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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00036-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: MODIFICAR el inciso segundo de la parte resolutiva de la anterior providencia, que quedará así: «CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer y pagar al señor LUIS BERNARDO DUQUE MUÑOZ una pensión de jubilación efectiva a partir del 25 de 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024) Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz Demandado: FOMAG septiembre de 2018, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con base en el 75% del promedio de los factores salariales sobre los que debieron hacerse los respectivos aportes y devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, que se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, es decir, la asignación básica y la bonificación mensual, sin que para devengarla sea necesario su retiro del servicio docente. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO podrá recaudar las cotizaciones en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que el peticionario realizó cotizaciones. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00036-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)
Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la
Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 4 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de
Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luis Bernardo Duque Muñoz solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo
por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985. Según indicó, la calidad de docente le da derecho a la
referida prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luis Bernardo Duque Muñoz, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó
demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada mediante apoderada judicial el 10 de
febrero de 20201.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

1 Escrito de demanda, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo
«6ED_C01PRINCIPAL_04DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 23», página 18.

1

Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)
Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 0134-6 del 16 de enero de 20202, por
medio de la cual, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación a su favor, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios
y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado.

(iii) Que se le ordene a la parte accionada efectuar el pago de los ajustes a los que
haya lugar por la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas.

(iv) Que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

(v) Que se condene en costas y en agencias en derecho a la referida entidad.

2.1.2. Hechos

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en
síntesis, los siguientes hechos:

(i) El señor Luis Bernardo Duque Muñoz nació el 15 de noviembre de 1958.

(ii) Laboró por contrato de prestación de servicios para el municipio de Samaná,
Caldas, en la calidad de docente: del 6 de marzo al 5 de diciembre de 1989; del 1 de
junio al 30 de noviembre de 1990, del 15 de febrero al 14 de diciembre de 1992; y del
1 al 10 de febrero de 1993.

(iii) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) —hoy
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)—, entre los años 1996 y
2000, por lo que completó 126,86 semanas de cotización.

(iv) El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, profirió sentencia
el 30 de octubre de 2013, que reconoció la existencia de una relación laboral
encubierta, con ocasión de la ejecución, por parte del demandante, de las siguientes
órdenes de prestación de servicios: (i) 214 de 29 de enero de 2001; (ii) 588 de 4 de
febrero de 2002; y (iii) 909 de 27 de enero de 2003. No precisó en el escrito
introductorio ante qué entidad prestó la labor como maestro oficial.

(v) El demandante se vinculó como docente oficial al servicio de la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, a partir del 9 de marzo de 2004, después de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

(vi) Mediante petición radicada, solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento
de Caldas el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en una cuantía
equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento
del estatus de pensionado, que afirma cumplió el 1 de junio de 2017.

(vii) La referida entidad, con fundamento en las facultades legales atribuidas a las

2 Resolución 0134-6 del 16 de enero de 2020, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo
«6ED_C01PRINCIPAL_04DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 23», páginas 28 a 30.
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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

entidades territoriales en materia de prestaciones sociales a cargo del FOMAG, y
mediante Resolución 0134-6 del 16 de enero de 2020 negó la solicitud. Ello, al
considerar que como el actor se vinculó al servicio docente luego de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen de prima media de la Ley 100 de
1993.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

4. Luis Bernardo Duque Muñoz citó como normas vulneradas los siguientes
artículos: (i) 1, inciso 2 de la Ley 33 de 1985; (ii) 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de
1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100
de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, sostuvo que el acto administrativo acusado
quebranta las normas anteriores, pues la entidad accionada negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación a la que tiene derecho el demandante, desconociendo que
este inició labores en el servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003.

6. Al respecto, explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición
para los docentes vinculados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor, que
mantuvo la aplicación de las normas anteriores para los docentes que trabajaron en el
servicio público y que después fueron vinculados.

7. Manifestó que el régimen pensional aplicable al accionante es el dispuesto en
la Ley 33 de 1985, de modo que los requisitos para adquirir la pensión pretendida son:
tener 55 años de edad y 20 de servicios, los cuales se encuentran debidamente
acreditados.

8. Indicó que por la anterior circunstancia tiene «derecho a la pensión de jubilación,
de conformidad con la Ley 812 de 2003, en compatibilidad con el salario por pertenecer
al régimen anterior en cuanto a su pensión de jubilación».

9. Concluyó que el acto administrativo acusado infringió las normas en que debía
fundarse, por cuanto no respetó el régimen de transición antes mencionado, y no
resolvió su situación pensional bajo lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

2.2. Contestación de la demanda

10. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda3, con fundamento
en las siguientes consideraciones:

11. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido», «inaplicabilidad del régimen de la Ley 33 de 1985 al demandante» y
«reconocimiento oficioso o genérica».

3 Escrito de contestación de demanda, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo
«11ED_C01PRINCIPAL_09CONTESTACIONDEMANDAMINEDUCACIONPDF(.pdf) NroActua 23».
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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

12. Sostuvo que el acto administrativo acusado no contiene vicio alguno que
conlleve a su nulidad, por cuanto se profirió en estricto cumplimiento de las normas
vigentes y aplicables al caso, en tanto el actor no es beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que ostentó la calidad de empleado público
afiliado al FOMAG a partir del 9 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, profirió sentencia
el 4 de agosto de 20234, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
En tal sentido, declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó a la
entidad accionada a reconocer y pagar a favor del actor una pensión de jubilación
«efectiva a partir de 1 de junio de 2017, con base en el 75% del promedio de los
factores salariales sobre lo que debieron hacerse los respectivos aportes y
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional (1 de junio
de 2016 al 1 de junio de 2017), que se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, es
decir, la asignación básica y la bonificación mensual, sin que para devengarla sea
necesario su retiro del servicio docente».

14. Destacó que, según la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la vinculación docente a través de contratos de prestación de servicio es válida
para el reconocimiento de derecho pensionales a luz de la normativa aplicable a los
maestros oficiales.

