RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 11001-03-25-000-2018-00914-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00914-00

Acción de revisión cuando la cuantía reconocida excede lo debido de acuerdo con la ley: infundada

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
77 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00914-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra María Leima Moreno de Carreño, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga el 10 de junio de 2009 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 680012324004200503073. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00914-00

Consejero ponente: William Hernández Gómez

12 de agosto de 2021

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

[D]e conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el Decreto 5021 de 2009, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones de esta naturaleza. De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la acción de revisión. NOTA DE RELATORIA: Referente a la legitimación en la causa de la UGPP para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ver: Corte Constitucional, Sentencia SU- De 2016.

FUENTE FORMAL: LEY 1151 DE 2007 - ARTÍCULO 156 / DECRETO 2196 DE 2009

ACCIÓN DE REVISIÓN CUANDO LA CUANTÍA RECONOCIDA EXCEDE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY- Infundada / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL DE EMPLEADOS OFICIALES - Aplicación del precedente jurisprudencial vigente al momento de la decisión

[P]ara el momento en el que se produjo la decisión demandada, aún no se había emitido la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. (…) [E]n cuanto a las providencias enunciadas en el escrito introductorio como desconocidas, se advierte que solamente la sentencia C-168 de 1995, (…) se estudiaron (…) aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto:. (…) [E]xaminada la decisión objeto de revisión, se advierte que, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, el criterio acogido por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo de Estado, según el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional, aquellos trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían computarse en la base de liquidación de la prestación. En otras palabras, se debían tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año de servicios, tal y como lo resolvió el juzgado administrativo. En consecuencia, el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis según la cual en el IBL se deberán incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicios. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada, máxime cuando las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, que la UGPP considera desconocidas, no se habían emitido. Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985, 36 de la Ley 100 de 1993 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la interpretación que la sentencia cuestionada impartió el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado y a los principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad. Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica. NOTA DE RELATORIA: Frente al abuso del derecho en materia de seguridad social, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto a la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición, ver: Corte Constitucional sentencia SU230-15 de 29 de abril de 2015, Exp. T- 3.558.256, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Frente a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-2009). Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013) (IJ), M.P. César Palomino Cortés. En cuanto a la constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el derecho a la igualdad y derechos adquiridos, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 – LITERAL B / LEY 33 DE 1985 - ARTÍCULO 1 / LEY 62 DE 1985 - ARTÍCULO 1 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / DECRETO 1158 DE 1994

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN GENERAL / APLICACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – A casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial

[L]a Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, en dicha providencia también se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Además, expuso que sus efectos vinculantes se extendían a los casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial, mientras que aquellos respecto de los cuales hubiera operado la cosa juzgada resultan inmodificables. Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., doce (12) de agosto dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-25-000-2018-00914-00(3158-18)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Demandado: MARÍA LEIMA MORENO DE CARREÑO

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-048-2021

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se infirme la sentencia del 10 de junio de 2010 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Leima Moreno de Carreño contra la extinta CAJANAL EICE.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora María Leima Moreno de Carreño, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución 6035 del 31 de enero de 2005, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social, EICE, reliquidó la pensión de vejez con el promedio de lo devengado durante los últimos años de servicio.
Resolución 0207 de mayo de 2005 por medio de la cual la misma entidad declaró improcedente el recurso de apelación promovido en contra del acto administrativo descrito en el ítem anterior.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada a: i) reliquidar la pensión de vejez en un monto equivalente al 85%, que resulta de adicionar un 10% por laborar al servicio de la Nación por más de 30 años, de conformidad con lo previsto en la Ley 797 de 2003. Así mismo, incluir todos los factores devengados durante el último año de servicios, a saber, primas de servicios, vacaciones, navidad, antigüedad, alimentación y técnica y ii) pagar la reliquidación a partir del 1 de diciembre de 1999 y hasta que se verifique el pago de las sumas adeudadas, valores que deberán ser debidamente indexados.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

La señora María Leima Moreno de Carreño nació el 6 de octubre de 1945 y prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del departamento de Santander desde el 1 de junio de 1965 y hasta el 29 de noviembre de 2003. El último cargo que ocupó fue el de secretaria ejecutiva en el Instituto de Enseñanza Media Diversificada, INEM, Seccional Bucaramanga.

