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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05185-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05185-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR LA TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en la acción de tutela adelantada por el señor Francisco Javier García Londoño, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05185-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de diciembre de 2024

Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-05185-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05185-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Se modifica decisión de
primera instancia, para, en su lugar, declarar configurada la
temeridad y la cosa juzgada constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 25 de octubre de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A declaró improcedente la solicitud de amparo por
haberse configurado la figura procesal de temeridad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 26 de septiembre de 2024 a través de correo electrónico
dirigido a la Secretaría General de esta corporación, el señor Francisco Javier García
Londoño, actuando en nombre propio, entabló acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

En criterio del actor, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo lugar
con ocasión de la providencia del 28 de marzo de 2019 dictada por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-03-25-000-2012-00372-00, y la sentencia del 20 de agosto de 2021 que

1 Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

1
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-05185-01

resuelve el recurso extraordinario de revisión proferida en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2020-02925-00.

1.2. Pretensiones

Conforme lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

*QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A LA SECCIÓN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN A QUE PROFIRIÓ LA SENTENCIA CON RADICADO
11001032500020120037200, QUE ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y
PRIVILEGIANDO LO SUSTANCIAL SEGÚN LOS ARTÍCULOS 29° Y 228° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FRENTE A UN ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR DE
ELEMENTOS PURAMENTE FORMALES.

*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS POR LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA DIAN CONTENIDOS EN LAS
SIGUIENTES RESOLUCIONES 8300060-2009-01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, 6027
DE 24 DE MAYO DE 2007 Y 7319 DE 21 DE JUNIO DE 2007COMO SON: i)
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL O
FUNCIONARIO COMPETENTE. ii) DERECHO A LA IGUALDAD, iii) DERECHO A
EJERCER CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN. y iv) DERECHO
A DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REITEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS
LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Unidad de Administración Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, en adelante DIAN, en virtud del proceso disciplinario adelantado en contra
del accionante, profirió la Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007,
mediante la cual, lo destituyó e inhabilitó por 12 años. Dicha decisión fue confirmada
mediante Resolución 06027 del 24 de mayo de 2007 por el director general de la DIAN.

Con ocasión a lo anterior, el accionante adelantó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de pretender la nulidad de los actos
administrativos proferidos por la DIAN en el proceso disciplinario, y en consecuencia
de ello, el reintegro a la corporación en el «cargo de carrera administrativa sin solución
de continuidad para todos los efectos laborales y legales».

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 28
de marzo de 20193 resolvió negar las pretensiones al considerar que el accionante no

2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 La sentencia fue notificada por edicto fijado el 10 mayo de 2019. Índice 41 radicado 11001-03-25-000-

2012-00372-00.

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logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados, toda vez que, fueron proferidos
conforme las normas que regulan el proceso disciplinario4.

Inconforme con la anterior decisión, el accionante el 03 de julio de 20205 presentó
recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las causales 1° y 5° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado
lo declaró infundado mediante providencia del 20 de agosto de 20216, al considerar
que:

En efecto, el fundamento expuesto en el recuro extraordinario de revisión no se adecúa
a uno solo de los eventos -antes mencionados- para que pueda configurarse la causal
de revisión propuesta, toda vez que lo pretendido claramente es lograr una instancia
adicional para rebatir el análisis probatorio y el razonamiento jurídico que se hizo por
parte del juez natural de la causa y, de esa manera, conseguir una decisión favorable,
al punto que lo que se predica es la existencia de “un defecto fáctico”, no instituido en
la ley para la procedencia de dicha clase de mecanismo extraordinario de
impugnación.

La anterior decisión fue notificada el 09 de septiembre de 2021 mediante correo
electrónico7.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante indicó que se desconoció el derecho constitucional al juez natural,
debido a que, tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con
radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00 como en el recurso extraordinario de
revisión 11001-03-15-000-202-002925-00 «nunca se pronunciaron respecto a la
competencia de la funcionaria supernumeraria (Catalina Ramírez Suarez) para proferir el fallo
disciplinario en primera instancia; pues en ambos casos, sólo se pronunciaron frente a la
competencia de la funcionaria para instruir la investigación disciplinaria y de la competencia
de la DIAN para adelantar la investigación en primera instancia».