15. Por lo tanto, que «para el reconocimiento pensional con fundamento en la Ley
33 de 1985, resulta suficiente la vinculación del docente antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, y desde luego, el cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios consagrados en la disposición primeramente mencionada, sin que
adquiera relevancia, por lo menos para efectos pensionales, la forma de vinculación al
servicio educativo, o si esta fue continua o discontinua, en la medida que la normativa
lo que reconoce es la efectiva prestación del servicio educativo».

16. Bajo ese entendido explicó que del análisis de las pruebas allegadas al proceso
se encontraba demostrado que Luis Bernardo Duque Muñoz laboró como docente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

17. Sobre el particular, expuso que: (i) el demandante trabajó como docente oficial
entre 1989 y 1993 en el municipio de Samaná; (ii) a través de vinculación por órdenes
de prestación de servicios, que fueron objeto de reconocimiento judicial, entre los años
2001 y 20035; (ii) que cuenta con 126.86 semanas cotizadas a COLPENSIONES,
equivalentes a «2.4 años aproximadamente»; y (ii) que fue vinculado como docente al
FOMAG desde el 9 de abril de 2004, registrando 18 años, 1 mes y 14 días de servicio.

4 Sentencia de primera instancia, proferida el 4 de agosto de 2023, por Tribunal Administrativo de Caldas, visible

en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «25ED_C01PRINCIPAL_23SENTENCIAPRIMERAINSTANCIAPDF(.pdf)
NroActua 23».
5 Afirmó que según se aprecia en la Resolución 1891 -6 de 27 de febrero de 2015 del departamento de Caldas,

obtuvo fallo favorable del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, en el que se ordenó que
«el tiempo laborado [como maestro] por el señor LUIS BERNARDO DUQUE MUÑOZ, conforme a las órdenes de
servicio número 214 del 29 de enero de 2001, 588 del 4 de febrero de 2002 y la 909 del 27 de enero de 2003, se
deben computar para efectos pensionales».
4

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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

18. En ese orden, concluyó lo siguiente:

Una vez determinado que la norma aplicable a la situación del actor es la Ley 33 de
1985, con sencillez se desprende que el docente DUQUE MUÑOZ reúne las
condiciones para acceder a la pensión de jubilación bajo dicho régimen, en la medida
que de acuerdo con el recuento probatorio, (i) cumplió 55 años de edad el 16 de
noviembre de 2013, (ii) supera con creces los 20 años de servicio, teniendo en cuenta
la suma del tiempo que ostenta desde su vinculación como docente (18 años, 1 mes y
14 días) y aquel que cotizó a COLPENSIONES (126.86 semanas, equivalentes a 2.4 años
aproximadamente). En conclusión, le asiste razón al nulidiscente en punto al
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, lo que conlleva
a anular el acto demandado.

19. Seguidamente, precisó que a la luz del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 el
reconocimiento de la pensión en favor del accionante, dada su condición de docente,
no está condicionado al retiro del servicio, por lo que tiene derecho a la referida
prestación desde la adquisición del estatus pensional —1 de junio de 2017—, teniendo
en cuenta los factores salariales sobre los que se debieron realizar aportes al Sistema
de Seguridad Social, enlistados en la Ley 62 de 1985; de manera tal que las mesadas
respectivas deben reajustarse a partir de la fórmula establecida para el efecto, sin que
haya operado la prescripción trienal6.

20. Finalmente, decidió condenar en costas a la parte demandada, por el valor del
3% de las pretensiones por concepto de agencias en derecho, con fundamento en el
artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

2.4. Recurso de apelación

21. La parte demandada, por medio de su apoderada judicial, presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia7. En su escrito, planteó los
siguientes argumentos:

22. Sostuvo que es incorrecto tener por acreditada la vinculación docente del
demandado antes de la Ley 812 de 2003, en virtud de los contratos de prestación de
servicio que ejecutó, en especial cuando respecto de dicha situación no se ha proferido
una decisión judicial que declare la existencia de una verdadera relación laboral.
Señaló que la ley le otorga el tratamiento preferencia a los maestros que estén
vinculado laboralmente al sector oficial, pero no a los contratistas por prestación de
servicios.

23. Añadió que la tesis del juez de primera instancia también desconoce que no se
evidencia que en virtud de los tiempos de servicios prestados por OPS se hayan
efectuado los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Pensión.

24. Argumentó que la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formas no puede conllevar a que se condene al FOMAG a asumir una prestación

6 Afirmó que «no pasaron más de 3 años entre la data de adquisición del estatus pensional (1 º de junio de 2017) y

la reclamación administrativa (23 de noviembre de 2019), como tampoco entre esta fecha y la presentación de la
demanda (10 de febrero de 2020)».
7
Recurso de apelación presentado por la parte demandanda contra la sentencia de primera instancia dictada por
el Tribunal Administrativo de Caldas, visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo
«27ED_C01PRINCIPAL_25ESCRITORECURSOMINEDUCACIONPDF(.pdf) NroActua 23».
5

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Demandado: FOMAG

respecto de la cual no se efectuaron las cotizaciones correspondientes, so pena de
causar un detrimento patrimonial. Además, que resulta desproporcionado que por
dicha situación se le exija adelantar las actuaciones pertinentes ante las entidades que
supuestamente debieron realizar los aportes. Ello, debido al desgaste de tiempo y
recursos que dicha tarea conlleva, y que representa una carga significativa para la
administración de justicia.

25. En todo caso, precisó que debe aplicarse la prescripción trienal frente a las
sumas de dinero que no fueron reclamadas oportunamente, en especial cuando debe
verificarse que la reclamación en sede administrativa tenga congruencia con lo
pretendido en sede judicial, esto es, el reconocimiento de la pensión por aportes.

26. Finalmente, cuestionó la condena en costas, en tanto no se comprobó su
causación ni que haya obrado de mal fe durante la presente actuación.

2.5. Trámite procesal

27. Esta corporación, mediante auto del 26 de agosto de 20248 admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, según el numeral 3 del artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, y ordenó notificar personalmente al Ministerio Público. De
igual forma, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del artículo
247.5 del mismo estatuto, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia.

