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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06509-00

Fecha
2 de mayo de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06509-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de medida provisional solicitada, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros, en relación con la condena en costas por concepto de agencias en derecho (defecto sustantivo), por las razones señaladas. TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros, respecto de la declaratoria de caducidad (defecto fáctico), de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término 25 Páginas 17 a 21 de la sentencia enjuiciada que fue consultada en SAMAI, índice 51 del proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2013-01229-01. 13 de 14 Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00 Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Improcedencia y niega ______________________________________________________________________________________________________________ legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin26. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06509-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ condena en costas
procesales - relevancia constitucional/ reparación directa/ desplazamiento forzado/
exilio/ asilo/ caducidad/ defecto fáctico - niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primer grado y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad en
un proceso de reparación directa por un caso de exilio.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Mónica
Amparo Gaitán Muñoz en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
los terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de diciembre de 2022, Mónica Amparo Gaitán Muñoz, Genaro
Olaya Osorio, Daniela Olaya Gaitán, David Esteban Olaya Gaitán, Carlos
Fernando Gaitán, Genaro Olaya Ochoa y Blanca Ruth Osorio de Olaya,
Rosaura Eunice Gaitán Muñoz, Gloria Patricia Gaitán Muñoz y Paula
Andrea Gaitán Muñoz, estas últimas en calidad de herederas de Rosaura
Muñoz de Gaitán (fallecida), mediante apoderado judicial, presentaron
acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
al considerar que en la Sentencia de segunda instancia de 15 de julio de
2022, proferida en el proceso de reparación directa, Rad. 25000-23-36-000-
2013-01229-01, se incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución, fáctico y sustantivo.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA. Que se declare y reconozca el defecto fáctico y el defecto
sustancial en la sentencia de segunda instancia acusada, de fecha 15 de julio
de 2022 y, en consecuencia, ampare el derecho fundamental al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de Mónica Amparo Gaitán
Muñoz y su núcleo familiar, vulnerado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDA. Revocar la sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 15 de julio de 2022 al violar directamente los derechos
fundamentales a la reparación integral como víctima del conflicto armado
interno en Colombia de Mónica Amparo Gaitán Muñoz y su núcleo familiar,
atendiendo además los amparos constituciones en razón al género,
tratándose de su condición de mujer víctima de desplazamiento forzado.

TERCERA. Ordenar a la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala del
Consejo de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en el
término de las 48 horas siguientes, modifique la sentencia, reconociendo el
derecho a la reparación y valorando los argumentos de la apelación
respecto de los perjuicios dejados de reconocer.”

3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

4. 1) En 1994, Mónica Amparo Gaitán Muñoz se vinculó a la Fiscalía
General de la Nación y allí se desempeñó como Fiscal Seccional
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, sede Bogotá.
Al estar en ese cargo, le asignaron la investigación por la masacre ocurrida
en 2001 en el Corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, Sucre, con
ocasión de la cual, según indicó, se convirtió en (se trascribe) “blanco de
varios ataques de la prensa y organizaciones internacionales (…) por la
posible impunidad (…) frente a la participación de miembros de las fuerzas
militares ” y sufrió zozobra y temor insuperable en vista de que funcionarios
que participaron en esa investigación fueron asesinados.

5. 2) El 18 de abril de 2002, la señora Gaitán Muñoz, su esposo y sus 2
hijos fueron víctimas de desplazamiento forzado y exilio obligatorio a
Estados Unidos, a quienes, el 4 de agosto de 2003, les fue otorgado el asilo.

6. 3) El 4 de julio de 2013, los afectados y sus familiares, representados
por la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación, con el fin
de que se les repararan los perjuicios causados como consecuencia del
exilio.