Expresó que se configuró una vulneración al principio de favorabilidad consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, dado que, según el numeral 4° del artículo 38
de la Ley 734 de 2002 se debió aplicar la interpretación más favorable, debido a que,
a su juicio, «una vez realizado el pago en su totalidad del fallo con responsabilidad fiscal, y
éste sea acreditado por la contraloría respectiva, la inhabilidad desaparecerá y el servidor
público puede continuar ejerciendo su cargo público, teniendo en cuenta el efecto útil de la
norma».

A folios 25 a 31 del escrito de la tutela, citó distintas sentencias de unificación
proferidas por la Corte Constitucional para sustentar que la presente acción cumple
con los requisitos de subsidiaridad e inmediatez.

4 Conforme a lo establecido en el numeral 1° del artículo 149 del CPACA, el proceso ordinario es de

única instancia por cuanto se demandaron actos administrativos proferidos por una autoridad de
ordena nacional.
5 Índice 2 de Samai. Radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00.
6 Índice 33 de Samai. Radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00.
7 Índice 36 de Samai. Radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00.

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Además, enunció que las decisiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial8 por cuanto, se ignoró las sentencias dictadas por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A en los procesos
identificados con radicado 11001-03-25-000-2011-00100-00 y 11001-03-25-000-
2012-00126-00, los cuales, cumplían con todos los requisitos exigidos para ser
considerados precedente judicial aplicable a su caso, esto es: «(i) Que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver, (ii) Que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo
caso, y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente»9.

Adicionalmente resaltó que, al desconocerse el precedente judicial anteriormente
referenciado y proferido por la misma autoridad judicial accionada, se vulnera su
derecho constitucional a la igualdad, dado que «permitieron que fuera la supernumeraria
incompetente Catalina Ramírez Suarez, quien profiriera la decisión en primera instancia que
destituyera e inhabilitara por 12 años al señor Francisco Javier García Londoño».

Argumentó que se presentó un defecto procedimental absoluto10 en la medida que la
autoridad judicial con sus actuaciones y decisiones desconoció su derecho de acceso
a la administración de justicia y sus obligaciones de dar prevalencia al derecho
sustancial.

Finalmente, indicó que no se presentó un daño consumado ni una carencia actual de
objeto11 «dado que dicha Resolución Disciplinaria de “destitución” tiene un efecto en el
tiempo que va más allá de la condena específica de “inhabilidad general por 12 años”, en el
sentido de que se me interrumpe abruptamente mi derecho constitucional a ejercer el cargo
de carrera administrativa en la Dian y se configura en un antecedente disciplinario para la
accionante; y por tanto, de haberse presentado una vulneración al debido proceso».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 30 de septiembre de 202412 el magistrado sustanciador de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, ordenó notificar a la parte
accionada13, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo

8 Argumento obra a folio 41 del escrito de tutela.
9 A folio 43 a 44 realiza un cuadro comparativo para exponer que la sentencia proferida en el proceso

con radicado 11001-03-25-000-2011-00100-00 debe ser considerada precedente judicial aplicable a su
caso. A folio 45 a 47 cita fragmentos de la providencia dictada en el proceso con radicado 11001-03-
25-000-2012-00126-00 a fin de resaltar que la autoridad judicial accionada desconoció su propio
precedente.
10Folio 50 del escrito de tutela.
11 Folio 55 del escrito de tutela.
12 Índice 6 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
13Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó a las siguiente direcciones electrónicas:

ces2secr@consejodeestado.gov.co, kiko-g-a@hotmail.com, notifjduque@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; angy.pe@hotmail.com;
apenac@consejodeestado.gov.co

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Rad: 11001-03-15-000-2024-05185-01

estipulado en el artículo 610 del CGP14, y adicionalmente vinculó como tercero con
interés en el resultado del proceso, a la DIAN15.

Mediante memorial radicado el 30 de septiembre de 201416, el accionante realizó una
ampliación del escrito inicial, en el que referenció: las sentencias SU-391 de 2016,
SU-288 de 2022, T-079 de 2018, SU-499 de 2016, T-024 de 2023, SU-012 de 2020,
C-328 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del
05 de agosto de 2014 dictada por el Consejo de estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-
02201-01, para argumentar que el requisito general de inmediatez debe flexibilizarse,
toda vez que la afectación a sus derechos fundamentales es actual y permanente.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A17

El magistrado ponente de la decisión cuestionada argumentó que el mecanismo
constitucional no cumple con el requisito de inmediatez, «en tanto que la sentencia
que se pretende censurar por vía de tutela fue proferida el 28 de marzo de 2019 y
notificada por edicto desfijado el 14 de mayo de 2019, mientras que la acción de tutela
se radicó el 26 de septiembre de 2024, es decir, superó el término de 6 meses que la
Sala Plena del Consejo de Estado fijó en sentencia de 5 de agosto de 2014, como
plazo suficiente para el ejercicio oportuno del amparo tutelar contra providencia
judicial».

