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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00290-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00290-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y del diploma núm. 1865-18 de la misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogada a la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ. CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada. QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA Judicatura la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00290-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R–924 de 8 de octubre

de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a

estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 48

de 12 de octubre de 2018 y del diploma 1865-18 de 12 de octubre de

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

2018, actos por medio de los cuales otorgó el título de abogada a la

señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

CPACA-2, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a

obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 4.1. Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo
académico de fecha 13 de septiembre de 2018, con el cual el
Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo académico a la
parte demandada señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, por
haber cursado y aprobado todas la asignaturas y requisitos
académicos que integran el Plan de Estudios del Programa de
Derecho.

4.2. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 924 de
fecha 08 de octubre de 2018, en concreto del aparte que confiere

2
Cabe resaltar que en este caso la demanda fue admitida como de nulidad y restablecimiento del
derecho, habida cuenta que se radicó dentro del término de los cuatro (4) meses contados a partir del
momento en que la UNIVERSIDAD tuvo conocimiento de la ocurrencia de las irregularidades
concernientes al registro de la aprobación de los exámenes preparatorios en el Sistema Integrado de
Matrícula y Control Académico, “SIMCA”, pues en dichos supuestos se fundamentó la demanda, por lo
que se aplicó la regla general de procedencia para la acción de lesividad. Sin embargo, la Sección
consideró que de manera excepcional era procedente el estudio de estos actos académicos a través del
medio de control de nulidad, por concurrir los supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 137 del
CPACA, debido a que el ejercicio profesional del derecho es un asunto de interés relevante para la
comunidad en general, por lo que el otorgamiento de dichos títulos sin el cumplimiento de los requisitos
para ello, afectan de manera grave y evidente el orden público y social. De ahí que en la actualidad tales
procesos se estén tramitando bajo el medio de control de nulidad.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

a la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, identificada con
C.C. No. 1.061.760.573 expedida en Popayán el título de
Abogada.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 48 de fecha 12 de
octubre de 2018 y Diploma No. 1865-18 de fecha 12 de octubre
de 2018, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de Resolución No. 924 de fecha 08 de octubre de 2018 y otorga el
título de Abogada, a la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ,
identificada con C.C. No. 1.061.760.573 expedida en Popayán.

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional
de Abogada de la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ,
identificada con C.C. No. 1.061.760.573 expedida en Popayán, si
ya hubiese iniciado el trámite respectivo o ya hubiere obtenido la
tarjeta profesional de Abogada […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual

ha ofertado el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que para la fecha en que la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ3 se matriculó en el programa de Derecho, esto

es, en el primer semestre del año 2011, la UNIVERSIDAD tenía

3
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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previsto como requisito de grado la presentación y aprobación de

exámenes preparatorios, de conformidad con lo previsto en el

Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del

Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias

Políticas y Sociales, con base en la información registrada en el

Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió

paz y salvo académico a favor de la estudiante LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ quien, dentro de la oportunidad otorgada por la

Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de Abogada a fin de ser incluida en la

ceremonia colectiva de graduación que tuvo lugar el 12 de octubre de

2018, en la cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la

Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de

seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos

administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa

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de derecho, con el propósito de verificar posibles irregularidades que

se habrían presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida

en el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado

por uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se

informaba que a varios estudiantes del programa de derecho se les

registraron como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA,

a pesar de que no los habían superado.

6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el

Rector de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la

Resolución núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información

consignada en el SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y

registro de exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y

graduados desde el año 2015, confrontando dicha información con los

respectivos soportes físicos que reposaban en el expediente de la

correspondiente historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora

LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ se advirtió que, según la

información registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los

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siete (7) exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin

embargo, corroborado dicho reporte con el expediente de la historia

académica, pudo advertir que la graduada solo había aprobado seis

(6) exámenes, quedando pendiente de aprobación el correspondiente

al área de derecho de bienes, obligaciones y contratos. En este

punto, precisó que solo cinco (5) exámenes preparatorios contaban

con soporte documental, pues el preparatorio del área de derecho

administrativo tenía doble registro.

8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por la señora ALMEIDA GRANDEZ para obtener el registro

de notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,

situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades

competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

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La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren

en las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues

vulneran los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la

Constitución Política; la Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de

la Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de

noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan

de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el

acuerdo 009 de 2003”.

Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que

“la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes

preparatorios constituye una condición o requisito sin la cual el

estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no

podría adquirir el derecho a que se le confiera el título de Abogado

(a) y, de otorgarse sin el cumplimiento del mismo dicho título deberá

ser dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable

Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ no

cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos

internos de la UNIVERSIDAD para que se le otorgue el título de

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abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo

de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó el

examen preparatorio correspondiente al área de derecho de bienes,

obligaciones y contratos.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 30 de septiembre de 20204 se

admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora

LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, en calidad de tercero con

interés directo en las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la

suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la cual

se accedió mediante proveído de 18 de junio de 20215.

