Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02432-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicación:11001-03-15-000-2023-02432-00
Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02432-00
Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento. Sanción por consignación tardía de cesantías.
Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.
Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude
como instancia adicional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Ana Mercedes Velandia Ramírez, a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con el
principio de seguridad jurídica, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 27
de marzo de 2023, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el
fallo que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag) y el departamento de Boyacá, con el fin de que se
dejara sin efectos el acto administrativo mediante el cual se negó su solicitud de
reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que desde el año 1990 se desempeña como docente
vinculada al Departamento de Boyacá, y que, en razón a esto, el 15 de febrero de
2021 le debían ser consignadas las cesantías correspondientes al servicio que
prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en esa fecha.
Afirmó que el 27 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá
y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, solicitud
que fue negada mediante Resolución BOY2021EE028369 de 29 de agosto de
2021.
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Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional-
Fomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad de
la mencionada resolución.
Señaló que del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Tunja, que en sentencia de 26 de octubre de 2022
negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías de
los docentes, contemplado en la Ley 91 de 1989, es especial, por lo que no es
comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
Narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, en el
que sostuvo que “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de
unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto
en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron
las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de
Colombia”.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá por sentencia de 27 de marzo
de 2023 confirmó el fallo, luego de considerar que para el caso de los docentes no
existen varias fuentes de derecho que prevean consecuencias jurídicas disímiles
respecto de las consecuencias del desembolso extemporáneo de las cesantías
anualizadas o de sus intereses a favor de los docentes oficiales, “porque, de hecho,
este régimen no contemplaba las penalidades que reclama la demanda, de acuerdo con
la fecha de vinculación de la parte actora (para ese momento no existía una norma en el
régimen especial que pudiera compararse con las del general). Y, por eso mismo, no
puede hablarse de dudas interpretativas serias y objetivas, pues para disiparla cualquier
inquietud basta verificar las normas que regulan el auxilio de cesantía a favor de este
grupo específico de servidores”, por lo que no le era aplicable la Ley 50 de 1990.
Por último, aseveró que el tribunal afirmó que no se desconocía que desde el año
2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias
que extienden a favor de docentes oficiales la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anualizadas, las cuales no hacían
referencia a la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018, no obstante esa Sala se apartaba de
esa posición, con el cumplimiento de los criterios de transparencia y suficiencia.
2. Fundamentos de la acción
La actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, junto con el principio a la seguridad jurídica, los cuales
considera vulnerados por la sentencia de 27 de marzo de 2023, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra el Fomag y el departamento de Boyacá, con el fin de que se dejara sin
efectos la Resolución BOY2021EE028369 de 29 de agosto de 2021, mediante la
cual se negó su solicitud de reconocimiento de la sanción por mora prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías.
Hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que el fallo objetado incurre
en i) defecto sustantivo, por la indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989,
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50 de 1990 y 344 de 1996, toda vez que, adujo, en estas sí se prevé la posibilidad
de reconocer la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag.
Luego de efectuar un extenso recuento histórico de las competencias asignadas al
Fomag en la relativo a la gestión de las cesantías de los docentes, sostuvo que en
el caso es claro que “aquí no hay ningún régimen especial de las cesantías, puesto que
las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan de la misma forma como
se liquidan a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los
intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo
acumulado, que para el año 2020, pero esta es una situación no es una circunstancia
novedosa como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche,
PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS
DOCENTES NACIONALES DESDE 1968 en el artículo 33 del Decreto 3118 de 1969,
Intereses en favor de los trabajadores”.
Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los postulados
que garantizan los derechos laborales de los profesores, “pues si bien es cierto que
de la evolución normativa se desprende la descentralización del servicio educativo en
cabeza de las entidades territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la Nación
de la obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones
correspondientes”.