Así mismo, consideró que la acción de tutela era temeraria, en la medida que el
accionante ha interpuesto distintas acciones constituciones con supuesto fácticos
similares.

1.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN18

El apoderado de la entidad vinculada solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela, debido a la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales, el
incumplimiento del requisito de inmediatez y por configurarse el fenómeno de la
temeridad.

1.7. Sentencia de primera instancia19

14Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó a las siguientes direcciones
electrónicas: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; oficina.juridica@defensajuridica.gov.co;
agencia@defensajuridica.gov.co
15Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Se notificó a la siguiente dirección electrónica:

notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co
16 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
17 Índice 12 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
18 Índice 13 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
19Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

5
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El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dictó sentencia el 25 de
octubre de 2024, en la que declaró improcedente la acción constitucional, por cuanto
evidenció la configuración de temeridad y la cosa juzgada constitucional. En ese
sentido, indicó lo siguiente:

(…) la Sala advierte que el ejercicio de la acción de tutela por el accionante es
ciertamente temerario y abusivo, pues ha presentado de manera sistemática diversas
acciones que comparten una causa común como lo es el debate sobre la competencia
de la funcionaria que le impuso la sanción disciplinaria y que ha sido materia de
pronunciamiento en sede ordinaria y extraordinaria. En varios fallos de tutela, las
autoridades judiciales le advirtieron explícitamente que debía abstenerse de interponer
nuevos recursos de este tipo e incluso se le impusieron sanciones por incurrir en
conductas temerarias.

(…)

En este caso, la Sala evidencia un uso abusivo y deliberado de la acción de tutela por
parte de Francisco Javier García Londoño, que constituye una actuación de mala fe,
por cuanto en la demanda manifestó “bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la interposición de esta demanda de tutela, que no he presentado otra
acción de tutela por los mismos hechos y derechos que se tratan en este escrito”. Esta
conducta no solo representa un desafío a las advertencias anteriores de las
autoridades judiciales, sino que es contraria a la realidad, lo que afecta negativamente
el adecuado funcionamiento de la administración de justicia al sobrecargar el sistema
con procedimientos reiterativos sobre una misma controversia.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 05 de noviembre de
202420mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación21

El accionante reprochó la conclusión del a quo al estimar que no se tuvo en cuenta
«el artículo 22 de la Ley 2430 de 2024 y como consecuencia de ello desconociendo
la prevalencia del derecho sustancial consagrada en el artículo 3° del Decreto 2591
de 1991, y vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural,
y al derecho a la Igualdad».

Argumentó, que no existió una actuación de mala fe, por cuanto, las sentencias de
unificación: SU-168 de 2017, SU-012 de 2020, SU027 de 2021, SU-397 de 2022, SU-
029 de 2023, y lSU-128 de 2024 de la Corte Constitucional, facultan a los ciudadanos
a «promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada sobre los mismos hechos
en casos excepcionales, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentamos otra acción
de tutela con identidad de partes, de causa, y de objeto»22.

Para sustentar lo anterior, citó las excepciones analizadas por la Corte Constitucional
en las referidas sentencias de unificación.

20 Índice 22 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
21 Índice 23 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 05 de noviembre de

2024 a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado
en la misma fecha. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.
22 Cita del texto original con posibles errores.

6
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Rad: 11001-03-15-000-2024-05185-01

En su consideración, con el fallo de primera instancia, se le está denegando el acceso
a la administración de justicia y a una tutela efectiva, por cuanto, no se dio un
pronunciamiento de fondo respecto a la existencia de un hecho nuevo que justificaba
la interposición de una otra acción de tutela y desvirtuaba la figura procesal de cosa
juzgada y temeridad.

Indicó, que el hecho nuevo se relaciona con: « la vulneración a los derechos
fundamentales i) al debido proceso y al juez natural o funcionario competente. ii) al derecho a
la igualdad, iii) al derecho a ejercer cargo de carrera administrativa en la DIAN; era que dicha
vulneración a los derechos fundamentales era “permanente, continua y actual en el
tiempo”»23.

