Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02310-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Demandante: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías. Requisito general de la
relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Gloria Lucía Ruiz Gómez, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que pide el
amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la
“perpetuatio jurisdictionis”, supuestamente vulnerados con las sentencia de 13 de
abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 63001-33-33-006-
2022-00067-02.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que, el 19 de octubre de 1997, se vinculó como docente al
municipio de Armenia y que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que
presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG) y la Fiduprevisora S.A., con el fin de que se
materializara el pago de estas y la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, sin obtener respuesta alguna.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
el F FOMAG omag, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Armenia, con el fin de
que se anulara el acto ficto negativo y cancelara la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
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Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en sentencia
proferida en el curso de la audiencia concentrada (inicial, pruebas, alegaciones y
juzgamiento) de 29 de junio de 2022, negó las pretensiones, pues el demandante
“se encontraba a afiliada al FOMAG, expresando que la sanción por mora solo
opera para aquellos docentes que NO son afiliados a este fondo prestacional del
magisterio, pues los primeros poseen un régimen especial de cesantías”.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo del Quindío en fallo de
13 de abril de 2023, la confirmó íntegramente.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad
laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, supuestamente
vulnerados con la sentencia de 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho cuyo objeto era el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
En primer lugar, se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente frente a la
relevancia constitucional sostuvo que “el asunto si tiene relevancia constitucional,
por cuanto dentro del escrito de la acción de tutela se plasmó de manera
contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata del
derecho fundamental al debido proceso, asimismo, se evidencia una violación
directa a la Constitución por la omisión a la aplicación del principio de
favorabilidad, así como también, al final del ejercicio este estudio desemboca en el
derecho fundamental a la seguridad social”.
De otro lado, afirmó que la sentencia objetada incurrió defecto sustantivo, pues
la autoridad judicial accionada desconoció el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
cual es aplicable a los docentes del sector oficial teniendo en cuenta que también
son servidores públicos.
Agregó que el tribunal accionado desconoció el artículo 10 de la Ley 91 de 1989
que establece la obligación de consignar las cesantías al FOMAG. En ese sentido,
explicó lo siguiente:
“Este artículo contempla sin realizar ninguna elucubración mental diferente, la
expresión: “... La deuda liquidada a cargo de la Nación que resulte de los convenios
interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales se pagarán
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio…”, es decir es necesario la
transferencia de estos recursos del patrimonio de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y de las entidades territoriales al patrimonio del Fomag, situación que
controvierte los argumentos expuestos en la sentencia de reproche en la presente
acción de tutela contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Departamento del Quindío, pues es claro que para poder cancelar las cesantías a los
docentes, se necesita que el patrono, en este caso las entidades territoriales y la
Nación hayan transferido los recursos al Fomag”.
Indicó que la autoridad judicial accionada confunde la existencia de un régimen
especial de cesantías de los docentes con la obligación de consignar las cesantías
al respectivo fondo de cesantías que, en el caso de los docentes, es el FOMAG.
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Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
Luego, señaló que el Tribunal Administrativo el Quindío incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que desconoció del artículo 53 de la
Constitución Política, que consagra el principio de favorabilidad. Explicó en este
punto que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional aplicó el
régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin
que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de inescindibilidad,
como es el caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las
mismas en favor de los docentes del sector oficial (sentencias C-741 de 20121, C-
486 de 20162, SU-336 de 20173 y SU-098 de 20184).
Por otro lado, la accionante alegó el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, pues el Consejo de Estado ha establecido la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados del FOMAG, al considerar que no existe
un régimen especial de cesantías porque se liquidan de la misma forma como se
liquidan las de los demás empleados públicos y privados del país, la única
diferencia radica en los intereses que se liquidan de acuerdo a la DTF sobre el
saldo acumulado.
Señaló que la decisión cuestionada es contraria a lo expresado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado “en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023”, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago
tardío de que resulta vinculante para el Tribunal Administrativo del Quindío, en
tanto son proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.
Por lo anterior, elaboró un listado con las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, que considera desconocidas por la autoridad judicial
accionada, respecto de algunas efectuó una transcripción in extenso de sus
apartes, tales como:
• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001-23-33-000-2013-
00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-00867-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001-0315-000-2018-03499-01. M.P.
Nicolás Yepes Corrales.
• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001-23-33-000-2014-00173-01. M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001-23-33- 000-2014-00208-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00254-01. M.P.
William Hernández Gómez.
• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00132-01.
M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-31-000-2014-00815-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-33- 000-2015-00331-01. M.P.
César Palomino Cortés.
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M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
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M.P.: María Victoria Calle Correa.
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M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02. M.P.
William Hernández Gómez.
• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P.
William Hernández Gómez.
• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-90008-01.
M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2014-90022-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2015-00075-01. M.P.
William Hernández Gómez.
• Sentencia de 28 de abril de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P.:
Carmelo Perdomo Cuéter.
• Sentencia de 9 de mayo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01. M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01. M.P.
César Palomino Cortés.
• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-90124-01. M.P.
César Palomino Cortés.
Igualmente, se refirió al desconocimiento de las siguientes sentencias proferidas
por la Corte Constitucional respecto de las cuales efectuó la transcripción de
algunos de sus apartes.
• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Por último, aludió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo del Quindío.
3. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
en la sentencia proferida el día 13 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-
006-2022-00067-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR
EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de
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la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo
que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de
2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 17 de mayo de 2023, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Quindío remitió el enlace de acceso al expediente digital que
contiene las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que adelantó la señora Gloria Lucía Ruiz Gómez contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el municipio de Armenia
(radicado No. 63001-33-33-006-2022-00067-02).
5. Trámite procesal
Por auto de 12 de mayo de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a
Fiduprevisora S.A., al municipio de Armenia y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 44271 a 44278 de 16
de mayo de 20235, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Quindío
En escrito de 17 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.
Afirmó que la accionante lo que pretende es utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia a fin de obtener que se deje sin efectos una decisión judicial,
adoptada al interior de un proceso contencioso administrativo en segunda
instancia, que le fue desfavorable a sus intereses.
Indicó que no se le vulneró el derecho a la igualdad, pues el Tribunal
Administrativo del Quindío ha sido coherente en sus decisiones, en cuanto a
confirmar la negación de las pretensiones en casos similares, providencias que
han sido objeto de tutela y resueltas favorablemente por el Consejo de Estado al
declarar la improcedencia de estas.
Sostuvo que no se violentó el precedente judicial, pues se puso de presente en la
sentencia cuestionada la situación contradictoria que existía sobre el tema,
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La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectribadmarm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co; notjudicial2@fiduprevisora.com.co,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, jadmin06arm@notificacionesrj.gov.co, j06admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
servicioalcliente@armenia.gov.co, notificacionesjudiciales@armenia.gov.co y
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
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adoptando la determinación de estarse a uno de los criterios que allí se exponen,
para concluir que las pretensiones de la demanda no eran viables.
Señaló que no son atendibles las múltiples providencias citadas en extenso en el
escrito de tutela, en las que se afirma se accedieron a las pretensiones, pues las
mismas no constituyen precedentes para el Tribunal Administrativo del Quindío.
Finalmente, manifestó que la accionante hace un esfuerzo similar en la acción de
tutela al realizado en las dos instancias del proceso ordinario para forjar su
posición particular sobre el tema.
6.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia
En oficio de 17 de mayo de 2023, la juez titular del despacho pidió que se declara
la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que se utiliza como una tercera
instancia.
Afirmó que ll presente asunto no tiene relevancia constitucional, toda vez que lo
discutido son derechos de carácter económico accesorio y no se trata de mínimos
laborales, pues lo reclamado son sanciones e indemnizaciones moratorias.
Agregó que la controversia es de orden jurídico legal y no constitucional, en la que
se debate la aplicación de una normativa prevista para servidores públicos a nivel
general y trabajadores de derecho privado, no siendo aplicable a los docentes,
toda vez que estos gozan de un régimen especial, respecto del cual no se avizora
vulneración al derecho a la igualdad ni al principio de favorabilidad.
Resaltó que los argumentos planteados en la providencia de primera instancia,
donde se argumenta que la SU-098 de 2018 no resulta aplicable para resolver la
controversia planteada, por no ser vinculante al no tener similar o idéntico patrón
fáctico, y al tratarse de un pronunciamiento aislado que no encuentra eco en toda
la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la compatibilidad
constitucional del régimen especial de cesantías de los docentes.
Por último, manifestó que no son aplicables las decisiones del Consejo de Estado
traídas a colación en sede ordinaria, así como en la solicitud de amparo, pues
estas versan sobre casos de docentes que no tuvieron afiliación al FOMAG y, por
lo tanto, no les había sido aplicado el régimen normativo especial de la Ley 91 de
1989.