Afirmó que en la providencia objeto de reproche constitucional se indicó que en la
unidad de caja que posee el Fomag para el manejo de los recursos de la salud,
las pensiones y las cesantías, también existen recursos del Ministerio de
Educación Nacional y el Fomag, lo que no es cierto.
Adujo que en el caso se presenta una ii) violación directa de la Constitución,
por el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política que consagra el
principio de favorabilidad, en tanto, explicó, han existido otros casos en los cuales
la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están
amparadas bajo un régimen especial, sin que conlleve tal situación al
desconocimiento del principio de inescindibilidad, como es el caso de la aplicación
de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías
a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los
docentes del sector oficial (sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de
2017 y SU-098 de 2018).
Por último, el actor considera que la decisión objetada incurre en iii)
desconocimiento del precedente judicial, contenido en la sentencia SU-098
de 2018 de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la
Sección Segunda del Consejo de Estado1, en la que, indicó, existen dos
1 Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001-23-33-000-2013-00666-01. M.P.
Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-00867-
01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001-0315-000-2018-
03499-01. M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001-23-33-
000-2014-00173-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No.
08001-23-33- 000-2014-00208-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 22 de octubre de 2020.
Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00254-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 12 de
noviembre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00132-01. M.P. William Hernández Gómez,
Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-31-000-2014-00815-01. M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-33- 000-2015-00331-01. M.P. César
Palomino Cortés, Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-
2015-00445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No.
40001-23-40-000-2017-00134-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de noviembre de 2021.
Expediente No. 080001-23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez, Sentencia de 11 de
noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-90008-01. M.P. William Hernández Gómez,
Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2014-90022-01. M.P. Gabriel
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posiciones en torno al tema controvertido, pero actualmente se ha acogido una
interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados
después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.
Sobre el particular, agregó que la intención de la acción es que se respete el
restablecimiento de la ley y “los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias
que al unísono se han expedido sobre la materia en el h.c.e. sección segunda”, con
ocasión de la confianza que generó en los docentes oficiales vinculados con
posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de
sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo que los motivó a solicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del
trabajo del año 2020 fueran trasladadas al Fomag a más tardar el 15 de febrero
del año 2021, “derecho que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una
sanción por mora establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 27/0323, en el expediente rad. No. 15001333300420220005101,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO
DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES
DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUA TIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO
DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes:
Corte Constitucional:
• SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
• SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
• SU-041 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Consejo de Estado:
• Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020. Expediente No 08001-23-33-000-
2013-00666-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
Valbuena Hernández, Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-
2017-00931-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-
23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No.
080001-23-40-000-2017-00795-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia de 3 de marzo de 2022.
Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez, Sentencia de 19 de mayo
de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
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Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
• Sentencia de 24 de enero de 2019. Expediente No. 76001-23-31-000-2009-00867-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 29 de julio de 2019. Expediente No. 11001-0315-000-2018-03499-01.
M.P. Nicolás Yepes Corrales.
• Sentencia de 2 de diciembre de 2019. Expediente No. 08001-23-33-000-2014-00173-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Sentencia de 10 de junio de 2020. Expediente No. 08001-23-33- 000-2014-00208-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 22 de octubre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-00254-
01. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Expediente No. 08001-23-31- 000-2014-
00132-01. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-31-000-2014-00815-01.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 17 de junio de 2021. Expediente No. 08001-23-33- 000-2015-00331-01.
M.P. César Palomino Cortés.
• Sentencia de 4 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00445-
02. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 19001-23-33-000-2015-
00445-02. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 25 de noviembre de 2021. Expediente No. 40001-23-40-000-2017-
00134-01. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-
90008-01. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2015-
90008-01. M.P. William Hernández Gómez.
• Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Expediente No. 080001-23-40-000-2014-
90022-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 20 de enero de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-
01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-33-000-2017-00931-
01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01.
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 19 de mayo de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00359-
01. M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 1 de julio de 2022. Expediente No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01.
M.P. Sandra Liseth Ibarra Vélez.
• Sentencia de 22 de agosto de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-00509-01.