Mediante Resolución 023737 del 1 de diciembre de 1997, CAJANAL reconoció en favor de la señora María Leima Moreno de Carreño pensión de vejez a partir del 1 de abril de 1996, condicionada al retiro del servicio. En la liquidación no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios ni el 10% adicional por haber acreditado más de 36 años al servicio del Estado.

El 10 de marzo de 2004, la pensionada solicitó a CAJANAL EICE reliquidar su mesada con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios y con el 10% adicional por laborar más de 36 años al servicio del Estado. No obstante, la entidad no dio respuesta.

La señora María Leima Moreno de Carreño promovió acción de tutela ante el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, quien ordenó a la entidad contestar la petición descrita en el numeral anterior.

Por medio de la Resolución 6035 del 31 de enero de 2005 CAJANAL EICE, en cumplimiento de la acción de tutela, reliquidó la mesada pensional de la demandante con el promedio de lo devengado durante los últimos diez años de servicio.

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los artículos 1, 2, 13, 23 y 29 de la Constitución Política; Decreto 2350 de 1944; Ley 6 de 1945; Ley 65 de 1946; Decreto 2663 de 1950; Ley 77 de 1959; Ley 171 de 1961; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.

Como concepto de violación, aseguró que los actos acusados desconocieron las normas de carácter constitucional y legal en que debieron fundarse, puesto que la entidad demandada no incluyó en la liquidación de su prestación la totalidad de los factores salariales efectivamente recibidos durante el último año de servicios, tales como las primas de servicio, vacaciones, navidad, antigüedad, alimentación y técnica. Tampoco tuvo en cuenta el 10% adicional, para completar un monto pensional del 85%, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 797 de 2003.

Seguidamente, sostuvo que la demandante tiene derecho a que se le aplique el régimen anterior al que estableció el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que al entrar esta norma en vigor contaba con 48 años de edad y 25 años, 5 meses y 24 días de servicios al Estado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CAJANAL EICE presentó contestación y se opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que el acto acusado fue expedido con observancia de las normas constitucionales y legales que le eran aplicables, con inclusión de los factores sobre los cuales se aportó a la entidad de previsión. Solicitó tener en cuenta la decisión que en un asunto similar profirió el Tribunal Superior de Medellín bajo el radicado 2005/1003.

Finalmente, pidió que en caso de acceder a las súplicas de la demanda se declare la prescripción trienal de las sumas no reclamadas en tiempo.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 10 de junio de 2009, declaró la nulidad del acto acusado y, en consecuencia, ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión de la demandante en el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo además de la asignación básica, la prima de antigüedad, la la prima de alimentación, el subsidio de transporte, la prima técnica, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad (1/12) y la prima de vacaciones (1/12).

Expuso brevemente que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, del cual es beneficiaria, dado que para el 13 de febrero de 1985 contaba con 16 años al servicio del Estado. Estimó que dicha normativa, en términos del precedente jurisprudencial, deberá aplicarse en su integridad, salvaguardando con ello los principios de favorabilidad y la condición más beneficiosa.

En cuanto al monto de la pensión, indicó que correspondería al 75% de lo devengado en el último año de servicios, con inclusión de los factores previstos en el Decreto 1045 de 1978, el cual no señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados de forma permanente por el trabajador durante el último año de servicios.

Seguidamente, explicó que dentro del proceso quedó demostrado que a la señora María Leima Moreno de Carreño le son aplicables las Leyes 6 de 1945, 4 de 1966 y el Decreto 1045 de 1978, y en consecuencia, tiene derecho a que su pensión se reliquide con los factores percibidos durante el último año de servicios, a saber, asignación básica, prima de antigüedad, prima de alimentación, subsidio de transporte, prima técnica, bonificación por servicios, y las doceavas de la prima de navidad y de vacaciones.

Por último, denegó la pretensión tendiente a que la mesada pensional se reconociera en un monto equivalente al 85%, pues en virtud del principio de inescindibilidad, no es posible reconocer la prestación tomando los aspectos de diferentes normas.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN

La UGPP presentó acción de revisión de la providencia que ordenó el pago de sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

«Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga el 10 de junio de 2009, dentro del proceso ordinario instaurado por María Leima Moreno de Carreño en contra de CAJANAL EICE, bajo el radicado: 680012324004200503073.

Declarar que a la señora María Leima Moreno de Carreño no le asiste el derecho a que se liquide su pensión de jubilación con la totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicios.