7. 4) El 19 de noviembre de 2015, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera
instancia, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Declaró responsable a la Fiscalía y la condenó al pago de

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perjuicios2 como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió,
pues, pese a que no existieron pruebas de amenazas o atentados en
contra de la señora Gaitán Muñoz y su núcleo familiar, sí omitió el deber de
protección y acompañamiento3 a ella, (se trascribe) “no solamente por el
hecho de ejercer el cargo de fiscal en un proceso de connotación
nacional e internacional, sino por tratarse de una mujer, habida cuenta
que se encontraba en un mayor grado de indefensión”.

8. 5) El 16 de diciembre de 2015, la parte demandante presentó recurso
de apelación, en el que solicitó la modificación de la sentencia de primera
instancia, en lo atiente al reconocimiento de perjuicios. Frente a (a) los
perjuicios morales, indicó que no había justificación para asignar un valor
para la víctima directa y otro para las víctimas indirectas cuando la
zozobra, el temor y la angustia eran elementos comunes a todos, (b) el
daño a la vida de relación, cuestionó la falta de análisis de
reconocimiento para el esposo y los hijos de la señora Gaitán Muñoz, y (c)
la negación de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante),
afirmó que, contrario a lo establecido por el tribunal, sí existía relación de
causalidad entre el daño y la responsabilidad declarada, ya que la señora
Gaitán Muñoz y su esposo fueron obligados a renunciar a sus cargos y a
vender sus bienes, dada la falta de protección por parte de la Fiscalía.

9. 6) El 15 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió Sentencia de segunda instancia, mediante la
cual revocó la decisión apelada y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad y condenó a los demandantes al pago de las
agencias en derecho a favor de la entidad demandada4. De manera
previa, explicó que, en casos de desplazamiento forzado y exilio, (se
trascribe) “se han propuesto diversos criterios para la contabilización del
término de caducidad del medio de control de reparación directa,
dependiendo de las particularidades de cada caso”. Por ejemplo, para
casos en los que se ha alegado la omisión del Estado de brindar
protección a los demandantes, quienes por esa razón debieron salir del
país y exiliarse en el extranjero ante amenazas y atentados en su contra, el
término de caducidad se ha computado desde el momento en que ellos
tuvieron que abandonar el territorio nacional5.

2 Condenó a pagar perjuicios morales (víctima: 100 smlmv, 50 smlmv para su esposo e hijos y 10 smlmv para sus

padres y suegros) daño a la vida de relación (100 smlmv para la víctima) y daño a bienes y derechos
convencional y constitucionalmente protegidos (100 smlmv para la víctima).
3 Al respecto precisó que hubo 1) falta de apoyo institucional para adelantar la investigación de la masacre de

Chengue, 2) falta de dirección de la investigación (se trascribe) “por las constantes remociones de que fue
objeto como fiscal encargada del caso” y 3) ausencia de herramientas o mecanismos para proteger al grupo
investigador de la masacre no solo de eventuales agresiones contra su vida sino frente a los medios de
comunicación, pues (se trascribe) “resulta claro que la exposición mediática en la que se encontró la Fiscal
Gaitán, tiene origen en acciones y omisiones del ente acusador en la medida que no rodeó a la funcionaria
ante las situaciones negativas evidenciadas durante la actuación penal”.
4 Por la suma de $38.193.595,6, equivalente al 1% de las pretensiones negadas.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 17 de noviembre de 2019. Exp. 38.256, y 3 de agosto de

2020. Exp. 43.340.

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10. Asimismo, que, en los casos de daño continuado, se ha contado a
partir de la condena de los responsables o desde el momento en el que el
daño cesa, es decir, cuando (1) están dadas las condiciones de seguridad
para que se produzca el retorno o (2) se logra el restablecimiento al lugar
de origen, independientemente de que los afectados procedan o no de
conformidad6. Además, puso de presente que esa Subsección ha
considerado como otro criterio, el hecho de que las personas que se vieron
forzadas a desplazarse, se hubieran reasentado o arraigado en otro lugar,
situación que posibilitaba el acceso a la administración de justicia7.

