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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00589-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2015-00589-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia; SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de la demanda que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por el señor José Humberto Cruz Carrillo en contra de la Procuraduría General de la Nación. TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2015-00589-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 004 2015 00589 01 (4160-2017)
Demandante: José Humberto Cruz Carrillo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general.
Servidor público de elección popular.
Decisión Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE REMPLAZO SEGUNDA INSTANCIA

I. OBJETO DE DECISIÓN

1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de
2025, a través de la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta
Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de
la Nación,1 esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de reemplazo
dentro del proceso de la referencia.

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) fallo disciplinario del 31 de marzo de 2014,2 mediante el cual
la Procuraduría Provincial de Ibagué sancionó disciplinariamente al señor José
Humberto Cruz Carrillo, con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de
cargos públicos por el término de 13 años y; ii) fallo disciplinario del 30 de abril
de 2015,3 a través del cual la Procuraduría Regional del Tolima, en sede de
segunda instancia, confirmó la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
Procuraduría General de la Nación eliminar la aludida sanción de sus sistemas
de registros de antecedentes y que reconozca los perjuicios materiales e
inmateriales -morales, a la vida de relación y perdida de oportunidad- causados.

1 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-

000-2024-03980-00; 11001-03- 15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.
2 Folios 60-70 del cuaderno principal.
3 Folios 47-59 de esa misma foliatura.

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Demandante: José Humberto Cruz Carrillo

4. Finalmente, exigió el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los
términos establecidos en el C.P.A.C.A.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. El demandante fue elegido concejal del municipio de Venadillo - Tolima
para los periodos 2003-2006, 2007-2011 y 2012-2015.

6. El 31 de enero de 2011, un ciudadano presentó queja en su contra, porque
en el año 2010, cuando fungió como presidente del concejo municipal de
Venadillo, avaló irregularidades en el contrato de prestación de servicios que
suscribió con el señor Jhon Alexander Santofimio.

7. En esa querella se afirmó que la persona contratada no anexó los
documentos que acreditaran sus conocimientos en manejo archivístico, ni el pago
de las planillas de salud -y además se comprometió a terminar en 16 días y a la
fecha de la queja aún se encontraba manipulando los documentos y sin embargo
ya había sido liquidado y cancelado en su totalidad, aunado a que el supervisor
fue el Presidente del Concejo- (sic).

8. La Procuraduría Provincial de Ibagué, luego de agotar la indagación
preliminar -ordenada en auto del 8 de febrero de 2011- y la consecuente
investigación disciplinaria -adelantada, a su juicio, luego de superarse
ampliamente el periodo de indagación preliminar-, mediante auto de 30 de
septiembre de 2013, formuló dos cargos en contra del demandante consistentes
en:

9. Incumplir el deber previsto en el numeral 1.° del artículo 34 de la Ley 734
de 2002, pues en el proceso que culminó con el contrato de prestación de
servicios 002 de 14 de diciembre de 2010 -adquisición de bienes y servicios para
la organización, limpieza y depuración del archivo del Concejo Municipal de
Venadillo-, no justificó el por qué hizo uso de la facultad de contratación directa.

10. No verificar si el contratista reunía los requisitos de idoneidad y experiencia
para ejecutar la labor convenida, además de que pasó por alto que aquel no
diligenció el formato único de hoja de vida y no aportó los certificados de
antecedentes requeridos para contratar -cargo que cimentó sobre la base de
violación de los principios de transparencia y selección objetiva, los cuales se
erigen en la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 31 del artículo
48 del CDU-.

11. El 31 de marzo de 2014, la Procuraduría Provincial de Ibagué sancionó al
demandante con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos
públicos por el término de 13 años, luego de: i) declarar impróspero el primer
cargo imputado, al evidenciar la debida justificación del proceso contractual y; ii)

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encontrar fundado el segundo cargo, al acreditar el hecho según el cual el
disciplinado infringió los principios de transparencia y selección objetiva al
celebrar el contrato arriba referenciado; calificando la falta como gravísima por la
inobservancia de: el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el
artículo 12 del Decreto 4266 de 2010; los artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993
y los artículos 3 y 4 de la Ley 1409 de 2010.

12. Finalmente, expresó que el 30 de abril de 2015, la Procuraduría Regional
del Tolima, confirmó la señalada decisión.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

13. Para el abogado, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las
siguientes disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 15, 29, 83, 118 y 209 de la
Constitución política; artículos 1.°, 2.°, 3.°, 138 y 161 del C.P.A.C.A y; artículos
4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 17, 19, 23, 97, 129, 150, 156 y 161 del Código Disciplinario Único.

14. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que
se sintetizan a continuación:

15. Infracción manifiesta de la ley, la constitución y de los derechos
fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido: la sanción
disciplinaria vulneró el bloque de constitucionalidad al desconocer la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que la Corte
Interamericana para los Derechos Humanos ha emitido en torno al derecho a
elegir y ser elegido.

16. La citada restricción vulneró, de contera, los siguientes derechos
fundamentales:

17. Vida en condiciones dignas, porque su proyecto personal y familiar se
vio truncado al impedirle volver a ser servidor público, ya sea por nominación
directa, ora por elección popular, que devienen del preámbulo de la Constitución
y del artículo 8.° de la Ley 734 de 2002.

18. Debido proceso, pues la demandada: i) desconoció los términos
preclusivos con que contaba para adelantar y finiquitar las etapas de indagación
preliminar e investigación disciplinaria; ii) permitió que se incorporaran pruebas
por fuera de la oportunidad legal y que se recaudaran elementos probatorios que
no fueron solicitados en el auto de apertura de investigación; iii) no resolvió las
dos solicitudes de nulidad procesal formuladas en las etapas de descargos y
alegatos de conclusión; iv) incumplió el plazo que tenía para proferir el fallo de
segundo grado y; v) en esa misma instancia, decretó pruebas de oficio sin
notificar al actor, además de que, la autoridad que las practicó carecía de
competencia para ello.

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19. Atipicidad de la conducta, porque, contrario a lo alegado por la
accionada, el contratista si cumplió con los requisitos exigidos para desplegar la
labor de organización, limpieza y depuración del archivo del concejo municipal de
Venadillo – Tolima.

20. A la fecha de celebración y ejecución de la actividad convenida, el Archivo
General de la Nación no había reglamentado esa labor, por lo que las normas en
que se fundó la autoridad disciplinaria para calificar la conducta -Ley 80 de 1993,
en cuanto al principio de selección objetiva y transparencia- no estaban vigentes
al momento de su realización, pues fueron derogados por la Ley 1150 de 2007.

21. Reprochó la afirmación de la demandada, cuando tildó de irregular el hecho
de que el contratista aportara la hoja de vida en formato de la función pública y los
respectivos antecedentes de los órganos de control, después de la suscripción del
contrato. Consideró que esos requisitos son meramente formales porque no
otorgan ningún puntaje y no invalidan el acto contractual.

22. Ilegalidad de la sanción impuesta, porque ante la atipicidad de la
conducta reprochada, no era procedente la sanción.

Contestación de la demanda.

23. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda,4 oponiéndose a las pretensiones en ella contenidas.

24. Frente al primer cargo, alegó que las decisiones enjuiciadas se ajustaron
a los parámetros normativos vigentes, por lo que no se vulneraron los derechos a
la dignidad humana y a elegir y ser elegidos que invocó la parte actora.

25. Aunque esas determinaciones provocaron algunos perjuicios para el
demandante y su familia, no tienen la vocación de ser irreparables. Admitir lo
contrario -aseguró- conduciría a vaciar las competencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para privilegiar otros mecanismos judiciales de
protección.

26. En cuanto al segundo cargo, afirmó que la tardanza de la indagación
preliminar no desconoció el derecho al debido proceso del demandante. Por una
parte, porque así lo ha predicado la Corte Constitucional, entre otras, en la
sentencia SU-901 de 2005. Por la otra, pues el proceso fue adelantado de
conformidad con las normas procesales pertinentes.

27. En cuanto a la mora endilgada a la investigación, la defensora arguyó que
no tuvo ocurrencia, en razón a que, tratándose de faltas disciplinarias gravísimas,

4 Folios 515 a 538 de la foliatura principal.

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el plazo con que cuenta la entidad para adelantar las pesquisas es de 18 meses,
término que no discurrió en el sub examine.

28. Respecto de la censura frente a las pruebas recaudadas, manifestó que en
los autos dictados en el curso de la indagación preliminar y de la investigación
disciplinaria, se facultó a la funcionaria comisionada para que practicara las
pruebas que estimara convenientes para aclarar los hechos denunciados.

29. Alegó que con esta situación no se violó el debido proceso del accionante,
pues fue enterado oportunamente de esas pruebas. Además, nunca alegó vicios
al respecto al interior del trámite disciplinario.

30. Argumentó que las pruebas que se tildan de improcedentes no tuvieron
relevancia jurídica en la sanción disciplinaria que ahora se enjuicia.

