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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00030-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2024-00030-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADA la caducidad de la acción de nulidad electoral contra el acto demandado. TERCERO. CONFIRMAR la decisión del 28 de agosto del 2024 del Tribunal Administrativo de Sucre que negó las pretensiones de nulidad contra la Resolución 010 del 26 de enero de 2024, mediante la cual la mesa directiva del cabildo llamó a la señora Sabrina Cecilia Fernández Viloria, a ocupar la curul de concejal de Corozal (Sucre). CUARTO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. QUINTO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el proceso al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2024-00030-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de enero de 2025

Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
(concejal de Corozal - Sucre, periodo 2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00030-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 70001-23-33-000-2024-00030-01
Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria, concejal de Corozal
(Sucre), para el periodo 2024-2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve1 el recurso de apelación presentado por el demandante, contra la
decisión del Tribunal Administrativo de Sucre del 28 de agosto del 2024,
providencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mauricio de Jesús Villalba Mercado, actuando en nombre propio, solicitó2 la nulidad
del acto de llamamiento a Sabrina Cecilia Fernández Viloria a ocupar la curul de
concejal de Corozal (Sucre), contenido en la Resolución 010 del 26 de enero del
2024 expedida por la mesa directiva del cabildo.

2. Fundamentos fácticos

En síntesis, son los siguientes:

Sabrina Cecilia Fernández Viloria fue avalada e inscrita como candidata al Concejo
de Sucre por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

El MAIS celebró un acuerdo de adhesión con el Partido Liberal, en el cual se acordó
que sus militantes apoyarían a los candidatos de esta última colectividad, a saber:

• Andrés Rafael Vivero León para la Alcaldía de Corozal.
• Lucy Inés García Montes para la Gobernación de Sucre.

1 El proyecto inicial presentado por el magistrado Vanegas Gil no obtuvo la mayoría requerida para

ser aprobado.
2 La demanda fue presentada el 7 de febrero de 2024.

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Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
(concejal de Corozal - Sucre, periodo 2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00030-01

La parte actora aseveró que la demandada respaldó la campaña electoral de Ariel
Aduen Ángel, a la Alcaldía de Corozal y de Mario Fernández Alcocer, a la
gobernación del departamento. El primero del partido Fuerza de la Paz y el
segundo, militante de En Marcha.

Para acreditar lo anterior, allegó un video -sin fecha de emisión- en el que la
accionada mencionó en una alocución radial lo siguiente:

Entrevistador: Bueno, nosotros siempre le preguntamos a quienes nos
acompañan acá, aspirantes al concejo, ¿cómo van acompañando a candidatos a
alcaldía, gobernación y asamblea? ¿Cómo está usted en ese sentido?

Sabrina Cecilia Fernández Viloria: Claro que sí, nosotros estamos acompañando
a un candidato a la alcaldía, se llama Ariel Aduen, pues creo que es una persona
con experiencia y conocimiento y además relaciones para poder seguir
construyendo el Corozal que todos soñamos. También estoy acompañando a Mario
Fernández a la gobernación.

Así mismo, aportó imágenes y otros videos para evidenciar que la accionada hizo
presencia en eventos públicos a los que concurrió el candidato a la alcaldía de
Corozal, señor Ariel Aduen Ángel.

Afirmó que el señor Andrés Vivero León, perteneciente a la colectividad Por la
Transformación de Corozal, renunció a la curul del concejo que había obtenido por
derecho personal que le otorgó la Ley 1909 de 2018 (art. 25), razón por la cual, la
mesa directiva del cabildo llamó a la demandada a ocuparla, como consta en la
Resolución 010 del 26 de enero del 2024.

3. Normas violadas

La parte actora invocó como vulnerados el artículo 107 de la Constitución Política
y el artículo 2 de la Ley 1475 del 2011.

4. Concepto de la violación

A juicio del accionante, la demandada incurrió en doble militancia en la modalidad
de apoyo porque respaldó a otros candidatos a la Alcaldía de Corozal y a la
Gobernación de Sucre, a pesar de que su organización de base (MAIS) había
suscrito un acuerdo de adhesión con el Partido Liberal para apoyar a los aspirantes
de esta organización a dichas contiendas electorales.

Mencionó que el apoyo se dio en una alocución radial en favor de un aspirante de
Fuerza de la Paz a la alcaldía (Ariel Aduen Ángel) y de En Marcha, a la gobernación
(Mario Fernández Alcocer), cuando debía acatar las directrices de su colectividad
y respaldar, por la adhesión, a los candidatos del Partido Liberal.

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Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
(concejal de Corozal - Sucre, periodo 2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00030-01

5. Trámite inicial

El tribunal admitió la demanda en auto del 7 de marzo del 2024 y ordenó los
traslados correspondientes.

6. Contestaciones de la demanda

6.1. La demandada

Por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones. Consideró que no
se configuró la doble militancia en la modalidad de apoyo, pues no estaba obligada
a respaldar a los candidatos del Partido Liberal por el supuesto acuerdo de
adhesión expuesto en la demanda.

Manifestó que desconoció el pacto suscrito por el MAIS con aquella colectividad,
pues se enteró de este al ser notificada de la demanda. Por tanto, lo tachó de falso,
toda vez que el actor, como presidente de la primera de las colectividades
mencionadas, tiene interés en este caso, ya que es el siguiente en la lista.
Igualmente, afirmó desconocer cualquier escrito emanado de su colectividad y
solicitó una prueba grafológica o de tinta sobre el documento de la supuesta
adhesión.

Aseveró que el MAIS decidió no presentar candidatos a la Alcaldía de Corozal ni a
la Gobernación de Sucre, por lo que quedó en plena libertad de respaldar a los
aspirantes que ella considerara. En todo caso, precisó que se mantuvo al margen
de realizar apoyos hacia otros candidatos de partidos o movimientos distintos.

Respecto de los videos e imágenes aportados, consideró que no prueban ninguna
ayuda. Aunque indicó que ella tiene amigos en común con Ariel Aduen Ángel, pero
estuvo en pocas reuniones políticas con él.

Propuso la caducidad de la acción, con fundamento en que el acto declaratorio de
elección E-26 CON expedido el 4 de noviembre del 2023 quedó ejecutoriado el 28
siguiente, así que, al momento de presentar la demanda (7 de febrero de 2024), se
habían superado los treinta (30) días y, por ende, resultaba extemporánea.

6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

Por medio de representante judicial, solicitó su desvinculación en este trámite,
pues, según sus competencias, no le corresponde pronunciarse sobre las
pretensiones de la demanda.

