Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2014-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2014-00058-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2014-00058-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015)
Demandante: Jairo José Olmos García
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Disciplinario – congruencia entre la parte motiva y la
resolutiva del acto administrativo – rentas con
destinación específica – confirma decisión de primera
instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 18 de abril de 2024, procede a proferir la providencia de
reemplazo en el proceso de la referencia.
En consecuencia, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2015 por la Sala
Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual
se accedió a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se confirmará
dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. El accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad
de las decisiones disciplinarias del 3 de julio y 25 de octubre de 2013, expedidas
por la Procuraduría Provincial de Sincelejo y la Procuraduría Regional de Sucre,
respectivamente, a través de las cuales se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad para desempeñar funciones públicas durante el término de diez (10)
años, pues en su condición de presidente del Concejo Municipal de San Juan de
Betulia (Sucre) trasladó $ 11.500.000 COP que estaban destinados al pago de
honorarios de los concejales y los asignó a otros rubros del presupuesto, con lo
cual habría incurrido en las faltas gravísimas previstas en los numerales 1 y 20
del artículo 48 de la Ley 734 de 2001, con dolo.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2014-00058-01 (4152-2015)
Demandante: Jairo José Olmos García
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar su reintegro al
cargo de concejal que venía desempeñando y dar cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
3. Como concepto de violación argumentó que i) los recursos del
presupuesto no son rentas de destinación específica, sino ingresos corrientes de
libre destinación; ii) son válidos los traslados presupuestales que hace el
ordenador del gasto a través de créditos y contracréditos que no alteren el monto
global aprobado por la respectiva corporación; iii) la disminución de los
honorarios de los concejales tiene sustento en el artículo 20 de la Ley 617 de
2000, que modificó el artículo 66 de la Ley 136 de 1994; iv) no se valoraron las
pruebas que demostraban que no se puso en riesgo el funcionamiento del
Concejo Municipal; v) en la misma corporación y en otras se han efectuado
traslados presupuestales similares que no han sido reprochados; vi) la entidad
demandada no observó los conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda en
casos similares; y vii) al final de la vigencia fiscal 2012 se adeudaban unos
honorarios a los concejales porque la Alcaldía Municipal no había transferido los
recursos correspondientes.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones del actor porque i) la
imputación fáctica solo se adecuó al numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002; ii) la conducta no es atípica debido a que el disciplinado realizó los
traslados presupuestales y disminuyó la partida destinada al pago de honorarios
de los concejales, «renta que evidentemente no tiene naturaleza de destinación
específica, por cuanto constituye ingreso de libre destinación, y no podría
pensarse que el hecho de su traslado al concejo municipal la convierta en renta
específica»; y iii) el demandante invocó normas en las que no se fundamentaron
los actos enjuiciados y no precisó cuáles eran las disposiciones que debían
completar el tipo disciplinario.
5. También propuso las excepciones de ineptitud de la demanda y legalidad
de los actos enjuiciados.
Sentencia apelada
6. El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos atacados
mediante la sentencia del 28 de mayo de 2015 en la que ordenó eliminar la
respectiva anotación en el registro de antecedentes disciplinarios y reintegrar al
actor al cargo de concejal por el resto del período para el cual fue elegido.
Además, condenó en costas a la demandada.
7. Para el efecto, puso de presente que la entidad accionada no podía
sancionar al actor por dos (2) faltas disciplinarias que se habrían cometido con
una misma conducta, pues ello vulnera el principio de non bis in idem. Asimismo,
indicó que los actos enjuiciados incurrieron en falsa motivación por
incongruencia, ya que en la parte resolutiva declararon la responsabilidad
disciplinaria del actor por las faltas previstas en los numerales 1 y 20 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, cuando en la parte considerativa habrían precisado
que el estudio solo se adelantaría frente a esta última.
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Demandante: Jairo José Olmos García
8. Por lo anterior, consideró que los actos acusados fueron expedidos de
manera irregular en tanto no se explicaron los motivos por los cuales se habría
configurado la falta descrita en el numeral 1 citado.
9. Adicionalmente sostuvo que el presupuesto del Concejo Municipal de San
Juan de Betulia para el año 2012 se originó en los gastos de funcionamiento de
la entidad territorial, financiados con ingresos de libre destinación; y a su vez el
rubro de «honorarios concejales» se incluyó dentro de los gastos de
funcionamiento del Concejo, sin que esta distribución interna mutara la
naturaleza a rentas de destinación específica.
