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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00093-00

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00093-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por José Manuel Abuchaibe Escolar contra el acto de declaratoria de elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción territorial de Nariño, contenido en el formulario 26 CAM, expedido el 21 de marzo de 2022. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00093-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de diciembre de 2022

1

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el
departamento de Nariño – Periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00093-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00093-00
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
Demandados:
DEPARTAMENTO DE NARIÑO– PERIODO 2022-2026
Infracción de norma superior – inciso quinto, artículo 262 de
Tema: la Constitución. Falsedad en documento electoral –
formulario E-6CT.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la demanda de nulidad electoral presentada por
José Manuel Abuchaibe Escolar contra el acto de declaratoria de elección de la
Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Nariño, contenido
en el formulario E-26 CAM, expedido el 21 de marzo de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral1, José Manuel
Abuchaibe Escolar demandó el acto de declaratoria de elección de los
Representantes a la Cámara por el departamento de Nariño, contenida en el
formulario E-26 CAM expedido el 21 de marzo de 2022. Así mismo, solicitó un
nuevo escrutinio de los votos depositados para dicha elección, excluyendo de
este la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico.

1.1. Fundamentos fácticos

2. En síntesis, el demandante señala que, el 21 de marzo de 2022, la
Comisión Escrutadora Departamental de Nariño declaró la elección de los
representantes a la Cámara por dicha circunscripción territorial, entre ellos, la
de Erick Adrián Velasco Burbano, inscrito por el Pacto Histórico, coalición
formada por los partidos y movimientos «Polo Democrático Alternativo -PDA-,
Alianza Democrática Amplia-ADA-, Movimiento Político Colombia Humana, el
Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UP- y el
Partido Comunista Colombiano -PCC-».

1 Art. 139 de la Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el
departamento de Nariño – Periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00093-00

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

3. La parte accionante considera que se configuró la causal de nulidad del
artículo 275, ordinal 3, del CPACA y alega la transgresión de las normas en las
que debía fundarse el acto demandado, en atención a su expedición irregular
(artículo 137 ibídem) y al desconocimiento de lo establecido en el artículo 262,
inciso quinto, de la Constitución.

4. Para el demandante, la información correspondiente a la inscripción de
las candidaturas y su aceptación, registrada en el formato E-6CT, no coincide
con la realidad, toda vez que allí se indicó que el movimiento Colombia Humana
no obtuvo ningún voto en la circunscripción en comento en las elecciones de
Cámara de Representantes del año 2018, puesto que no postuló candidatos
para ese certamen electoral.

5. Señala que el movimiento Colombia Humana obtuvo su personería
jurídica por lograr más del 3% de los votos emitidos válidamente en las
elecciones de presidente y vicepresidente de la República celebradas en el año
2018, por decisión de la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021,
sin haber participado en las correspondientes al Congreso.

6. Así, considera que los votos que debieron registrarse en el formato E-
6CT y tomados en cuenta a efectos de dar cumplimiento al inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución2, son los obtenidos en el departamento de
Nariño en la referida elección presidencial, votación que no le permitía ser parte
de la coalición del Pacto Histórico, toda vez que Colombia Humana tuvo
«368.143 (votos) de un total de 560.530 en las (elecciones) presidenciales del
2018. Lo que supera ampliamente el 15%».

2. Trámite

7. Mediante auto del 2 de junio de 20223, la demanda fue admitida y se
ordenaron las respectivas notificaciones4. Dentro del término de traslado, se
presentaron los siguientes escritos de contestación:

2 Que dispone que «[l]os partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones
públicas».
3 Índice SAMAI nro. 20.
4 Inicialmente, la demanda fue inadmitida mediante auto del 16 de mayo de 2022 (índice SAMAI

nro. 8). Mediante escrito del 19 de mayo de 2022 (índice SAMAI nro. 17), la parte demandante
subsanó el yerro advertido en el auto admisorio, consistente en una indebida acumulación de
pretensiones.

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8. La acciónada Ruth Amelia Caycedo Rosero5 se opuso a las
pretensiones de la demanda, toda vez que considera que «las sentencias
invocadas por el demandante no tienen efectos retroactivos y, en consecuencia,
no pueden aplicarse a las situaciones que ocurrieron en el año 2018 sino a las
que se presenten en el futuro. Además, esgrimió que las sentencias del
Consejo de Estado tuvieron efectos inter partes y no constituyen sentencias de
unificación jurisprudencial a la luz del artículo 10 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo (sic)».

9. Adicionalmente, indicó que «la Comisión Escrutadora del Departamento
de Nariño declaró la elección de representantes a la Cámara por el mismo
departamento aplicando las normas constitucionales y legales que regulan esta
materia, después de examinar los votos emitidos por las listas de los distintos
candidatos» y que quienes integraban dicha comisión «no tuvieron la más
mínima información respecto del procedimiento seguido ante el Consejo
Nacional Electoral para validar la inscripción de las listas, y muchísimo menos
podían saber que algunas tenían irregularidades, pues el conocimiento de éstas
es competencia del Consejo Nacional Electoral».

10. De igual manera, afirmó que no existe prueba en el proceso de la
existencia de falsedades introducidas en el formato de inscripción de la lista del
Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Nariño y que tal prueba «no
existe (…) porque las listas se inscribieron de buena fe». Así mismo, señala que
lo afirmado en la demanda le atribuye a los integrantes de dicha lista «los
delitos de falsedad en documento público, obtención de documento público
falso, fraude al sufragante, fraude procesal y concierto para delinquir», sin que
medie prueba de tales faltas de naturaleza penal.