7. Trámite posterior

7.1. La audiencia inicial se celebró el 16 de mayo del 2024 en la que se surtieron
las etapas correspondientes y se fijó el litigio en los siguientes términos:

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¿Se debe declarar la nulidad del acto de llamamiento a ocupar curul en el concejo de
Corozal, Sucre, de la señora SABRINA CECILIA FERNÁNDEZ VILORIA, como
Concejal del Municipio de Corozal, Sucre, para el período 2024 - 2027, contenido en
la Resolución N.º 010 del 26 de enero de 2024, al haber incurrido presuntamente en
la causal prevista en el numeral 8º del Art. 275 de la Ley 1437 de 2011, esto es, haber
incurrido en doble militancia política, en la modalidad de apoyo, conforme a los
hechos relatados en la demanda?

Así mismo, se decretaron las pruebas documentales aportadas por las partes y
también los testimonios del señor Yuri Gil Gil3 solicitado por la demandada, quien
en la audiencia desistió de este y fue aceptado por el magistrado sustanciador, así
como de Roberto Carlos Domínguez Baleta4. Se ordenó mediante oficio el recaudo
de algunos medios probatorios pedidos por los sujetos procesales, en concreto,
certificaciones de las colectividades políticas mencionadas sobre la adhesión que
suscribieron.

Por otra parte, frente a los reproches sobre la autenticidad del acuerdo de adhesión
(MAIS – partido Liberal) que hiciera la parte demandada, el a quo precisión que no
corresponde a las figuras de tacha de falsedad y/o desconocimiento del documento,
como lo mencionó en la contestación, comoquiera que la censura recayó sobre la
falta de notificación de este. En consecuencia, negó la prueba grafológica o de tinta
sobre ese elemento probatorio. También se indicó que la excepción de falta de
legitimación en la causa propuesta por la RNEC sería decidida en la sentencia
definitiva.

7.2. El 4 de junio del 2024 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se
prescindió del testimonio decretado, por cuanto el declarante Domínguez Baleta no
se presentó y la demandada, quien la solicitó, no acreditó que hubiera cumplido con
la carga procesal para la concurrencia de aquel, por tanto, el a quo dio aplicación
al numeral 1 del artículo 2185 del CGP, en armonía con el dispositivo 2176
ejusdem7. Se dio por cerrado el periodo probatorio y se corrió el traslado para que
las partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público presentara su concepto, si
así lo consideraba.

8. Alegatos de conclusión

8.1. La parte actora

3 En el escrito de contestación se dice que es un candidato del MAIS a la Asamblea de Sucre.
4 Al contestar la demanda se informa que es el presidente del directorio municipal de Corozal del

MAIS.
5 Efectos de la inasistencia del testigo. En caso de que el testigo desatienda la citación se procederá

así: 1. Sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no
comparezca…
6 Citación de los testigos. La parte que haya solicitado el testimonio deberá procurar la

comparecencia del testigo…
7 «igual» o «lo mismo».

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Reiteró los argumentos expuestos en la demanda, pues consideró que está
acreditada la doble militancia en la modalidad de apoyo por parte de la demandada.

Adujo que la defensa no cuestionó las pruebas aportadas donde se puede advertir
sin duda alguna la manifestación de ayuda a favor de otros candidatos diferentes a
los que respaldaba el MAIS. Hizo especial énfasis en la entrevista que dio ante una
emisora donde se configuró el respaldo atribuido.

Alegó que la accionada participó en las reuniones de socialización que hizo el MAIS
para mostrar los acuerdos de adhesión. Por tanto, no puede ahora esgrimir su
desconocimiento, máxime que en el proceso hay declaraciones juramentadas 8 de
miembros del partido que manifestaron que ella estuvo en una reunión en la que se
dio a conocer el acuerdo con el partido Liberal.

8.2. La demandada

Su apoderado reiteró lo expuesto en la contestación, pues no conoció el acuerdo
de adhesión y las pruebas que obran en el plenario no se comprueba manifestación
de apoyo a algún otro candidato.

8.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Reiteró, por medio de representante, que no está legitimada para actuar en este
proceso.

9. Concepto del Ministerio Público

No se pronunció.

10. Sentencia de primera instancia

En fallo del 28 de agosto del 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las
pretensiones de la demanda9.

Analizó los elementos constitutivos de la prohibición, como se evidencia a
continuación:

Indicó que se acreditó el elemento subjetivo, por cuanto la demandada fue llamada
a ocupar curul de concejal del municipio de Corozal.

8 Hacen parte del acervo probatorio.
9 Con salvamento de voto de uno de los integrantes de la sala, quien consideró que, de conformidad

con las pruebas aportadas, está acreditada la doble militancia en la modalidad de apoyo.

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Respecto del elemento objetivo o modal de la conducta, encontró probado que el
MAIS le otorgó aval a la demandada para la contienda electoral al Concejo de
Corozal, por medio de la Resolución AV – CM 0093 del 19 de julio del 2023.

Asimismo, que el 21 de septiembre de 2023, el MAIS suscribió acuerdos de
adhesión con el Partido Liberal, para apoyar a Andrés Rafael Vivero León a la
Alcaldía de Corozal y a Lucy Inés García Montes a la Gobernación de Sucre.

Recalcó que en la cláusula tercera de esos acuerdos se dijo que los candidatos del
departamento de Sucre, avalados y que hacen parte del MAIS, debían apoyar esas
candidaturas.

Ahora, sobre el reproche de la demandada cuando alegó que no conoció esos
documentos, adujo que esa afirmación carecía de soporte probatorio, pues según
lo informó la Secretaría General del MAIS, la comunicación de la adhesión se dio a
través del Comité Ejecutivo Departamental, sin que la defensa hubiera acreditado
la imposibilidad de enterarse de esa directriz de su colectividad.

Por tanto, la demandada tenía que apoyar a los candidatos sobre los que su partido
suscribió acuerdo de adhesión con el Partido Liberal.

En ese orden, el a quo analizó el material probatorio aportado con la demanda.
Verificó las fotografías donde aparece la demandada en tarima con Ariel Aduen y
los videos allegados por la parte actora.

De las imágenes adujo que, si bien se observa a la señora Sabrina Cecilia
Fernández Viloria, no se puede determinar la identidad de las personas que la
acompañaban, es decir, no es posible afirmar que se trata de los candidatos a los
que se hace referencia en la demanda.

Sobre los videos, afirmó que de estos no se podía determinar el origen de su
publicación, quién los incorporó o los publicó en redes sociales. Por tanto, no era
viable verificar su autenticidad.