II.3.- Contestación

II.3.1. La señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ6, en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a

4
Visible en el índice núm. 6 del expediente digital.
5
Visible en el índice núm. 26 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado
interpuso recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 21 de octubre de 2022,
en el sentido de revocar el decreto de la medida cautelar (índice núm. 53 del expediente digital).
6
Visible en el índice núm. 15 del expediente digital.

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la prosperidad de las pretensiones de la demanda y manifestó, en

síntesis, que:

El registro de los exámenes preparatorios en la plataforma SIMCA

era de manejo exclusivo del personal administrativo de la

UNIVERSIDAD, la cual sostuvo que no había implementado unos

protocolos de seguridad para la presentación y registro de los

exámenes preparatorios “quedando en entre dicho desde el momento

que el estudiante efectúa su evaluación quienes son los responsables

y encargados del manejo de estos soportes” 7.

Adujo que el informe que presentó la UNIVERSIDAD respecto del

cumplimiento de sus requisitos de grado, específicamente de la

aprobación y presentación de los exámenes preparatorios, era una

prueba parcializada, pues no tuvo en cuenta las falencias

administrativas al interior del establecimiento educativo.

En ese sentido, afirmó que el análisis de la prueba que aportó la

UNIVERSIDAD partió de la premisa de que la estudiante actuó de

7
En este punto, agregó lo siguiente:

“[…] Entonces, si la universidad no garantiza a sus estudiantes que sus actas de preparatorios serán
debidamente custodiadas, la negativa a entregarle cualquier tipo de soporte que le permita validar y
justificar ante el ente universitario la presentación de su preparatorio constituye no solo un acto
reprochable administrativamente, sino un elemento de control de riesgo que debía de haber tenido en
cuenta el equipo auditor, quien claramente lo omitió al carecer de imparcialidad y objetividad, ya que
quienes conforman dicho equipo no son otras personas que los encargados de coordinar dichas
actividades […]”.

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mala fe, a pesar de que la parte actora en la misma demanda

manifestó desconocer si el tercero con interés directo en las resultas

del proceso realizó algún tipo de actividad tendiente a obtener su

título académico de forma fraudulenta.

Adujo que la UNIVERSIDAD tenía la responsabilidad administrativa,

constitucional y legal de efectuar una auditoría a través de

profesionales externos, debido a que la Oficina de Control Interno

enfatizó en que posiblemente se encontraba comprometida la

responsabilidad de servidores públicos de dicha institución de

educación superior8.

Destacó que la parte actora expidió el paz y salvo académico a favor

de la estudiante, previa verificación del cumplimiento de los

requisitos que eran exigibles para obtener su título académico, por lo

que el informe que aportó la demandante carecía de objetividad.

8
Al respecto, agregó lo siguiente:

“[…] Sin embargo, la auditoría rendida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y que sustenta en su totalidad
la presente acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO fue realizada por la Dra. MARTA
CHAVES en calidad de coordinadora de este proceso, quien durante el periodo de tiempo durante el cual
la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ fue estudiante de pregrado del PROGRAMA DE DERECHO, y
en los mismos periodos de tiempo en los cuales se han presentado las supuestas irregularidades, fungió
como DIRECTORA DE SIMCA, misma plataforma en la cual se efectúa el registro de todas las notas de
los estudiantes, dependencia en la cual se han efectuado las diversas capturas y adelantan procesos
PENALES por las irregularidades que lamentablemente han afectado al ente universitario […]”.

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Además, propuso como excepción la que denominó “Caducidad de la

acción – Caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho”, para lo cual afirmó que la

UNIVERSIDAD tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades

en la presentación y registro de los exámenes preparatorios desde el

año 2017, por lo que en su sentir era evidente que se presentó por

fuera del término de caducidad de cuatro meses previsto para el

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho9.

Asimismo, alegó que las presuntas fallas que alega la demandante

como fundamento de nulidad de los actos acusados, son

exclusivamente atribuibles a las actuaciones desplegadas por la

institución universitaria, por lo que en este caso debe prevalecer el

principio de la buena fe, teniendo en cuenta que no participó en la

producción de los actos administrativos que se demandan.

9
Sobre el particular, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso sostuvo lo
siguiente:

“[…] Si tenemos en cuenta las fechas reales en las cuales la parte demandante tiene conocimiento real
de las supuestas irregularidades que se han venido presentando al interior del ente universitario, la
demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO que fue interpuesta debió de haber sido
plasmada ante el despacho en una fecha previa, con varios meses de diferencia.

Desde la fecha de conocimiento público de las irregularidades en el año 2017 por parte del vicerrector
académico, y posterior presentación de un informe de gestión por parte de la Oficina de Control Interno
en junio del año 2019 y la constitución de un equipo de seguimiento por medio de Resolución de 30 de
julio de 2019 igualmente, el cómputo de los 4 meses exigidos por la ley procesal vencería en términos
procesales varios meses antes de la fecha real de radicación […]”.

