Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03870-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03870-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03870-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Accionado: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN PROFERIDA DENTRO
DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO -DECLARA
IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA Y POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO-
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana María Patricia
Tobón Yagarí contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María Patricia Tobón Yagarí solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y
patrimonio», cuya vulneración le atribuyó a los autos de 15 de septiembre de 2022,
14 de febrero y 31 de mayo de 2023, proferidos por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja y a los autos de 22 de septiembre de 2022,
22 de febrero y 7 de junio de 2023, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro de los incidentes de desacato que se tramitaron con los números
únicos de radicación 15001-33-33-011-2022-00122-00/02/03/04.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el señor Jhon Sebastián Hernández García1 presentó acción de tutela
para que se le protegieran los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la vida digna y a la dignidad humana, que en su concepto le fueron
violados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
1
De acuerdo con lo informado por la UARIV, dentro del proceso de acción de tutela Nº 15001 33 33 011 2022 00122 – 00/01,
el señor Jhon Sebastián Hernández García se encuentra con estado de inclusión por el hecho victimizante de
“Desplazamiento Forzado” bajo el marco normativo de la Ley 387 de 1997 SIPOD 1268879.
2
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
UARIV2, al considerar que la mencionada entidad tramitó de manera errada su
solicitud de «[…] “Método Técnica de Priorización”3 […]», dentro del trámite de
indemnización por vía administrativa para las víctimas del conflicto armado interno,
reglamentado en la Resolución núm. 01049 de 20194.
2.2. Indicó que el conocimiento de la acción constitucional le correspondió al Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, a través de la
sentencia de 11 de mayo de 2022, amparó los derechos fundamentales incoados
por el señor Jhon Sebastián Hernández García y, en consecuencia, dispuso:
«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a
la reparación administrativa del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ
GARCÍA, en relación con el proceso de verificación de priorización para el pago
de la indemnización administrativa reconocida por la UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV, conforme
las consideraciones precedentes.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que dentro de los cinco (5) días contados a partir
de la notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual
establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso
de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la
Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020, atendiendo su
actual situación socioeconómica con base en los hechos narrados en la
acción de tutela (…)
TERCERO: EXHORTAR al DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN de la
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS, para que (i) en el próximo estudio de “método técnico de
priorización” que se efectúe en el caso del señor JHON SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ GARCÍA se discriminen cada uno de los fundamentos y/o
soportes que dan lugar a los resultados que ponderen los factores de
componente demográfico, estabilización económica, característica del
hecho victimizante y avance en ruta de reparación, y se pongan en su
conocimiento para que pueda ejercer en debida forma sus garantías
fundamentales a la defensa y debido proceso y (ii) en lo sucesivo, realice el
proceso de priorización para la entrega de las medidas de indemnización en los
términos y bajo las condiciones señaladas en la Resolución 01049 de 2019, su
correspondiente anexo y la Jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional,
en el sentido que al momento de dar a conocer sus resultados a las
personas que se les ha reconocido el aludido derecho, poniendo en su
conocimiento los plazos aproximados y orden en el que de no ser
priorizados, las personas accederán a la indemnización administrativa a que
haya lugar […]». (Negrillas de la Sala)
2
La UARIV profirió la Resolución Nº 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, por la cual le reconoció al señor Jhon
Sebastián Hernández García el derecho a recibir la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado sujeta a la aplicación del “Método Técnico de Priorización”, para determinar el orden de entrega. Seguidamente la
entidad estableció mediante oficio de 25 de agosto de 2021, que el señor Jhon Sebastián Hernández no contaba con ninguno
de los criterios para ser priorizado conforme con el artículo 4 de la Resolución Nº 1049 de 2019 y la Resolución No. 582 de
2021, razón por la cual durante la vigencia 2021 no fue posible desembolsar la indemnización.
3
El señor Jhon Sebastián Hernández García consideró que la UARIV «calificó de manera errada las variables demográfica,
pertenencia étnica, jefatura única del hogar, persona con orientaciones sexuales no hegemónicas, así como todos los demás,
desconociendo circunstancias como que carece de hospedaje estable para cuando esté en libertad lo que lo afectará a futuro
y no tiene familiares ni allegados cercanos» - índice 2 de SAMAI dentro del proceso de la acción de tutela con radicado Nº
15001 33 33 011 2022 00122 – 00/01.
4
Resolución Nº 01049 de 2019 “Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resolución 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan
otras disposiciones”.
3
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
2.3. Puntualizó que la anterior decisión fue objeto de impugnación, la cual fue resuelta
por el Tribunal Administrativo de Boyacá que, a través de sentencia de 30 de junio
de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.
2.4. Precisó que, en cumplimiento de la sentencia de tutela, el 31 de julio de 2022 la
UARIV «aplicó nuevamente el Método Técnico de Priorización (…) con el propósito
de determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a
la Unidad para la Víctimas en el año 2022, el orden de entrega de la indemnización
reconocida a su favor. Sin embargo, (…) se concluyó que NO era procedente
realizar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida, (…) puesto que el
puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa fue de
46.6053 para el año 2022 y el puntaje obtenido por el señor JHON SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ GARCÍA fue de 38.1844» (Subrayas del texto).
2.5. Expuso que, a través de auto de 15 de septiembre de 2022, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja sancionó a los señores Enrique Ardila Franco,
en su condición de director de reparaciones de la UARIV y al señor Ramón Alberto
Rodríguez, en su condición de director general del a UARIV, con multa equivalente
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigente y un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, respectivamente, por incumplimiento del fallo de tutela.
2.6. Mencionó que el Tribunal Administrativo de Boyacá al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, mediante auto de 22 de septiembre de 2022, confirmó la
sanción impuesta por el juez de primera instancia.
2.7. Manifestó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja abrió un
nuevo incidente de desacato y, mediante auto de 14 de febrero de 2023, la sancionó
en calidad de directora general de la UARIV y a la señora Clelia Andrea Anaya
Benavidez, en su condición de directora de reparaciones de dicha entidad, por
incumplimiento del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022.
2.8. Señaló que el Tribunal Administrativo de Boyacá al estudiar el grado
jurisdiccional de consulta, mediante auto de 22 de febrero de 2023, confirmó la
sanción anterior.
2.9. Adujo que por tercera ocasión el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja, mediante auto de 31 de mayo de 2023, la sancionó por desacato en su
condición de directora general y a la directora de reparaciones de la UARIV, con
multa de tres (3) tres y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigente,
respectivamente, por el incumplimiento del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022.
2.10. Indicó que, mediante auto de 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la sanción objeto de consulta.
2.11. Refirió que la UARIV radicó los días 29 de septiembre de 2022, 11 de octubre
de 2022, 23 de febrero de 2023 y 8 de junio de 2023, solicitudes de inaplicación de
la sanción, toda vez que de acuerdo con el acto administrativo de reconocimiento
4
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
de la reparación por vía administrativa5, «[…] no era procedente materializar la
entrega de la indemnización, en las respectivas vigencias fiscales correspondientes
a los años – 2021 y 2022 […]».
2.12. Por último, señaló que no obstante las solicitudes de inaplicación referidas, el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, a través de auto de 20 de junio
de 2023, negó las solicitudes de inaplicación y requirió a las accionadas para que
en el término de 5 días procedieran a acreditar «el cumplimiento de la sanción
impuesta». Por lo anterior, la UARIV rindió informe en el que nuevamente reiteró lo
siguiente:
a) Que el 31 de julio de 2022 aplicaron el “Método Técnica de Priorización”, para
determinar el orden de entrega de la indemnización administrativa para la
vigencia 2022, sin embargo, de acuerdo con la Resolución Nº 01049 de 2019
se determinó que no era posible entregar la indemnización administrativa al
accionante.
b) Que en el mes de septiembre de 2023 aplicarían, nuevamente, el método
priorización en el presente caso.
c) Que era imposible cumplir con la orden de determinar una fecha para
efectuar el desembolso de la indemnización administrativa al señor Jhon
Sebastián Hernández García, en tanto que el beneficiario no ha obtenido el
puntaje requerido para la priorización.
2.13. A juicio de la actora, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, al
proferir los autos de 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero, 31 de mayo y 20 de
junio de 2023; y el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir los autos de 22 de
septiembre de 2022, 22 de febrero y 7 de junio de 2023, incurrieron en los siguientes
defectos:
2.14. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que
desconoció el precedente fijado en i) la sentencia SU-034 de 20186, a través de la
cual la Corte Constitucional estableció que: «[…] las reglas jurisprudenciales, para
que los jueces de tutela de primera instancia, module el cumplimiento del fallo, en
especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa. […]», y
ii) la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado7, frente a la cual advirtieron que existía similitud fáctica y jurídica
con el caso objeto de estudio.
2.15. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado
al proceso, en consideración a que: i) se valoraron de manera arbitraria, irracional
y caprichosa los informe y pruebas allegados por la UARIV a los trámites
incidentales; ii) no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas frente al debido
proceso administrativo previsto en la Resolución núm. 01049 de 2019, sobre la
5
La Resolución Nº 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020 proferida por la UARIV.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, número
único de radicación 110010315000202004776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
entrega de la indemnización administrativa; y, iii) no se valoró de forma íntegra la
solicitud de inaplicación la sanción e informe de cumplimiento allegado el 8 de junio
de 2023, al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y al Tribunal
Administrativo de Boyacá.
2.16. Por último, en violación directa a la Constitución, por cuanto se
desconocieron los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica,
a la confianza legítima en el sistema judicial y el principio de buena fe.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio, vulnerados por el
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN NO 3,
teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNIA, modular los efectos del fallo del 11 de mayo de 2022,
en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la
Resolución 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020, con fundamento en
la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la
indemnización al señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA y dispuso la
aplicación del método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un
criterio de priorización.
Y en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones
impuesta en los autos de fechas:
-Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor ENRIQUE ARDILA
FRANCO en calidad de director de reparaciones para ese momento consistente
en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales Mensuales, y al
doctor RAMON ALBERTO RODRIGUEZ en calidad de director general de la
URIAV para ese momento, con multa equivalente a un (01) Salario Mínimo
Legal Mensual, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de septiembre de 2022
-Auto del 14 de febrero de 2023 en contra de la doctora CLELIA ANDREA
ANAYA BENAVIDES en calidad de directora de reparaciones para ese
momento consistente en multa equivalente a dos (02) Salarios Mínimos Legales
Mensuales, y a la suscrita en calidad de directora general de la URIAV, con
multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual, decisión
CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE
DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de febrero de 2023.
