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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00639-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00639-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia; SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada presentada por la señora Dora 9 Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Rad. 270011102000201400370 01. M.P: Carlos Mario Cano Diosa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023) Demandante: Dora Belkis Gómez Cetina Belkis Gómez Cetina en contra de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia; TERCERO. NEGAR las súplicas de la demanda. CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias conforme a lo explicado en esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00639-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)
Accionante: Dora Belkis Gómez Cetina
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general.
Servidor público de elección popular
Decisión: Revocar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE REEMPLAZO ÚNICA INSTANCIA

1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de
2025, a través de la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta
Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de
la Nación,1 esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de reemplazo
dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se exigió anular: i) el fallo 012 de 18 de diciembre de
2017, mediante el cual la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo
sancionó a la demandante con suspensión en el ejercicio del cargo por el termino
de 2 meses -sin fijación de inhabilidad-, restricción conmutable en similar número
de salarios devengados para la fecha de comisión de la falta; ii) providencia 005
de 25 de abril de 2018, a través de la cual la Procuraduría Regional de Boyacá
decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de formulación del pliego
de cargos; iii) fallo 0003 de 30 de enero de 2019, mediante el cual la Procuraduría
Provincial de Santa Rosa de Viterbo sancionó a la parte actora con destitución e
inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 12 años
y; iv) fallo 0016 de 30 de abril de 2019, a través del cual la Procuraduría Regional
de Boyacá confirmó, en sede de segunda instancia, la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al ente de control
eliminar de sus registros la restricción de la referencia y condenarla al pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir a causa de la sanción
impuesta. Así mismo, se peticionó el reconocimiento y pago de 100 SMLMV por

1 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-

000-2024-03980-00; 11001-03- 15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.

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Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)
Demandante: Dora Belkis Gómez Cetina

concepto de perjuicios morales padecidos con las decisiones sometidas a juicio.

4. Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los
términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. La demandante fue elegida por voto popular como alcaldesa del municipio
de Chita – Boyacá para el periodo constitucional 2012-2015. En ejercicio de esa
investidura, realizó entre los días 27 de mayo y 2 de junio de 2015 un viaje a San
Andrés Islas con algunos servidores públicos y contratistas de la entidad
territorial.

6. Dicho viaje obedeció a la necesidad de capacitación de ese personal,
proceso que fue pagado con dineros del rubro presupuestal de “capacitación de
servidores públicos” de la vigencia fiscal del año 2015.

7. Por esos acontecimientos, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de
Viterbo inició la respectiva investigación disciplinaria, la cual culminó con la
sanción de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el término de 2
meses. Con tal fin, se afirmó que la actora era responsable del cargo de
incumplimiento del deber previsto en el numeral 1.° del artículo 34 de la Ley 734
de 2002, a título de culpa grave.

8. Sin embargo, mediante providencia 005 de 25 de abril de 2018, la
Procuraduría Regional de Boyacá resolvió, en sede de segunda instancia, anular
las actuaciones procesales a partir del auto de pliego de cargos y, en
consecuencia, devolver el expediente a la autoridad disciplinaria de primer grado.

9. Recibido el expediente y luego de surtirse el trámite procesal respectivo,
mediante fallo 003 de 30 de enero de 2019, la señalada procuraduría provincial
sancionó a la demandante con destitución e inhabilidad general para el ejercicio
de cargos públicos por el término de 12 años, después de hallar fundada la
responsabilidad por la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 1.° del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa gravísima.
10. Al resolver el recurso de apelación impetrado en contra de esa decisión,
la Procuraduría Regional de Boyacá confirmó la aludida sanción.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

11. Para el abogado censor, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las
siguientes disposiciones:

• Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Artículos 29 y 93 de la Constitución Política.
• Artículos 4, 5, 6, 13 y 165 de la ley 734 de 2002.

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Demandante: Dora Belkis Gómez Cetina

12. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que
se sintetizan a continuación:

13. Causa de apertura de la investigación disciplinaria. La falta indilgada
a la demandante se basó en el presunto incumplimiento del Acuerdo 01 de 5 de
marzo de 2015, en tanto autorizó, celebró y pagó con cargo al rubro presupuestal
de «capacitaciones de servidores públicos» una jornada académica para 10
contratistas de la entidad.