M.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
• Sentencia de 22 de septiembre de 2022. Expediente No. 08001-23-33-000-015-
90124-01. M.P. César Palomino Cortés”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2022-00051-01, actor: Ana
Mercedes Velandia.
5. Trámite procesal
Por auto de 17 de mayo de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a
Fiduprevisora S.A., al departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 47422 a 47230, todos
de 24 de mayo de 2023, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denieguen las pretensiones de la acción, en tanto, adujo, el fallo del 27 de marzo
de 2023 no desconoció precedente jurisprudencial alguno, ni vulneró derecho
fundamental alguno, y, por el contrario, aplicó las consideraciones de la sentencia
SU-573 de 2019, por lo que se observa que el actor busca es establecer una
tercera instancia inexistente en el ordenamiento jurídico.
Afirmó que de las sentencias invocadas como desconocidas providencias no se
avizora un precedente que ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá aplicar la
Ley 50 de 1990, para señalar que la Nación – Ministerio de Educación debe
reconocer la sanción moratoria por la “consignación tardía” de las cesantías a los
docentes oficiales, pues, como se indicó en la sentencia cuestionada, dichos
servidores cuentan con una normatividad especial.
Indicó que la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tampoco se expidió en violación directa de la
Constitución, en razón que el principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 de la Carta Política no se puede aplicar de manera indiscriminada, pues el
mismo es procedente en el evento en que dos normas regulen un mismo caso, lo
que no ocurre en el caso, en el que la Ley 50 de 1990, además de contener una
sanción por la tardanza en el pago de las cesantías, indicó que las mismas deben
ser consignadas en cuenta individual y en el fondo que el trabajador escoja,
circunstancias que no son aplicables a los docentes oficiales, pues en virtud de la
Ley 91 de 1989, ellos se encuentran afiliados a un solo fondo sin cuenta individual.
2 La notificación se envió a los correos: yobanylopeznotijud@gmail.com,
sectribadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
contactenos@gobernacionquindio.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
notjudicial2@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
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Demandante: ANA MERCEDES VELANDIA RAMÍREZ
Finalmente, adujo que acceder a lo pretendido por el tutelante sería vulnerar el
principio de inescindibilidad de las normas, en razón que se pretende aplicar un
fragmento del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin tener en cuenta las reglas de
cuentas individuales en la consignación de las cesantías, a las normas especiales
que regulan las cesantías de los docentes oficiales vinculados al FOMAG, Ley 91
de 1989.
6.2. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, por cuanto, sostuvo, lo pretendido por el
actor es discutir nuevamente los argumentos esbozados en la providencia
objetada, como si esta acción fuera una tercera instancia de ese proceso.
Afirmó que a su juicio, en el caso no se cumplen los supuestos de hecho previstos
en el numeral 3) del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la
sanción por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas a favor
de la demandante, “teniendo en cuenta que el empleador no realiza una consignación
por concepto de las cesantías en una cuenta individual a favor de la docente ante el fondo
que esta misma elija, sino que el rubro de cesantías se descuenta de los recursos del
SGP en educación y se traslada de manera global al Fomag, al cual obligatoriamente
debe afiliarse el docente, y cuya dinámica está delimitada en el concepto presupuestal de
unidad de caja, sin que exista una cuenta individual a nombre de cada docente”.
Adicionalmente, indicó que, por encontrarse probado que los recursos del SGP
con los cuales se financian a los docentes nacionales del departamento de Boyacá
para la vigencia 2020, se giraron mes a mes, en el caso no existe mora en la
consignación de las cesantías, lo cual se justifica por el propio modelo de
liquidación y de giro de recursos provenientes del presupuesto nacional.
Para terminar, respecto a los pronunciamientos jurisprudenciales que se citaron
como fundamento de las pretensiones, sostuvo que los mismos no son
semejantes al asunto bajo estudio, además de que, declaró, no existe una
sentencia de unificación en materia de la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías anualizadas a favor de los docentes, por lo que no
ha incurrido en desconocimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, que prevé
la aplicación uniforme de la jurisprudencia.
