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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00705-01

Tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
142 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00705-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿La acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío cumple el requisito general de relevancia constitucional?

Reglas

  1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos de otras jurisdicciones.

    «El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía»
  2. La acción de tutela contra providencias no es una instancia adicional, por lo que no puede insistir en argumentos ya ofrecidos y decididos en el proceso ordinario.

    «del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se»
  3. La tutela carece de relevancia constitucional cuando lo que pretende el demandante es reabrir el debate jurídico ya surtido en el proceso ordinario.

    «lo cierto es que, en últimas, lo que pretende el demandante es que se reabra el»

Decisión

Confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la tutela por falta de relevancia constitucional, en el entendido de que la solicitud debió declararse improcedente y no rechazarse por improcedente. Ordena enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva y en el entendido de que la misma debió declararse improcedente y no rechazarse por improcedente. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00705-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

25 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: LUZ MYRIAM GARCÍA CAMACHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la demandante contra la providencia
del 9 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que rechazó por improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Luz Myriam García Camacho, mediante apoderado, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en
la sentencia proferida el día 26 de enero de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-006-
2022-00069-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR
EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera
una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la
Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

La señora Luz Myriam García Camacho laboró como docente en la planta de
personal del municipio de Armenia desde el 14 de abril de 2010.

La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020
por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más
tardar el 15 de febrero del 2021.

El 16 de julio de 2021, la señora García Camacho solicitó al Ministerio de Educación
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los
intereses de las cesantías, dicha entidad no se pronunció frente a lo solicitado,
razón por la que se configuró silencio administrativo negativo.

Por lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el municipio de Armenia
y de la Secretaría de Educación Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto ficto producto del silencio de la administración ante la solicitud interpuesta
y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
contemplada en la Ley 50 de 1990, derivada de la tardanza en la consignación de
la prestación anual.

El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, en sentencia del 29 de junio de 2022,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que en el régimen especial
docente de la Ley 91 de 1989 la secretaría de educación no tiene la obligación
jurídica de realizar la consignación de las cesantías al Fomag y, en el caso de la
Fiduprevisora como vocera del Fomag, le corresponde el pago de las cesantías
parciales o definitivas que solicite la parte interesada cuando sean exigibles, por
motivos de educación y vivienda o por retiro del servicio.

En consecuencia, indicó que, al no existir dentro del régimen especial docente dicha
obligación de consignación anual de las cesantías, no tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por consignación extemporánea de las
cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al
reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías
establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

Insistió en el hecho de que el régimen de cesantías de los docentes es especial y
no es equiparable al que prevé la Ley 50 de 1990 extendido a empleados públicos
afiliados a Fondos de cesantías privados conforme a la Ley 344 de 1996 y sus
decretos reglamentarios.

Conforme con lo expuesto, concluyó que, tanto la sanción como la indemnización
reclamada, resultaban incompatibles en virtud del principio de inescindibilidad
normativa ya que en el régimen especial no existe la obligación de consignación
anual de cesantías por las entidades territoriales al Fomag, sino un reporte de estas
y sus intereses en las fechas definidas anualmente según la Ley 91 de 1989 y
específicamente el Acuerdo 34 de 1998.

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

La demandante apeló la mencionada decisión y el Tribunal Administrativo del
Quindío, en sentencia del 26 de enero de 2023, la confirmó al considerar que no es
posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 a la actora, quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica que así
lo contemple.

Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo del Quindío, con la decisión de
segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados, al incurrir en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo, pues, a su juicio, la autoridad
demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 1 extendió el sistema
de cesantías del sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del
sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996.
Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados
por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en
virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los
docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se
establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el
fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió
lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098
de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de
Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los
docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y,
por ello, tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de
consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas
las siguientes sentencias de la Sección Segunda de está Corporación del 6 de
agosto de 2020 2, 24 de enero de 2019 3, 29 de julio de 2019 4, 2 de diciembre de
20195, 10 de junio de 2020 6, 22 de octubre de 2020 7, 12 de noviembre de 2020 8,

1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud

del Decreto 1252 de 2000.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013-

00666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000-

200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-

01, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014

00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

00208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014-

00254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
3
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

17 de junio de 2021 9, 4 de noviembre de 2021 10, 25 de noviembre de 2021 11, 11 de
noviembre de 2021 12, 20 de enero de 2022 13, 3 de marzo de 2022 14, 28 de abril de
202215, 9 de mayo de 2022 16, 19 de mayo de 2022 17, 1 de julio de 2022 18, 22 de
agosto de 2022 19 y 22 de septiembre de 2022 20.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia
objeto de tutela, ni sobre ellas hubo ningún tipo de pronunciamiento al interior del
proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias
dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según
dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50
de 1990 a los docentes públicos.

