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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00359-00

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00359-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Acatar la orden de tutela emitida en el fallo del 24 de febrero de 2025, por la Sección Tercerea, Subsección B del Consejo de Estado en el radicado 11001 03 15 000 2024 04153 00 (acumulado), M.P. Alberto Montaña Plata. Segundo. Declarar la nulidad de las decisiones disciplinarias emitidas el 28 de junio de 2006 y 3 de agosto de 2007, por la Procuraduría Regional de Casanare y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, respectivamente, a través de las cuales se declaró responsable disciplinariamente al señor Gonzalo Rodríguez Bohórquez, en su condición de alcalde del municipio de Nunchía (Casanare), sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de 12 meses. 6 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]» 7 Por virtud de lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión disciplinaria de segunda instancia emitida el 16 de enero de 2008. 11 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001 03 25 000 2019 00359 00 (2423-2019) Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez TERCERO. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades y realice las correcciones pertinentes. CUARTO. - Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. QUINTO. Sin condena en costas. SEXTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y archívese las presentes diligencias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00359-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00359-00 (2423-2019)
Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Disciplinario - servidor público de elección popular.
ACCEDE.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 11 de abril de 2024, profiere la providencia de reemplazo en
el proceso de la referencia. Se advierte que se acogerán las pretensiones de
nulidad de los actos demandados.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. El demandante exigió que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) decisión disciplinaria de 28 de junio de 2006, emitida en
primera instancia por la Procuraduría Regional de Casanare, a través de la cual
se le declaró disciplinariamente responsable y se le sancionó con destitución e
inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por el término de 10
años; y, ii) Acto de 3 de agosto de 2007, proferido por la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación Estatal Regional de Cundinamarca, mediante la
cual se confirmó parcialmente la decisión inicial y modificó la sanción a
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad
especial por el término de 12 meses.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó conceder la indemnización de los perjuicios morales generados
con ocasión de la expedición de los actos acusados.

Hechos relevantes

3. La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria
contra el accionante en su condición de alcalde del municipio de Nunchía
(Casanare), porque presuntamente incurrió en la falta gravísima consagrada en
el artículo 48 del numeral 30 de la Ley 734 de 2002, por firmar el convenio
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2019 00359 00 (2423-2019)
Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

interadministrativo 01 de 2002 sin contar con los estudios previos de
conveniencia, estudios de mercado, ni elaboración de proyecto y su
correspondiente inscripción en el Banco Municipal de Proyectos; y por suscribir
contrato de obra pública sin contar con la respectiva autorización ambiental.

4. La Procuraduría Regional de Casanare profirió la decisión disciplinaria
sancionatoria de primera instancia el 28 de junio de 2006, mediante la cual lo
declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad
general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

5. Frente a esta decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
el 3 de agosto de 2007 por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal,
la cual confirmó parcialmente la decisión inicial y modificó la sanción a
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad
especial de 12 meses, por encontrar probado el segundo hecho en el que se
sustentó el pliego de cargos.

Normas violadas y concepto de violación

6. La demanda se fundamentó en la vulneración de los artículos 29 de la
Constitución Política; 84 del Código Contencioso Administrativo; y 163 de la Ley
734 de 2002.

7. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante
expuso los siguientes argumentos: (i) Se vulneró el derecho al debido proceso,
por cuanto al momento de formularle el pliego de cargos, pese a que se señaló
la imputación de un cargo único, los argumentos expuestos desarrollaron dos
conductas por las que fue finalmente sancionado, con lo que se transgredieron
sus derechos de defensa y contradicción; (ii) Aunado a ello, en la decisión
disciplinaria de segunda instancia se citaron normas que no fueron expuestas
desde que inició la investigación disciplinaria en su contra; y iii) la Procuraduría
General de la Nación no diferenció entre licencia ambiental y concesiones de
aguas, pues esta última no está contemplada en el numeral 30 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, atentando contra el principio de legalidad.

Contestación de la demanda.

