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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00356-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00356-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, NEGAR las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2019-00356-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00356-01 (1612-2024)
Demandante: Miriam Prado Carrascal
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto
popular. Nulidad del acto administrativo. Violación al debido
proceso y falsa motivación. REVOCA DECISIÓN. Sentencia de
segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-
03-15-000-2024-04153-00 y acumulados1, procede la Sala a dictar sentencia de
reemplazo.

ANTECEDENTES

La señora Miriam Prado Carrascal instauró demanda en contra de la Procuraduría
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 28 de marzo de 2019 por la Procuraduría Provincial de
Ocaña y el 30 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional de Norte de
Santander, mediante las cuales fue sancionada con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años.

Que, como consecuencia, se ordene eliminar el reporte de la sanción del respectivo
portal disciplinario de la Procuraduría General de la Nación; la expedición de un
nuevo fallo acorde con las pruebas recaudadas; y que se disponga el pago de los

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.

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salarios dejados de percibir desde el momento en que se hizo efectiva la decisión
hasta el 31 de diciembre de 2019 y el pago de perjuicios morales.

Que sean indexadas las sumas a las que se condene.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que fue elegida alcaldesa del municipio de Ocaña (Norte de Santander) para el
periodo 2016-2019, posesionándose en el cargo el 1 de enero de 2016.

Que el 7 de enero de 2016 se celebró un contrato de prestación de servicios de
apoyo a la gestión a través de la modalidad de contratación directa, para el área
operativa del tránsito del municipio, pues se requería el servicio de grúa para la
inmovilización de los vehículos.

Que, con ocasión de la celebración de dicho contrato, la Contraloría Departamental
de Norte de Santander corrió traslado a la Procuraduría Provincial de Ocaña de un
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y, con fundamento en ello, mediante
auto del 13 de julio de 2017 se abrió una investigación disciplinaria.

Que mediante auto del 15 de noviembre de 2018 se formuló el cargo consistente en
suscribir «(…) el contrato de apoyo a la gestión para el área operativa de tránsito en
la prestación del servicio de grúa, al parecer desconociendo los principios de
transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación que orientan la
contratación estatal, así como los principios del debido proceso, igualdad, moralidad
e imparcialidad que orientan la función administrativa (…)», calificando la falta como
gravísima con fundamento en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y
determinando como dolosa la forma de culpabilidad.

Que mediante Resolución Nro. 08 del 28 de marzo de 2019 fue sancionada en
primera instancia con destitución e inhabilidad general por el término de once (11)
años.

Que, presentado el recurso de apelación, en Resolución Nro. 0012 del 30 de mayo
de 2019 se modificó la sanción impuesta, manteniendo la destitución y fijando el
término de la inhabilidad general en diez (10) años, pues se varió la calificación de
la forma de culpabilidad, indicando que la falta disciplinaria se ejecutó a título de
culpa gravísima.

Que, presentada y resuelta una solicitud de adición a la decisión de segunda
instancia, mediante Decreto Nro. 000888 del 4 de julio de 2019 el Gobernador de
Norte de Santander ejecutó la sanción disciplinaria.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 13, 29 y 40; Ley 734 de 2002: artículo 13; Ley 1437
de 2011: artículo 137.

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Que los actos demandados incurrieron en violación del debido proceso por
desconocimiento de las formas propias de cada juicio, porque no estudiaron los
argumentos planteados como nulidad, máxime teniendo en cuenta que la autoridad
de segunda instancia se encontraba facultada para realizar el análisis de manera
oficiosa y aun cuando se insistió en que no se determinó quién tenía los deberes
funcionales dentro del procedimiento contractual que dio lugar al trámite
sancionatorio.

Que se incurrió en nulidad por falsa motivación, derivada de la infracción de las
normas en que debían fundarse los actos administrativos, porque la demandada
omitió su obligación de realizar un análisis detallado del grado de culpabilidad, en la
medida en que en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva.