11. Por otra parte, la defensa de la accionada señaló que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque «es imposible probar que la
representante a la Cámara RUTH AMELIA CAYCEDO ROSERO hubiera
participado en la inscripción de la lista del Pacto Histórico y otros movimientos
políticos para la elección que se realizó el 13 de marzo del año en curso».

12. El demandado Erick Adrián Velasco Burbano6 afirmó que deben
negarse las pretensiones de la demanda, por considerar que lo allí señalado
corresponde a una interpretación errada de lo indicado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, puesto que el reconocimiento
de personería jurídica tratado en dicho pronunciamiento «se ciñe a reglas
distintas de las establecidas legalmente para la asignación de curules en
elecciones directas para Cámara y Senado, pues deben cumplirse los
siguientes requisitos: 1. Haber obtenido como mínimo el 3% de los votos

5 Representante a la Cámara elegida por el Partido Conservador Colombiano. Escrito
presentado el 5 de julio de 2022. Índice SAMAI nro. 30.
6 Representante a la Cámara elegido por el Pacto Histórico. Escrito presentado el 6 de julio de

2022. Índice SAMAI nros. 31 y 32.

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emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la
República. 2. Al menos uno de los candidatos de la fórmula debe aceptar su
curul en el Congreso de la República. 3. Quienes aceptaron su curul en el
Congreso de la República deben declararse en oposición al Gobierno
Nacional».

13. En la misma línea, señaló que adoptar una intepretación como la
propuesta en la demanda respecto del artículo 262 de la Constitución, impediría
totalmente que se ejerciera el derecho a formar coaliciones en listas para el
Congreso de la República por parte de los «movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos que hayan obtenido su personería jurídica gracias
al artículo 24 de la Ley Estatutaria No. 1909 de 2018, es decir, -gracias a que
presentaron candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República y
obtuvieron el segundo lugar en número de votos válidos -, (…), pues en todos
los casos han obtenido votos válidos superiores a dicho 15%».

14. Así las cosas, sostuvo que «los votos válidos que obtuvo en el
Departamento de Nariño el Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia
Humana para las elecciones de Presidente de la República para el periodo
2018-2022, no pueden computarse para efectos de la regla de sumatoria de
votos validos máximos del 15% para conformar coalición política “Pacto
Histórico”, de que trata el artículo 262 de la Constitución Política de Colombia,
pues no se trata de votos válidos obtenidos para Congreso de la República
(sic)».

15. Adujo igualmente que la interpretación que realiza el demandante
respecto de lo señalado en la sentencia SU-316 de 2021 es extensiva y, por lo
tanto, inaplicable en un proceso de naturaleza electoral como este, pues en
dicho pronunciamiento la Corte Constitucional no se refirió de ninguna manera a
lo dispuesto en el artículo 262 superior; y que la coalición del Pacto Histórico
incribió su lista en pleno cumplimiento de la normativa aplicable, toda vez «que
el total de votos válidos a la Cámara de Representantes por el Departamento de
Nariño del año 2018, fueron 475.206» y que «los integrantes del hoy coalición
política PACTO HISTÓRICO en su conjunto y sumados, sólo obtuvieron el
13,03% del total de la votación total de la circunscripción», teniendo en cuenta
que el movimiento Colombia Humana no presentó candidatos para dicho
certamen electoral.

16. Adicionalmente, sostuvo que lo pretendido por la parte demandante es
contrario al artículo 176 de la Constitución y a la interpretación que la Sección
Quinta del Consejo de Estado7 le ha brindado a lo señalado en el artículo 262
ibídem, pues se busca aplicar la restricción contenida en el inciso quinto de esta
última disposición a una elección que se desarrolló dentro de una

7 Se hace referencia a la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre de 2021. Rad. No. 76001-23-33-
000-2020-00002-02.

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circunscripción territorial, con base en los resultados obtenidos en una elección
de carácter nacional.

17. Por otro lado, indicó que la parte accionante no cumplió con la carga
probatoria de demostrar la falsedad con fundamento en la cual invoca la causal
de nulidad contemplada en el artículo 275, ordinal 3, del CPACA, toda vez que
esta «no encaja dentro los supuestos de hecho planteados por el demandante,
pues como se ha reiterado, esta se da frente a (i) las diferencias injustificadas
entre las actas E-14 y E-24; (ii) las zonas, puestos y mesas en las que ocurrió
dicha irregularidad; y, (iii) los candidatos afectados por éstas, y no frente al
proceso de inscripción como erróneamente lo plantea el demandante».

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 hizo referencia a lo
señalado en el concepto nro. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514,
emitido el 9 de diciembre de 2021, por el Consejo Nacional Electoral, en el que,
entre otras cosas, se indicó que «[f]rente al candidato que ocupe el segundo
lugar en las elecciones presidenciales y acceda a la curul del artículo 24 de la
Ley Estatutaria 1909 de 2018, teniendo en cuenta que la votación fue obtenida
para las elecciones presidenciales y no para las circunscripciones de Senado
y/o Cámara de Representantes, mal puede tenerse en cuenta dicha votación, y
por tanto, no se contabilizará voto alguno para los efectos consagrados en el
inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el Acto
Legislativo 02 de 2015».

19. El accionado Juan Daniel Peñuela Calvache9 señaló que «el actor no
sustentó cargo ni reparo alguno en contra del proceso de inscripción, votación,
escrutinio y posterior declaratoria de la elección del señor JUAN DANIEL
PEÑUELA como representante a la Cámara por Nariño por el partido
conservador», por lo que, en el evento «en que el juez electoral decida que los
cargos contra la lista del “PACTO HISTÓRICO” deben prosperar, la declaratoria
de nulidad de la elección debe ser parcial en el sentido de cobijar únicamente la
lista de candidatos respecto de la cual se endilgaron las citadas
irregularidades». Lo anterior, en respeto de los principios de eficacia del voto y
congruencia.

20. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral10 se opuso a las
pretensiones de la demanda, por cuanto los movimientos y partidos que
conforman la coalición del Pacto Histórico contaban con el derecho que les
brinda el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución a suscribir un acuerdo
para la presentación conjunta de listas de candidatos a las diferentes
circunscripciones en que se eligen los integrantes del Congreso de la
República, aun cuando exista una omisión legislativa frente al desarrollo de lo
establecido en dicha norma superior.

8 Escritos presentados el 6 y 13 de julio de 2022. Índices SAMAI nros. 33, 40, 41 y 44.
9 Escrito presentado el 7 de julio de 2022. Índice SAMAI nros. 34 y 35.
10 Escrito presentado el 8 de julio de 2022. Índice SAMAI nros. 36 y 37.

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21. De igual forma, afirmó que ante la entidad que representa no se tramitó
ninguna solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Erick
Adrián Velazco Burbano, elegido representante a la Cámara por la coalición del
Pacto Histórico.

22. Mediante auto del 21 de octubre de 202211, el despacho sustanciador
encontró que el proceso cumplía con los presupuestos establecidos en el
artículo 182A del CPACA. En la misma providencia se pronunció sobre el
decreto de las pruebas solicitadas y aportadas por las partes e intervinientes 12,
fijó el litigio13 y ordenó el traslado del proceso para que presentaran sus
alegatos de conclusión14.

3. Alegatos de conclusión

23. La demandada Ruth Amelia Caycedo Rosero15 se acoge a lo
expresado en su escrito de contestación de la demanda y, además, manifiesta
que «inscribió su candidatura previo el aval del Partido Conservador
Colombiano y que su movimiento, nada tiene que ver con la coalición que el
Pacto Histórico hubiera conformado con otros partidos políticos para elegir al
también representante ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO», así como que
«no hay prueba de que la coalición del Pacto Histórico suscrita, entre otros, con
el movimiento político Colombia Humana, hubiera faltado a la verdad al inscribir
su lista e incumplido el requisito impuesto por el inciso quinto del artículo 262 de
la Constitución Política».

24. De igual manera, insiste en que carece de legitimación en la causa por
pasiva para acudir al proceso.

25. El Consejo Nacional Electoral alega de conclusión16 señalando que « el
inciso 5° del artículo 262 Constitucional es claro y no debe soportar otras
interpretaciones distintas a las ya fijadas por la jurisprudencia y la Organización
Electoral, en el sentido de exigir, únicamente, que los partidos coaligados que
inscriben la lista a la corporación pública de elección popular, cuenten con
personería jurídica y que sumados hayan obtenido una votación de hasta el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción»,
por lo que a «los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
surjan por la figura de la escisión o por providencia judicial o administrativa y
que pretendan coaligarse conforme a la citada norma, no se les contabilizará
voto alguno al no haber participado en las elecciones inmediatamente

11 Índice SAMAI nro. 58.
12 Ordinales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva.
13 Ordinal quinto de la parte resolutiva, de conformidad con lo señalado en los fundamentos

jurídicos nros. 43 y 44 de la providencia.
14 Ordinal sexto ibídem.
15 Índice SAMAI nro. 65
16 Índice SAMAI nro. 66.

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anteriores, como ocurre en el caso del Movimiento Político Colombia Humana
dentro de la Coalición Pacto Histórico».

26. La Registraduría Nacional del Estado Civil alega de conclusión17 y
reitera lo planteado en su escrito de contestación de la demanda.

27. El accionado Erik Adrián Velasco Burbano presenta escrito de alegatos
de conclusión18, en el que reitera su petición de negar las pretensiones de la
demanda, por cuanto afirma que la sentencia SU-316 de 2021 no constituye un
precedente a ser tomado en cuenta para resolver el presente asunto, habida
cuenta de que en los dos procesos se están tratando problemas jurídicos
diametralmente distintos, y que dicho pronunciamiento no contiene ninguna
regla que afecte la manera en que debe interpretarse el artículo 262, inciso
quinto, superior, de manera que lo pretendido por el accionante carece de
fundamento.

28. Por otra parte, insiste en que lo solicitado por el demandante obecede a
una interpretación errada y extensiva de dicha norma constitucional.

29. La defensa del accionado Juan Daniel Peñuela Calvache alegó de
conclusión19 reiterando lo expresado en la contestación de la demanda.

4. Concepto del Ministerio Público

30. La Procuraduría General de la Nación presenta concepto20, en el que
solicita negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:

i) Desde el crtierio de interpretación histórica «todo lo buscado y regulado
en relación con las coaliciones en el Acto Legislativo 02 de 2015 tuvo como
referente a las corporaciones públicas, en especial, en lo que hace a las
condiciones para su conformación, el origen de las votaciones, el
sostenimiento y adquisición de la personería jurídica por los partidos y
movimientos políticos, así como, la idea de protección de los colectivos
minoritarios en salvaguarda y fortalecimiento de los principios democráticos».

ii) Si se realiza una interpretación exegética y sistemática de lo señalado en
el artículo 262 superior, puede inferirse que dicha norma solo hace referencia
a «elecciones para acceder a las corporaciones públicas. En términos de
circunscripción nacional, las listas para el Senado de la República. En
consideración de circunscripción territorial, las listas para la Cámara de

17 Índice SAMAI nro. 67.
18 Índices SAMAI nros. 68 y 69.
19 Índice SAMAI nro. 70
20 Índice SAMAI nro. 56.