14. De acuerdo con diversos conceptos del Departamento Administrativo de
la Función Pública, no existe ninguna prohibición en relación a que, con recursos
públicos se patrocine ese tipo de eventos para contratistas, siempre y cuando
sean en pro del cumplimiento de sus funciones.

15. Adecuación típica en sede de segunda instancia. Vulneración a las
garantías procedimentales y sustanciales del debido proceso. La
procuraduría vulneró el debido proceso de la demandante pues, en primer lugar,
desconoció el principio de congruencia que debe existir entre el pliego de cargos
y el respectivo fallo disciplinario.

16. En segundo lugar, porque el operador de segunda instancia varió el pliego
de cargos por fuera de la oportunidad establecida en el artículo 165 de la ley 734
de 2002, modificando la naturaleza de la falta endilgada y, junto con ello, la
magnitud de la sanción a imponer.

Contestación de la demanda

17. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella
incluidas. Con tales fines, argumentó que los actos demandados expedidos por
esa entidad se ajustaron a la realidad probatoria existente dentro del proceso y a
las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso disciplinario.

18. En cuanto a los cargos de nulidad planteados en el libelo, expresó:

19. Los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y que fueron citados como fundamento de la primera censura -causa de
apertura de la investigación disciplinaria-, no son aplicables al caso de marras, en
tanto no hacen referencia al reproche efectuado en los fallos demandados, esto
es, a la destinación de dineros públicos para el pago de capacitaciones de
contratistas.

20. La nulidad procesal decretada en segunda instancia por la Procuraduría
Regional de Boyacá se fundamentó en los artículos 143 y 144 de la Ley 734 de
2002, que faculta al operador disciplinario para decretarla de oficio siempre y
cuando advierta la existencia de algunas de las causales previstas en la norma en
cita.

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21. En efecto, eso fue lo que ocurrió en este asunto, pues se hizo visible la
«existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso», por el
yerro cometido en primera instancia cuando formuló el pliego de cargos,
calificando erróneamente la conducta como falta grave, cuando debió ser falta
gravísima, porque los hechos reprochados podían ser constitutivos de tipos
penales.

Sentencia de primera instancia.

22. Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Boyacá accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Con tales
propósitos, concluyó que:

23. En cuanto al primer cargo de nulidad -causa de apertura de la investigación
disciplinaria y que el tribunal de primera instancia encasilló bajo la causal de falsa
motivación-, el a quo, después de comparar los conceptos jurídicos tenidos en
cuenta por los operadores disciplinarios para imponer la sanción que ahora se
demanda frente a los invocados por la parte demandante, sostuvo que:

24. Los primeros fueron claros al establecer la prohibición de que, con dineros
públicos no pueden sufragarse capacitaciones de contratistas del Estado y; los
segundos -esto es, los citados por el demandante-, no guardan relación con el
objeto debatido, en tanto se refirieron al reconocimiento y pago de gastos de
viáticos -transporte, alimentación, hospedaje, entre otros- previstos en los
respectivos contratos de prestación de servicios. En consecuencia, afirmó que el
alegado cargo de falsa motivación no tenía vocación de prosperidad.

25. Respecto del segundo cargo de anulación -adecuación típica en sede de
segunda instancia y que el a quo denominó como violación al debido proceso y
al derecho de defensa-, el fallador de primera instancia, luego de reseñar la
normativa que regula el pliego de cargos, concluyó que la declaratoria de nulidad
realizada al interior del procedimiento sancionatorio -Resolución 005 de 25 de
abril de 2018- fue improcedente, pues esa figura procesal no podía ser empleada
como pretexto para validar, por fuera de la oportunidad de ley, la variación del
respectivo pliego de cargos.