Así, concluyó que del material probatorio recaudado en el proceso no era posible
acreditar que Sabrina Cecilia Fernández Viloria hubiera desplegado actos de apoyo
ciertos e irrefutables a favor de los aspirantes aludidos por la parte actora, lo que
implicó que no está probada la doble militancia en este caso.

11. Recurso de apelación

El demandante, por medio de apoderado judicial, solicitó revocar la decisión de
primera instancia, pues la doble militancia en la modalidad de apoyo sí se encuentra
configurada.

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Adujo que el tribunal no valoró el video de la alocución radial en donde la
demandada claramente manifestó su apoyo a otros candidatos, por el hecho de no
cumplir con el requisito de autenticidad, cuando lo cierto es que la defensa no
ejerció contradicción sobre esa prueba.

En esa medida, consideró que debe valorarse como documento y observar que el
artículo 244 del Código General del Proceso dispone que el video se presume
auténtico, lo cual no fue desvirtuado por la parte demandada.

Expuso que el contenido de esa prueba pone en evidencia el apoyo de la
demandada a los candidatos Ariel Aduen Ángel y Mario Fernández Alcocer, en
incumplimiento de las directrices de su partido, como se ha dicho a lo largo del
proceso.

Igualmente, mencionó que, en las capturas de pantalla aportadas, se observa a la
demandada junto al aspirante Ariel Aduen Ángel y se publicaron con un mensaje
en el que se lee: «mi alcalde vamos creciendo y de la mano de Dios seguimos
avanzando», pieza procesal que también debe ser valorada según los mismos
argumentos.

12. Trámite en el Consejo de Estado

Por medio de auto del 31 de octubre del 2024, el despacho conductor del proceso
admitió el recurso y dispuso los traslados legales.

13. Alegatos de conclusión en segunda instancia

13.1. Demandante

Reiteró, en esencia, los argumentos del recurso de apelación.

13.2. Demandada

No se pronunció.

14. Concepto del Ministerio Público

No se pronunció.

15. Otras actuaciones

Comoquiera que el proyecto de fallo presentado a la Sala de 12 de diciembre de
2024 por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil no obtuvo la mayoría requerida
para ser aprobado, pasó al siguiente consejero en orden alfabético.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7, literal a)10, del CPACA, así
como también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia,
dado que se trata de una apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal
Administrativo de Sucre y recae sobre la nulidad electoral contra el acto de
llamamiento de una concejal, especialidad de la Sala Electoral (art. 13 del
Reglamento).

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional
del Estado Civil

Aun cuando la registraduría propuso la excepción en comento, el tribunal de
primera instancia omitió pronunciarse sobre el particular. En efecto, el a quo, en la
audiencia inicial anunció que en el fallo resolvería lo concerniente a la legitimación;
sin embargo, no hizo manifestación alguna.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se le desvinculara, con
fundamento en su falta de injerencia en la situación judicializada de hechos
constitutivos de la prohibición de doble militancia por parte de la llamada a ocupar
la curul de concejal.

De entrada, debe advertirse que esta excepción tiene que ser declarada probada,
porque la competencia de dicho ente, en materia de inscripción de candidaturas,
es clara y no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo de nulidad
electoral, tanto el candidato como el partido o movimiento político o coalición, con
excepción de su deber de verificar que quienes participen en consultas de carácter
popular o internas de un partido, movimiento o agrupación política no se inscriban
por otro diferente en el mismo proceso electoral o se pretenda la inscripción de uno
distinto al seleccionado mediante dicho mecanismo.

En el entendido de que ese es un aspecto procesal que puede y debe declararse,
se procederá a resolverlo. De cualquier forma, se exhorta al Tribunal Administrativo
de Sucre para que, en lo sucesivo, atienda el procedimiento previsto para la
resolución de ese tipo de excepciones.

10Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la
nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos (…).

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Estas razones llevan a la conclusión de que la Registraduría Nacional del Estado
Civil, para este caso en concreto, cumple funciones de verificación formal de
requisitos para la inscripción de las candidaturas. De modo que, en relación con la
naturaleza de los vicios por los cuales se acusa la legalidad del acto de elección
demandado, esto es, presuntamente haber incurrido en la prohibición de doble
militancia, es posible advertir que esta causal no encuentra relación alguna ni se
enmarca en la órbita de funciones otorgadas a la referida entidad, que amerite
mantener su vinculación en el presente proceso.

De modo que, en relación con la naturaleza de los vicios por los cuales se acusa la
legalidad del acto de elección demandado, esto es, presuntamente haber incurrido
en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, es posible advertir
que esta causal no encuentra relación alguna ni se enmarca en la órbita de sus
funciones que amerite mantener su vinculación en el presente proceso.

En suma, los argumentos de la excepción tienen vocación de prosperidad, por lo
cual se declarará probada la falta de legitimación en la causa por pasiva formulada
por el ente electoral.

3. Excepción de caducidad de la acción

Conforme se indicó en los antecedentes, uno de los argumentos de defensa
planteados en la contestación de la demanda fue el de la caducidad del medio de
control, el cual no se advierte fuera decidido por el a quo.

De manera pronta, la Sala advierte que el argumento de excepción resulta erróneo,
comoquiera que la accionada cuenta el término a partir del acto declaratorio de
elección E-26 CON expedido el 4 de noviembre de 2023, pasando por alto que el
acto judicializado en esta oportunidad es el del llamamiento a ocupar la curul de
cabildante, contenido en la Resolución 010 de 2023, que fue proferida por la mesa
directiva del concejo el 26 de enero del 2024 y no el acto declaratorio de elección.

Así las cosas, como la demanda se presentó el 7 de febrero de 2024, esta resulta
oportuna, incluso, si se contara el término desde la fecha de expedición del acto
demandado, comoquiera que no han transcurrido los treinta días contemplados en
el artículo 164, numeral 2, literal a) del CPACA y con mayor razón lo es, porque la
socialización de la decisión es posterior a su proferimiento.

4. Problema jurídico

A partir de los fundamentos del recurso de apelación, en armonía con la fijación del
litigio, se deberá determinar si se revoca, modifica o confirma el fallo del Tribunal
Administrativo de Sucre, en cuanto negó la nulidad de la elección demandada en
este proceso.

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Resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso11, aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la
Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos
formulados por el recurrente.

En ese sentido, la Sección analizará si Sabrina Cecilia Fernández Viloria incurrió
en doble militancia en la modalidad de apoyo. Además, se determinará si las
pruebas allegadas por la parte actora debían ser valoradas y si de estos medios de
convicción se acredita la conducta endilgada.