Que, en consecuencia, su conducta no se encuentra provista de ilicitud sustancial,
en la medida en que no se estableció si tenía la intención de infringir la ley o de
omitir comportamiento alguno y que, si se hubiese analizado su condición de
administradora de empresas, la conclusión no podría haber sido otra que la culpa
leve o, inclusive, dar por acreditada la causal de exclusión de responsabilidad
disciplinaria consistente en actuar con la convicción errada e invencible de no estar
incurriendo en un comportamiento sancionable.

Que la interpretación preliminar del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
permitía deducir que el contrato objeto del procedimiento sancionatorio se podía
celebrar en la modalidad de contratación directa y fue justamente esa valoración,
de quien no es abogada, lo que tendría que llevar a un grado de culpabilidad
diferente.

Que de haberse estudiado de forma adecuada la ilicitud sustancial, se encontraría
acreditado que su conducta se encontraba amparada por sus deberes funcionales,
porque con el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión se garantizó
un servicio requerido por el municipio y que, por el contrario, la autoridad
disciplinaria señaló la incursión en conductas derivadas del solo hecho de haber
suscrito unos estudios previos o un contrato, sin que a continuación se indicara con
claridad el deber funcional que le imponía actuar como lo exigió el órgano
disciplinario.

Que la segunda instancia disciplinaria señaló que no existían pruebas que
demostraran con certeza que su actuación fue dolosa; pero, a continuación, indicó
que se variaría el grado de culpabilidad por culpa gravísima por violación manifiesta
de reglas de obligatorio cumplimiento, sin exponer motivos adicionales,
desconociendo que tal calificación le imponía el deber de determinar que su
comportamiento no se acomodó a lo que resultaba obvio, común o imprescindible
hacer y que, por ello, la decisión no está suficientemente motivada.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 2 de febrero de 20212 y notificada a la entidad
demandada, quien se opuso a las pretensiones, señalando que las decisiones

2 Véase archivo 004 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI

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disciplinarias se expidieron por funcionario competente y agotando la totalidad de
las etapas previstas por la Ley 734 de 2002, respetando el debido proceso y sin
incurrir en desviación de poder.

Que la demandante no expuso los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios que
configuran las causales de nulidad invocadas y que únicamente se limitó a señalar
que la autoridad disciplinaria no estudió los argumentos planteados como nulidad
en el procedimiento sancionatorio, cosa que no es cierta, pues la solicitud que sobre
ello elevó fue resuelta por auto del 12 de diciembre de 2018.

Que en las decisiones disciplinarias sí se analizó la forma de culpabilidad en la
actuación de la demandante, inclusive, en segunda instancia, se realizó una
variación de su calificación, teniendo en cuenta que, en efecto, en la resolución
apelada no se probó una actuación dolosa, pero sí se advertía la violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, lo que daba lugar a la culpa
gravísima.

Que en el procedimiento sancionatorio se estudió en debida forma la ilicitud
sustancial y que el reparo sobre este punto fue resuelto en la segunda instancia
disciplinaria, encontrando que lo ilícito del comportamiento investigado se
concretaba en la celebración del contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión acudiendo a una modalidad de selección inadecuada, desconociendo con
ello los principios de transparencia y selección objetiva; lo que implicó un análisis
del deber funcional de adelantar en debida forma el procedimiento de selección y la
consecuente vulneración de los citados principios.

Por auto del 11 de agosto de 20213 se adecuó el proceso al trámite de sentencia
anticipada, con fundamento en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio y se tuvieron como pruebas
los documentos aportados. Luego, en auto del 15 de septiembre de 20214 se corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y, tras su presentación5,
se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del
veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las
pretensiones y, en ese sentido, declaró la nulidad de los actos acusados, ordenó la
eliminación de los antecedentes anotados en las bases de datos de la Procuraduría
General de la Nación y el pago indexado del valor calculado por concepto del salario
dejado de devengar desde el 5 de julio de 2019 -día siguiente a la ejecución de la
sanción- hasta el 31 de diciembre de 2019 -fecha de culminación del periodo de
alcaldesa-, advirtiendo que de dicha suma se debía descontar lo que la demandante
hubiera percibido del sector público en ese mismo lapso.