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Resaltó que la carga de la prueba la tenía la parte actora, la cual no

solo debía de acreditar la ausencia del soporte, sino la ausencia de la

presentación del examen preparatorio, además de la plena certeza

de que todos los documentos de la estudiante fueron debidamente

custodiados, salvaguardados y redireccionados en todas las

dependencias conforme a protocolos serios y formales, y con

soportes de todas las actas respectivas.

II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 25 de marzo

de 2022 resolvió las excepciones previas formuladas por el tercero

interesado10; en auto de 15 de marzo de 202411, prescindió de realizar

la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en

aplicación de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por

el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio12 y resolvió sobre las

pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

10
Expediente digital, índice núm. 45. En el mencionado proveído, el Despacho estimó que la excepción
formulada por el tercero interesado no correspondía a una excepción previa por no estar enlistada en el
artículo 100 del CGP, por lo que su resolución se haría en la sentencia.
11
Visible en el índice núm. 64 del expediente digital.
12
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R–924 de 8 de octubre de 2018,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”; el
acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y el diploma 1865-18 de la misma fecha, expedidas
por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y
209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y los acuerdos académicos
núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, 001 de 29 de abril de 201012, 02 de 17 de febrero de 2011, 001
de 4 de diciembre de 2014, conforme a lo expuesto por la parte actora en la demanda y a lo respondido por
el tercero con interés directo en las resultas del proceso con su contestación […]”.

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En auto de 3 de mayo de 202413, se decidió correr traslado a las

partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD14 efectuó un recuento de lo reseñado en

el libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las

pretensiones de la demanda porque dentro del proceso está

acreditado que la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ

incumplió con el requisito de presentar y aprobar los exámenes

preparatorios requeridos para obtener el título de abogada.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en

el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del

Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,

pues las pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que la

egresada no aprobó el preparatorio correspondiente al área de derecho

de bienes, obligaciones y contratos.

13
Visible en el índice núm. 77 del expediente digital.
14
Visible en el índice núm. 84 del expediente digital.

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14

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II.5.2- La señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ15 sostuvo

que no existía fundamento legal para exigirle la presentación y

aprobación de los exámenes preparatorios, dado que el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 no le era aplicable.

Agregó que fueron los docentes, junto con el personal administrativo

y directivo de la UNIVERSIDAD, los que validaron el cumplimiento

de los requisitos para que se otorgara el título académico acusado de

nulidad. De igual forma, sostuvo que “no se han implementado

protocolos debidos, no cuenta el alma mater con registros

fehacientes, garantías de seguridad, ni un registro sumario de dichos

preparatorios y las correspondientes remisiones de los mismos”.

Finalmente, reiteró que no era obligación de los estudiantes

conservar los soportes de la presentación y aprobación de los

exámenes, pues ello era responsabilidad de la UNIVERSIDAD, la

cual indicó no acreditó probatoriamente en el proceso el

incumplimiento de los requisitos de grado necesarios para obtener el

título académico acusado de nulidad.

15
Visible en el índice núm. 85 del expediente digital.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del

CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera

del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

IV.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del

artículo primero de la Resolución núm. R–924 de 8 de octubre de

2018, respecto del título de abogada que se le otorgó a la señora

LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-924 DE 2018
(08 de octubre)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con
todos los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad
académica y demás instancias administrativas universitarias.

(…)

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

(…)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

(…)

ABOGADA (O)

LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ
CC. (…) Popayán […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 48 de 12 de octubre de 2018, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 48 del 12 de octubre de 2018

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 9:00 a.m., del día viernes doce (12) de octubre
de dos mil dieciocoho (2018) y en cumplimiento de la Resolución
R-924 del 8 de octubre de 2018 expedida por la Rectoría de la
Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADA
A:
LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ
CC. (…) de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada

Se registra en el Libro de Diplomas No. 082; Folio No: 1865;
Diploma No: 1865-18

La ceremonia finaliza a la(s) 10:00 a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a doce (12) de
octubre de dos mil dieciocho (2018).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1865-18 de 12

de octubre de 2018, en el cual se lee:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la
REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio
Educación Nacional, en la atención a que LAURA LUCIA
ALMEIDA GRANDEZ (…) ha cumplido con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos
los derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el
ejercicio profesional. Popayán, 12 de octubre de 2018. Registrado
en el Libro de Diplomas No. 082, Folio No. 1865, Diploma No.
1865-18 […]”.