6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
En oficio de 19 de mayo de 2023, el Jefe de la oficina Asesora Jurídica pidió no
acceder a las pretensiones de la acción de tutela y que se desvinculara a la
cartera ministerial del presente trámite, teniendo en cuenta que no tiene injerencia
en los hechos que la actora alega como causa de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
6.4. Respuesta de Fiduprevisora S.A.
En escrito de 9 de mayo de 2023, la integrante de la oficina de Coordinación de
Tutelas solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
desvincule a la entidad fiduciaria.
Afirmó que de conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades
administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar
en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante,
aseveró que esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las
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entidades administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las
cuales no está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el
principio de unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los
docentes no se administran en cuentas individuales.
Señaló que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y que “los
valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están
presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia”. En
ese punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y
administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de
Educación certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones
económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de
cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.
Aseveró que existe una imposibilidad jurídica de crear cuentas individuales para
cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de unidad de caja y,
en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación de cesantías”
pues en el caso de los docentes, tienen la posibilidad de retirar sus cesantías
cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto, por lo tanto no puede
aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación tardía en
las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.
Indicó que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente judicial,
puntualmente, hizo referencia a la Sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional en la que ordenó a la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el
que se tuviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del
principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución sobre el
derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990. Agregó que en cumplimiento de esa decisión se
condenó al municipio de Santiago de Cali al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de
octubre del mismo año”.
Precisó que la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de que el
municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende,
tampoco realizó el pago de las cesantías, circunstancia que difiere del caso bajo
análisis.
Indicó que en dicha providencia se advirtió que “la existencia de regímenes
especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar previamente
las particularidades de cada caso concreto”.
Por último, manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales a la
accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
judiciales vinculantes para la decisión adoptada.
7. Intervención de la actora frente a las respuestas de la acción de tutela
La actora presentó un escrito en el que se pronuncia frente a las respuestas dadas
por el Tribunal Administrativo del Quindío, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Armenia y el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, reiteró
los argumentos expuestos en la demanda en torno al desconocimiento del
precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo
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en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las de cualquier
empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es el pago de
los intereses.
De igual forma, aportó copia de la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro
del expediente No. 11001-03-15-000-2023-01063-00, , en la que se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la accionante y ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una
decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas
en dicho fallo, frente a la aplicación de lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío
de cesantías.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío con
la sentencia de 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho cuyo objeto era el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la
seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, por no reconocer la sanción moratoria por la mora en
el pago de las cesantías, supuestamente, al incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
De manera previa, en razón a que fue alegado por el Tribunal Administrativo del
Quindío y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, la Sala deberá
establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional, en razón a la similitud con el debate planteado en el proceso
ordinario.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones6.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
6
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala9, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
7
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
9
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo del Quindío con la
sentencia de 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho cuyo objeto era el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la
seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, por no reconocer la sanción moratoria por la mora en
el pago de las cesantías, supuestamente, al incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en el curso del proceso ordinario, así:
La señora Gloria Lucía Ruiz Gómez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduprevisora S.A. con el
objeto de acceder al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías correspondientes al año 2020, en virtud de lo establecido en el artículo
99 de la Ley 50 de 1999.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en sentencia de 22 de
agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al
reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las
cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, pues los docentes
gozan de un régimen prestacional especial, que de acuerdo con lo establecido en
la Sentencia C-928 de 2006 no desconoce principio de igualdad, a lo que agregó
que no es posible reconocer la sanción moratoria porque el FOMAG no es un
fondo de cesantías que administra cuentas individuales y, por lo tanto, la
obligación de consignación de cesantías en el caso de los docentes es inexistente.
La demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, bajo los siguientes argumentos. De hecho, insistió en la supuesta línea
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
para lo cual elaboró un cuadro en el que aparecen las mismas decisiones que se
señalan en el acápite de fundamentos de la acción de tutela.
El Tribunal Administrativo del Quindío por sentencia de 13 de abril de 2023
confirmó la decisión recurrida, para lo cual, en primer lugar, se refirió al régimen
normativo de las cesantías del sector docente. Luego, desarrolló el marco
jurisprudencial y la aplicación de la Ley 50 de 1990, en el que evidenció una
diversidad de criterios sobre la aplicación de dicha norma frente a la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes, por lo que acogió la
postura desarrollada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 18 de julio de 201810, bajo las siguientes
10
Radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
consideraciones:
“Ahora bien y de acuerdo con lo probado en el expediente, se demostró que la
demandante es una docente oficial debidamente escalafonada, estando afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, perteneciendo al
régimen de cesantías anualizado, consagrado en la Ley 91 de 1989.