Auto del 31 de mayo de 2023 en contra de la doctora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES en calidad de directora de reparaciones para ese momento
consistente en multa equivalente a cinco (05) Salarios Mínimos Legales
Mensuales, y a suscrita en calidad de directora general de la URIAV, con multa
equivalente a tres (03) Salarios Mínimos Legales Mensuales, decisión
CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA DE
DECISIÓN NO 3 en auto del 07 de junio de 2023.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -
SALA DE DECISIÓN NO 3, que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión
a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de
tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -
SALA DE DECISIÓN NO 3, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que
imposibilitan se cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del
incidente de desacato […]» (Negrilla y subraya del texto).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de julio de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción
de tutela de la referencia contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja
y el Tribunal Administrativo de Boyacá. Asimismo, en la misma providencia, ordenó
vincular como terceros con interés directo en las resultas del proceso a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
UARIV, y a los señores Clelia Andrea Anaya Benavides, Jhon Sebastián Hernández
García, Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez. Igualmente, se notificó al
Ministerio Público para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas – UARIV, a través de su oficina asesora jurídica, rindió informe en
el que aclaró que «[…] dando aplicación a lo dispuesto en la Resolución 1049 de
2019, mediante la Resolución Nº 04102019-730824 - del 11 de agosto de 2020
debidamente notificada, decidió a favor del señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ
GARCIA (i) reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante Desplazamiento forzado, y (ii) aplicar el “Método Técnico de
Priorización” con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización […]»
(Negrillas y subrayas del texto).
5.2. También precisó que: «[…] el 31 de julio de 2022, la Unidad para las Víctimas
aplicó nuevamente el Método Técnico de Priorización (pues ya se había aplicado
en la vigencia del año 2021), con el propósito de determinar, de manera
proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad para las Víctimas
en el año 2022, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor. Sin
embargo, (…) se concluyó que NO era procedente materializar la entrega de la
medida de indemnización ya reconocida, (…) puesto que el puntaje mínimo
definido para acceder a la indemnización administrativa fue de 46.6053 para el año
2022 y el puntaje obtenido por el señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA
fue de 38.1844 […]» (Negrillas y subrayas del texto).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
5.3. Asimismo, señaló que para septiembre de 2023, se procedería a aplicarle
nuevamente el método técnico de priorización al señor Jhon Sebastian Hernández
García, para determinar la fecha de entrega de la indemnización administrativa que
le fue reconocida al mismo.
5.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del magistrado ponente de las
decisiones objeto de acción de tutela , advirtió que: «[…] [s]i bien, la accionante
afirma inicialmente que el debate se centra en las decisiones proferidas en sede
desacato, los argumentos de la acción de tutela están relacionados directa e
inescindiblemente con las órdenes proferidas en la sentencia de tutela de 11 de
mayo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en virtud de la
cual, se ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que emitiera un pronunciamiento, a fin de establecer un término dentro del cual se
desembolsaría la indemnización administrativa que se reconoció a través de la
Resolución núm. 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020 […]».
5.5. En ese sentido, señaló que es evidente que lo que busca la parte actora es
cuestionar la sentencia de tutela y no los autos que impusieron las sanciones, en tanto
que en una de las pretensiones ventiladas se solicita: «[…] ORDENAR al JUZGADO
ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, modular los efectos
del fallo del 11 de mayo de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y
el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional […]».
5.6. Igualmente,expuso que no se cumplieron con los requisitos de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencia, toda vez que no se evidencia que
las decisiones de primera y de segunda instancia hayan sido fraudulentas. Por el
contrario, se profirieron en cumplimiento el ordenamiento jurídico sin que se
configuraran los defectos sustantivos, fáctico y de violación directa de la Constitución,
alegados por la señora María Patricia Tobón Yagarí.
5.7. Adujo que en caso de considerarse que la presente acción de tutela era procedente,
se debe tener en cuenta que la misma no cumplió con el requisito general de la
inmediatez, debido a que fue radicada un año después del fallo de tutela de 11 de
mayo de 2022.
5.8. Finalmente, puntualizó que: «[…] la señora Patricia Tobón Yagarí presentó acción
de tutela, “actuando en nombre propio”, pero solicitó que se inaplicara o dejara sin
efectos las sanciones impuestas a los doctores Enrique Ardila Franco y Ramón
Alberto Rodríguez y a la doctora Clelia Andrea Anaya Benavides. […]», por lo que
frente a esos autos carece de legitimación en la causa por activa.
5.9. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, a través del titular del
despacho, puntualizó que: «[…] las decisiones mediante las cuales se impuso sanción
por desacato tuvieron como soporte los informes presentados por la UARIV, de los
cuales sin lugar a dudas se extracta, que dicha entidad se ha opuesto al cumplimiento
de la orden de amparo constitucional aun cuando la autoridad judicial le ha expuesto
en reiteradas ocasiones las circunstancias fácticas y los fundamentos jurídicos que
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
dieron lugar en primer término a la sentencia, y a cada una de las decisiones en que
se decidió de fondo el trámite incidental por desacato […]».
5.10. Señaló que la UARIV no ha cumplido con la orden dada por el juez constitucional,
en tanto que se ha abstenido de fijar una fecha para entregar al señor Jhon Sebastián
Hernández García la indemnización administrativa en calidad de víctima del conflicto
armado interno, quien tiene una situación especial que ha querido desconocer la parte
actora.
5.11. Finalmente, señaló que «[…] la misma sentencia a la que refiere la accionante-
Corte Constitucional SU-034 de 2018- recordó que en el trámite del desacato no
pueden hacerse valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el
respectivo proceso de tutela, “pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha
concluido, en detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada” […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19918, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219 y
en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y de ser así:
b) Establecer si el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja al
proferir los autos de 15 de septiembre de 2022, 14 de febrero, 31 de mayo y
20 de junio de 2023; y el Tribunal Administrativo de Boyacá al proferir los
autos de 22 de septiembre de 2022, 22 de febrero y 7 de junio de 2023, que
confirmaron las sanciones por desacato impuestas por el juez de primera
instancia, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa
de la Constitución.
8. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iii)
análisis del caso concreto.
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
9
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
VI.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales
9. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
10. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
11. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución11.
12. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda promovida en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales; y en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»12 que encaje en dichos
parámetros.
13. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
14. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
15. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
incidentes de desacato, la Corte Constitucional13 ha señalado que este mecanismo
procede excepcionalmente en contra de providencias proferidas en el trámite del
incidente de desacato, cuando se generen situaciones que vulneren derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
16. Precisamente”, a través de la sentencia SU- 034 de 2018, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de acción de tutela contra los autos que resuelven un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
VI.5. Caso concreto
17. La señora María Patricia Tobón Yagarí solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre, y
patrimonio», cuya vulneración le atribuyó a los autos de 15 de septiembre de 2022,
14 de febrero, 31 de mayo y 20 de junio de 2023, proferidos por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja; y a los autos de 22 de septiembre de 2022,
22 de febrero y 7 de junio de 2023, proferidos por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro de los incidentes de desacato que se tramitaron con los núm.
únicos de radicación 15001-33-33-011-2022-00122-00/02/03/04.
18. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se analizará el cumplimiento de
los requisitos relacionados con la legitimación en la causa por activa y la relevancia
13
Ver sentencias T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero
de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
constitucional.
VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine
19. La Sala advierte que en el caso sub examine resulta necesario pronunciarse
sobre la legitimación por activa de la actora, señora María Patricia Tobón Yagarí,
para promover la presente acción de tutela contra el auto de 22 de septiembre de
2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó el auto de
15 de septiembre de 2022, dictado por el Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Tunja.
20. Sea lo primero señalar que las providencias citadas en el párrafo anterior fueron
dictadas en el marco del incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 15001-33-33-011-2022-00122-00/02, el cual fue iniciado contra los
señores Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez, quienes para la época
de los hechos ostentaban los cargos de director de reparaciones de la UARIV y de
director general de la UARIV, respectivamente.
21. Respecto de la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, el artículo
10 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991, prevé:
[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].
22. Atendiendo lo dispuesto en tal norma, se entiende que el titular de los derechos
fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción
de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de
agente oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman amenazados
o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
23. Así las cosas, comoquiera que mediante los autos enjuiciados de 15 y 22 de
septiembre de 2022, se sancionó y se confirmó la sanción impuesta a los señores
Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto Rodríguez, para la Sala es claro que la
señora María Patricia Tobón Yagarí carece de legitimación en la causa por activa
por no haber sido sancionada en las citadas providencias que, entre otras, son
objeto de la presente acción de tutela.
24. En ese orden de ideas y bajo el entendido de que la legitimación en la causa por
activa en la acción de tutela se predica del titular de los derechos fundamentales,
se observa que la actora carece de tal presupuesto, en la medida en que la
pretensión relativa a que se deje sin efecto los autos de 15 y 22 de septiembre de
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
2022, se fundamenta en que dichas decisiones, presuntamente, vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio de los
allí sancionados, esto es, los señores Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto
Rodríguez, quienes son los únicos legitimados para promover el mecanismo de
amparo por ser los titulares de los derechos invocados.
25. Por tal razón, no puede admitirse que la presente acción pueda ser instaurada
por la actora para controvertir los citados proveídos en nombre propio, pues, se
itera, ella no es titular de los derechos cuya protección reclama frente a estos y
conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela busca
garantizar que la persona afectada en sus derechos pueda reclamar en cualquier
tiempo y lugar por sí misma o por quien actúe en su nombre la protección de los
mismos cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública.
26. En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa
de la señora María Patricia Tobón Yagarí, para controvertir las providencias de 15
y 22 de septiembre de 2022, proferidas por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, dentro
del trámite incidental identificado con el número único de radicación 15001-33-33-
011-2022-00122-00/02, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
VI.5.2. Cumplimiento de los requisitos generales
27. En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 14 de febrero, 31 de mayo y 20 de junio de
2023, proferidos por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, y 7 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de las
cuales fue sancionada, en calidad de Directora de la UARIV, por incumplimiento
de la orden impartida mediante sentencia de 11 de mayo de 2022, y se denegó la
solicitud de levantamiento de la sanción.
28. La controversia tiene origen en el hecho de que a la UARIV no le es posible
materializar la entrega de la medida de indemnización reconocida al señor JHON
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, comoquiera que luego de aplicar el Método
Técnico de Priorización el citado señor no alcanzó el puntaje requerido para el
efecto, de ahí la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela.
29. Por lo anterior, a juicio de la parte actora, las providencias acusadas incurrieron
en los defectos: i) sustantivo por desconocimiento del precedente, al pasar por alto
la sentencia SU-034 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que señala
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera
instancia modulen el cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por valoración indebida del
material probatorio que daba cuenta del procedimiento para la entrega de la
indemnización administrativa; y iii) violación directa de la Constitución, al
desconocer abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la
13
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está en imposibilidad de dar
cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela.
30. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala
examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia
exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión cuestionada se encuentra
ejecutoriada; (ii) los argumentos de la parte actora son consistentes con lo
planteado en el trámite de los incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, además de que se alega la configuración de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra ejecutoriada
31. Enel caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con la
providencia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, esto es, la providencia
de 7 de junio de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por lo que este requisito se
encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo planteado en
el trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación
alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas pruebas.
32. La actora alega que le es imposible materializar la entrega de la medida de
indemnización reconocida al señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA,
comoquiera que luego de aplicar el Método Técnico de Priorización el citado señor
no alcanzó el puntaje requerido para el efecto, de ahí la imposibilidad de dar
cumplimiento al fallo de tutela.
33. Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite incidental, por lo cual
la Sala estima que se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción de
tutela.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se alega la configuración de al menos
una de las causales específicas (defectos)
34. La Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-590 de 2005 y a la
jurisprudencia vigente sobre la materia.
35. Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de relevancia
constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en que incurrieron las
providencias que confirmaron las sanciones y denegaron la solicitud de
levantamiento de las mismas, incurriendo en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de la
Constitución; la parte actora identifica los hechos y derechos que estima
lesionados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos; la acción de
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
tutela se interpuso en un plazo razonable; y la solicitud no se dirige contra una
sentencia de tutela.
36. Eneste orden, la Sala procederá al estudio de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela respecto de las providencias proferidas por el Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Tunja los días 14 de febrero, 31 de mayo y 20
de junio de 2023; y por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 7 de junio de 2023,
dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación
15001-33-33-011-2022-00122-00/03/04.
VI.5.3. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
37. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los defectos fáctico y de desconocimiento
del precedente. Cabe señalar que estos serán resueltos en forma conjunta, teniendo
en cuenta que los argumentos que sustentan los aludidos defectos están
intrínsecamente relacionados.
VI.5.3.1. Caracterización del defecto fáctico
38. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad14 por defecto fáctico:
«[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia15 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez;”16 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución”17[…]».18
14
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y
caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los
principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que
prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del
funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan
descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver
también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P.
Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional.
17
Ibídem.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P.
Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
VI.5.3.2. Caracterización del desconocimiento del precedente jurisprudencial
39. En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente, se tiene que la
jurisprudencia19 ha entendido por precedente la sentencia o el conjunto de
sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos
y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
40. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial; y el segundo, se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.
41. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.
42. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferidas
por la Corte Constitucional; y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
fijado por la jurisdicción contenciosa sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo20. Adicionalmente, la
jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así21:
[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen
un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en
19
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
21
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]22”.
(…)
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso […]23. (destacado de la Sala)
VI.5.3.3. Solución del caso concreto
43. La señora María Patricia Tobón Yagarí señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto fáctico y en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial al expedir las providencias de 14 de febrero, 31 de mayo,
22 de febrero de 2023, de 7 de junio de 2023 y de 20 de junio de 2023, dictadas en
los distintos trámites de desacato dentro de la acción de tutela núm. 15001-33-33-
011-2022-00122-00.
44. Cabe señalar que los argumentos de los defectos en cuestión fueron
desarrollados en forma conjunta frente a las dos providencias judiciales, objeto de
esta acción constitucional.
45. En cuanto al defecto fáctico, la parte actora
señaló, en síntesis, que la autoridad
judicial accionada no valoró en debida forma las siguientes pruebas y documentos
obrantes en los trámites incidentales en los que resultó sancionada: i) los informes
de 2 de febrero, de 17 de febrero, de 3 de marzo, de 27 de marzo, de 25 de abril y
de 23 de mayo de 2023, allegados por la UARIV al trámite incidental, y a través de
los cuales puso de relieve la imposibilidad de cumplir con la orden judicial; ii) la
Resolución N° 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, que reconoció la
indemnización administrativa al señor Jhon Sebastián Hernández García; iii) el
Oficio N° 2022-1027965-1 de 4 de diciembre 2022, que le informó al señor
Hernández García el resultado desfavorable del método de priorización, y iv) la
Resolución Nº 01049 de 2019 y sus anexos, que regula «el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización».
46. Frente al defecto de desconocimiento del precedente la accionante sostuvo, en
síntesis, que la autoridad judicial accionada se apartó del precedente contenido en
la sentencia SU-034 de 201824, a través de la cual la Corte Constitucional, a juicio
de los actores, estableció “[…] expresamente las reglas jurisprudenciales, para que
los jueces de tutela de primera instancia, module (sic) el cumplimiento del fallo, en
especial los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa […]”; y
del precedente contenido en la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por la
22
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
23
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
Sección Primera del Consejo de Estado25, frente a la cual advirtieron que existía
similitud fáctica y jurídica con el caso objeto de estudio.
47. En este punto, la Sala estima pertinente precisar cuáles son las providencias
controvertidas en sede de tutela, la autoridad judicial que la emitió y lo decidido en
cada una de estas:
a. El Auto de 14 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Tunja, y mediante el cual se sancionó a las señoras Clelia Andrea
Anaya Benavidez y María Patricia Tobón Yagarí en el trámite del incidente de
desacato núm. 15001-33-33-011-2022-00122-00. En las consideraciones de la
citada providencia la autoridad judicial accionada señaló lo siguiente:
«Visto lo anterior, no se puede predicar que con dicha respuesta estén
satisfechas las órdenes que componen las sentencias cuyo cumplimiento se
busca mediante el presente a éste nuevo incidente, lejos de ello, la entidad se
ratifica y mantiene en los mismos argumentos que fueron esgrimidos en trámite
de la acción de tutela, y el incidente de desacato que culminó con sanción a
través de proveído de 15 de septiembre de 2022, prosiguiendo con la omisión
de fijar una fecha fija o aproximada en la cual se considera que tenga lugar el
desembolso a la indemnización administrativa por el indicador de
“desplazamiento forzado” que se le reconoció al señor JHON SEBASTIÁN
SERNA GARCÍA en el año 2020, y que con base en su última intervención
procesal, deberá aguardar el tutelante para que hasta el 31 de julio de 2023, se
vuelva a dar aplicación al “método de priorización” con objetivo de estudiar si
puede o no tener derecho a que se le enliste como beneficiario próximo de la
prerrogativa monetaria que ya le fue reconocida, razón por la cual nuevamente
se concluye que no existe actuación positiva encaminada a demostrar el
acatamiento a la orden judicial objeto de reproche, por ende, tampoco se puede
predicarse que está configurado el fenómeno jurídico de la “carencia actual de
objeto por hecho superado”, como lo invoca la incidentada en sus
contestaciones.
En consecuencia, resulta evidente que la entidad accionada aun teniendo pleno
conocimiento de las actuaciones adelantadas en esta instancia judicial y que
ya fue objeto de una sanción por desacato, ha omitido materializar las órdenes
y requerimientos expuestos, incurriendo en conductas que otra vez merecen
ser objeto de reproche, tal como acontece con la situación descrita por el señor
JHON SEBASTIÁN SERNA GARCÍA en la solicitud de desacato y demás
memoriales allegados donde pone en conocimiento el incumplimiento de la
entidad frente al establecimiento de un término en el que se efectuará de
manera material el desembolso de la indemnización administrativa que se
reconoció a su favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de
Agosto de 2020, sin que como puede apreciarse de manera objetiva, ello
constituya un mandato desproporcionado o una carga imposible de consumar
como de manera insistente lo manifiesta la autoridad para sustraerse de su
deber Constitucional y legal de dar cumplimiento a la orden judicial, aun
ratificada en todos sus apartes en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Corporación ésta que además confirmó en grado de
Consulta la decisión sancionatoria de 15 de septiembre de 2022.
De esta manera, es dable afirmar en grado de certeza que al subsistir el notorio
desinterés de la UARIV en cumplir la orden impartida en el numeral segundo
de la sentencia de tutela y cuyo incumplimiento ha prolongado la vulneración
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, número
único de radicación 110010315000202004776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
de los derechos fundamentales de quien en la actualidad en indefensión, pues
desconoce que al haber quedado en libertad en el mes de diciembre de 2022,
según lo afirma en la actualidad se encuentra en situación de indigencia y una
precaria situación económica haya sido suficiente para que la accionada le fije
una fecha cierta y no ilusoria, para que cese la incertidumbre relativa a cuando
va a recibir materialmente la indemnización administrativa a la que tiene
derecho.
(…)
En suma, resulta diamantino que al persistir la inactividad de la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, en su calidad de Directora de la Dirección de
gestión de Reparaciones, de la UARIV no atendió el petitum de fondo, es decir,
no brindó a la parte accionante una respuesta clara, precisa y congruente,
materializada en señalar un término cierto o turno para llevar a cabo el
desembolso de la indemnización administrativa otorgada, simplemente se limitó
a repetir lo ya dicho al interior del trámite de acción de tutela, alegando que el
actor no fue favorecido con el método técnico de priorización y por lo tanto
debía seguir a la espera perpetua o indeterminada para recibir el beneficio
administrativo del que es titular desde el año 2020.
Ahora, en el sub lite es preciso reiterar que las sanciones por desacato deben
estar fundamentadas en la responsabilidad subjetiva del destinatario de la
orden, no obstante, dicha responsabilidad subjetiva no consiste únicamente en
el dolo, esto es, en la voluntad o propósito deliberado de sustraerse al
cumplimiento del fallo de tutela, puesto que, amén de aquel, también la culpa
es fuente de aquel tipo de responsabilidad, y, por consiguiente, también se
incurre en desacato cuando no se actúa con la diligencia o el cuidado debido
para cumplir los mandatos judiciales. Esto explica que la Corte Constitucional
haya señalado que, para imponer sanción por desacato, “debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no
pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento”.
De esta manera, no es solo el dolo, sino también la culpa, que ocurre cuando,
por ejemplo, se obra con negligencia o falta de cuidado, los que constituyen el
sustento de la responsabilidad subjetiva que se exige para la imposición de
sanciones por desacato a fallos de tutela.
En conclusión, el Despacho advierte que el actuar de la incidentada ha sido
negligente, como quiera que el señor JHON SEBASTIÁN SERNA GARCÍA
presentó la acción de tutela desde hace más de nueve (9) meses y a la fecha
la accionada, en los términos del fallo confirmado por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y el incidente de desacato sancionatorio que ya fue adelantado, no
le ha informado y notificado la fecha exacta o aproximada de pago de la
indemnización administrativa reconocida, en detrimento de sus garantías
fundamentales al debido proceso y a la indemnización administrativa, en
consecuencia, a pesar de estar debidamente notificado el incidentado y directo
responsable de ejecutar la orden de tutela, sigue siendo renuente a ejecutar lo
determinado en la resolución judicial y en este nuevo trámite, vuelva a traer a
colación los mismos argumentos que fueron objeto de análisis por el Despacho
previo a la apertura del presente incidente y el desacato seguido en contra de
los señores RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE y ENRIQUE ARDILA
FRANCO; sin que sea de recibo el argumento relativo a la imposibilidad jurídica
de cumplimiento, la cual como ya se mencionó no corresponde a una carga
injusta ni desproporcionada, sin embargo, persiste el incumplimiento
sistemático a la orden de tutela, en esta ocasión, por quien en la actualidad
ostenta la calidad de funcionario competente en dar ejecución a la misma,
señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES.