A su vez, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, y citó distinta
jurisprudencia de la Corte Constitucional para exponer que: i) la Supernumeraria
Catalina Ramírez Suarez no ostentaba con la competencia para para proferir la
Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, mediante la cual fue destituido
e inhabilitado por 12 años; ii) la vulneración a sus derechos fundamentales es
permanente, continua y actual al principio de favorabilidad en materia laboral; y iii) no
se flexibilizó el requisito de inmediatez.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el día 25 de
octubre de 2024. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

¿Se configura la temeridad en el ejercicio de la acción constitucional?

En caso contrario, se analizará si en el presente asunto se superan los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales;
y de superarse se resolverá si:

23 Cita del texto original con posibles errores.

7
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• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad y al principio de
favorabilidad en materia laboral, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de
marzo de 2019 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00 y la sentencia del 20 de agosto
de 2021 que resolvió el recurso extraordinario de revisión dictada en el trámite
con radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) la figura jurídica de la temeridad y la cosa juzgada
constitucional; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 24,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema25.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales26.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 27, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4 Sobre la temeridad y la cosa juzgada constitucional.

24 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
25 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
26 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que existe temeridad cuando «sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura entonces, cuando
concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad en la causa
petendi; (iii) identidad de objeto, y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción28.

La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de la
buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. La Corte
Constitucional, ha señalado que cuando se obra temerariamente se vulnera este
principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura
deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción constitucional y como la
buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades
públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis
profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en
que éstas se fundan29. En el evento en que se demuestre esa identidad se debe
rechazar la solicitud de amparo. Al respecto, indicó:

La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y
del acervo probatorio que repose en el proceso30.

Esta Corporación señaló al respecto31: «De conformidad con el artículo transcrito, se tiene
que la acción temeraria se configura por la presentación simultánea o sucesiva de acciones
de tutela, sin que exista un motivo razonable y válido. Este ejercicio arbitrario e injustificado
de la acción de tutela materializa la actuación temeraria, al desconocerse el fin para el cual
fue creado dicho instrumento»32.

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de cosa

28 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2020??
30 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 y T-145 de

1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003, entre otras.
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Radicado: 11001-03-15-000-2012-

01318-00 (AC).
32Esta Sección se ha manifestado sobre el particular, en sentencia de 30 de mayo de 2014, C.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado No. 25000-23-42-000-2014-00675-01 (AT).

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juzgada constitucional y temeridad, ha precisado33:

[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por una
parte, la concepción por la que está solo puede configurarse si el accionante actúa de
mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se requiere
tal elemento para su consolidación, en consecuencia, solo se necesita que el accionante
presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación
alguna. No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la
improcedencia de una acción de amparo por temeridad debe presentarse por el
actuar doloso y de mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricción
legitima al derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela. La
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones”; y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un
actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa
que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta
sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones:
i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que
se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro
proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva
solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como
caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la
convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se
configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la triple
identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa
juzgada […]34. (Subrayado y negrilla por fuera del texto)

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:

A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado
que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de triángulos
procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones de tutela se reúnan
las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede entenderse que aquella
institución se configura.

2.5. Caso concreto

Frente a la vulneración alegada por el actor, respecto de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al juez natural, igualdad, y al principio de «favorabilidad en materia
laboral» derivados de la decisión adoptada en la sentencia proferida el 28 de marzo de
2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-
2012-00372-00 y en la providencia del 20 de agosto de 2021 que resuelve el recurso
extraordinario de revisión dictada en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-
02925-00, esta corporación, luego de verificar los procesos que registra el sistema

33 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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como accionante al señor García Londoño, evidencia que ha radicado alrededor de
10 acciones de tutela contra la referida autoridad judicial, cuestionando la misma
providencia, como se observa en la imagen que se inserta a continuación:

No obstante, la Sala analizará la acción constitucional interpuesta con anterioridad a
la de la referencia, es decir, la identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2023-
01080-00/0135, comoquiera que su trámite ha finalizado y ya fue excluida de revisión
por la Corte Constitucional y no fue puesta de presente por el accionante en su escrito
de tutela.