28. A través de providencia del 29 de mayo de 20259, con el fin de esclarecer los
extremos temporales de algunas vinculaciones del demandante a través de órdenes
de prestación de servicio con la Secretaría de Educación Departamental de Caldas y
el FOMAG, se le ordenó a la primera entidad y al accionante que aportaran la siguiente
información:

(i) Copia legible y clara de las órdenes de prestación de servicios 214 del 29 de
enero de 2001, 588 del 4 de febrero de 2002 y 909 del 27 de enero de 2003,
suscritas por el actor y la entidad territorial.
(ii) Copia legible y clara de la sentencia 328 de 30 de octubre de 2013, proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales en el proceso
con número de radicado 17001-33-31-010-2012-00067-00.
(iii) La referida Secretaría, debía aportar certificación actualizada a la fecha, del
tiempo de servicios del docente Luis Bernardo Duque Muñoz. Además, indicar si el
maestro en la actualidad percibe algún tipo de pensión a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en caso de que así sea, remitir el
respectivo acto administrativo.

29. Allegada la información solicitada, se corrió traslado de esta por el término de 3
días10, sin que los sujetos procesales realizaran manifestación alguna.

8
Samai, índice 5, archivo «6Autoqueadmite_23892024ADMITEAPELAC(.pdf) NroActua 5».
9 Samai, índice 11.
10 Samai, índice 20.

6

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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 328 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

(i) ¿Los periodos laborados por el demandante como docente vinculado
mediante contratos y órdenes de prestación de servicios se deben tener en
cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, sin necesidad de que
se declarare la existencia de una relación laboral, a pesar de que no se
efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social?

(ii) En caso de que la respuesta sea positiva, ¿Luis Bernardo Duque Muñoz
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985?

(iii) ¿El Tribunal Administrativo de Caldas debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) del régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales - sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019; (iii) sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional; y (iv) sobre los criterios objetivo y subjetivo
en materia de costas procesales.

32. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más
relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los interrogantes
planteados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

33. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
7

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)
Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

34. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198911, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

35. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

36. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

37. Sin embargo, la Ley 812 de 200312 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1
que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

38. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988);
mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913

39. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
13 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
8

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)
Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

40. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198514, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto
se indicó lo siguiente:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

41. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de reemplazo: 75%.
✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año anterior de servicio docente; y (ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley
62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados,
las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

42. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de
201815.

14 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público».
15 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden,
el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen
realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia
de unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

43. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%16, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
✓ IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii) los
factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor
de salario), las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por
servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

44. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado sobre la existencia de normas especiales
que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso de cotización.

45. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección17, de la siguiente manera:

16 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
17 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
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(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.

(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en las vinculaciones mediante contratos de
prestación de servicios.

(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios).

46. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

47. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

48. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

49. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201618 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:

[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos

Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016, Rad. 23001-23-33-p000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

50. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento
de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos
de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia
de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite
para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual19»20 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

51. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta los
tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes causadas con anterioridad a su afiliación al FOMAG. Por esta razón, tales
autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes en los lapsos
laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida deberán adelantar
las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.

52. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras como medidas para lograr
el pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo
de los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100
de 1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores
del gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa
causa; (iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos
24 y 57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas
al pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

53.En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812 de
2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes del
27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el

19 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
12

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establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

54. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

55. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional docente,
el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido mediante
contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen anterior.

3.3.4. De la condena en costas

56. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»21. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»22.

57. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.4.1. Del «criterio subjetivo» en la condena en costas

58. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 23 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22 Ibidem.
23 https://dle.rae.es/disponer.

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generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»24.

59. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso25, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»26.

60. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes27. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala
fe de las partes. Al respecto, esta Subsección28 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)29.

3.3.4.2. Del «criterio objetivo valorativo» en la condena en costas

61. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

62. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
29 Ibidem.

14

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legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en
los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

63. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición y,
en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo30 para su imposición (adoptado desde el
año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento31.
64. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo, por
cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»32.

3.3.4.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

65. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 33), el

30 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
31 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y
iii) Sección Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
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criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.4. Hechos probados

66. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:

67. Luis Bernardo Duque Muñoz nació el 15 de noviembre de 1958, según la copia
de la cédula de ciudadanía34.

68. Según el certificado expedido por la Tesorería de Rentas Municipales del
municipio de Samaná35, el demandante laboró en la calidad de profesor, así:

Desde Hasta Total
6 de marzo de 1989 5 de diciembre de 1989 9 meses
1 de junio de 1990 30 de noviembre de 1990 6 meses
15 de febrero de 1991 14 de diciembre de 1991 10 meses
15 de febrero de 1992 14 de diciembre de 1992 10 meses
1 de febrero de 1993 10 de febrero de 1993 10 días
TOTAL 2 años, 11 meses y 10 días

69. Sobre el particular, se aprecian las órdenes de trabajo correspondientes a la
labor emprendida por el accionante durante los años 1989 y 1992, en las que se
precisa que el valor pactado no ocasiona para «el municipio obligaciones de pago por
prestaciones sociales ni indemnizaciones laborales, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 67 del Decreto 222 de 1983»36. Precisión de la que se desprende que se trató
de vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios.

70. Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales—hoy Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)—, entre los años 1996 y 2000, por lo que
completó 126,86 semanas de cotización, que equivalen a 2 años, 5 meses y 18 días,
conforme al reporte expedido por dicha entidad37, actualizado a 14 de noviembre de
2019. Se destaca que los aportes se realizaron con ocasión de las vinculaciones
laborales del peticionario con las fundaciones «FUNDECO» y «FUNDACIÓN PARA

ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
34 Visibles en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «7ED_C01PRINCIPAL_05ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)

NroActua 23», página 22.
35 Visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «7ED_C01PRINCIPAL_05ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)

NroActua 23», página 2.
36 Visibles en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «7ED_C01PRINCIPAL_05ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)

NroActua 23», páginas 3 y 4.
37 Visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «7ED_C01PRINCIPAL_05ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)

NroActua 23», páginas 6 a 10.
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EL DESARROLLO COMUNI» (sic), sin que se advierta, de lo probado en el plenario,
algún elemento para considerar que aquellas fueron de naturaleza pública.

71. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Manizales, profirió
sentencia el 30 de octubre de 201338, en el proceso con número de radicado 17001-
33-31-010-2012-00067-00, que reconoció la existencia de una relación laboral
encubierta, entre el señor Luis Bernardo Duque Muñoz y la Secretaría de Educación
del Departamento de Caldas, con ocasión de la ejecución, por parte del primero, en su
condición de docente, de las siguientes órdenes de prestación de servicios: (i) 214 de
29 de enero de 2001; (ii) 588 de 4 de febrero de 2002; y (iii) 909 de 27 de enero de
200339.

72. En el análisis que realizó la anterior autoridad judicial no se ahondó en los
periodos en los que se desarrollaron las anteriores órdenes, sin embargo, según el
relato de los hechos que hace la sentencia, se evidencia lo siguiente:

Manifiesta el apoderado del demandante, que el señor Luis Bernardo Duque Muñoz
laboró como docente al servicio del Departamento de Caldas, por medio de contratos
de prestación de servicio, sin solución de continuidad, bajo las órdenes y dirección de
la administración central de la entidad accionada, del 29 de enero al 30 de noviembre
de 2001, del 4 de febrero al 30 de noviembre de 2002, y del 27 de enero al 30 de
noviembre de 2003, como lo demuestran las autorizaciones 214, 588 y 909
correspondientes a los referidos periodos.

73. A partir de lo anterior, el demandante se habría desempeñado como docente al
servicio de la señalada entidad territorial durante los siguientes periodos:

Desde Hasta Total
29 de enero de 2001 30 de noviembre de 2001 10 meses y 2 días
4 de febrero de 2002 30 de noviembre de 2002 9 meses y 27 días
27 de enero de 2003 30 de noviembre de 2003 10 meses y 4 días
TOTAL 2 años, 6 meses y 3 días

74. Mediante Resolución 1891-6 de 27 de febrero de 2015 la entidad dio
cumplimiento al fallo40.

75. De acuerdo con el «formato único para la expedición de certificado de historia
laboral» del FOMAG41, suscrito el 5 de junio de 2025, el demandante fue nombrado
docente al servicio de la Secretaría de Educación de Caldas mediante el Decreto
00179 del 4 de marzo de 2004, inició la prestación del servicio el 9 de marzo del mismo
año y la finalizó el 30 de diciembre de 2023, para un total de 19 años, 9 meses y 22
días.

38 Visible en el índice 18 del expediente digital, documento «26_MemorialWeb_Respuesta-CopialegibleSenten(.pdf)

NroActua 18».
39 Dichas órdenes, con los referidos radicado y fecha de emisión, pueden apreciarse en el índice 18 del expediente

digital, documentos «24_MemorialWeb_Respuesta-AutorizacionNo909(.pdf) NroActua 18»,
«23_MemorialWeb_Respuesta-AutorizacionNo588(.pdf) NroActua 18» y «22_MemorialWeb_Respuesta-
AutorizacionNo214(.pdf) NroActua 18».
40 Visible en: Samai del Tribunal, índice 23, archivo «7ED_C01PRINCIPAL_05ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)

NroActua 23», páginas 11 a 14. En este documento se hace alusión a las mencionadas órdenes de prestación de
servicio, pero no a los periodos laborados en virtud de ellas.
41 Visible en el índice 18 del expediente digital, documento «
25_MemorialWeb_Respuesta-Certificadodehisto(.pdf) NroActua 18».
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76. Conforme con el «formato único para la expedición de certificado de historia
laboral» del FOMAG42, suscrito el 5 de junio de 2025, el accionante fue nombrado
docente al servicio de la Secretaría de Educación de Caldas a través de la Resolución
1441-6, inició la prestación del servicio el 12 de abril de 2024 y a la fecha de expedición
del certificado acreditaba un total de 1 año, 1 mes y 24 días.

77. El 23 de noviembre de 2019 el demandante solicitó el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas
recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado43.

78. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, con fundamento en
las facultades legales atribuidas a las entidades territoriales en materia de prestaciones
sociales a cargo del FOMAG, mediante Resolución 0134-6 del 16 de enero de 202044
negó la solicitud. Ello, al considerar que como el actor se vinculó al servicio docente
luego de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen de
prima media de la Ley 100 de 1993.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. De la vinculación al servicio docente mediante órdenes de prestación de
servicios

79. La parte recurrente alega que los periodos laborados por el demandante no
pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales, toda vez que laboró en calidad
de contratista y adicional a ello, por dichos tiempos no se efectuaron cotizaciones al
Sistema General de Pensiones.

80. Frente a lo anterior, cabe destacar, como lo ha hecho esta corporación 45, que
en vigencia de la Constitución de 1991 el alcance de los derechos laborales se define
a partir de principios superiores —favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial,
primacía de la realidad sobre las formas y pro homine, entre otros—. Esto significa que
la aplicación e interpretación de las normas debe garantizar los derechos laborales
mínimos.

81. En relación con los docentes vinculados mediante contratos de prestación de
servicios se ha concluido que, en observancia de tales valores superiores, el tipo de
vinculación no puede impedir el acceso a los derechos mínimos irrenunciables
previstos en la ley. En consonancia, esta corporación ha indicado que, en virtud de los
referidos principios, y en consideración de la labor docente como tal, los tiempos
laborados mediante contratos de prestación de servicios pueden ser computados para
efectos pensionales.