26. En tal sentido, se declaró la nulidad de los siguientes actos:

«[…] i) la Resolución No. 005 de 25 de abril de 2018 por medio de la cual la
Procuraduría Regional de Boyacá, en sentencia de segunda instancia, resolvió
decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de formulación de pliego de
cargos; ii) la Resolución No. 003 de 30 de enero de 2019 proferida por la
Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual se profirió
fallo de primera instancia resolviendo sancionar disciplinariamente a la señora
DORA BELKIS GOMEZ CETINA con sanción de DESTITUCIÓN del cargo e
inhabilidad general de 12 años; y iii) la Resolución No. 0016 de 30 de abril de
2019 expedida por la Procuraduría Regional de Boyacá, por medio de la cual
dicto fallo de segunda instancia en el que confirmó en todas sus partes el fallo de

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primera instancia de 30 de enero de 2019, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.[…]» (Sic)

27. Por último, negó el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y
morales reclamados y no condenó en costas y agencias en derecho a la
demandada.

Recurso de apelación.

28. Oportunamente, las partes y el Agente del Ministerio Público apelaron la
sentencia de marras en los siguientes términos:

29. Parte demandante. Censuró que el reconocimiento de los perjuicios
materiales y morales reclamados en la demanda no hicieran parte del problema
jurídico fijado en la sentencia apelada. En tal sentido, reprochó que el a quo
negara tal pedimento, pese que no se hizo un estudio adecuado del tema.

30. En consecuencia, peticiona que en segunda instancia se concedan dichos
perjuicios, en razón a que, en lo que toca a los de orden material, está
plenamente acreditado que, con la sanción impuesta, no pudo ejercer su
profesión con el Estado -sea como empleada pública o como contratista-, pues
de hacerlo, a sabiendas de la inhabilidad que pesaba sobre ella, incurriría en la
falta disciplinaria prevista en los numerales 17 y 59 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002. Así mismo, adujo que una empresa privada le negó el empleo que
requería, al advertir su inscripción en el registro de antecedentes disciplinarios.

31. Por su parte, y en cuanto se refiere a los perjuicios morales, alegó que la
noticia de su inhabilidad no solo fue conocida en su círculo íntimo, sino también
en todo el departamento de Boyacá, dadas las publicaciones realizadas en la
prensa escrita y las redes sociales.

32. Finalmente, manifestó su inconformismo por la no condena en costas de
la entidad accionada. Sin embargo, en la sustentación de la alzada nada se dijo
al respecto.

33. Parte demandada. Reprochó que el a quo haya revocado las decisiones
demandadas, luego de considerar que la declaratoria de nulidad procesal
decretada por el operador disciplinario de segunda instancia patrocinó la
variación del pliego de cargos por fuera de la oportunidad prevista en la ley.

34. Alegó que la reseñada nulidad procesal devino de claros mandatos
contenidos en el Código Disciplinario Único, que facultan al fallador de segundo
grado para emplear esa figura, siempre que advierta la configuración de alguna
de las causales de nulidad contenidas en el artículo 143 ejusdem.

35. La actuación adelantada en su momento por el Procurador Regional de
Boyacá, tuvo por finalidad corregir yerros sustanciales cometidos en primera

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instancia y, en consecuencia, adecuar la conducta endilgada a la accionante a la
realidad de los hechos probados en el expediente.

36. Arguyó que con esa actuación no se vulneró el derecho al debido proceso
de la hoy demandante, en tanto se le permitió adelantar las actuaciones que
inherentes y posteriores al pliego de cargos. En consecuencia, pide revocar la
sentencia apelada y, en su lugar, que se denieguen las pretensiones de la
demanda.

37. Agente del Ministerio Publico. Censuró que la sentencia impugnada
haya anulado los actos administrativos demandados, como consecuencia de la
irregularidad endilgada en contra de la resolución que declaró la nulidad procesal
de la actuación disciplinaria.

38. Reiteró que la figura en referencia devino del uso de potestades conferidas
al operador disciplinario, facultades que se activaron cuando el fallador de
segunda instancia advirtió la configuración de la causal contenida en el numeral
3.° del artículo 143 del CDU, representada en la existencia de irregularidades
sustanciales cometidas al momento de formular el pliego de cargos y endilgar la
respectiva falta.

39. Era necesaria la intervención del operador de segundo grado, en aras de
garantizar el debido proceso. Así entonces, no se presentó tal vulneración a los
derechos de la actora, en razón a que, con ocasión al nuevo pliego de cargos, la
Procuraduría General de la Nación adelantó todas las actuaciones y etapas
previstas en el procedimiento disciplinario, fases en las que se le amparó su
derecho de defensa y contradicción.