En ese sentido, se observa que la Sección Primera mediante sentencia del 14 de abril
de 202436, ordenó lo siguiente:

SEGUNDO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional respecto de la vulneración
atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos con radicados números
11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-
15-000-2022-02768-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la vulneración
atribuida a la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y

35 Índice 16 de Samai - 11001-03-15-000-2023-01080-01
36 Índice 28 de Samai – 11001-03-15-000-2023-01080-00

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restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000- 2012-00372-00,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Dicha providencia fue modificada37 por esta Sección mediante sentencia del 08 de
junio de 202338 al considerar que el accionante ha acudido de forma sistemática a la
administración de justicia al exponer una misma situación jurídica «su descontento
contra las decisiones que no fallaron en el sentido más favorable a sus intereses».

Por consiguiente, corresponde a esta Sala decidir si en la tutela presentada por el
señor García Londoño se presenta (i) identidad de partes, (ii) identidad en la causa
petendi, e (iii) identidad de objeto.

De confluir los tres elementos se analizará si existe alguna justificación para interponer
la presente acción o si por el contrario se presentó de forma temeraria, por lo que se
pasa a estudiar cada uno de los aspectos enunciados:

Tutela con radicación Tutela con radicación ¿Cumple
identidad?
11001-03-15-000-2023-01080-00/01 11001-03-15-000-2024-05158-00/01

Accionados Consejo de Estado, Sección Consejo de Estado, Sección Si
Segunda – Subsección A, Sala Segunda – Subsección A
Especial de Decisión N.°25,
Sección Tercera –
Subsecciones A, B y C.,
Sección Cuarta.

Derechos A la honra y al buen nombre, a Al debido Proceso, al Juez Si
vulnerados la igualdad y al debido proceso Natural, a la igualdad, y de
acceso a la administración de
justicia

Adujo que «teniendo en cuenta Expresó que, su derecho Si
el principio de Favorabilidad en fundamental al juez natural como
Materia Laboral, es importante elemento esencial al debido
resaltar que la presente acción proceso, se vio vulnerado con
de tutela se interpone como ocasión al «fallo de única
consecuencia de un proceso instancia dentro del proceso de
disciplinario en el cual la nulidad y restablecimiento del
UNIDAD ADMINISTRATIVA derecho» toda vez que, en el
ESPECIAL – DIAN profirió mismo se realizó «un análisis
Resolución 8300060-2009-001 restrictivo a partir de elementos
del 30 de abril de 2007, la cual puramente formales,
Argumentos
es firmada por una circunstancia a partir de la cual
supernumeraria incompetente se debió analizar en detalle la
CATALINA RAMIREZ SUAREZ “FALTA DE COMPETENCIA DE
y en la que me “DESTITUYE E LA SUPERNUMERARIA
CATALINA RAMÍREZ SUAREZ

37 Se modificó la sentencia de primera instancia, para en su lugar «[…]DECLARAR la cosa juzgada la

cosa juzgada constitucional respecto a los expedientes de tutela Rad. 11001-03-15-000-2021-08662-
00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01 y RECHAZAR los demás cargos de la solicitud de amparo
por configurarse el fenómeno de la temeridad»
38 Índice 9 de Samai – 11001-03-15-000-2023-01080-01