3. Oposiciones

El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia solicitó que se rechace o, en su
defecto, se niegue por improcedente la acción de tutela dado que, a su juicio, no
están cumplidos los requisitos generales y específicos de procedencia contra
providencias judiciales.

Indicó que en el caso objeto de estudio lo pretendido por la demandante es convertir
la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario, razón por la que
manifestó que es evidente que el caso carece de relevancia constitucional, pues el
debate gira sobre un asunto meramente legal y con una connotación patrimonial
que tiene como finalidad reabrir el debate definido por el juez natural.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815

01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-

00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-

2015- 90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017-

00931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015-

00075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013-

00756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017-

00795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019-

00359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019-

00376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015-

00509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-

90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
4
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Demandante: Luz Myriam García Camacho

Finalmente, advirtió que la sentencia de primera instancia que profirió tuvo sustento
en los medios de prueba allegados al proceso, las normas y decisiones del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional vigentes y vinculantes, carácter que no
tienen los pronunciamientos invocados por la parte actora, al tratarse de supuestos
fácticos diferentes relativos a docentes no afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por su parte el Tribunal Administrativo del Quindío remitió el expediente, pero
no se pronunció sobre los hechos objeto de tutela.

4. Intervenciones

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que la acción de tutela es
improcedente, dado su carácter residual y subsidiario y, que, en el caso concreto,
la vulneración alegada no se encuentra probada.

Además, señaló que debe prevalecer la independencia y autonomía de quienes
cumplen la función judicial, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia
de la misión de administrar justicia.

Finalmente, solicitó ser desvinculado del trámite constitucional de la referencia,
puesto que no es la responsable de los hechos y omisiones presentadas en el
escrito inicial.

El municipio de Armenia guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del 9
de marzo de 2023, rechazó por improcedente la acción de tutela al considerar que
la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional pues lo pretendido
por la demandante es extender el debate legal propuesto en el medio de control de
nulidad y establecimiento del derecho.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos
del escrito inicial e indicó que no es de recibo el argumento expuesto en el fallo de
tutela de primera instancia, en el cual se afirma que a través de este recurso de
amparo pretende que se fije posición frente a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a
los docentes vinculados al FOMAG, sin embargo se reitera que dicha postura está
decantada desde el año 2019 hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial arrimado con el escrito inicial con base en 26 fallos
aproximadamente, en donde para el Consejo de Estado, en virtud del principio de
favorabilidad y teniendo en cuenta que los docentes del sector oficial son
empleados públicos, son beneficiarios del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 –
régimen de cesantías anualizadas y ante tal incumplimiento el reconocimiento de
la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso.
De igual forma insistió en el hecho de que la solicitud de amparo cumple con el
requisito de relevancia constitucional en la medida en que el hecho de no reconocer
las cesantías anualizadas y debidamente consignadas al FOMAG, trasgrede los
derechos fundamentales invocados, pues una interpretación restrictiva de la
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Demandante: Luz Myriam García Camacho

aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes
frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio
de cesantías, y tal distinción entre unos y otros, vulnera el derecho a la igualdad,
pues los docentes del sector oficial tendrían un derecho limitado por tener una
categoría específica dentro de los trabajadores del Estado.

Conforme a lo expuesto, solicitó se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
21
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
22 23
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas

21 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
22 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
23 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
6
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de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión que declaró
improcedente la acción de tutela porque no se acreditó el cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional, para lo cual insiste en los mismos argumentos
expuestos en el escrito inicial.

En ese orden, corresponde a esta Sala de decisión determinar si procede confirmar
o revocar la sentencia de tutela de primera instancia del 9 de marzo de 2023,
proferida el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. De encontrarse
cumplido ese requisito y los demás señalados por la jurisprudencia, la Sala
procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la acción
de tutela.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la demandante insiste en los argumentos
propuestos en el proceso ordinario. Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión
impugnada.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 24, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
24 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Luz Myriam García Camacho
propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanto contra, el Ministerio de
Educación Nacional, el FOMAG y el municipio de Armenia.