10. Además, resaltó que la autoridad disciplinaria violó el principio de legalidad
porque no verificó si la conducta del actor había recaído en recursos de
destinación específica y declaró su responsabilidad por la falta prevista en el
numeral 20 del artículo 48 de la Ley 738 de 2002 «sin explicar por qué,
simplemente dándolo por hecho»; es decir, nunca hubo una subsunción de la
conducta en el tipo disciplinario.
11. A ello agregó que los actos enjuiciados no explicaron por qué el
demandante habría violado los artículos 10 de la Ley 617 de 2000 y 1 de la Ley
1368 de 2009, relacionados con el tope de los gastos de los concejos municipales
y la liquidación de los honorarios de los concejales, respectivamente.
12. Asimismo, puso de presente que la entidad accionada concluyó que el
actor habría puesto en riesgo el funcionamiento del Concejo Municipal, pero la
conducta investigada no fue esa, sino la indebida utilización de recursos de
destinación específica.
13. Por lo tanto, determinó que no se acreditó el elemento de la tipicidad de la
conducta según la falta imputada, por lo que tampoco podía haber ilicitud
sustancial ni culpabilidad ni graduación de la sanción.
Recurso de apelación
14. Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación
porque i) si bien las rentas utilizadas para el pago de los honorarios de los
concejales no tienen destinación específica, la conducta sigue siendo típica
debido a que el accionante incumplió un deber funcional y disminuyó la partida
presupuestal dirigida a esos efectos; ii) el objeto del litigio se circunscribió al
estudio de la falta prevista en el numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
pero en el fallo se extendió el análisis al numeral 1 ibidem, norma que incluyó la
autoridad disciplinaria en la parte resolutiva de la decisión de primera instancia
por un lapsus calami; iii) el operador disciplinario adecuó el comportamiento del
actor a un tipo diferente al que correspondía, por lo que el Tribunal tenía que
corregir la adecuación en ejercicio del control integral; y iv) el principio de
congruencia no se estudió correctamente, toda vez que la calificación normativa
y subjetiva efectuada en el pliego de cargos es provisional y se puede ajustar en
la decisión sancionatoria según lo que se haya probado.
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15. Por esas razones, la demandada solicitó revocar el fallo de primera
instancia o proferir una sentencia sustitutiva en la que se gradúe la sanción
disciplinaria. Además, pidió revocar la condena en costas porque reconoció el
error en «la adecuación de la falta» y no incurrió en excesos en el ejercicio del
«derecho de réplica».
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
16. La Sala deberá establecer: i) si en la sentencia impugnada se modificó la
fijación del litigio; ii) si los actos administrativos acusados violaron el principio de
congruencia; iii) si la conducta reprochada al actor era típica conforme con las
faltas disciplinarias que le fueron imputadas; iv) si es posible adecuar el
comportamiento del demandante a una falta disciplinaria diferente a las que le
fueron endilgadas; y v) si está justificada la condena en costas de primera
instancia.
Aclaración previa
17. El actor fue elegido concejal del municipio de San Juan de Betulia (Sucre)
para el período constitucional 2012-2015, el cual culminó el 31 de diciembre de
2015.
18. A título de restablecimiento del derecho, el demandante pretendió el
reintegro al cargo de concejal que venía desempeñando, y el Tribunal decretó
una medida cautelar de suspensión y anticipativa mediante auto del 24 de agosto
de 2015 (posterior a la sentencia de primera instancia)1, la cual le permitía
reasumir sus funciones mientras quedaba en firme el fallo del 28 de mayo de
2015.
Caso concreto
19. En este caso, la conducta reprochada al actor se produjo cuando este, en
su condición de presidente del Concejo Municipal de San Juan de Betulia (Sucre)
disminuyó una parte de los recursos dirigidos al pago de los honorarios de los
concejales y los sumó a los rubros de «remuneración de servicios técnicos y
profesionales», «materiales y suministros» y «gastos de viajes y viáticos».
20. En la fijación del litigio, el Tribunal anunció que analizaría la legalidad de
los actos acusados, previa determinación de si los recursos para el pago de los
honorarios de los concejales tenían destinación específica o no.