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Representantes, las asambleas departamentales, los concejos municipales y
distritales y, las juntas administradoras locales».

iii) Desde la óptica finalista, «no se puede interpretar que la votación exigida
de hasta el 15% para conformación de coaliciones de las votaciones
anteriores, recaiga sobre lo decidido en la contienda presidencial, por cuanto
los sufragios que surgen de allí no se compadecen con las minorías políticas
en el marco de un régimen presidencialista. En disgresión, las minorías se
ven reflejadas en el Congreso de la República».

iv) Adicionalmente, señala que la limitación contemplada en el artículo 262,
inciso quinto «se debe aplicar únicamente a las colectividades políticas con
personería jurídica al momento de las elecciones para Senado y Cámara de
Representantes, según se analizó y, no resulta posible, que recaiga sobre
colectividades políticas que hayan obtenido su personería en un escenario
posterior», tal y como ocurre con el movimiento Colombia Humana.

v) Para el caso de la circunscripción territorial de Nariño, se advierte que en
el formulario E-6CT aportado no se indica el total de votos emitidos en la
elección de Cámara de Representantes en el año 2018, por lo que resulta
imposible realizar el cálculo del 15% a que refiere la norma en mención, para
efectos de establecer si la coalición del Pacto Histórico dio cabal
cumplimiento a esta.

5. Decisión relativa a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva

31. Mediante auto del 29 de noviembre de 202221, el despacho sustanciador
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por
la Registraduría Nacional del Estado Civil y no probada la misma excepción,
respecto de la demandada Ruth Amelia Caycedo Rosero.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

32. Esta Corporación es competente para conocer en única instancia de este
proceso en el que se demanda la elección de los representantes a la Cámara
por el departamento de Nariño, de conformidad con el ordinal 322 del artículo
149 del CPACA. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019.

2. Objeto de la decisión

21 Índice SAMAI nro. 73.
22«De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…) de los
representantes a la Cámara (…)».

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33. De acuerdo con la fijación del litigio efectuada en el auto del 26 de
septiembre de 2022, la sala se pronunciará sobre los siguientes aspectos:

¿El formulario E-26 CAM del 21 de marzo de 2022, mediante el cual se declaró
la elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de
Nariño, está viciado de nulidad por el desconocimiento de lo señalado en el
artículo 262, inciso quinto, de la Constitución Política de Colombia?

Para la solución de este problema jurídico, deberán resolverse las siguientes
preguntas orientadoras:

• ¿Qué resultados electorales deben ser tomados en cuenta al momento de
calcular el 15% al que se refiere la limitación para la presentación de listas
en coalición para la elección popular de corporaciones públicas, contenida
en el artículo 262, inciso quinto, de la Constitución?

• ¿Podía Colombia Humana formar parte de la lista de coalición presentada
por el Pacto Histórico para la elección de Cámara de Representantes en la
circunscripción territorial de Nariño, sin vulnerar el artículo 262
constitucional?

¿El formulario E-6 CT presentado por la lista de la coalición del Pacto Histórico,
al indicar que el movimiento Colombia Humana no obtuvo ningún voto en las
elecciones de Cámara de Representantes por el departamento de Nariño del
año 2018, para efectos del cálculo del 15% al que refiere el inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política, está viciado de falsedad, en los
términos del ordinal 3 del artículo 275 del CPACA?

34. Para el efecto, la sala, en primer lugar, se referirá a lo señalado en la
sentencia SU-316 de 2021. Posteriormente, expondrá algunas consideraciones
respecto del contenido del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución
Política. Por último, abordará el estudio del caso concreto, en el que analizará:

a) Si se presentó una infracción de lo dispuesto en el artículo 262 de la
Constitución, como consecuencia de haberse excedido el tope del 15% al
que hace referencia.

b) Si al haberse indicado en el formulario E-6 CT que el movimiento
Colombia Humana no debía contabilizar ningún voto para efectos de
calcular el 15% al que hace referencia el artículo 262 de la Constitución
Política se configuró una falsedad en dicho el formulario, en los términos
del artículo 275, ordinal 3, del CPACA.

3. La sentencia SU-316 de 2021

35. Los ciudadanos Gustavo Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza
presentaron una acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, en la
que alegaron que dicha entidad habría vulnerado el derecho fundamental a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder público de quienes
votaron por la fórmula presentada por el movimiento Colombia Humana para la

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elección de los cargos de presidente y vicepresidenta de la República, que tuvo
lugar en el año 2018, como consecuencia de su decisión de negar el
reconocimiento de personería jurídica a esa fuerza política.

36. Lo anterior, toda vez que el referido movimiento formó parte de la
coalición «Petro presidente23», que recibió la segunda votación en dicho
certamen electoral, cuyos candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de
la República adquirieron el derecho a ocupar una curul en el Senado de la
República y en la Cámara de Representantes, respectivamente, de conformidad
con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1909 de 2018.

37. Entre otras cosas, los accionantes adujeron que resultaba contrario a
toda lógica negar el reconocimiento de personería jurídica al movimiento político
que avaló la candidatura de quienes ocuparon el segundo lugar en una elección
presidencial, aun cuando el ordenamiento les reconoce el derecho a ocupar una
curul en cada cámara integrante del Congreso de la República y a declararse
en oposición, siendo la personería jurídica un presupuesto para el ejercicio de
los derechos derivados de tal declaratoria.

38. La Corte Constitucional, en sede de revisión, reconoció la existencia de
«una situación de indefinición para los candidatos que hagan parte de una
agrupación política, quienes de haber participado en las elecciones a la
Presidencia de la República bajo la modalidad de un grupo significativo de
ciudadanos sin personería jurídica, puedan acceder no sólo a la garantía
prevista en el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, sino al conjunto de
las garantías y derechos consagrados en el artículo 112 superior y en dicha Ley
Estatutaria», por lo que «en ausencia de una regla explícita de reconocimiento
de personería jurídica, deberá emplearse como criterio de interpretación aquel
que realice de mejor manera el principio democrático, ya sea exigiendo el
respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo
ámbito».

