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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01875-00

Fecha
7 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01875-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor William Rodríguez Gil, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00 Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01875-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00
Accionante: William Rodríguez Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho núm. 11

Temas: Acción de tutela contra providencia que condenó en costas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor William Rodríguez Gil,
mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Despacho núm. 11.

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la gratuidad y al acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados con la sentencia de 16 de octubre de 2024 proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-
33-33-003-2023-00249-00 [01].

HECHOS

Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Tuluá, en aras de obtener el reconocimiento de la
sanción moratoria en el pago de las cesantías de los docentes, tal y como lo
establece la Ley 1071 de 2006.

Que por reparto le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara

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de Buga, quien en sentencia del 26 de junio de 2024 negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas.

Que inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 16 de octubre de 2024 confirmó
la providencia de primera instancia.

Que el Tribunal incurrió en el defecto sustantivo o material por inobservar que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, de ahí que la condena en costas procede cuando se demuestre que la
demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, situación
que en su criterio no se configura en el asunto, pues en la demanda se sustentó la
pretensión de «reconocimiento y pago de la sanción moratoria con base en la
interpretación que se efectuó del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
cuyo alcance no fue definido en la sentencia de unificación emitida sobre la
materia».

En el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado en las siguientes fechas: 7 de abril de 2016 1,
11 de febrero de 20212, 23 y 84 de febrero de 2023, 4 de abril5, 23 de mayo6 y 30 de
agosto de 20247, que establecen que la condena en costas no se impone de manera
automática, sino que se requiere del criterio objetivo- valorativo, lo que exige que el
juez realice un análisis riguroso sobre su procedencia, es decir, corroborar su
causación.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001-23-33-000-2013-00022-
01, demandante José Francisco Guerrero Bardi vs Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero

Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 11 de febrero de 2021, Rad. No. 63001-23-33-000-2017-
00308-01(2967-18), actor Juan Carlos García Jiménez contra Municipio de Armenia
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Consejero

Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 2 de febrero de 2023, Rad. No. 27001-23-33-000-
2016-00025-01(1131-2019), demandante Dolores Rentería Córdoba contra Administración Temporal de la
Educación del Departamento del Chocó y Otros.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero

Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8 de febrero de 2024, Rad. No.
520013333000201800041600(4256-2021), demandante Oscar Fernando Cerón Ortega contra la Procuraduría
General de la Nación
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero

Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No. 20001-23-33-000-2013-
00352-01 (2466-16), demandante Rosalba Cordero Villalobos contra la E.S.E. Hospital Francisco Canossa de
Pelaya, Cesar.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero

Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. No. 25000-23-42-000-2015-
0335-01 (3526-2019), demandante Juan Ignacio Rojas Buitrago contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Wilson Ramos

Girón, sentencia del 30 de agosto de 2024, Rad. No. 05001-23-33-000-2018-00626-01(26375), actor Aguas
Nacionales EPM S.A. E.SP. contra Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

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Trajo a colación sentencias del 248 y 259 de julio de 2024 donde el Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, en temas similares al caso particular.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos la sentencia
del 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y, en su lugar, ordenar al Tribunal que emita una nueva decisión donde
efectué el análisis de procedencia de la condena en costas, conforme a la norma
vigente y el precedente judicial.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la
autoridad judicial accionada y se vinculó a la Nación- Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de
Tuluá.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso que la acción de tutela
resulta improcedente, bajo el entendido que se pretende promover como una tercera
instancia del proceso ordinario. Además, señaló que, si el demandante considera
que se incurrió en alguna irregularidad procesal, probatoria y/o jurídica puede
interponer el recurso extraordinario.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El municipio de Tuluá indicó que la sentencia cuestionada se profirió conforme a
la jurisprudencia y las normas aplicables al caso, por lo que, pidió que se declare
improcedente la acción de tutela.

El Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio manifestó que dentro del proceso ordinario no se le
transgredieron al actor los derechos fundamentales alegados y que la acción de
tutela resulta improcedente.

Por otro lado, solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por no ser la entidad que profirió la sentencia

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero
Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-
2024-03343-00, actor Claudia Patricia Cortés Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y Otros.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero

Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-
03346-00, actor Claudia Milena Ortega Roldan contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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objeto de cuestionamiento.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales10, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/0511. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
10 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
11 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»12

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

12 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada13.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”14. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su
análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…).
Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y
de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de
tutela15.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Alega el señor William Rodríguez Gil que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Despacho núm. 11 incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, por imponer condena en costas, omitiendo lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021 y las sentencias proferidas por el Consejo de Estado
sobre el asunto, en las cuales se consagra la obligación del juez de realizar un
análisis de ponderación subjetiva sobre la conducta procesal asumida por las partes
previa la imposición de la condena en costas.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en sentencia
del 26 de junio de 2024 negó pretensiones de reconocer la sanción moratoria en el
pago de las cesantías de los docentes y condenó en costas «atendiendo que la
parte demandante resultó vencida en el presente proceso y dada la necesidad que
tuvieron los demandados de acudir por esta vía en su defensa mediante apoderado
judicial, se encuentran así causadas las costas en lo concerniente a las agencias
en derecho».

Inconforme con la decisión, el accionante en el recurso de apelación argumentó, en
relación con la condena en costas que, el juez de primera instancia no tuvo en
cuenta su conducta, esto es, que nunca realizó maniobras dilatorias o acudió al
proceso de manera temeraria, sino que con fundamento en pruebas documentales

13 Sentencia SU-074 de 2022.
14 Sentencia SU-074 de 2022.
15 Sentencia SU-072 de 2018.

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pretendió el reconocimiento de sus derechos.

Al respecto, el Tribunal en la sentencia cuestionada señaló frente al asunto que se
aplica el criterio objetivo valorativo establecido por el Consejo de Estado en la
sentencia del 7 de abril de 2016 radicado 1575-2016 y citó los artículos 188 del
CPACA y el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, para
concluir que «esta Sala no encuentra actuación por parte de las entidades
demandadas desplegada en el trámite de la segunda instancia, razón por la cual no
habrá condena en costas».

Conforme a lo expuesto, confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó
en costas en segunda instancia.

En esa medida, advierte la Sala que la autoridad judicial accionada en la sentencia
cuestionada no se pronunció sobre la condena en costas de primera instancia, tema
que fue objeto de apelación por el señor Rodríguez.

Una vez revisados los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, advierte la Sala que no se satisface el requisito de
subsidiariedad, dado que, el accionante contaba con la posibilidad de solicitar la
complementación de la sentencia que contempla el artículo 287 del Código General
del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA, a fin de que el Tribunal se
pronunciara sobre los argumentos presentados contra la condena en costas en
primera instancia; luego no es posible mediante la acción constitucional realizar el
estudio pertinente.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
William Rodríguez Gil, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01875-00

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC

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