen las entidades demandadas, indicando que no son
competentes para reconocer las obligaciones pretendidas”.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
Seguidamente, concretó el reparo del demandante de la siguiente manera:
“[…] La parte demandante, a través de apoderado, solicitó el reconocimiento de
los intereses moratorios por falta de pago oportuno de la nivelación y homologación
salarial, desde cuando se hicieron exigibles, hasta cuando se hizo efectivo el
correspondiente pago, liquidados mes por mes conforme a la tasa corriente
bancaria de cada año (fl. 11). […]”.
Finalmente, para negar las pretensiones, el a quo expuso:
“[…] Si bien el pago efectuado a la parte que hoy demanda fue realizado con
posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, ello no significa per
se la configuración de la mora, la cual ha sido desestimada en la jurisprudencia en
comento, al considerar el alto tribunal de lo contencioso administrativo que las
entidades no incurrieron en una dilación injustificada del pago del retroactivo por
nivelación salarial, ante la evidencia de las múltiples etapas requeridas para
efectuar el mismo, por lo que mal puede reconocerse el interés moratorio
pretendido, menos aun cuando el monto pagado fue indexado, lo que hace inviable
el reconocimiento de esta clase de intereses, dada la incompatibilidad de su
concurrencia, esto es, resarcir el alegado retardo en el pago de una obligación
respeto de una suma indexada o pagada con actualización monetaria.
[…]”.
Inconforme con lo anterior, el señor Francisco Javier Olaya, en la apelación,
insistió en sus argumentos para el reconocimiento de la liquidación de intereses
moratorios, por cuanto, en su criterio, el tiempo trascurrido desde 1999 hasta la
materialización del pago no se podía considerar justificado y, centró su
argumentación en que no se aplicara la tesis de incompatibilidad entre indexación
e intereses moratorios invocada por el a quo para negar las pretensiones de la
demanda, para lo cual refirió, que la mora reclamada por el pago tardío de las
diferencias que resultaron con ocasión del proceso de homologación y nivelación
salarial, se produjo y debía declararse como reparación a su favor y como sanción
al empleador por el pago inoportuno de la obligación.
La sentencia objeto de revisión, esto es, la decisión de 26 de noviembre de 2020
dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, planteó
el siguiente problema jurídico:
“[…] De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el demandante, le
corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Francisco Javier Olaya tiene derecho
al reconocimiento de los intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo
correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del Departamento de Risaralda? […]”.
Para confirmar la sentencia de primera instancia, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado sostuvo:
“[…] con la expedición de la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012, le fue
reconocida al demandante la suma de $74.232.264,oo como valor definitivo
indexado de retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial, sin
que se observe que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
Departamento de Risaralda hayan incurrido en una dilación injustificada del pago,
toda vez que el pago fue realizado en el mes de enero de 2013.
Además, se observa que el Departamento de Risaralda ordenó la indexación de
las sumas reconocidas, manteniendo el valor o poder adquisitivo constante de la
moneda debido a la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin aumentar
su valor nominal, salvaguardando de este modo la equidad e igualdad laboral que
echa de menos el demandante, en la medida que trajo a valor presente la suma
adeudada, fundado en principios constitucionales como la equidad, la justicia y la
reparación plena66 lo que se verifica al constatar los valores totalizados por el
pagador conforme al certificado obrante a folio 21 que corresponden al mayor valor
que incluye la indexación del periodo que erróneamente el a quo ordenó indexar
(sic).
(v). Conforme lo ha señalado esta Sección en asuntos similares67 no hay lugar al
reconocimiento de intereses moratorios toda vez que:
(a). Por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho.
En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad el
pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo
este entendido si no se dijo nada al respecto en la resolución que reconoció el
retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no puede
en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
(b). No puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un
interés moratorio, deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del
Código Civil, pues en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial,
en el cual las partes involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas
contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas de dinero
obedecieron a la homologación y nivelación que debió realizarse para que las
plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva reglamentación en
cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de los empleos del
nivel territorial. […]” (se destaca).
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala Especial de Decisión es evidente que
el debate jurídico del proceso ordinario giró en torno al reconocimiento de
intereses moratorios, lo que, en criterio del actor, se causaron por el pago tardío
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, tal y como lo planteó en la
demanda y, precisamente, reiteró en su apelación, aspecto que, en efecto, fue
decidido por el ad quem al confirmar la negativa de las pretensiones porque los
intereses reclamados no se generaron a cargo de las entidades demandadas en
66
Cit. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 30 de mayo de 2013, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
25000-23 24 000 2006 00986-01.
67
Cit. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de
radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01 (2624-2019): (ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019,
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-00565-01 (4947-
2018); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de
radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015).
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
atención a su naturaleza eminentemente sancionatoria y ante la falta de norma
expresa que así lo permitiera.