Como fundamento de la decisión analizó, en primer lugar, el marco normativo y
jurisprudencial respecto del control judicial de los actos administrativos que imponen

3 Véase archivo 008 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo 011 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véanse archivos 013 y 014 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.

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sanciones disciplinarias y, en segundo lugar, abordó el estudio del caso concreto
con fundamento en los estándares interamericanos sobre la restricción de los
derechos políticos y el precedente vertical y horizontal respecto de la competencia
de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias a los
servidores públicos de elección popular.

Que, pese a que en la jurisprudencia del Consejo de Estado aún no existe una
posición unificada sobre este punto, en distintos pronunciamientos se ha aplicado
el control de convencionalidad cuando se someten al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho actos administrativos proferidos por la Procuraduría
General de la Nación, que imponen sanciones a servidores públicos de elección
popular.

Que cuando se expidieron los actos acusados, se encontraba vigente el estándar
interamericano derivado de la sentencia López Mendoza Vs Venezuela y que,
aplicándolo al caso concreto, la sanción impuesta a la demandante no contó con la
garantía de haberse proferido por un juez competente, bajo las reglas del debido
proceso, pues lo cierto es que la Ley 734 de 2002, norma que se aplicó en lo
procesal y lo sustancial a su caso, resultaba incompatible con el artículo 23.2 de la
Convención Americana, lo que, en consecuencia, implica que las decisiones
sancionatorias demandadas se encuentran viciadas de nulidad por falta de
competencia de la autoridad disciplinaria.

Negó las demás súplicas de la demanda y no condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recurso de apelación6, advirtiendo que, de acuerdo con la
estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena competencia para
investigar y sancionar a la demandante, pues así se desprende del numeral 6 del
artículo 277 constitucional, en desarrollo del cual se profirieron los estatutos
disciplinarios contenidos en la Ley 200 de 1995, 734 de 2002 -aplicable al caso
concreto-, 1952 de 2019 y 2094 de 2021; que la norma de orden constitucional es,
inclusive, posterior a la Ley 16 de 1972, mediante la cual se aprobó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica y que, en
ese orden, no podría predicarse una eventual inconvencionalidad de la propia
Constitución que, en su artículo 93, integró las disposiciones de la CADH al bloque
de constitucionalidad.

Que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional es claro que el caso Petro Urrego
Vs Colombia no tiene efectos erga omnes y que a la luz de la correcta e integral
interpretación del artículo 23 de la CIDH las competencias de la Procuraduría no se
perdieron, mientras las disposiciones internas no determinen otra cosa.

Que, el Tribunal desconoció la existencia y obligatoriedad de aplicar el precedente
jurisprudencial, lo que abre la posibilidad de acudir a la acción de tutela contra
providencia judicial y a la acción penal en virtud del tipo penal de prevaricato por
omisión; y que resulta desacertada la decisión de inaplicar por inconvencionalidad

6 Véase archivo 024 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.

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y con efectos inter partes el artículo 45-1 de la Ley 734 de 2002.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 12 de abril de 20247 fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia
se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslado y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

Pronunciamiento de las partes y concepto del Ministerio Público

De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez
concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia8, confirmando la
decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al considerar que la
Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar
disciplinariamente a la demandante.

En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una
acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su
competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en
consideración a lo aquí decidido»9. Esto, luego de considerar que las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los
actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante
los cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad o de suspensión a
funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis
consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional,
que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro
Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos
los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la
sentencia de tutela10; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la

7 Véase índice 00004 de SAMAI.
8 Véase índice 00011 de SAMAI.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24

de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.
10 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas
de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la
Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio

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aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de
jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció
a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado
Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la
jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la
importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la
imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos
popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de
decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del
ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar
sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la
competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se
configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará la falsa
motivación y la violación al debido proceso, luego de lo cual analizará el caso
concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus
consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué
manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia
de tutela del 24 de febrero de 202511:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la
autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en
el artículo 23.2 de la CADH12.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis
adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de

aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció
el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.».