40. Con todo, pidió revocar la sentencia apelada y, consecuentemente,
denegar las súplicas del libelo.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

41. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 30 de octubre de 20232,
se admitió el citado recurso de apelación.

42. El pronunciamiento de las partes y del Agente del Ministerio Público.
Las partes y el Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código

2 Expediente digital, índice 6 del SAMAI de segunda instancia.

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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,3 esta Sala
de Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

44. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,4 la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el
recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

45. En el caso concreto las partes y la Agente del Ministerio Público delegada
ante el tribunal de primer grado apelaron toda la sentencia, por lo que no existen
restricciones para resolver la alzada.

46. Problemas jurídicos.

47. De acuerdo con los argumentos planteados por los apelantes, la Sala
deberá determinar:

48. ¿La nulidad procesal decretada por la Procuraduría Regional de Boyacá a
partir del pliego de cargos de fecha 30 de agosto de 2017, desconoció el derecho
al debido proceso de la demandante?

49. ¿La parte actora tiene derecho a la indemnización de los perjuicios
materiales y morales reclamados en la demanda?

50. Previa resolución de estos planteamientos, se rememorarán las
consideraciones depositadas en la sentencia de tutela que arriba fue señalada.

51. De la decisión de tutela que ordenó emitir una nueva decisión en este
asunto. Como se dijo antes, mediante providencia de 24 de febrero de 2024,5 la
Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y, consecuentemente,
ordenó a esta Subsección emitir una nueva decisión dentro de este asunto.

52. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas
las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data
de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea
jurisprudencial consolidada al interior de la Corte Constitucional que avalaba la
competencia del ente de control para imponer a los servidores públicos de
elección popular todas aquellas sanciones restrictivas de sus derechos políticos.

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
5 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-

000-2024-03980-00; 11001-03- 15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.

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53. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013,
C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023, SU-381 de 2024 y SU-382 de
2024- el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la
procuraduría era compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los artículos 40 y 93.1 de la Constitución Política.

54. Además, recordó que, en sentir de la jurisprudencia constitucional, las
normas de la citada convención no son superiores a las establecidas en la carta
política, por lo tanto, la sentencia tutelada pasó por alto que esas reglas debían
ser analizadas y aplicadas a partir de una interpretación sistemática, coherente y
armónica con las disposiciones internas y las previstas en el resto de
instrumentos internacionales que, sobre la materia, han sido suscritos por
Colombia.

55. Finalmente, en ese proveído se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en decisión del 3 de diciembre de 2024, la Sala
Plena de esta Corporación señaló que las sentencias de constitucionalidad
signadas por la Corte -entre ellas, la C-030 de 2023- son vinculantes y no admiten
reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

56. Por consiguiente, la Subsección resolverá los problemas jurídicos
planteados.

57. Primer interrogante: ¿La nulidad procesal decretada por la Procuraduría
Regional de Boyacá a partir del pliego de cargos de fecha 30 de agosto de 2017,
desconoció el derecho al debido proceso de la demandante?

58. A través del proceso disciplinario se juzga la conducta de los servidores
públicos y de los particulares en ejercicio de funciones oficiales de cara a una
serie de reglas y disposiciones de contenido ético, cuya finalidad apunta a la
eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública.6

59. También se ha señalado que el derecho disciplinario tiene por finalidad
garantizar la obediencia, disciplina, rectitud y eficacia de los funcionarios
estatales, de manera que se privilegie la buena marcha de la administración y,
junto con ella, que las funciones encomendadas sean ejercidas en pro de la
comunidad.

60. Lo anterior, para significar que «desde el punto de vista interno, persigue
el cumplimiento de los deberes a cargo de los servidores públicos y desde el
punto de vista externo, tiene el propósito de que se alcancen los fines del Estado
y los principios de la función pública».7

61. Así entonces, es claro que en el proceso disciplinario no solo están en
juego los derechos del investigado, sino también los de toda una sociedad que

6 Sentencia C-244 de 1996.
7 Sentencia C-392 de 2019.

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demanda y anhela que los empleados oficiales cumplan cabalmente con las
atribuciones que les han sido conferidas, pues con ello se satisfacen los fines y
propósitos del Estado.