1 «PRIMERO: DECRÉTESE la suspensión provisional de los actos demandados, estos son, el fallo del 3 de julio
de 2013, dentro del proceso disciplinario No. (sic) IUC-2012-608-516697, proferido por la Procuraduría
Provincia [sic] del [sic] Sincelejo; y el fallo del 25 de octubre de 2013, dictado por la Procuraduría Regional
de Sucre. Consecuentemente, restablézcase el derecho al demandante al cargo de concejal del Municipio
de San Juan de Betulia, Sucre, hasta que quede ejecutoriada la sentencia No. 025 del 28 de mayo de 2015.
La presente medida empezará a regir a partir de la ejecutoria de la presente decisión».
Adicionalmente, en el expediente se encuentra el oficio 1856-(2014-00058-00)-MRP-NYR del 25 de agosto de
2015, recibido en la misma fecha, por medio del cual la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre le
comunicó al presidente del Concejo Municipal de San Juan de Betulia la medida cautelar decretada.
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21. La Sala considera que la falta de mención expresa del numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en la fijación del litigio no impedía su estudio
en la sentencia, ya que esa disposición hizo parte de la actuación administrativa
y se incluyó en los actos cuya legalidad se estudia, de tal manera que no se
modificó el objeto de la controversia.
22. Por otro lado, mediante auto del 30 de abril de 2013, la demandada
convocó al actor a la audiencia del proceso verbal disciplinario y le atribuyó un
único cargo por haber incurrido en las faltas gravísimas previstas en los
numerales 1 y 20 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
23. En la parte considerativa del acto sancionatorio de primera instancia se
indicó que las imputaciones y valoraciones se harían conforme con el numeral 20
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 debido al concurso heterogéneo de faltas,
por lo que no se emitiría ningún pronunciamiento respecto de la falta descrita en
el numeral 1 ibidem; sin embargo, en la parte resolutiva se declaró responsable
al actor de ambas faltas mencionadas, decisión que fue confirmada en segunda
instancia.
24. El Tribunal estimó que se había vulnerado el principio de congruencia
debido a la discordancia entre las partes motiva y resolutiva de la decisión
sancionatoria de primera instancia, a saber: mientras en la primera se precisó
que el estudio disciplinario se limitaría a la falta prevista en el numeral 20 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la segunda se declaró que el actor también
había incurrido en la falta señalada en el numeral 1 ibidem.
25. Es decir, el Tribunal no se refirió a la armonía entre el pliego de cargos y
el acto sancionatorio disciplinario, como lo planteó la entidad apelante, sino a la
incongruencia o distorsión entre lo consignado en la parte resolutiva y lo expuesto
en la parte motiva de los actos enjuiciados, supuesto que ocurrió en este caso y
que constituye una falta de motivación en punto del numeral 1 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, ya que los actos acusados no analizaron la tipicidad, la
antijuricidad y la culpabilidad frente a esa falta, sino exclusivamente respecto del
numeral 20, por lo que, al no existir una argumentación mínima se configura la
referida causal de nulidad.
26. Resulta irrelevante si esa discrepancia sucedió o no por un error mecánico
cometido al momento de escribir,2 pues lo cierto es que la sanción se impuso de
esa manera y fue confirmada sin modificaciones por la autoridad disciplinaria de
segunda instancia.
27. Por otra parte, respecto de la falta disciplinaria prevista en el numeral 20
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esta se comete por «[a]utorizar u ordenar
la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación
específica en la Constitución o en la ley».
28. El tipo disciplinario exige que los recursos correspondientes tengan
destinación específica definida por la Carta Política o la ley, exigencia que se
echa de menos en este caso, pues la autoridad disciplinaria no identificó la
2
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disposición constitucional o legal según la cual los recursos asignados en el
presupuesto del Concejo Municipal de San Juan de Betulia para el pago de los
honorarios de los concejales tenían esa naturaleza.
29. Por el contrario, la entidad accionada aceptó desde la contestación de la
demanda que tal rubro no tenía destinación específica, lo que resulta coherente
con el artículo 3 de la Ley 617 de 2000, según el cual los gastos de
funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos
corrientes de libre destinación, y que en estos últimos no están incluidas las
rentas de destinación específica.
30. En esa misma línea, el Acuerdo Municipal CSJB 018 del 24 de noviembre
de 20113 ubicó el presupuesto del Concejo Municipal de San Juan de Betulia
para la vigencia fiscal 2012 ($ 110.630.891 COP) dentro de las partidas «2
TOTAL GASTOS DE APROPIACIÓN», «21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO»,
«2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES».