Ordenar que la pensión de la señora María Leima Moreno de Carreño se liquide conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De acuerdo con aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los factores base de cotización son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 01 de 2005, las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, así como la interpretación que ha dado la Corte Constitucional sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de transición.

En sustento de lo anterior, argumentó que la providencia en mención vulneró el debido proceso pues la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la normativa y jurisprudencia aplicable, generándose con ello un aumento en la mesada, que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.

Bajo esa misma línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo debido de acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la señora María Leima Moreno de Carreño al estar cobijada por el régimen de transición, dado que tenía más de 35 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces.

Seguidamente, aseguró que la liquidación, ordenada por el Juzgado, aumenta en un 65% la mesada pensional de la demandada, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada actual es de $3.430.245 cuando debía equivaler a $1.203.981. En su criterio, tal situación permite observar que se configura un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

Dentro del término, la señora María Leima Moreno de Carreño, mediante apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Al respecto, explicó que, la decisión del 10 de junio de 2009 adoptada por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, atendió la normativa aplicable en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, y, la jurisprudencia vigente desarrollada sobre el asunto.

Propuso las siguientes excepciones:

INEPTA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS LEGALES: Consideró que el escrito de la demanda carece de los requisitos legales que prevé el artículo 162 del CPACA, a saber: i) no se designó en debida forma a las partes, ni a sus representantes; ii) no formuló de forma clara y precisa las pretensiones de la acción; iii) expuso de forma escueta los hechos; iv) no indicó de manera razonada y precisa en qué consiste el concepto de violación y v) se limitó a citar apartes de unas sentencias de unificación emitidas por la Corte Constitucional.

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA: Sobre el punto, explicó que la causal a) contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no es aplicable en el sub lite, por dos razones, la primera, porque no se indicó quién incurrió en la vulneración del debido proceso, si la pensionada o el despacho judicial que profirió la decisión y, la segunda, porque la normativa con base en la cual se solicita se liquide el IBL, esto es, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, no es aplicable a la aquí demandada.

En todo caso, advirtió que dentro del proceso ordinario se respetó el derecho al debido proceso y de defensa de las partes y se surtieron todas las etapas propias del asunto, sin que la entidad pensional alegara, durante el decurso procesal, la ocurrencia de alguna vulneración o nulidad. Destacó que inclusive, teniendo la oportunidad, CAJANAL no interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión emitida por el Juzgado, lo que permite inferir que se encontraba de acuerdo con su contenido.

Igualmente, aseveró que la señora María Leima Moreno de Carreño es beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, por lo que su pensión debe reconocerse conforme lo prevé la normativa anterior a esta, es decir, en un monto equivalente al 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicios, tal como se indicó en la decisión objeto de revisión.

BUENA FE: Afirmó que la pensionada, al solicitar la nulidad de los actos por medio de los cuales se denegó la reliquidación pensional, ciñó sus actuaciones al principio de buena fe.

COSA JUZGADA: Advirtió que la decisión acusada se encuentra debidamente ejecutoriada ya que la entidad pensional no interpuso el recurso de apelación en su contra.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala, en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia..

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019:

«[…] ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
[…]
Sección segunda
[…]
3. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]»

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:

«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la posibilidad de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las que se reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras palabras, pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo de similar naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza indistintamente de la instancia en que fueron proferidas, comoquiera que la ley de forma expresa le atribuyó su conocimiento al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, según las materias sometidas a su competencia.

En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2009 por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga.

Cuestión previa

Es importante precisar que no se desconoce que ni para el recurso extraordinario ni para la acción de revisión, el CPACA señala que sean procedentes las excepciones previas, con todo, la Subsección considera pertinente abordar lo relativo a la inepta demanda por falta de requisitos formales, falta de legitimación en la causa y a la cosa juzgada, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la contestación de aquella por la señora María Leima Moreno de Carreño.

Inepta demanda por falta de requisitos formales

Estudiada la acción de revisión interpuesta por la UGPP, se advierte que, la entidad identificó claramente a la señora María Lema Moreno de Carreño como parte demandada dentro de la presente acción, atendiendo que en favor de ella se profirió la decisión objeto de revisión.