6.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El apoderado del ministerio rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, en el caso no se vulneraron
derechos fundamentales, pues “la acción de tutela no resulta ser la vía procedente
para obtener el derecho deprecado, ello, atendiendo la normatividad aplicable al caso, así
mismo, se pone de presente al despacho, que por normativa vigente, las pretensiones
solicitadas por el accionante, tanto en vía de lo contencioso administrativo, como por vía
constitucional, no se encuentran bajo la gida misional y funcional del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, por no ser la autoridad competente”.
Agregó que la acción no tiene una clara y marcada importancia constitucional que
haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción
contencioso-administrativa, por el contrario, el accionante utiliza la acción de tutela
para reabrir un debate meramente legal, que puede ser debatido y decidido por los
jueces competentes en las oportunidades y con las figuras legales conforme su
solicitud.
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Finalmente, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva a su
favor, por cuanto, sostuvo, el Ministerio de Educación Nacional no es, ni
representa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG-,
así como tampoco tiene injerencia en las prestaciones sociales responsabilidad de
dicho Patrimonio Autónomo, razón clara por la que cualquier demora o
irregularidad en el trámite no le es imputable.
6.4. Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.
La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó “no existe ninguna conducta concreta,
activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos
fundamentales del accionante en relación con Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que
para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)”, y pidió su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que, adujo, no es la entidad competente para
revocar o modificar actos administrativos y tampoco transgredió los derechos
fundamentales del accionante.
En todo caso, se pronunció sobre la materia objeto de tutela y señaló que de
conformidad con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de
cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas
individuales los recursos para el pago de las cesantías, no obstante, aseveró que
esa modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades
administradoras de cesantías creadas por esa disposición dentro de las cuales no
está el FOMAG, pues se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de
unidad de caja y, por lo tanto, aseveró que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales.
Además, explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes
y que “los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están
presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia”. En ese
punto, señaló que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora
del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación
certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las
entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para
pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia.
En ese marco, aseveró que se produce imposibilidad jurídica de crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio de
unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de “consignación
de cesantías”, pues en el caso de los docentes tienen la posibilidad de retirar sus
cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto, por lo tanto
no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 pues esa figura se consagró para los eventos en que se da consignación
tardía en las cuentas individuales lo que no ocurre en el caso de los docentes.
También señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el precedente
judicial, puntualmente, hizo referencia a la Sentencia SU-098 de la Corte
Constitucional en la que ordenó a la Sección Segunda, Subsección “B” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el
que se tuviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del
principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución sobre el
derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990. Agregó que en cumplimiento de esa decisión se
condenó al municipio de Santiago de Cali al reconocimiento y pago de la sanción
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moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de salario
por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo
año”.
No obstante, precisó que la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de
que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende,
tampoco realizó el pago de las cesantías, circunstancia que difiere del caso bajo
análisis.
En ese orden, resaltó que en dicha providencia se advirtió que “la existencia de
regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar
previamente las particularidades de cada caso concreto”.
Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales a la
accionante, toda vez que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
judiciales vinculantes para la decisión adoptada.
6.5. Intervención del actor frente a las respuestas de la acción de tutela
El actor presentó un escrito en el que anuncia un pronunciamiento en torno las
respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG. En ese
sentido, reiteró los argumentos expuestos en la demanda en torno al
desconocimiento del precedente judicial que establece la aplicación del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y a la inexistencia de un régimen especial de cesantías para
los docentes teniendo en cuenta que las mismas se liquidan anualmente como las
de cualquier empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es
el pago de los intereses.
