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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00786-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00786-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela formulada por el señor Julián Espinosa Marulanda en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00786-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

23 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00786-00
Accionante: JULIÁN ESPINOSA MARULANDA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías / incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Julián Espinosa Marulanda, quien actúa por intermedio de apoderado,
en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la sentencia de 2 de febrero de 2023 proferida dentro del

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00786-00
Accionante: Julián Espinosa Marulanda

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 63001-3333-006-2022-00071-02.

I. ANTECEDENTES

El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Julián Espinosa Marulanda labora como docente en el municipio
de Armenia desde el 1.º de septiembre de 2003 hasta el momento de
la presentación de la acción de tutela.

El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por
parte de su patrono, el Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG por sus
servicios prestados en el año 2020.

Por lo anterior, el 16 de julio de 2021 el accionante formuló petición
contra el FOMAG solicitando el reconocimiento de la sanción por mora
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la entidad remitió
la solicitud a la Fiduciaria la previsora S.A. sin que obtuviera respuesta.

El accionante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del FOMAG, el municipio de Armenia y el
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto ficto configurado el 16 de octubre de 2021 frente a la
petición presentada el 16 de julio de 2021, tendiente a obtener el

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Accionante: Julián Espinosa Marulanda

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago
de sus cesantías.

En primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia que, a través de la sentencia del
29 de junio de 2022, negó las súplicas de la demanda, decisión que fue
apelada por el accionante.

El conocimiento del recurso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Quindío que, a través de sentencia del 2 de febrero de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que al
accionante no le es aplicable la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1993, ya que se encuentra cubierto por el sistema
anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, por incurrir en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente
judicial.

Sostiene que el Tribunal accionado no aplicó el régimen de cesantías
pertinente al caso concreto, dado que este pertenece al sistema
anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y 344 de
1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación genera
la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

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Accionante: Julián Espinosa Marulanda

Adicionalmente, señala que la autoridad judicial accionada desconoció
de manera arbitraria el precedente establecido en la sentencia SU 098
del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se
estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos
al FOMAG y, en consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las
cesantías anuales.

Asimismo, argumenta que la providencia en cuestión desconoció las 22
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las pretensiones
de los demandantes de manera positiva al aplicar la Ley 50 de 1990 a
los docentes afiliados al FOMAG y tener en cuenta la condición más
favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 02 de febrero de 2023, en el
expediente rad. No. 63001-3333-006-2022-00071-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando
los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de
17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como

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fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes (…)». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 17 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Quindío como accionado y al municipio de Armenia, al FOMAG y al
Ministerio de Educación Nacional como terceros interesados en las
resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Tribunal Administrativo del Quindío remitió el link de
acceso al expediente contentivo del medio de control bajo estudio, en
cumplimiento del requerimiento ordenado en el auto admisorio de la
acción de tutela.

4.2. El municipio de Armenia, por conducto de la secretaria de
Educación Municipal, solicitó que se declare improcedente la presente
acción de tutela dada la inexistencia de la vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante, así como de la amenaza o
perjuicio irremediable devenido del mismo.

De igual forma, indicó que con la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío no se incurrió en ninguna de las causales
genéricas o específicas de procebilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

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4.3. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del
FOMAG, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia por la inexistencia de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, toda vez que la autoridad
judicial accionada actuó conforme a la normatividad establecida al
asunto sin que se pueda aducir que se hayan desconocido los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

Adicionalmente, solicitó que se proceda con la desvinculación de la
FIDUPREVISORA S.A., por no estar legitimados en la causa por pasiva.

4.4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia remitió el link de acceso al expediente contentivo del medio
de control bajo estudio, en cumplimiento del requerimiento ordenado
en el auto admisorio de la acción de tutela.

4.5. El apoderado del accionante presentó memorial en el que
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda de tutela
y solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor Julián
Espinosa Marulanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

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«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿El Tribunal Administrativo de Quindío, con la expedición de la
sentencia del 2 de febrero de 2023 que negó el reconocimiento
de la sanción moratoria por la consignación inoportuna de las
cesantías del accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en
un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente,
en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de
justicia y seguridad jurídica?

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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de
tutela».