11. En virtud de lo anterior, consideró que, en el caso objeto de estudio,
el momento a partir del cual se debía contabilizar el término de caducidad
de 2 años, previsto en la ley, era el 4 de agosto de 2003, cuando el
gobierno de Estados Unidos le otorgó asilo a la señora Gaitán Muñoz y a sus
dependientes – cónyuge e hijos – y, en consecuencia, se reasentaron en
ese lugar, (se trascribe) “hecho que, entre otros, les otorgó la protección
internacional que requirieron, con las consiguientes seguridades que ello
representaba”. Además, que, con dicho estatus, según un documento
allegado al proceso, tenían ciertos beneficios, entre ellos, autorización
para trabajar, obtener una tarjeta de seguro social y la posibilidad de
solicitar la residencia permanente y el acceso a servicios y ayuda de la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados, a los cuales, según testimonios,
ellos pudieron acceder.

12. En esa medida, determinó que el daño alegado cesó en el
momento en que se les otorgó a los demandantes asilo en los Estados
Unidos, (se trascribe) “sin que el hecho de que no hubieren retornado al
país sino hasta 10 años después, implique que el núcleo familiar Olaya
Gaitán hubiere permanecido en condición de desplazamiento forzado
hasta la fecha de su regreso, pues las pruebas permiten deducir que se
encontraban reasentados en otro territorio que les brindó la
correspondiente protección internacional y desde el cual pudieron
acceder a la administración de justicia a través de la acción de
reparación directa mediante el otorgamiento de un poder a un abogado
en el Estado Colombiano”.

13. Precisó que el término de caducidad no podía considerarse
inaplicable por el hecho de que los demandantes se encontraran en el
extranjero, ya que, en casos similares, se ha determinado que la ley
permite el otorgamiento de poderes para que quienes residan en el
exterior puedan ejercer sus derechos legales ante autoridades públicas
colombianas8, y que, en el caso concreto, no se demostró que la señora
Gaitán Muñoz y su esposo no hubiesen podido acudir a una Embajada

6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo de 2022. Exp. 67.891.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. Reiterado en Sentencia de 13

de agosto de 2021. Exp: 64.893.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 3 de agosto de 2020. Exp. 43.340.

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Colombiana o a un Consulado en Estados Unidos para conferir poder, más
aun teniendo en cuenta el nivel de preparación de la primera y el hecho
de que, en 2006, un familiar celebró, en su representación, contrato de
compraventa de un inmueble9.

14. Además, señaló que los otros demandantes, quienes permanecieron
en Colombia durante todo el tiempo en que el núcleo familiar Olaya
Gaitán residió en Estados Unidos, tampoco otorgaron poder a algún
abogado para que presentar la respectiva demanda, habida cuenta que
obraban en nombre y representación de Mónica Amparo Gaitán, su
esposo y sus hijos, mediante poder general, para la celebración de otros
negocios jurídicos. Por lo expuesto, concluyó que como la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó el 20 de septiembre de 2012 y la
demanda el 4 de julio de 2012, ambas se presentaron cuando el término
de caducidad ya había operado [5 de agosto de 2005].

15. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que la Sala de Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación,
en la sentencia de segunda instancia, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y de violación directa de la Constitución por trasgredir sus
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

16. Respecto de la violación del derecho al debido proceso, adujo que
la autoridad judicial demandada desconoció la línea jurisprudencial
vigente al momento de la admisión de la demanda de reparación directa,
sin especificar cuál, y la sentencia de primera instancia, que (se trascribe)
“reconocía la ineficacia de la caducidad en delitos de lesa humanidad y
en materia de desplazamiento forzado cuando las condiciones de
seguridad y violencia no habían cesado para los desplazados”.

17. En concordancia con lo anterior, sostuvo que la aplicación de una
nueva línea jurisprudencial, sin precisar cuál, y el análisis “superficial” para
determinar el término de caducidad conllevó a la vulneración de su
derecho al debido proceso, de estándares internacionales y a una
revictimización por discriminación negativa de acceso a la verdad, justicia
y reparación como víctimas del desplazamiento forzado.

