RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01875-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 7 de mayo de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, según lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01875-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

24 de julio de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: WILLIAM RODRÍGUEZ GIL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte accionante se trata de un asunto
meramente económico y legal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 7 de mayo de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor William Rodríguez Pulido, actuando por conducto de apoderada,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia dictada el 16 de
octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

radicado nro. 76111 33 33 003 2023 00249 00/01; y para ello, formuló
las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA en la sentencia proferida el día 16 de
octubre de 2024 dentro del expediente radicado nro. 76111-
33-33-003-2023-00249-01, trasgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del señor WILLIAM
RODRIGUEZ GIL, habida cuenta que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y al precedente judicial
del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el
numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de procedencia
de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en
aras de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la (sic)
accionante […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Tuluá, con el fin que se declarara
la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 28 de septiembre
de 2023 que le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga que, en sentencia del
26 de junio de 2024 declaró probada la excepción de cobro de lo no
debido, negó las pretensiones y lo condenó en costas.

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

Señaló que inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del
16 de octubre de 2024 la confirmó.

Indicó que “(…) la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, con todo el respeto, no apareja el contenido de la ley, de la
jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa (…)”2.

En el acápite del escrito de tutela denominado “PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UNA PROVIDENCIA JUDICIAL”, aseveró que
“el presente asunto reviste una clara relevancia constitucional, en tanto
que la autoridad judicial demandada vulneró de manera flagrante los
derechos fundamentales al debido proceso, a la gratuidad y al acceso a la
administración de justicia del señor William Rodríguez Gil, al resolver
confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia que denegó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas al docente,
desconociendo el hecho que la imposición de dicha sanción no opera de
manera automática, por cuanto la tesis vinculante del Honorable consejo
de Estado es clara en señalar que la misma debe obedecer a un análisis
objetivo-valorativo y no meramente objetivo, parámetro obligatorio para
la correcta aplicación de esta figura y que, por lo tanto, debió ser
observado en el presente caso”3.

Al respecto anotó que “el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la condena en costas sin considerar que, para el momento de la
controversia, el Honorable Consejo de Estado ya había establecido que
dicho análisis debía realizarse bajo un enfoque objetivo-valorativo (que
exige se comprueba la causación efectiva tanto de gastos ordinarios del
proceso como de la actividad de defensa judicial), desacierto que
constituye una clara infracción del principio de seguridad jurídica y una
afectación directa a la garantía del debido proceso, toda vez que

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
3
Ibidem.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

desconoció el precedente judicial, el cual tiene carácter vinculante y
delimita el alcance y aplicación de la norma en aras de garantizar la
uniformidad y coherencia del ordenamiento jurídico”4.

Agregó que “el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inobservó que
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, el cual establece que la condena en costas solo
procede cuando se determine que la demanda fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal, situación que evidentemente no
se configura en el presente caso, ya que en el escrito de demanda se
expusieron de manera clara y fundamentada los hechos y argumentos
jurídicos que sustentaban la pretensión de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria con base en la interpretación que se efectuó del
parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, cuyo alcance no fue
definido en la sentencia de unificación emitida sobre la materia;
demostrando con ello que las motivaciones presentadas no solo eran
razonables, sino que además estaban orientados a la defensa legítima de
los derechos de la (sic) docente, razón por la cual resultaba improcedente
al confirmar la condena en costas impuesta por la primera instancia”5.

Argumentó que “la acción de tutela no plantea inconformidades de mera
legalidad o de contenido económico; por el contrario, expone la
vulneración de garantías esenciales como el debido proceso derivada del
desconocimiento de la ley y el precedente judicial al dirimir el asunto en
cuestión”6.

En cuanto a los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, alegó que la sentencia acusada incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente vertical y citó
apartes de las providencias dictadas por la Subsección A, Sección
Segunda de esta Corporación (i) el 7 de abril de 2016 en el proceso
identificado con el radicado nro. 13001 23 33 000 2013 00022 01; (ii) el

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

11 de febrero de 2021 en el proceso identificado con el radicado nro.
63001 23 33 000 2017 00308 01; (iii) el 2 de febrero de 2023 en el
proceso identificado con el radicado nro. 27001 23 33 000 2016 00025
01; (iv) el 8 de febrero de 2024 en el proceso identificado con el radicado
nro. 52001 33 33 000 2018 000416 00 y (v) el 23 de mayo de 2024 en
el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 00335
01.

