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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02670-00

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02670-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Presidente de la República, de conformidad con las razones expuestas en la presente decisión. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Sherley Jisseth Fragoso Carmona, vulnerado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En consecuencia, ORDENAR al titular de la citada entidad que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, responda de manera completa las solicitudes elevadas por la señora Sherley Fragoso en la solicitud en ejercicio del derecho de petición de 6 de marzo de 2023 y notifique, en los términos de ley, el contenido de la respectiva comunicación. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de amparo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. 17 Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00 Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02670-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: SHERLEY JISSETH FRAGOSO CARMONA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. NIEGA LAS DEMÁS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana Sherley Jisseth
Fragoso Carmona en contra del Presidente de la República, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del Superintendente
Delegado para Energía y Gas Combustible, y del Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Sherley Jisseth Fragoso Carmona solicitó el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso y de petición, cuya vulneración le atribuyó
a la omisión de las accionadas de dar respuesta al derecho de petición de 6 de
marzo de 2023 y a las siguientes acciones: (i) omitir asistir al «[...] consejo
comunal de capacitación [...]» que se llevó a cabo el 26 de mayo de 2023; (ii)
exigir el «[...] CERTIFICADO [sic] DE LIBETAD [sic] Y TRADICCION [sic]
CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]» para resolver sobre las solicitudes de
«[...] rompimiento de la solidaridad [...]», (iii) omitir investigar «[...] la conducta de
los superintendente de Cartagena, montería [sic] y barranquilla [sic] [...]», y (iv)
omitir realizar un consejo comunal «[...] para que todos los usuarios del cesar [sic]
y la guajiras [sic] coloque sus denuncia [sic] y quejas contra la superservicios y la
empresa de servicios públicos domiciliarios , [sic] y se garanticen los mecanismo
[sic] de participación ciudadana [...]».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Indicó que es propietaria del inmueble ubicado en la calle 2 Bis 1, carrera 23-30,
en el barrio Villa Rosa en la ciudad de Valledupar y precisó que, en la factura de
servicio público de energía, se encuentra registrada como la propietaria del citado
inmueble.

2.2. Expuso que, entre el 1 de junio de 2018 y hasta el 20 de diciembre de 2020, le
arrendó el inmueble a la señora Mary Celina Campo, quien dejó una deuda
pendiente por la suma de $3.000.000 correspondiente al servicio de energía.

2.3. Manifestó que, con fecha 1º de febrero de 2021, radicó ante el prestador
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., solicitud número RE3110202105211 para que
se declarara la ruptura de la solidaridad sobre la deuda que presenta el inmueble de
la referencia, e igualmente solicitó que se eliminaran los montos financiados en sus
facturas.

2.4. Señaló que, con fecha 11 de febrero de 2021, el prestador resolvió no acceder a
las peticiones debido a que existía una inconsistencia entre la dirección del inmueble
aportada con el certificado y la que aparece registrada en el sistema de la entidad.

2.5. Puntualizó que, con fecha 17 de febrero de 2021, la parte actora presentó recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la decisión del prestador, y
agregó que, mediante oficio de 23 de febrero de 2022, la entidad confirmó la
decisión recurrida y concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

2.6. Aseguro que, mediante la Resolución número SSPD – 20228600288075 de 4 de
abril de 2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Dirección
Territorial Nororiente confirmó la decisión de primera instancia y, en consecuencia,
no se accedió a la ruptura de la solidaridad en razón a que: «[…] la señora
SHERLEY JISSETH FRAGOZO CARMONA no cumplió con la carga de la prueba,
por lo que no es posible decretar la ruptura de la solidaridad. […]».