3.1. Requisito de relevancia constitucional

En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional,
ha dicho la Corte Constitucional3 que se debe evidenciar de manera
clara y expresa que “la cuestión que se entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”4, pues “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada

3
Sentencia T-422 de 2018.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”5. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional6, este requisito persigue, al menos, tres
finalidades: «(i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad(…); (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales(…) y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces(…)»8.

También ha señalado la Corte Constitucional que este requisito tiene
como finalidad que el juez constitucional no entre a estudiar cuestiones
que carezcan de una clara y marcada importancia constitucional, so
pena de involucrarse en asuntos cuya definición es competencia
exclusiva del juez ordinario. De esta manera, se garantiza “la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”9 y, de contera, se erige en garantía misma de la
independencia de los jueces ordinarios10.

Ha insistido la alta Corporación en que, con este presupuesto, se busca
evitar que, a través de la acción de amparo, se discutan asuntos legales
que, por definición, no le competen resolver al juez de tutela, cuya

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
6
Sentencia T-422 de 2018.
7
Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En
este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para
que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto,
por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar
al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la
vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en
especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
8
Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018.
9
Sentencia T-137 de 2017.
10
Sentencia T-422 de 2018.

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competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o
vulneraciones de derechos fundamentales.

3.2 Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Julián Espinosa Marulanda en contra del Tribunal Administrativo
de Quindío, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica con ocasión de la
providencia del 2 de febrero de 2023 pues, en su entender, considera
que incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo del Quindío, en providencia del 2 de febrero
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías al demandante, bajo las siguientes
consideraciones:

«Para el Tribunal, conforme a la normatividad y la jurisprudencia aplicable y según lo
probado, el señor Julián Espinosa Marulanda NO tiene derecho al reconocimiento y pago
de la sanción por mora en virtud de la consignación tardía de sus cesantías anuales, razón
por la cual se confirmará la sentencia apelada.

En primera medida advierte la Sala que no existe un criterio unificado al interior del órgano
de cierre de esta Jurisdicción frente al tema aquí abordado, y los pronunciamientos que han
determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se han proferido en asuntos en los
que han mediado supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarca
la situación jurídica del demandante.

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En este sentido resulta necesario poner de presente que el precedente judicial constituye una
garantía que busca preservar la igualdad frente a aquellos asuntos en los que concurran los
mismos supuestos fácticos y jurídicos y además preservar la seguridad jurídica y
confianza que genera para las personas el sometimiento de las diferentes controversias a
criterios definidos previamente.

(…)
En ese orden y tal como se expuso en la decisión apelada las sentencias proferidas por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional a las que se ha hecho alusión, no resultan ser
un precedente obligatorio porque han sido adoptadas en asuntos con disanalogía fáctica, es
decir la interpretación jurisprudencial que se ha emitido por las Altas Cortes corresponde a
un criterio aislado o residual para favorecer solo a un cierto grupo de docentes, sin que
pueda indicarse que con ello se genera una desigualdad injustificada frente a quienes siendo
docentes no ven consignados los recursos de sus cesantías antes del 15 de febrero de cada
año, toda vez que a éstos les aplica lo previsto en la Ley 91 de 1989 para el reconocimiento
de la prestación y sus intereses.

Ahora bien, tampoco advierte la Sala que haya lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional se refirió en las sentencias SU
-098 de 2018 y SU 339 de 2019, porque en este asunto no se puede predicar la existencia
de una duda frente a las normas jurídicas que regulan el reconocimiento prestacional
(cesantías) a favor de los docentes, ni un vacío legal que permita la remisión a las
disposiciones de la Ley 50 de 1990. En este sentido se advierte que la Ley 344 de 1996 al
regular el régimen de cesantías para las personas vinculadas a los Órganos y Entidades del
Estado, expresamente señaló que ello tenía lugar sin perjuicio11 de lo ya establecido en la
Ley 91 de 1989, y vale anotar que esa acotación, conlleva a que lo ya regulado permanezca
incólume ante la nueva normatividad.

(…)

Por lo tanto, no encuentra la Sala una justificación amparada constitucional o legalmente
para aplicar la Ley 50 de 1990, norma extendida a los servidores públicos con la Ley 344
de 1996, pues si bien los docentes están incursos en esta categoría, la misma norma dispuso
que no puede obviarse las previsiones de la Ley 91 de 1989, y por ende no es posible acoger
en forma fragmentada lo que aquella disposición introdujo.