(…)
Finiquitando, de acuerdo con los argumentos expuesto se puede colegir en
grado de certeza que la señora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de
superior jerárquico de la funcionaria CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
omitió efectuar el exhorto respectivo para que se procediera al cumplimiento
cabal de lo ordenado en la sentencia de tutela que amparó las garantías del
señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, cuando dicha facultad no es
ajena o se escapa del marco de su competencia, ni procedió a dar apertura al
procedimiento disciplinario en su contra, ni tomó las medidas mínimas
necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia, motivo por el cual se
impondrá en su contra sanción consistente en multa equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio que deberá ejecutar las gestiones
que tiene a su alcance para materializar las disposiciones impartidas en el fallo
de instancia, frente al cual no se acreditado hasta la fecha de emisión de la
presente providencia su acatamiento, sin importar la situación de desprotección
y desamparo en la que actualmente afirma en su intervenciones, se encuentra
el mismo incidentante».
b. El Auto de 22 de febrero de 202326, proferido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá dentro del trámite de consulta de la sanción impuesta en el auto de 14 de
febrero de 2023. En las consideraciones de la citada providencia la autoridad judicial
accionada adujo lo siguiente:
«21. En cuanto a los factores que deben observarse en el grado de consulta se
tiene que los mismos se refieren a: (i) que se haya respetado un debido proceso
a quien se le endilga el desacato, notificándosele debidamente sobre la
apertura del incidente y brindándole las garantías debidas para que ejerza su
derecho de defensa; (ii) que se pruebe, objetivamente, que no se ha cumplido
la orden impartida en los términos definidos en la sentencia de tutela, y (iii) que
se demuestre, la responsabilidad subjetiva de quien debió cumplir la orden que
justifique la imposición de la sanción por incurrir en desacato.
(…)
24. Pues bien, respecto del cumplimiento efectivo de la orden de tutela,
revisado el expediente se observa que a través de pronunciamientos de
19 de septiembre, 14, 25 y 26 de octubre, 8 y 24 de noviembre de 2022, el
accionante insistió en la apertura del incidente de desacato, y en que se
conminara a la entidad y la funcionaria encargada de obedecer las
órdenes de tutela, incluso con la coadyuvancia de la Defensoría Regional
del Pueblo, situación que da cuenta de la configuración del factor objetivo
que, conforme lo señala la jurisprudencia constitucional debe hallarse
presente dentro del trámite incidental.
25. Ahora, en lo atinente a la observancia del debido proceso en el
desarrollo del trámite de desacato, se advierte que en cada uno de los
escritos allegados por parte de la UARIV como respuesta a los múltiples
requerimientos hechos por el juzgado de instancia se referenció como
dirección de notificaciones personales a las incidentadas, el correo
electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co, a
donde en efecto le fueron remitidas tanto las solicitudes de informe, como
la notificación del auto de apertura del incidente. Así mismo se apreció
que se brindaron las garantías para que la unidad ejerciera su derecho de
defensa, muestra de ello, es que la entidad allegó pronunciamiento dentro
de cada oportunidad.
26. En lo tocante a la responsabilidad subjetiva de la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, Directora de Reparación y la señora
PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Directora General de la Unidad para las
Víctimas- UARIV, al hacer la lectura minuciosa de las contestaciones que
militan en el plenario se encuentra, que todas ellas expresan
repetidamente los argumentos ya desatados, dentro del devenir del
proceso, pues se limitan a solicitar que se declare la imposibilidad jurídica
26
Esta providencia fue dictada en trámite incidental núm. de núm. 15001-33-33-011-2022-00122-03.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
de dar cumplimiento al fallo específicamente frente a la indemnización
administrativa en lo que refiere a la entrega material del desembolso, dado
que la Unidad debe ceñirse a su procedimiento legal, y que el accionante
no se encuentra con criterio de priorización acreditado de conformidad a
lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo
de 2019, y 1° de la Resolución 582 de 2021, así mismo solicita que se
inaplique la sanción impuesta a los directores de la entidad, y se lleve a cabo
el archivo del expediente, pues en criterio de la Unidad de Reparación de las
Víctimas, con las pruebas aportadas se logra establecer que la entidad ha dado
cumplimiento a sus funciones legales y a las órdenes judiciales impartidas.
27. Para sustentar su dicho la entidad aporta copia de la comunicación
remitida al accionante el 29 de septiembre de 2022, mediante la cual
pretende acreditar el hecho superado en el asunto de marras, no obstante,
al realizar la revisión del oficio aludido se tiene que, éste se limita a
informarle que le fue aplicado nuevamente el Método Técnico de
Priorización para la vigencia fiscal 2022, y conforme con el resultado se
concluyó que NO era procedente materializar la entrega de la medida de
indemnización reconocida en esa vigencia fiscal, teniendo en cuenta que,
la ponderación de los componentes arrojó como resultado el valor de
38.1844 y el puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue
de 46.6053, por lo cual la Unidad procedería a aplicarle nuevamente el
método el 31 de julio de 2023, indicándole además que, en ningún caso el
resultado obtenido en una vigencia sería acumulado para el siguiente año.
Y que bajo ese entendido no era procedente otorgar una fecha cierta de
pago de la indemnización.
28. A este respecto, la Sala comparte la apreciación del a quo, que determinó
el incumplimiento palmario a la orden de tutela, pues las incidentadas no se
ocuparon en demostrar las medidas tendientes a dar observancia a lo
ordenado, contrario a ello, ostentan con su postura, la intención de desacatar
la orden de tutela apeladas en el aserto que es ésta de imposible cumplimiento,
sin siquiera atender las aseveraciones del accionante, en las que refirió que al
salir de la cárcel no contaba con ningún sustento que le permitiera su
manutención, por lo cual quedaría en condición de habitante de calle, evento
que en efecto ocurrió el 20 de diciembre de 2022.
29. Expuesto lo precedente, la Sala encuentra acreditado el factor subjetivo,
que permite justificar la procedencia de la imposición de sanción por desacato,
razón por la cual se confirmará el auto consultado de 14 de febrero de 2023».
c. El Auto de 31 de mayo de 2023, proferido por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja, y mediante el cual se sancionó, por segunda ocasión, a las
señoras Clelia Andrea Anaya Benavidez y María Patricia Tobón Yagarí en el trámite
del incidente de desacato de la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022. En la
citada providencia se señaló:
«Con base en lo narrado, se estudiarán inicialmente los presupuestos antes
citados (1) a quién estaba dirigida la orden; 2) cuál fue el término otorgado para
ejecutarla; 3) y el alcance de la misma.), a efectos de establecer, en primer
orden, si la conducta asumida por la señora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES como DIRECTORA DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA
LAS VÍCTIMAS- UARIV por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la
sentencia de tutela, y en segundo lugar, habrá de determinar si resulta
procedente la imposición de algún tipo de sanción a la señora PATRICIA
TOBÓN YAGARÍ quien actualmente se desempeña como DIRECTORA
GENERAL de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS- UARIV como y superior jerárquico de la señora Anaya
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
Benavides en razón a las actuaciones desplegadas para propender por el
cumplimiento del fallo, caso en el cual deberá tenerse en cuenta que ya en una
ocasión fue interpuesta sanción por desacato contra dichas funcionarias a la
misma orden judicial, al interior del caso que ocupa la atención del Juzgado.
(…)
De un lado, se dispuso a través de la sentencia de 11 de mayo de 2022 que el
cumplimiento de la orden dirigida a salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y a la reparación administrativa del señor JHON SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ GARCÍA, fue concedido a la Unidad para Atención y Reparación
Integral a las Víctimas- UARIV el término improrrogable de cinco (5) días
contados a partir de la emisión del fallo de primera instancia para efectos de
realizar pronunciamiento a través del cual se señalara un término en el que se
efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa
que se reconoció a favor del actor mediante la Resolución No. 04102019-
730824 del 11 de Agosto de 2020; además de cinco (5) días adicionales
contados a partir de la expedición de la respuesta respectiva para poner en
conocimiento del interesado su contenido a través del Director y/o Oficina
Jurídica de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad “El Barne”,
establecimiento en el que se encontró recluido el incidentante hasta el mes de
diciembre de 2022, en el que recobró la libertad como quedó probado en el
expediente.
Sin embargo, una vez vencido el término reseñado no se adoptaron las
medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el fallo de instancia,
circunstancia por la cual se adelantó el trámite de un primer incidente por
desacato, que devino en la sanción impuesta por el Juzgado a los señores
ENRIQUE ARDILA FRANCO en su calidad de DIRECTOR DE REPARACIÓN
y RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ como Director General de la UARIV,
mediante decisión de 15 de septiembre de 2022, ratificado en grado de
Consulta el 22 de septiembre del año inmediatamente anterior, circunstancia
que se repitió en el caso de las aquí incidentadas CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES y PATRICIA TOBÓN YAGARÍ a través de providencia de 14 de
febrero de 2023 la cual se confirmó por el Ad quem a través de proveído de 22
de febrero del año que avanza.
(…)
En consecuencia, nuevamente nos hallamos ante el sistemático y reiterativo
incumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo del fallo de tutela,
correspondiente a que se consoliden las garantías fundamentales al debido
proceso y reparación administrativa, que se reitera, continúan siendo
transgredidos por la UARIV al señor JHON SEBASTIÁN SERNA GARCÍA.
(…)
En consecuencia, resulta evidente que la entidad accionada aun teniendo pleno
conocimiento de las actuaciones adelantadas en esta instancia judicial y que
ya fue objeto de una sanción por desacato, ha omitido materializar las órdenes
y requerimientos expuestos, incurriendo en conductas que otra vez merecen
ser objeto de reproche, tal como acontece con la situación descrita por el señor
JHON SEBASTIÁN SERNA GARCÍA en la solicitud de desacato donde insistió
en la declaratoria de incumplimiento de la entidad frente al establecimiento de
un término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la
Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020, sin que como
puede apreciarse de manera objetiva, ello constituya un mandato
desproporcionado o una carga imposible de consumar como de manera
insistente lo manifiesta la autoridad para sustraerse de su deber Constitucional
y legal de dar cumplimiento a la orden judicial, aun ratificada en todos sus
apartes en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Corporación ésta que además confirmó en grado de Consulta las decisiones
sancionatorias de 15 de septiembre de 2022 y 14 de febrero de 2023,
respectivamente.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
Por lo tanto, no existe manto de duda que al subsistir el notorio desinterés de
la UARIV en cumplir la orden impartida en el numeral segundo de la sentencia
de tutela y cuyo incumplimiento ha prolongado la vulneración de los derechos
fundamentales de quien en la actualidad en indefensión, pues desconoce que
al haber quedado en libertad en el mes de diciembre de 2022, según lo afirma
en la actualidad se encuentra en situación de indigencia y una precaria
situación económica, y que ello haya sido insuficiente para que la accionada le
fije una fecha cierta y no ilusoria, para que cese la incertidumbre relativa a
cuando va recibir materialmente la indemnización administrativa a la que tiene
derecho.
En suma, resulta diamantino que al persistir la inactividad de la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES en su calidad de Directora de la Dirección de
Gestión de Reparaciones se consolida como una actuación negligente en
atención a que la orden impartida por este Despacho se produjo hace más de
doce (12) meses sin que la UARIV y en especial la funcionaria en cuestión
mientras ocupó el citado empleo, haya ejecutado trabajo alguno tendiente a
materializar el pago de la respectiva indemnización a favor del beneficiario,
además, que no se advierte en el plenario ninguna justificación para excusar
su pasividad en el cumplimiento del fallo de tutela, por tal razón, resulta un
desacierto que, a pesar de estar debidamente notificada de las presentes
actuaciones no haya efectuado ningún pronunciamiento alguno de manera
personal, incluso continua renuente a adelantar los trámites pertinentes para
dar por cumplido el fallo de tutela que se encuentra en firme.