18. Además, señaló que, para contabilizar el término de caducidad, la
autoridad judicial demandada valoró, sin respaldo probatorio (defecto
fáctico), la concesión de asilo como el momento en que cesaron las
condiciones de violencia, sin tener en cuenta que el asilo dado a Mónica
Gaitán y a su núcleo familiar suponía una regularización de su estatus

9 El señor Genaro Olaya Ochoa –suegro de la señora Gaitán Muñoz (se trascribe): en virtud “del Poder General

que le fuera sustituido mediante la Escritura Pública No. 3.646 del 25 de noviembre de 2002, otorgada en la
Notaría Doce del Círculo de Cali, por la señora PAULA ANDREA GAITÁN MUÑOZ (...) en calidad de apoderada
general según poder general que le fue conferido mediante la Escritura Pública No. 1.066 del 16 de abril de
2002”.

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migratorio pero no que los efectos de un daño continuado, como el
desplazamiento y el exilio forzado, hubieran cesado, ni mucho menos que
se hubiera superado el estado de vulnerabilidad por desarraigo o
recuperado el proyecto de vida.

19. Por otra parte, manifestó que no era admisible la analogía de que,
por enajenar sus bienes, la señora Gaitán Muñoz, su esposo y sus hijos
estaban en condición de acceder a la administración de justicia. Ello, en
su parecer, (se trascribe) “es contrario a una sana crítica y a una
adecuada valoración probatoria, dado que esto se hacía nada menos
que para sobrevivir en el extranjero”.

20. Frente a la violación derecho al acceso a la administración de
justicia, adujo que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto “normativo”10 al aplicar de manera restrictiva
el artículo 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA,
por proceder de forma automática a condenar en costas a la parte
vencida, sin analizar si existió o no mala fe o temeridad11. La anterior
situación, según la parte actora, (se trascribe) “le resta efectividad al
ejercicio de ese derecho, dado que desincentiva su uso en las víctimas del
conflicto armado”.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros12

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
presentó informe en el que refirió que la tutela no tenía vocación de
prosperidad, ya que la decisión reprochada se fundamentó en la
valoración de las pruebas allegadas al proceso, los lineamientos
jurisprudenciales aplicables al caso, las garantías del debido proceso y el
análisis de las circunstancias del caso y, en esa medida, no incurrió en el
defecto fáctico alegado.

22. Indicó que, a pesar de la condición de desplazamiento de los
demandantes, ellos se reasentaron en Estados Unidos desde que se les
reconoció su condición de asilados, lugar desde donde, incluso,
gestionaron la realización de un negocio jurídico, por lo que se podía
hacer exigible el término de caducidad. De todas maneras, adujo que, el
juez constitucional no era una tercera instancia y, por ende, no le
correspondía definir cuál de las inferencias valorativas de los elementos
fácticos era la más adecuada o correcta.

10 Más adelante lo catalogó como sustantivo.
11 Al respecto, citó: “Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-

00065-01 (1908-2014)”.
12 El 12 de diciembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener

como demandado a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, (3) vincular, en calidad de
terceros, a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Fiscalía
General de la Nación, como terceros interesados en el proceso.

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23. Sobre la vulneración del derecho al acceso a la administración de
justicia por la condena en costas en segunda instancia, puso de presente
que (se trascribe) “bajo la vigencia del CPACA, se varió el criterio subjetivo
para la condena por este concepto, y se adoptó un criterio objetivo que
ha sido reconocido y aplicado de esta manera por la jurisprudencia de
esta Corporación13”.

24. La Fiscalía General de la Nación rindió informe en el que manifestó
que la tutela era improcedente porque la parte accionante no sustentó las
causales específicas de procedibilidad, pues, aunque alegó el defecto
fáctico, no lo acreditó. Además, aludió a la inexistencia de vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia porque el juez decidió de fondo cada uno de los
asuntos que se sometieron a su estudio y concluyó que existía caducidad
de la acción, al incumplimiento del requisito de subsidiariedad por el no
agotamiento de otros mecanismos judiciales para controvertir el fallo de la
autoridad judicial demandada, sin especificar cuáles, y a la ausencia de
perjuicio irremediable.