Igualmente, formuló de forma clara y precisa las pretensiones de la demanda, así como la causal de revisión que estima se configura en el sub lite, las cuales tienen como objetivo que se infirme la sentencia proferida el 10 de junio de 2009 por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, en tanto considera que con ella se desconoció el precedente que ha desarrollado la Corte Constitucional sobre el IBL para los beneficiarios del régimen de transición. De ahí que exista una cita de diferentes sentencias proferidas por dicha corporación. En efecto, la UGPP fundó la acción en las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 707 de 2003, a saber: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Es de anotar que la acción de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene como objetivo, entre otros, reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las entidades administradoras de pensiones, como es el caso de la UGPP, están habilitadas para promover la acción de revisión con base en las causales enlistadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Las cuales deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal; sin que sea factible aseverar que la referida entidad debe limitar su demanda a las causales previstas en el artículo 250 del CPACA. Máxime, cuando la misma Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 reconoció la posibilidad que tiene la UGPP de interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como se precisará más adelante.

En esos términos, la UGPP si delimitó debidamente las partes, las pretensiones y las causales con fundamento en las cuales pretende se revise la sentencia objeto de discusión.

.
Falta de legitimación en la causa

Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas Especiales de Decisión, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta Subsección.

Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación, como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009. Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el Decreto 5021 de 2009, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones de esta naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la acción de revisión.

Cosa juzgada

Teniendo en consideración que la demandada estima que se configuró la cosa juzgada por no haberse interpuesto recurso de apelación en contra de la decisión objeto de revisión, es preciso recordar, que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo de similar naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones, sin delimitar si ello se refiere solo a las sentencias de única, primera o segunda instancia, y, si para su interposición es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la decisión de la cual se pretende su revisión. Por lo tanto, es pertinente hacer una lectura armónica entre esta normativa y el artículo 248 del CPACA, que prevé:

«El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.»

De acuerdo con lo anterior, es plausible concluir, en primer lugar, que la demanda procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos y, en segundo, que no es una condición para su procedencia que se interpongan los recursos ordinarios, particularmente, en lo relativo al recurso previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Sobre este último punto, la Corte Constitucional en sentencia C-520 de 2009, al estudiar la constitucionalidad del artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, que si bien no es la norma que en materia sustancial rige el presente caso, lo cierto es que, el análisis efectuado con respecto a ella es aplicable al artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto ambas disposiciones guardan identidad, aseveró que no resulta compatible «con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza ordinaria».

En estos términos, y teniendo en cuenta que tal exigencia no se encuentra prevista en las Leyes 797 de 2003 y 1437 de 2011, para la revisión de providencias que imponen el pago de prestaciones periódicas a cargo del Erario o de entidades de naturaleza pública no es posible para el juez incluirla so pena de entorpecer el acceso a la administración de justicia, vulnerar el derecho al debido proceso y desconocer la finalidad de este mecanismo extraordinario, que no es otra que buscar la verdad material y proteger el Tesoro.

De conformidad con las anteriores razones, la Sala advierte que el hecho de no interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2009 por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, no impide a la parte interesada solicitar posteriormente la revisión de tal providencia, en tanto el agotamiento de los recursos ordinarios no es requisito indispensable para la procedencia de la acción de revisión.

Oportunidad de la acción de revisión

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe tener en cuenta que la sentencia del 10 de junio de 2009 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, se notificó mediante edicto fijado entre el 17 y 19 de junio de la misma anualidad y quedó ejecutoriada el 26 de junio de 2009. Igualmente, es necesario precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 señaló que el término de caducidad de cinco años para intentar este mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue a partir de esta fecha en que la UGPP asumió las obligaciones de la extinta CAJANAL. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 12 de junio de 2018, se concluye que aquella se encuentra en tiempo.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.  Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas, cuando se liquidaron en un valor mayor al que corresponde o se reconocieron con vulneración del debido proceso o de la ley.

Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora María Leima Moreno de Carreño, cobijada por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, atendiendo el ingreso base de liquidación de las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía con el Decreto 1045 de 1978 y, no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) El régimen pensional contenido en las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, 4) El régimen de transición de la Ley 33 de 1985, y 5) verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que, de encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias que hacen la decisión incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Verificación de la causal de revisión invocada

Se observa que, en criterio de la entidad, la providencia objeto de revisión vulneró el debido proceso al acceder a la reliquidación de la pensión de la aquí demandada, en un monto del 75% de los salarios y factores percibidos en el último año de servicios, como lo establece la Ley 33 de 1985, desconociéndose la interpretación que sobre el IBL efectuó la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017. En dichas providencias, se precisó que aquellos empleados beneficiarios del régimen de transición conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen anterior, pero el IBL sería el establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, se debe señalar que el argumento expuesto no está referido a alguno de los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de defensa y contradicción o a la valoración probatoria relacionados con el reconocimiento pensional, sino al desacuerdo en la interpretación de las normas que hizo el ad quem para el cálculo de la prestación. En su sentir, se omitió la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así como de las sentencias de la Corte Constitucional que abordaron el tema, lo cual condujo a que su cuantía excediera lo debido de acuerdo con la ley, cuestión que hace referencia a la causal contenida en el literal b.) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que pasa a estudiarse.