De otra parte, sostuvo que el artículo 230 de la Constitución dispuso que los
jueces en sus providencias únicamente se encuentran sometidos al imperio de la
ley, que la Ley 270 de 1996 se reconoció a los jueces de la República en la toma
de sus decisiones: i) independencia, ii) autonomía y iii) imparcialidad, “no obstante,
esta (i) autonomía judicial no es absoluta, pues se debe respetar ciertos límites en la
interpretación y aplicación de la Ley, asimismo a través de la Sentencia C-836 de 2001 al
analizar (ii) el concepto del precedente, la Corte Constitucional indicó que en función de
esta autonomía judicial no es dable desconocer abiertamente la jurisprudencia, toda vez
que se prescindiría un deber constitucional de cooperación en aras del correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es por ello, que la aplicación del principio
de igualdad y la garantía de la seguridad jurídica, teniendo en cuenta su envergadura,
debe prevalecer en las actuaciones judiciales”.
Indicó que no desconoce la autonomía e independencia judicial, no obstante,
declaró, si es necesario que por vía de tutela se analice el presente asunto ante la
copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los
empleados públicos que le prestan servicios al país, teniendo en cuenta su
importancia, máxime cuando existe Sentencia de Unificación (098 del 17 de
octubre de 2018) expedida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en donde
se abordó en primera medida el concepto y la finalidad del auxilio de cesantías,
definiéndolo como una prestación social de conformidad con los artículos 42 y 48
de la Constitución Nacional, reiterando el carácter de irrenunciable, y también
señalando que dicha prestación tiene como fin que el trabajador pueda cubrir sus
necesidades en dado caso que se encuentre cesante, o en ciertos casos se
deberá otorgar para el acceso a vivienda y educación (cesantías parciales),
considerándolo así como la prestación social más importante no solo para el
trabajador, sino también para su núcleo familiar.
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Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el pago de la
sanción moratoria por no consignación de las cesantías en tiempo, aplicando lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores
públicos docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después
del 1 de enero de 1990, e incluso así la entidad se encuentre en proceso de
reestructuración no admite que el empleador no reconozca la prestación en tiempo
y forma como lo aduce la norma señalada, “entonces, no es de recibo para esta parte
procesal que teniendo los docentes el carácter de servidores públicos se soslaye esta
modalidad de sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, aduciendo un
presunto régimen especial, aún cuando en el mismo claramente existe una ausencia de
normatividad respecto de esta tipología de sanción moratoria, siendo plausible como bien
se indicó en la Sentencia SU 098 de 2018 la aplicación del régimen general a los
servidores públicos en un tema que fue omitido en la Ley 91 de 1989 (sanción moratoria
por no pago del auxilio de cesantías de acuerdo con la Ley 50 de 1990)”.
Refirió que no es de recibo el argumento propuesto por el Ministerio de Educación
Nacional cuando indica que el presente asunto recae sobre derechos de carácter
económico accesorio y no se trata de mínimos laborales, por cuanto, sostuvo, es
claro que el centro del caso se circunscribe a la obligatoriedad que recae en
cabeza del Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial a la cual se
encuentre adscrito el docente de garantizar el pago en tiempo y forma del auxilio
de cesantías y en consecuencia que esté a disposición del trabajador cuando lo
necesite, lo que desemboca evidentemente en el derecho fundamental a la
seguridad social.