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elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo
23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los
artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que
la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar
a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o
definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores
internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno
de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas
sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la
comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en la que estudió,
vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En
esa oportunidad, señaló (se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los
instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte
concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General
de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional
en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias),
de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes
decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación
sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las
sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público
en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial,
en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la
suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley
734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del
proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma
parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder
público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En
tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la
Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado,
de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo
23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un
servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador
disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos,
conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es
compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de
la Constitución.”

61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo
45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace
referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de
esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo
93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a)
la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) la
restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a
un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso;
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es
una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones
asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son
judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que
la Corte Constitucional cambie su precedente.
(…)
27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad
distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido
proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus
ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que
limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8.

28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes
según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los
derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual
pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que
puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de
los servidores públicos. Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a
cualquier autoridad siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos
29 de la Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores públicos
de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”, la PGN debe
respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la CADH.
En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios
públicos de elección popular.

29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el caso sub examine, la
disposición acusada se encuentra dentro de los límites del margen de apreciación del
Estado colombiano porque garantiza los derechos establecidos en el artículo 29 de la
Constitución y el 8 de la CADH. Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad
independiente e imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución y la
CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera efectiva.”

62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la
aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de
forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio
de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de
lo contencioso administrativo.

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63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la
Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema
tenia a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron
en los defectos invocados.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381 de 2024, resolvió
un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de la referencia. En dicha providencia,
la Corte advirtió la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):

“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año 2012 en las
que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia, aunado a que la
interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del trasplante de una regla de
decisión de la sentencia López Mendoza vs. Venezuela 13 desconoció principios
constitucionales, conducen a afirmar que se configuró una violación directa de la
Constitución. Lo que correspondía en este caso a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a
partir de los cargos invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto
de competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su titularidad en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro bajo el estándar
constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que para el
momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia
disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 14 había sido objeto de
decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la Sentencia C-028 de 2006 al
amparo del artículo 23.2 de la CADH, en aplicación de la cláusula de remisión prevista
en el artículo 93.1 de la Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada
pasó por alto que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500
de 2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la medida en
que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la configuración del defecto
sustantivo examinado.”

65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se trascribe):

“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección accionada
pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la facultad de la PGN de
expedir tales decisiones.

83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el precedente
constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de la jurisprudencia de la
Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano. Estas, como lo ha insistido la Corte
Constitucional, no deben aplicarse en forma aislada y en perjuicio de las normas
constitucionales, sino que su aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso
concreto, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado
colombiano inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía
ser “automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C- 146 de
2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus consecuencias no
podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores, cuando el ordenamiento
jurídico nacional reconocía la competencia de la PGN en casos como el que es objeto
de estudio.

84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad de actos
administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de derecho vigentes
al momento en que fueron proferidos, en línea con la jurisprudencia del propio Consejo

13 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba

“vigente” al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.
14 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar

servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.

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de Estado. La postura de la subsección accionada ponía a la PGN en una situación
imposible: desconocer el precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer
la validez de sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la vinculatoriedad del
precedente está relacionada con la protección de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico. Su aplicación rigurosa
permite orientar el comportamiento de las personas e instituciones hacia las normas y
principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e inhabilidad por falta
de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado no dio el
alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución como habían sido entendidos
por la jurisprudencia constitucional en su momento. Además, con el argumento de
aplicar un control de convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las
normas de la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por
lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta
labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este
caso por no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había
sido reconocida pacíficamente por esta Corporación. La configuración de este defecto
trae por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues
dicha garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de
acatar, en todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le
correspondió conocer, los postulados del texto superior.”