62. Como se recordará, la Procuraduría General de la Nación y la Agente del
Ministerio Público delegada ante el a quo, censuraron que la sentencia apelada
haya anulado las decisiones demandadas, al considerar que la nulidad procesal
decretada por parte de la autoridad disciplinaria de segunda instancia vulneró el
debido proceso de la actora, pues con tal decisión varió el pliego de cargos por
fuera de la oportunidad prevista en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002.

63. Sin embargo, para esta Subsección, la aludida determinación no tuvo esos
alcances por cuanto:

64. A través del Auto 005 de 25 de abril de 2018, la Procuraduría Regional de
Boyacá no varió el pliego de cargos emitido el 30 de agosto de 2017 por la
Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, sino que, por el contrario,
anuló todo lo actuado a partir de aquella imputación, luego de advertir que con la
errónea estructuración del ilícito disciplinario se infringieron los principios de
tipicidad, especificidad y debido proceso.

65. En los apartados de ese proveído se puede leer:

«[…] La tipicidad de la conducta fue edificada a partir de las siguientes normas:

[…]

Así las cosas, el operador disciplinario de primera instancia encontró procedente
tipificar la conducta, de tal suerte que la misma tan solo tuviese el alcance de
constituir el simple incumplimiento de un deber del servidor público, cuando a
juicio de este despacho, la conducta tiene una relevancia e interés para el
derecho penal, que en virtud del principio de especificidad, descartaría la
escogencia de la estructura típica precitada.

En este orden de ideas, claramente se trata de la investigación de hechos que,
de comprobarse, representarían actividades presuntamente relacionadas con la
destinación indebida de recursos del erario público en favor de particulares, lo
que llamaría al operador disciplinario de primera instancia a ubicar el
comportamiento dentro del catálogo de conductas previstas como delito en la
codificación penal y por tal vía, resultaría encuadrable dentro del numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Bajo esta perspectiva, para el despacho, aparece clara la vulneración del
principio de tipicidad, elemento integrante del núcleo esencial del debido proceso,
el cual debe salvaguardarse con miras al adelantamiento de un juicio justo no
solo a la luz de los intereses del disciplinado, sino de la sociedad misma y de la
confianza por ella depositada en el adecuado ejercicio de la titularidad de la
potestad disciplinaria en cabeza del Estado y para éste caso, por conducto de la
Procuraduría General de la Nación.

[…]

Así, para el despacho se configura la causal tercera de nulidad del artículo 143,

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toda vez que la tipicidad endilgada no atiende el principio de especificidad a que
se ha venido haciendo referencia y no se vislumbra la existencia de otro medio
que remedie la vulneración al debido proceso que aquí ha quedado al
descubierto, toda vez que se afecta el principio de legalidad y ello es garantía del
debido proceso.

Por cuenta de lo anterior, este despacho procederá a la declaratoria oficiosa de
la nulidad de lo actuado, a partir del auto de formulación de pliego de cargos,
inclusive, para que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo encauce
la investigación dentro de los linderos del debido proceso y lleve hasta su término
el trámite de la primera instancia en debida forma, desarrollando también los
criterios de ilicitud sustancial y culpabilidad de manera acorde con la tipicidad que
se estructure de cara a la nulidad aquí decretada.

[…]

En este orden de ideas y a la luz de los criterios establecidos en el artículo 310
de la Ley 600 de 200 (sic), tenemos que, la providencia de pliego de cargos
dentro del presente radicado y sus actuaciones posteriores no cumplieron con su
finalidad, toda vez que materializaron la imputación errónea endilgada a la
disciplinada a que se ha venido haciendo referencia, en desmedro de los
principios de tipicidad, especificidad y debido proceso, así como de los máximos
ideales de la justicia y verdad real, al interior de un Estado Social de Derecho
como el Colombiano. En este orden de ideas, tal actuación aparece insaneable
e insuperable por vía de otro remedio procesal, distinto de la nulidad aquí
decretada.»

66. El uso de esa potestad se fundamentó en el artículo 144 del CDU según
el cual «[e]n cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario
que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas
en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.».