Por lo anterior, a la parte actora no se le aplica las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizados y de los
intereses a las mismas, que están consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de
1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y
en él se determina específicamente como se reconoce, liquida y paga las cesantías y
los intereses a las mismas, lo anterior, como se expresó, teniendo unas características
propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.
Además, en el presente caso no es exigible para la Corporación como precedente lo
dispuesto en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues los supuestos fácticos
del presente proceso difieren de la mencionada sentencia.
Bajo los anteriores presupuestos, acierta el Juzgado de instancia en negar las
pretensiones y como consecuencia se debe de confirmar la sentencia apelada proferida
el 22 de agosto de 2022, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Armenia (Q)”.
De lo anterior, se observa que el tribunal accionado consideró que a la
demandante no le aplica la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, en razón a que goza de un régimen especial de cesantías.
4.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la señora Gloria Lucía Ruiz
Gómez emplea la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el
trámite del proceso ordinario pues, como se evidenció, reitera los argumentos
expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 proferida
por la Corte Constitucional y a las sentencias del Consejo de Estado que
acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró el mismo listado de los fallos
que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.
En efecto, se constató que aun cuando la demandante alega que la providencia
objeto de tutela incurre en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, en últimas, lo que pretende es que se reabra
el debate jurídico sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes del sector
oficial públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo
99 de esa normativa, lo cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del
Quindío, así como el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia. No
obstante, la actora acude al mecanismo de amparo para insistir en ese debate
legal ya superado por el juez natural de la controversia en sus dos instancias.
En este punto, resulta importante señalar que en la solicitud de amparo se refirió a
nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo cierto es que las invoca
con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda ordinaria y en el
recurso de apelación que formuló contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda,
esto es, intenta demostrar que sí debió hacerse extensivo el régimen de cesantías
previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente para reconocer la sanción
moratoria de que trata el artículo 99 de ese marco normativo.
Sobre el particular, la Sala considera relevante señalar que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado ha adoptada decisiones en sentido similar en las sentencias de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
1 de junio de 202311 y 25 de mayo de 202312, en las que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplirse el presupuesto de relevancia constitucional ya
que la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la aplicación de la
Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los argumentos expuestos en la demanda y en
el recurso de apelación. En igual sentido, en la sentencia de 18 de mayo de 2023 13,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado abordó un caso de contornos fácticos
similares y también advirtió que el asunto no revestía relevancia constitucional
porque la actora acudió al medio de protección constitucional para revivir el debate
ya superado en el trámite del proceso ordinario.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional, pues i) la cuestión era meramente legal, toda
vez que se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías
anualizadas de los docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto
1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998,
asunto que conlleva establecer aspectos legales como el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social, ii) que la discusión propuesta no
involucraba la protección de derechos fundamentales y la anomalía procesal
alegada no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y iii) los demandantes pretendían reabrir la controversia legal.
Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201914, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”15 (Negrilla y resalta de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Por lo demás, en relación con la sentencia de tutela de 23 de marzo de 2023
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, que en
un asunto con contornos fácticos similares había accedido al amparo
constitucional, allegada por la parte demandante en el curso de la primera
instancia, la Sala debe indicar que la Sección Primera del Consejo de Estado por
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Radicado No. 11001-03-15-000-2023-020696-00, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Radicado No. No11001-03-15-000-2023-00705-01. C.P: Milton Chaves García.
13
Radicado No. 11001-03-15-000-2023-01500-00. C.P.: Wilson Ramos Girón.
14
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
16
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02310-00
Actor: GLORIA LUCÍA RUIZ GÓMEZ
auto de 16 de junio de 202317 anuló dicha providencia, razón suficiente para no
efectuar algún pronunciamiento sobre ese particular.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la
seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, supuestamente vulnerados con
la sentencia de 13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en este caso, a la manera de una instancia adicional, toda vez que insiste
en el mismo debate legal y litigioso relacionado con hacer extensivo el régimen de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente para reconocer la
sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa normativa.
Por las razones expuestas, la Sala declarara improcedente la acción de tutela por
no cumplirse el presupuesto de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Gloria Lucía Ruiz Gómez, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023010
63011100103
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