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitió el expediente ordinario solicitado, pero no se
pronunció respecto de los fundamentos de hecho y derecho de la acción
de tutela de la referencia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de medida provisional. 2.2. Metodología de estudio. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3.1. Frente a la condena
en costas por concepto de agencias en derecho. 2.3.2. Frente a la declaratoria de
caducidad del medio de control de reparación directa. 2.4. Fijación de la controversia.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.6.
Conclusión.

2.1. Solicitud de medida provisional

26. Mediante memorial de 29 de marzo de 202314, el apoderado de la
parte actora solicitó la siguiente medida provisional (se trascribe) “se
suspenda provisionalmente la liquidación y posterior cobro que
actualmente adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A en el marco de la acción de reparación
directa, hasta que se resuelva la presente acción”, con fundamento en
que su decreto evitaría un perjuicio irremediable, pues, la autoridad judicial
demandada, de manera automática, condenó a sus poderdantes al pago
de agencias en derecho y, con ello, desconoció lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA e instrumentalizó la vulneración de sus derechos al debido
proceso y a reparación integral de las víctimas, quienes se ven (se

13 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Exp. 65.212. C.P.
14 El cual pasó al despacho ponente al día siguiente, según la anotación que obra en SAMAI.

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trascribe) “obligados a pagar esa condena a aquel ente que en un primer
momento vulneró sus derechos más básicos, es decir, la Nación
colombiana”.

27. En atención a lo anterior, el despacho estima que, aunque el juez
constitucional está en la posibilidad de decretar medidas que considere
pertinentes para salvaguardar los derechos fundamentales objeto de
protección, en el presente caso no accederá a la que solicitó la parte
actora, habida cuenta de que en esta misma providencia la Sala resolverá
la acción de tutela de la referencia en la que se cuestionó la decisión de
condena en costas y, en esa medida, dicha medida provisional carecería
de efectos prácticos.

2.2. Metodología de estudio

28. En atención a que la parte actora reprochó la Sentencia de 15 de
julio de 2022 porque la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado decidió: 1) revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa, Rad. 25000-23-36-000-2013-01229-01, y 2) condenar a los
demandantes, por concepto de agencias en derecho, la Sala procederá a
analizarlos de manera separada, de cara a los requisitos generales o
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial15

2.3.1. Frente a la condena en costas por concepto de agencias en
derecho

29. La Sala advierte que no satisfizo el requisito de relevancia
constitucional16.

30. Lo anterior obedece a que cuestionar la decisión de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la condena
en costas a la parte vencida, por concepto de agencias en derecho17 y
atribuirle la presunta configuración de un defecto sustantivo, llamado

15 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
16 Para la Corte Constitucional, (se trascribe) “La relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la

acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”. Sentencia SU-215 de 2022,
en concordancia con las Sentencias SU 573 de 2019 y SU 128 de 2021.
17 Equivalente al 1% de las pretensiones negadas ($38.193.595.6)

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“normativo”18, no comporta la vulneración de ningún derecho
fundamental y, por ende, escapa del ámbito de protección del juez
constitucional.

31. Para la Sala, la imposición de la condena en costas, en el caso
concreto, constituye un debate o controversia eminentemente patrimonial
y económica, pues, aunque la parte actora alegó la trasgresión del
derecho al acceso a la justicia, ello no es suficiente para dar por cumplido
ese requisito, pues se requiere demostrar de manera razonable su
restricción desproporcionada. En ese orden, al igual que en ocasiones
anteriores, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a
este aspecto19.

32. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, si existía algún reparo
frente al monto de las costas, la parte pudo haber objetado la liquidación
efectuada por la Secretaría del juzgado20, antes de que estas hubieran
sido aprobadas por el juez de conocimiento21, de manera que era ese el
escenario donde la parte actora podía discutir lo que a bien tuviera -
artículo 366 CGP-22.

2.3.2. Frente a la declaratoria de caducidad del medio de control de
reparación directa

33. La Sala estima que sí se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho al debido proceso presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (24/8/2022)23 y la de interposición de la presente

18 Porque, a juicio de la parte actora, se aplicó de manera restrictiva el artículo 365 del CGP, por remisión expresa

del artículo 188 del CPACA.
19 Al respecto, entre otras: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019,

Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y
11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00,
Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00; Sentencia de 5 de febrero de 2020,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00294-00,
Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de 5 de junio de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01641-01,
Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00.
20 Mediante Auto de 22 de junio de 2022. Folio 265 del cuaderno 1.2 del expediente No. 25000-23-36-000-2013-

01229-00/01.
21 Mediante Auto de 23 de junio de 2022.
22 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…) 5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho
solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la
liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente,
se concederá en el suspensivo.” Es preciso indicar que se acude a la referida normatividad porque el artículo 30
de la Ley 393 de 1997 dispone que en los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el CCA en lo que sea
compatible con la naturaleza de las Acciones de Cumplimiento y, a su vez, este último Código, en su artículo
188, prevé que la liquidación y ejecución de la condena en costas se regirán por las normas del CPC, ahora
CGP.
23 Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envió el 19 de agosto de 2022, ver índices 58 y 59

del expediente del proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2013-01229-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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acción de tutela (6/12/2022)24. No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia dictada
en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.

34. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos
fundamentales de los demandantes, en el marco de un proceso de
reparación directa, en el que se revocó la decisión apelada que accedió
parcialmente a las súplicas de su demanda y, en su lugar, se declaró la
caducidad, escenario que amerita el estudio de fondo de la tutela de
cara a los argumentos de falta de valoración probatoria que presentó la
parte actora, sin que los mismos hubieran sido una reiteración de aquellos
presentados en el proceso ordinario.

2.4. Fijación de la controversia

35. La controversia se centra en determinar, si la Subsección A de la
Sección Tercera de esta Corporación incurrió en defecto fáctico por
considerar, en la Sentencia de 15 de julio de 2022, sin sustento probatorio,
que el asilo otorgado a Mónica Amparo Gaitán Muñoz y a su núcleo
familiar suponía una superación del estado de vulnerabilidad por
desarraigo o la recuperación de sus proyectos de vida, y que ellos estaban
en la condición de acceder a la administración de justicia porque, en su
representación, se enajenó un bien de su propiedad.

36. Cabe precisar que se excluyó, en la fijación de la controversia, la
violación directa de la Constitución alegada porque la parte actora no lo
fundamentó, pues, aunque manifestó que la autoridad judicial
demandada desconoció una línea jurisprudencial y aplicó otra, no precisó
qué cuáles eran, es decir, qué providencias las componían y, así, no se
puede efectuar un análisis sobre la incidencia que podían tener para
adoptar una decisión diferente a la que es objeto de la acción de tutela.

2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

37. La Sala negará el amparo solicitado, ya que no encuentra
configurado el defecto fáctico invocado en la acción de tutela.

38. Para la parte actora, la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación concluyó, sin sustento probatorio, que el asilo otorgado a
Mónica Gaitán y a su núcleo familiar suponía una superación del estado

24 Según acta Individual de reparto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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de vulnerabilidad por desarraigo o la recuperación de sus proyectos de
vida, y que ellos estaban en la condición de acceder a la administración
de justicia porque, en su representación, se enajenó un bien de su
propiedad.

39. Para la Sala, la decisión adoptada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se fundamentó en la apreciación en
conjunto de las pruebas obrantes en el proceso y en el supuesto legal y
jurisprudencial que consideró relevantes para decidir el asunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la autonomía judicial.