Posteriormente, la accionante sostuvo que “el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca (…) no hizo una debida interpretación del artículo 365 del
Código General del Proceso, norma que resulta aplicable por remisión
expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al confirmar la sanción
impuesta por el Juez de conocimiento sin haber verificado si las expensas
procesales fueron realmente causadas y probadas en el expediente”7.

Explicó que el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 frente a la condena en costas, en el sentido que
“en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”8.

Aseguró que, a la luz de la precitada modificación, la condena en costas
en la jurisdicción contencioso administrativo ya no puede imponerse de
manera automática pues ahora exige un análisis adicional por parte del
juez, quien debe verificar si la parte vencida incurrió en una manifiesta
carencia de fundamento legal.

Arguyó que, “en el sub examine, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca desatendió abiertamente el precedente jurisprudencial del
Supremo Tribunal contencioso administrativo y las disposiciones que
regulan la condena en costas, por cuanto el único fundamento expuesto
para confirmar dicha sanción al señor William Rodríguez Gil se limitó a un
criterio meramente objetivo, esto es, la no prosperidad de las

7
Ibidem.
8
Ibidem.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

pretensiones de la demanda; omitiendo el hecho que debía verificar, por
un lado, si se generaron gastos procesales como consecuencia del
ejercicio de la acción y, por otro, si la presentación de la demanda careció
totalmente de sustento legal, con lo cual queda plenamente demostrado
que la decisión no se justificó en estos criterios y, por ende, resultó lesiva
de los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia y, gratuidad de la parte actora”9.

Finalmente, hizo referencia a los fallos proferidos por la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado el 24 y 25 de julio de 2024 en las
acciones de tutela nro. 11001 03 15 000 2024 03343 00 y nro. 11001 03
15 000 2024 03346 00, respectivamente, en las que, según anotó, se
cuestionaba la imposición de la condena en costas sin que la accionada
analizara si se configuró la carencia de fundamento legal de la demanda,
incorporado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 28 de marzo de 202510 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que por auto del
23 de abril de 202511 la admitió y dispuso notificar12 al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como
vincular13 a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de Tuluá
(Valle del Cauca), como terceros interesados en las resueltas del proceso.

9
Ibidem.
10
Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
11
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
12
Esta orden se cumplió el 24 de abril de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
13
Ibidem.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

De igual forma, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga para que allegara copia digital o el hipervínculo de
consulta del expediente identificado con el radicado nro. 76111 33 33 003
2023 00249 00/01, el cual fue remitido14.

3.2. El jefe encargado de la oficina asesora jurídica del municipio de Tuluá
allegó escrito15 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo al considerar que no se han vulnerado los derechos
fundamentales del accionante.

Manifestó que las decisiones proferidas en el proceso ordinario se tomaron
bajo el amparo de la Constitución y la ley, y que la actuación del municipio
de Tuluá como parte demandada siempre estuvo ajustada a los cánones
procedimentales dispuestos en la Ley 1437 de 2011.

Adujo que “no es procedente la acción de tutela en el caso concreto,
debido a que no se está afectando derecho fundamental alguno por parte
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no es la tutela la vía para
atacar las decisiones judiciales, en la medida que se estaría afectando de
manera grave el principio de seguridad jurídica y la autonomía de que
gozan las jueces para la toma de sus decisiones”.

3.3. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación
Nacional presentó escrito16 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que, en el caso en cuestión, “no se demuestra que las
vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas
comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante,
ni el acceso a la administración de justicia”.

14
Visto en los índices 9 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
15
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
16
Visto en los índices 11 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

Al respecto, agregó que “en este caso en particular presenta como debate
procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, un
litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia
constitucional, situación por la cual debería declararse improcedente la
presente acción de tutela”.

3.4. El magistrado ponente de la sentencia acusada rindió informe17 en el
que indicó que, en dicha providencia, que confirmó la dictada el 26 de
junio de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, se analizó el argumento planteado por el apelante,
así como las pruebas recaudadas y se aplicó el precedente jurisprudencial
del Consejo de Estado. En ese sentido, aseveró que “la providencia de la
Sala de Decisión se encuentra ajustada a derecho y no vulnera los
derechos fundamentales de la accionante”.