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INHABILITA POR 12 AÑOS DE LA DIAN PARA FALLAR Y
DEL SECTOR PUBLICO”» PROFERIR LA RESOLUCIÓN
8300060-2009-001 DEL 30 DE
Indicó, que se vulneró el ABRIL DE 2007, LA CUAL
principio de favorabilidad por CONTENÍA EL FALLO
cuanto «el numeral 4° del DISCIPLINARIO EN PRIMERA
artículo 38 de la Ley 734 de INSTANCIA DE DESTITUCIÓN
2002 (…) admite varias E INHABILIDAD GENERAL
interpretaciones con relación al POR 12 AÑOS A UN
CESE DE LA INHABILIDAD FUNCIONARIO DE CARRERA
SOBREVIVIENTE por haber ADMINISTRATIVA”»
sido declarado responsable
fiscalmente y los efectos del Citó la sentencia del 20 de abril
pago del fallo fiscal cuando este de 2017 proferida por el Consejo
es acreditado por la Contraloría de Estado-Sección Segunda-
respectiva» por lo cual, la Subsección A para señalar que
interpretación que se debió se ha desconocido el precedente
aplicar en su consideración, era jurisprudencial, por cuanto «los
que «una vez realizado el pago mismos magistrados, la misma
en su totalidad del fallo con Subsección, la misma Sección
responsabilidad fiscal, y éste Segunda «PERMITIERON QUE
sea acreditado por la FUERA LA
Contraloría respectiva, la SUPERNUMERARIA
inhabilidad desaparecerá y el INCOMPETENTE CATALINA
servidor público puede RAMIREZ SUAREZ, QUIEN
continuar ejerciendo su cargo PROFIRIERA LA DECISIÓN EN
público teniendo en cuanta el PRIMERA INSTANCIA QUE
efecto útil de la norma». DESTITUYERA E
INHABILITARA POR 12 AÑOS
Citó distinta jurisprudencia tanto AL SEÑOR FRANCISCO
del Consejo de Estado como de JAVIER GARCÍA LONDOÑO»
la Corte Constitucional, para
puntualizar el defecto sustantivo Realizó un análisis de los
y desconocimiento del requisitos generales para
precedente judicial en las interponer la acción de tutela
decisiones adoptadas en el contra providencia judicial, para
proceso de nulidad y concluir, que la presente acción
restablecimiento del derecho cumple con los requisitos de
con radicado 11001-03-25-000- subsidiariedad e inmediatez.
2012-00372-00.
A su vez, expuso que la
Finalmente manifestó que, no vulneración es permanente,
existe otro mecanismo legal, continua y actual en el tiempo,
ordinario o extraordinario para debido a que «los consejeros
resolver la vulneración de sus ponentes, respectivamente,
derechos fundamentales y tanto en el proceso ordinario de
principios constitucionales, nulidad y restablecimiento del
dado que se presentó demanda derecho con Radicación
de nulidad y restablecimiento 110010325000201200372 00.
del derecho de única instancia, número interno (1425-2012),
en la cual, le fueron negadas las como en el recurso
pretensiones, así como que, se extraordinario de revisión con
presentó demanda de recurso radicación
extraordinario de revisión el cual 11001031500020200292500,
fue declarado infundado. nunca se pronunciaron respecto
a la competencia de la
funcionaria supernumeraria
(CATALINA RAMIREZ
SUAREZ) para proferir el fallo
disciplinario en primera
instancia»

Igualmente señala que se debe
aplicar el principio de

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favorabilidad en virtud de lo
estipulado en el numeral 4 del
artículo 38 de la Ley 734 de
2002.

1. Que se profiera “sentencia de *QUE COMO CONSECUENCIA
reemplazo” en la cual se DE LO ANTERIOR SE ORDENE Si
amparen mis derechos A LA SECCIÓN SEGUNDA-
fundamentales: I) A EJERCER SUBSECCIÓN A QUE
CARGO DE CARRERA PROFIRIÓ LA SENTENCIA
ADMINISTRATIVA II) A LA CON RADICADO
HONRA Y AL BUEN NOMBRE 11001032500020120037200,
III) A LA IGUALDAD IV) AL QUE ADOPTE UNA DECISIÓN
DEBIDO PROCESO AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO
LO SUSTANCIAL SEGÚN LOS
2.Que se deje sin efectos el fallo ARTÍCULOS 29° Y 228° DE LA
dictado por la Sección Cuarta CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
del Consejo de Estado con FRENTE A UN ANÁLISIS
Radicación: 11001-03-15-000- RESTRICTIVO A PARTIR DE
Pretensiones 2022-02768-01 de fecha 06 de ELEMENTOS PURAMENTE
octubre de 2022. FORMALES.