31. Las solicitudes presentadas por el investigado durante el trámite
conciliatorio solo enmarcaron sus inconformidades frente a aquel que, por cierto,
no se aparejan a peticiones de nulidad procesal, por lo que es infundada la omisión
invocada en ese sentido.

32. Frente al cargo de indebida práctica de pruebas en segunda instancia,
alegó que esas actuaciones obedecieron a la insistencia que, con tal fin, fue
elevada en la alzada por el demandante, por lo que con ella se garantizaron sus
derechos. Además, aseguró que el incumplimiento de los términos para emitir el
fallo de segundo grado tampoco infringió el debido proceso.

33. En torno al tercer cargo, contrario a lo alegado por la parte activa, estimó
que en el presente asunto si está demostrada la tipicidad de la falta disciplinaria,
pues las funciones enmarcadas en el contrato de prestación de servicios
implicaron el ejercicio de actividades de archivo que solo podían ser adelantadas
por personal capacitado en esa materia, a la luz de lo establecido en los artículos
3 y 4 de la Ley 1409 de 2010 -norma que se encontraba vigente cuando dicho
contrato fue firmado-. Por ende, el contratista no cumplía con esos requisitos e
hizo surgir la falta disciplinaria por la que finalmente fue sancionado el otrora
concejal.

34. Conforme con lo dicho, contrarió asimismo el último cargo de nulidad
planteado, relativo a la ilegalidad de la sanción impuesta.

Sentencia de primera instancia.

35. Mediante sentencia de 11 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del
Tolima denegó las pretensiones de la demanda.5 Con tales fines, concluyó que:

5 Folios 702 a 721 del cuaderno 3.

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36. Según el Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 la mora denunciada
frente a la indagación preliminar y a la investigación disciplinaria no infringe el
debido proceso del investigado, ni les resta valor probatorio a los elementos
recopilados, mientras no ocurra la prescripción de la potestad sancionadora.

37. Sobre las pruebas documentales decretadas y requeridas luego de
vencidos los 6 meses de investigación preliminar, explicó que la jurisprudencia del
Consejo de Estado8 ha determinado que fenecido ese periodo, las evidencias
recaudadas son válidas, por lo que no es dable invocar irregularidades en su
recaudo, como lo pretende la parte actora.

38. En el auto de apertura de la indagación preliminar del 8 de febrero de 2011,
la autoridad disciplinaria indicó que dentro de las pruebas a practicar se
encontraban las descritas en el numeral 4° del ordinal tercero que disponía por
aquellas -Las demás que surjan de las anteriores y que a criterio de la
comisionada sirvan para el total esclarecimiento de los hechos investigados-.

39. Por tanto, las censuras endilgadas a la funcionaria comisionada -en el curso
de la indagación preliminar- carecen de respaldo legal, en tanto las pruebas
practicadas por ella se alinearon con la potestad conferida en aquel decisorio, de
acuerdo con el artículo 134 del CDU. A partir de dichas facultades, la comisionada
podía, a su juicio, recaudar las evidencias que resultaren indispensables para
clarificar los hechos.

40. No existe irregularidad alguna frente a las presuntas peticiones de nulidad
presentadas por el actor en las etapas de descargos y alegatos de conclusión, por
cuanto en ellos no se avizoran solicitudes en ese sentido.

41. El incumplimiento del artículo 171 del CDU, que prevé que el fallo de
segunda instancia debe ser dictado dentro de los 45 días siguientes en que se
reciba el expediente, no implica la perdida de competencia para ello.

42. En cuanto a la presunta deficiencia argumentativa de esa decisión, adujo
que, contrario a ello, dicha determinación guardó coherencia con los reparos
planteados en la apelación y, además, está ajustada a derecho, pues se fundó en
el estudio adecuado de las pruebas recopiladas.

43. La ausencia de notificación al entonces investigado del auto de pruebas
dictado en la segunda instancia no le impidió ejercer su derecho de defensa y
contradicción, dado que, a las voces del artículo 138 del CDU, los sujetos

6 Citó las sentencias emitidas por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, el 19 de mayo de 2011.

Radicación 730012331000200401306 (0684-2008). C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve y el 27 de abril de
2016. Radicación Nº. 11001-03-25-000-2011-00248-00(0873-11). C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
7 Citó la sentencia SU 901 de 2005.
8 Si bien hizo mención a que la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido a este respecto, no citó

puntualmente sentencias que respaldaran el argumento.