Alegó que “la acción de tutela que nos ocupa es improcedente. La
accionante pretende hacer de esta acción constitucional una tercera
instancia dentro del proceso ordinario, con el fin de seguir discutiendo
interpretaciones y/o apreciaciones de aspectos jurídico-fácticos que ya
fueron debatidos y decididos por la Sala de Decisión”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 7 de mayo de 202518, declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que no cumplía con el requisito general de subsidiariedad.

Para ello, expuso que “el accionante contaba con la posibilidad de solicitar
la complementación de la sentencia que contempla el artículo 287 del
Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA, a

17
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
18
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los argumentos presentados
contra la condena en costas en primera instancia; luego no es posible
mediante la acción constitucional realizar el estudio pertinente”.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo
impugnó19 manifestando lo siguiente:

“[…] Su señoría, a continuación, se expondrá cómo en el caso sub
examine se satisfacen los requisitos generales de procedencia del
recurso de amparo, lo que habilita el análisis de fondo respecto del
defecto sustantivo atribuido a la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Veamos:

2.1 RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA
IUSFUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE
GRATUIDAD.

En el caso que nos ocupa, las razones fácticas y jurídicas expuestas
en el libelo de demanda justifican la intervención del juez de tutela,
habida cuenta de la vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia en la
medida en que no se aplicó de forma íntegra el precepto jurídico
que regula la imposición de condena en costas dentro del proceso
ordinario.

Bajo este contexto, si bien es cierto que existe un margen de
autonomía e independencia judicial, dicha prerrogativa no puede
erigirse en un escudo para justificar decisiones arbitrarias y
manifiestamente desprovistas de respaldo normativo vigente,
aplicable y pertinente al caso objeto de análisis, por lo que resulta
necesario cuestionar cuál es la legitimidad constitucional de una
providencia judicial que ignora las modificaciones introducidas por
el Legislador para regular un asunto determinado, así como
preguntarse si es jurídicamente aceptable que el juez sustente su
decisión en una interpretación fragmentada de la norma aplicable
al caso concreto, y si, en tales circunstancias, puede afirmarse que
se garantiza efectivamente el derecho fundamental al debido
proceso cuando se impone una sanción sin efectuar un examen
sistemático y armónico tanto de la disposición normativa pertinente
como del precedente jurisprudencial que delimita su alcance e
interpretación.

19
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

Pues bien, en el presente caso se impuso a la parte actora una
condena en costas sin considerar que, para la fecha de la decisión,
ya se encontraba vigente la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se
modificó el artículo 188 del CPACA y se estableció como
presupuesto ineludible para su procedencia la existencia de una
demanda presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,
lo que implica que el juez debía realizar un análisis expreso y
motivado sobre este aspecto, sin que le fuera dable aplicar criterios
anteriores ni omitir su cumplimiento, en tanto se trata de una
norma procesal de orden público cuya observancia es imperativa y
no queda sujeta a la discrecionalidad del operador jurídico; en tal
sentido, la omisión de dicho examen no puede ser entendida como
una interpretación admisible dentro del ámbito de autonomía
judicial, sino como una actuación abiertamente contraria al marco
normativo vigente, que vulnera principios constitucionales como el
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

(…)

En ese contexto, no se trata de una simple diferencia interpretativa
ni del ejercicio legítimo de la discrecionalidad judicial, sino de una
omisión normativa que transgrede un deber legal de aplicación
obligatoria, con efectos directos sobre el derecho fundamental al
debido proceso; de manera que, la intervención del juez
constitucional no persigue reabrir el debate como si se tratara de
una tercera instancia, sino corregir una irregularidad que
desconoce el marco normativo aplicable y, vulnera las garantías
que deben rodear toda decisión; particularmente, cuando se
imponen cargas procesales como la condena en costas es
indispensable que la decisión se encuentre debidamente motivada,
ajustada al principio de legalidad y respetuosa de los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad; de modo que lo que se somete
a control constitucional no es el resultado interpretativo en
sí mismo, sino el desconocimiento de un deber jurídico que
condiciona la validez de toda decisión con efectos
sancionatorios.