Por tanto, para definir si se configura la causal contemplada en el literal a.) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es necesario verificar la configuración de la causal contenida en el literal b.) de la norma en mención.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho la señora María Leima Moreno de Carreño debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación de conformidad con las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía con el Decreto 1045 de 1978 y, no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito, se analizarán las normas pensionales contenidas en las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, las posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con fundamento en ello, se estudiará la configuración de la causal de revisión invocada en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los empleados oficiales, es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales, según el cual aquellos que hubiesen prestado 20 años de servicio, continuos o discontinuos y cumpliesen 55 años de edad, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Del anterior régimen, se excluyó a aquellos empleados oficiales que trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran una excepción previamente determinada por la Ley o, a quienes disfrutaran de un régimen especial en pensiones.

Por su parte, el artículo 3 de la citada ley, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, indicó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio».

Asimismo, agregó que, en todo caso «[…] las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes […]».

Ahora bien, el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 creó un régimen de transición según el cual:

i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que regía en normas anteriores; y

ii) quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las normas vigentes a la fecha de retiro.

Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de servicio o más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con la edad prevista en la norma anterior; y quienes ya tuviesen 20 o más años de servicio, estuviesen retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus pensional, tendrían derecho a pensionarse con la norma que regía al momento del retiro.

Respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de 1985, debe advertirse que la norma aplicable vigente antes de la citada era la Ley 6ª de 1945, que en su artículo 17 previó una pensión de jubilación para los empleados oficiales equivalente a las dos terceras partes del promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos. Esta sería modificada en primer lugar por el artículo 3.° de la Ley 65 de 1946, y posteriormente por el artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966, este último en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio.

En ese sentido, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados oficiales tendrían derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios, siempre que cumplieran 50 años de edad y 20 de servicio al Estado.

Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968, por el cual se previó la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispuso en su artículo 27 que aquellos que sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o discontinuos, y cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

De modo tal que se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los hombres, quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años de edad, mientras que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las mujeres.

Por consiguiente, la norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional se reitera, sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto esta era la norma pensional anterior.

Ahora bien, el conflicto se suscita por la forma cómo se debe aplicar el régimen de transición al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, conforme a la interpretación literal de la norma según la cual se garantiza el acceso a la prestación con la edad regulada en la norma anterior; o por el contrario, se debe emplear el régimen anterior en su integridad, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

Según esta última posición, las personas beneficiadas con la transición regulada en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con 20 años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.

Así las cosas, y teniendo en consideración que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, varios pronunciamientos acudieron a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento de liquidar las pensiones. Dicho criterio fue acogido por esta corporación, entre otras, en las sentencias del 19 de noviembre de 2009 y del 16 de diciembre de 2009. Específicamente en la última de ellas precisó:

«[…] El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación […]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión, como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» (Se subraya)

Ahora, como se analizará más adelante, es pertinente señalar que, en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en estas condiciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado. En aquella oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según los cuales el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976. Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258 de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 y  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0062_1985.htm" \l "Inicio" 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.»

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

Verificación de la causal de revisión invocada

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20 Ley 797 de 2003

La señora María Leima Moreno de Carreño nació el 6 de octubre de 1945 y prestó sus servicios al Estado, así:

Entidad
Cargo
Tiempo
Departamento de Santander
Secretaria Ejecutiva
01/06/1965 – 30/12/1965
06/05/1968 – 30/04/1972
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada, INEM
Secretaria Ejecutiva, código 525, grado 11
21/03/1972 - 29/11/2003.

En consecuencia, para el 13 de febrero de 1985 había prestado servicios al Estado por más de 15 años, razón por la cual se encontraba cobijada por la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, es decir, que tenía derecho a que se le respetara la edad pensional prevista en la norma anterior.

La Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga certificó que la señora María Leima Moreno de Carreño devengó los siguientes emolumentos durante el último año de servicio, de noviembre de 2002 a noviembre de 2003:

Asignación básica
Prima técnica administrativos (por evaluación de desempeño)
Prima de servicios junio
Prima de antigüedad
Subsidio de transporte
Prima de alimentación
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Bonificación por recreación

Por medio de la Resolución 023737 del 1 de diciembre de 1997 la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE le reconoció una pensión de vejez a la señora María Leima Moreno de Carreño, a partir del 1 de abril de 1996, condicionada al retiro del servicio. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario promedio de lo devengado durante el último año, 6 meses y 6 días, de conformidad con lo establecido en las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993. Los factores que tuvo en cuenta en el cálculo de la mesada fueron: asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados. El estatus jurídico lo adquirió el 6 de octubre de 1995.

Posteriormente, mediante Resolución 6035 del 31 de enero de 2005, CAJANAL EICE revocó el acto administrativo descrito en el párrafo anterior, para reconocer la pensión a partir del 29 de noviembre de 2003. La liquidación de la prestación la efectuó con el 85% del salario promedio de lo devengado entre el 1 de octubre de 1993 y el 30 de septiembre de 2003, de conformidad con lo establecido en las Leyes 33 de 1985 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Los factores que tuvo en cuenta en el cálculo de la mesada fueron: asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados.

El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, en sentencia del 10 de junio de 2010, le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión en favor de la señora María Leima Moreno de Carreño, en los siguientes términos:

«[…] La Ley 33 de 1985 reguló el régimen prestacional de todos los empleados oficiales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por mandato del artículo 1º no sólo se equiparó la edad de la mujer con la del varón para efectos de jubilación en 55 años sino que se estableció la regla general para la pensión de los empleados oficiales de todos los niveles y se consagraron unas excepciones […]

Como la actora al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, contaba con 48 años de edad, ya que nació el 6 de octubre de 1945 (Fl. 92), y con más de 20 años de servicio era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 que le permitía pensionarse con el régimen anterior contemplado en la Ley 33 de 1985.

El artículo 1º de la Ley 33 de 1.985 señala que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
[…]
En estas condiciones, se advierte en un primer momento que la pensión de jubilación de la señora MARIA LEYMA(sic) MORENO debía ser liquidada con los factores establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

Ahora bien, no obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Ley 33 de 1985 que estableció “algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”, adoptando, entre otras, el aumento de edad de jubilación para el empleado oficial, y exceptuando de su aplicación cuatro supuestos, a saber:

Los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
Los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, a quienes se continuarán aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la ley.
[…]
En virtud de lo anterior, es claro que la actora, se encuentra en el segundo supuesto pretranscrito, ya que antes de la expedición de la Ley 33 de 1985, esto es, en febrero de 13 de 1985, la actora contaba con 16 años de servicio, como que su ingreso se verificó en mayo 6 de 1968 (fl.3) motivo por el cual debe precisarse que se encuentra dentro del régimen de transición de dicha ley, es decir, quedó inmersa en el régimen de transición de la citada Ley 33 de 1985, lo que la colocaba fuera del ámbito de aplicación de la Ley 33.

Trasladando los anteriores presupuestos al caso concreto, concluye el Despacho que el régimen aplicable a la actora es el anterior a la vigencia de la Ley 33 de 1985, aconteciendo que de acuerdo con el precedente jurisprudencial, el mentado régimen se debe aplicar de manera integral, y no parcial, lo cual implica que en tratándose del periodo a tener en cuenta para deducir el promedio devengado, también debe observarse lo previsto en la normatividad que regula el asunto, máxime cuando en el presente caso, se advierte además que con ello se respeta el principio de la “condición más beneficiosa” desarrollado por el principio de “favorabilidad”.