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procesales podrán controvertirlas a partir de la fecha en que tengan acceso a las
pesquisas respectivas. Adicionalmente, esa norma no prevé la procedencia de
recursos en contra de la decisión censurada.

44. La falta endilgada si es típica, porque a la fecha de suscripción del contrato
-cuyo objeto guarda relación estricta con la adquisición de bienes y servicios para
la organización, limpieza y depuración del archivo del Concejo Municipal de
Venadillo- se requería personal con conocimientos certificados en el manejo de
archivos. Lo que aquí no ocurrió, por cuanto el contratista acreditó estar
adelantando estudios en contaduría pública y, además, demostró la calidad de
tecnólogo en costos y auditorías, cualidades ajenas al servicio contratado.

45. Tampoco se acreditó que el contratista fuera beneficiario del régimen de
transición establecido en la Ley 1409 de 2010, en tanto la experiencia presentada
no cumplió con los requisitos que exige esa normativa.

46. Por lo anterior, se demostró que, con sus acciones y omisiones, el
disciplinado violó los principios de transparencia y selección objetiva contenidos
en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por lo que la falta y su culpabilidad se
ajustaron a la ley. De esta manera, la restricción del derecho de elegir y ser elegido
se fundó en la aplicación directa de la Constitución Política y la ley.

47. Así las cosas, la sanción disciplinaria impuesta consultó los parámetros
contenidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, pues: i) el demandante, como
autor de la conducta disciplinada, vulneró varias disposiciones de ley al celebrar
un contrato sin verificar previamente si el contratista contaba con antecedentes
disciplinarios vigentes y; ii) como presidente de la corporación edilicia ejercía
autoridad y mando dentro del municipio.

48. Por último, se condenó en costas y agencias en derecho al actor, esta
últimas, por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Recurso de apelación.

49. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante
la recurrió en apelación.9 Con tales fines, reiteró los argumentos consignados en
la demanda relativos a la vulneración al debido proceso del actor en el tránsito del
proceso disciplinario de la siguiente forma:

50. Frente al cargo de incumplimiento de los tiempos previstos en ley para
adelantar la indagación preliminar y la investigación disciplinaria -que el a quo
descartó-, alegó que su concepción es una expresión de los principios de
legalidad, debido proceso y preclusión, pues permite a los investigados conocer

9 Folios 727 a 752 del cuaderno 3.

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de antemano las actuaciones que pueden ser desplegadas en esas etapas. Por
lo que es vital la sujeción estricta a ellos, salvo que se prorroguen en debida forma,
lo que aquí, según afirmó, no ocurrió.

51. En particular, destacó que la etapa de investigación preliminar transcurrió
entre el 8 de febrero y el 8 de agosto de 2011, sin embargo, se practicaron dos
pruebas mediante requerimientos del 11 de enero de 2012, es decir, por fuera del
término de indagación, sin que existiera un auto adicional que prorrogara su
término inicial.

52. Destacó que la profesional comisionada para el recaudo de pruebas
decretó algunas que no se contemplaron e incorporó otras luego de vencido el
término fijado por el despacho comitente. Esa actuación vulneró los artículos 128,
138 y 140 de la Ley 734 de 2002, pues contrario a lo considerado por el a quo, la
profesional universitaria no estaba facultada para practicar evidencias diferentes
a las decretadas, ya que impide que el sujeto disciplinable tenga «un conocimiento
adecuado y preciso de las pruebas que a criterio de la profesional comisionada
pudieran practicarse (…) con el objeto de (…) ejercer en forma acertada el
derecho de contradicción y defensa».

53. Con relación al auto de investigación disciplinaria del 20 de enero de 2012,
replicó que fue expedido en violación al debido proceso. Según la ley, esta etapa
de la investigación debió iniciar desde el 8 de agosto de 2011, es decir, después
de finalizada la etapa la investigación preliminar.

54. Reiteró que la entidad accionada no resolvió las dos solicitudes de nulidad
procesal presentadas respectivamente en -etapa de descargos el 24 de octubre
de 2013 y de alegatos de conclusión el 9 de diciembre de 2013-; lo que vulneró
también el derecho fundamental al debido proceso. Censuró que el tribunal haya
convalidado esa omisión, al considerar que la petición de nulidad, al ser
indebidamente formulada, eximia a la enjuiciada de pronunciarse al respecto.

55. Reprochó que el a quo aprobó la inobservancia del plazo de 45 días con
que contaba la Procuraduría Regional del Tolima para emitir la decisión de
segunda instancia, según el artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Cuando, por el
contrario, esa autoridad tardó un año emitir el fallo confirmatorio.