8. Se tuvo por no contestada la demanda.1

Concepto del ministerio público

1
Toda vez que quien dijo actuar como apoderado de la Procuraduría General de la Nación, no
aportó el poder con presentación personal original ni copia de los documentos que soportaran la
calidad del poderdante, esto es, acta de posesión, acto de delegación, certificado de estar
ejerciendo el cargo, motivo por el cual no se le reconoció personería y pese a que se le concedió
un término de 5 días para subsanar la falencia indicada, la entidad demandada no allegó
documento alguno.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

9. El procurador 72 Judicial I Administrativo rindió concepto en el que solicitó
negar las pretensiones de la demanda, por las razones que a continuación se
indican:

10. La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el
principio de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos
fácticos, la normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta
fue adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente
valoradas.

11. No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinado
se le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su
derecho a la defensa, al presentar descargos, alegatos de conclusión y los
recursos pertinentes.

Trámite

12. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal (Casanare) realizó las
siguientes actuaciones: a través de auto de 3 de abril de 2008 admitió la
demanda; mediante providencia del 23 de marzo de 2010, decretó pruebas y dio
por no contestada la demanda por no corregir las falencias advertidas por auto
del 28 de enero de 2010; por auto del 23 de septiembre de 2010 corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión.

13. Posteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del
Circuito de Yopal avocó conocimiento del proceso de la referencia mediante auto
proferido el 25 de octubre de 2011, y profirió sentencia el 31 de agosto de 2012,
en la que negó las pretensiones de la demanda.

14. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin que se
revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la
demanda.

15. El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la falta de competencia
funcional y dejó sin efectos el auto admisorio del recurso de apelación y el que
corrió traslado para alegar de conclusión mediante providencia del 28 de febrero
de 2013.

16. La Sección Segunda del Consejo de Estado asumió el conocimiento en
única instancia del proceso de la referencia y declaró la nulidad de todo lo
actuado desde la sentencia del 31 de agosto de 2012, a través de auto de 1 de
agosto de 2019.

17. El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de todo lo
actuado en el proceso desde la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Yopal, mediante auto del 11 de diciembre de
2019.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

18. El 11 de abril de 2024 se profirió sentencia de única instancia por parte de
esta Subsección, y en ella se accedió a las pretensiones de la demanda
formulada por el señor Gonzalo Rodríguez Bohórquez bajo el argumento de que
la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer la
sanción disciplinaria en su contra, pues se trataba de un servidor elegido por voto
popular.

19. Para llegar a esa conclusión se aplicó la excepción de inconvencionalidad2
respecto de las normas que radican en el procurador general de la Nación, en su
condición de autoridad administrativa, la competencia para imponer sanciones
como la destitución a empleados elegidos por voto popular, decisión con la que
se buscó garantizar los principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de
sanción solo provenga de una autoridad judicial, y favorabilidad en materia
laboral, según el cual se debe preferir la interpretación más beneficiosa para el
trabajador, en caso de que una norma permita dos o más interpretaciones, así
como en garantía de los derechos a la igualdad y a la protección judicial.

20. En contra de dicha providencia, la entidad demandada presentó acción de
tutela, proceso en el que se profirió sentencia de primera instancia el 24 de
febrero de 20253, en la cual se amparó el derecho al debido proceso y se ordenó
dictar sentencia de remplazo bajo los parámetros establecidos en la referida
providencia.

II. CONSIDERACIONES.

Problema jurídico

21. Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados la
entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido proceso, con
base en los argumentos expuestos en la demanda.

Aclaración previa

26. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para el
momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C
– 028 de 2006, SU 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030 de
2023, SU 381 de 2024 y SU 382 de 2024.

2
Aplicando, para tal efecto, el criterio empleado en la sentencia del 11 de octubre de 2023,
radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018), M.P. César Palomino Cortés.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
radicado: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado)

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 11001 03 25 000 2019 00359 00 (2423-2019)
Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

27. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.

Decisiones disciplinarias censuradas

28. La Procuraduría Regional de Casanare mediante fallo de primera instancia
de 28 de junio de 2006, declaró responsable disciplinariamente a Gonzalo
Rodríguez Bohórquez por conductas reprochables cometidas durante su
desempeño como alcalde del municipio de Nunchía (Casanare), con la
imposición de una sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer
cargos públicos por el término de 10 años.

29. El ente de control consideró que el actor inició la contratación de la
construcción del acueducto municipal sin contar con los estudios previos, tal y
como lo señaló la Ley 80 de 1993; y, en segundo lugar, que adelantó el proceso
contractual sin contar de manera anticipada con la concesión de uso de aguas
superficiales, la cual debía ser otorgada por la autoridad ambiental respectiva.