66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de instancia que negaron
y declararon improcedentes las solicitudes de amparo y, en su lugar, amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el juicio de validez
constitucional de tutela.

67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por esta Sala se alinea
con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-0015, según las cuales (se trascribe):

“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a la Constitución las expresiones
contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que modificó el art. 2º de la Ley
1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley 2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, dado que en el fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones
sobre el juicio desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores,
no es dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la CADH
ni los fallos de la Corte IDH”16, pues, este asunto fue resuelto por el juez que tiene la
atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía de la Constitución
Política.”».

Por ello, como se concluyó en la providencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y contrario a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, no hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia de la
autoridad disciplinaria.

Causales de nulidad del acto administrativo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,

15 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata

aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
16 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.

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la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13717 y 13818 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Interesan, para resolver el caso concreto, la falsa motivación y el desconocimiento
del debido proceso, reproches a los que se refiere la demandante al señalar que la
autoridad disciplinaria no realizó el debido análisis de ilicitud sustancial, de
culpabilidad y que pasó por alto su solicitud de nulidad.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa19.

En esa misma línea, se ha precisado que para la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»20.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente21.

17 Del medio de control de nulidad.
18 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas22.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201823 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

22 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
23 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’24»25.

Caso concreto

Del análisis del expediente disciplinario, la Sala destaca:

• Que el 10 de julio de 2017 la Contraloría Departamental de Norte de Santander
trasladó a la demandada un hallazgo con posible incidencia disciplinaria,
relacionado con la celebración del contrato de prestación de servicios
profesionales(sic) 001 de 2016, entre el municipio de Ocaña y el señor Wilmar
Vega Pérez, con el objeto: «[a]poyo a la Gestión(sic) para la contribución al área
operativa de la Secretaría de Tránsito y transporte del Municipio(sic) de Ocaña
en la prestación del servicio de Grúa(sic)».

Relató el ente auditor que no existían informes de supervisión del referido
contrato, no había comprobante de ingresos por concepto de los recaudos
realizados, ni fue posible establecer el número de vehículos inmovilizados.
Además, que se descargó totalmente en un particular la competencia de cobro
de los tributos establecidos por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 10 del
16 de marzo de 201226.

• Que, con fundamento en el anterior informe, se abrió una investigación
disciplinaria el 13 de julio de 2017. En dicha decisión, además de lo narrado por
la Contraloría, la autoridad disciplinaria agregó: «(…) no entiende este despacho
por qué se acudió a la figura de prestación de servicios profesionales para la
suscripción de este contrato»27.

• Que el 15 de noviembre de 2018 se formuló a la demandante el siguiente cargo:
«MIRIAM DEL SOCORRO PRADO CARRASCAL, en condición de alcaldesa
municipal de Ocaña, Norte de Santander, el día 7 de enero de 2016 suscribió
con el señor Wilmar Vega Pérez el contrato de apoyo a la gestión para el área
operativa de tránsito en la prestación del servicio de grúa, al parecer
desconociendo los principios de transparencia, selección objetiva,
responsabilidad y planeación que orientan la contratación estatal, así como los
principios del debido proceso, igualdad, moralidad, e imparcialidad que orientan
la función administrativa» (negrillas en el texto original).

La falta disciplinaria se calificó provisionalmente como gravísima, con
fundamento en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, ejecutada a
título de dolo.

24 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 Véanse páginas 19 a 28 del documento 006 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
27 Véanse páginas 29-30 del documento 006 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.

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En la misma providencia, se decidió no continuar la investigación respecto de la
presunta irregularidad derivada de entregar a un particular el cobro del dinero
por concepto de inmovilización de vehículos, señalando que dichos recursos no
tienen la naturaleza de tributos como erróneamente lo entendió la Contraloría.

No obstante, se reprochó provisionalmente que, bajo el ropaje de un contrato de
prestación de servicios de apoyo a la gestión se contratara un objeto propio de
un procedimiento de selección con pluralidad de participantes y que, además,
se omitieran aspectos como las especificaciones técnicas del servicio requerido
o la exigencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual,
contrariando las normas del Código Nacional de Tránsito y Transporte28.

