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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01044-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01044-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela formulada por el señor James Garcés Laguna en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01044-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01044-00
Accionante: JAMES GARCÉS LAGUNA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías / incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
James Garcés Laguna, quien actúa por intermedio de apoderado, en
contra del Tribunal Administrativo de Quindío, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la sentencia de 16 de febrero de 2023 proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 63001-3333-006-2022-00070-02.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01044-00
Accionante: James Garcés Laguna

I. ANTECEDENTES

El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

El señor James Garcés Laguna labora como docente en el municipio de
Armenia desde el 8 de julio de 2008 hasta el momento de la
presentación de la acción de tutela.

El 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas sus cesantías por
parte de su patrono, el Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG por sus
servicios prestados en el año 2020.

Por lo anterior, el 16 de julio de 2021 el accionante formuló petición
contra el FOMAG solicitando el reconocimiento de la sanción por mora
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la entidad remitió
la solicitud a la Fiduciaria la previsora S.A. sin que obtuviera respuesta.

El accionante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del FOMAG, el municipio de Armenia y el
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto ficto configurado el 16 de octubre de 2021 frente a la
petición presentada el 16 de julio de 2021, tendiente a obtener el

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01044-00
Accionante: James Garcés Laguna

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago
de sus cesantías.

En primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia que, a través de la sentencia del
29 de junio de 2022, negó las súplicas de la demanda, decisión que fue
apelada por el accionante.

El conocimiento del recurso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Quindío que, a través de sentencia del 16 de febrero de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que al
accionante no le es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1993 ya que se encuentra cubierto por el sistema anualizado de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, por incurrir en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente
judicial.

Sostiene que el Tribunal accionado no aplicó el régimen de cesantías
pertinente al caso concreto, dado que este pertenece al sistema
anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y 344 de
1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación genera
la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

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Accionante: James Garcés Laguna

Adicionalmente, señala que la autoridad judicial accionada desconoció
de manera arbitraria el precedente establecido en la sentencia SU 098
del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se
estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos
al FOMAG y, en consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las
cesantías anuales.

Asimismo, argumenta que la providencia en cuestión desconoció las 22
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las pretensiones
de los demandantes de manera positiva al aplicar la Ley 50 de 1990 a
los docentes afiliados al FOMAG y tener en cuenta la condición más
favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 16 de febrero de 2023, en el
expediente rad. No. 63001-3333-006-2022-00071-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando
los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de
17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante

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diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes (…)». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 2 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Quindío
como accionado y al municipio de Armenia, al FOMAG y al Ministerio de
Educación Nacional como terceros interesados en las resultas del
proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Tribunal Administrativo del Quindío remitió el link de
acceso al expediente contentivo del medio de control bajo estudio, en
cumplimiento del requerimiento ordenado en el auto admisorio de la
acción de tutela.

4.2. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la jefe de la
oficina jurídica de la entidad, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

4.5. El apoderado del accionante presentó memorial en el que
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda de tutela
y solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor James
Garcés Laguna.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

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• ¿El Tribunal Administrativo de Quindío, la proferir la sentencia del
16 de febrero de 2023 que negó el reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías del
accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia
y seguridad jurídica?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-
15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.

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administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela».

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3.1. Requisito de relevancia constitucional

En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional,
ha dicho la Corte Constitucional3 que se debe evidenciar de manera
clara y expresa que “la cuestión que se entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”4, pues “el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”5. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional6, este requisito persigue, al menos, tres
finalidades: «(i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad(…); (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales(…) y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces(…)»8.

También ha señalado la Corte Constitucional que este requisito tiene
como finalidad que el juez constitucional no entre a estudiar cuestiones

3
Sentencia T-422 de 2018.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
6
Sentencia T-422 de 2018.
7
Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la
decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en
el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial
como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
8
Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018.

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que carezcan de una clara y marcada importancia constitucional, so
pena de involucrarse en asuntos cuya definición es competencia
exclusiva del juez ordinario. De esta manera, se garantiza “la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”9 y, de contera, se erige en garantía misma de la
independencia de los jueces ordinarios10.

Ha insistido la alta Corporación en que, con este presupuesto, se busca
evitar que, a través de la acción de amparo, se discutan asuntos legales
que, por definición, no le competen resolver al juez de tutela, cuya
competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o
vulneraciones de derechos fundamentales.