67. Así las cosas, declarada esa nulidad, la Procuraduría Provincial de Santa
Rosa de Viterbo formuló pliego de cargos en contra de la actora el 16 de agosto
de 2018, a través del cual le reprochó la falta gravísima contenida en el numeral
1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la presunta comisión del delito
establecido en el artículo 397 del Código Penal.

68. Esa decisión fue notificada a la investigada el 31 de agosto de 2018 quien,
posteriormente, el 14 de septiembre siguiente rindió los descargos que estimó
pertinentes. Luego, en Auto de 25 de septiembre de ese año se abrió la etapa de
pruebas y, finalmente, mediante proveído de 9 de enero de 2009, se corrió
traslado para alegatos de conclusión.

69. Por lo que sigue, no se avizora que la nulidad procesal decretada en
segunda instancia disciplinaria haya vulnerado el derecho al debido proceso de
la demandante: i) pues con esa decisión no se varió el pliego de cargos, sino que
se garantizó que la conducta endilgada a la actora se ajustara a la realidad
procesal; ii) lo cual conllevó a la emisión de un nuevo pliego de cargos que
cumpliera con esos requerimientos y; iii) además, a partir de entonces, no se
evidenció que la procuraduría adelantó el trámite sancionatorio sin desconocer
ninguna etapa y/o término procesal, permitiendo a la investigada rendir sus

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descargos, aportar y pedir las pruebas que estimara pertinentes, conducentes y
útiles, así como el ejercicio de todas las aristas que involucran el derecho
fundamental al debido proceso.

70. Adicionalmente, se recuerda que la referida nulidad retrotrajo las
actuaciones a la etapa de «EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA» que, se repite, implicó la emisión de un nuevo pliego de cargos.
En consecuencia, la aludida situación no se asemeja a la descrita en el inciso
final del artículo 165 del CDU, por lo que no puede pregonarse su violación.

71. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado:

«[…] Estima la Sala que la actuación surtida por la Procuradora Segunda
Delegada para la Vigilancia Administrativa, no incurrió en vulneración de los
derechos al debido proceso y a la defensa, en razón a lo siguiente:

En primer término, el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, establece las causales
de nulidad, así:

“1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso.
Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su
convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se
aplicarán a este procedimiento”

A continuación el artículo 144 de la ley en cita dispone que “en cualquier estado
de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto
advierta la existencia de algunas de las causales previstas en la norma anterior,
declarará la nulidad de lo actuado”.

Al respecto es del caso señalar que la Procuradora Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa estimó que “el proceso adolece de incongruencia pues
la conducta desplegada por el sujeto pasivo de la acción disciplinaria, no fue
adecuada a las normas que describen los estadios de su actuar, lo cual vicia el
cargo formulado, en su aspecto esencial, afectando el debido proceso” (fl.53), lo
cual en sentir de esta Sección genera una nulidad insubsanable.

En segundo término, considera la Sala que no es incompetente la Procuradora
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa para decretar nulidades pues
el Procurador General de la Nación mediante el Auto del 21 de abril de 2005,
declaró la nulidad de la actuación a partir de la Resolución 27 del 27 de octubre
de 2004, designó como funcionaria especial a la Procuradora Segunda Delegada
para la Vigilancia Administrativa para que conociera y resolviera el recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de la actora; así las cosas, dicha
funcionaria, tenía competencia para conocer del recurso de apelación y estaba
facultada para declarar las nulidades que hubiesen dentro del proceso
disciplinario tal como lo dispone el Parágrafo del artículo 171 del Código
Disciplinario Único, que reza:

“Artículo 171. Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda
instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la
fecha en que hubiese recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretará
pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta
en otro tanto.

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“Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de
segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos
otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
(subraya fuera de texto)

Quiere decir esta disposición que si el funcionario superior al estudiar el recurso
de apelación encuentra circunstancias o hechos que impiden resolver, sin más
trámites, el mencionado recurso, como por ejemplo, el decreto de una prueba
que considere necesario practicarla o el decreto de una nulidad insanable, tiene
todas las facultades para hacerlo porque así lo permite el artículo 171 y el 144
del Código Disciplinario Único.