39. De tal modo, la Corte indicó que, en asuntos como el estudiado en dicha
oportunidad, la regla a aplicar debería ser aquella que armonice lo dispuesto en
los artículos 108 y 112 superiores y «que garantice los fines de un Estado
democrático participativo y pluralista». Así, en relación con el caso concreto se
señaló lo siguiente:

… [E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin
personería jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos de
obtener el reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el
Constituyente Derivado consideró como significativo, es decir, el 3 % de los
votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de

23 Integrada también por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.

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la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la formula deberá aceptar
su curul en el Congreso; y declararse en oposición.

En el caso concreto, a partir de los hechos probados, el senador Petro Urrego -
segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó,
naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones
de votos, superando el umbral; aceptó su curul y ha manifestado -como quedó
probado en el acervo probatorio- su posición de oposición al Gobierno nacional.
En este punto, y con relación a la superación del umbral por un apoyo
significativo, cabe precisar brevemente que resulta en exceso especulativo e
incierto afirmar que parte de los votos recibidos por el senador Petro Urrego
pudieron deberse a un contrapeso a la campaña contraria, como lo afirma la
entidad accionada.
(…)
En el presente caso no se cumple con la finalidad prevista en el artículo 112 de
la Constitución si se asignan curules en el Congreso de la República en virtud
de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, y su beneficiario, abiertamente en oposición
al Gobierno electo y con un respaldo de más de 8 millones de colombianos no
puede ejercer el derecho fundamental a la oposición política. En este sentido, la
Corte interpreta los artículos 108 y 112 de la Constitución, de forma tal que, en
la práctica, se garanticen las prerrogativas inherentes al derecho fundamental a
la oposición a quien naturalmente corresponde ejercerlo. Sobre el particular, no
puede pasarse por alto que según los ponentes de la Ley Estatutaria 1909 de
2018, el Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el artículo 112 de la Constitución
“con el claro propósito de estimular el ejercicio de la oposición que de forma
natural corresponde a quien ha perdido la elección”

40. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional decidió
«TUTELAR el derecho fundamental a la oposición política en los términos del
artículo 112 de la Constitución del movimiento político Colombia Humana, así
como del senador Gustavo Francisco Petro Urrego en su calidad de titular de la
curul a la que se refiere esta disposición»; dejar sin efectos la decisión del
Consejo Nacional Electoral mediante la cual negó el reconocimiento de
personería jurídica a ese movimiento24 «y en su lugar ORDENAR a dicha
autoridad reconocer la personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana…».

4. El artículo 262, inciso quinto, de la Constitución Política

41. Con ocasión de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, el
constituyente derivado incorporó al artículo 262 superior una regla relativa a la
conformación de listas en coalición para la elección de corporaciones públicas
de elección popular, en los siguientes términos:

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas,
los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de
candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a
corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los
derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el

24 Resolución nro. 3231 de 2018.

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quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción,
podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

42. En relación con la disposición transcrita, esta sección ha indicado que, a
diferencia de lo ocurrido con el primer enunciado del inciso citado, que requiere
de un desarrollo legislativo para su concreción y aplicación, el aparte resaltado
«consagra y regula de manera directa un derecho, esto es, el relativo a
presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo
ciertas condiciones, dispuestas de manera específica por el Constituyente
derivado25». De igual forma, en el mismo pronunciamiento se hizo referencia a
los elementos que de allí derivan, en los siguientes términos:

1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos

2. Exige la verificación de la personería jurídica

3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de
los votos válidos

4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción26.

43. De acuerdo con lo expuesto, solo los partidos y movimientos que cuenten
con personería jurídica podrán formar coaliciones para presentar listas para la
elección de corporaciones públicas, siempre que la sumatoria de los votos que
estos hayan obtenido no exceda el 15% del total de votos válidos emitidos en la
circunscripción para la que se presentará la lista en cuestión.

44. Así, se excluye de la posibilidad de presentar listas en las condiciones
antes señaladas a los grupos significativos de ciudadanos, a los partidos y
movimientos políticos que carecen de personería jurídica y a aquellos que,
contando con ella, reúnan en conjunto una cantidad de votos que supere el
porcentaje antes mencionado.

45. Ahora bien, para el cálculo de dicha proporción, la norma establece que
esta debe corresponder a la votación obtenida en «la respectiva
circunscripción», sin que se indique expresamente qué resultados electorales
han de tomarse en consideración para dicho cómputo. Para el efecto, conviene
traer a colación los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015.

46. Si bien la regla a la que se viene haciendo referencia no se encontraba
prevista en el texto original del Proyecto de Acto Legislativo que concluyó con la

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 13

de diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00. Reiterada en: Sentencia del 23
de octubre de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2019-00013-00 y en sentencia del 27 de octubre de
2021. Rad. 76001-23-33-000-2020-00002-02.
26 Ibídem.

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expedición de dicho texto reformatorio27, esta fue incorporada a la iniciativa en
la ponencia para su segundo debate, en primera vuelta, en el Senado de la
República, en los siguientes términos:

Artículo 262. Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y
Movimientos Políticos y los grupos significativos de ciudadanos podrán
presentar, listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá
exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección. Este
derecho también lo podrán ejercer en coalición los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica que, entre sí, hayan
obtenido una votación no superior al 15% en las últimas elecciones al
Senado o a la Cámara de Representantes…28

47. Como puede advertirse, inicialmente, la regla en comento se encontraba
limitada a regular la posibilidad de que los partidos o movimientos con
personería jurídica suscribieran acuerdos de coalición para la presentación de
listas para la elección de la Cámara de Representantes o del Senado de la
República, siempre que estos no hubiesen obtenido, entre sí, una votación
superior al 15% en la misma elección anterior.