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IV.3. Cuestión previa

Previamente a establecer el problema jurídico que corresponde

resolver a la Sala, es necesario precisar que si bien en el auto a

través del cual se dispuso la admisión de demanda se tuvo como acto

demandado el paz y salvo académico de 13 de septiembre de 201816,

dicho acto no es susceptible de control judicial “dado que

corresponden a meros trámites institucionales que no crean,

modifican o extinguen una situación jurídica particular y concreta”17,

por lo que la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de los

cargos que se formularon en su contra.

IV.4. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 48 de 12 de

octubre de 2018 y del diploma núm. 1865-18 de 12 de octubre de

16
Paz y salvo académico de la señora Laura Lucia Almeida Grandez del 13 de septiembre de 2018,
expedido por la decana de la Facultad de Derecho, y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del
Cauca (folio 45 c.1).
17
Dicha posición fue compartida por la Sala en un caso de similares características. Ver en ese sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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2018, actos por medio de los cuales se otorgó el título de abogada a

la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ.

A juicio de la demandante, los actos acusados transgreden el Acuerdo

Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se

Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de

Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en

concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el

cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de

Estudios del programa de Derecho”, debido a que la graduada no

cumplió con la totalidad de los requisitos allí previstos para optar por

el título de abogada, en tanto no aprobó el examen correspondiente

al área de derecho de bienes, obligaciones y contratos.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

aseguró que el medio de control procedente es el de nulidad y

restablecimiento del derecho frente al cual operó el fenómeno de la

caducidad; que, asimismo, su actuar se encuentra amparado bajo el

principio de la buena fe; y que las fallas administrativas en que haya

incurrido la institución académica no le son atribuibles y, por tanto,

bajo el principio de la carga dinámica de la prueba es la universidad

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la que debe demostrar las razones por las cuales el expediente

académico no contiene todos los soportes que respaldan la

información consignada en la base de datos o sistema “SIMCA”

De igual forma, el tercero con interés directo en las resultas del

proceso aseguró que no está acreditado el incumplimiento de los

requisitos para optar por el título de abogada, especialmente la

presentación y aprobación de los exámenes preparatorios; que el

Equipo de Seguimiento que conformó la UNIVERSIDAD no era el

idóneo para determinar la validez de los requisitos de grado y, por

tanto, los resultados de su gestión no son vinculantes; que no se

advierte la vulneración de normas superiores, sino un desorden

administrativo por parte del ente universitario; y por último, que se

debe garantizar el postulado de la buena fe, puesto que no hay

pruebas que demuestren un actuar fraudulento.

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los

siguientes asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos

de grado de los programas universitarios; (iii) el principio de la buena

fe; y (iv) la solución del caso concreto.

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(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así

como también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la

“[…] capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

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de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”18.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por

finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos

centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del

poder político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de

acción de dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.

En este sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de
cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero [19]. En otros
términos, busca el respeto en la libertad de actuar de dichas
instituciones.

Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes [20]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [21] […]”.22

18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[20] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[21] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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La Ley 30 de 28 de diciembre de 199223 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados

y seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.24

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados

para adoptar las determinaciones que en su normativa interna

garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de

formación de sus egresados.

(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de

23
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
24
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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24

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acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado
fuera del texto original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

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25

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Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la
sociedad profesionales de óptimas calidades en virtud del
riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como la
abogacía […]”25. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos
de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional […].”(Resaltado fuera del texto
original)

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que

el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa

que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos

exámenes, para obtener su título profesional, dado que los

reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad

educativa.

25
Sentencia SU-783 de 2003.

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26

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(iii) El principio de la buena fe

La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera

ha precisado que la presunción de buena fe no implica que las

actuaciones de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento

de una serie de requisitos indispensables para su ejecución, pues el

obrar de buena fe implica “que se haya realizado la actuación con la

diligencia debida”.26

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación

con al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en

los siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho
para transformarse en un postulado constitucional, su
aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en
cuanto a su función integradora del ordenamiento y

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS.

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27

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reguladora de las relaciones entre los particulares y entre
estos y el Estado.[27]

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme
con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[28]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad
y credibilidad que otorga la palabra dada” [29]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se
desvirtúa con los mecanismos consagrados por el
ordenamiento jurídico vigente”[30].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i)
las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe
y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas […]”31.

De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

[27] Sentencia C-071 de 2004
[28] Sentencia T-475 de 1992
[29] Ibidem.
[30] Sentencia C-253 de 1996.
31
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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28

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(iv) La solución del caso concreto

iv.1. Cuestión previa

En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló la

excepción de caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, sobre el cual el Despacho Sustanciador,

en el auto que resolvió la excepción previa del proceso, señaló que

será resuelta en la sentencia, por lo cual procede la Sala a decidir de

conformidad.

La procedencia del medio de control en el caso particular y la

caducidad

Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el

proceso, al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las

consideraciones que allí fueron expuestos y que se transcriben a

continuación:

“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios actos,
a través de los cuales le confirió el título de abogada a la señora
LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, por lo que se advierte que
se trata de decisiones de contenido particular y concreto,
comoquiera que resuelven una situación jurídica en cabeza de
una estudiante a quien se le confirió dicho título profesional.