40. En ese sentido, debe indicarse que el ejercicio valorativo realizado
en la providencia enjuiciada no fue irracional, infundado o arbitrario que
amerite la intervención del juez de tutela, pues, por el contrario, en él se
observa un análisis racional y razonable de los elementos de juicio obrantes
en el proceso, realizado por el juez natural de la causa, dentro de su
respectivo marco de competencias.

41. Bajo ese contexto, cobran especial relevancia las consideraciones,
trazadas por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-222 de 2016, sobre
la estructuración del mencionado defecto. En dicha oportunidad la Corte
sostuvo que la intervención del juez de tutela en la valoración probatoria
realizada por el juez natural era excepcional, pues aquella (entiéndase el
ejercicio de análisis y valoración de pruebas) es donde “la independencia
del juez alcanza su máxima expresión, como observancia de los principios
de autonomía judicial, juez natural e inmediación”.

42. Así las cosas, se advierte que, en la Sentencia de 15 de julio de 2022,
la autoridad judicial concluyó, a partir de las pruebas valoradas, que había
operado la caducidad del medio de control de reparación directa porque
la demanda fue presentada el 4 de julio de 2013, pero desde el 4 de
agosto de 2003, fecha en la que se le otorgó asilo en Estados Unidos a la
familia Olaya Gaitán y, con ello, una serie de beneficios y protecciones,
esta se encontraba en condiciones de acudir a la justicia colombiana, sin
que la misma hubiera demostrado su imposibilidad para ello. Al respecto,
determinó (se trascribe):

“58. Así las cosas, si bien se reconocen las condiciones particulares que en
cuanto al conteo de la caducidad pueden plantear los casos en los que se
estudia la responsabilidad del Estado por daños continuados, como son los de
desplazamiento forzado en los que es posible considerar la imposibilidad de
acceder a la administración de justicia ante las particularidades del exilio, en
el presente asunto, el daño alegado cesó en el momento en que se les otorgó
a los demandantes el asilo en los Estados Unidos (…).

60. Los testimonios allegados al proceso coinciden en indicar que los señores
Olaya Gaitán adquirieron una condición de estabilidad en el país que les
reconoció como refugiados y que se habían reasentado, porque, entre otras
cosas, los esposos Gaitán Muñoz y Olaya Osorio pudieron trabajar en Estados

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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Unidos y sus hijos accedieron a educación en ese país. Así, se tienen las
declaraciones de los señores Jesús Francisco Cerpa, quien conoció a la familia
Olaya Gaitán en Estados Unidos por la amistad entre sus hijos, Marcela
McMillan Arboleda, amiga de muchos años de la familia y Nancy Gaitán
Muñoz, hermana de Mónica Amparo, quien fue la que recibió a la familia en
primer término en Estados Unidos; (…).
(…)
62. El anterior devenir fáctico planteado por las declaraciones de los familiares
y amigos de los demandantes, acredita que a raíz del otorgamiento del asilo
solicitado por la señora Mónica Gaitán Muñoz en su favor y el de su esposo e
hijos, su núcleo familiar pudo acceder a los beneficios derivados de dicho
reconocimiento, lo que les permitió asentarse en el país que les brindó la
protección internacional que requerían, situación que además les habría
posibilitado acceder, con la correspondiente ayuda administrativa, a la justicia
en Colombia.

67. Por manera que, aún en la condición de refugiados en el extranjero, los
esposos Gaitán Muñoz y Olaya Osorio pudieron gestionar la compraventa del
inmueble de su propiedad en la ciudad de Cali, obrando a través de su
apoderado general, el señor Genaro Olaya Ochoa –padre del referido y
también demandante en este proceso- en el año 2006, tres años después de
que les fuera otorgado el asilo político que solicitaron en Estados Unidos. En
este sentido, en criterio de la Sala, con base en los mismos fundamentos
fácticos que posibilitaron la celebración en su nombre del referido negocio
jurídico, los señores Gaitán Muñoz y Olaya Osorio, pudieron haber otorgado
poder para que se demandara la responsabilidad del Estado por los hechos
que, según alegan, dieron lugar a su exilio.