(…)

Esta es la censura central planteada en la acción de tutela
consistente en que la condena en costas impuesta al docente se
fundamentó en una aplicación fragmentada del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, lo que resulta incompatible con el respeto al
debido proceso, habida cuenta de que el juzgador estaba obligado
a aplicar dicha disposición en su integridad, conforme a los
principios de inescindibilidad normativa, favorabilidad y al
imperativo de que toda decisión sea justa y legal. En tal sentido,
la inconformidad no es la imposición de una carga
económica en sí misma, sino que dicha determinación se
adoptó a partir de una motivación incompleta, en la medida
que excluyó de análisis la modificación introducida por la
Ley 2080 de 2021, que exige verificar si la demanda fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal
para imponer las costas en los procesos contenciosos
administrativos.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

(…)

Así las cosas, el presente asunto goza de relevancia toda vez que
(i) el cuestionamiento planteado gira en torno al defecto sustantivo
en que incurrió la decisión judicial, lo cual remite directamente al
ámbito jurídico y no puede ser desestimado como una simple
discrepancia legal. En efecto, adviértase que la Corte Constitucional
ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro de transcendencia en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez, que lesione la
efectividad de los derechos constitucionales; (ii) el análisis del caso
evidencia que no estamos frente a una interpretación protegida por
la autonomía e independencia judicial, sino ante una indebida
aplicación del ordenamiento jurídico que regula la condena en
costas, al haberse ignorado elementos normativos esenciales del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, incurriéndose así en una
vulneración al principio de inescindibilidad; y (iii) dicha omisión
condujo a un juicio parcial respecto de los presupuestos exigidos
para imponer esta sanción procesal, pues no se valoró si la
demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contaba con un respaldo fáctico y
jurídico suficiente, lo que, de haberse considerado con sujeción al
ordenamiento vigente, habría dado lugar a una conclusión distinta
en el fallo ordinario en atención a la mayor carga argumentativa
que se imponía la reforma normativa introducida por la Ley
2080/21.

En línea con lo anterior, las sentencias del Honorable Consejo de
Estado citadas en la demanda de tutela -proferidas recientemente
en el año 2024- confirman precisamente lo que aquí se alega: que
una aplicación del régimen de condena en costas que desconozca
los presupuestos establecidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, conforme a la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
vulnera garantías mínimas que deben observarse en toda actuación
judicial, en particular el derecho fundamental al debido proceso;
por ello, en tales pronunciamientos se reconoció la procedencia de
la acción de tutela y se concedió el amparo constitucional;
precedente que, sin embargo, no fue analizado por la Sección
Quinta (sic) al momento de resolver el presente recurso de amparo,
a pesar de su aplicabilidad directa al caso concreto.

(…)

Lo anterior permite concluir que el Supremo Tribunal ha
reconocido, en decisiones recientes, que la imposición de la
condena en costas sin observar el marco normativo vigente,
particularmente tras la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, no constituye un asunto meramente legal o económico, sino
que revela una afectación directa a garantías superiores como el
debido proceso y el derecho a una decisión motivada y ajustada a
derecho. Ello, en la medida en que se trata de una sanción procesal
cuya procedencia exige una valoración completa e integral de los
requisitos normativos, por lo que su imposición con base en una
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

aplicación fragmentada de la norma evidencia no solo la ausencia
de un juicio jurídico riguroso, sino también la falta de fundamento
legal al no analizarse las circunstancias particulares del caso
conforme al régimen actual que rige la materia.

(…)

2.2 FLEXIBILIDAD DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
POR TRATARSE DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

La sentencia de primera instancia se alega la falta de cumplimiento
del presupuesto de subsidiariedad, argumentando que “…el
accionante contaba con la posibilidad de solicitar la
complementación de la sentencia que contempla el artículo 287 del
Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 de
CPACA, a fin de que el Tribunal se pronunciara sobre los
argumentos presentados contra la condena en costas en primera
instancia, luego no es posible mediante la acción constitucional
realizar el estudio pertinente.”

Empero, tal como lo ha expuesto la Honorable Corte Constitucional,
la regla de subsidiariedad de la acción de tutela no es tan estricta
ni tan rígida para los sujetos de especial protección constitucional
por la situación tan especial que ostentan (…).

(…)

En el presente caso, se justifica la flexibilización del requisito de
subsidiariedad al tratarse el señor William Rodríguez Gil en
atención a su calidad de adulto mayor y condición de trabajador
que lo califica como sujeto de especial protección (…).