2.7. Sostuvo que el 6 de marzo de 2023 radicó una solicitud en ejercicio del derecho
de petición dirigido al Presidente de la República, al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y
Gas Combustible, y a la Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el que solicitó lo
siguiente:

[…] que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la
comisión de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto Buitrago
superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego Alejandro
Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para energía y
gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o quien haga
sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para la
vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la doctora MARIA
SIERRA MARIN, , el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR
TERRITORIAL NORTE , CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ
DIRECTORIA NORIENTE,KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS
manifieste los siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para
darle tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el
ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16
de la ley 1755 del 2015, articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9
de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como
son el certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,donde
predominan la dirección de la factura de energía?,

B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por
solidaridad, alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no
coincide con la dirección que registra la factura de energía, donde no le
exigen a la empresa la carta catastral , levantamiento catastral conforme a los
artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,

C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de
quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los
consumos sin importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558
DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,

D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de forma
unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley
142 de 1994 y los precedentes de la corte constitucional EN LAS
SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-
060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21
C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008
T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003

E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de conformidad
artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de
mayo de 2021,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa presento factura a mi
NOMBRE

TERCERO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable,
Dagoberto Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor
diego Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda
Gutiérrez o quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno
de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública , le
soliciten a la superintendencia de servicios publico, QUE manifieste la
superservicicios porque mas del 90% de los recureso de queja y de apelación
son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia el superior
jeralquico funcional de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la
constitución y la ley , exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la
ley , para no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición
cometiendo prevaricato por acción omisión y extralimitación de funciones ,
donde ni la superservicios, ni la empresa manifiestan cual es la ley que la
facultan para exigir el , certificado de libertad y tradición expedido por la
oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por,
el instituto de Agustín Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas
certificaciones, la dirección no coincide con la factura de energía, niega el
derecho de petición, sin que la empresa aporte la carta catastral y el
levantamiento CATASTRAL , que define cual es la dirección del predio,
además la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar
cual es la dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos
101 al 104 de la ley n142 de 1994 es al municipio que le corresponde realizar
la estratificación, fijar las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio,
además la superservicios exige como requisito absoluto , el pago de la factura
solidaria, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y la pone en
reclamo , ala súper no le importa esto o la paga , o la paga sin importar que
esa factura solidaria sea una sanción,violando la siguiente sentencias Corte
Constitucional
(…)
CUARTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director
de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto
Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego
Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para
energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o
quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría
delegada para la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el
núcleo esencial del derecho de petición dándome una respuesta de fondo , ,
clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir
inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad ,
que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones,,
concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior
jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve complementado con la
revisión superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la vía gubernativa. ,conforme a los artículos 74, la 77
de la ley 1437 del 2011,artículos, 152, 154,155, y159 de la ley 142 de 1994,
articulo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos y las

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

sentencias (su213/21 T044/19, T-077/18 C-418 de 2017 T-230/20 C-818/11
C-007/17 T-473/98, ) , , precisión, y congruencia; así como con cumplimiento
a los criterios de suficiencia y efectividad., refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas, y desarrollen todo lo
pedido sin excusa),

QUINTO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE
AIR-E,y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya
un fallo de finitivo sobre esta denuncia queja así mismo le advierta que de
conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este
artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en
la sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá
garantizar el debido proceso administrativo, , ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales

SEXTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director
de la comisión de regulación de energía y gas y agua potable, Dagoberto
Buitrago superintendente de servicio públicos domiciliarios, doctor diego
Alejandro Ossa Urrea o quien haga sus veces superintendente delegado para
energía y gas combustible,doctora Magda Yaneth Castañeda Gutiérrez o
quien haga sus veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores procuraduría
delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A
ESTA SUPERINTENDENCIA PORUQE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555 del 18
de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa como es el
certificado de libertad y tradición , por lo que lo puede consultar en la página
de la oficina de instrumentos públicos¡¿ que el señor presidente ordene a la
empresa de energía y a la superservicios que manifiesten bajo la gravedad de
juramento cuales son los fundamentos constitucionales para poder exigirlo,
señalar la ley numéricamente?DONDE ESTA SUPERSERVCICIO LE DIO
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EXPEDIDA
POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021) t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 ,
10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,)

SEPTIMO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO ,
COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS
LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO sala
contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo
Giraldo LópezNorma demandada: aparte que indica “los porcentajes que fijen
las empresas en las condiciones uniformes del contrato” del parágrafo 1 del
artículo 37 de la Resolución número 108 de 3 de julio de 1997Demandante:
Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación – Ministerio de
Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía y Gas.Bogotá D.C.,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021)Expediente: 11001 03 24 000
2020 00058 00 Referencia: Procede la medida cautelar de suspensión
provisional del acto administrativo que faculta a las empresas prestadoras del
servicio público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que constituyen
desviaciones significativas. DECRETAR la suspensión provisional suspensión
provisional del aparte que indica “los porcentajes que fijen las empresas en
las condiciones uniformes del contrato” del parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución número 108 de 3 de julio de 1997, expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, de acuerdo con lo enunciado en la parte motiva
de esta providencia.