56. Desaprobó la validez de las pruebas practicadas en la segunda instancia
disciplinaria y respecto de las cuales se pregonaron las irregularidades señaladas
en la demanda -la funcionaria comisionada carecía de competencia para ello y sin
previa notificación del investigado-, lo que desconoció el derecho al debido
proceso del actor, por cuanto, esas evidencias fueron recaudadas por funcionario
incompetente, amén de que le impidió a su poderdante conocer cuáles serían
practicadas y, de contera, limitó su derecho de defensa y contradicción.
57. Por otra parte, adujo que la falta disciplinaria es en realidad un

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comportamiento atípico, por lo que los actos administrativos adolecen de falsa
motivación.

58. En efecto, arguyó que el a quo hizo un indebido estudio de la tipificación de
la conducta. Reiteró que la autoridad disciplinaria refirió que el demandante
vulneró los principios de selección objetiva y transparencia previstos en la Ley 80
de 1993, sin percatarse que el desarrollo de tales principios fue derogado por la
Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, ese reproche se fundó en normas inexistentes.

59. Destacó que el contratista era idóneo para ser contratado, pues acreditó 10
meses de contaduría, por lo que contó con la formación para elaborar, digitar,
conservar y mantener información contable y financiera de una entidad pública.

60. Recalcó que, para la época de los hechos, solo era necesario acreditar la
idoneidad con la experiencia misma.

61. Las normas citadas para fundar el cargo endilgado al accionante -Ley 1409
de 2010- no prevén como exigencia que el contratista deba acreditar formación
académica y profesional en archivística e idoneidad con la presentación del título
respectivo. Pasó por alto el a quo que dicha ley únicamente reglamenta el ejercicio
de la profesión archivística y el código de ética; y solo hasta la expedición del
Acuerdo 008 de 31 de octubre de 2014, se demandaron condiciones específicas
para contratar la organización y administración de archivos.

62. En los fallos disciplinario se indicó que para celebrar la contratación no se
contó con el formato único de hoja de vida, y que los certificados de antecedentes
disciplinarios y penales obran en fecha posterior a su contratación, lo que es
contrario al principio de selección objetiva. Sin embargo, adveró que esos
argumentos carecen de fundamento, pues tales requisitos son subsanables
porque en el proceso de contratación no otorgan puntaje. La admisión del
recurso.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

63. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 31 de enero de 2018,10
se admitió el recurso de apelación.

64. Los alegatos de conclusión. A través de proveído de fecha 30 de abril de
11
2018, se ordenó correr traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público
Delegado ante esta Corporación para que presentaran, en su orden, los alegatos
de conclusión y el concepto de fondo.

65. La entidad enjuiciada reiteró los argumentos expuestos en la contestación

10 Ver folio 762 del cuaderno 3.
11 Folio 772 del mismo cuaderno.

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de la demanda y en los alegatos de conclusión de primera instancia.12

66. Por su parte, el Procurador Delegado ante esta Corporación rindió concepto
de fondo destacando que:

67. El incumplimiento de los plazos legales para tramitar la indagación
preliminar y la investigación disciplinaria no genera como consecuencia el archivo
automático de la actuación, ni mucho menos limita la competencia del operador
disciplinario, razón suficiente para pregonar la no vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.

68. El recaudo probatorio por fuera de la oportunidad prevista en la ley para el
desarrollo de las aludidas etapas no genera la nulidad de la actuación, en tanto,
lo que interesa es que dicho procedimiento no exceda los términos de prescripción
de la potestad sancionadora.

69. La restricción al debido proceso alegada por el accionante, ante la
imposibilidad de recurrir la decisión oficiosa de pruebas no se aviene procedente,
pues esa providencia carece de recursos.

70. Las pruebas oficiosas recopiladas si eran necesarias para verificar la
autenticidad de un documento aportado por el investigado.

71. La falta de resolución de las peticiones de nulidad radicadas por el
demandante devino del incumplimiento de los requisitos normativos previstos para
ello, razón mas que suficiente para concluir que con esa omisión no se transgredió
el derecho fundamental invocado.

72. Contrario a lo alegado por la parte activa, en el asunto de marras está
plenamente acreditado que la conducta sancionada si es típica, dado que según
la Ley 1409 de 2010, vigente antes de la celebración del contrato estatal
reprochado en sede disciplinaria -cuya finalidad guarda estricta relación con
actividades de archivo- demandaba para el ejercicio de la labor de archivista la
acreditación de los títulos de formación respectiva en esa área.