30. La parte demandante apeló la decisión de primera instancia, y la
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal resolvió recurso de
apelación interpuesto por el demandante, en el que confirmó parcialmente la
decisión inicial, pues no se demostró la primera irregularidad endilgada al
disciplinado, esto es, que no existieran estudios previos, motivo por el cual
modificó la sanción impuesta a la suspensión en el ejercicio del cargo por el
término de 3 meses e inhabilidad especial por el término de 12 meses.

31. En ese sentido, la Procuraduría Delegada Para la Contratación Estatal
expuso que en el proceso administrativo existió una irregularidad consistente en
que no se solicitó la concesión de aguas superficiales de forma previa a la
suscripción del convenio, y esto era indispensable en la medida en que al
constituir el acueducto una unidad, la autorización de la autoridad ambiental
debía haberse pedido antes de iniciar la primera etapa del mismo y no al finalizar
la obra, porque en caso de que se hubiera negado la concesión la obra no se
habría podido usar.

32. Al respecto, precisó que al momento de expedición de la Ley 734 de 2002
estaba vigente la norma en virtud de la cual todas las licencias ambientales
debían incluir todos los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter
ambiental de acuerdo con lo prescrito en el artículo 132 del Decreto 2150 de
19954, que se puede entender como un desarrollo del numeral 7 del artículo 25
de la Ley 80 de 19935.

4
Artículo 132. DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y OTROS PERMISOS. La Licencia Ambiental
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones, de carácter ambiental,
necesarios para la construcción, desarrollo y operación de la obra industria o actividad. La
vigencia de estos permisos será la misma de la Licencia Ambiental.
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ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio:

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Caso en concreto

33. En el asunto sub examine, se somete a consideración de la Sala el estudio
de la legalidad de las decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría
General de la Nación a través de las cuales se impuso la sanción de suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad especial por el
término de 12 meses al señor Rodríguez Bohórquez, producto de conductas que
se reprocharon en su condición de alcalde del municipio de Nunchía (Casanare).

34. Para comenzar, es preciso poner de presente que no resulta contrario al
principio de tipicidad el hecho de que se haya formulado un único cargo,
consistente en que se haya intervenido en la tramitación, aprobación, celebración
o ejecución de contrato estatal con omisión de los estudios técnicos, financieros
y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la
correspondiente licencia ambiental, y que se haya considerado que se incurrió en
la misma con fundamento en distintos hechos, porque el artículo 163 de la Ley
734 de 2002 establecía que la decisión debe contener la descripción y
determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, lo cual se cumple.

35. En ese sentido, en el pliego de cargos se le endilgó al demandante la
conducta consistente en incurrir en la falta gravísima contemplada en el artículo
48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002, al suscribir el convenio interadministrativo
001 de 2002 «entre el Municipio de Nunchía y CITYCOOP, Administradora
Pública Cooperativa el cual tiene por objeto “LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA
ETAPA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, sin contar con los
estudios previos de conveniencia, ni estudios de mercado, ni elaboración del
proyecto y su correspondiente inscripción en el banco municipal de proyectos, y
suscribir contrato de obra pública No. (sic) 027 de 2002, celebrado entre el
municipio de Nunchía y FELIX ARNULFO HERNÁNDEZ, representante legal del
HS INGENIERÍA Ltda., el cual tiene por objeto la construcción de la bocatoma,
sobre la margen izquierda del río Tocaría, para el nuevo acueducto municipal de
Nunchía, sin contar también con la respectiva autorización de la autoridad
ambiental relacionada con la concesión de uso de aguas superficiales».

36. Es decir que en la decisión administrativa sancionatoria se consideró que
diferentes hechos se pueden encuadrar en una misma falta disciplinaria, lo cual
no resulta contrario al ordenamiento jurídico siempre que sean claros, estén
debidamente descritos y el fundamento normativo haya sido descrito.

37. Al respecto, es pertinente poner que desde el pliego de cargos se identificó
la norma a partir de la cual se consideraba que se incurrió en una conducta típica,
y concretamente se basó la imputación en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, por lo que no es posible considerar que se desconoció el artículo

(…) 7°. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de
selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

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163 de la Ley 734 de 2002 en este punto, puesto que es evidente que en este
punto el operador disciplinario obró conforme con las disposiciones aplicables.