48. No obstante, el texto aprobado por la plenaria del Senado en primera
vuelta fue modificado para indicar que «[l]os Partidos y Movimientos Políticos
con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de no
menos del quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas29».

49. Así, la plenaria del Senado de la República decidió, por una parte,
ampliar la posibilidad de inscribir listas en coalición para la elección de
corporaciones públicas, más allá de las cámaras que integran el Congreso de la
República y, por otra, excluir de dicha posibilidad a aquellas organizaciones
políticas que hubiesen obtenido de manera conjunta menos del 15% de los
votos en la circunscripción correspondiente.

50. En la primera ponencia efectuada respecto de la iniciativa en la Cámara
de Representantes, se advirtió que el texto aprobado por el pleno del Senado
de la República podría afectar la participación de las minorías políticas en las
corporaciones públicas de elección popular, por lo que se sugirió la eliminación
del aparte antes mencionado30.

51. Más adelante, en la ponencia presentada para el cuarto debate del
proyecto, se incluyó un inciso relativo a la materia, así:

27 Proyecto de Acto Legislativo nro. 153 de 2014 Cámara, 18 de 2014 Senado, acumulado con

los Proyectos de Acto Legislativo nros. 02 de 2014, 04 de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de
2014.
28 Gaceta del Congreso nro. 602 del 8 de cotubre de 2014. Pág. 48.
29 Gaceta del Congreso nro. 649 del 24 de octubre de 2014. Pág. 17.
30 Gaceta del Congreso nro. 694 del 10 de noviembre de 2014. Págs. 7 y 18.

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Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido en las elecciones anteriores, una votación que no supere el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción,
podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas31.

52. Dicho aparte fue acogido por la plenaria de la Cámara de
Representantes en el texto final aprobado en primera vuelta para la iniciativa en
mención, modificando únicamente la expresión «una votación que no supere el
quince por ciento (15%) de los votos válidos» por «una votación de menos del
quince por ciento (15%) de los votos válidos», como se observa a
continuación32:

Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido una votación de menos del quince por ciento (15%) de los
votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas.

53. Una vez aprobado el texto por ambas plenarias en primera vuelta, las
dos versiones de la norma fueron conciliadas y prevaleció la adoptada por la
Cámara de Representantes33.

54. Durante la discusión del proyecto, en segunda vuelta en el Senado de la
República, los textos aprobados tanto en la Comisión Primera como en la
plenaria mantuvieron una redacción similar a la aprobada por la Cámara de
Representantes y acogida en la conciliación entre ambas células del legislativo,
teniendo como único cambio que a continuación se resalta34:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos
válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas.

55. Por otro lado, en la Cámara de Representantes, durante la segunda
vuelta del trámite del proyecto, se introdujo una modificación al texto aprobado
por la plenaria del Senado, así:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados no
hayan obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de los
votos válidos de la respectiva corporación, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas35.

31 Gaceta del Congreso nro. 778 del 1 de diciembre de 2014. Pág. 18.
32 Gaceta del Congreso nro. 845 del 11 de diciembre de 2014. Pág. 17.
33 Ibídem. Pág. 32. En dicha oportunidad se decidió eliminar la palabra «no», incorporada al

texto aprobado por el Senado de la República, que constituía la única diferencia entre los dos
textos aprobados del inciso en mención «pues en todo momento de la discusión ha sido
reiterativo que el propósito es beneficiar a los partidos pequeños». Págs. 17 y 19.
34 Gacetas del Congreso nros. 213 del 21 de abril de 2015, pág. 30; y 267 del 7 de mayo de

2015, pág. 7.
35 Gaceta del Congreso nro. 289 del 13 de mayo de 2015. Pág. 27.

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56. Dicho inciso fue acogido en esa oportunidad y, posteriormente, fue objeto
de algunas modificaciones36 para, finalmente, ser aprobado por la plenaria de la
Cámara de Representantes en los siguientes términos:

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados
ambos no hayan obtenido una votación superior al quince por ciento (15%) de
los votos válidos depositados por la respectiva corporación, podrán presentar
lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas, de acuerdo con la
ley que lo reglamente37.

57. Dado que las redacciones adoptadas por la Cámara de Representantes y
el Senado de la República presentaban diferencias, la norma fue objeto de
conciliación en la cual los congresistas designados para integrar la
correspondiente comisión decidieron optar por el texto aprobado por este
último38.

58. Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es claro
que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262 superior,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las fuerzas
políticas que cuentan con amplia participación en una determinada corporación
pública puedan unirse para la siguiente elección de la misma naturaleza, con el
fin de aumentar su representación en ella, en desmedro de las organizaciones
que cuentan con un menor número de integrantes o que carecen de
representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el objetivo de
fortalecer las probabilidades que tienen estas últimas colectividades de
conservar o alcanzar curules en dichos escenarios democráticos.

59. Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se tomen
en consideración los resultados obtenidos por un determinado partido o
movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca presentar
una lista en coalición, incluso si se ha presentado en la misma circunscripción.

60. Una interpretación contraria podría llevar a escenarios ajenos al
propósito de la norma. Por ejemplo, podría derivar en que los votos obtenidos
por una organización política para la elección de una asamblea departamental o
para el Concejo Distrital de Bogotá impidieran que esta cuente con la
posibilidad de suscribir un acuerdo de coalición para la siguiente elección de
Cámara de Representantes en la correspondiente circunscripción.