Finalmente, afirmó que por parte del Consejo de Estado se han proferido
alrededor de 21 sentencias en los últimos dos años en las cuales se ha
manifestado que a los docentes afiliados al FOMAG le es aplicable la Ley 50 de
1990, por lo cual “se está solicitando en el presente asunto un trato igualitario, en virtud
del principio de favorabilidad, pues está demostrado un yerro del Estado al no transferir el
monto de las cesantías año por año, por lo cual no es de recibo esa interpretación
restrictiva del Tribunal Administrativo de Boyacá, aun cuando si existe un pronunciamiento
pacífico del Consejo de Estado que ha reconocido el pago de la sanción moratoria por no
consignación de las cesantías en tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos, siendo tan certera su postura que
así la entidad se encuentre en proceso de reestructuración no admite que el empleador no
reconozca la prestación en tiempo y forma como lo aduce la norma señalada, por lo cual,
no es plausible este trato diferencial en el pronunciamiento emitido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 27 de marzo de 2023,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que la actora promovió contra el Fomag y el departamento de Boyacá, incurre en
i) defecto sustantivo, por la indebida interpretación de las leyes 91 de 1989, 50
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de 1990 y 344 de 1996, toda vez que, adujo, en estas sí se prevé la posibilidad de
reconocer la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag, , ii) violación
directa de la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 de la
Constitución Política que consagra el principio de favorabilidad, y en iii)
desconocimiento del precedente judicial, contenido en la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección
Segunda del Consejo de Estado3, sección en la que, indicó, existen dos
posiciones en torno al tema controvertido, pero que “actualmente ha acogido una
interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales vinculados después del
1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990”.
De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, establecido como requisito de
procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones4.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
3 Entre otras, las sentencias de 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23- 33-000-2013-00666-01; 24 de enero de
2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de diciembre de 2019, rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01;
1O de junio de 2020, rad. 08001-23-33- 000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001-23-31- 000-
2014-00254-01; 2 de noviembre de 2020, rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2021, rad.
08001-23- 31-000-2014-00815-01.
4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
6 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante considera que la sentencia de 27 de marzo de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el fallo que negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra el Fomag y el departamento de Boyacá, incurre en i) defecto
sustantivo, por la indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y
344 de 1996, toda vez que, adujo, en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer
la sanción moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag, y en ii) desconocimiento
del precedente judicial, contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que, indicó, existen dos posiciones en torno al tema
controvertido, pero actualmente se ha acogido una interpretación favorable según
7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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la cual a los educadores oficiales vinculados después del 1° de enero de 1990
les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.
4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.
Como se anotó, del expediente ordinario aportado como prueba, se observa que,
en primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja en
sentencia de 26 de octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda, tras
considerar que el régimen de cesantías de los docentes, contemplado en la Ley 91
de 1989, es especial, por lo que no es comparable al que prevé la Ley 50 de 1990.
En la sentencia de primera instancia, el juzgado desestimó la pretensión
encaminada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y frente a la
pretensión de pago de la indemnización por no pagarse directamente los intereses
a las cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, pues consideró que la
misma no es aplicable al caso de la demandante, teniendo en cuenta que los
docentes oficiales ostentan un régimen especial en materia de liquidación de los
intereses anuales causados por concepto de cesantías contemplado en el numeral
3º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y que resulta más favorable en la
liquidación de intereses a las cesantías, negando así las pretensiones de la
demanda.
Narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación, en el
que sostuvo que i) “no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de
unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto
en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron
las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de
Colombia”, ii) que “el régimen especial de cesantías de los docentes se torna
discriminatorio con el régimen general, pues la liquidación a favor de los educadores
resultaría inferior a lo devengado por otro servidor público distinto”, y iii) que “un régimen
especial no puede traer inmerso condiciones menos favorables que el general para los
trabajadores, ya que la finalidad de un régimen especial es mejorar y dar un plus de
condiciones, y que si no se regula una situación específica, en ese régimen especial es
dable traer del régimen general la norma que cubra el vacío normativo”.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia de 27 de
marzo de 2023, confirmó el fallo impugnado, luego de considerar que para el caso
de los docentes no existen varias fuentes de derecho que prevean consecuencias
jurídicas disímiles respecto de las consecuencias del desembolso extemporáneo
de las cesantías anualizadas o de sus intereses a favor de los docentes oficiales,
“porque, de hecho, este régimen no contemplaba las penalidades que reclama la
demanda, de acuerdo con la fecha de vinculación de la parte actora (para ese momento
no existía una norma en el régimen especial que pudiera compararse con las del general).