Donde señor presidente la comisión de regulación de energía y gas apelo
dicha sentencia , donde el presidente se encuentra facultado para anular
dicha competencia y expedir un decreto provisionalmente minestra el
congreso reforme el artículo 149 de la ley 142 de 1994 y fije de cuanto es la
desviación significativa para todos los servicios públicos DE IGUAL FORMA
INVESTIGUEN LAS ALTAS TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa
interaseo y la empresa emdupar en el consumo de arcantarillado que lo
aumento mas del 300%

OCTAVO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO ,
COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y
GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA
METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese a lo que
se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial
y de servicios Noveno que el señor presidente realice un consejo comunal de
servicios publico a qui en Valledupar para que se invisten a todos los vocales
de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones de usuarios, defensores
de la comunidad con la presencia de las delegadas de la superservicicios con
la presencia también del presidente y el superintendente de servicios públicos
, donde el presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como
es el doctor JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA C-
558 DEL 2001 DONDE LA EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR MAS
DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE exigiendo
que lo usuarios estén a paz y salvo en la factura para poder darle tramite a los
recursos de ley, donde exigen el pago de deuda hasta del 1998 , así mismo
invitar con el magistrado Manuel José cepeda espinosa ponente de la
sentencia c-150 del 2003 , donde dejo en claro que las empresa no pueden
suspender el servicio de energía apisona sujeta de protección constitucional,
y que deben expedir un acto administrativo , debido que ningún abogado de la
superservicicios se encuentra capacitado para contestar las preguntas que
realice melkis Kemmerer que ha vivido en carne propia 20 años de atropello
de la superservicicios, que es un elefante blanco , ante los usuarios de la
costa que se demora para fallar unos recurso hasta 48 meses cunado la
norma establece un plazo máximo de 90 días si hay prueba , así mismo
señores autoridades si no fuera por melkis Kemmerer las empresa de
servicios de energía todavía tuvieran cobrando sanciones y energía dejadas
de facturar gracia a dios que la sentencia que ganó ante la cortes
constitucional anularon todos estos cobros ilegales en la sentencia T-270 DEL
2004 […]. [sic en toda la transcripción]

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

2.8. Indicó que, con fecha 16 de marzo de 2023, la Presidencia de la República, a
través del Jefe (E) de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano, le contestó lo
siguiente:

[…] [R]ecibimos su comunicación dirigida a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG,
entre otras, y que remite en copia a la Presidencia de la República.

Con relación a su solicitud, sería del caso remitirla a las entidades legalmente
competentes para dar respuesta a su petición; sin embargo, como quiera que la
situación expuesta ya es conocida por las mismas, nos abstenemos de enviarla
nuevamente, en aras de facilitar la gestión de la administración pública y evitar
duplicidad en la información interinstitucional, en virtud de los principios que
rigen las actuaciones administrativas de conformidad con lo establecido en la
Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015 […].

2.9. Aseveró que las otras autoridades accionadas no habían emitido respuesta a su
solicitud en ejercicio del derecho de petición.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló, dentro del escrito de aclaración de su tutela, las
siguientes pretensiones:

[…] 1 Señor juez constitucional , lo que yo busco con esta acción de tutela, es
que el presidente de Colombia y la superintendencia de servicios públicos ,
cumplan sus funciones establecida en los artículos 365 al 370 de la
constitución y los artículos 75,79, de la ley 142 de 1994 , y cumplan sus
funciones