61. De tal modo, aquellas fuerzas políticas regionales que tienen un respaldo
electoral favorable en sus lugares de origen, pero que no cuentan con
participación democrática en el Congreso de la República, podrían verse
limitadas en su derecho a coaligarse con otras colectividades como mecanismo
para obtener una o más curules en una elección de Cámara de Representantes.

36 Véase el texto propuesto en la Gaceta nro. 341 del 28 de mayo de 2015. Pág.27.
37 Gaceta del Congreso nro. 396 del 10 de junio de 2015. Pág. 6.
38 Gaceta del Congreso nro. 397 del 10 de junio de 2015. Pág. 4.

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62. Por lo señalado, una interpretación del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución que limite, de la manera antes indicada, el derecho de las
colectividades políticas que han obtenido resultados positivos en elecciones
locales o departamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder público en el orden nacional, resultaría lesiva de los objetivos
perseguidos por el constituyente con el sistema bicameral dispuesto para el
ejercicio de la función legislativa.

63. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha afirmado que uno de los
propósitos de dicho diseño institucional radica en «el aumento de los espacios
de representación de las entidades territoriales en las instancias nacionales de
decisión política, objetivo que se logra a través de la elección de los
Representantes a la Cámara a través de circunscripciones territoriales 39». En
similar sentido, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos:

Un análisis histórico de las razones que llevaron a mantener el bicameralismo
en la Constitución Política de 1991, y particularmente a consagrar la forma de
elección de la Cámara de Representantes según lo prescrito en el artículo 176
superior, revela que el constituyente estuvo animado del propósito de ampliar
los espacios de representación con fundamento en factores territoriales. En
efecto, uno de los objetivos que persiguió la Asamblea Nacional Constituyente
fue el de mejorar de manera general la representatividad del Congreso de la
República, para lo cual se consideró necesario revisar su sistema de elección40.

64. Así mismo y teniendo en cuenta que la disposición solo hace referencia a
elecciones de corporaciones públicas, el cálculo del 15% a que se refiere el
artículo 262 constitucional no debe tomar en consideración los resultados
obtenidos en elecciones uninominales, incluso si estas tuvieron lugar en la
misma circunscripción.

5. Caso concreto

5.1. Infracción de norma superior – artículo 262, inciso quinto, de la
Constitución Política

65. En atención a lo señalado, la sala advierte que los únicos resultados
relevantes para establecer si el movimiento Colombia Humana podía o no
formar parte de la coalición del Pacto Histórico para la elección de Cámara de
Representantes en la circunscripción territorial de Nariño (2022-2026), fueron
aquellos obtenidos por dicho movimiento en el mismo certamen electoral
celebrado en el año 2018, puesto que, como se indicó, todas las demás
elecciones desarrolladas en esa circunscripción y, más aún, aquellas que tienen
lugar en la nacional, como ocurre con la de presidente y vicepresidente de la

39 Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2008.
40 Corte Constitucional. Sentencia C-759 de 2004.

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República, no deben ser tomadas en cuenta para calcular el 15% señalado en
el artículo 262 superior.

66. De hecho, como puede advertirse de lo consignado en el formulario E-
6CT aportado al proceso, en la práctica, la organización electoral viene
utilizando el criterio antes expuesto al momento de verificar el cumplimiento de
dicha disposición constitucional, como puede evidenciarse a continuación:

67. En efecto, dicho documento da cuenta de que, para las elecciones de
Cámara de Representantes que tuvieron lugar el 13 de marzo de 2022, los
resultados a tomar en consideración para efectos del cálculo del 15% señalado
en la disposición constitucional en comento fueron aquellos obtenidos por cada
partido o movimiento en la elección de Cámara de Representantes realizada el
11 de marzo de 2018 en la misma circunscripción.

68. Adicionalmente, debe precisarse que esta conclusión a la que arriba la
sala no resulta contraria a lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-316 de 2021. Esto es así, porque en dicha providencia ese alto tribunal se
pronunció sobre un escenario no previsto de manera expresa en las
disposiciones constitucionales y legales relativas al reconocimiento de
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos, lo que le llevó a
realizar una interpretación del texto superior que le permitiese a aquellas
organizaciones con derecho a ocupar las curules a que refiere el artículo 24 de
la Ley Estatutaria 1909 de 2018, contar con la totalidad de los derechos
conferidos en dicha ley a las organizaciones políticas declaradas en oposición.

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69. En dicha providencia se condicionó el reconocimiento del derecho a la
personería jurídica a los siguientes presupuestos:

[Q]ue (i) el umbral a superar para efectos de obtener el reconocimiento de la
personería jurídica será aquel que el Constituyente Derivado consideró como
significativo, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente en las
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de
los candidatos de la formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y
declararse en oposición.

70. Así, para el caso de Colombia Humana, no se tomó en cuenta, de forma
exclusiva, el apoyo electoral con que contó su fórmula en la elección
presidencial y vicepresidencial en segunda vuelta celebrada en el año 2018,
sino también la decisión de sus integrantes de aceptar las curules a que tenían
derecho, en aplicación del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, y a que, una vez
posesionados en ellas, se declararan en oposición al gobierno presidido por la
formula que resultó ganadora en dicha votación.

71. Destaca la sala que el actor sostiene en su demanda, lo siguiente:

… [L]a personería jurídica que obtuvo COLOMBIA HUMANA por fallo de la
Corte Constitucional es porque superó el umbral para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo al artículo 108
constitucional, es decir, el 3 % de los votos emitidos válidamente, pero la Corte
quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y Vicepresidente
de la República. En concreto tiene una votación nacional que puede
contabilizarse para verificar si en coalición sobrepasa el quince por ciento (15%)
de los votos válidos de la respectiva circunscripción.