3.2. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor James Garcés Laguna en contra del Tribunal Administrativo de
Quindío, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica con ocasión de la providencia del 16 de
febrero de 2023 pues, en su entender, considera que incurrió en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

9
Sentencia T-137 de 2017.
10
Sentencia T-422 de 2018.

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El Tribunal Administrativo del Quindío, en providencia del 16 de febrero
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías al demandante, bajo las siguientes
consideraciones:

«De todo lo expuesto, concluye la Corporación que no hay una posición unificada
en la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en
la Ley 50 de 1990 al sector docente. Como consecuencia de lo anterior y en virtud
a la autonomía que se goza por el Juez por la indeterminación de dicho precedente,
se considera por la Sala que los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen
derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley
50 de 1990 y la Ley 52 de 1975, toda vez que el régimen docente es especial y en lo
atinente a las cesantías dicha autonomía surge de lo dispuesto en artículo 3 de la Ley
91 de 1989, así como lo señalado en la Ley 344 de 1996, disposición última que
extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los servidores de las entidades
territoriales, excluyendo de ello específicamente al sector docente oficial regido por
la Ley 91 de 1989.

Debe anotarse que el régimen de cesantías docentes es distinto al régimen general
anualizado de cesantías, ya que a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de
enero de 1990, no se les hace un pago anual de cesantías, sino el reporte de su
causación al FOMAG, en vista que el responsable de la cancelación de las cesantías
es dicho Fondo, siendo el ente que tiene los recursos comunes que se destinan para
tal efecto, además, sobre el saldo total que existiere por concepto de cesantías a 31
de diciembre de cada año se deben reportar los intereses con base en la tasa DTF de
ese periodo, y al docente le será cancelada la prestación social una vez solicite la
cesantías parciales o definitivas, solo existiendo la posibilidad de reconocer la
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, cuando la mora se produce en el
pago de las cesantías parciales o definitivas, lo anterior con sustento en lo dispuesto
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006

Por el contrario, el régimen general de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990 y
la Ley 52 de 1975, consagran la obligación de reconocer, liquidar y pagar las
cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año,
generándose, por el incumplimiento del plazo legal, las sanciones establecidas en
dichas normativas (Art. 99 Ley 50 de 1990 y el art. 1 ley 52 de 1975), empero dicho
régimen no se aplica al sector docente, ya que solo es aplicable en el nivel territorial
a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

Dentro del presente caso, la parte demandante pretende que la Nación Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Municipio de Armenia, le reconozcan y paguen la sanción por mora, establecida en
la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de

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retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el
pago de las cesantías del año 2020 y hasta el momento en que se acredite el pago de
los valores correspondientes, así mismo, el derecho a la indemnización, por el pago
tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentran establecidas en el artículo
1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto No. 1176 de 199111.

(…)

Así las cosas, en el caso sub examine la Sala encuentra probados los siguientes
hechos:

• Según la certificación visible a folios 63 y 64 del archivo digital 0156 se advierte que
el demandante es docente de vinculación municipal afiliado al FOMAG, siendo
beneficiario del régimen anualizado de cesantías.

-Se encuentra en el expediente digital la reclamación administrativa radicada el 16
de julio de 202112 dirigida al Municipio de Armenia, Secretaría de Educación y el
FOMAG, donde la parte demandante solicitó que se reconozca y pague la sanción
por mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde
el 15 de febrero de 2021 fecha en que debió efectuarse el pago de las cesantías del
año 2020. Así mismo, pide que se le reconozca y pague al docente la sanción por
mora por el pago tardío de los intereses a las cesantías que se encuentra establecida
en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176
de 1991, indemnización que es equivalente al valor cancelado de los intereses
causados durante el año 2020, los cuales fueron pagados superando el término legal,
esto es, después del 31 de enero de 2021.

• A través de escrito ARM2021ER011555 del 02 de agosto de 202113 la Secretaría
de Educación Municipal dio respuesta a la petición del 16 de julio de 2021, negando
el pago de las sanciones moratorias solicitadas.

• Se aportó el extracto de los intereses a las cesantías reconocidas a la parte
demandante, donde están consignadas la liquidación de los intereses de las cesantías,
los intereses pagados y los pagos efectivamente realizados.14

• La Fiduciaria la Previsora a través del Oficio 20220820609391 del 14 de marzo de
2022, indica que una vez revisado el aplicativo del FOMAG, se observa que la parte

11
Archivo digital Samai índice 5. Link One Drive.01PrimeraInstancia.01Principal.
01.DemandayAnexos.pdf
12
Archivo digital Samai índice 5. Link One Drive.01PrimeraInstancia.01Principal.
01.DemandayAnexos.pdf Folios 51-54 y 58-60
13
Archivo digital Samai índice 5. Link One Drive.01PrimeraInstancia.01Principal.
01.DemandayAnexos.pdf Folios 55-57
14
Archivo digital One Drive 01DemandayAnexos.pdf.Folios 63-64

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demandante no evidencia resolución de reconocimiento de cesantías en el año
2020.15

• Se anexó el Comunicado No. 08 del 11 de diciembre de 2020, que consagra el
procedimiento y cronograma para el pago de los intereses a las cesantías del sector
docente del 202016.