38. Ahora bien, respecto de la consideración relativa a la tipicidad de la
conducta, comoquiera que la concesión de aguas superficiales es diferente a una
licencia ambiental, en la decisión de segunda instancia se hicieron las siguientes
apreciaciones:

«Desde el punto de vista de la legislación ambiental las licencias y las
concesiones son dos figuras distintas. En efecto, la licencia ambiental
consiste en la autorización que otorga la autoridad ambiental para la
ejecución de una obra o actividad, mientras que la concesión es un modo de
adquirir el derecho al uso de las aguas.

La anterior definición de concesión se extrae del artículo 28 del decreto 1541
de 1978, el cual establece que el derecho al uso de las aguas y de los cauces
se adquiere de diferentes maneras: por ministerio de la ley, por concesión,
por permiso y por asociación.

El uso por ministerio de la ley hace referencia a que todos los habitantes
pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces
naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cuales
quiera otros objetos similares de acuerdo con las normas sanitarias sobre la
materia. Igual uso se puede hacer de las que discurran por cauces
artificiales.

El uso por concesión se refiere a aquel que tienen que solicitar todas las
personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen
aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por
ministerio de la ley. Por ejemplo, cuando las aguas se requieran, como lo
señala el artículo 36 del decreto 1541 de 1978, para: abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación, riego y silvicultura, uso
industrial, generación térmica o nuclear de electricidad, etc.

La concesión la otorga la autoridad ambiental correspondiente, a través de
una resolución debidamente motiva y previo el cumplimiento de unos
requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 54 y ss del decreto
1541 de 1978.

En cuanto a la licencia ambiental, es necesario señalar que en la legislación
colombiana dicha figura ha sido muy reglamentada. En principio la Ley 99
de 1993 en su título VIII - De las licencias ambientales, reguló todo lo
referente a ellas en cuanto a su obligatoriedad, concepto, competencia para
expedirlas y procedimiento para su otorgamiento, etc.

Posteriormente el decreto 1753 de 1994, por el cual se reglamentó
parcialmente el título VII y XII de la ley 99 de 1993, estableció en su artículo
5 tres modalidades de licencia ambiental, a saber: licencia ambiental
ordinaria, licencia ambiental única y licencia ambiental global.

La diferencia entre ellas consistió básicamente en la autoridad ambiental
competente para otorgarlas y en que la licencia ambiental única, incluía los

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permisos, autorizaciones o concesiones necesarios para el desarrollo del
proyecto, obra o actividad.

Hasta aquí, se advierte que, las autorizaciones ambientales: licencias y
concesiones, se podían obtener de dos formas: de manera independiente
una de la otra, esto es, para cada autorización se expedía un acto
administrativo distinto, o, en un mismo trámite y acto.

Ahora bien, con la expedición del decreto (sic) 2150 de 1995, esta
circunstancia se unificó, ya que a partir de este decreto se estableció que
toda licencia ambiental llevaría implícito todos los permisos, autorizaciones
y concesiones de carácter ambiental, necesarios para la construcción,
desarrollo y operación de una obra o actividad (art. 132).

En el caso concreto se observa que el disciplinado obtuvo la concesión de
aguas superficiales, con posterioridad a la celebración del contrato 027 de
2002, es decir, está probada la segunda conducta imputada en el cargo
único.

En relación con lo anterior, debe precisarse que el argumento expuesto por
el apoderado del disciplinado referente a que, el procedimiento iniciado ante
Corporinoquia (solicitud de la concesión) fue con miras a la celebración del
contrato 006 de 2003, cuyo objeto era la construcción de la planta de
tratamiento y del tanque de almacenamiento, y no con miras a la suscripción
del contrato 027 de 2002, no resulta admisible para esta Delegada, toda vez
que, en primer lugar, los datos contenidos en el oficio que obra a folio 865,
claramente señalan que la solicitud se elevó con miras a diligenciar la
concesión de aguas superficiales del nuevo acueducto del municipio de
Nunchía y, en segundo lugar, porque la concesión debió pedirse desde
antes de que se iniciaran las primeras obras del acueducto, esto es, desde
antes de la suscripción del convenio interadministrativo 001 de 2002, en la
medida en que, al constituir el acueducto una unidad, la autorización de la
autoridad ambiental debía haberse pedido antes de iniciar la primera etapa
del mismo y no al final de la obra, con la construcción de la planta de
tratamiento y tanque de almacenamiento.