Además, lo pretendido por la parte actora sí conllevaría a una transgresión al principio de
inescindibilidad normativa, pues en este caso la aplicación de las Leyes 50 de 1990 y 344
de 1996 no deviene de la inexistencia de una disposición que delimite la consignación de
las cesantías a los docentes. En torno a este tema la jurisprudencia ha expuesto lo siguiente:

(…)

De lo discurrido concluye la Sala que no le asiste razón a la parte actora en sus razones de
inconformidad con la decisión apelada, puesto que no existe una decisión de unificación
frente al tema aquí debatido y contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera, la SU-098 de
2018 no resulta aplicable para resolver la controversia planteada, al tener origen en una
situación fáctica y jurídica distinta a la valorada en esta oportunidad. En este sentido vale
anotar que la sentencia SU 573 de 2019 al determinar un posible desconocimiento del
precedente expuso lo siguiente:

11
https://dle.rae.es/perjuicio: sin perjuicio

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“68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante
el juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201812, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los
rendimientos financieros que se causaron con dicho retardo”13. A pesar de no haber sido
parte del debate procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un
precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima
facie una amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por
cuanto: (i) la decisión es posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de
tutela y, (ii) no obstante la Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad
fáctica también “impide aplicar el precedente al caso concreto”14, como pasa a
explicarse.

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de carrera
Vinculación Docente en provisionalidad.
con nombramiento en
propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 1278 de 2002. Por
tal razón, la Secretaría de Actualmente, los docentes
Educación de este municipio se encuentran vinculados
expidió la Resolución N° con el Departamento del
Vigencia del
4143.3.21.5447 del 22 de Atlántico y su vínculo
vínculo laboral
octubre de 2007, por la cual laboral se ha mantenido
reconoció el pago de las vigente sin solución de
prestaciones sociales definitivas continuidad15.
e informó que el pago se
realizaría en el respectivo Fondo
de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron
Sociales del Magisterio
FOMAG afiliados al FOMAG.
(FOMAG) ni a otro fondo, por
un error interno.
Una vez culminó su relación Los docentes no
laboral con el Municipio de reclamaron el pago
Santiago de Cali, al docente le efectivo de las cesantías de
Reclamación
reconocieron el pago de las los años 2001, 2002 y 2003.
efectiva de pago
prestaciones sociales, entre No obstante, sí solicitaron el
de las cesantías
estas, las cesantías. pago de la sanción moratoria
por no consignación de las
cesantías por dicho periodo.

12
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
13
Sentencia SU-098 de 2018.
14
Sentencia SU-354 de 2017.
15
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00786-00
Accionante: Julián Espinosa Marulanda

El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
reconocimiento, liquidación y
Tipo de sanción reconocimiento y pago de la
pago de la sanción moratoria por
moratoria sanción moratoria por la no
la no consignación de las
reclamada consignación oportuna de
cesantías, los intereses a las
las cesantías.
cesantías ni los rendimientos.
(…)”
EN CONCLUSIÓN, para la Sala no es posible hacer extensiva la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al señor Julián Espinosa Marulanda, quien
ha ocupado el cargo de docente oficial al servicio del municipio de Armenia y se encuentra
cubierto por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no
existe norma jurídica que así lo contemple según su situación específica, además no
existe un precedente consolidado de obligatoria aplicación, y acceder a lo pretendido
implicaría introducir un cambio en la regulación del funcionamiento interno del
FOMAG en lo que respecta a la administración de los recursos – PRINCIPIO
PRESUPUESTAL DE UNIDAD DE CAJA-, aspectos todos que de desconocerse
excederían el propósito del legislador, y ello impone que se confirme la decisión de
instancia.»

Teniendo en cuenta lo anterior, emerge con claridad para esta Sala de
Subsección, tal como se señaló en un asunto de iguales contornos
fácticos y jurídicos16 y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la
sentencia SU573 de 2019, que el presente asunto no reviste de
relevancia constitucional, como pasara a explicarse a continuación:

En efecto, los argumentos del accionante van encaminados a
determinar si la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de
1999 es aplicable a su condición de docente afiliado al FOMAG, es decir
que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad.

Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no encuadra,
prima facie, en un comportamiento arbitrario o en un desconocimiento
del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a
partir de lo cual concluyó que no era dable procedente seguir el criterio
señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto en dicha

16
Sentencia de tutela del 9 de marzo de 2023; radicado núm. 11001 03 15 000 2023 00705 00; accionante:
Luz Myriam Garcia Camacho.

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Accionante: Julián Espinosa Marulanda

providencia se analizó un asunto de presupuestos fácticos y jurídicos
diferentes al puesto bajo su examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho
aspecto.

Sobre ello, la Corte Constitucional en la sentencia SU573 de 2019,
precisó:

«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela17, pues la intervención del juez constitucional se justifica para
“proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario” 18,ante “desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica”19. Para la Sala, el
presente asunto carece de relevancia constitucional, por esta segunda razón, ya que no se
advierte un escenario de afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los
accionantes, por dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó adecuadamente por
qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los artículos 99, 102 y 104 de
la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado
anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador
que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones contradictorias
en casos idénticos”20, dado que el sub iudice no comparte identidad fáctica y jurídica con
las decisiones judiciales que sustentan el supuesto desconocimiento del precedente y, por
tanto, no es posible evidenciar prima facie un precedente que el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede
comprobar a partir de la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes
presuntamente desconocidos:

17
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y controvertir pruebas,
(iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv) el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas procesales o, en otros términos,
el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un
proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales
que se aparten de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven
anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
18
Sentencia T-685 de 2003.
19
Ibid.
20
Sentencia SU-053 de 2015.

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Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU- Sentencia T-
Consejo de 336 de 2017 008 de 2015
Estado21
Tipo de Sanción Sanción Sanción Sanción
sanción moratoria por la moratoria por el moratoria por el moratoria por
moratoria no pago tardío de pago tardío de la omisión
solicitada consignación de sus cesantías sus de sus injustificada
cesantías en el definitivas. cesantías en la
fondo definitivas. afiliación al
correspondiente. FOMAG.
Fundamento Artículos 99, Leyes 244 de Leyes 244 de Decretos 3752
jurídico el 102 y 104 de la 1995 y 1071 de 1995 y 1071 de de 2003 y
reconocimiento Ley 50 de 1990 2006. 2006. Decreto 1582
de la sanción y la Ley 344 de de 1998, por el
1996, cual se
reglamentada reglamentan
por el Decreto parcialmente
1582 de 1998. los artículos 13
de la Ley 344
de 1996 y 5 de
la Ley 432 de
1998.
(…)

66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado por
la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su criterio,
“les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que tiene que ver
con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida
en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es aplicable, por analogía, de
igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”22. No obstante, tal como se expuso supra, la
ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos jurídicos y normativos semejantes23
entre el sub iudice y las sentencias referidas por los tutelantes -inexistencia de una regla
jurisprudencial genuinamente análoga24-, impide advertir, prima facie, la configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la aplicación
de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional y
por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los cuales los actores habían solicitado
el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional resolvió un asunto relativo a una solicitud de sanción
moratoria por la no afiliación al fondo de cesantías, que ya había sido liquidada en los términos
del Decreto 1582 de 199825, pero no cancelada.

21
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
22
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
23
Ibid.
24
Sentencia T-425 de 2019.
25
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.

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Accionante: Julián Espinosa Marulanda

68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el juez
de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201826, por medio de la cual la Corte Constitucional
resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en la
fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos financieros que se
causaron con dicho retardo”27. A pesar de no haber sido parte del debate procesal en sede de
tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub examine respecto
del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de vulneración a los derechos
fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es posterior a las providencias
judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la Corte se pronunció sobre la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las cesantías prevista por la Ley 50 de 1990, artículo
13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad
fáctica también “impide aplicar el precedente al caso concreto”28, como pasa a explicarse.
(…)».

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello implica que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

En conclusión, esta Sala de Subsección encuentra que la presente
solicitud de amparo debe ser rechazada por improcedente, al no
evidenciar que los asuntos tratados revisten una verdadera relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

26
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
27
Sentencia SU-098 de 2018.
28
Sentencia SU-354 de 2017.

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FALLA

PRIMERO: RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la solicitud de
tutela formulada por el señor Julián Espinosa Marulanda
en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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