Para solucionar la anterior cuestión, la sala hará una exposición de i) las
generalidades de la doble militancia, enfocada en la modalidad de apoyo.
Finalmente, decidirá ii) el caso concreto.

5. Generalidades sobre la doble militancia por apoyo al candidato de un
partido distinto

Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y
bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran
los Actos Legislativos 01 de 2003 y de 2009, por medio de los cuales se introdujo y
reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas
que decidan cambiar de agrupación para aspirar a una próxima elección están
compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que

11 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
…
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.

Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).

A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas12:

a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento
político o grupos significativo de ciudadanos.

b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta,
en el mismo proceso electoral.

c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción
como candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento
político distinto de aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que
renuncie a la curul antes de los 12 meses que preceden al primer día de
inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta o pierda la
personería jurídica por causas diferentes a una sanción.

d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les
otorgó aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté
participando con aspirantes para la correspondiente elección ni haya
manifestado su apoyo expreso a determinada campaña de otro partido o
movimiento.

e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos

12 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2924, Rad.

25000-23-41-000-2024-00045-01 (concejal de Anolaima), MP. María Gloria Montoya Gómez.
Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Rad. 20001-23-33-000-2024-00005-01 (concejal de
Valledupar), MP Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Rad. 41001-
23-33-000-2023-00364-01 (concejal de Neiva), MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 8 de
agosto de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01267-01 (concejal de Maceo), MP Luis Alberto
Álvarez Parra. Sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro
Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00,
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-
2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-
23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad.
47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de
2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de
noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto
Yepes Barreiro.

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Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
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o designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo
que medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro
hecho.

En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación13, relacionada en
el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados. (Negrilla fuera de texto)

Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 14 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta de
la acreditación conjunta de cinco presupuestos, así:

i) Elemento subjetivo: el deber de abstención que se deriva de la prohibición de
la doble militancia en su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan
cargos de dirección, gobierno, administración o control en los partidos y
movimientos políticos, a los miembros de las organizaciones políticas que han sido
elegidos o aspiran a serlo en cargos o corporaciones de elección popular.

Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que
el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.

ii) Elemento objetivo: la conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes
inscritos por partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos
que difieren de aquel al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha
sido caracterizado por esta Sala Electoral como «… la ayuda, asistencia, respaldo
o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato
distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.»15

13 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-
01(Acum), MP. Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-
2019-00808-02.
14 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido

distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad.
05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de
2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de
octubre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-
23-33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.

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Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el
tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad de
doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos que
pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado de
convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del apoyo
ilegal.

En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que
demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese
orden, esta judicatura explicó al respecto:

Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia, pues de tiempo atrás la
Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor
del candidato perteneciente a otro partido político.16

De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.

Desde esta perspectiva, la Sección expuso:

Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de actos
positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al cual
pertenece el concejal demandado.

(…)

Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de
llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido,
en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.17 (Negrilla fuera de texto)

En ese mismo sentido, se ha indicado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo, ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico
propio de la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se
omitió probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña
política de un candidato afiliado a otro movimiento18; las palabras de agradecimiento

16 Ibidem
17 Providencia de 7 de diciembre de 2016, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio Rad. 2500-23-41-000-

2015-02347-00.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. «Ahora
bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de
estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados,
distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción

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entre aspirantes políticos19; tampoco, la existencia de publicidad perteneciente a un
aspirante avalado por otra organización, cuando los medios de convicción
allegados no permiten aseverar que su presencia responde a la voluntad del
accionado, como una manifestación de apoyo.

Pero no solo estos aspectos20 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente se ha hecho referencia a la
frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, por
lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de
esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política21.

De otra parte, se ha establecido que la ayuda cuestionada se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «… el apoyo
tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores»22.

Finalmente, esta judicatura ha expresado que la probanza del comportamiento
prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción
que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un
actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura
extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el
accionado23.

Por último, la Sección resalta que, el actuar objeto de sanción se centra en el
ofrecimiento de apoyos, no, en el recibimiento de respaldos por parte de un
candidato:

Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble
militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o

Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los
mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.» (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: «A
diferencia de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de
falsedad permite establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de
contexto en la prueba allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de
agradecimiento dirigidas al señor… sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura…»
(Negrilla y subrayas fuera de texto)
20 La naturaleza del apoyo.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
22 Ibidem.
23 Decisión del 31 de enero de 2019, MP. Rocío Araújo Oñate.

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movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de
agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo
de elección popular.24

iii) Elemento temporal: se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2 del artículo
2 de la Ley 1475 de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que
deben producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la
norma conlleva aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe
suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que «… solo durante ese
lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»25; término
que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su
aspiración y hasta la fecha de la elección.

iv) Elemento modal de la conducta: la incursión en la prohibición de doble
militancia en su modalidad de apoyo exige que el partido o movimiento político que
avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos puede
reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al
medio de control de nulidad electoral.

Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala de Sección,
sino el apoyo ordenado por un partido o un movimiento político a una causa
proselitista distinta de la suya puede llevar a cristalizar igualmente la causal de
inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la Ley 1475 de 2011.

La Sala concluyó en relación con este aspecto, lo siguiente:

Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble
militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o
apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente
presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato
propio para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya
decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización
política.26

Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política
de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas,
mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura
postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus
directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad.

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-

000-2015-00841-01. MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.

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v) Elemento territorial: el examen construido por la Sección especializada en
asuntos electorales del Consejo de Estado permite advertir que el respaldo
recriminado por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de
una misma circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un
candidato a la gobernación a la aspiración proselitista de un candidato a la
asamblea o a la alcaldía municipal dentro del departamento–, pero también en el
escenario de circunscripciones territoriales diversas.

En palabras de esta Sala de Decisión: «Por último, la Sala estima que la
circunstancia de que el apoyo haya sido brindado a un candidato que aspiraba a la
Cámara de Representantes por una circunscripción territorial diferente, como era
Bogotá, no incide en la configuración de la doble militancia política.27».

De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.

En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para establecer
con certeza que durante el periodo señalado el demandado desplegó actos de
respaldo a un candidato inscrito por una organización política diferente a aquella
que lo avaló, pese a que esta colectividad también tenía aspirantes, inscritos o por
adhesión a la campaña, para el respectivo cargo o corporación.

Así mismo, tanto la Corte Constitucional28 como esta Sala29 han perfilado la doble
militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito, teniendo
en cuenta que cada partido unido otorga avales individuales a sus candidatos, se
ha considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que deben favorecer,
en primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad y solo a falta de
estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás organizaciones
que suscriben el acuerdo, siempre que se les haya dejado en libertad para hacerlo.