Ahora bien y de acuerdo con lo probado en el expediente, se demostró que el
demandante es un docente oficial debidamente escalafonado, estando afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, perteneciendo al
régimen de cesantías anualizado, consagrado en la Ley 91 de 198917.

Por lo anterior, a la parte actora no se le aplica las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizados y de los
intereses a las mismas, que están consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de
1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y
en él se determina específicamente como se reconoce, liquida y paga las cesantías y
los intereses a las mismas, lo anterior, como se expresó, teniendo unas características
propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

Además, en el presente caso no es exigible para la Corporación como precedente lo
dispuesto en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues los supuestos fácticos
del presente proceso difieren de la mencionada sentencia.»

Teniendo en cuenta lo anterior, emerge con claridad para esta Sala de
Subsección, tal como se señaló en un asunto de iguales contornos
fácticos y jurídicos18 y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la
sentencia SU573 de 2019, que el presente asunto no reviste de
relevancia constitucional, como pasara a explicarse a continuación:

En efecto, los argumentos del accionante están encaminados a
determinar si la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de

15
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16
Archivo digital Samai índice 5. Link One
Drive.01PrimeraInstancia.01Principal.10.ContestacionDemanda.pdf. Folios 32-33.
17
Archivo digital Samai índice 5. Link One Drive.01PrimeraInstancia.01Principal.
01.DemandayAnexos.pdf
18
Sentencia de tutela del 9 de marzo de 2023; radicado núm. 11001 03 15 000 2023 00705 00;
accionante: Luz Myriam Garcia Camacho.

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Accionante: James Garcés Laguna

1999 es aplicable a su condición de docente afiliado al FOMAG, es decir
que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad.

Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no encuadra,
prima facie, en un comportamiento arbitrario o en un desconocimiento
del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a
partir de lo cual concluyó que no era dable procedente seguir el criterio
señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto en dicha
providencia se analizó un asunto de presupuestos fácticos y jurídicos
diferentes al puesto bajo su examen.

Asimismo, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional, de
manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa la
atención de la Sala, profirió la sentencia SU573 de 2019, en la que
precisó:

«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela19, pues la intervención del juez constitucional se
justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 20,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”21. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de

19
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales
o básicas de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas, (iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa
técnica, (iv) el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación
de las reglas procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho a la
publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal
interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten
de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven anular el
ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de
2007.
20
Sentencia T-685 de 2003.
21
Ibid.

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afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”22, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de
la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:

Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU- Sentencia T-
Consejo de 336 de 2017 008 de 2015
Estado23
Tipo de Sanción Sanción Sanción Sanción
sanción moratoria por la moratoria por el moratoria por el moratoria por
moratoria no pago tardío de pago tardío de la omisión
solicitada consignación de sus cesantías sus cesantías injustificada
cesantías en el definitivas. definitivas. en la
fondo afiliación al
correspondiente. FOMAG.
Fundamento Artículos 99, Leyes 244 de Leyes 244 de Decretos 3752
jurídico el 102 y 104 de la 1995 y 1071 de 1995 y 1071 de de 2003 y
reconocimiento Ley 50 de 1990 2006. 2006. Decreto 1582
de la sanción y la Ley 344 de de 1998, por el
1996, cual se
reglamentada reglamentan
por el Decreto parcialmente
1582 de 1998. los artículos 13
de la Ley 344
de 1996 y 5 de
la Ley 432 de
1998.
(…)

66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su

22
Sentencia SU-053 de 2015.
23
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

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criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”24. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes25 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga26-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199827, pero no
cancelada.

68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201828, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”29. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”30, como pasa a explicarse. (…)».

Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo del
Quindío, al desatar el asunto bajo examen, realizó un estudio detallado
de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo que lo llevó a

24
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
25
Ibid.
26
Sentencia T-425 de 2019.
27
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998.
28
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-
7.457.923 y fls. 77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
29
Sentencia SU-098 de 2018.
30
Sentencia SU-354 de 2017.

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concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2018 no
era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, allí se debatió el
pago tardío de las cesantías definitivas de docentes que ya no tenían
vinculación vigente, mientras que el señor Garcés Laguna, al momento
de presentación de la demanda se encontraba vinculado como docente,
de tal suerte que la situación, al ser diferente, debía ser tratada,
igualmente, por normativas distintas; manifestación que corresponde
únicamente al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces,
conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello implica que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

En conclusión, esta Sala de Subsección encuentra que la presente
solicitud de amparo debe ser rechazada por improcedente, al no
evidenciar que los asuntos tratados revisten una verdadera relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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Accionante: James Garcés Laguna

FALLA

PRIMERO: RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la solicitud de
tutela formulada por el señor James Garcés Laguna en
contra del Tribunal Administrativo de Quindío, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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