En esta oportunidad se debe anotar, que si bien como lo manifestó la
representante judicial de la UARIV en su última intervención procesal, la señora
CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES ya no ostenta la investidura de
Directora de la Dirección de Gestión de Reparaciones de la entidad, dicha
circunstancia acaeció solamente desde el 12 de mayo de 2023 tal y como lo
demostró con el aporte de copia de la Resolución No. 02214 de la misma
calenda, ello no es óbice para imponer la sanción de la que será acreedora con
ocasión del presente incidente de desacato, si se tiene cuenta que el mismo se
ha seguido desde el 1º de marzo y en consecuencia, se está reprochando su
actividad desde esa fecha hasta la que fungió como la directa responsable en
el cumplimiento del fallo de tutela de 11 de mayo de 2022, esto sin perjuicio
que a través de la presente providencia se solicitará a la nueva encargada de
dicha dignidad, ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, para que proceda
a dar cumplimiento estricto a las órdenes constitucionales que se encuentran
sin materializar, so pena de dar inicio de dar apertura de incidente de desacato
en su contra.
(…)
En suma, se declarará responsable a la señora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES en su calidad de DIRECTORA DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD
PARA LAS VÍCTIMAS- UARIV por persistir el incumplimiento de la orden
contenida en el numeral Segundo de la sentencia emitida el 11 de mayo de
2022 y confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro de la acción
de tutela de la referencia y con fundamento en ello, teniendo en cuenta que no
acreditó por segunda vez haber adelantado gestión administrativa alguna para
ello, se le impondrá en esta oportunidad sanción consistente en multa
equivalente a CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES, por el reiterativo incumpliendo a la orden judicial que tiene a su
cargo».
d. El Auto de 7 de junio de 202327, proferido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá dentro del trámite de consulta de la sanción impuesta en el auto de 31 de
27
Esta providencia fue dictada en trámite incidental núm. de núm. 15001-33-33-011-2022-00122-03.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
mayo de 2023. En las consideraciones de la citada providencia la autoridad judicial
accionada señaló lo siguiente:
«36. Pues bien, revisada la parte resolutiva del fallo proferido el 11 de mayo de
2022, dentro del medio tuitivo, confirmada en segunda instancia, la misma iba
dirigida a que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas dentro de los cinco (5) días contados a partir de su notificación,
emitiera pronunciamiento a través del cual se lograra establecer un
término en el que se efectuaría de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa que le fue reconocida al accionante
mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020, no
obstante, revisado el devenir del proceso el mismo da cuenta de la
completa inobservancia a la orden aludida, muestra de ello lo constituyen
los tres trámites de desacato al fallo que se han adelantado, dos de los
cuales concluyeron con la sanción efectiva. De la misma manera los
memoriales radicados por parte del señor Jhon Sebastián Hernández
García, el cual expuso además que, se encontraba en estado de indigencia
extrema como habitante de calle, sumado a que la propia entidad reconoce
el desconocimiento a la orden, pues en memoriales radicados el 28 de
marzo, el 25 de abril y el 24 mayo todos de la presente anualidad se limita
a argumentar que en tanto el señor Hernández García no acreditó ninguno
de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
contenidos en los artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de
la Resolución 582 de 26 de abril de 2021, no se incluiría en el desembolso
de la partida económica del periodo. Situación que detenta la configuración
del factor objetivo que, conforme lo señala la jurisprudencia constitucional debe
hallarse presente dentro del trámite incidental.
37. De igual manera, se observa la aplicación plena al debido proceso en el
desarrollo del trámite de desacato, dado que las notificaciones de cada uno de
los incidentes se dieron al correo habilitado para tal fin10, y dentro del plenario
se logra evidenciar el pronunciamiento constante de la entidad encartada.
38. Ahora frente a la responsabilidad subjetiva de la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, Directora de Reparación y la señora PATRICIA
TOBÓN YAGARÍ Directora General de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV, la Sala concluye en
que las incidentadas hacen hincapié en los mismos argumentos que
presentaron tanto en el trámite de la tutela, como en los incidentes de
desacato resueltos, referentes a que, debe sujetarse “al procedimiento
legalmente establecido que regula el reconocimiento de las medidas de
asistencia y reparación establecidas en la Ley 1448 de 2011. Así las cosas,
en lo que respecta al reconocimiento de la indemnización administrativa
como medida de reparación la Entidad ha establecido un procedimiento
detallado, el cual se encuentra condensado en la Resolución 1049 de
2019”, e incluso deprecan que se declare “La Imposibilidad Jurídica de dar
cumplimiento al fallo judicial, dado que JHON SEBASTIAN HERNANDEZ
GARCIA no ha sido priorizado para recibir el pago de la indemnización
administrativa y no ha demostrado tener alguno de los criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos
4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 26 de
abril de 2021, así mismo, que de la aplicación método técnico de
priorización de (sic) determinó que NO es procedente materializar la
entrega de la medida indemnizatoria ni informar una fecha cierta de pago”.
39. De lo anterior se colige que la entidad no tiene ninguna intención en
dar observancia a lo ordenado, y así fijar un término al menos tentativo en
el cual se va a efectuar el desembolso de la indemnización, pues en su
parecer, ha realizado dentro del marco de sus competencias, todas las
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y
constitucionales, y solamente está sometida a los resultados que arroje el
método técnico de priorización, con lo cual no solo está deslegitimando la
orden impartida, sino que además pretende reabrir el tema de fondo,
decidido mediante la sentencia de tutela, que dicho sea de paso ha hecho
tránsito a cosa juzgada, por lo que la decisión en él contenida resulta
inmodificable y de obligatorio acatamiento, incluso para los estrados
judiciales que la profirieron.
40. Bajo este panorama la Sala ratifica las conclusiones del a quo, que
determinó el incumplimiento notorio a la orden de tutela, lo que da lugar a la
confirmación de la sanción irrogada a las funcionarias encargadas de
materializar lo ordenado en el fallo de 11 de mayo y 30 de junio de 2022, sin
que sea óbice que las funcionarias ya no detenten alguna vinculación con la
Unidad de Víctimas, como lo explicó la decisión de primera instancia». [Negrillas
fuera de texto]
e. El Auto de 20 de junio de 2023, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja negó la solicitud de inaplicación de la sanción promovida por la señora María
Patricia Tobón Yagarí. En las consideraciones de la citada providencia la autoridad
judicial accionada señaló lo siguiente:
«Frente a la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por tercera vez
elevada por la Directora Jurídica de la UARIV, no son de recibo sus alegaciones
dirigidas a mantener la postura de considerar la imposibilidad de dar
cumplimiento a las órdenes de amparo de las garantías fundamentales del
señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA en atención a que a la fecha
no se ha acreditado la emisión de un pronunciamiento a través del cual
establezca un término en el que se efectuará de manera material el desembolso
de la indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la
Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020, atendiendo su
actual situación socioeconómica con base en los hechos narrados en la acción
de tutela, por tanto, persiste la transgresión advertida en la sentencia de tutela
que se encuentra debidamente ejecutoriada y debe ser objeto de cumplimiento
por la encartada UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS- UARIV, por quienes actúan como representante legal de la
Dirección de Reparación y Director General de la UARIV, respectivamente, sin
que en lo sucesivo en sus otras intervenciones hasta la decisión sancionatoria,
hayan discutido dicha circunstancia o aportado nueva información que
impidiera adoptar las disposiciones en su contra».
48. Resumidos los argumentos centrales de las providencias enjuiciadas en esta
acción constitucional, la Sala destaca que en todas las decisiones la autoridad
judicial accionada expuso los mismos argumentos para confirmar la sanción por
desacato a la aquí accionante.
49. En síntesis, la tesis sostenida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá consiste en que la orden judicial
estaba incumplida porque no se había emitido el acto administrativo fijando la fecha
para el pago de la indemnización; y que la conducta de las sancionadas había sido
negligente, por cuanto reiteraron los mismos argumentos que fueron analizados y
desvirtuados en el fallo de tutela de 11 de mayo de 2022, y confirmado mediante la
sentencia de 30 de junio del mismo año.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
50. En este punto, sea lo primero señalar que mediante la sentencia de tutela de 11
de mayo de 2022, confirmada mediante el fallo de 30 de junio del mismo año, se
dispuso lo siguiente:
a) Ordenar a la UARIV que, dentro de los cinco días posteriores a la
notificación del fallo, se debía emitir un pronunciamiento mediante el cual
«establezca un término en el que se efectuará de manera material el
desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció (…)
mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020».
b) Exhortar al director técnico de reparaciones de la UARIV para que en el
próximo estudio de “método técnico de priorización” que se efectúe en el
caso del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA se discriminen
cada uno de los fundamentos y/o soportes que dan lugar a los resultados
que ponderen los factores de componente demográfico, estabilización
económica(…) y en lo sucesivo, realice el proceso de priorización para la
entrega de las medidas de indemnización en los términos y bajo las
condiciones señaladas en la Resolución 01049 de 2019 (…) en el sentido
que al momento de dar a conocer sus resultados a las personas que se les
ha reconocido el aludido derecho, poniendo en su conocimiento los plazos
aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas
accederán a la indemnización administrativa a que haya lugar».
51. Cabe señalar que frente a la sanción por desacato, esta Sección ha venido
sosteniendo en forma pacífica y reiterada que la finalidad de la figura prevista en el
artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991 es conminatoria, en tanto que su objeto
no es imponer una sanción en sí mismo, sino lograr a través de este mecanismo
coercitivo el cumplimiento de la orden judicial desatendida. En ese sentido, para que
haya lugar a imponer una sanción por el desacato resulta indispensable que se
acrediten dos requisitos, a saber, de la sanción: a) un elemento objetivo, y b) un
elemento subjetivo.
52. El elemento objetivo hace referencia «al incumplimiento del fallo, esto es, a que
se compruebe que la decisión contenida en el mismo no ha sido acatada por la
persona o entidad responsable28». En ese sentido, el análisis del elemento objetivo
requiere que el juez verifique «cuál era la conducta ordenada, quién o quiénes
debían cumplirla y dentro de qué término29».
53. Por otro lado, el elemento subjetivo «exige establecer que el responsable fue
negligente respecto de su obligación»; para ello el juez constitucional debe verificar
«si existió responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para acatarla».
54. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado lo
siguiente:
28
Entre otras ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 8 de junio de 2023.
Exp. N° 25000-23-15-000-2022-00580-04.
29
Ibidem.
26
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
[…] [E]l artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental
especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de
apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en
efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual obedece a que
la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la
protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el incidente de
desacato procede a solicitud de parte y se deriva del incumplimiento de una
orden proferida por el juez de tutela en los términos en los cuales ha sido
establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada30 y emana
de los poderes disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que conoce el
desacato, en principio, no puede modificar el contenido sustancial de la orden
proferida o redefinir los alcances de la protección concedida31, salvo que la
orden proferida sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta
ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado32; (v) por razones
muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato o la
consulta33, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho,
puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir
ajustes a la orden original, siempre y cuando se respete el alcance de la
protección y el principio de la cosa juzgada34; (vi) el trámite de incidente de
desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de
defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato35, quien no puede
aducir hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento36; (vii) el objetivo
de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia
de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes,
por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser
impuestas37; (viii) el ámbito de acción del juez, definido por la parte resolutiva
del fallo correspondiente, le obliga a verificar en el incidente de desacato: ‘(1) a
quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla;
(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de
la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)’38. De
existir el incumplimiento “debe identificar las razones por las cuales se produjo
con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el
derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada39 […].