Y, por eso mismo, no puede hablarse de dudas interpretativas serias y objetivas, pues
para disiparla cualquier inquietud basta verificar las normas que regulan el auxilio de
cesantía a favor de este grupo específico de servidores”, por lo que no le era aplicable
la Ley 50 de 1990.
En el fallo objetado, la autoridad accionada, luego de hacer amplia referencia al
marco jurisprudencial y legal aplicable al caso sostuvo lo siguiente:
“(…) la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general (numeral
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990) y aplicarla a un régimen especial de
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docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989), sería crear un tercer régimen
no previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.
102. Lo anterior en razón que, si se acoge un principio de favorabilidad, al aplicar una
norma más beneficiosa, lo cierto es que la misma debe ser acatada en su integridad y
no de manera fraccionada, por lo que, al observar la totalidad de régimen prestacional y
salarial de los docentes, consagrado en la Ley 91 de 1989, resulta más provechoso en
conjunto, que el régimen general o privado, ante los beneficios en materia salarial con
los que cuentan los docentes oficiales. Por lo tanto, no es de recibo que para un
tema particular como las cesantías se regulé conforme la Ley 50 de 1990 y el
resto de las prerrogativas conforme la Ley 91 de 1989.
103. De otro lado, el principio de favorabilidad aplica en el evento que dos
normas regulen una misma situación fáctica, requisito que no se configura en el
presente asunto, pues la Ley 50 de 1990 regula las situaciones en que un empleado
público se encuentra afiliado a un fondo privado de pensiones, en cambio la Ley 91 de
1989 regula las situaciones de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en ese sentido, como existe norma para cada
caso concreto, no hay lugar a realizar algún análisis de favorabilidad.
104. Tampoco se observa una vulneración al principio de igualdad al negar la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en razón que tal regla se predica en el evento que
se observe una discriminación respecto de trabajadores que ejerzan las mismas
funciones y se hallen en las mismas condiciones, es decir que tal principio “ordena
dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato
diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho”.
105. Por tal razón, no es discriminatorio que para un grupo de trabajadores como lo son
los docentes oficiales, que cuentan con una jornada laboral diferente, un régimen de
vacaciones y unas funciones distintas a los demás servidores públicos, se les aplique
una norma especial como lo es la Ley 91 de 1989 y no la general descrita en la Ley 50
de 1990.
106. Ahora, la Sala no acoge la tesis de la recurrente, relativa en que la SU-098 de
2018 reconoció la sanción moratoria descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 para el personal docente; en razón que dicha sentencia no es aplicable al
presente caso, por no guardar identidad fáctica, especialmente porque en el caso
aquí estudiado la demandante sí está afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, tal como lo consideró la misma Corte en sentencia SU-
573 de 2019.
107. Es decir, que la misma Corte Constitucional explicó que la SU-098 no es un
criterio para aplicar a los docentes pertenecientes al FOMAG, como es el presente
caso, pues la demandante Ana Mercedes Velandia se encuentra afiliada a dicho fondo
especial, en el cual no se describe fecha para la consignación de las cesantías
anualizadas en cuenta individual, al referir que “esta sentencia tampoco constituye un
precedente aplicable al asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar
prima facie una amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de los
tutelantes”.
108. Tal como lo refirió el Tribunal Constitucional, se tiene que la SU-098 posee las
siguientes diferencias que no la hacen aplicable, respecto al caso bajo estudio: (i) En el
presente asunto se analiza el caso de una docente actualmente vinculada con el
Departamento, en el caso del 2018 el docente había finalizado su vinculación legal y
reglamentaria; (ii) aquí la docente fue afiliada al FOMAG, en cambio en el proceso de
la Corte el educador no estaba afiliado a tal fondo; (iii) en el asunto de la referencia no
se reclama el pago de las cesantías, solo la mora; pero en el proceso de tutela el
docente reclamó y le pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por
consignación tardía, no obstante en el asunto de la Corte se reclamó la sanción por no
consignación. Razones estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no
sea aplicable al caso concreto.