72. Contario a lo allí afirmado, como se advirtió, no existe en dicho
pronunciamiento ninguna regla o consideración relacionada con la manera en
que ha de aplicarse lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución, ni puede entenderse que la necesidad de implementar un criterio
diferencial en relación con el umbral exigido para el reconocimiento de
personería jurídica en casos como el estudiado en esa oportunidad tenga un
impacto sobre el aspecto que aquí se estudia, pues se trata de reglas
constitucionales diferentes.

73. Por tanto, dado que todas las partes e intervinientes en el presente
proceso han coincidido en que el movimiento Colombia Humana no presentó
una lista de candidatos para la elección de Cámara de Representantes en el
departamento de Nariño celebrada en el año 2018 y que no se aportó al
expediente ningún elemento de convicción que diese cuenta de lo contrario,
dicha organización política no pudo haber aportado a la sumatoria reportada en
el formato E-6CT una cifra que llevara a exceder el máximo establecido en la
disposición constitucional en comento.

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74. Así las cosas, la inclusión del movimiento Colombia Humana en la lista
presentada por la coalición del Pacto Histórico no conlleva vicio alguno en
relación con el cumplimiento del ordinal quinto del artículo 262 de la
Constitución Política, por lo que la sala no accederá a la declaratoria de nulidad
del acto demandado por dicho cargo.

5.2. Falsedad en documento electoral – formato E-6CT

75. En relación con la presunta configuración de la causal de nulidad
electoral señalada en el artículo 275, ordinal 3, del CPACA, cabe indicar que,
conforme esta, el acto que declara una elección será susceptible de anulación
cuando «[l]os documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o
hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales».

76. Acerca de dicha causal, en el marco de elecciones por voto popular, la
jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes
términos:

La causal de nulidad invocada en este caso corresponde a la falsedad o
alteración de los registros electorales, que se verifica cuando en las etapas
electoral y poselectoral se presentan situaciones que afectan objetivamente los
resultados electorales, y con ello la voluntad de los electores. La verdad
electoral resulta falseada cuando en los distintos documentos electorales se
registran votos que física o jurídicamente no existen, como cuando en tales
documentos se inventan o se fabulan votos o cuando se computan éstos - los
votos -, no obstante que se hallan relacionados en registros no válidos41.

77. De igual forma, se ha indicado que la causal en mención se configura
también en «aquellas situaciones en las que se evidencia una intención
deliberada de alteración del documento contentivo de los resultados, con lo que
se busca la alteración de la voluntad popular42».

78. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido en el antiguo Código Contencioso
Administrativo – que en los ordinales 2 y 3 de su artículo 223 se refería de
manera precisa a las actas y registros electorales como únicos elementos por
cuya falsedad o adulteración podría declararse la nulidad de un acto electoral –
el CPACA en su artículo 275, ordinal 3, abarca un espectro más amplio al
indicar que dicho efecto puede desencadenarse como consecuencia de la
existencia de falsedades o adulteraciones en cualquier documento electoral,
concepto que incluye todas aquellas piezas documentales emitidas o utilizadas
por la organización electoral en ejercicio de sus funciones relacionadas con el
desarrollo de un certamen democrático, siempre que tales irregularidades
persigan el objetivo de modificar los resultados de este.

41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 29

de agosto de 2012. Radicado 11001-03-28-000-2010-00050-00. Reiterada en: Sentencia del 23
de septiembre de 2021. Rad. 25000-23-41-000-2019-01101-02.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 23

de septiembre de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2021-00026-00.

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20

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el
departamento de Nariño – Periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00093-00

79. Por supuesto, en atención a la naturaleza objetiva de la causal de nulidad
electoral alegada, y de conformidad con la jurisprudencia previamente citada,
los documentos cuya falsedad o adulteración pueden derivar en la declaratoria
de nulidad del acto mediante el cual concluye el proceso, son exclusivamente
aquellos correspondientes a las etapas electoral y poselectoral, comprendidas
entre el momento en que se produce la apertura de las urnas y la conclusión de
los escrutinios.

80. En relación con el caso bajo estudio, la sala encuentra que lo señalado
en la demanda no permite tener por configurada la causal de nulidad prevista
en el ordinal 3 del artículo 275 del CPACA, toda vez que el formato E-6CT
registrado por la coalición del Pacto Histórico, aun cuando constituye un
documento de naturaleza electoral, no corresponde a aquellos que son emitidos
durante las etapas electoral y poselectoral de una elección por voto popular, por
lo que no es susceptible de configurar el vicio en comento.

81. Igualmente, dado que en el acápite anterior se estableció que no existió
un desconocimiento del artículo 262, inciso quinto, superior, por cuanto los
resultados obtenidos por el movimiento Colombia Humana en la segunda vuelta
presidencial del año 2018 no debían ser tomados en cuenta al momento de
establecer si se cumplió o no el límite del 15% a que refiere dicha disposición; y
teniendo en cuenta que la referida organización política no presentó candidatos
para la elección de Cámara de Representantes por el departamento de Nariño
en el año 2018, el número de votos que debía indicarse por parte de esa
organización en el formato E-6CT, en relación con el cálculo del límite antes
mencionado, no era otro que cero, por lo que la información allí consignada
corresponde a la realidad.

82. Por lo expuesto, la sala advierte que no se configura ninguno de los
cargos formulados en el concepto de la violación desarrollado por la parte
demandante, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por José Manuel
Abuchaibe Escolar contra el acto de declaratoria de elección de los
representantes a la Cámara por la circunscripción territorial de Nariño,
contenido en el formulario 26 CAM, expedido el 21 de marzo de 2022.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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21

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Representantes a la Cámara por el
departamento de Nariño – Periodo 2022-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00093-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento parcial de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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