Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00988-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00988-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-00988-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00988-02 (2526-2015)
Demandante: Gladys Virginia Guevara Puentes
Demandado: Nación — Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura —
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Temas: Bonificación por compensación. Incidencia prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Análisis de la
prescripción antes y después de la entrada en vigencia del
Decreto 4040 de 2004. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el primero (1.°) de agosto de dos mil trece (2013) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Gladys Virginia Guevara Puentes instauró demanda2 en contra de la
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura — Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a
las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 2196 del 26 de marzo de 2010 por
medio de la cual la entidad negó la bonificación por compensación; como
restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar, de manera
indexada y con intereses moratorios, la diferencia en su remuneración,
1 En auto del 9 de abril de 2026, se declaró infundado el impedimento presentado por el Doctor Luis Eduardo
Mesa Nieves en este proceso, por la presunta configuración de pleito pendiente con la entidad demandada; en
consecuencia, integra la Sala que resuelve la presente controversia.
2 Folios 76 a 111.
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equivalente al 80% de todo lo percibido por los magistrados de altas cortes,
desde el 1.° de enero de 2001 hasta que se profiera el fallo, teniendo en cuenta
la jurisprudencia en la que se ordena liquidar la diferencia salarial entre
congresistas y magistrados de alta corte.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que se desempeña como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
desde el 29 de mayo del 2000 al menos hasta la presentación de la demanda.
Que solicitó a la entidad el pago de las diferencias dejadas de percibir, petición
que fue negada mediante el acto acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 1, 13, 25, 53 y 121 de la Constitución Política; 2
y 14 de la Ley 4.ta de 1992, 14 del Código Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA, y
152 de la Ley 270 de 1996.
5. Que el acto demandado carece de sustento legal y constitucional, pues se
fundamenta en el Decreto 4040 de 2004, que no tiene validez jurídica y
desconoce el Decreto 610 de 1998, norma aplicable al caso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 23 de noviembre de 20113. La entidad manifestó4
que sus actuaciones estuvieron soportadas en normas sustantivas y procesales,
y afirmó que paga los salarios de los funcionarios de la Rama Judicial conforme
a las disposiciones constitucionales y legales. Propuso como excepciones las
que denominó: (i) prescripción trienal de los derechos laborales, y (ii) las
excepciones que de conformidad con el artículo 164 inciso 2 resultaren
probadas.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 1.° de
agosto de 2013 accedió parcialmente a las pretensiones. Expuso que la actora
es beneficiaria del Decreto 610 de 1998 y ordenó reconocer su derecho a percibir
una remuneración equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de
altas cortes, desde el 5 de marzo de 2007 y mientras conserve esa calidad.
3 Folios 135 a 136.
4 Folios 138 a 141.
5 Folios 250 a 263.
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Declaró probada la prescripción respecto de las sumas causadas con
anterioridad a esa fecha, en atención a que la solicitud administrativa se presentó
el 5 de marzo de 2010. En consecuencia, dispuso pagar el equivalente al 10 %
mensual desde el 5 de marzo de 2007 hasta la ejecutoria de la sentencia.
RECURSO DE APELACIÓN
8. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación por considerar que no
reclamó por primera vez su derecho el 5 de marzo de 2010, pues la misma
entidad reconoció en el acto acusado que se le canceló la bonificación por
gestión judicial en virtud del desistimiento de la demanda presentado, lo que
demuestra que en efecto ejerció sus derechos, pero el Gobierno nacional la
presionó para renunciar a estos. Manifestó que el Estado le impidió ejercer sus
derechos mediante la suscripción de un contrato de transacción que la obligaba
a desistir del proceso iniciado con anterioridad para obtener el reconocimiento
de la bonificación por compensación.
9. Que, en todo caso, para que opere la prescripción es necesario que exista el
derecho y la certeza sobre este, circunstancia que solo surgió a partir de la
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
10. A su vez, sostuvo que el tribunal de origen no analizó la equiparación de los
ingresos de los magistrados de altas cortes con los de los congresistas, prevista
en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 y el Decreto 10 de 1993. Afirmó que existe
una diferencia entre las cesantías pagadas a dichos funcionarios, la cual debe
reconocérsele a los mencionados magistrados mediante el rubro de prima
especial de servicios, y en consecuencia conceder el derecho a la bonificación
por compensación una vez nivelados dichos ingresos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
11. El 8 de octubre de 20157 se admitió el recurso de apelación. La demandante
reiteró8 los argumentos de la demanda y la apelación; la demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
12. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
6 Folios 266 a 276.
7 Folios 308 a 309.
8 Folios 312 a 316.
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impedimento o recusación, como ocurre en este caso9; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
13. La Sala debe determinar, primero, la incidencia de la prima especial de servicios
de los magistrados de altas cortes en el reconocimiento de la bonificación por
compensación, y luego si opera la prescripción del reajuste.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
14. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
cargos equivalentes frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
15. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto10, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.
16. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200111, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
17. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
9 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de
la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
10 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
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beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
18. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
19. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201112, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
20. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
21. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
22. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 13, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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23. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
24. El objeto de discusión en el presente caso se circunscribe a la forma de
liquidación del derecho y a la prescripción parcial.
25. Respecto a la base de liquidación, se precisa que, el Consejo de Estado14 ha
determinado que la bonificación por compensación se fija como un porcentaje
de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, razón por
la cual su cuantía depende también de la base utilizada para el cálculo de la
prima especial de servicios reconocida a estos funcionarios. Esta prima, a su
vez, se liquida con fundamento en la equiparación de la totalidad de los
emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales las cesantías
han sido reconocidas15 como ingresos laborales anuales de carácter
permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.