[Negrillas fuera de texto]
55. La anterior posición fue reiterada, a su vez, en la sentencia SU-034 de 201840, en
la que se señaló lo siguiente:
«La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces,
en examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental
fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva
decisión judicial. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse
valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso
de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en
detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.
En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se
debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii)
en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si
30
Ver entre otras la Sentencia T-459 de 2003.
31
Sentencias T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
32
Ibídem.
33
Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir cambios
accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T-086 de 2003.
34
Sentencia T-1113 de 2005.
35
Sentencias T-459 de 2003, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
36
Sentencia T-343 de 1998.
37
Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997.
38
Sentencia T-553 de 2002.
39
Sentencia T-1113 de 2005.
40
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Su – 034 de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
27
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la
sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el
accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso.
(…)
Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato,
es menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el
conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia
excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o
fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo
esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién
debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado
alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se
le ha dado la oportunidad de hacerlo.
En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la
responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar
por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto que se ha
sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en
virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden
imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir
los principios del derecho sancionador”.
De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la
orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal
fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el
resultado– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste–
no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento
y, por lo tanto, no es procedente la sanción». [Subrayado de la Sala]
56. Retomando el caso objeto de estudio, la Sala observa que las órdenes contenidas
en la sentencia de tutela 11 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja, se encuentran incumplidas. Ello es así
habida cuenta que en la providencia aludida se dispuso que la UARIV debía en un
término de cinco días establecer la fecha en la que realizaría el pago o desembolso
de la indemnización administrativa que fue reconocida al señor Jhon Sebastián
Hernández García, a través de la Resolución N° 04102019-730824 de 11 de agosto
de 2020.
57. En ese orden de ideas, la Sala destaca que a la fecha no se ha expedido el acto
administrativo que determine el día en que se efectuará el pago de la indemnización,
lo cual se puede corroborar tanto con lo dicho por la sancionada en los escritos
allegados en los distintos incidentes de desacato cursados en su contra, como con
lo manifestado en la presente acción de amparo, en la que admite la imposibilidad
de establecer una fecha cierta de pago de la indemnización administrativa
reconocida a señor Jhon Sebastián Hernández García.
58. Es por lo anterior que la Sala no advierte que, frente al elemento objetivo de la
sanción desacato, exista un defecto fáctico o de desconocimiento del precedente,
comoquiera que, en efecto, las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 11 de
mayo de 2022 permanecen sin cumplirse.
28
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
59. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de la sanción por desacato, se evidencia
que la aquí accionante, mediante los informes de cumplimiento de 2 de febrero, de
17 de febrero, de 3 de marzo, de 25 de abril de 2023 y de 23 de mayo de 2023, le
puso de relieve a la autoridad judicial accionada las siguientes razones por las que
no había sido posible dar cumplimiento al fallo de tutela:
59.1. En primer lugar, señaló que existía una imposibilidad jurídica y material de dar
cumplimiento a las órdenes contenidas en el fallo de acción de tutela porque el pago
de la indemnización se hace bajo el cumplimiento de un procedimiento denominado
Método Técnico de Priorización, a través del cual se busca que el acceso a la
medida indemnizatoria sea de conformidad con la urgencia y vulnerabilidad de los
beneficiarios.
59.2. En ese sentido, explicó que con ocasión del citado procedimiento administrativo
«no se genera ningún listado, ni orden de entrega, puesto que, generar dichos
criterios resultaría inoficioso, entendiendo que el método técnico se realiza
anualmente y no acumula los puntajes, por ende, la información que se extraiga en
la aplicación del método, resulta improductiva para el Método Técnico del año
siguiente». Por lo anterior, precisó que «para establecer un término en el que se
efectuará de manera material el desembolso de la indemnización administrativa al
señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA, se tendría que, ANULAR toda la
aplicación del Método Técnico de priorización realizado el 2022, a todas las
personas que fueron sujetas del mismo, y realizar uno nuevo», lo cual resultaba
contrario al interés público.
59.3. Expuso que conforme al capítulo IV de la Resolución N° 1049 de 2019 «[l]a
aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la totalidad de víctimas
que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior cuenten con
decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su favor (…), [y]
Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el desembolso de la medida
de indemnización en la respectiva vigencia, la Unidad para las Víctimas procederá
a aplicarles el Método cada año hasta que de acuerdo con el resultado, sea
priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa».
59.4. En segundo lugar, señaló que el 31 de julio de 2022 se llevó a cabo el Método
Técnico de Priorización y «[c]omo resultado de lo anterior se encontró que la
accionante acumuló un puntaje de 38.1844 sobre 46.6053, que es puntaje mínimo
para acceder a la medida indemnizatoria, por lo que NO es procedente materializar
la entrega de la medida indemnizatoria en esta vigencia presupuestal. No obstante,
de conformidad con el anexo a la resolución 1049 de 2019, el Método Técnico de
Priorización se realizará cada año hasta que de acuerdo con el resultado sea
priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa (…). Es decir, la
accionante será sujeta nuevamente al Método Técnico de Priorización que se
realizará el 31 de julio de 2023».
59.5. Manifestó
que el puntaje del señor Hernández García había sido inferior al
requerido para acceder a la priorización en el año 2022, en virtud de que este «no
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
ha acreditado ninguna situación de extrema urgencia o vulnerabilidad manifiesta»,
en los términos previstos en la Resolución N°1049 de 2019.
59.6. Indico que la Resolución N° 1049 de 2019 fue expedida en virtud del Auto 206
de 2017, proferido por la Corte Constitucional, en que se le ordenó «reglamentar el
procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la
obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos».
En este punto, precisó que conforme a la citada Resolución existen tres rutas: a)
ruta priorizada; b) ruta general; y c) ruta transitoria.
59.7. En relación con la ruta general explicó, que aquellas personas que «no cuenten
con un criterio de: i) ser mayor de 74 años, ii) tener una condición de discapacidad,
o iii) tener alguna enfermedad huérfana, ruinoso, catastrófico o de alto costo, la
priorización en la entrega de la medida se regirá a través de la aplicación del Método
Técnico de Priorización, el cual, como se ha mencionado, se trata de un proceso
técnico que permite determinar el orden de acceso a la indemnización de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal».
59.8. También adujo que existían razones de orden presupuestal que habían
dificultado el pago de la indemnización administrativa a todas las víctimas del
conflicto armado. Al respecto señaló:
«El Gobierno a través de la Unidad para las Víctimas ha realizado un importante
esfuerzo en materia fiscal para atender, asistir y reparar a las víctimas del
conflicto armado interno, es así como desde el año 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2022 se han realizado 1.375.157 indemnizaciones a 1.296.582
víctimas por un valor de $9.236.477.783.522.
No obstante, dado el alto número de víctimas, la Entidad enfrenta
permanentemente retos presupuestales y operativos que le impiden
materializar la indemnización para todas las víctimas con derecho a esta. En
cuanto a la presente vigencia, la realidad en materia de indemnización
administrativa desborda la capacidad presupuestal de la Unidad para las
Víctimas, como se ilustra a continuación:
1. El valor del presupuesto asignado para la presente vigencia es de
$1.256.858.687.263 con los que se estima indemnizar aproximadamente a
111.000 víctimas con un promedio de costo de indemnización de $11.302.686.
2. Se debe aplicar el Método Técnico de Priorización a un universo promedio
de 5.438.226 víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto
administrativo de reconocimiento de la medida de indemnización.
3. Luego de la aplicación del Método Técnico de Priorización en el año 2022,
el universo de víctimas es de 52.417, las cuales cuentan con oficio de
favorabilidad y están pendientes por pagar, esto por valor de
$336.375.087.608.
4. Las víctimas con cumplimiento de criterio de priorización y cuya
indemnización se estima que costaría $1.167.108.301.460, es de 108.739.
5. Durante la vigencia 2023, las victimas que cumplirán criterio de priorización
por edad son 45.620 y dichas indemnizaciones tienen un valor estimado de
$436.949.917.559
30
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
Por consiguiente y de acuerdo con las proyecciones realizadas, la Entidad
estima que con los recursos asignados para la presente vigencia 2023
($1.256.858.687.263), no será posible alcanzar la meta de indemnizaciones, ni
dar cumplimiento a los indicadores del cuatrienio, contemplados en las metas
CONPES y el Plan Nacional de Desarrollo.
A continuación, se presentan la proyección de los recursos necesarios para la
presente vigencia a fin de lograr la estabilización conforme a derechos
adquiridos por las víctimas en cumplimiento de los criterios de priorización
emanados por la Resolución 1049 de 2019 y la Resolución 582 de 2021.
En este contexto, resulta imperiosa la necesidad de analizar y comprender la
situación, toda vez que es evidente que para poder indemnizar al universo de
víctimas expuesto existe la necesidad de aumentar el presupuesto asignado
para la vigencia 2023 a la Unidad para las Víctimas en lo referente al
otorgamiento de la medida de indemnización administrativa, teniendo en cuenta
que es preciso otorgar dicha medida a través de 218.848 pagos, esto sin
contemplar los más de 5.438.226 víctimas que a diciembre de 2022 contaban
con acto administrativo de reconocimiento, susceptibles a que se les aplique el
Método Técnico de Priorización y a la espera de la ordenación del pago por un
valor estimado de $33.654.037.181.200.
Como resultado del análisis de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la
ley de víctimas se expuso que el país necesita 301 billones de pesos a 2031
para cumplir la atención y reparación de las más de nueve millones de víctimas
que hay en Colombia».
59.9. Por último, precisó que si el actor se encontraba inmerso en alguno de los
supuestos previstos en la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019 como
urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad, debía informarlo a la UARIV, a
efectos de que se reconociera el pago de la indemnización a través de la ruta
especial.
59.10. Asimismo,
en los distintos trámites incidentales se allegaron los siguientes
documentos: (i) copia de la Resolución 04102019-730824 - del 11 de agosto de
2020, mediante la cual la UARIV reconoce «el derecho a la medida de
indemnización administrativa» al señor Jhon Sebastián Hernández García; (ii) copia
de la Resolución N° 1049 de 15 de marzo de 2019, «Por la cual se adopta el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se
crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones»; y (iii) copia del Oficio de 29 de
septiembre de 2022, mediante el cual la UARIV le informa al señor Jhon Sebastián
Hernández García el resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización
para el año 2022. Al respecto se señaló:
«La Unidad para las Víctimas efectivamente aplicó nuevamente el Método
Técnico de Priorización para la vigencia fiscal 2022, con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados
31
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
a la Unidad para las Víctimas, el orden de entrega de la indemnización
reconocida a su favor. Así las cosas, conforme el resultado de la aplicación del
Método mediante el Oficio de fecha 29 de septiembre de 2022 se concluyó que
NO es procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida.