De otra parte, la circunstancia por la cual se declara la nulidad de lo actuado a
partir del fallo de primera instancia, en manera alguna vulnera el debido proceso
del actor y, por el contrario, le está garantizando al disciplinado el ejercicio del
derecho de defensa, dentro del proceso disciplinario […].8

72. En este mismo sentido, la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, manifestó:

«[…] Lo anterior, teniendo en cuenta que cualquier actividad sancionatoria en un
Estado Social de Derecho se acota sobre los principios de legalidad de las
infracciones y de las sanciones, como parte constitutiva de la garantía de
seguridad jurídica, subsistente para el operador judicial en el deber de precisar
en forma concreta y clara, el cargo que se le reprocha al disciplinable,
adecuando la conducta al tipo específico que habrá de aplicarse, por lo
que la indebida adecuación típica surgida de la incorrecta selección del tipo
disciplinario sobre el que descansa la investigación y, sobre todo, la
imputación, vulnera la garantía al debido proceso, que enmarca no sólo
aspectos de ritualidad y formalidad, sino verdaderas categorías sustanciales,
pues no se está adelantando el juzgamiento de acuerdo con la ley aplicable,
afectándose de contera, el derecho de defensa y configurándose una
irregularidad sustancial que deviene necesariamente en el decreto de nulidad,
la cual aquí será declarada, desde el auto en que se realizó la formulación de
cargos, inclusive.

Por cuanto, al momento de elevar pliego de cargos, le asiste el deber al operador
judicial disciplinario, de exponer las razones por las cuales estima, se incursionó
posiblemente en determinada falta; no obstante, previo a lo anterior, se debe
tener certeza que el comportamiento desplegado se adecua correctamente al tipo
disciplinario endilgado, constitutivo de falta, a fin que el implicado, pueda ejercer
en debida forma su derecho a la defensa.

Ello significa que los descriptores normativos del tipo disciplinario endilgado
deben ser claramente expuestos en la acusación, y de conformidad con los
hechos denunciados, para que así exista una correcta adecuación típica, de
modo que se explique con claridad el verbo rector contenido en el deber violado
o en la prohibición en que incurrió el disciplinado, cuidando de no hacer
afirmaciones indeterminadas o confusas.

Así, el respeto por la correcta adecuación típica al momento de la
formulación de cargos, se erige como el pilar que sostiene el proceso
disciplinario, garantizándose con mayor fuerza el derecho de defensa y el
debido proceso, lo cual redunda en favor del disciplinado y obliga al operador
jurídico disciplinario a tener un mayor cuidado en su formulación.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2005-

02126-01. C.P Juan Angel Palacio Hincapie

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[…]

Así, al no existir una correcta adecuación típica, es decir, al no concordar los
hechos denunciados con la falta endilgada en el pliego de cargos, teniendo la
obligación conforme al Código Disciplinario Único y la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se presentan irregularidades
sustanciales que afectan el debido proceso, por lo que de conformidad con los
artículos 143, 144 y 145 de la Ley 734 de 2.002, se procederá a decretar la
respectiva nulidad. […]»9 (negrillas de la Sala)

73. En consecuencia, ante la prosperidad de los recursos de apelación
formulados por la demandada y la Agente del Ministerio Público, la Sala revocará
la decisión impugnada y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.

74. Esta determinación releva a la Subsección de resolver la apelación de la
parte actora, pues los argumentos depositados en ella estaban destinados a
obtener el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales dimanados de
la nulidad decretada en primera instancia, así como la revocatoria de la “no
condena en costas” dispuesta en esa providencia.

Condena en costas en ambas instancias.

75. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en costas a la
parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, tal
sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda, se
concluya que fue presentada con «manifiesta carencia de fundamento legal».

76. Así las cosas, y aunque la demanda no salió avante, los argumentos
insertos en ella no se adscriben a la condición arriba señalada, por lo que no se
impondrán costas en ambas instancias.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia;

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda que, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue presentada presentada por la señora Dora

9
Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Rad. 270011102000201400370 01.
M.P: Carlos Mario Cano Diosa

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Belkis Gómez Cetina en contra de la Procuraduría General de la Nación. En
consecuencia;

TERCERO. NEGAR las súplicas de la demanda.

CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias conforme a lo explicado
en esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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