2 que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, se adstenga de
exiguir requisito no autorizado por la constitución y la ley para poder conceder
el nucleo esencial y decretar el rompimiento de la solidaridad, donde los
requisito que exiguen la superservcicio es certificado de extradiccion y libertad
y el certificado de nomenclatura donde estos requisito están prohibido por los
artículos 84 de la constitución SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN BBogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021). (...)DONDE DEJO EN CLARO QUE NO ES
CONSTITUCIONAL EXIGUIRLE A LOS PROPIETARIO DE LAS VIVIENDA
CERTIFICADO DE LIBETAD Y TRADICCION CERTIFICADO DE
NOMENCLATURA, PARA DEMOSTRAR la titularidad del inmuebles , ya que
el contrato de arrendamiento no tiene ninguna formalidad y este se puede
demostrar por cualquier medio de prueba, así mismo la empresa no puede
exigir, requisito adicionales y mucho menos que ya reposan en sus poder, y
también manifestó que si la factura de energía aparece a nombre de la
persona que radico la petición de solidaridad, no es necesario aportar más
documento de igual forma dejo en claro que lo únicos requisito autorizado por
la constitución y la ley para accionar un derecho de petición son lo que exige
el artículo 16 de la ley 1755 del 2015, donde los requisitos adicionales están

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

prohibido por el artículo 84 de la constitución artículo 9 de la ley 1437 del
m2011 y el artículo 9 de la ley , artículo 9 de la ley 962 del 2005 ,

3 que el presidente ordene a la superservicios que se abstenga de exigir el
pago de lo que no está objeto de reclamos sin importar que la la modalidad de
recursos violando la sentencias deuda es de 1998 , para poder darle tramite
al derecho de petición en Sentencia C-558-01 de 5 de mayo de 2001 (…)
(…)
4 que el juez constitucional ordene al presidente a la superservicios y a la
comisión de regulación de energía y gas asita al consejo comunal que se iba
a celebrar el 26 de mayo en la cámara de comercio de Valledupar y a pesar
que fueron invitado ninguna autoridad fue , donde este consejo comunal de
capacitación era para capacitar a la comunidad y a los vocales de control , de
conformidad con los artículos 65,y 79 de la ley 142 de 1994, articulo 17,al20
del decreto 1429 del 2005 artículo 1,2,1020,103,y 270, 365 al 370 de la
constitución, ley 1757 del 2015 , asi mismo señor juez constitucional este
consejo de capacitación , fue aplazado para este mes de junio y julio del
2023, la cuales ya se enviaron nuevamente las invitaciones ,al presidente a la
superservicios y a las comisiones de regulación ,para que escogieran las
fechas de asistencias

5 señor magistrado lo que busco con esta accion de tutela es también que los
doctores DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA SUPERINTENDENTE
DELEGADO PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE,DOCTORA MAGDA
YANETH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ JEFE OFICINA DE CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICO DOMICILIARIOS investiguen la conducta de los
superintendente de Cartagena, montería y barranquilla , debido que más
del 90% de los fallos por quejas y apelación son fallado a favor de las
empresa y encontrar de los usuarios, exigiendo requisitos no autorizado
por la constitución y la ley ,

Así mismo que la procuraduría asuma sus funciones y de manera
preventiva , investigue esta conducta , y se abstenga de investigarla a si
como mlo dejo claro la misma superintendencia a contestar esta 137 de
nuncia […]. [sic en toda la transcripción]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 23 de
mayo de 2023, inadmitió la solicitud de amparo y le concedió a la actora el
término de tres días para «[...] (i) exponer concretamente las razones por las
cuales le atribuye la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales a las
entidades accionadas; y (iii) formular pretensiones precisas y concretas respecto
de cada una de ellas, so pena de rechazo. […]».

4. Una vez subsanada la acción de tutela, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 6 de junio de 2023, admitió la
presente acción de tutela en contra del Presidente de la República, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del Superintendente
Delegado para Energía y Gas Combustible, y de la Jefe Oficina de Control

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

Disciplinario Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. También se ordenó notificar al agente del Ministerio Público para
lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderada judicial, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente
la presente acción de amparo porque «[…] si el actor no está de acuerdo con la
decisión de este organismo por la cual se resolvió recurso de Apelación,
actuación con la que se agotó la vía gubernativa, no le queda otro camino jurídico
que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar por la
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (art. 138 del CPACA.), siendo
improcedente a través de la Acción de Tutela. […]».