Si bien la demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron
derechos fundamentales e incurrieron en desconocimiento del precedente judicial,
lo cierto es que, en últimas, lo que pretende el demandante es que se reabra el
debate surtido en el proceso con radicado 2022-00069-02, el cual concluyó que no
había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida
en la Ley 50 de 1990.

La Sala observa que la señora Luz Myriam García Camacho demandó al Ministerio
de Educación Nacional – FOMAG, con el objeto de que se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías
de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías.

La demanda del medio de control estuvo fundamentada en que “las previsiones
contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 amparan el auxilio de cesantías a que
tienen derecho los servidores públicos docentes, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996
y del Decreto 1582 de 1998, de modo que frente a la mora en la consignación de dicha
prestación resulta procedente el pago de una sanción correspondiente a un día de salario
por cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se
verifica el depósito del monto correspondiente en el fondo de cesantías al que el empleado
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

se encuentre afiliado, el mismo podrá́ requerir el reconocimiento y pago de la sanción
contemplada en el articulo 99 de la Ley 50 de 1990, antes citado”.

Además, en esa oportunidad pidió que se aplicaran las sentencias SU-098 de 2018,
SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 de la Corte Constitucional y del 6 de agosto de
2020, 24 de enero de 2019, 21 de febrero de 2019, 10 de junio de 2020, 12 de
noviembre de 2020 y 17 de junio de 2021.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia,
concluyó que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las Leyes 50 de 1990 y 52 de
1975 y el decreto 1176 de 1991 no son aplicables a los docentes afiliados al
FOMAG, por cuanto tienen norma especial que regula la materia y la sanción
moratoria por consignación extemporánea de las cesantías de los docentes no está́
prevista en el régimen especial aplicable a ellos esto es la Ley 91 de 1989.

En cuanto al precedente citado por la actora, sostuvo que no existe identidad fáctica
en relación con las sentencias del Consejo de Estado y que, en todo caso, no existe
un criterio unificado de esa Corporación sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 a los docentes. Frente a la sentencia SU–098 de 2018, el juzgado
consideró que no se aplica al caso y que, de todos modos. la sentencia SU – 573
de 2019 recogió́ el criterio fijado en esa decisión.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Luz Myriam García Camacho
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la demandante alega
que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es
que se reabra el debate jurídico sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los
docentes públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo
99 de esa norma.

En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del medio de control
(resumido en la providencia de segunda instancia), la actora sostuvo lo siguiente:

“La parte demandante expresó no estar de acuerdo con la decisión de instancia que
consideró que los docentes al tener un régimen especial no les es aplicable la Ley 50
de 1990, cuando esta situación quedó revaluada en la sentencia SU-098 de 2018.

Indicó que la postura de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado están
direccionadas a proteger los derechos prestacionales vulnerados durante mucho
tiempo y que al ser los docentes servidores de la Rama Ejecutiva se hace viable
reconocer las pretensiones reclamadas. Al respecto citó sentencia proferida el 20 de
enero de 2022 dentro del expediente 1001-2021 para señalar que un régimen
especial no puede traer inmerso condiciones menos favorables que el general, pues
su finalidad es mejorar y dar un plus de condiciones, por lo que al no regular una
situación específica es dable traer del régimen general la norma que cubra ese vacío
normativo, interpretación que es aplicable al asunto según las Sentencias C-741 de
2012 y C-486 de 2016 en las que se dispuso que los docentes oficiales se equiparan
a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos, y por ello les es
aplicable el régimen general en aquello que no se encuentra regulado en el régimen
especial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

(…)

Señaló que la a-quo solo sustentó en teoría la existencia de un régimen especial y
en aras de denotar las diferencias entre el régimen de la Ley 91 de 1989 y el régimen
anualizado incorporó un cuadro comparativo de liquidación de intereses sobre
cesantías e indicó que a los docentes se les paga sobre el acumulado una tasa del
DTF, que está muy por debajo de la tasa del 12% que se aplica a los demás
trabajadores en Colombia con régimen anualizado, lo que a su juicio comporta una
desigualdad. Reiteró que jurisprudencialmente se ha concluido que a los docentes
se les debe consignar los recursos de sus cesantías en el único Fondo establecido
para los trabajadores de la educación y en los términos establecidos en el artículo 99
de 1990 (sic) y que tienen la posibilidad de solicitar la indemnización hasta 3 años
después de la causación de la misma.

Manifestó que cuando se expidió la Ley 91 de 1989, ni siquiera había sido expedida
la Ley 50 de 1990, y que estas normas establecieron la afiliación de empleados y
docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 para efectos del reconocimiento
de las cesantías, sin que el MEN hubiese cumplido con dicha obligación.