Ello por cuanto, si bien es cierto que el acueducto empezaría a funcionar
después de terminado el contrato 006 de 2003, lo anterior no implicaba que
en ese momento se tenía que pedir la concesión para la utilización del
recurso hídrico, ya que en el evento en que la autoridad ambiental hubiera
negado la concesión de aguas, la obra hubiera quedado sin la posibilidad de
dársele el uso para el cual fue construida, evidenciando así, una eventual
falta de planeación y detrimento patrimonial, que en últimas fue la
preocupación del concejo municipal cuando quiso que la personería del
municipio velara por las inversiones y ejecuciones que la administración
municipal y departamental venían haciendo con respecto al acueducto de
Nunchía.

De igual forma no resulta admisible el argumento presentado en el recurso
de apelación, con respecto al hecho de que no se podía tipificar dicha
conducta en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por las
siguientes razones:

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Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

Si bien desde el punto de vista ambiental el objeto de la licencia y de la
concesión son distintos, la expresión "licencia ambiental" contenida en el
numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, incluye cualquier tipo de
autorización ambiental. En otras palabras, el espíritu de la ley 734 de 2002
fue encerrar dentro de la expresión "sin la previa obtención de la
correspondiente licencia ambiental", todos requieran ambiental,
entendiendo por permisos todo tipo de autorizaciones expedidas por dicha
autoridad, llámese: licencias, concesiones, permisos, etc.

(…)

De otra parte y en cuanto al argumento del apoderado del disciplinado
referente a que "la Procuraduría, en su providencia, no le indica al
disciplinado qué norma le exige "la previa obtención de la concesión de
aguas" para construir la bocatoma sobre la margen izquierda del río Tocaría,
y que, en ese sentido, la Procuraduría estaría violando el principio de
legalidad ya que el requisito del que adolece el procedimiento precontractual
debe estar contenido en una norma", es pertinente señalar, en primer lugar,
que la obligación de incluir en el auto de cargos las normas violadas se
establece con el fin de garantizar el derecho de defensa del disciplinado, en
la medida en que con base en ellas el disciplinado entiende cuál es la
conducta que se le cuestiona y se defiende de la misma; en segundo lugar,
que al omitir la mención de las normas ambientales no se desconoció su
derecho de defensa puesto que esta circunstancia no impidió que el
entendiera cuál era la conducta que se le cuestionaba, sobre todo porque la
norma que se citó como violada, esto es el artículo 25, numeral 7 de la Ley
80 de 1993, deja claro que lo cuestionado es la omisión de obtener la
autorización ambiental correspondiente, conducta en relación con la cual el
disciplinado expuso sus argumentos de defensa.

En este orden de ideas, si bien habría sido más adecuado citar las normas
ambientales, el hecho de no haberlas incluido no genera violación de su
derecho de defensa ni del principio de legalidad, en la medida en que las
normas que se citaron como violadas eran suficientes para encuadrar la
conducta cuestionada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
y para que el disciplinado se defendiera de esa imputación».

39. Al analizar la decisión sancionatoria de segunda instancia se advierte una
irregularidad, porque si bien es cierto que en la argumentación se hizo la precisión
respecto de la diferencia entre una concesión de aguas y una licencia, terminó
por asimilar estas figuras con el fin de hacer encajar la conducta en la falta
descrita en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

40. Con el fin de sustentar la falta, en la decisión se hizo referencia a la
vulneración de los principios de la contratación estatal contenidos en el numeral
7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

41. La Sala advierte que esa argumentación en la práctica modificó el pliego
de cargos, puesto que, si bien es cierto que la falta del trámite y obtención de la
concesión de aguas superficiales podía constituir una falta disciplinaria, esta no
era la consagrada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sino la

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Radicación: 11001 03 25 000 2019 00359 00 (2423-2019)
Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

contenida en el numeral 31 de la misma disposición, consistente en «participar
en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución
y en la ley».