68. Sobre este punto, la Sala tampoco puede olvidar que a pesar de que el
núcleo familiar Olaya Gaitán salió del país en abril de 2002 y debieron solicitar
asilo en el extranjero, en este proceso también demandan los señores Carlos
Fernando Gaitán, Rosaura Muñoz de Gaitán, Genaro Olaya Ochoa y Blanca
Ruth Osorio de Olaya, padres de Mónica Amparo Gaitán Muñoz y Genaro
Olaya Osorio, respectivamente, quienes permanecieron en Colombia durante
todo el tiempo en que sus familiares residieron en Estados Unidos; a pesar de lo
cual –y de obrar como apoderado general de los esposos, el señor Olaya
Ochoa-, no otorgaron poder a ningún abogado durante todos esos años,
para que interpusiera demanda de reparación directa en su representación

70. Al respecto también resulta necesario anotar que, en el presente caso, los
demandantes se refugiaron en país extranjero con el apoyo del Ministerio del
Interior y de la ONG Human Rights Watch, (…).

71. Aunado a lo anterior, debe decirse que ningún medio de prueba estuvo
dirigido a demostrar la imposibilidad del acceso material de los actores a la
jurisdicción, más allá de indicar que la “situación de riesgo” le impedía al
núcleo familiar Olaya Gaitán, regresar a Colombia, por lo que se alegó la
configuración de un daño continuado y la inaplicación de las reglas de
caducidad. Sin embargo, como se ha dejado asentado, el hecho de que la
familia Olaya Gaitán no hubiere retornado al país sino hasta el año 2012, no
implica que el daño hubiere permanecido en el tiempo y hubiera sido
continuado hasta que tomaron la decisión de regresar, en la medida en que,
las circunstancias fácticas del caso permiten concluir que desde la fecha en
que se les otorgó el asilo en Estados Unidos, se encontraban reasentados en
ese territorio y, por lo menos desde esa fecha podían acceder a la
administración de justicia, otorgando un poder para que un abogado, en su
representación, demandara al Estado con las pretensiones reparatorias que
hoy se estudian. Más aún, si se tiene en cuenta que -como se dijo- los demás
demandantes, familiares de Mónica Amparo, su esposo y sus hijos,

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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permanecieron en el país y obraban en su nombre y representación,
mediante poder general, para la celebración de otros negocios jurídicos.25”

43. Finalmente, es preciso señalar que el hecho de que haya existido
desacuerdo por las apreciaciones a las que debían llegarse del acervo
probatorio del proceso, entre el juez y la parte, no configura el reparo que
se estudia, es decir, que el análisis y valoración probatoria de la autoridad
accionada sean distintas a las esperadas por la parte actora, no da lugar
a la estructuración del defecto fáctico.

2.6. Conclusión

44. Por las razones expuestas, la Sala, de un lado, declarará la
improcedencia de la acción de tutela en lo relacionado con la condena
en costas por concepto de agencias en derecho (defecto sustantivo), por
falta de relevancia constitucional. De otro lado, negará la acción de tutela
respecto de la declaratoria de caducidad del medio de control de
reparación directa, por no configurarse el defecto fáctico alegado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de medida provisional solicitada, de
conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros, en relación con la condena en
costas por concepto de agencias en derecho (defecto sustantivo), por las
razones señaladas.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Mónica Amparo
Gaitán Muñoz y otros, respecto de la declaratoria de caducidad (defecto
fáctico), de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término

25 Páginas 17 a 21 de la sentencia enjuiciada que fue consultada en SAMAI, índice 51 del proceso de reparación

directa No. 25000-23-36-000-2013-01229-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06509-00
Demandante: Mónica Amparo Gaitán Muñoz y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Improcedencia y niega
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legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin26.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración parcial de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

26 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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