3.Que se deje sin efectos el fallo *QUE SE AMPAREN MIS
dictado por la Sección Tercera- DERECHOS
Subsección C del Consejo de FUNDAMENTALES VIOLADOS
Estado con Radicación: 11001- POR LOS ACTOS
03-15-000-2022-02768-00 de ADMINISTRATIVOS
fecha 29 de julio de 2022. PROFERIDOS POR LA DIAN
CONTENIDOS EN LAS
4. Que se deje sin efectos el SIGUIENTES RESOLUCIONES
fallo dictado por la Subsección B 8300060-2009-01 DE 30 DE
de la Sección Tercera del ABRIL DE 2007, 6027 DE 24 DE
Consejo de Estado con MAYO DE 2007 Y 7319 DE 21
Radicación: 11001-03-15-000- DE JUNIO DE 2007 COMO
2021-08662-01 de fecha 26 de SON: i) DERECHO
abril de 2022 FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO Y AL JUEZ
5. Que se deje sin efectos el NATURAL O FUNCIONARIO
fallo dictado por la Subsección B COMPETENTE. ii) DERECHO A
de la Sección Tercera del LA IGUALDAD, iii) DERECHO A
Consejo de Estado con EJERCER CARGO DE
Radicación: 11001-03-15-000- CARRERA ADMINISTRATIVA
2021-08662-01 de fecha 18 de EN LA DIAN. y iv) DERECHO A
febrero de 2022. DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE
6.Que se deje sin efectos el fallo JUSTICIA.
dictado por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo *QUE, COMO CONSECUENCIA
de Estado con Radicación DEL AMPARO DE MIS
11001-03-15-000-2020-02925- DERECHOS
00 de fecha 20 de agosto de FUNDAMENTALES
2021. INVOCADOS, SE ME
REITEGRE A MI CARGO DE
7. Que se deje sin efectos el CARRERA ADMINISTRATIVA
fallo dictado por la Sección EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
Segunda-Subsección A medio CONTINUIDAD PARA TODOS
de control de nulidad y LOS EFECTOS LABORALES Y
restablecimiento del derecho LEGALES
radicación 11001-03-25-000-
2012-00372-00 de fecha 28 de
marzo de 2019.

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De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las acciones de tutela se
interpusieron con el mismo objeto, y es que se deje sin efectos la sentencia del 28 de
marzo de 2019 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y en consecuencia de ello, se declare la nulidad de la
Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007 dictada por la supernumeraria
de la DIAN, por cuanto fue proferida sin competencia.

Con lo anterior, se observa que el accionante pretende con la acción constitucional,
reabrir la discusión en torno a la legalidad de los actos administrativos expedidos
dentro del proceso disciplinario que fue adelantado en su contra por la DIAN, situación
que ya fue debatida dentro del proceso ordinario referenciado.

Por lo tanto, la Sala advierte que el señor García Londoño incurrió en una actuación
temeraria al presentar una acción de tutela con identidad de partes, causa y objeto, y
sin justificación alguna, por cuanto si bien alegó la existencia de hechos nuevos, se
observa que, contrario a lo manifestado, dichos supuestos ya han sido debatidos y
esclarecidos, además que han sido reiterativos.

Si bien la Corte Constitucional ha establecido la posibilidad de interponer varias
acciones de tutela, lo cierto es que, dicha situación no se puede alegar como un hecho
nuevo, por cuanto deben presentarse supuestos fácticos posteriores a la decisión
tomada por el juez constitucional que no hayan sido conocidos y debatidos en el
proceso, y que tengan incidencia en la decisión reprochada. Se reitera que esta
situación no se presenta en el caso concreto, por cuanto, el actor nuevamente expone
el debate sobre la competencia de la funcionaria que le impuso la sanción disciplinaria
y que ha sido materia de pronunciamiento en sede ordinaria y extraordinaria.

Asimismo, se avizora que el accionante ejerce de forma ilimitada y desbordada el uso
de este mecanismo constitucional, a fin de pretender una decisión acorde a sus
intereses, siendo ésta, una conducta reiterativa e incoherente, lo que demuestra la
temeridad y la mala fe.

Adicionalmente, se concluye que, para el caso en particular, se encuentra probado la
cosa juzgada constitucional, atendiendo que en precedencia la Sección Primera de
esta corporación ya se había pronunciado en sentencia del 14 de abril de 2023 39 en
el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00/0140, sobre los hechos,
pretensiones y derechos fundamentales objeto de la acción de tutela interpuesta en
nombre propio por el señor García Londoño contra el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A.

En ese sentido, se le recuerda al actor que no es posible tramitar y resolver sucesivas
e indefinidas acciones de tutela con identidad de partes, supuestos fácticos y objeto,

39 Índice 9 de Samai - radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01.
40 Por auto del 31 de agosto de 2023 notificado por estados el 14 de septiembre de 2023 la Corte

Constitucional decidió no seleccionar el expediente de tutela para revisión. Índice 16 de Samai –
radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01.

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porque ello significa un abuso del derecho y afecta el buen funcionamiento de la
administración de justicia.

Así las cosas, se modificará la sentencia del 25 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección A, en el sentido de declarar configurada la temeridad y
la cosa juzgada constitucional en el presente caso41.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR LA
TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en la acción de tutela
adelantada por el señor Francisco Javier García Londoño, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

41 ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma

acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

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