En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia por
apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en la
norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador, al
efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio de
capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2018-00032-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-

2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00271-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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6. Caso concreto

En este asunto, el acto acusado es el de llamamiento de la señora Sabrina Cecilia
Fernández Viloria a ocupar la curul de concejal de Corozal, para el período 2024-
2027. El fundamento de la demanda es que se encuentra viciada de nulidad, por
cuanto la demandada incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo al
respaldar las candidaturas de Ariel Aduen Ángel militante del partido Fuerza de la
Paz, a la Alcaldía de Corozal y de Mario Fernández Alcocer de En Marcha, a la
Gobernación del departamento de Sucre.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de
la demanda al no encontrar configurado el elemento objetivo de la prohibición, por
cuanto en las pruebas representativas recaudadas, no evidenció las conductas de
apoyo claras, positivas y expresas que exige la doble militancia.

Inconforme con la decisión, el demandante apeló la sentencia, con base en los
siguientes argumentos: (i) el a quo no valoró el video de la alocución radial en el
que la accionada hizo manifestación clara y expresa de su apoyo a los candidatos,
comoquiera que consideró que este no cumplía con el requisito de autenticidad. A
juicio del apelante, no fue una decisión conforme a derecho, por cuanto la defensa
no ejerció contradicción sobre esa prueba.

Así las cosas, se cumplían los supuestos de valoración documental, aunado a que
el artículo 244 del Código General del Proceso dispone que el video se presume
auténtico.

Expuso que el contenido de esa prueba pone en evidencia el apoyo de la
demandada a los candidatos Ariel Aduen Ángel y Mario Fernández Alcocer, en
incumplimiento de las directrices de su partido, como se ha dicho a lo largo del
proceso.

ii) Por otra parte, el recurrente mencionó que, en las capturas de pantalla aportadas,
se observa a la demandada junto al aspirante Ariel Aduen Ángel y, en una de ellas,
la accionada escribió: «mi alcalde vamos creciendo y de la mano de Dios seguimos
avanzando», pieza probatoria que se puede valorar por no haber sido contradicha
o tachada.

Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente recordar que está fuera de
discusión dos supuestos fácticos principales, a saber: (i) que el partido político
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que avaló e inscribió a la
demandada para el Concejo de Corozal, periodo 2024-2027, no postuló candidatos
propios ni para la alcaldía de dicho municipio ni para la Gobernación del
departamento de Sucre y (ii) la existencia de dos acuerdos de adhesión suscritos
por el MAIS, en los que se comprometió a apoyar a los aspirantes del Partido Liberal
Colombiano, para ambos cargos.

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Como viene de explicarse, en el presente evento se cuestiona si la señora Sabrina
Cecilia Fernández Viloria ejerció algún acto positivo, expreso y concreto de apoyo
a las candidaturas de Ariel Aduen Ángel y Mario Fernández Alcocer.

El actor adjuntó con la demanda las siguientes capturas de pantalla:

1) Imagen 1

2) Imagen 2

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3) Imagen 3

4) Imagen 4

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5) Imagen 5

6) Imagen 6

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En criterio del tribunal de primera instancia, de estas no se logra establecer que la
accionada haya desplegado conductas positivas de apoyo de aquellas que
generan la incursión en la prohibición de doble militancia.

Antes de empezar con el análisis de las pruebas, la Sala encuentra que las tres
primeras imágenes junto con la número 6, al parecer provienen de la cuenta de la
red social Facebook del señor Ariel Arduen, porque contienen la interfaz respectiva.
En contraste, frente a las capturas 4 y 5 se desconoce de cuál plataforma fueron
logradas o extractadas, como tampoco en qué cuenta fueron colgadas.
Para la Sala en las imágenes, se refleja el ambiente de campaña electoral. De la
primera a la tercera, por la presencia coincidente de algunas personas y de la
uniformidad de las prendas que visten, se trata de un mismo acto, mientras que la
cuarta imagen ya no tiene dichas coincidencias y la quinta y sexta corresponden
a otro acto y de aquella tampoco se advierte actos positivos de apoyo.

Con todo, esta judicatura ha reiterado que la asistencia o concurrencia a y en actos
de proselitismo político de aspirantes de diferentes colectividades no son
potencialmente actividades que generen la incursión en la doble militancia en la
modalidad de apoyo.

Resulta normal y, sin discordancia con el principio democrático de participación,
interactuar en las reuniones de proselitismo político, de lo contrario, incluso, se
dificultaría para el electorado el poder comparar y depurar la opción de voto y, por
demás, obstaculizaría el campo dialéctico y dialógico de la democracia.

Así las cosas, con las solas imágenes de pantalla resulta alejado de la normativa
imputar a la demandada actos de apoyo, pues su mera presencia e incluso su
lenguaje simbólico y corporal tampoco alcanza los niveles de actos positivos que
se requieren en estos casos.
En relación, con la imagen sexta, en principio, tampoco tendría consideración
diferente en cuanto a los hechos reflejados en la foto ante la falta de supuestos
claros y positivos de apoyo, de no ser porque a la referida publicación la señora
Sabrina Fernández comentó lo siguiente: «Mi alcalde, vamos creciendo y de la
mano de Dios seguimos avanzando». En este punto, para la Sala, aunque es
indiscutible que refleja gran cercanía, lo cierto es que se requeriría de otras
probanzas concurrentes que llevaran a la certeza de que esa frase constituyó un
apoyo indebido o una solicitud puntual y fidedigna de respaldo al electorado, más
allá de una posible admiración o empatía ideológica que se deja entrever en dicha
manifestación. Aunado a que no se tiene clara la fecha de ese comentario a la
publicación.

Pasando a los videos -cinco en total- la Sala observa que fueron aportados con la
demanda en formato .mp4, así que frente al valor probatorio de los elementos
representativos (videos, fotografías, impresiones de pantalla, entre otras), de

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Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
(concejal de Corozal - Sucre, periodo 2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00030-01

conformidad con el artículo 243 del Código General del Proceso, se reputan
documentos y, por ende, conforme al artículo 244 siguiente se presumen
auténticos las reproducciones de imagen o de voz «mientras no hayan sido
tachados de falsos o desconocidos».

Al efecto, la Sala en decisiones recientes30, ha considerado que en lo que
corresponde a los mensajes de datos, la Ley 52731 de 1999, en armonía con las
directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional32, los definió como toda aquella información «… generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares…»33, y los reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier
actuación administrativa y judicial34, cobijando, por ende, los procesos de nulidad
electoral.

Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo
valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba accesible
para posteriores consultas (artículo 6°35 ejusdem); (ii) se conocía la identidad de su
generador (artículo 7°36 ibidem37); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo
cualquier tipo de alteración (artículo 8°38 ejusdem). Todo ello, con el propósito de
reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción digitales, –entiéndase
correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales, leyendas que

30 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-

33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de
agosto de 2023. Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
31 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.”
32 Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo

de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-
23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia de 13 de diciembre de
2017.
33 Art. 2 de la Ley 527 de 1999.
34 Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES

DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria
es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo
del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia,
validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos,
por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en
su forma original.”
35 “Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará

satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su
posterior consulta.”
36 “Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en

ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho
requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.
37 Adverbio que significa 'allí mismo, en el mismo lugar’ Diccionario RAE.
38 “Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma

original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía
confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”.

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acompañan los “post” de Instagram y Facebook–, como requisitos ineludibles para
su apreciación, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades
propias39.

A pesar de lo anterior, la legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos
como medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así las cosas, se
ha diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su
respectivo enlace-, de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no en
estas condiciones iniciales.

Frente a los últimos, la legislación y la jurisprudencia constitucional han reconocido
que es procedente entonces dar aplicación a las reglas de valoración de los
documentos40. El artículo 247 del precitado Código General del Proceso,
preceptúa:

Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron
generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con
exactitud.

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos”. (Se resalta)

Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se deben
verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos 6°,
7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando los
extremos procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos
mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet,
fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace–; pero no sus
reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general
de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del
artículo 24441 de la Ley 1564 de 2012.

39 Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
40
Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016, señaló: :“Como se indicó,
el inciso demandado –2 del artículo 247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido
originalmente creado, enviado o recibido mediante canales electrónicos, ópticos u otros de la misma
naturaleza, no es aportado al proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno, de carácter
electrónico, que lo reproduzca con exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia,
se prevé la aplicación de las reglas general de valoración sobre los documentos. No se está en
presencia de un mensaje de datos propiamente dicho, como interpretan los demandantes, sino de
una copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario de papel que el legislador, para
su valoración, sujeta a las reglas generales de los documentos” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
41 “Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en

copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.”

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Así, se ha dicho42:

Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas
sobre las que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas de
pantalla tomadas de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a mensajes de
datos allegados en los formatos creados, como en otras oportunidades ha
ocurrido43–, la Sala especializada en asuntos electoral estima que, contrario a lo
pregonado por el recurrente, no se hacía exigible para la demandante el
cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley
527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se circunscribieron a
aducir documentos físicos, mas no pruebas de índole electrónico, que obligaran a
observar los presupuestos de la equivalencia funcional erigidos en las referidas
disposiciones normativas.

Retomando el asunto el caso concreto, las probanzas representativas no fueron
tachadas de falsas ni desconocidas por la parte accionada, por lo que su
autenticidad no fue contradicha por la interesada, lo que lleva a que la presunción
de aquella se mantiene e implica para el operador jurídico valorarlas.

Precisado lo anterior, reitera la Sala que este tipo de documentos son «meramente
representativos que por sí solos no demuestran fehacientemente un hecho o acción
determinada»44, por lo que su valor probatorio depende de su análisis en conjunto
con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.

Así las cosas, se pasa entonces al segundo estadio y es apreciar las grabaciones,
adjuntadas en formato .mp4, conforme a la sana crítica y determinar si los hechos
alegados han sido demostrados. Los contenidos que se observan son los
siguientes:

Video 1

Duración de un (1) segundo, demasiado breve y sin mayor incidencia para probar
lo alegado.

Video 2

Con 18 segundos de duración, da cuenta de la publicación del video que se hizo
en la dirección de Facebook de «Sabrina Fernández» y que se adjunta con la
siguiente mención: «En esta oportunidad mi comunidad le dio la bienvenida a Ariel
Aduen, seguimos avanzando de la mano de Dios». En seguida, de lo que al parecer
es el chat de este último se escribió lo siguiente: «Más de 300 personas en el barrio

42 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-

33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
43 Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.

11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de
3 de diciembre de 2020.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-

000-2019-00074-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Once de Noviembre, zona sur de Corozal, se identificaron con nuestras propuestas.
En este espacio, Sabrina Fernández, aspirante al Concejo por el partido MAIS,
ratificó su apoyo a esta candidatura. Juntos con la #Gente, trabajaremos por un
municipio próspero, emprendedor, con mayor inversión en lo social y más obras de
impacto. #ElPoderEstaEnLaGente, #ElAlcaldeDeLaGente, #AlcaldíaDeCorozal y
#ArielAlcalde».

En la grabación, se observa un sitio abierto en el que está una gran cantidad de
personas, algunas con gorras que dicen Alier que aplauden al ingreso de quien está
en campaña, con cachucha bicolor negro y blanco. Luego el video, a la altura del
segundo 5’’ tiene un corte y el aspirante saluda de abrazo a quien al parecer es la
accionada quien porta una gorra roja, en el segundo 7’’, vuelve a interrumpirse y
aparece en la plaza pública el aspirante, quien en el audio dice: «… agradecerle a
Sabrina, a su equipo de trabajo, a su familia, proyecto que arranca con su familia,
arranca con -se corta-…» y finaliza en el segundo 18’’.

En este video quien agradece el apoyo es un aspirante masculino que se supone
es Ariel Arduen Ángel, pero no se escucha a la accionada. Con todo, este contenido
carece de efecto en el asunto que se juzga, comoquiera que su publicación data
del 1. ° de septiembre de 2023, fecha anterior a la firma del acuerdo de adhesión
que aconteció el 21 de septiembre, data posterior en la que el MAIS pasó de no
tener candidato propio a la Alcaldía de Corozal a adherirse a las aspiraciones del
candidato del partido Liberal Colombiano.

Video 3

Con una duración de 28 segundos, se advierte que se trata de una reunión política,
se observan varias personas y coincide con las capturas de pantalla cinco (5). En
este, se observan al fondo los asistentes y tres personas, entre ellas, la accionada,
otra señora y el aspirante del video anterior con gorra y camiseta que dicen Ariel.
Toma la palabra la señora Sabrina Fernández, para decir: «… que mi familia ha
sido referente de nobleza, empatía, amor por el prójimo y hoy Sabrina Fernández
postula su candidatura al Concejo de Corozal, por el partido MAIS número 1. El
compromiso aquí que yo adquiero con ustedes es que me acompañen para este
29 de octubre y así como dice el doctor ‘Uriel’ o ‘Urides’ -no se escucha bien por el
ruido ambiental y señala al aspirante que está a su lado, con la gorra de Ariel- juntos
nos comprometemos a seguir trabajando por nuestra comunidad. Yo en esta noche
le estoy hablando a mi comunidad, a la que me vio crecer, a la que comunidad que
me ha visto…» -se corta- y termina en el segundo 28’’.