• Que, practicadas las pruebas ordenadas y recibidas las intervenciones de la
investigada, el 28 de marzo de 2019 se declaró probado el cargo formulado y,
en consecuencia, la demandante fue sancionada con destitución e inhabilidad
general por el término de once (11) años.

El operador disciplinario consideró lesionados los principios de transparencia,
selección objetiva, responsabilidad y planeación, propios de la actividad
contractual del Estado; y el debido proceso, igualdad, moralidad e imparcialidad,
orientadores de la función administrativa, porque, en su condición de alcaldesa,
la señora Prado Carrascal privó al ente municipal de la posibilidad de obtener un
mejor ofrecimiento.

Se dijo que, contrario a lo que la demandante sostuvo a lo largo de su defensa,
no se trató de contratar «el servicio de un operador de grúa», que en efecto
podría corresponder a una actividad propia de apoyo a la gestión; sino que el
municipio verdaderamente requería del «servicio de grúa» y, para su
satisfacción, se debió adelantar un procedimiento que permitiera la pluralidad de
oferentes.

Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y el desarrollo
jurisprudencial en la materia, los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión se celebran con personas naturales o
jurídicas con el propósito de ejecutar actividades relacionadas con lo
administrativo o el funcionamiento de una entidad pública y a condición de que
tales actividades no se puedan desarrollar con el personal de planta o porque se
requieran conocimientos especializados.

Que también quedó acreditado que no se realizaron especificaciones de orden
técnico respecto del automotor, lo que pudo derivar en que el contratista prestara
el servicio como a bien lo tuviera, ni se exigió el amparo de los riesgos derivados
de la responsabilidad extracontractual.

Que, en suma, la alcaldesa no actuó en el marco de sus deberes funcionales y
que, por el contrario, bajo la figura de la prestación de servicios de apoyo a la
gestión contrató directamente el servicio de grúa, no fijó criterios para la
selección del contratista, no exigió la referida garantía y actuó en contravía del

28 Véanse páginas 167 a 188 del documento 006 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.

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principio de planeación, lo que justificó que se mantuviera la calificación dolosa
del comportamiento29.

• Que, presentado el recurso de apelación, el 30 de mayo de 2019 se confirmó la
decisión de declararla disciplinariamente responsable, pero se varió la
calificación del grado de culpabilidad y el término de la sanción de inhabilidad
general.

Como primera medida, la autoridad disciplinaria advirtió que los reproches
referidos a las especificaciones técnicas y a la exigencia de garantía de
responsabilidad civil extracontractual debieron llevar a la formulación de cargos
diferentes. Que, por ello, su análisis se limitaba a la suscripción del contrato de
prestación de servicios de apoyo a la gestión del 7 de enero de 2016.

Luego, referida al grado de culpabilidad, señaló que, como se expuso en el
recurso de apelación, no existía prueba de una actuación dolosa; pero lo que sí
resultó acreditado fue la elusión del procedimiento para seleccionar al contratista
requerido para ejecutar el objeto del contrato 001 de 2016, lo que denotaba una
violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento, presupuesto de la
culpa gravísima según el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 y, en
esos términos quedó calificado de manera definitiva el grado de culpabilidad.

Finalmente, fue disminuido a diez (10) años el término de la inhabilidad general
porque no se estableció por el operador de primera instancia el concurso de
faltas y, por tratarse de una servidora del nivel directivo de la entidad se aplicó
el lapso mínimo de la sanción a imponer30.

La demandante señaló que con estas decisiones se lesionó el debido proceso,
porque la autoridad disciplinaria omitió pronunciarse en relación con una solicitud
de nulidad, pese a que la segunda instancia se encontraba facultada para hacerlo
de manera oficiosa.