42. Como se puede apreciar, en la decisión sancionatoria se le reprochó al
señor Rodríguez Bohórquez el hecho de que haya desconocido el contenido del
numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, relativo al principio de economía,
porque no obtuvo las autorizaciones pertinentes previo a la suscripción del
contrato, pero esta es una conducta típica distinta a «Intervenir en la tramitación,
aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté
incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o
en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos
requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente
licencia ambiental».

43. En virtud del respeto del principio de legalidad no era posible variar la
conducta típica endilgada, puesto que el artículo 165 de la Ley 734 de 2002
establece un límite temporal para ello al señalar que puede hacerse «hasta antes
del fallo de primera o única instancia».

44. A partir de lo expuesto, le asiste razón al demandante cuando señaló que
existió una irregularidad sustancial en las decisiones sancionatorias, porque no
incurrió en la falta descrita en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

45. Por tal razón, se declarará la nulidad de las decisiones disciplinarias.

46. En este punto, se observa que el demandante pretendió «el
reconocimiento de perjuicios morales causados con razón o con ocasión de las
expedición de los actos acusados».

47. En este asunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 del Código
General del Proceso, se considera que no hay lugar a reconocerlos en tanto que
no se demostró ningún tipo de dolor, congoja, angustia, tristeza o aflicción, ya
que la parte actora no allegó prueba alguna que así lo demostrara y si bien en el
acápite de pruebas del escrito de la demanda el apoderado señaló que solicitaría
la prueba testimonial, no hizo referencia a ningún nombre, razón por la cual esta
no fue decretada.

48. En ese sentido, la Sala concluye que si bien es cierto la sanción que le fue
impuesta, en principio, constituyó una restricción para que el actor accediera a
empleos públicos durante el lapso en que permaneció la inhabilidad especial y
siempre que en ese interregno no se hubiera configurado otra causal que limitara
el ejercicio de ese derecho, también lo es que, se insiste, tal circunstancia no
vulneró su derecho al trabajo, en tanto que dicha limitación se presenta
solamente en la esfera del empleo público, razón por la cual no podría decirse
que toda decisión disciplinaria conlleva la materialización de perjuicios morales.

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Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

49. En ese orden de ideas, para que procediera el reconocimiento de los
perjuicios reclamados, era indispensable que el actor los demostrara, pues se
trata de una carga probatoria que, al tenor de lo establecido en artículo 167 del
Código General del Proceso, que es equivalente al artículo 1776 del entonces
vigente Código de Procedimiento Civil.

50. En todo caso, como la sanción impuesta al actor fue registrada en División
de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación,7 se ordenará
oficiar a dicha dependencia para que incorpore esta decisión en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia,
efectúe la desanotación de la respectiva sanción.

La condena en costas

51. El artículo 174 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 55 de
Ley 446 de 1998, en materia de costas establecía que, «en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil».

52. Bajo la anterior consideración y comoquiera que, en el sub lite, no se
advierte que las partes hayan incurrido en alguna conducta dilatoria del trámite y
que sus argumentos estuvieron dirigidos a defender sus planteamientos, la Sala
se abstendrá de imponer condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO. Acatar la orden de tutela emitida en el fallo del 24 de febrero de 2025,
por la Sección Tercerea, Subsección B del Consejo de Estado en el radicado
11001 03 15 000 2024 04153 00 (acumulado), M.P. Alberto Montaña Plata.

Segundo. Declarar la nulidad de las decisiones disciplinarias emitidas el 28 de
junio de 2006 y 3 de agosto de 2007, por la Procuraduría Regional de Casanare
y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal,
respectivamente, a través de las cuales se declaró responsable
disciplinariamente al señor Gonzalo Rodríguez Bohórquez, en su condición de
alcalde del municipio de Nunchía (Casanare), sancionándolo con suspensión en
el ejercicio del cargo por el término de 3 meses e inhabilidad especial para ejercer
funciones públicas por el término de 12 meses.

6
«Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
7 Por virtud de lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión disciplinaria

de segunda instancia emitida el 16 de enero de 2008.

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Demandante: Gonzalo Rodríguez Bohórquez

TERCERO. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación para que registre esta decisión en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones e inhabilidades y realice las correcciones
pertinentes.

CUARTO. - Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo expuesto en
las consideraciones que anteceden.

QUINTO. Sin condena en costas.

SEXTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
archívese las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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