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29

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En tratándose de las pretensiones de lesividad, la Sección Primera
de la Corporación, en providencia de 19 de diciembre de 201932,
que reiteró lo dicho en el auto de 13 de junio de 201933, señaló
que tal acción equivale al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Al respecto, se destaca:

«[…] La jurisprudencia de la Corporación34 ha precisado que
la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que ejercen los
particulares, en tanto permite que la administración
cuestione la legalidad del acto administrativo concreto
y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la
administración, comparece al proceso en calidad de
demandante y de demandada, buscando obtener la
nulidad de un acto administrativo expedido por esta,
invocando una o varias de las causales de nulidad previstas
en el artículo 84 del CCA. En consecuencia, con fundamento
en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia
del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del
acto administrativo demandado está supeditada a la prueba
de alguna de las referidas causales de nulidad […]».
(Destacado por el Despacho).

En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, el
operador jurídico debe dar a la demanda «el trámite que le
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía
procesal inadecuada»; por consiguiente, el Despacho procederá a
adecuar la demanda presentada por la UNIVERSIDAD, al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 ibidem.

En este orden de ideas, el plazo para el ejercicio oportuno de la
misma es de cuatro (4) meses que, para el caso sub examine, se
contará a partir del momento en que la UNIVERSIDAD tuvo
conocimiento de la ocurrencia de las irregularidades
concernientes al registro de la aprobación de los exámenes
preparatorios en el Sistema Integrado de Matrícula y Control
Académico, “SIMCA”, supuestos que fundamentan el presente

32
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.

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30

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medio de control, o de la fecha en la que realizó la última
actuación para el esclarecimiento de los referidos hechos35.

Para establecer el referido momento, el Despacho procede a
relacionar algunos de los hechos consignados en el proceso de
verificación de requisitos de grado que la actora adelantó para
establecer las citadas irregularidades:

• Resolución No. R-695 del 30 de julio de 2019 “Por el cual se
conforma el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de
los procedimientos académico administrativos de registro
de exámenes preparatorios del programa de Derecho de la
Universidad del Cauca”, expedida por el rector de la
Universidad del Cauca, ante las informaciones de presuntos
registros fraudulentos en las calificaciones de los exámenes
preparatorios que eran requisito de grado del programa de
derecho de esa universidad.

• Informe sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos
de grado de la señora Laura Lucia Almeida Grandez del 26 de
febrero de 2020, en el que se concluyó que “[…] El Preparatorio
Bienes, obligaciones y contratos, registrado el 5 de septiembre de
2018, en estado de aprobado en el periodo académico 2017.2,
carece de evidencia física o documental en la hoja de vida o historia
académica del estudiante, esta última condición se indica con una X
en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva
la imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del preparatorio
que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al
día, mes y año de presentación del examen preparatorio;
“calificación” que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el
estudiante obtuvo en el examen preparatorio […]”.

Del anterior recuento se observa que si bien el acta de grado y el
diploma acusados no fueron objeto de recurso alguno y se
encuentran en firme y ejecutoriados, lo cierto es que la
UNIVERSIDAD tuvo conocimiento de las presuntas
irregularidades en el registro de los exámenes preparatorios de la
señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, cuando el equipo que
se conformó para el seguimiento y mejora del proceso de registro,
advirtió las irregularidades en el caso de la señora Almeida
Grandez, esto es, el 26 de febrero de 2020, fecha en que se
suscribió el informe sobre la verificación del cumplimiento de los
requisitos de grado.

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 4 de marzo de
2020, Expediente núm. 110010324000 2018 00137 00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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31

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Por lo anterior, el término para el ejercicio oportuno del presente
medio de control empezó a correr a partir del día siguiente de esa
actuación, esto es, el 27 de febrero de 2020, por lo que los cuatro
(4) meses para demandar vencían el 27 de junio del presente
año.

Sin embargo, ante la suspensión de los términos judiciales desde
el 16 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
núm. 564 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para la
garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”, en el que se estableció que los términos de caducidad
se reanudarían a partir del día hábil siguiente a la fecha en que
cesó la suspensión, esto es, el 2 de julio de 202036.

En consecuencia, al contarse el término de caducidad de los
cuatro (4) meses desde el 27 de febrero de 2020 y
suspenderse ese término entre el 16 de marzo y el 1 de julio
de 2020, es de concluir que al radicarse la demanda el 17 de
julio de 2020 (folio 75 c.1), lo fue oportunamente […]”.

Conforme a lo expuesto, en el presente caso se tiene acreditado que

la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovida

dentro del término de caducidad previsto para dicho medio de

control, pues se radicó dentro del término de los cuatro (4) meses

contados a partir del momento en que la UNIVERSIDAD tuvo

conocimiento de la ocurrencia de las irregularidades concernientes al

registro de la aprobación de los exámenes preparatorios en el

Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, “SIMCA”, dado

que en dichos supuestos se fundamentó la demanda, por lo que se

aplicó la regla general de procedencia para la acción de lesividad.