5.2. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe
en el que advirtió que los sistemas de información de la entidad solo aparecía una
petición radicada por la actora, a la cual se le dio respuesta el 16 de marzo de
2023, a través del radicado número OFI23-00047830 / GFPU 13150000. Agregó
que la presidencia carecía de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que
«[…] no es la autoridad competente para ejercer labores de inspección, vigilancia
y control por irregularidades que se han cometido en la expedición y cobro de sus
facturas de servicios públicos domiciliarios que expide la empresa AFINIA. […]».
Con base en lo anterior solicitó que se declarara improcedente la presente acción
de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

VI.2. Cuestión previa

7. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:

[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción […].

9. En este contexto, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación formulada por la entidad referida porque esta era uno
de los destinatarios de la solicitud en ejercicio del derecho de petición radicada, el
6 de marzo de 2023, por la señora Sherley Jisseth Fragoso Carmona, y que
originó la presentación de la referida acción de tutela.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer: si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, con ocasión de la supuesta falta de respuesta a la
solicitud en ejercicio del derecho de petición elevada el 6 de marzo de 2023.

11. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición

12. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

13. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.

14. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de
ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser
notificada de manera eficaz para su debida materialización.

VI.5. Caso concreto

15. La ciudadana Sherley Jisseth Fragoso Carmona solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de petición, cuya vulneración le
atribuyó a la omisión de las accionadas en dar respuesta a la petición de 6 de
marzo de 2023, así como por las siguientes abstenciones: (i) omitir asistir al «[...]
consejo comunal de capacitación [...]» que se llevó a cabo el 26 de mayo de 2023;
(ii) exigir el «[...] CERTIFICADO [sic] DE LIBETAD [sic] Y TRADICCION [sic]
CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]» para resolver sobre las solicitudes de
«[...] rompimiento de la solidaridad [...]», (iii) omitir investigar «[...] la conducta de
los superintendente de Cartagena, montería [sic] y barranquilla [sic] [...]», y (iv)
omitir realizar un consejo comunal «[...] para que todos los usuarios del cesar [sic]
y la guajiras [sic] coloque sus denuncia [sic] y quejas contra la superservicios y la
empresa de servicios públicos domiciliarios , [sic] y se garanticen los mecanismo
[sic] de participación ciudadana [...]».

VI.5.1. Análisis del caso concreto

16. En esta ocasión la actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de petición, los cuales estimó vulnerados por la omisión de las
accionadas de responder en forma concreta al derecho de petición de 6 de marzo
de 2023 y por las abstenciones que se mencionaron en el anterior numeral.

4 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y

las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572
de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-
1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

17. En el anterior contexto, la Sala estima pertinente hacer las siguientes precisiones
debido a la poca claridad de los hechos y pretensiones de la presente acción de
amparo:

17.1. La señora Sherley Fragoso Carmona, con fecha de 1° de febrero de 2021,
presentó una reclamación ante la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
en la que solicitó, entre otros aspectos, que se efectuara la ruptura solidaria por la
deuda comprendida desde el 1 de junio de 2018 hasta el 1 de febrero de 2021.

17.2. Lacitada reclamación, tal como se advierte del contenido del oficio N°
202313220558 de 14 de junio de 2023, allegado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, fue resuelta por la sociedad Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. mediante el oficio N° 202170041178 de 11 de febrero de 2021.

17.3. En el citado oficio se negó la solicitud de «[…] ruptura de solidaridad […]», a lo
que se agrega que en contra de esta decisión la parte actora presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, por medio del cual solicitó que se modificara
o revocara la decisión. El prestador, mediante decisión de 23 de febrero de 2022,
confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

17.4. A través de la Resolución número SSPD – 20228600288075 de 4 de abril de
2022, la citada Superintendencia, por medio del Director Territorial Nororiente de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, confirmó la decisión de
primera instancia y, por ende, no accedió a la ruptura de la solidaridad en razón a
que: «[…] la señora SHERLEY JISSETH FRAGOZO CARMONA no cumplió con la
carga de la prueba, por lo que no es posible decretar la ruptura de la solidaridad.
[…]»

17.5. La parte accionante, con fecha 6 de marzo de 2023, presentó una nueva
petición dirigida al Presidente de la República, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía
y Gas Combustible, y a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la que elevó
las solicitudes citadas en los hechos de la presente providencia.