82. En ese mismo sentido, la jurisprudencia unificada de esta Sección ha precisado
que la omisión en el descuento y pago oportuno de los aportes no puede ser obstáculo

42 Visible en el índice 18 del expediente digital, documento «
25_MemorialWeb_Respuesta-Certificadodehisto(.pdf) NroActua 18».
43 Visible en: Samai del Tribunal, índice 24, documento
«32ED_C01PRINCIPAL_02ANTECEDENTESADMINISTRATIVOSPDF(.pdf) NroActua 24», páginas 7 a 11.
44 Visible en: Samai del Tribunal, índice 24, documento
«32ED_C01PRINCIPAL_02ANTECEDENTESADMINISTRATIVOSPDF(.pdf) NroActua 24», páginas 2 a 3.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 29 de

mayo de 2024, rad. núm. 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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para el reconocimiento de la pensión, más aún si se tiene en cuenta que el
ordenamiento jurídico ha establecido diferentes mecanismos para que las entidades
de previsión adelanten las gestiones pertinentes para el recaudo de las cotizaciones
correspondientes46.

83. En el presente asunto, el demandante solicitó el reconocimiento de una pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, en aplicación del régimen de
transición previsto en la Ley 812 de 2003. Para ello, aportó diferentes documentos,
como certificaciones y órdenes de trabajo que dan cuenta de algunos de los tiempos
en los que laboró en el municipio de Samaná, Caldas, como docente mediante
contratos de prestación de servicios —entre el 6 de marzo de 1989 y el 10 de febrero
de 1993—, con anterioridad al 27 de junio de 2003.

84. Además, según se detalló en el acápite de hechos probados de esta
providencia, la jurisdicción de lo contencioso–administrativo, a través de sentencia del
30 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión
de Manizales declaró la existencia de una relación laboral encubierta entre el aquí
accionante y la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, por los tiempos
de servicio prestados a la entidad en calidad de docente entre el 29 de enero de 2001
y el 30 de noviembre de 2003, a través de OPS.

85. En este orden de ideas, para la Sala es claro que los anteriores lapsos resultan
válidos para contabilizar el tiempo de servicios con efectos pensionales. A su vez, no
son de recibo los argumentos de la entidad recurrente atinentes a desconocer el
tiempo laborado mediante órdenes de prestación de servicios, ante la supuesta
ausencia de aportes al Sistema de Seguridad Social. Lo anterior, en tanto se afectaría
al trabajador, y una interpretación contraria conllevaría a la vulneración de garantías
fundamentales y del principio pro homine, aunado a que el ordenamiento jurídico
previó diferentes mecanismos para el recaudo de las cotizaciones correspondientes47.

86. Lo mismo sucede con el hecho de que su ingreso al servicio docente por primera
vez hubiese ocurrido en virtud de un contrato de prestación de servicios, y no a través
de una relación legal y reglamentaria, pues el ordenamiento jurídico no distinguió el
tipo de vinculación de los docentes, ni estableció condición alguna relacionada con el
origen de la plaza48, para el reconocimiento de la pensión.

87. Por otro lado, en cuanto al argumento de la parte recurrente, según el cual el
dar primacía a la realidad sobre las formas resulta desproporcionado y en un desgaste
de tiempo y recursos, que también afecta a la administración de justicia, puesto que
se ordena al FOMAG adelantar actuaciones en procura de exigir a las entidades que
omitieron efectuar los aportes, hacerlo; se estima que dicho alegato no tiene sustento
alguno. Por una parte, porque con tales órdenes simplemente se están reiterando las
facultades y obligaciones que tienen los fondos de pensiones para salvaguardar los
derechos fundamentales de los pensionados. De otra, porque entre las circunstancias
que han generado un significativo desgate para la administración pública, incluida la
administración de justicia, es que a pesar de la reiterada jurisprudencia que valida,

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-02380-

01 (2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
47
Ibidem.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19

de enero de 2017, rad. núm. 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015).
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tratándose de la normativa especial para los docentes, las vinculaciones a través de
contratos de prestación de servicios para efectos pensionales, la entidad demandada
sigan negando los derechos de aquellos, forzándolos a recurrir a los jueces para su
protección.

88. Así las cosas, se tiene que: (i) el señor Luis Bernardo Duque Muñoz ingresó al
servicio docente desde el 6 de marzo de 1989; (ii) demostró una vinculación con
anterioridad al 27 de junio de 2003; y (iii) los periodos laborados en los que estuvo
vinculado mediante OPS se pueden tener en cuenta para efectos pensionales. En
consecuencia, es beneficiario del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, y por
esa vía, le resulta aplicable la Ley 91 de 1989 para el análisis de su situación pensional.

89. Por consiguiente, la respuesta al primer problema jurídico es positiva y a
continuación, la Sala procede a analizar la situación pensional del accionante de
conformidad con el régimen anterior. De encontrar acreditados los requisitos para la
prestación reclamada, dispondrá, en la parte resolutiva de la sentencia, además de su
reconocimiento, que se adelanten los trámites correspondientes para el recaudo de los
aportes que eventualmente se dejaron de efectuar.

3.5.2. De la norma aplicable para reconocer el derecho pensional

90. Conforme se destacó en el acápite de antecedentes, en primera instancia se
consideró que el demandante tenía derecho a la pensión de conformidad con la Ley
33 de 1985; de esa forma, se estimó que el señor Duque Muñoz cumplió 55 años de
edad y más de 20 de servicios públicos.

91. Sobre el particular, se advierte que el Tribunal Administrativo de Caldas calificó
como públicas la totalidad de las vinculaciones laborales del demandante durante su
relación laboral, incluyendo aquellas en virtud de las cuales se realizaron cotizaciones
al ISS, hoy COLPENSIONES, durante los años 1996 a 2000. Sin embargo, como se
destacó en el capítulo de hechos probados, durante ese periodo se evidencia aportes
al Sistema de Seguridad Social en virtud de la relación laboral que el peticionario
sostuvo con fundaciones, de las cuales en manera alguna se evidencia su naturaleza
pública, ni algún otro elemento para considerar que a partir de estas se prestó un
servicio de la misma naturaleza.

92. En ese orden de ideas, no resultaba correcto computar las 126,86 semanas de
cotización al ISS, que equivalen a 2 años, 5 meses y 18 días, como tiempo de servicio
público para efectos de adquirir la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985. Por
lo tanto, si lo que se pretendía era tener en cuenta el anterior periodo, lo pertinente era
analizar la situación pensional del accionante de conformidad con la Ley 71 de 1988,
que permite computar los aportes efectuados en los sectores públicos y privados49.