36
Teniendo en cuenta que la suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país, se
levantó a partir del 1o. de julio de 2020, por disposición del Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de
2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

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32

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos

formulados por el tercero atañen directamente al fondo de la

controversia, por lo cual serán desatados al resolver los cargos de la

demanda y la contestación.

iv.2. De los cargos de la demanda

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202337, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como

parte de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer

los hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos

docentes que daban cuenta de un procedimiento irregular en el

proceso de graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran

investigaciones internas, así como por parte de la Fiscalía General de

la Nación - Dirección Seccional del Cauca y de la Contraloría General

de la República.

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio
de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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33

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00290-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho

a partir del segundo período académico de 2011, y concluyó que tales

reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio

cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa

Institución confiera válidamente el título de abogada.

En el presente asunto, la Sala advierte que si bien le asiste razón al

apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso

al indicar que a la señora ALMEIDA GRANDEZ no le resulta aplicable

el Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el

cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho

que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales”, dado que ingresó al Programa de Derecho en el primer

semestre del año 2011, es de precisar que la norma que la

UNIVERSIDAD señaló como transgredida es el Acuerdo Académico

núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica

parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,

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34

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

establecido en el acuerdo 009 de 2003”, expedido por el Consejo

Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de

2014, expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias

Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD, a través del cual se adoptó

la reglamentación de los exámenes preparatorios y estableció

aspectos procedimentales (físicos y tecnológicos) de obligatorio

cumplimiento, los cuales permiten verificar desde diferentes

mecanismos la presentación y aprobación del requisito objeto de

debate38.

38 Al respecto, el Acuerdo 001 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos
universitarios y por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse
exámenes preparatorios en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos excepcionales se podrá
programar el examen en otro lugar previa aprobación de la Coordinación del programa y de
la Secretaría General de la Facultad.

ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito
indispensable la previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.

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35

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Al respecto, la Sala en un asunto de similares características indicó lo

siguiente39:

“[…] Visto lo anterior, el Despacho no advierte que le asista razón
al apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la demanda no se encuentra fundada
razonablemente en derecho, pues existe claridad respecto de las
normas que alegó la UNIVERSIDAD como presuntamente
vulneradas con la expedición de los actos administrativos
acusados de nulidad.

En efecto, el artículo 2º del Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de
noviembre de 200440, antes transcrito, previo que, para optar al
título de abogado, el estudiante debía, además de cursar y
aprobar las asignaturas del plan de estudio, cumplir con la
presentación de los exámenes preparatorios.

De igual forma, resulta del caso precisar que el artículo 18 del
Acuerdo núm. 001 de 4 de diciembre de 201441, previó que “El
Acuerdo 001 de 2010 regirá a aquellos estudiantes que ingresaron
en el año 2004, Plan de estudios 78, hasta que cumplan con la
integridad de dicho plan”.

En ese sentido, el Acuerdo núm. 01 de 29 de abril de 2010, “Por
el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003
de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”, estableció lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba
de aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de
la carrera, el criterio jurídico y la formación socio
humanística del estudiante. Podrán ser orales o escritos.

ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de
noviembre de 2023, Rad. núm. 11001-03-24-000-2022-00122-00, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN.

40
“Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

41
“Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios de Plan de Estudios del programa de Derecho”.

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36

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de
la Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.

2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.

3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III,
Pruebas Penales, Criminalística, Criminología.

4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.

5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia
II; Derecho Privado V Sucesiones.

6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes,
Derecho Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV
Contratos.

7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II.

(…)

ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del
preparatorio será requisito indispensable la previa
cancelación de los derechos respectivos.

ARTÍCULO 12. La calificación de los exámenes
preparatorios será de cero punto cero (0.0) a cinco punto
cero (5.0), en unidades y décimas.

ARTÍCULO 13. La pérdida del examen preparatorio por
primera vez, imposibilitará al estudiante para presentarlo
antes de un (1) mes, lo cual queda sujeto a que haya cupo
disponible. La pérdida por segunda vez imposibilitará al
estudiante para solicitar turno durante el término mínimo de
tres meses, contado a partir de la realización del examen
perdido, siempre y cuando se trate del mismo examen.

(…)

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37

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

ARTÍCULO 17. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean
contrarias […].

Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al señalar que la demanda no ofrece la suficiente claridad
respecto de las normas que presuntamente transgredió la
UNIVERSIDAD al expedir los actos administrativos acusados de
nulidad.