17.6. Enrelación con el derecho de petición de 6 de marzo de 2023, la actora
manifestó que no había recibido respuesta de fondo por parte de ninguna de las
autoridades accionadas.

17.7. En cuanto a las peticiones de esta acción constitucional se pone de relieve que
la parte actora solicita: (i) que se ordene al Presidente de la República y a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cumplimiento de sus

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

funciones; (ii) que se ordene al Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no exigir requisitos adicionales a los contemplados en la ley para
decretar la «[…] ruptura de solidaridad […]»; (iii) que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios «[…] se abstenga de exigir el pago de lo que no
está objeto de reclamos sin importar que la deuda es de 1998, para poder darle
tramite al derecho de petición […]5»; (iv) que se le ordene al Presidente de la
República y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asistir al
«[…] consejo comunal que se iba a celebrar el 26 de mayo en la cámara de
comercio de Valledupar y a pesar que fueron invitado ninguna autoridad fue , donde
este consejo comunal de capacitación era para capacitar a la comunidad y a los
vocales de control […]6»; (v) que se ordene al Superintendente Delegado para
Energía y Gas Combustible y al Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios «[…] investiguen
la conducta de los superintendente de Cartagena, montería y barranquilla , debido
que más del 90% de los fallos por quejas y apelación son fallado a favor de las
empresa y encontrar de los usuarios, exigiendo requisitos no autorizado por la
constitución y la ley […] 7», y (vi) que «[…] la procuraduría asuma sus funciones y de
manera preventiva , investigue esta conducta , y se abstenga de investigarla a si
como mlo dejo claro la misma superintendencia a contestar esta 137 de nuncia […]
8». [sic en todas las citas]

17.8. Así las cosas, la Sección, en primera medida, analizará si en el caso de autos se
vulneró el derecho fundamental de petición. Igualmente, se emitirá un
pronunciamiento respecto de las demás pretensiones de amparo planteadas por la
actora, las cuales fueron previamente identificadas en el párrafo anterior.

VI.5.1.1. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de
la accionante

A) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
parte de la Presidencia de la República

18. En lo que atañe a las actuaciones del Presidente de la República se tiene que
el primer mandatario de la Nación dio respuesta al derecho de petición de la
actora a través del oficio N° OFI23-00047830 / GFPU 1315000 de 16 de marzo de
2023, el cual le fue notificado a la señora Sherley Jisseth Fragoso Carmona, a
los correos electrónicos oficinadequejasyreclamos@gmail.com,
melkiskammerer@hotmail.com y melkiskammerer@hotmail.com En la respuesta
aludida, la accionada sostuvo lo siguiente:

5 Pretensión tercera.
6 Pretensión cuarta.
7 Pretensión quinta.
8 Pretensión quinta.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02670-00
Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

[…] Con beneplácito recibimos su comunicación dirigida a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y Comisión de Regulación de Energía y
Gas - CREG, entre otras, y que remite en copia a la Presidencia de la
República.

Con relación a su solicitud, sería del caso remitirla a las entidades legalmente
competentes para dar respuesta a su petición; sin embargo, como quiera que
la situación expuesta ya es conocida por las mismas, nos abstenemos de
enviarla nuevamente, en aras de facilitar la gestión de la administración
pública y evitar duplicidad en la información interinstitucional, en virtud de los
principios que rigen las actuaciones administrativas de conformidad con lo
establecido en la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015.

Agradecemos su comprensión y respetuosamente le sugerimos esperar a que
la(s) entidades (es) competente(s) se pronuncie(n) sobre el particular.

Seguiremos trabajando para hacer de Colombia una potencia mundial de la
vida y permanecemos atentos a cualquier otro requerimiento. […].

19. Así las cosas, se observa que el oficio N° OFI23-00047830 / GFPU 1315000 de
16 de marzo de 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Relacionamiento con el
Ciudadano de la Presidencia de la República y por medio del cual se dio
respuesta a la solicitud radicada por la accionante, satisface el núcleo esencial del
derecho de petición porque es congruente con la solicitud que fuere radicada por
la actora.