Sobre este punto, examinado el expediente disciplinario, se encuentra que, al
presentar los descargos disciplinarios, el apoderado de la demandante solicitó que
se declarara la nulidad de la actuación por la posible violación del derecho de
defensa y la existencia de irregularidades sustanciales lesivas del debido proceso.

Lo anterior, por cuanto (i) en el pliego de cargos no se enunciaron las normas
funcionales subsidiarias contentivas de los deberes que se decían desconocidos;
(ii) las disposiciones enunciadas correspondían a conductas no relacionadas con
sus deberes funcionales; (iii) no se determinó la ilicitud sustancial y (iv) hubo una
determinación deficiente de la forma de culpabilidad31.

Esta solicitud se resolvió por auto del 12 de diciembre de 2018. En dicha
oportunidad, el operador disciplinario advirtió que en la formulación de cargos se
relacionaron las normas que desarrollan los principios presuntamente desconocidos
por la investigada; que también se abordó el estudio de la ilicitud sustancial y que la
29 Véanse páginas 241 a 269 del documento 006 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
30 Véanse páginas 296 a 327 del documento 006 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
31 Véanse páginas 203 a 215 del documento 006 del expediente digital, visible en el índice 00002 de SAMAI.

Las páginas 203 a 211 contienen la solicitud de nulidad.

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calificación de la forma de culpabilidad era provisional, porque se trataba de un
elemento sujeto al debate del que se debía ocupar la actuación disciplinaria32.

Luego, al presentar el recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, la defensa de la demandante insistió en los argumentos para que se
declarara la nulidad de la actuación, agregando que el operador de segunda
instancia podía inclusive declararla de manera oficiosa.

Este punto fue abordado en la decisión de segunda instancia, resaltando que si bien
de conformidad con la sentencia C-012 de 1997, la autoridad disciplinaria, al desatar
el recurso de apelación, tiene la potestad de examinar de nuevo la actuación en su
integridad, lo cierto es que la nulidad procesal en dicha instancia era procedente
únicamente de oficio y que, revisado el expediente, el trámite de primera instancia
se ajustó a las normas sustantivas y procedimentales de la Ley 734 de 2002, sin
que se advirtiera afectación al debido proceso o al derecho a la defensa33.

De manera que los argumentos expuestos por la demandante sobre este punto no
están llamados a prosperar, pues la solicitud de nulidad fue resuelta de fondo por la
demandada en las oportunidades en que fue propuesta; discusión que no resulta
procedente reabrir en esta instancia, pues si bien al juez de lo contencioso
administrativo le asiste el deber de realizar un control integral de la actuación
disciplinaria34, no puede con ello convertirse en una tercera instancia del
procedimiento sancionatorio.

La señora Prado Carrascal señaló también que los actos demandados incurrieron
en nulidad por falsa motivación, pues la autoridad disciplinaria no examinó en debida
forma la ilicitud sustancial y, por esa vía, no calificó como correspondía el grado de
culpabilidad.

Sobre estos puntos, cabe destacar que de conformidad con el artículo 27 de la Ley
734 de 2002, «[l]as faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o
por extralimitación de sus funciones». La disposición también prevé que «[c]uando
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo,
equivale a producirlo». De esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento
puede provenir, en términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una
abstención o (iii) de la extralimitación en el ejercicio de las funciones 35.

Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas, se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, la normativa exige el
examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

El primero, se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en las

32 Véanse páginas 221-222 del documento 006 del expediente digital, visible en el índice 00002 de SAMAI.
33 Véase página 322 del documento 006 del expediente digital, visible en el índice 00002 de SAMAI.
34 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (SU)(1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).
35 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de

2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: “El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones”.

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disposiciones aplicables como una falta disciplinaria; el segundo, exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 de la Ley 734 de 2002; y el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria36, que se concreta en la exigencia, para el operador disciplinario, de
analizar si ese comportamiento que la norma aplicable consagra como falta
disciplinaria, con el cual se lesionó un deber funcional sin justificación alguna, se
ejecutó de manera dolosa o culposa.