En el mismo sentido, tampoco le asiste razón al apoderado del
tercero con interés directo en las resultas al proceso al indicar
que el requisito de presentación y aprobación de exámenes
preparatorios solo se exigió a partir de la vigencia del Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 201142, pues si bien
dicho acuerdo previó que la reforma curricular allí adoptada regía
para los estudiantes que se matricularan por primera vez o
reingresaran al Programa de Derecho en el segundo período
académico de 2011, con las salvedades de que trata el artículo
sexto del acuerdo en cita43, lo cierto es que para la fecha en que
el señor (…) se matriculó al programa de Derecho (2010-2), la
UNIVERSIDAD ya tenía previsto como requisito de grado para
obtener el título académico de abogado, la presentación y
aprobación de exámenes preparatorios en áreas de derecho […].
(Subrayado fuera de texto)

42
“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
43
El artículo sexto del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 establece:

“[…] ARTÍCULO SEXTO.- La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo rige para los
estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El nuevo plan de estudios del programa de Derecho, tendrá aplicación para
los estudiantes matriculados con anterioridad al segundo periodo académico de 2011 en relación con las
actividades electivas de la dimensión sectorial que sustituyen los seminarios del plan de estudios vigente
hasta el primer periodo académico de 2011. Para estos estudiantes la exigencia de electivas de la
dimensión sectorial será de 10 y no de 12 créditos. Tendrá validez los créditos acumulados por
Seminarios cursados y aprobados en el marco del plan de estudios vigente hasta el primer periodo
académico de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La reforma al plan de estudios en lo referido a la dimensión de problemática
social (consultorio jurídico, centro de conciliación, centro de atención a problemas de interés público)
será obligatoria para los estudiantes que iniciaron estudios en el primer periodo académico de 2008, por
lo cual las prácticas no se matricularan para estos estudiantes como asignaturas separadas sino
integradas a las actividades del consultorio y de los centros.

PARÁGRAFO TERCERO.- La reforma al plan de estudios en lo referido a la dimensión de formación en
investigación en relación con actividades electivas, será aplicable a los estudiantes que iniciaron estudios
en el primer periodo académico de 2009 […]”.

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38

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran

exigibles la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ al ingresar

al Programa de Derecho en el primer semestre del año 2011, procede

la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Vicio de nulidad de los actos acusados consistente en no

acreditarse la totalidad de requisitos de grado previstos en la

ley y los reglamentos internos – Infracción de las normas en

que debían fundarse

Alega la parte actora que la señora LAURA LUCIA ALMEIDA

GRANDEZ no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el

equipo de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó

el examen preparatorio correspondiente al área derecho de bienes,

obligaciones y contratos.

Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2018 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada

a la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, mediante la

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39

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Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, el acta de grado

núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y el diploma núm. 1865-18 de 12

de octubre de ese mismo año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de

derecho, esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de

julio de 2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académico

administrativos de registro de exámenes preparatorios del

programa de Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del

cumplimiento de los requisitos de grado de la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes

documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.

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40

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• La historia académica del estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación
– Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 26 de febrero 2020, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

“[…] IV. CONCLUSIONES

1. La señora ALMEIDA GRANDEZ LAURA LUCIA, cédula de
ciudadanía No. 1061760573 y código estudiantil 100111010587
presenta siete (7) registros preparatorios con nota aprobado (A) en
SIMCA 2.0, (el preparatorio Derecho Administrativo con doble
registro) de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de
información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que cinco (5) de ellos cuentan con soporte documental en la historia
académica.

Preparatorio Derecho Laboral

Preparatorio Derecho Administrativo

Preparatorio Procesal Civil

Preparatorio de Familia

Preparatorio Derecho Administrativo

Preparatorio Derecho Penal

Preparatorio Derecho Constitucional (Tiene soporte, pero no registro
SIMCA).

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2. El preparatorio Bienes, obligaciones y contratos, registrado el 5
de septiembre de 2018, en estado de aprobado en el periodo
académico 2017.2, carecen de evidencia física o documental en la
hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja de
vida”. Hecho del que se deriva la imposibilidad de registrar
información relacionada con la “modalidad” que refiere a la norma
de presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha
de presentación” que alude al día, mes y año de presentación del
preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa o
cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio
[…]”.

Se reitera, igualmente que para la fecha en que la señora LAURA

LUCIA ALMEIDA GRANDEZ se matriculó al programa de Derecho

(2011-1), la UNIVERSIDAD ya tenía previsto como requisito de

grado para obtener el título académico de abogada, la presentación y

aprobación de exámenes preparatorios en áreas de derecho, pues el

Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del

Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,

expedido por el Consejo Académico, lo establecía en los siguientes

términos:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.

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c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Del anterior recuento es dable concluir que la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ se matriculó al programa de Derecho de la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó

mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) el

artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo 2º

Acuerdo núm. 001 de 4 de diciembre de 201444, prevé como requisito

para obtener el título de abogada la aprobación de los exámenes

preparatorios; iii) la estudiante únicamente superó satisfactoriamente

seis (6) de los siete (7) exámenes exigidos; por lo que (iv) la

UNIVERSIDAD no podía conferirle el título de profesional en derecho,

contrariando su propio reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre

de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de

estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho

y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009

de 2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de

44 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios de Plan de Estudios del programa de

Derecho”.