20. Esto es así porque el Presidente de la República manifiesta no ser competente
para dar una respuesta frente a las solicitudes planteadas, e igualmente,
menciona que no remitió el derecho de petición a las autoridades competentes en
razón a que observa que el accionante ya radicó la petición ante las entidades a
las que le corresponde dar respuesta.

21. Por tal motivo, la Sala no advierte que el primer mandatario de la Nación haya
vulnerado el derecho fundamental de la accionante.

B) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por sus
funcionarios

22. En cuanto atañe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
al Superintendente Delegado para Energía y Gas, y al Jefe de la Oficina de
Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;
se tiene que la actora radicó petición el pasado 8 de marzo de 2023 en la
dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co;
por lo que las autoridades accionadas tenían hasta el 30 de marzo de 2023 para
responder la solicitud elevada por la accionante.

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

23. Sin embargo, advierte la Sala que no existe evidencia en el presente proceso
constitucional en torno a que las citadas autoridades hubiesen brindado respuesta
al mencionado escrito de petición.

24. Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
accionante y, en consecuencia, le ordenará al Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación
de este esta providencia, responda el derecho de petición de 6 de marzo de 2023 y
notifique el contenido de la respuesta a la peticionaria.

VI.5.1.2. De las otras pretensiones elevadas en el presente escrito de amparo

24.1. Como se señaló con anterioridad, la señora Sherley Jisseth Fragoso
Carmona solicitó, además de la protección de su derecho de petición, que esta
Sección emitiera las siguientes órdenes: (i) que se ordene al Presidente de la
República y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el
cumplimiento de sus funciones; (ii) que se ordene al Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no exigir requisitos adicionales a los
contemplados en la ley para decretar la «[…] ruptura de solidaridad […]»; (iii) que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios «[…] se abstenga de
exigir el pago de lo que no está objeto de reclamos sin importar que la deuda es de
1998, para poder darle tramite al derecho de petición […]9»; (iv) que se le ordene al
Presidente de la República y al Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios asistir al «[…] consejo comunal que se iba a celebrar el 26 de mayo
en la cámara de comercio de Valledupar y a pesar que fueron invitado ninguna
autoridad fue , donde este consejo comunal de capacitación era para capacitar a la
comunidad y a los vocales de control […]10»; (v) que se ordene al Superintendente
Delegado para Energía y Gas Combustible y al Jefe Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios «[…] investiguen la conducta de los superintendente de Cartagena,
montería y barranquilla , debido que más del 90% de los fallos por quejas y
apelación son fallado a favor de las empresa y encontrar de los usuarios, exigiendo
requisitos no autorizado por la constitución y la ley […] 11», y (vi) que «[…] la
procuraduría asuma sus funciones y de manera preventiva , investigue esta
conducta , y se abstenga de investigarla a si como mlo dejo claro la misma
superintendencia a contestar esta 137 de nuncia […] 12». [sic en todas las citas]

25. Vista
la naturaleza de las anteriores solicitudes, la Sala advierte que estas
escapan de la órbita del juez de tutela, en atención a que no develan la

9 Pretensión tercera.
10 Pretensión cuarta.
11 Pretensión quinta.
12 Pretensión quinta.

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

vulneración de algún derecho fundamental, sino que guardan relación con el
cumplimiento de funciones por parte de servidores públicos.

26. Sumado a lo anterior, debe destacarse que la accionante no expuso las
razones por las cuales las supuestas omisiones -descritas en el numeral 23.1. de
esta providencia- condujeron a la vulneración de sus garantías fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Presidente de
la República, de conformidad con las razones expuestas en la presente decisión.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Sherley
Jisseth Fragoso Carmona, vulnerado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. En consecuencia, ORDENAR al titular de la citada
entidad que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, responda de manera completa las solicitudes elevadas por la
señora Sherley Fragoso en la solicitud en ejercicio del derecho de petición de 6 de
marzo de 2023 y notifique, en los términos de ley, el contenido de la respectiva
comunicación.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de amparo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

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Accionante: Sherley Jisseth Fragoso Carmona

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente (E) Ausente en Comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (30)

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