93. Bajo ese entendido, se indica que el señor Duque Muñoz, por el hecho de
haberse vinculado como docente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, podría obtener

49 Sobre el particular puede consultarse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2025, Rad. 15001-23-33-000-2021-00111-01 (5646-2022), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.

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su derecho pensional a la luz de las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, por lo que estima
la Sala necesario precisar cuál le sería más favorable, para lo cual, a manera de
síntesis, en el siguiente cuadro comparativo se destacan los aspectos más relevantes
de uno y otro, a fin de analizar su aplicación en el caso concreto:

Requisitos Ley 33 de 1985 —artículo 1— Ley 71 de 1988 —artículo 7—
Edad Mujeres: 55 años Mujeres: 55 años
Hombres: 55 años Hombres: 60 años
Aportes 20 años de servicio al sector público 20 años de aportes acumulados
en cualquier tiempo entre
entidades de previsión social del
sector público y el ISS (hoy
Colpensiones).
Tasa de 75% 75%
remplazo
Ingreso base El periodo del último año de servicio El promedio de los factores
de cotización docente y los factores que hayan salariales, sobre los que se
servido de base para calcular los hubiesen efectuado aportes
aportes, previstos en la Ley 62 de durante el último año de
1985 y demás normas especiales, servicios, dispuestos en el
que hayan servido como base de artículo 6 del Decreto 2709 de
cotizaciones a seguridad social en 1994; así como la Ley 62 de
pensión. 1985 y demás normas
especiales, que hayan servido
de base de cotizaciones a
seguridad social en pensión.

94. Entre las diferencias más significativas, para el presente asunto se destaca que
con la Ley 33 de 1985 el demandante cumpliría más rápidamente el requisito de la
edad (55 años), en comparación con la Ley 71 (60 años); sin embargo, como con esta
pueden sumarse cotizaciones de carácter público y privado, es posible que de manera
más temprana se alcancen los 20 años de aportes exigidos.

95. Dicho esto, al aplicar la Ley 33 de 1985, se tiene que el accionante adquiere el
estatus pensional el 25 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) Como el señor Duque Muñoz nació el nació el 15 de noviembre de 1958,
cumplió 55 años el 15 de noviembre de 2013.

(ii) Se evidencian 26 años, 4 meses y 29 días de servicio público así:

Entidad Fechas Tiempo
Entre el 6 de marzo de 1989 y
Municipio de Samaná contratos el 10 de febrero de 1993 (con
2 años, 11 meses y 10 días
de prestación de servicios las interrupciones entre los
contratos)
Entre el 29 de enero de 2001 y
Secretaría de Educación del el 30 de noviembre de 2003
2 años, 6 meses y 3 días
Departamento de Caldas (con las interrupciones entre
los contratos)
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Demandado: FOMAG

contratos de prestación de
servicios – declaratoria de
relación laboral encubierta
Secretaría de Educación de Entre el 9 de marzo de 2004 al
19 años, 9 meses y 22 días
Caldas 30 de diciembre de 2023
Secretaría de Educación de Del 12 de abril de 2024 al 5 de
1 año, 1 mes y 24 días
Caldas junio de 2025
TOTAL 26 años, 4 meses y 29 días

(iii) Teniendo en cuenta los anteriores tiempos de servicios, los 20 años de estos
se habrían cumplido el 25 de septiembre de 2018, como se ilustra a
continuación:

Entidad Fechas Tiempo
Entre el 6 de marzo de 1989 al
Municipio de Samaná contratos 10 de febrero de 1993 (con las
2 años, 11 meses y 10 días
de prestación de servicios interrupciones entre los
contratos)
Secretaría de Educación del
Entre el 29 de enero de 2001 y
Departamento de Caldas
el 30 de noviembre de 2003
contratos de prestación de 2 años, 6 meses y 3 días
(con las interrupciones entre
servicios – declaratoria de
los contratos)
relación laboral encubierta
Secretaría de Educación de Entre el 9 de marzo de 2004 al
14 años, 6 meses y 17 días
Caldas 25 de septiembre de 2018
TOTAL 20 años

(iv) Para el 25 de septiembre de 2018, cuando cumplió los 20 años de servicios
en el sector público, el demandante tenía más 55 años de edad, de manera
tal que a luz de la Ley 33 de 1985, se adquirió el estatus pensional en la
anterior data.

96. Al realizar el mismo ejercicio a la luz de la Ley 71 de 1988 y, por ende, sumando
los de tiempos de vinculaciones públicas y privadas, en los que debieron efectuarse
las cotizaciones respectivas, se tiene que el demandante adquirió el estatus pensional
el 15 de noviembre de 2018, por las siguientes razones:

(i) Como el señor Duque Muñoz nació el nació el 15 de noviembre de 1958,
cumplió 60 años que exige la Ley 71 para pensionarse el 15 de noviembre
de 2018.

(ii) Se evidencian 28 años, 10 meses y 17 días de servicio en los que debieron
efectuarse las cotizaciones pertinentes, así:

Entidad Fechas Tiempo
Entre el 6 de marzo de 1989 al
Municipio de Samaná contratos 10 de febrero de 1993 (con las
2 años, 11 meses y 10 días
de prestación de servicios interrupciones entre los
contratos)
«FUNDECO» y «FUNDACIÓN 126,86 semanas de
Aportes entre los años 1996 y
PARA EL DESARROLLO cotización, que equivalen a
2000
COMUNI» (sic) – Aportes ISS 2 años, 5 meses y 18 días
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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00036-01 (2389-2024)
Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

Secretaría de Educación del
Entre el 29 de enero de 2001 y
Departamento de Caldas
el 30 de noviembre de 2003
contratos de prestación de 2 años, 6 meses y 3 días
(con las interrupciones entre
servicios – declaratoria de
los contratos)
relación laboral encubierta
Secretaría de Educación de Entre el 9 de marzo de 2004 al
19 años, 9 meses y 22 días
Caldas 30 de diciembre de 2023
Secretaría de Educación de Del 12 de abril de 2024 al 5 de
1 año, 1 mes y 24 días
Caldas junio de 2025
28 años, 10 meses y 17
TOTAL
días