73. Por tanto, el investigado omitió adelantar las gestiones necesarias en orden
a verificar que el contratista cumpliera con esas exigencias, vulnerando de esa
manera los principios contractuales de transparencia y de selección objetiva.

74. La sanción impuesta es desproporcionada e irrazonable, pues señalar que
la conducta disciplinada fue cometida con culpa gravísima por desconocimiento
de normas de obligatorio cumplimiento implica una doble sanción, toda vez que la
falta disciplinaria contiene ese mismo ítem de incumplimiento.

12 Folios 780-793 de esa foliatura.

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75. Por consiguiente, concluye que la culpa es grave, en atención a que el
investigado no verificó la actualidad legal que regía la materia y, por ende, su
omisión se adscribe a la inobservancia del cuidado necesario que una persona
común imprime a sus actuaciones. Corolario arguyó que la sanción debe ser
reemplaza por la suspensión en el ejercicio del cargo, en los términos fijados en
el CDU.

II. CONSIDERACIONES

76. Competencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,13
esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación presentado.

77. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,14 la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario
pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte
demandante, en su condición de impugnante único.

78. Cuestión previa - La decisión de tutela que ordenó emitir una nueva
decisión en este asunto. Como se dijo antes, mediante providencia de 24 de
febrero de 2024,15 la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación
amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y,
consecuentemente, ordenó a esta Subsección emitir una nueva decisión dentro
de este asunto.

79. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas
las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data
de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea
jurisprudencial consolidada al interior de la Corte Constitucional que avalaba la
competencia del ente de control para imponer a los servidores públicos de
elección popular todas aquellas sanciones restrictivas de sus derechos políticos.

80. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013,
C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023, SU-381 de 2024 y SU-382 de
2024- el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la

13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
14 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
15 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-

000-2024-03980-00; 11001-03- 15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.

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procuraduría era compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los artículos 40 y 93.1 de la Constitución Política.

81. Además, recordó que, en sentir de la jurisprudencia constitucional, las
normas de la citada convención no son superiores a las establecidas en la carta
política, por lo tanto, la sentencia tutelada pasó por alto que esas reglas debían
ser analizadas y aplicadas a partir de una interpretación sistemática, coherente y
armónica con las disposiciones internas y las previstas en el resto de
instrumentos internacionales que, sobre la materia, han sido suscritos por
Colombia

82. Finalmente, en ese proveído se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en decisión del 3 de diciembre de 2024, la Sala
Plena de esta Corporación señaló que las sentencias de constitucionalidad
signadas por la Corte -entre ellas, la C-030 de 2023- son vinculantes y no admiten
reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

83. En consecuencia, en esta ocasión, se resolverán los cargos formulados
por la parte actora en el recurso de apelación.

84. Problemas jurídicos. Le corresponde a la Sala establecer si con las
decisiones disciplinarias demandadas, la Procuraduría General de la Nación
infringió el derecho fundamental al debido proceso del demandante con:

84.1 El incumplimiento de los plazos previstos en la normatividad vigente
para tramitar la indagación preliminar y la investigación disciplinaria.

84.2 La validación, apreciación y aplicación de las pruebas practicadas
en la indagación preliminar y en segunda instancia, pese las
irregularidades denunciadas.

84.3 La falta de resolución a las peticiones de nulidad procesal radicadas
en las etapas de descargos y alegatos de conclusión.

84.4 Emitir la decisión de segunda instancia por fuera del plazo previsto
en el artículo 171 del CDU.

85. Además, se determinará si la sanción cuestionada recayó sobre una
conducta atípica.

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Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

La tipicidad.

86. Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho
disciplinario detenta una doble funcionalidad, pues no solo busca prevenir sino
también corregir todas aquellas conductas que afectan la buena marcha de la
administración pública y, de contera, garantizar la efectividad de los fines y
principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás instrumentos que
conforman el ordenamiento jurídico.16

87. Para alcanzar esos objetivos, en el artículo 23 ibidem se concibió la falta
disciplinaria como «[…] la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y
violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de
exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente
ordenamiento».

88. Por consiguiente, la configuración de la falla disciplinaria demanda la
existencia previa de un catálogo de derechos, deberes y funciones, así como de
los regímenes de prohibición, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflictos de intereses.