Lo anterior, debido a que la ponderación de los componentes arrojó como
resultado el valor de 38.1844 como se muestra a continuación, y el puntaje
mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053:
Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables
demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y el avance en
su proceso de reparación integral; (ii) la disponibilidad presupuestal con la que
cuenta la Unidad; y (iii) el orden definido tras el resultado de la aplicación del
Método respecto del universo de víctimas aplicadas.
Teniendo en cuenta que, en su caso, no es posible realizar el desembolso de
la medida de indemnización en la presente vigencia fiscal, la Unidad procederá
a aplicarle nuevamente el Método el 31 de julio de 2023, con el fin de determinar
la priorización para el desembolso de su indemnización administrativa.
Es importante indicarle que, en ningún caso, el resultado obtenido en una
vigencia será acumulado para el siguiente año.
Por todo lo anterior, no es procedente otorgar una fecha cierta de pago de la
indemnización administrativa, la Entidad en concordancia con la nueva
normatividad debe aplicar el método técnico de priorización anualmente para
determinar el orden y la priorización de los pagos por concepto de reparación
administrativa, de manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal».
60. Bajo este contexto, resulta relevante poner de relieve que el procedimiento para
el pago de la medida indemnizatoria contenida en el artículo 13241 y s.s. de la Ley
1448 de 2011, se encuentra reglamentado en la Resolución núm. 1049 de 15 de
marzo de 2019, «Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar
la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización,
se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras
disposiciones».
61. El artículo 6° de la citada Resolución establece como fases del procedimiento
para acceso a la indemnización administrativa, las siguientes:
«[…] ARTÍCULO 6. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A LA
INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. El procedimiento para el acceso de la
indemnización administrativa se aplicará para todas las solicitudes que se
41
La norma en cuestión señala: «El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la
indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el
establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas
como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos
necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la
víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones
otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley».
32
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
eleven con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto
administrativo y se desarrollará en cuatro fases, así:
a) Fase de solicitud de indemnización administrativa;
b) Fase de análisis de la solicitud;
c) Fase de respuesta de fondo a la solicitud;
d) Fase de entrega de la medida de indemnización […]».
62. Ahora bien, la Sala observa que la misma resolución previó que las solicitudes
de indemnización se clasificarían en prioritarias y generales; siendo las primeras
para aquellos casos en los cuales la víctima está en condiciones de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad [de conformidad con lo previsto en al artículo
4°42 de la citada Resolución]; y las segundas, para los demás eventos en los que
no se acrediten dichas condiciones.
63. Así
las cosas, y una vez se efectúe el reconocimiento de la indemnización
administrativa, la UARIV deberá proceder con la fase de entrega. En cuanto a esta
etapa del procedimiento, el artículo 14 señala lo siguiente
«En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima
haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad referidas en el artículo 4o del presente acto administrativo, se
priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la
disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas.
En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado
a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se
hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tránsito entre
vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocación de las
víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionarán en la medida
que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de
indemnización y ordenan su pago.
En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la
indemnización, el orden de priorización para la entrega de la medida de
indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de
priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya
disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los términos del
inciso primero del presente artículo.
En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para
las Víctimas comunicará a la víctima solicitante acerca del período de que
dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización […].
(Subrayado fuera del texto)
42
La norma en cuestión dispone: «ARTÍCULO 4. SITUACIONES DE URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA
VULNERABILIDAD. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente
considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: A. Edad. Tener una edad
igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad
para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional. B.
Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el
Ministerio de Salud y Protección Social. C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones
e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia
Nacional de Salud».
33
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
64. En este punto, vale la pena destacar que la norma citada permite hacer las
siguientes observaciones respecto del pago de la medida indemnizatoria prevista
en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011:
a. Cuando la víctima se encuentra en condición de urgencia manifiesta o
vulnerabilidad extrema, de conformidad con el artículo 4° citado, «se
priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la
disponibilidad presupuestal» de la UARIV.
b. Cuando las indemnizaciones de las personas en condición de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad «superen el presupuesto asignado a la
Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se
hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal», y para ello se
mantendrá el orden o «colocación de las víctimas priorizadas», el cual
dependerá de la «firmeza [de] los actos administrativos que reconocen la
medida de indemnización y ordenan su pago».
c. Para los demás casos se aplicará el Método Técnico de Priorización y «[l]a
entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya
disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida» a las personas
que se encuentran en condición de urgencia manifiesta o vulnerabilidad
extrema.
65. En cuanto al Método Técnico de Priorización se observa que los artículos 15, 16
y 17 de la Resolución 1049 de 2019 señalan que su objeto es «generar unas listas
ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de
los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin».
66. Ahora bien, en el Anexo de la Resolución núm.1049 de 15 de marzo de 2019,
«Método Técnico de Priorización de la Indemnización Administrativa», se señala lo
siguiente:
«La aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la totalidad de
víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su
favor.
Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el desembolso de la
medida de indemnización en la respectiva vigencia, la Unidad para las Víctimas
procederá a aplicarles el Método cada año hasta que de acuerdo con el
resultado, sea priorizado para el desembolso de la indemnización
administrativa. En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será
acumulado para el siguiente año.
Las víctimas que según la aplicación del Método obtengan el puntaje que les
otorgue turno de entrega de la indemnización administrativa en la
correspondiente vigencia, serán citadas de manera gradual en el transcurso del
año para la entrega de la indemnización administrativa. La Unidad para las
Víctimas pondrá a disposición de las víctimas la información, que les permita
34
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
conocer sobre la priorización o no del desembolso de la indemnización
administrativa, durante cada vigencia». (Negrillas fuera del texto)
67. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la decisión de establecer una
fecha para realizar el pago de la indemnización administrativa no depende de un
acto meramente discrecional de la directora de la UARIV, sino que debe observarse
un procedimiento administrativo que busca, mediante criterios técnicos y objetivos,
garantizar que el pago de la indemnización sea recibido, en primera instancia, por
las víctimas que se encuentran en condiciones de urgencia manifiesta o
vulnerabilidad extrema y, en segundo lugar, por las víctimas que de acuerdo con
la aplicación del Método Técnico de Priorización resulten priorizadas en cada
vigencia fiscal.
68. En consonancia con lo anterior, como ya se indicó, la sancionada ha venido
manifestando en los distintos trámites incidentales que el pago de la indemnización
administrativa a las víctimas es un asunto que no depende exclusivamente de su
intencionalidad, en tanto que existe un universo de «5.438.226 víctimas que a 31 de
diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento de la medida
de indemnización», a los cuales se les está aplicando anualmente el Método
Técnico de Priorización en cada vigencia fiscal, a efectos de determinar el número
de personas a las que le era posible efectuar el pago de la medida indemnizatoria.
69. En ese mismo sentido, explicó la actora que, como resultado de la aplicación de
la aludida metodología, en el año 2022 se priorizó el pago de 52.417 víctimas; y que
para la presente vigencia fiscal se tiene proyectado que, a través de este método,
se priorice el pago de 45.620 víctimas. Sin embargo, precisó que para acceder al
pago del universo de 5 millones de víctimas, se requiere de la suma aproximada de
$33.654.037.181.200, monto que supera el presupuesto anual de la entidad.
70. También destacó que para el año 2023 el presupuesto de la UARIV destinado al
pago de indemnizaciones era de $1.256.858.687.263, el cual resultaba insuficiente
para saladar todas las indemnizaciones reconocidas a las víctimas del conflicto
armado que, como se dijo anteriormente, ascienden a 5.438.226 de personas.
71. Lo anterior denota que existe un problema estructural respecto del cumplimiento
de la orden judicial, lo que a su vez permite advertir que la falta de acatamiento de
la instrucción judicial no obedece, per se, a la conducta desinteresada, negligente o
renuente de la sancionada de materializar la orden emitida por el juez de tutela.
72. En efecto, la señora María Patricia Tobón Yagarí acreditó en los incidentes de
desacato que el pago o desembolso de la medida indemnizatoria tiene un marco
regulatorio que ha sido expedido en cumplimiento del Auto 206 de 28 de abril de
2017, proferido por la Corte Constitucional43. Según este marco regulatorio, que ha
43
En la citada providencia la Corte Constitucional sostuvo: «Por lo anterior, en reiteración de las órdenes tercera y vigésimo
sexta del auto 373 de 2016, esta Sala ordenará al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben
agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos,
cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurro de los 6 años adicionales a los inicialmente
contemplados, de acuerdo con la respuesta emitida por el Gobierno Nacional a la orden tercera del auto 373 de 2016, en
torno al nuevo cálculo de los recursos planteados en el documento CONPES 3726 de 2012. Esta Sala Especial le ADVIERTE
al Director de la UARIV que, conforme lo reiteró esta Corporación, la magnitud del esfuerzo presupuestal para indemnizar a
las personas desplazadas justifica que esta obligación se satisfaga de manera progresiva y siguiendo criterios de priorización.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
sido explicado con antelación, el desembolso de la indemnización depende de los
recursos que son asignados a través de la ley del presupuesto general de la Nación
a la UARIV; y, además, existen criterios técnicos y objetivos para que se priorice el
pago de estas indemnizaciones a la población víctima del conflicto que se
encuentran en condiciones de «urgencia manifiesta» o «vulnerabilidad extrema».
73. Lo anterior, se puede corroborar con lo establecido en la Ley 2276 de 29 de
noviembre de 2022, mediante la cual se «decreta el presupuesto de rentas y
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al
31 de diciembre de 2023», que en su artículo 2° dispone lo siguiente: «[a]própiese
para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública
del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al
31 de diciembre de 2023 (…), según el detalle que se encuentra a continuación:
74. Cabe señalar que la autoridad judicial en las providencias objeto de esta acción
constitucional, al estudiar el elemento subjetivo de la sanción por desacato, se limitó
a señalar que las sancionadas habían reiterado «los mismos argumentos que
presentaron tanto en el trámite de la tutela, como en los incidentes de desacato
resueltos, referentes a que, debe sujetarse (…) con lo cual no solo [se] está
deslegitimando la orden impartida, sino que además pretende reabrir el tema de
fondo, decidido mediante la sentencia de tutela».
75. Teniendo en cuenta lo manifestado por las autoridades accionadas, es necesario
precisar que la función y el análisis que efectúa el juez constitucional al dictar el fallo
de tutela es completamente diferente al análisis que se hace al decidir sobre el
desacato de la sentencia. Ello, porque al momento de dictarse la sentencia se debe
constatar la existencia de una vulneración a una garantía constitucional, identificar
el responsable de la transgresión y adoptar las medidas de restablecimiento.
Mientras que al resolverse el desacato se debe evaluar el cumplimiento de la orden
[elemento objetivo] y analizar si su incumplimiento obedece al actuar omisivo y
negligente del obligado [elemento subjetivo].
No obstante, esto no implica que estas personas se encuentren en una completa incertidumbre acerca de si van a recibir esos
recursos, en qué plazo aproximado y siguiendo qué orden. Por lo tanto, esta Corporación no encuentra de recibo que se
esgriman las restricciones presupuestales como una excusa para abstenerse de otorgar la información mínima que permita
garantizar el debido proceso de la población desarraigada cuando se acerca a las autoridades para solicitar información en
esta materia».