Seguidamente se refirió a la competencia de las entidades en torno a la consignación
de los recursos para el pago de las cesantías y expuso que una cosa es el
reconocimiento y otra la consignación de las cesantías. Explicó que se habla de
reconocimiento cuando el docente realiza un trámite de solicitud de cesantía parcial
o definitiva cuyos plazos están estipulados en la Ley 1071 de 2006, siendo esta una
competencia en cabeza del ente territorial según el artículo 57 de la Ley 1955,
aspecto que adujo no es objeto de controversia. En este sentido sostuvo que una
situación es la derivada de la solicitud del trabajador cuando las entidades exceden
los 70 días hábiles para su reconocimiento y pago (Sanción Mora Ley 1071 de 2006)
y que lo solicitado en esta oportunidad es la indemnización moratoria generada por
cuanto la Nación cada 15 de febrero debe consignar al fondo el valor correspondiente
a las cesantías de los trabajadores (art. 99 Ley 50 de 1990) y el FOMAG se retrasa
en el pago por la omisión de la Nación – MEN en poner a disposición los recursos.

Refirió que en la demanda se está pidiendo el reconocimiento de la sanción mora por
consignación inoportuna de las cesantías del año 2020, así como la indemnización
moratoria por el pago extemporáneo de los intereses a las cesantías del mismo año,
pretensiones basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional en
relación con la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al FOMAG que cuentan con un régimen de cesantía anualizado.

Argumentó que a los docentes no solo les asiste el derecho a que sean consignadas
oportunamente las cesantías en el FOMAG cada 15 de febrero de cada año, sino a
que los intereses a las cesantías sean pagados antes del 31 de enero de cada año,
y en tanto en la Ley 91 de 1989 no están parametrizados estos términos existe una
anomia o vacío normativo que se suple con la norma general, de conformidad con la
línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en SU 098 de 2018
acogida por el Consejo de Estado en sentencia del 06 de agosto de 2020, exp. 0833-
16.

Con base en los anteriores argumentos identificó las siguientes premisas que
consideró erróneas en la sentencia de primera instancia:

• En el régimen especial docente no existe la obligación de consignar las cesantías
por parte del ente territorial ni de la Nación (Ministerio de Educación): Reiteró que los
docentes se encuentran en la categoría de los empleados públicos y no existe razón
para justificar que no tienen este derecho, de la misma forma que los demás

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00705-01
Demandante: Luz Myriam García Camacho

servidores públicos, tanto así que el parágrafo 1 del artículo 18 de la Ley 715 de 2001
establece los descuentos a los docentes en el mes de enero del año anterior a la
causación de las cesantías. Alegó que solo es posible liquidar los intereses a las
cesantías equivalentes a la tasa del DTF sobre el capital acumulado en el FOMAG
cada año, y por eso debe existir un capital de cesantías año por año, pues los
intereses no nacen, sin existir aquel.

• Existencia de expresa exclusión de aplicación normativa de la Ley 344 de 1996 y
consecuentemente de la Ley 50 de 1990 a los docentes; Adujo que la Ley 91 de 1989
no contempla la sanción por consignación extemporánea de las cesantías a 15 de
febrero de cada año, pues distinto sería que su régimen lo contemplara o que, en su
lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o sanciones, reiterando lo dispuesto en
la SU 098 de 2018.

• Inexistencia de vulneración de los principios igualdad y de favorabilidad y carácter
no vinculante de la sentencia SU-098 de 2018 y el régimen especial docente de
cesantías no vulnera el derecho a la igualdad ni el principio de favorabilidad: Expresó
que los docentes son empleados públicos a quienes se les aplica la sanción
moratoria, y por ende la protección de la garantía para unos en detrimento de otros
viola el derecho a la igualdad. Insistió en que la aplicación de la Ley 50 de 1990 no
es incompatible con el régimen especial que regula la figura de auxilio de cesantías
de los docentes porque no afecta los requisitos, términos y competencia para su
reconocimiento, ni genera exclusiones. Señaló además que la sentencia SU -573 de
2019 citada en la sentencia de instancia, no modificó el criterio introducido en la SU-
098 de 2018, por lo que ésta continua vigente.

• Inexistencia de identidad fáctica con la SU-098 de 2018: Manifestó que no existe
sanción por la no afiliación al Fondo, pues ésta trae como consecuencia lógica que
no va a existir una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador
es la falta de consignación de las cesantías en un tiempo determinado y este es el
término contenido en la ley 50 de 1990.