31. En igual sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado
que los recursos del presupuesto de los concejos municipales no tienen
destinación específica, ya que provienen de ingresos corrientes de libre
destinación4.
32. Así las cosas, la Sala concluye que el comportamiento del accionante no
se ajustaba a la descripción típica del numeral 20 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, razón por la cual se debe declarar la nulidad de los actos administrativos
acusados sin que resulte necesario abordar los elementos de antijuricidad y
culpabilidad.
33. En este punto, y con el fin de atender los restantes reparos presentados
por la demandada en su recurso de apelación, resulta necesario precisar que el
control judicial integral de los actos administrativos disciplinarios no puede
extenderse a variar las faltas imputadas por la respectiva autoridad dentro del
trámite administrativo, y vale recordar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación aclaró que «[e]l juez de lo contencioso
administrativo no solo es de control de legalidad, sino también garante de los
derechos»5, entre ellos el debido proceso del disciplinado, a quien se
sorprendería con un reproche frente al cual no pudo ejercer su defensa dentro de
las oportunidades que el procedimiento administrativo le permite.
34. Cabe agregar que el sustituir a la autoridad disciplinaria en su función de
determinar la falta en que incurrió un servidor público, en la práctica comporta el
desconocimiento del principio de separación de poderes, puesto que implica
asumir funciones no previstas en el ordenamiento jurídico para esta rama del
poder, sino que se atribuyeron a otras autoridades, lo que adicionalmente
transgrede el principio de legalidad y el artículo 6 de la Constitución Política según
3 «Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de apropiación para la vigencia fiscal
del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2012».
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de marzo
de 2018, expediente 13001-23-33-000-2016-01107-01.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2016, expediente
11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011).
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el cual los servidores públicos son responsables no solo por el desconocer el
ordenamiento jurídico sino por la extralimitación en sus funciones.
35. Es necesario aclarar que a pesar de que en el artículo 187 de la Ley 1437
de 2011, relativo al contenido de la sentencia, se establece la posibilidad de
«estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o
reformar estas», existe una limitación en la norma para su ejercicio, pues la
facultad fue establecida exclusivamente con el fin de «restablecer el derecho
particular», lo que dista de imponer una sanción lo que constituye un perjuicio.
36. Lo anterior no quiere decir que el juez de lo contencioso administrativo
pueda reemplazar a la autoridad disciplinaria en la determinación de las faltas y
de sus consecuencias, puesto que la labor del juez consiste en analizar la
legalidad (juridicidad) de los actos administrativos y no en la de sancionar los
comportamientos reprochados por la normativa disciplinaria, por lo que la
solicitud elevada por la demandada en su recurso de apelación no tiene vocación
de prosperidad.
37. Por último, es necesario resolver el reproche relacionado con la condena
en costas de primera instancia, según el cual no había lugar a imponerlas puesto
que no se incurrió en excesos en el ejercicio de la defensa y se reconoció el error
en la adecuación de la conducta a la falta imputada.
38. De acuerdo con la jurisprudencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y antes de
la Ley 2080 de 2021 la condena en costas responde a un criterio objetivo (porque
en la sentencia debe decidirse sobre ellas) y valorativo (cuando estuvieren
causadas y en la medida de su comprobación, de acuerdo con el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso).
39. En este caso, la Sala observa que la entidad demandada resultó vencida
en primera instancia (numeral 1 del artículo 365 del CGP) y las costas (por
concepto de agencias en derecho) se encuentran causadas debido a que el
demandante actuó de manera propositiva durante todo el proceso, a través de
apoderado judicial, quien presentó la demanda, la subsanó, asistió a las
audiencias, radicó memoriales, solicitó medidas cautelares, etc.
40. Por lo tanto, la condena en costas impuesta por el Tribunal resultaba
acorde con las disposiciones vigentes al momento de expedición de la sentencia
de primera instancia, motivo por el cual se confirmará lo decidido frente a ella.
Condena en costas
41. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
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42. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos por
la demandada en el recurso de apelación no carecen de fundamento legal, sino
que comportan argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender sus
intereses, lo que lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (y acumulados).
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia dictada el 28 de mayo de 2015 por la Sala
Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.
TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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