Adicionalmente, debe considerarse que la Constitución Política y las
normas sustantivas del trabajo y la seguridad social parten del
reconocimiento del trabajador como la parte más débil en la
relación laboral, lo cual le otorga el derecho a un trato diferenciado
positivo por parte de las autoridades públicas, entre ellas, el juez
que debe velar porque sus decisiones judiciales guarden armonía
con los principios de favorabilidad, igualdad material y prevalencia
del derecho sustancial.

(…)

En el sub examine, debe valorarse que la parte demandante integra
el sector trabajador del país, cuyos ingresos están destinados
exclusivamente a la satisfacción de sus necesidades básicas y las
de su núcleo familiar, de manera que la imposición de una condena
en costas no solo resulta desproporcionada frente a su limitada
capacidad económica, sino que además configura una carga
excesiva que vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y
a una vida digna, pues al no contar con recursos adicionales para
asumir los gastos del proceso, dicha sanción procesal se convierte
en un obstáculo irrazonable para el ejercicio efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

(…)

Por las razones anotadas, se solicita a su Honorable Corporación
que revoque la sentencia proferida el 7 de mayo de 2025, por la
cual se declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar se
acceda a la solicitud de amparo constitucional en consideración que
la censura planteada por la demandante radicó en el rigorismo
procesal patente en que incurrió el Tribunal accionado dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo
radicado No. 76111-33-33-003-2023-00249-00/01, que vulneró
derechos fundamentales de parte actora, lo que justifica la
intervención del juez de tutela […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de impugnación).

5.2. Por auto proferido el 3 de junio de 2025 se concedió la impugnación20
y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 13 de
junio de 202521.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199122, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201523, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202124, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12

20
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 01.
22
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
23
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
24
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

de marzo de 201925, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26

6.2.1. El señor William Rodríguez Gil, actuando por conducto de
apoderada, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio
de Tuluá (Valle del Cauca), pretendiendo lo siguiente:

“[…] DECLARACIONES:

1. Declarar la Nulidad del Acto Ficto configurado el día 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, de la petición radicada ante el
MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL CAUCA y LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG -
FIDUPREVISORA que niega el reconocimiento de la sanción
moratoria a mi mandante, de conformidad con los parámetros
establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la ley 1955 de 2019.

2. Declarar que mi representado tiene derecho al reconocimiento y
pago de la SANCIÓN POR MORA al MUNCIPIO TULUA DEL VALLE
DEL CAUCA, establecida en la ley 1071 de 2006 a mi mandante,
equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo,
contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó
la solicitud de cesantía de mi representado (a), de conformidad con
el artículo 57 de la ley 1955 de 2019.

3. Declarar que mi representado tiene derecho al reconocimiento y
pago de la SANCIÓN POR MORA a LA NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG - FIDUPREVISORA,
establecida en la ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a
un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde
los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en
que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las
cesantías a mi mandante.

25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
26
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 76111 33 33 003 2023 00249 00/01. Visto en los índices 9 y 12 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2025 01875 00.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

CONDENAS

1. Condenar al MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL CAUCA, al
reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la
ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día
de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días
siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía de
mi representado (a), de conformidad con el artículo 57 de la ley
1955 de 2019.

2. Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FOMAG - FIDUPREVISORA, al reconocimiento y
pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la ley 1071 de 2006
a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por
cada día de retardo, contados desde los cuarenta y cinco (45) días
hábiles siguientes, al momento en que quedó ejecutoriado el acto
administrativo que reconoció las cesantías a mi mandante.

3. Que se ordene a la MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL CAUCA
• NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-
FIDUPREVISORA dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de
este proceso en el término de 30 días contados desde la
comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y
siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A).

4. Condenar a la MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL CAUCA -
NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-
FIDUPREVISORA al reconocimiento y pago de los ajustes de valor
a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo
de la SANCIÓN MORATORIA referida en el numeral anterior,
tomando como base la variación del índice de precios al consumidor
desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el
momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente
proceso y consagrada en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

5. Condenar a la MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL CAUCA -
NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-
FIDUPREVISORA al reconocimiento y pago de intereses
moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de
la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago
de la SANCIÓN MORATORIA reconocida en esta sentencia.