(iii) Teniendo en cuenta los anteriores tiempos de servicios, los 20 años de
aportes se habían cumplido el 7 de abril de 2016, como se ilustra a
continuación:

Entidad Fechas Tiempo
Entre el 6 de marzo de 1989 al
Municipio de Samaná contratos 10 de febrero de 1993 (con las 2 años, 11 meses y 10
de prestación de servicios interrupciones entre los días
contratos)
«FUNDECO» y «FUNDACIÓN 126,86 semanas de
Aportes entre los años 1996 y
PARA EL DESARROLLO cotización, que equivalen a
2000
COMUNI» (sic) – Aportes ISS 2 años, 5 meses y 18 días
Secretaría de Educación del
Entre el 29 de enero de 2001 y
Departamento de Caldas
el 30 de noviembre de 2003
contratos de prestación de 2 años, 6 meses y 3 días
(con las interrupciones entre
servicios – declaratoria de
los contratos)
relación laboral encubierta
Secretaría de Educación de Entre el 9 de marzo de 2004 al
12 años y 29 días
Caldas 7 de abril de 2016
TOTAL 20 años

(iv) Para el 7 de abril de 2016, cuando cumplió los 20 años de servicios en los
que debieron efectuarse cotizaciones a los sectores público y privados, el
demandante aún no tenía 60 años de edad, pues los cumplió el 15 de
noviembre de 2018, de manera tal que a luz de la Ley 71 de 1988, adquiriría
el estatus pensional en la anterior data.

97. De las consideraciones que anteceden, se evidencia que le resulta más
favorable al accionante la aplicación de la Ley 33 de 1985, porque le permite
pensionarse con anticipación —25 de septiembre de 2018— en contraste con la Ley
77 de 1988 —se pensionaría el 15 de noviembre de 2018—, lo que representa una
ventaja teniendo en cuenta la compatibilidad entre la pensión y el salario docente, que
fue reconocida por el juez de primera instancia y no controvertida en el recurso de
apelación. Lo anterior teniendo en cuenta adicionalmente, que en lo atinente a la tasa
de reemplazo y el IBL entre las anteriores normas no existe diferencia.

98. En ese orden de ideas, se estima que el actor debe pensionarse en aplicación
de la Ley 33 de 1985, como lo dijo el Tribunal, pero precisando respecto de lo dicho
por este, que los requisitos se cumplieron el 25 de septiembre de 2018, no el 1 de junio

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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

de 2017, fecha que fue producto de sumar incorrectamente el tiempo de servicio en el
sector público, como se explicó.

99. Sobre el particular, se aclara que el reconocimiento pensional a partir del 25 de
septiembre de 2018 y no desde el 1 de junio de 2017 (como indicó el Tribunal),
teniendo en cuenta la compatibilidad entre esta prestación y el salario docente, resulta
más beneficioso para la entidad recurrente, pues debe pagar un número menor de
mesadas adeudadas, de manera tal que no se afecta su condición de apelante único.

100. Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia, pero realizando
la precisión correspondiente sobre la fecha de configuración del estatus pensional, que
valga la pena destacar, es necesario determinar a efectos de establecer si operó o no
el fenómeno de la prescripción, que constituye otro de los asuntos objeto del recurso
de apelación, motivo por el cual se itera la pertinencia de la debida comprobación de
los requisitos para pensionarse en el caso de autos, conforme acaba de exponerse.

101. Sobre el punto, la Sala destaca que como entre la adquisición del estatus
pensional —25 de septiembre de 2018— y la petición de reconocimiento —23 de
noviembre de 2019— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción
se interrumpió por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
reglamentado en el Decreto 1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el
fenómeno prescriptivo de mesada alguna.

102. Ahora bien, las precisiones hasta aquí efectuadas conllevan a que deban
modificarse los términos en que se concedió la pensión, para que se tenga como fecha
del estatus el 25 de septiembre de 2018, por lo que el segundo inciso de la sentencia
impugnada quedará así:

En consecuencia, CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN -
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer
y pagar al señor DUQUE MUÑOZ una pensión de jubilación efectiva a partir del 25 de
septiembre de 2018 con base en el 75% del promedio de los factores salariales sobre
los que debieron hacerse los respectivos aportes y devengados durante el año anterior
a la adquisición del estatus pensional, que se encuentran enlistados en la Ley 62 de
1985, es decir, la asignación básica y la bonificación mensual, sin que para devengarla
sea necesario su retiro del servicio docente. (Se subraya el cambio).

103. En este punto se advierte que, si bien se ordenó el reconocimiento y pago de
la prestación reclamada, en compatibilidad con el salario devengado por el servicio
docente, se omitió precisar que las mesadas adeudadas deben cancelarse aplicando
los correctivos pertinentes para contrarrestar la afectación que sufrieron en su poder
adquisitivo por el paso del tiempo.

104. Precisamente, a efectos de hacerle frente a la anterior situación, el artículo 187
del CPACA, a propósito de los aspectos debe contener la sentencia, en su inciso 4
señala de manera inequívoca que «[l]as condenas al pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al
Consumidor».

105. En ese orden de ideas, si en primera instancia se reconoció que la pensión
reclamada debió reconocerse desde la adquisición del estatus pensional, lo que

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Demandado: FOMAG

ocurrió hace más de 6 años, se torna imperativo traer a valor presente el valor de las
mesadas pensionales que debieron pagarse, so pena de desconocer el fenómeno de
la pérdida adquisitiva del dinero por el paso del tiempo.