• Inexistencia de criterio unificado del Consejo de Estado: Afirmó que inicialmente
existían sentencias en contra y otras a favor de lo reclamado y por ello fue expedida
la sentencia de unificación que aclaró la situación a futuro, y sobre el particular hizo
una relación de sentencias proferidas por el Consejo de Estado en las que se han
ratificado la línea jurisprudencial vigente.

• Improcedencia de aplicar la sanción por no consignación de cesantías toda vez que
no es posible establecer límite final de la sanción moratoria: Señaló que la forma de
calcular el límite final de la sanción por mora, es a través de la constancia de
consignación de las cesantías al respectivo Fondo Prestacional del Magisterio
FOMAG, y por eso se insistió en la importancia del decreto de las pruebas para que
el juzgado tuviera pleno conocimiento de la fecha exacta de consignación, recalcando
que el fundamento principal de este asunto recae en la sentencia SU 098 de 2018.

• Indemnización por falta de pago de intereses a las cesantías del artículo 1 de la Ley
52 de 1975 no es aplicable a los docentes: Replicó que el contenido normativo de la
Ley 50 de 1990 que se solicita por aplicación jurisprudencial a los docentes, se
compone también de la indemnización contenida en la ley 52 de 1975, puesto que
así se estableció en el artículo 3° del Decreto Reglamentario 1176 de 1991. Mencionó
que la a-quo, centró su atención en la inexistencia de cuentas individuales para cada
docente, aspecto que no se está debatiendo, puesto que la manera en que la
Fiduprevisora S.A., administra los recursos del FOMAG, nada tiene que ver con la no
consignación de los recursos de las cesantías al FOMAG por parte de la demandada
el 15 de febrero del año 2021, y lo cuestionado es si el Fondo Prestacional recibe o

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Demandante: Luz Myriam García Camacho

no los recursos correspondientes a las cesantías, tal y como está estipulado en el
numeral 4 del artículo 8 la Ley 91 de 1989.

De otra parte, hizo un recuento normativo en torno al funcionamiento del Fondo
Nacional y las fuentes de financiación, para concluir que su finalidad es la
administración de los recursos que debe girar la Nación en aras de cubrir las
prestaciones sociales de los docentes, entre ellas, las cesantías, actuación que indicó
solo se reguló con la Ley 50 de 1990. Igualmente insistió en la existencia de un criterio
unificado del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en torno al tema y
argumentó que la decisión apelada debe ser revocada y en su lugar acceder a las
pretensiones de la demanda, por cuanto las entidades encargadas de consignar a la
demandante los recursos de las cesantías del año 2020 excedieron los términos
legales.”

(Subrayado de la Sala)

Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Luz Myriam García Camacho dijo
que la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del
Quindío, incurrió en defecto sustantivo al no aplicar los principios de favorabilidad,
igualdad y condición más beneficiosa y hacer extensivo el régimen de cesantías
previsto en la Ley 50 de 1990 (en principio sólo los empleados del sector público
del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996), a los docentes
públicos.

De igual forma afirmó que también incurrió en desconocimiento del precedente
porque desconoció, además de las sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado invocadas en la demanda y el recurso de apelación, las
sentencias del 29 de julio de 2019, 2 de diciembre de 2019, 22 de octubre de 2020,
17 de junio de 2021, 27 de junio de 2021, 4 de noviembre de 2021, 25 de noviembre
de 2021, 11 de noviembre de 2021, 20 de enero de 2022, 3 de marzo de 2022, 28
de abril de 2022, 9 de mayo de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22
de agosto de 2022 y 22 de septiembre de 2022, dictadas por la Sección Segunda
de Esta Corporación.

Como se ve, al margen de que la demandante esté alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que
las citó en la demanda y en el recurso de apelación que formuló inconformidades
contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, que
denegó las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que sí debió
hacerse extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal
docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa
norma.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en providencia del 26 de enero de 2023, que en lo que interesa, consideró:

«Caso concreto.

Para el Tribunal, conforme a la normatividad y la jurisprudencia aplicable y según lo probado,
la señora Luz Myriam García Camacho NO tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción por mora en virtud de la consignación tardía de sus cesantías anuales, razón por la
cual se confirmará la sentencia apelada.

En primera medida advierte la Sala que no existe un criterio unificado al interior del órgano
de cierre de esta Jurisdicción frente al tema aquí abordado, y los pronunciamientos que han
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Demandante: Luz Myriam García Camacho

determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se han proferido en asuntos en los
que han mediado supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se
enmarca la situación jurídica de la demandante.