En efecto, como quiera que el régimen de transición permite la aplicación integral de elementos tales como edad, tiempo de servicio y monto, en ese orden, se considera que no rigen para el caso bajo estudio, las normas del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que estipulan el monto de la pensión con una base salarial distinta de liquidación a la devengada en el último año y, en consecuencia, se repite, como se vislumbra una situación más favorable y diferente para la actora con la aplicación de las normas anteriores, las mismas deben preferirse, motivo por el cual resulta imperioso dar total aplicación a lo dispuesto por la Ley 6 de 1945, y Ley 4 de 1966 que estipuló que el monto de la pensión correspondería al 75% de lo devengado en el último año de servicios, en armonía con lo previsto en el Decreto 1045 de 1978, que prescribe los factores de liquidación que se deben tener en cuenta […]

Por lo tanto, como de lo probado se tiene que la liquidación se hizo teniendo en cuenta el promedio de lo devengado durante los últimos diez años anteriores al retiro del servicio, vale decir según lo previsto por la Ley 100 de 1993, se ordenará a la entidad accionada efectúe la reliquidación de la pensión de la señora MARÍA MEYLA (sic) MORENO DE CARREÑO, para lo cual deberá tener en cuenta los factores salariales y prestacionales percibidos por ella durante el último año de servicios, esto es el periodo comprendido entre noviembre 28 de 2002 a noviembre 28 de 2003, toda vez que al realizar la operación aritmética sobre la asignación básica, la bonificación por servicios, el subsidio de transporte, la prima de antigüedad y la prima técnica percibidas y las doceavas partes de las primas de navidad y vacaciones (folios 100 y 101 – 94) por la actora en el último año de servicios y aplicar sobre dicho valor el porcentaje del setenta y cinco por ciento (75%), se observa que se incrementa el monto pensional reconocido por la entidad demandada.
[…]
Ahora bien, en lo relacionado con la otra petición consistente en que la mesada pensional de la actora sea fijada en el 85% de lo devengado en el último año de servicios, sobre el punto se tiene que tal monto fue establecido en la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, lo cual implica que su aplicación resulta pertinente cuando a su turno se aplica lo previsto en la mentada ley 100, pues en atención al principio de inescindibilidad en materia pensional pregonado desde antaño por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Constitucional, la norma que se aplique en materia pensional, debe adoptarse en su integridad, sin que resulte viable tomar lo favorable de las varias disposiciones, como lo pretende en este evento la actora, quien de una parte reclama se reliquide la pensión con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, vale decir de acuerdo con las previsiones normativas anteriores a la(sic) Ley 33 de 1985 y 100 de 1993, y de otra, se liquide la mesada sobre el 85% según lo preceptuado por la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993. […]

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución N. 6035 de enero 31 de 2005, por medio de la cual CAJANAL reliquidó de (sic) la Pensión de la señora MARIA LEYMA(sic) MORENO DE CARREÑO, por los motivos expuestos en la parte motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad declarada y a título de restablecimiento del derecho, CAJANAL deberá reconocer y pagar al (sic) señora MARIA LEYMA(sic) MORENO DE CARREÑO, la reliquidación de la pensión de jubilación, a partir del 29 de noviembre de 2003, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el año anterior a la fecha de retiro […]» (Ortografía, negrillas y gramática del texto original)

Análisis de la Subsección

En primer lugar, se advierte que, en las pretensiones, la UGPP solicitó que se atiendan las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstos en la Ley 33 de 1985, sin embargo, el juez de instancia aplicó las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, bajo el argumento de que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, pues para la fecha en que esta entró en vigor, esto es, el 13 de febrero de la misma anualidad, la señora María Leima Moreno de Carreño contaba con 16 años de servicio. Por esa razón, se remitió a las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que la sentencia acusada no se remitió a las condiciones de la Ley 33 de 1985, en la medida que la pensionada era beneficiaria de su régimen de transición. De ahí que se ajustaron a los mandatos anteriores de las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, aspecto frente al cual la entidad no presentó reparo particular alguno.

En segundo lugar, la UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión de la aquí demandada, debió atenderse el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición. Como sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional.

Al respecto, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión demandada, aún no se había emitido la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. De ahí que la autoridad judicial sustentó su aquella en la sentencia del 12 de abril de 2007 proferida por el Consejo de Estado, así como en los principios de favorabilidad, inescindibilidad y la condición más beneficiosa, según los cuales, el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición sería el contenido en la norma anterior, que debe acogerse en su integridad y no únicamente en las condiciones de tiempo y edad para adquirir la prestación. Esta interpretación se acompasó con el criterio desarrollado por las salas de revisión de tutela de la Corte Constitucional para la época. En consecuencia, el ingreso base de liquidación debía corresponder a lo previsto por las normas que venían rigiendo la situación del afiliado.