Por tanto, la sentencia de segunda instancia no desatendió la congruencia
externa del asunto, comoquiera que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado resolvió el objeto de debate, esto es, la procedencia o no de
intereses moratorios en el caso concreto, sin que se observe pronunciamiento
alguno que no guarde relación con los reparos concretos formulados por el
apelante.
Debe precisarse que, si bien el señor Francisco Javier Olaya fundamentó el
recurso en la causal de nulidad originada en la sentencia, porque la autoridad
judicial limitó el análisis de su reclamación al periodo de un mes de causación de
intereses moratorios, comprendido entre la fecha del acto de reconocimiento del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, y la fecha efectiva
del pago, lo cierto es que, este argumento no afecta la validez de la decisión
recurrida dado que, el ad quem al desatar la impugnación resolvió íntegramente
los motivos de inconformidad del actor, y más allá del desacuerdo frente al
período de causación de intereses moratorios y la incompatibilidad con la
indexación de las sumas pagadas, el debate se concretó en que, a partir de la
jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda de esta Corporación68, el derecho
reclamado, por ser de carácter sancionatorio, requiere de norma que autorice su
reconocimiento cuando se trata de pagos de retroactivo por homologación y
nivelación salarial, o en su defecto, para el caso, tampoco se incluyeron en el
acto que reconoció el derecho al retroactivo.
En este orden de ideas, la sentencia recurrida no está viciada de nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia procesal. Si bien la decisión
desestimó la argumentación del apelante al confirmar la sentencia del a quo, la
Sala recuerda que este medio excepcional de revisión no es una instancia
adicional del proceso ordinario en la que la parte inconforme pueda debatir y/o
cuestionar el criterio de los jueces de instancia, toda vez que al juez de la revisión
le está vedado pronunciarse sobre eventuales errores in judicando, escenario
que realmente es el propuesto bajo la argumentación del recurso para discutir la
tesis del juzgador de instancia, quien, como se expuso, resolvió sobre la
procedencia o no del reconocimiento de intereses moratorios, aspecto que fue
debidamente zanjado y fundamentado en la sentencia recurrida pero en contra
de los intereses del actor, Sin embargo tal circunstancia no implica la
configuración del vicio de nulidad alegado.
Así entonces, los cuestionamientos sobre el razonamiento expuesto por la
autoridad judicial en relación con la improcedencia de los intereses moratorios y
la indexación que reconoció el departamento de Risaralda, no se enmarcan en el
68
Al respecto, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de
2020, radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia
de 1.º de marzo de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01, M.P. William Hernández
Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019, radicado 66001-23-33-000-2016-00565-01, M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
debate jurídico propio de este tipo de trámites. En este orden de ideas, se
declarará infundado el recurso propuesto.
2.4. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
necesarios para su configuración.
2.5. Costas
La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto al recurso dispuso que “si se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. A su vez, el artículo 86
ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Por tanto, como el recurso extraordinario se presentó el 14 de enero de 2022, - a
través de una nueva demanda- para la Sala es aplicable al presente asunto la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 de la Ley 1437
de 2011, como quiera que, para la fecha de presentación del recurso, ya estaba
en vigor la nueva ley.
Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365,
numeral 8.º ibidem “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En
cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a
que el recurso se declarará infundado, uno de los extremos de la parte pasiva,
esto es, el Ministerio de Educación Nacional fue el único que compareció al
proceso dentro de la oportunidad legal con el fin de oponerse, ejerció su derecho
de defensa y realizó solicitudes probatorias (índice 32 de SAMAI69).
Por tanto, la Sala estima que la gestión del Ministerio de Educación Nacional en
este proceso resulta suficiente para que se disponga la fijación de agencias en
69
Índice 32 de SAMAI, archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf ) NroActua 32”.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
derecho a su favor, a título compensatorio70 frente a los esfuerzos en el tiempo,
dedicación, vigilancia y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo
pasivo, el hecho de contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y
duración de esta causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos
365 y 366 del CGP.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36671 del CGP.
Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:
“[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.
[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...]” (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor del Ministerio de
Educación Nacional y a cargo del recurrente, en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente – SMMLV- a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
70
La Sala 27 Especial de Decisión de esta Corporación, M.P. Rocío Araújo Oñate, en sentencia
de 6 de agosto de 2019 precisó que “[…] la función de las agencias en derecho es la de otorgar
a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó
[…]”, radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante Yesid Figueroa García,
demandado Municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.
71
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El
secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede
ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior,
según el caso”.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00
Demandante: Francisco Javier Olaya
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Francisco Javier Olaya, por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA,
contra la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, de acuerdo con lo expresado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho,
al señor Francisco Javier Olaya y en favor del Ministerio de Educación Nacional,
de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente.
CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General de Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala Magistrado
Aclara el voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Salva el voto parcialmente
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.