No se sabe la fecha de creación ni su origen, aunque en la parte superior de la
grabación se ha introducido una mención que al parecer es de una tercera mujer,
en el que se lee: «Con Sabrina Fernández me siento identificada es una joven con
un talento de oro. Los invito a apoyar nuestro proyecto vota este 29 de octubre
MAIS 1».

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Para la Sala, tampoco de esta alocución se evidencian actos de apoyo a aspirante
diferente, pues la señora Fernández se centra en su candidatura y la mención que
hace del candidato simplemente refleja una empatía de trabajo por la comunidad.

Video 4

Dura 44 segundos y solo contiene la diligencia de juramentación y posesión de la
accionada en el cargo de concejal. Es una prueba que no resulta pertinente al
supuesto que se pretende probar, comoquiera que los elementos constitutivos de
doble militancia tienen su génesis y desarrollo en campaña, que abarca desde la
inscripción hasta el día de las votaciones. Siendo entonces, la posesión un hecho
posterior incluso a la declaratoria de la elección no queda dentro del periodo de la
prohibición que se analiza.

Video 5

Con una extensión de 27 segundos, en el que aparece la publicidad de la entonces
candidata al Concejo de Corozal, por el MAIS y número 1 en la tarjeta electoral. La
aspirante porta la gorra distintiva de su partido y en la pared se observa el logo de
un medio de comunicación “M Radio 106.3 FM Mueve tu mundo” y la señora
Fernández está dando una entrevista al señor Jorge Alberto Cuello, director del
espacio «Corozal y sus Noticias», quien el segundo 6’’ de la grabación, le dice:

… nosotros siempre le preguntamos a quienes nos acompañan acá aspirantes al
concejo ¿Cómo van acompañando a candidatos a la alcaldía, gobernación y
asamblea? ¿Cómo está usted en ese sentido?

A ese interrogante, la accionada, entonces candidata que estaba siendo
entrevistada, respondió lo siguiente:
Claro que sí, nosotros estamos acompañando un candidato a la alcaldía, se llama
Ariel Aduen, pues creo que es una personal con experiencia y conocimiento, además
relaciones para poder seguir construyendo el Corozal que todos soñamos y también
estoy acompañando a Mario Fernández a la gobernación. (13’’ a 27’’ de la
grabación).

Conforme al artículo 247 del CGP, los documentos que han sido aportados como
mensajes de datos, pueden ser valorados como tales, cuando vienen en el mismo
formato que fueron generados, enviados o recibidos o en algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud.

Valga recordar que el fallo de primera instancia, frente al video que ocupa la
atención de la Sala esgrimió la siguiente consideración, la cual conforme a lo
indicado con base en la normativa precitada no comparte esta Sala:

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En lo que respecta a los videos de WhatsApp, donde aparece la demandada dando
una entrevista de radio, como en otros lugares de concentración, se desconoce el
origen de su publicación, quien lo incorporó o publicó en las redes sociales. En otras
palabras, el componente autenticidad, respecto de su contexto, estructura y
contenido es desconocido.

En tal sentido, las capturas de pantalla y videos desde el punto de vista probatorio
procesal no ofrecen certeza de lo alegado, pues, si bien, se observa a la demandada
en dichos documentos, también aparecen varias personas de las que no se conoce
su identidad; es decir, no se puede afirmar si se trata de los candidatos a que se hace
referencia en la demanda. Sin que tal falencia probatoria pueda ser subsanada,
considerando otros elementos materiales de prueba, pues, ninguno tiende a hacerlo.

Conforme a lo expuesto y en atención al material probatorio recaudado en el proceso,
la Sala considera que no existe prueba que determine que SABRINA CECILIA
FERNÁNDEZ VILORIA, haya desplegado actos de apoyo ciertos e irrefutables a
favor de los candidatos descritos en la demanda, ya que las aportadas no brindan
claridad o no evidencian las circunstancias en que fueron tomadas o capturadas…

De tal suerte que, para esta Sección, las menciones en este video son claras sobre
el apoyo que la accionada profesó hacia los candidatos Ariel Aduen y Mario
Fernández, pero observada la grabación no se encuentra probanza del día en que
se llevó a cabo la entrevista, tampoco la data de la grabación, aspectos medulares
para este caso concreto, comoquiera que como se determinó consideraciones
atrás, la adhesión fue suscrita bien entrada la campaña electoral 2023,
específicamente, el 21 de septiembre de dicha anualidad.

Al respecto, valga recordar que desde la primera instancia conforme reposa en el
expediente, el MAIS otorgó el aval a la accionada el 19 de julio de 2023:

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Así mismo, en certificaciones del MAIS y del Partido Liberal Colombiano, allegadas
a este proceso, así como del contenido de los acuerdos que suscribieron ambas
colectividades, se evidencia que la adhesión data de 21 de septiembre de 2023 y
conllevó el deber de que todos los candidatos del MAIS del departamento de Sucre
«deberán apoyar pública, decidida y activamente en todos los actos de campaña
que se dispongan para la consecución de apoyo electoral para lograr que…» los
aspirantes militantes del partido Liberal Colombiano Lucy Inés García Montes y
Andrés Rafael Vivero León fueran gobernadora de Sucre y alcalde de Corozal,
respectivamente (cláusula tercera del documento de adhesión), siendo vinculante,
a partir de esa determinada fecha, comoquiera que las colectividades aceptaron
que fueran sus candidatos únicos.

Esto en consonancia con la Ley 1475 de 2011, que en su artículo 29 dispone para
los partidos con personería jurídica, como lo son ambos corporativos políticos
citados y que resulta armónico con el artículo 2 de esta misma regulación cuando
se prevé la inscripción de candidatos45:

Artículo 29. Candidatos de coalición
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o
con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para
cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los

45 De interés resulta el fallo de 22 de agosto de 2024 (rad. 11001-03-28-000-2023-00154-00), en el

que se consideraron aspectos atinentes a los eventos en que la colectividad, por una parte, carece
de candidato propio y, por otra, no haya adoptado la decisión de comprometerse con alguna otra
agrupación o impartido alguna instrucción a sus candidatos en tal sentido y el tratamiento y alcance
del factor modal de la prohibición, desde los siguientes planteamientos:

En este orden, conviene reiterar que «el deber de lealtad partidista surge en el momento en
que la colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato
propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o
bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas» [«Consejo de
Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1 de agosto de 2024. Exp. 63001-23-33-000-2023-
00103-01»].