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
76. Para mayor claridad de lo anterior, la Corte Constitucional en el Auto 206 de 28
de abril de 201744 precisó lo siguiente:
«Como se desprende de la cita anterior, la jurisprudencia constitucional
diferenció el (in)cumplimiento del fallo y la procedencia del incidente del
desacato, bajo la siguiente premisa: “todo desacato implica incumplimiento,
pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato”. La diferencia fundamental
entre una y otra cosa radica en que el (in)cumplimiento del fallo es una
constatación objetiva, mientras que la procedencia del incidente de desacato
presupone la configuración de una serie de elementos de responsabilidad
subjetiva. O en otros términos, el sólo incumplimiento del fallo no presupone la
responsabilidad del destinatario de la orden de tutela, sino que hace falta
acreditar que haya incurrido en una conducta culposa o dolosa. Esto implica
considerar el contenido de la orden (i.e. precisión, claridad, viabilidad); la
respuesta que desplegó el destinatario; y la concurrencia de circunstancias
eximentes de responsabilidad.
Estas reglas fueron aplicadas en el marco de problemas estructurales que
impiden que una entidad ofrezca una respuesta oportuna a las acciones de
tutela, como ocurrió con CAJANAL y COLPENSIONES. De una parte, la Corte
resaltó que en estas situaciones, la emisión masiva y generalizada de órdenes
por parte de los jueces de tutela puede traducirse en la adopción de medidas
“que resultan imposibles de cumplir en los plazos previstos”».
77. Así las cosas, a juicio de la Sala, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá no podían sustraerse de la obligación
de estudiar los argumentos de defensa expuestos por la actora aduciendo que lo
que se pretendía era reabrir el debate analizado a través del fallo de tutela, cuando
lo cierto es que lo pretendido por la aquí accionante, mediante los informes
allegados al trámite incidental, era que la autoridad judicial accionada constatara
que el incumplimiento de la orden judicial no obedecía al actuar renuente y
negligente de la funcionaria, sino que era consecuencia de problemas estructurales
y fiscales que desbordaban sus competencias y capacidades.
78. Por lo precedente, la Sala considera que el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrieron en un defecto
fáctico y en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, contenido en la
sentencia SU - 034 de 2018 de la Corte Constitucional, porque al expedir los autos
14 de febrero, de 31 de mayo, de 22 de febrero, de 7 de junio y de 20 de junio de
2023 no valoraron desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de
cumplimiento de 2 de febrero, de 17 de febrero, de 3 de marzo, de 25 de abril y de
23 de mayo de 2023, y tampoco valoró las resoluciones núms.04102019-730824 -
del 11 de agosto de 202045 y 1049 de 15 de marzo de 201946 y el Oficio de 29 de
septiembre de 202247, aportados al trámite incidental.
79. También cabe destacar que de haberse aplicado el precedente jurisprudencial y
valorado los informes y las pruebas allegados por la sancionada, la autoridad judicial
44
Corte Constitucional. Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 del 2004. Auto 206 de 28 de abril de 2017. M.P.:
Gloria Stella Ortiz Delgado.
45
Mediante la cual la UARIV reconoce «el derecho a la medida de indemnización administrativa» al señor Jhon Sebastián
Hernández García.
46
«Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones».
47
Mediante el cual se le informa a la actora
37
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
accionada hubiese advertido que la aquí actora desplegó las acciones a su alcance
para dar cumplimiento al fallo de tutela, en tanto que la indemnización administrativa
reconocida al señor Jhon Sebastián Hernández García fue sometida al Método
Técnico de Priorización, pero para la vigencia fiscal del año 2022 no quedó
priorizada para pago, en tanto que existían otras víctimas en mayores condiciones
de vulnerabilidad y urgencia.
80. Igualmente, se desconoció que el pago de las indemnizaciones se hace de
acuerdo con los recursos que en cada vigencia fiscal son asignados a la UARIV y
que el presupuesto destinado por la entidad para el pago de las citadas
indemnizaciones depende, a su vez, de la partida asignada a través de la Ley anual
de presupuesto, situación que permite observar que el incumplimiento del fallo de
tutela y, en consecuencia, la afectación al derecho de acceder a la indemnización
administrativa no es consecuencia de la conducta omisiva de la aquí accionante, en
su condición de directora general de la Unidad de Víctimas.
81. En el mismo sentido se pronunció esta Sección, en sentencia de 4 de agosto de
2023, en la que señaló que:
«Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho a la
reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar
en consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo con la finalidad de
indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo
al mismo tiempo.
Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas expidió
la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019, “Por la cual se adopta el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa,
se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de
2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció
las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método
técnico de priorización para su desembolso. (…)
(…)
Retomando el caso bajo de estudio, la Sala destaca que en múltiples ocasiones
la incidentada ha manifestado al JUZGADO que se dio cumplimiento a la orden
de tutela mediante la Resolución núm. 04102019-40258 de 2 de septiembre de
2019, en la que se reconoció una indemnización administrativa a favor de la
señora MARLENY GARCÍA CASTRO y se le puso en conocimiento que el pago
de la misma se realizaría conforme al procedimiento previsto para el efecto en
la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019 de la Dirección General de la
UARIV, para lo cual era necesario esperar a que la entidad procediera a la
aplicación del método de priorización que solo tiene lugar anualmente.
(…)
Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que los
jueces accionados no acogieron las pautas que la jurisprudencia constitucional
ha avalado en materia de aplicación de criterios de priorización y el agotamiento
del procedimiento previsto por la ley dentro del esquema para la entrega de la
indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto
armado.
En efecto, si al momento de resolver el trámite incidental de desacato o
pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la sanción, los jueces
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
hubiesen tomado en cuenta el aspecto de la responsabilidad subjetiva en el
contexto señalado, habrían arribado a una decisión diferente».
82. Lo mismo ocurre respecto de la providencia que resolvió la solicitud de
inaplicación, esto es el auto de 20 de junio de 2023. En criterio de la Sala se
desconoció lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU – 034 de 2018,
para lo cual adujo lo siguiente:
«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por la accionante,
la Sala constata que la jurisprudencia constitucional ha avalado de
manera reiterada la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar
la adecuada reparación integral de las víctimas conforme a los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad.
En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[48] esta Corte ha reconocido
que la salvaguarda de los derechos de que son titulares las víctimas,
específicamente en su faceta de acceso a la indemnización por vía
administrativa, está vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una
efectiva ejecución de la política de reparación integral, la cual está sujeta a
una regulación que, para avanzar en el sentido de ser plenamente operativa,
incluye, entre otras cosas, la debida identificación y caracterización de las
víctimas –en lo cual ellas toman parte activa–, la incorporación de un enfoque
diferencial en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la apropiada
distribución de los recursos reservados por el Estado para tal fin, atendiendo
al particular estado de vulnerabilidad de los destinatarios de tales medidas.
Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –como ocurre
con el creciente recurso a la acción de tutela para obtener una orden de pago
directa e inmediata al margen de los turnos– genera efectos adversos para el
correcto funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se cuentan
la afectación del derecho a la igualdad de otras víctimas que aguardan por
ser indemnizadas y el paralelismo de actuaciones que duplica la tarea de las
autoridades encargadas y auspicia el bloqueo institucional[49].
Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para la Sala es claro
que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Juez Civil del
Circuito de Los Patios y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta asumieran una postura omnicomprensiva del contexto
–estado de cosas inconstitucional en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado– y tomaran en consideración los informes
rendidos por la UARIV (incluso aquellos allegados con posterioridad a
la imposición de las sanciones por desacato en cada uno de los
expedientes), para reconocer la imposibilidad de efectuar los pagos en
el escaso plazo concedido en las sentencias, valorar las gestiones
adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de tutela y
descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los fallos
de tutela que dispusieron el pago de las indemnizaciones administrativas.
(…)
[48] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz
Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-
130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-293 de
2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez, T-112 de 2015,
M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-863 de 2014, M.P.: Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-640 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[49] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad con el propósito
de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, pone de manifiesto el
prudente acatamiento a las reglas legales y jurisprudenciales que
imponen al Estado la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto –así no se
concretara el pago inmediato de la indemnización administrativa–,
habida cuenta de que en ningún momento se cuestionó el derecho que
les asistía a los tres peticionarios a reclamar la medida de reparación a
que se alude, los tiempos inicialmente previstos para su entrega en dos de
los casos no se aprecian desproporcionados atendiendo a la masividad de
solicitudes, y en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la imposibilidad jurídica
de pagar la indemnización sin haber previamente identificado y caracterizado
el hogar del peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de acción
adoptada por la UARIV (consistente en la asignación de un turno para la
entrega efectiva de la indemnización) está inserta en una estructura
general de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de la Sala).
83. En la sentencia transcrita la Corte examinaba si las decisiones de los jueces
constitucionales, de denegar el levantamiento de la sanción por desacato a las
órdenes de reconocimiento de indemnización a las víctimas, estuvieron ajustadas a
derecho, en la que concluyó que una lectura ponderada del contexto de la situación
no habría sido indiferente al hecho de que la obligación de reparar integralmente a
las víctimas del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo
constitucional que incluye el agotamiento de un procedimiento y la aplicación
de unos criterios de priorización, así como al respeto por unos principios de rango
superior, especialmente, el derecho a la igualdad de que son titulares todas las
personas que aspiran a acceder a la indemnización administrativa.
84. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que los
jueces accionados no acogieron las pautas que la jurisprudencia constitucional ha
avalado en materia de aplicación de criterios de priorización y el agotamiento del
procedimiento previsto por la ley dentro del esquema para la entrega de la
indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto
armado.
85. Enefecto, si al momento de resolver el trámite incidental de desacato o
pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la sanción, los jueces
hubiesen tenido en cuenta el aspecto de la responsabilidad subjetiva en el contexto
señalado, la decisión hubiera sido diferente.
86. Porlo precedente, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora y, en consecuencia,
dejará sin efectos los autos de 14 de febrero, de 31 de mayo y de 20 de junio de
2023, proferidos por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja; y los
autos de 22 de febrero y 7 de junio de 2023, dictados por el Tribunal Administrativo
de Boyacá.
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
87. Lo anterior no obsta para que la Sala inste a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS
VÍCTIMAS - UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de
priorización, con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
de la indemnización administrativa reconocida al señor JHON SEBASTIÁN
HERNÁNDEZ GARCÍA, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
mediante la Resolución núm. 04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, con el
objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022 y se
logre la reparación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de la señora María Patricia Tobón Yagarí frente a los autos de 15 de
septiembre y de 22 de septiembre de 2022, proferidos por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
respectivamente, dentro del trámite incidental identificado con el número único de
radicación 15001-33-33-011-2022-00122-00/02, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la accionante. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los autos de 14 de febrero, de 31 de mayo y de 20 de junio de 2023,
proferidos por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja; y los autos de
22 de febrero y de 7 de junio de 2023, dictados por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, dentro de los trámites incidentales identificados con el número de radicado
15001-33-33-011-2022-00122-00/03/04, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: INSTAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS - UARIV para que
continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización, con el fin de que
se establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización
administrativa reconocida al señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado, mediante la Resolución núm.
04102019-730824 de 11 de agosto de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022 y se logre la reparación.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
41
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03870-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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