106. En este orden, también se ordenará el ajuste de las sumas reconocidas. Lo
anterior, en los siguientes términos:

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de
la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

107. Es importante destacar que la garantía de la actualización de la condena,
establecida por la ley, impone una obligación a los responsables de su pago, la cual
debe cumplirse, inclusive, sin que sea indispensable la existencia de una orden judicial.
En consecuencia, con la adición realizada a la sentencia de primera instancia no se
está agravando la situación del apelante único, sino que se están precisando los
términos de la obligación que debe cumplir, luego de que se determinara, de manera
acertada, que desde la adquisición del estatus pensional por parte del señor Luis
Bernardo Duque Muñoz se debió reconocer y pagar la pensión en compatibilidad con
el salario, y que, al no haberlo hecho, corresponde ahora cumplir con ese deber,
aplicando los correctivos pertinentes que contrarresten los efectos de la devaluación
del dinero por el paso del tiempo, especialmente cuando el retraso en el
reconocimiento y pago oportuno de la mesada le es imputable.

108. Por último, en concordancia con lo señalado en el numeral 3.5.1. de esta
providencia, en el evento de que no se hayan efectuado los aportes al Sistema
Pensional que debió hacer el empleador y empleado en el porcentaje correspondiente,
como lo ordena la ley50, las entidades de previsión deben adelantar las gestiones
necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que son necesarios para la
financiación de la prestación y la sostenibilidad del Sistema.

109. En tal sentido, corresponde a la parte demandada recaudar las cotizaciones que
no se efectuaron en favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a
través de órdenes de prestación de servicios. De igual forma, el accionante, en caso
de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante sus
vinculaciones. También, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades
de previsión social o fondos de pensiones en los que el señor Luis Bernardo Duque

50 Ley 33 de 1985. Artículo 2. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a

repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo
que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos
deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado
por ellos.
Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las
compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas, por
concepto de aportes del Presupuesto Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial,
comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se efectuará con cargo a las
correspondientes transferencias de impuestos nacionales.
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Demandado: FOMAG

Muñoz realizó cotizaciones. En tal sentido, se modificará la sentencia de primera
instancia.

110. Sobre el particular, se aclara que los aportes correspondientes a los periodos
laborados a través de órdenes de prestaciones de servicios deben calcularse teniendo
en cuenta los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios,
toda vez que en el presente asunto no es posible definir la existencia del cargo de
docente en la planta de personal, en los términos señalados en la sentencia de
unificación dictada por el Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 51, comoquiera
que los maestros oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente
que implica remuneraciones diferenciadas de acuerdo con el grado en el que están,
según lo prevé el Decreto 2277 de 197952.

3.5.3. De la condena en costas en primera instancia

111. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Caldas decidió condenar
en costas a la parte accionada, de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

112. Inconforme con la decisión, el FOMAG solicitó que se revocara la condena en
costas, al considerar que no se comprobó su causación ni que haya obrado de mal fe
durante la actuación.

113. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo
en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó contra la
parte vencida en juicio, dada la prosperidad de las pretensiones de la demanda; lo cual
se infiere tras haber invocado el artículo 188 del CPACA, sin haber efectuado valoración
alguna. Asimismo, se observa que, si bien el criterio elegido fue el objetivo, el a quo
omitió valorar la causación de las costas en el proceso, en la medida de su
comprobación.

114. Pero más relevante que lo anterior, se recuerda que según se explicó en el
marco normativo y jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha
acogido de forma mayoritaria el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal
razón, se estima que, para decretar la referida condena en primera instancia, el
Tribunal debió analizar la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si
actuó de forma temeraria o de mala fe.

115. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandada hubiese obrado
de mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que el FOMAG
actuó en ejercicio de su derecho de defensa y de contradicción, sin realizar acciones
dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016, Rad. 23001-23-33-p000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
52 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente». Artículo 36. Derechos de los

educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…).
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116. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocarán los incisos tercero y
cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en primera
instancia.

3.6. Conclusión de la decisión

117. Se concluye que como el accionante se vinculó a la docencia a través de OPS,
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le son aplicables los
regímenes pensionales previstos en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. En tal sentido,
y por virtud del principio de favorabilidad, comoquiera que se acreditó que adquirió el
estatus pensional primero de conformidad con la Ley 33 de 1985, tiene derecho a que
se le reconozca y pague la pensión de jubilación pretendida.

118. Por ende, se debe confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia,
pero se modificará el inciso segundo de la parte resolutiva, para que, a título de
restablecimiento del derecho, se reconozca y pague a favor del demandante la pensión
prevista en la Ley 33 de 1985, desde el 25 de septiembre de 2018, con el debido
reajuste de la condena, de conformidad con el artículo 187 del CPACA. Además, se
dispondrá el recaudo de las cotizaciones no realizadas mientras el accionante laboró
a través de órdenes de prestación de servicios.

119. A su vez, se revocará el inciso tercero de la sentencia impugnada concerniente
a la condena en costas impuesta.

4. Costas

120. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 4 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: MODIFICAR el inciso segundo de la parte resolutiva de la anterior
providencia, que quedará así:

«CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer y pagar al señor LUIS
BERNARDO DUQUE MUÑOZ una pensión de jubilación efectiva a partir del 25 de

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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

septiembre de 2018, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con base en el 75% del
promedio de los factores salariales sobre los que debieron hacerse los respectivos
aportes y devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, que
se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, es decir, la asignación básica y la
bonificación mensual, sin que para devengarla sea necesario su retiro del servicio
docente.

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación de
la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO podrá recaudar las cotizaciones en
favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes de
prestación de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante, en caso
de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante su vinculación
a través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo podrá reclamar la
cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que
el peticionario realizó cotizaciones.
Los aportes correspondientes a los periodos referidos deben calcularse teniendo en
cuenta los honorarios pactados en los distintos contratos de prestación de servicios, con
fundamento en la parte motiva de esta sentencia».

TERCERO: REVOCAR los incisos tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, por medio del cual se condenó en costas a la entidad accionada,
de conformidad con las razones expuestas en precedencia. En su lugar, NEGAR la
condena en costas impuesta en primera instancia.

CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia.

QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

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Demandante: Luis Bernardo Duque Muñoz
Demandado: FOMAG

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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