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partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella.
Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con
personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o
apoyar al candidato de la coalición…

Sobre el punto, resulta importante citar el fallo de 12 de diciembre de 202446, en el
que la Sala, luego de analizar la ley mencionada, los derroteros de la SU-213 de
2022 de la Corte Constitucional y los antecedentes de esta Sección47 respecto a
las adhesiones consideró lo siguiente:

…la figura de la adhesión se compromete de lleno con la candidatura postulada por
un movimiento distinto, lo que obliga al conglomerado al que pertenece a respetar
sus directrices, y a no desconocer las instrucciones que su colectividad de en el
sentido de apoyar otras aspiraciones, sin que sus intereses puedan anteponerse a
los de aquellas…

Dentro de ese contexto y, a fin de demostrar el elemento objetivo del apoyo en la
prohibición de doble militancia, la parte actora con la demanda adjuntó, en el video
en cita, la accionada al responder al interrogante de a quiénes apoyaba para las
justas electorales locales es explícita en la ayuda a Ariel Aduen Ángel, a la alcaldía
de Corozal y de Mario Fernández Alcocer, a la gobernación del departamento. Con
todo, se desconoce, por falta de prueba, el día en que la accionada lo declaró en
dichos términos en su entrevista radial.

Valga recordar que corresponde a quien pretende el efecto de la norma, en este
caso probar la incursión en la prohibición de la doble militancia y, por ende,
desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado, lograr que los medios
demostrativos den certeza de los elementos constitutivos de la figura, entre estos,
el apoyo positivo y concreto y que se haya dado en el tiempo que se predica le
resultaba vinculante al elegido, más tratándose de una adhesión a las campañas
de otras colectividades.

En este caso, la Sala ha escudriñado los contenidos de las pruebas, a fin de
determinar la fecha que se echa de menos. Al efecto, en el expediente reposan
constancias de ambas colectividades, en respuesta a sendos requerimientos del
tribunal, que informan sobre la existencia y rúbrica de las adhesiones a las
campañas de ambos aspirantes. En efecto, la del MAIS fue expedida por la
secretaria general. Explicó que dichas decisiones fueron adoptadas atendiendo a
lo solicitado por el Comité Ejecutivo Departamental de Sucre, que es quien «dentro
de sus funciones y en concordancia con lo establecido en la norma estatutaria, son
los encargados de dinamizar los procesos y alianzas en su región por ser
conocedores de la dinámica territorial y al ser el MAIS un movimiento que respeta

46 Con salvamento de voto del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.

47«Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 10 de agosto de 2023. Rad. 11001-03-28-
000-2022-00198-00 (2022-271 y 2022-277). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra» y «… Sentencia de 9
de noviembre de 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00258-00. M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra» (En el original).

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la autonomía de las regiones, se delega en ellos la responsabilidad principal de
evaluación, para que finalmente sea el nivel nacional quien con los argumentos y
análisis de las regiones tome una decisión al respecto».

Ello evidencia, que si bien, la región partidista de la colectividad puede optar por
acuerdos como el visto, en últimas, es el nivel nacional quien adopta la decisión
final, que fue suscrita por los representantes legales de ambos partidos políticos
pactantes.

Y agregó: «Estos acuerdos fueron remitidos al Comité Ejecutivo Departamental, a
fin de que fueran llevados al territorio y posteriormente socializados, tareas que, de
acuerdo con lo consultado, fueron realizadas».

En armonía, el Partido Liberal Colombiano hizo lo propio, aunque su certificación
solo versa sobre el acuerdo de adhesión de 21 de septiembre de 2023, a la
candidatura de la aspirante a la Gobernación de Sucre señora Lucy Inés García
Montes. Explicó que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, las únicas decisiones
que requieren de «… un acto de publicación o manifestación para que cuenten con
validez legal, son los acuerdos de coalición, en la medida que deben presentarse
al momento de la inscripción de la candidatura». Así mismo, anexó constancia del
secretario general del partido Liberal Colombiano en la que reconoce como propia
la firma que reposa en el documento de adhesión.

Por otra parte, los aspirantes del MAIS al concejo municipal de Corozal, periodo
2024-2027, señores Jimmy Enrique Quiroz Ulloa, Antonio José Narváez Barbosa,
Hugo Carlos Pérez Barbosa, Luisa Campo Gómez, Mayuri Luz Gómez Bertel,
Jimmy Enrique Quiroz Ulloa indicaron, en forma unívoca, que en reuniones
grupales a las cuales convocó el partido en agosto y septiembre de 2023, a las
cuales acudieron todos los candidatos al concejo municipal, fueron enterados de
que debían apoyar a los aspirantes del partido Liberal Colombiano, en virtud de la
adhesión, la cual se reitera, fue pactada el 21 de septiembre por vía de la adhesión
y anunciada en el mes de agosto anterior.

En consecuencia, si bien de esos contenidos, es claro que a la accionada le asistía
el deber de respaldar a los candidatos del Partido Liberal, por virtud de los acuerdos
de adhesión referidos, lo cierto es que esta obligación surgió ya bien entrada la
campaña electoral de 2023 (septiembre), porque como se indicó antes, el MAIS, al
principio (julio de 2023), carecía de candidatos propios para los cargos referidos.

Así que, el punto de inflexión en las circunstancias narradas es que no se tiene la
certeza de la data en que la accionada absolvió la declaración radial a la emisora
M Radio 106.3 FM Mueve tu mundo, en el programa Corozal y sus Noticias, por lo
que mal podría predicarse la incursión en la prohibición de doble militancia, sin
contar con este presupuesto probado y, ello es razón suficiente para confirmar el
fallo apelado, pero por las razones antes expuestas.

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Demandante: Mauricio de Jesús Villalba Mercado
Demandada: Sabrina Cecilia Fernández Viloria
(concejal de Corozal - Sucre, periodo 2024-2027)
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00030-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. FALLA:

PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADA la caducidad de la acción de nulidad
electoral contra el acto demandado.

TERCERO. CONFIRMAR la decisión del 28 de agosto del 2024 del Tribunal
Administrativo de Sucre que negó las pretensiones de nulidad contra la Resolución
010 del 26 de enero de 2024, mediante la cual la mesa directiva del cabildo llamó
a la señora Sabrina Cecilia Fernández Viloria, a ocupar la curul de concejal de
Corozal (Sucre).

CUARTO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

QUINTO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el proceso al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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