89. A esta preexistencia, fruto del debido proceso y del principio de
legalidad se le denomina «tipicidad»17 e implica la determinación completa,
clara e inequívoca por parte del legislador, de las conductas a sancionar, de modo
que se les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y
omisiones prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En
sentencia C-030 de 2012,18 la Corte Constitucional expresó:

«En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de
manera que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con
su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su
destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe

16 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho
disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño
de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su
comportamiento en lo referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones
de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones
y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de
intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus
correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
17 En el artículo 4 del CDU se establece «El servidor público y el particular en los casos previstos en este

código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización.»
18 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”.
Así mismo, ha expresado que con base en este principio “el legislador no solo
esta obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o
infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e
inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o
certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta
donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones».

90. Corolario, la «tipicidad», además de exigir del legislador su determinación
completa, clara y concreta, también demanda del respetivo operador disciplinario
un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta investigada
se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

91. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que
las conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el campo
del derecho disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos
constitutivos de fallas. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos
abiertos y/o en blanco en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder
del servidor público, mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas
que regulan la respectiva función pública y, además, establecen los deberes y
prohibiciones que deben ser respetados durante su ejercicio, so pena de las
sanciones dimanadas de su incumplimiento.

92. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador
de contar con un listado detallado de comportamientos que se
subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo,
integrado por todas las disposiciones en las que se consagren
deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones
disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma
que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra
que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales
funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria”19

[…]

93. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia
disciplinaria hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa

19 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar

Gil.

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abierta que, por tanto, requiere de un complemento normativo para su
interpretación y aplicación, y en consecuencia remite, para su determinación en
concreto, a aquellas normas que consagren los deberes, obligaciones, mandatos
o prohibiciones para los diferentes servidores públicos.

94. Por su parte, frente a los llamados “tipos en blanco”, ha considerado la
Corte que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles
constitucionalmente, en los casos en que el correspondiente reenvío normativo
permita al operador jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance
de la conducta reprochable y de la sanción correspondiente.20 Así, en principio
es válido el establecimiento de tipos disciplinarios que ostentan un grado de
determinación menor que los tipos penales, sin que ello signifique que la
imprecisión definitiva en la descripción de la conducta sancionable conduzca a la
violación del principio de tipicidad.21

95. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentra en la necesidad de salvaguardar el principio
de eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior.

96. En este sentido, esa Corporación ha reconocido que «se justifica este
menor requerimiento de precisión en la definición del tipo disciplinario por el
hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación del principio de
tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de la
descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,22 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]».23

97. Todo lo anterior demanda por parte del operador disciplinario el despliegue
de un juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad,
en el que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permita determinar con
claridad y certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la
existencia de la falta censurada.

20 Ver Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero.
21 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
22 Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar

Gil, reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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El control judicial integral frente a los actos administrativos sancionatorios.

98. En sentencia de 9 de agosto de 2016, la Sala Plena de esta Corporación,
al resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
la ciudadana Piedad Esneda Córdoba Ruíz en contra de la Procuraduría General
de la Nación, luego de referenciar las tesis que a lo largo de los tiempos fijaron
los criterios para el ejercicio del control judicial sobre las decisiones
disciplinarias,24 unificó la jurisprudencia para pregonar que, en adelante, dicha
revisión sería «integral», con lo que se debía superar el simple examen de
legalidad para arribar a un análisis sustancial y profundo que contrastara la
decisión sancionatoria con la Constitución Política y la ley, teniendo como norte
derechos fundamentales.25 En esa providencia se puede leer lo siguiente:

«Alcance del control judicial integral.

En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez
administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de
legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5)
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad
que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de
control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez
de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva».

99. Por consiguiente, el fruto de esa decisión, el control judicial integral orbita

24 i) La intangibilidad relativa e implícita de la decisión disciplinaria administrativa, fundada en la justicia

rogada y la deferencia especial [Ley 167 de 1941]; ii) La intangibilidad relativa explícita y deferencia especial
respecto de la decisión disciplinaria administrativa [Sentencia C-197 de 1999]; iii) El control jurisdiccional
sobre las decisiones disciplinarias es pleno, en la medida en que se desborden los límites impuestos por la
Constitución Política y la ley; en caso contrario, la sede judicial no se erige en una tercera instancia de
debate [Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de 2012, expediente
radicado 2005-00012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve] y; iv) El aludido control jurisdiccional es pleno e
integral y no se encuentra limitado por los argumentos planteados en la demanda, ni por cortapisas a la
competencia del juez contencioso [Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2014,
radicado interno 0263-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren].
25 Como sustrato de esa nueva tesis, se invocaron las siguientes: i) la potestad disciplinaria, al pertenecer