26. Por lo expuesto, se modificarán los ordinales cuarto y quinto del fallo apelado,
para incluir en la orden dada la precisión realizada respecto a la liquidación del
emolumento.
27. En cuanto a la prescripción, debe acudirse a la constancia del 5 de febrero de
201016, en la que se observa que la demandante laboró como directora de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla17, desde el 29 de mayo de 2000 y que al
menos hasta la fecha del certificado, continuaba desempeñando el cargo.
28. En consideración a la fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en vigencia
del Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa
que afectara la exigibilidad del derecho, como regla general operaría la
prescripción respecto del lapso laborado antes de la expedición de la mentada
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -
23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
16 Folio 27.
17 El cargo de directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla es equivalente al de magistrado auxiliar,
pues según los acuerdos 273 y 250 de 1998 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el
cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es equivalente al de magistrado
auxiliar, y según el Acuerdo 800 de 2000 de la misma entidad, la Escuela Judicial “R.L.B.”, es una unidad
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adscrita a la Sala Administrativa.
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norma, pues así lo ha reconocido esta corporación, al señalar que la misma
procede para los periodos causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
29. No obstante, la jurisprudencia18 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el
particular determinó:
«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de
2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por
lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una
de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»
30. A partir de ese entendimiento, esta Subsección19 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
31. Sin embargo, en recientes decisiones20 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los
que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»
32. A partir de lo expuesto, en el caso concreto de la actora no obra en el expediente
copia de contrato de transacción relacionado con las reclamaciones del derecho
consagrado en el Decreto 610 de 1998, ni del desistimiento de demanda
instaurada por la demandada en la que se pretendiera la referida bonificación.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42
000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-
25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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33. Ahora, aunque en el acto acusado la entidad afirma que, en virtud de la renuncia
a una acción judicial promovida por la actora, se efectuó el pago de la
bonificación por gestión judicial, tal manifestación no constituye, por sí sola, un
medio de convicción idóneo para tener por acreditado el desistimiento.
34. En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
afirma la existencia de una ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas,
el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria 21
suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que
fundamentan el derecho reclamado a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 177 del CPC22 .
35. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos que permiten la
interrupción del término respecto del derecho causado con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004; por tal razón, procede declarar su
prescripción parcial, esto es, por el tiempo laborado antes del 3 de diciembre de
2004. Por tanto, se modificará el ordinal tercero de la sentencia apelada para
declarar probada la excepción, pero desde la fecha mencionada.
36. Ahora, el reconocimiento del reajuste solicitado por la actora debe efectuarse a
partir del 3 de diciembre de 2004, pues como se expuso previamente, esta
corporación, en sentencia del 18 de mayo de 2016, definió el cómputo de la
prescripción en los siguientes términos:
«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es
que ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible
hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que
reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del
Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es
decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el
aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.
En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 40403, es decir el 28 de enero de 2012.
(…) Ahora bien; Sobre el tema de la prescripción, la Sala de Conjueces ha
resuelto en casos análogos, que el término de prescripción se cuenta desde que
el derecho se hace exigible, que para el caso específico se reputa sólo hasta la
21 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
22 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
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fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012.»
37. En atención a que la demandante presentó la reclamación administrativa el 5 de
marzo de 2010 y a que el cómputo del término prescriptivo se cuenta a partir del
28 de enero de 2012, se concluye que no operó el fenómeno respecto del tiempo
laborado a partir del 3 de diciembre de 2004, por tanto, se modificarán los
ordinales tercero y cuarto de la sentencia apelada en lo relativo a la fecha desde
la cual debe reconocerse el derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
38. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe
de las partes, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA, vigente para este
proceso, que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará
de la siguiente forma:
«[…] TERCERO.- Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción a
partir del 2 de diciembre de 2004 hacia atrás, conforme a la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará de
la siguiente forma:
«[…] CUARTO.- Condénese a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL- CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACION JUDICIAL a reconocer y pagar, a la demandante GLADYS
VIRGINIA GUEVARA PUENTES, identificada con cédula de ciudadanía número
39.681.351 de Usaquén, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por
ciento (80 %) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un
magistrado de alta corte, en concordancia con los ingresos percibidos por los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios
como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, desde el 3 de diciembre de 2004 y mientras
conserve su calidad de beneficiaria del Decreto 610 de 1998, con los
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Radicado: 25000-23-25-000-2010-00988-02 (2526-2015)
correspondientes reajustes de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva
de esta sentencia.»
Cuarto. MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia apelada, el cual quedará de
la siguiente forma:
«[…] QUINTO.- En consecuencia condénese a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL-
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACION JUDICIAL, a reconocer y pagar, a la accionante el equivalente
al diez por ciento (10 %) mensual de lo que por todo concepto devengan los
magistrados de altas cortes, en concordancia con los ingresos percibidos por los
congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías que reciben dichos funcionarios
como factor para la liquidación de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, desde el 3 de diciembre de 2004 y en adelante a
la fecha de ejecutoria de esta sentencia, con los correspondientes reajustes de
conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de ésta, debiendo recibir a
parte de esa fecha el 80 % reconocido en el ordinal anterior.»
Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el primero (1.°) de agosto
de dos mil trece (2013) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Sexto. Abstenerse de condenar en costas en esta instancia según lo manifestado
en esta sentencia.
Séptimo. Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina,
portador de la tarjeta profesional 418.011, en calidad de apoderado de la Nación -
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme al
memorial visible en el índice 65 de la plataforma SAMAI.
Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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