6. Condenar en costas a la MUNCIPIO TULUA DEL VALLE DEL
CAUCA - NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO- FIDUPREVISORA de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige
por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento
Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de la demanda).
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga que, en sentencia
proferida el 26 de junio de 2024 dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de “cobro de lo
no debido” en favor de la Nación – Ministerio de Educación –
FOMAG y del Municipio de Tuluá – Secretaría de Educación
Municipal.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada
por el señor WILLIAM RODRÍGUEZ GIL contra la NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el MUNICIPIO DE
TULUÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por las razones expuestas
en este proveído.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante en esta
instancia, para lo cual se fijan las agencias en derecho en el
equivalente al 10% de la cuantía de las pretensiones calculada en
la demanda. Liquídense por secretaría.

CUARTO: En firme la presente decisión y cumplidas todas las
órdenes, ARCHÍVESE el expediente, una vez hechas las
anotaciones de rigor […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del
escrito de tutela).

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del señor
Rodríguez Gil interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, en sentencia del 16 de octubre de 2024, notificada el
22 de octubre de 2024, la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Sala confirmará lo decidido por la
Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación en el fallo de primera
instancia proferido el 7 de mayo de 2025, frente a la improcedencia de la
acción de tutela, pero por no superar el requisito general de relevancia
constitucional. Para ello se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”27.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades28:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

27
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia29. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional,
analizará el segundo criterio que la compone, esto es, preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de meramente legales y/o económicos.

Frente a este elemento que compone la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional ha dicho que “(…) la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es,
aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente
en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones” (…)”30. (Se destaca).

29
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
30
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

En ese sentido, anotó que “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” 31. (Se destaca).

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

En el asunto bajo examen, la parte atora reprocha la sentencia proferida
el 16 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que confirmó la dictada el 26 de junio de 2024 por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, en el proceso
identificado con el radicado nro. 76111 33 33 003 2023 00249 00/01, que
lo condenó al pago de costas y agencias en derecho, razón por la cual, la
Sala estima que el debate expuesto en la solicitud de amparo no implica
la afectación de derecho fundamental alguno, sino que versa sobre una
discusión meramente legal y económica.

Lo anterior, comoquiera que, tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación, el accionante alegó que “el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca (…) no hizo una debida interpretación del artículo 365 del
Código General del Proceso, norma que resulta aplicable por remisión
expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al confirmar la sanción
impuesta por el Juez de conocimiento sin haber verificado si las expensas
procesales fueron realmente causadas y probadas en el expediente”32.

31
Ibidem.
32
Aparte del escrito de tutela. Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01875 00.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

En igual sentido, reprochó que “el único fundamento expuesto para
confirmar dicha sanción al señor William Rodríguez Gil se limitó a un
criterio meramente objetivo, esto es, la no prosperidad de las
pretensiones de la demanda; omitiendo el hecho que debía verificar, por
un lado, si se generaron gastos procesales como consecuencia del
ejercicio de la acción y, por otro, si la presentación de la demanda careció
totalmente de sustento legal, con lo cual queda plenamente demostrado
que la decisión no se justificó en estos criterios”33.

Adicionalmente, argumentó que la condena en costas no opera de manera
automática, sino que “la misma debe obedecer a un análisis objetivo-
valorativo y no meramente objetivo, parámetro obligatorio para la
correcta aplicación de esta figura y que, por lo tanto, debió ser observado
en el presente caso”34.

Bajo dicho contexto, y atendiendo a la jurisprudencia constitucional citada
en precedencia, se advierte que el segundo criterio de la relevancia no se
cumple porque la discusión planteada por la parte actora es de carácter
netamente legal y económica, debido a que su reproche se finca en que
la sentencia atacada no debió condenarla al pago de costas. Valga precisar
que, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben estar
verificados los tres elementos que conforman la relevancia, de manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela deviene
improcedente.

Por último, frente a los fallos proferidos por la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado el 24 y 25 de julio de 2024 en las acciones
de tutela identificadas con los radicados nro. 11001 03 15 000 2024
03343 00 y nro. 11001 03 15 000 2024 03346 00, respectivamente, que
que la parte accionante citó en el escrito de tutela inicial para fundamentar
la procedencia de su solicitud de amparo, y que en la impugnación

33
Ibidem.
34
Ibidem.
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

manifestó que no fueron analizados por el a quo, la Sala precisa que los
fallos de tutela tienen efectos inter partes.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 7 de mayo de
2025 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas
en esta providencia, es decir, porque la solicitud de amparo no cumple
con el segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 7 de mayo de 2025
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, según lo explicado en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01875 01
Accionante: William Rodríguez Gil

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.