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43

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2014, “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del

Plan de Estudios del programa de Derecho”.

iv.2. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de abogada, pues, en

su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no

le es imputable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las

diferentes pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los

actos administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogada a la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ, están viciados de nulidad por violación de la

norma superior en que debían fundarse, esto es, de los Acuerdos

Académicos examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera, de la historia académica de la estudiante,

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44

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, la egresada LAURA LUCIA ALMEIDA

GRANDEZ, no reunía los requisitos legales y estatutarios para

obtener el título profesional que le fue otorgado.

En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la

prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación45 ha

sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las

partes está en mejores condiciones de probar los hechos alegados 46;

sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de

lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar

45
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-
1996-01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.

46
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

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45

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todos los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los

hechos alegados47.

Así, en el caso concreto era, precisamente, el ente universitario el

interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad

de requisitos para optar por el título de abogada, para lo cual allegó

las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al

convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados,

de modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor

posición de probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal

que le correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación de la

egresada, es de señalar que a pesar de que la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto

es que en virtud de dicho principio “nadie puede contravenir

válidamente sus propios actos, cuando tal comportamiento es

objetivamente incompatible con su conducta precedente” 48.

47
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de
agosto de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA
CORREA PALACIO.

48
Idem.

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46

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible a la

estudiante, una vez accedió al sistema de registro académico de la

UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar

oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en

sus resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente

del desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el

cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior49, y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las

autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico

del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de

justicia […]”.

49
Ley 30 de 1992, artículo 24.

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A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
la profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones
sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199250 y del
18 de abril de 199751, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e
intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las
cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir,
actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o
emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por
considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la
Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992 dictada en el
expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la
perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es
materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse
en cuenta para la acreditación del requisito constitucional,
quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía
al litigio. […]” (destaca el Despacho).

163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los
particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar

[50]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[51] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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y asistir a las personas en la ordenación- y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en
el primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con
servicios profesionales con altos estándares de calidad, puesto
que, al conferir un título, el centro universitario certifica que
formó a un servidor de la justicia capaz de promover acciones
individuales y colectivas que respeten la ética y el fin social de
su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del
texto original)

Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó

la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de

los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no

son vinculantes, frente a lo cual la Sala ha tenido la oportunidad de

pronunciarse en los siguientes términos52:

“[…] Aduce el señor (…) que el informe del equipo de
seguimiento no es vinculante, dado que no contó con su
participación.

Al respecto, el Despacho precisa que tal informe no se elaboró
en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su traslado
y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, esto es, en el traslado de la
medida cautelar, oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin.

52
Ver, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, providencia de 18 de junio de 2021, Rad. núm. 11001032400020200026400, CP.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón
al apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la UNIVERSIDAD no tenía
fundamentos para solicitar la suspensión provisional de los
efectos de los actos administrativos demandados, pues, como
quedó visto, del informe en comento se pudo establecer la
inexistencia de los soportes que acrediten la presentación y
aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios,
requeridos para obtener el título de abogado […]”.

Por las razones expuestas la Sala concluye que los argumentos

esgrimidos por el tercero con interés directo no tienen vocación de

prosperidad.

iv.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará

la nulidad de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado y posgrado”; respecto de la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ; al igual que la nulidad del acta de grado núm.

48 de 12 de octubre de 2018 y del diploma núm. 1865-18 de la

misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través

de los cuales se le otorgó el título de abogada a la antes citada.

Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de

31 de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al

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incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

19 y 21 de la Ley 594 de 200053, que le impidieron adoptar

adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado

respecto de la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ, y que

condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en

la presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a

que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de

su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,

adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la

señora ALMEIDA GRANDEZ estaría en condiciones de culminar el

proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le

hacen falta para optar por el título de abogada.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también

poner en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de

Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente

providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en

53
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de

fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta

profesional de abogada de la señora LAURA LUCIA ALMEIDA

GRANDEZ.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

formulada por el tercero interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la

Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se

confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y

posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto

de la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ.

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TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 48 de 12

de octubre de 2018 y del diploma núm. 1865-18 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogada a la señora LAURA LUCIA

ALMEIDA GRANDEZ.

CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar

si la señora LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ estaría en

condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación

de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de

abogada.

QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección

de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con

miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias

tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de

gestión documental que afronta.

SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la

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Judicatura la presente providencia, para los fines que estime

pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de

las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo

de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora

LAURA LUCIA ALMEIDA GRANDEZ

SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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