Si bien las disposiciones disciplinarias no contienen una noción de dolo, en virtud
del principio de integración normativa del que trata el artículo 21 de la Ley 734 de
2002, es posible acudir al sentido de dolo consagrado en el artículo 22 de la Ley
599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es dolosa cuando el agente conoce los
hechos constitutivos de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] y quiere su
realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción
penal [entiéndase disciplinaria] ha sido prevista como probable y su no producción
se deja librada al azar» (corchetes fuera del texto original).

Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un sentido
para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la culpa es
gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento»
y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».

En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.

Por su parte, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario validar
que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es, que,
estando un servidor público en la posibilidad de conocer los deberes y prohibiciones
propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en consecuencia, se
configuró la conducta disciplinable37; luego de lo cual es necesario precisar su
graduación, esto es, si es leve, grave o gravísima, en los términos ya citados.

En la actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora Miriam Prado
Carrascal, la demandada encontró acreditado que el 7 de enero de 2016 se celebró
con el señor Wilmar Vega Pérez un contrato que, bajo la forma de la prestación de
servicios de apoyo a la gestión, en la modalidad de contratación directa, tuvo por

36 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
37 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Exp. 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). C.P. William
Hernández Gómez.

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objeto la prestación del servicio de grúa38.

En la motivación de los actos demandados, se analizó el alcance normativo y
jurisprudencial de dicha tipología contractual, para concluir que el anterior objeto no
correspondía a aquellos que era procedente contratar directamente y que esta
situación resultaba lesiva de los principios de transparencia, selección objetiva,
responsabilidad y planeación, propios de la actividad contractual; y debido proceso,
igualdad, imparcialidad y moralidad, orientadores de la función administrativa, con
fundamento en lo cual se concluyó que, con la suscripción del contrato 001 de 2016,
la demandante incurrió en la falta disciplinaria contenida en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento
de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley».

Al analizar la constitucionalidad del aparte «(…) o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley», la Corte Constitucional condicionó su
exequibilidad, «(…) en el entendido que la conducta constitutiva de la falta gravísima
debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales
de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios»39, en
línea con la proscripción de responsabilidad objetiva y con la exigencia de
antijuridicidad del comportamiento.

La Sala observa que los actos demandados se expidieron bajo el anterior entendido:
se concluyó que los citados principios de la contratación estatal y de la función
administrativa resultaron lesionados a partir de una actuación concreta: la
suscripción de un contrato cuyo objeto no correspondía a la modalidad seleccionada
para tal fin, advirtiendo que la demandante, como directora de la actividad
contractual del municipio era la principal llamada a su cumplimiento estricto, lo que
derivó en la afectación de su deber funcional.

En cuanto al análisis de la culpabilidad, en la decisión de segunda instancia, luego
de analizar los supuestos fácticos, probatorios y normativos, se precisó que, si bien
no se acreditó la configuración del elemento volitivo necesario para imputar dolo, al
término de la actuación disciplinaria se observaba el desconocimiento de reglas de
obligatorio cumplimiento, elemento constitutivo de la culpa gravísima y, en esos
términos se varió la calificación.

De manera que no se trató, como lo expuso la demandante, de una modificación no
argumentada, sino de la conclusión del operador disciplinario, luego de analizado
en su integridad el trámite sancionatorio en lo que correspondió al elemento
subjetivo de la responsabilidad; calificación que, para la Sala, se realizó de acuerdo
con lo acreditado en la actuación disciplinaria y de la que, por tanto, no es posible
extraer la configuración de nulidad por falsa motivación.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

38 Véanse páginas 73-74 del archivo 006 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

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De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202140 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del Código General del
Proceso41, y observando los argumentos esbozados por la parte demandante en
sus distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto en ninguna de las
instancias; por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica
de sus intereses.

Por lo tanto, no se condenará en costas en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de enero de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En su lugar, NEGAR las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

40 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
41 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será

condenada a pagar las costas de ambas instancias».

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