En este sentido resulta necesario poner de presente que el precedente judicial constituye
una garantía que busca preservar la igualdad frente a aquellos asuntos en los que concurran
los mismos supuestos fácticos y jurídicos y además preservar la seguridad jurídica y
confianza que genera para las personas el sometimiento de las diferentes controversias a
criterios definidos previamente.
(…)

En ese orden y tal como se expuso en la decisión apelada las sentencias proferidas por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional a las que se ha hecho alusión, no resultan ser
un precedente obligatorio porque han sido adoptadas en asuntos con disanalogía fáctica,
es decir la interpretación jurisprudencial que se ha emitido por la Altas Cortes corresponde
a un criterio aislado o residual para favorecer solo a un cierto grupo de docentes, sin que
pueda indicarse que con ello se genera una desigualdad injustificada frente a quienes siendo
docentes no ven consignados los recursos de sus cesantías antes del 15 de febrero de cada
año, toda vez que a éstos les aplica lo previsto en la Ley 91 de 1989 para el reconocimiento
de la prestación y sus intereses.

Ahora bien, tampoco advierte la Sala que haya lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional se refirió en las sentencias SU -
098 de 2018 y SU 339 de 2019, porque en este asunto no se puede predicar la existencia
de una duda frente a las normas jurídicas que regulan el reconocimiento prestacional
(cesantías) a favor de los docentes, ni un vacío legal que permita la remisión a las
disposiciones de la Ley 50 de 1990. En este sentido se advierte que la Ley 344 de 1996 al
regular el régimen de cesantías para las personas vinculadas a los Órganos y Entidades del
Estado, expresamente señaló que ello tenía lugar sin perjuicio de lo ya establecido en la Ley
91 de 1989, y vale anotar que esa acotación, conlleva a que lo ya regulado permanezca
incólume ante la nueva normatividad.

Se insiste en que la favorabilidad surge cuando existe duda en torno a la normatividad
aplicable o hay interpretaciones distintas sobre la regulación de un derecho, escenario que
no se concreta aquí, y no puede hacerse un juicio de comparación entre la situación jurídica
de la hoy demandante y los docentes a los cuales se les ha reconocido la sanción
deprecada, quienes sí se encontraban en una situación desprovista de regulación al no estar
afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en tanto el ente territorial al cual
estaban adscritos no hizo oportunamente el reconocimiento de sus cesantías.
(…)

La Sala advierte que la situación fáctica tratada en la sentencia SU-098 de 2018 estuvo
relacionada con un docente nombrado provisionalmente quien permaneció vinculado desde
el año 2003 pero fue afiliado al FOMAG solo hasta el año 2007.

Por lo tanto, no encuentra la Sala una justificación amparada constitucional o legalmente
para aplicar la Ley 50 de 1990, norma extendida a los servidores públicos con la Ley 344 de
1996, pues si bien los docentes están incursos en esta categoría, la misma norma dispuso
que no puede obviarse las previsiones de la Ley 91 de 1989, y por ende no es posible acoger
en forma fragmentada lo que aquella disposición introdujo.
(…)
EN CONCLUSIÓN, para la Sala no es posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la señora Luz Myriam, quien ha ocupado el cargo
de docente oficial al servicio del municipio de Armenia y se encuentra cubierta por el sistema
anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica
que así lo contemple según su situación específica, además no existe un precedente
consolidado de obligatoria aplicación, y acceder a lo pretendido implicaría introducir un
cambio en la regulación del funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la
administración de los recursos – PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE UNIDAD DE CAJA-,
aspectos todos que de desconocerse excederían el propósito del legislador, y ello impone
que se confirme la decisión de instancia.”

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Demandante: Luz Myriam García Camacho

Siendo así, como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia
objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente y citó además de las sentencias a las que recurrió
en la demanda y el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
sentencias nuevas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que,
en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto de si la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción
moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma, por lo que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional.

Queda, entonces, resuelto el problema jurídico: la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional. Lo anterior es suficiente para que la Sala se
abstenga de hacer un pronunciamiento de fondo sobre los defectos alegados por
la parte demandante. Por tanto, la Sala confirmará la providencia impugnada
conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente providencia, en el
sentido que la misma debió declararse improcedente y no rechazarse por
improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva y en el entendido de que la misma debió declararse improcedente y
no rechazarse por improcedente.

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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