(…)
113. Conforme al cuadro anterior, la Sala concluye que no existe precedente
emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los
presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a
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favor de los docentes vinculados al FOMAG. Si bien existe un pronunciamiento
de 19 de enero de 2023 emitido por el órgano de cierre de esta jurisdicción
accediendo a pretensiones similares a las aquí analizadas, lo cierto es que, dicha
decisión no configura un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón que
no se hace un estudio respecto de las sentencias de unificación 573 de 2019 y
041 de 2020”.
De la no aplicación de la indemnización prevista en la Ley 52 de 1975 por la
consignación tardía de los intereses a las cesantías a los docentes. (…)
117. Sin ahondar en un mayor análisis al realizado en primera instancia, considera la
Sala que le asiste razón a la juez, en la medida que la indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo
reconocimiento pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez que la
citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza la
demandante, la cual es docente del orden territorial. (…)
121. En esa medida, la indemnización solicitada no es compatible con la
normatividad aplicable a los docentes, en razón que el régimen especial docente
dispuesto por la Ley 91 de 1989 y Acuerdo No. 39 de 1998, se itera, prevén la
forma como debe liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe
realizar el desembolso, sin que prevea indemnización alguna en los términos
solicitados por la demandante”. (Resaltado de la Sala).
Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, estudiaron de manera suficiente lo
relativo al régimen prestacional aplicable a los docentes escalafonados, en
específico respecto de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizado y de los intereses a las mismas, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda.
4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela relativos a la presunta configuración de los
defectos sustantivo, por violación directa de la Constitución y por desconocimiento
del precedente judicial, independientemente de que se quieran encuadrar en la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto
con el principio a la seguridad jurídica, lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con la aplicación para el caso de las Leyes 50
de 1990 y 52 de 1975 y con el desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018
proferida por la Corte Constitucional y, en tal razón, carecen de la relevancia
constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez de tutela, pues son un
aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del proceso ordinario en sus dos
instancias, en el que se concluyó que dichas normas no eran aplicables por ser
incompatibles con el régimen de la Ley 91 de 1989, al que el demandante
pertenece.
Cuestión diferente es que la parte actora, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dicho cargo por parte de las autoridades judiciales,
presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir
el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia
adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
La Sala considerar relevante señalar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
ha adoptada decisiones en sentido similar, (i) en la sentencia de 25 de mayo de
20238, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
8 M.P.Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. M.P. Milton
Chaves García.
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presupuesto de relevancia constitucional ya que la actora pretendía reabrir el
debate legal en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación, y (ii) en la
sentencia de 18 de mayo de 20239, en la que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado abordó un caso de contornos fácticos similares y también advirtió que el
asunto no revestía relevancia constitucional, porque la actora acudió al medio de
protección constitucional para revivir el debate ya superado en el trámite del
proceso ordinario.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-573 de 201910, concluyó que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional tras considerar que el asunto propuesto
versaba sobre una cuestión meramente legal, que no impactaba la garantía de
derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se proponía que el juez de
tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes les resulta
aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley
344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales,
nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que
debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no consignación
oportuna de la prestación social.
En dicha sentencia, la Corte Constitucional estableció que la relevancia
constitucional tiene tres finales, a saber: “(i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces”11.
De igual forma, en la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional recordó
que el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere
“involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la
competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas
de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, junto con el principio de seguridad jurídica, a la
manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate litigioso
relacionado con hacer extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de
1990 al personal docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el
artículo 99 de esa normativa.
9 M.P. Wilson Ramos Girón. Expediente No. 11001-03-15-000-2023-01500-00. Actora: Sandra Elena Espinosa
López.
10 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
11 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
12 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Ana Mercedes Velandia Ramírez, a través de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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