Ahora, en cuanto a las providencias enunciadas en el escrito introductorio como desconocidas, se advierte que solamente la sentencia C-168 de 1995, se había emitido para la época en que fue proferida la sentencia cuestionada y, por lo tanto, se analizará su contenido de cara con el sub examine. En relación con las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, se advierte que fueron dictadas con posterioridad a la decisión adoptada por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, por esa razón de manera alguna podía ser exigible a este que atendiera o que expusiera la carga argumentativa tendiente a sustentar su apartamiento del criterio en ellas adoptado.

Pues bien, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es un precedente que debió atenderse en este asunto.

De otro lado, es preciso destacar que la UGPP, en la acción de revisión, circunscribió su argumento a discutir que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia que sobre el asunto ha desarrollado la Corte Constitucional, sin exponer reparos frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección restringe su análisis a ello.

Así pues, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, el criterio acogido por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo de Estado, según el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional, aquellos trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían computarse en la base de liquidación de la prestación. En otras palabras, se debían tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año de servicios, tal y como lo resolvió el juzgado administrativo.

En consecuencia, el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis según la cual en el IBL se deberán incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicios. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada, máxime cuando las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, que la UGPP considera desconocidas, no se habían emitido.

Finalmente, es importante indicar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo, en dicha providencia también se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Además, expuso que sus efectos vinculantes se extendían a los casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial, mientras que aquellos respecto de los cuales hubiera operado la cosa juzgada resultan inmodificables. Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio vigente para la época.

Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985, 36 de la Ley 100 de 1993 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la interpretación que la sentencia cuestionada impartió el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado y a los principios de progresividad, favorabilidad e inescindibilidad.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica

De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tampoco se configura la del literal a), lo cual lleva a que se declare infundada la acción de revisión interpuesta.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de la señora María Leima Moreno de Carreño atendiendo el ingreso base de liquidación contenido en las 6 de 1945 y 4 de 1966 en armonía con el Decreto 1045 de 1978, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, incluyendo, asignación básica, prima de antigüedad, prima de alimentación, subsidio de transporte, prima técnica, bonificación por servicios prestados, y las doceavas de la prima de navidad y prima de vacaciones.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 10 de junio de 2009, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga por medio de la cual se ordenó la reliquidación pensional en favor de la señora María Leima Moreno de Carreño.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación ha considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP contra María Leima Moreno de Carreño, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga el 10 de junio de 2009 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 680012324004200503073.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Folios 43 a 48 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 680012324004200503073. Folios 57 a 59 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 154 a 167 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No indica de forma expresa las providencias que le sirven de fundamento ni tampoco la corporación a la que se refiere. Ff. 334-368 del cuad. ppal. Folios 296 a 306 cuad. ppal.
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado. Bajo este mismo criterio la Subsección ha conocido la acción de revisión con el fin de que se infirmen sentencias proferidas por juzgados administrativos, para el efecto puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2014-01347-00 (4377-2014), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2017-00264-00 (1310-2017), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Ibidem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12), demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación. Sentencia del 4 de agosto de 2009. Folio 168 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Tal como se observa en la constancia secretarial suscrita por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, obrante a folio 172 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Folio 208 vuelto cuad. ppal.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003. Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP. Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017. Sentencia C-341 de 2014. Ver las sentencias: Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación: 11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano. Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222" http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222. Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de Mayo de 2020, radicación: 700012333000-2013-00268-01 (3551-2014), demandante: Leonor Guerra Vergara, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 28 de mayo de 2020, radicación: 44001-23-33-000-2013-00171-01 (1947-15), actor: Rosa Elena Baquero de Munive, demandado:

Unidad Administrativa Especiad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal, demandado: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06). Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2006-07509-01. Tal como consta en la cedula de ciudadanía obrante a folio 57 del cuad. ppal. Como se observa en la certificación emitida por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga obrante a folio 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Tal como consta en la Resolución 023737 del 1 de diciembre de 1997 emitida por CAJANAL EICE, obrante a folios 2 a 5 del proceso ordinario
Tal como se advierte en la certificación emitida por la institución el 8 de enero de 2003, obrante en el folio 19 del proceso ordinario. F. 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Véanse también los folios 113 y 114 del cuad. ppal. Folios 2 a 5 del proceso ordinario. Folios 154 a 167 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009. Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto 546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica.[…]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009. Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación: 15001-23-31-000-1999-02187-01 (1114-03), actor: Carlos Eduardo Hernández, demandado: Caja Nacional de Previsión Social
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villareal, demandado: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06). Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.