al campo del ius punendi, amerita la intervención del juez administrativo, en orden a verificar su ajuste a la
Constitución Política y la ley, y el respeto de los principios de racionalidad y dignidad humana; ii) A nivel
convencional [CADH] y constitucional, los ciudadanos deben contar con recursos judiciales idóneos y
efectivos no solo para garantizar la protección de sus derechos, sino también para remediar las eventuales
violaciones a los mismos; iii) la finalidad para la que fue instituida la jurisdicción de lo contencioso
administrativo «preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos previstos en la constitución y
la ley» también cobija a las decisiones disciplinarias, pues son expresión de la actuación administrativa
sujeta al control judicial a ella atribuido y; iv) las decisiones de esta naturaleza no son equiparables a las
proferidas por los jueces de la República.

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sobre: i) las causales de nulidad del artículo 137 del CPACA y, además,
cualquiera otra conexa con los derechos fundamentales; ii) la valoración de las
pruebas recaudadas; iii) los principios rectores de la ley disciplinarias; iv) el
principio de proporcionalidad; v) la ilicitud sustancial.

El derecho constitucional al debido proceso en las actuaciones
disciplinarias.

100. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas últimas
se encuentra la actuación disciplinaria, en tanto es expresión de esa naturaleza.

101. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia
de un conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la
aplicación concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas en las que se
adjudiquen derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo tal que
el ciudadano no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese procedimiento
y/o por los demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular, esta
Subsección, en sentencia del 11 de junio de 2020,26 concluyó:

«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía
fundamental a la presunción de inocencia

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de
las garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven
llamados a hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el
proceso disciplinario es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las
partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales amparos a lo largo
de todas sus etapas.

Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material.
La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las
etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades
de actuación procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a
las garantías sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las
cuales pueden destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la
presunción de inocencia, la imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a
contradecir las pruebas, entre muchas otras».

102. Precisado todo lo anterior, procede la Sala a revolver el interrogante
planteado en acápite anterior.

Caso concreto.

103. Primer interrogante: ¿La Procuraduría General de la Nación infringió el
derecho fundamental al debido proceso del demandante?

26 Expediente con radicado interno 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.

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104. Previa resolución de este planteamiento, se reseñará el material probatorio
que reposa en el expediente, así:

105. El 8 de febrero de 2011, la Procuraduría Provincial de Ibagué inició
indagación preliminar contra Humberto Cruz Carrillo, presidente del concejo
municipal de Venadillo - Tolima, a partir de una queja presentada por un miembro
de ese colectivo. La querella se basó en presuntas irregularidades en la
contratación de John Alexander Santofimio, quien habría realizado labores
archivísticas sin cumplir los requisitos legales.27

106. En esa providencia, la autoridad disciplinaria ordenó la práctica de
pruebas, oficiando al concejo de Venadillo para que remitiera los documentos y
soportes relacionados con la orden de prestación de servicios 002 de 2010 -
por medio del cual se contrató a Jhon Alexander Santofimio- así como la fecha
de terminación de dicho contrato. Para la obtención de estas pruebas se
comisionó a la profesional universitaria adscrita a la Procuraduría Provincial.

107. Posteriormente, mediante oficio 0686 del 9 de febrero de 2011, la
Procuraduría Provincial solicitó al presidente del concejo que remitiera los
soportes del citado contrato, así como su disponibilidad y registro presupuestal28.

108. En respuesta, el 14 de febrero de 2011, el concejo envió los documentos
requeridos y anexó los estudios de conveniencia y oportunidad para contratar los
servicios de asesoría en gestión de archivos del concejo municipal, junto con la
propuesta técnica y financiera presentada por Jhon Alexander Santofimio el 14
de diciembre de 2010, relativa a la organización, clasificación, depuración y
limpieza del archivo general del Concejo.29

109. El 22 de marzo de 2011, la autoridad disciplinaria requirió nuevamente al
presidente del concejo de Venadillo para que aportara a la investigación los datos
de José Humberto Cruz Carrillo, relativos al acta de posesión, tiempo de servicio,
honorarios percibidos durante el año 2010, dirección actualizada y antecedentes
disciplinarios30. Estos documentos fueron allegados en respuesta subsiguiente31.

110. El 11 de enero de 2012, mediante oficio 0042, la Procuraduría Provincial
solicitó al registrador municipal de Venadillo copia del formulario E-6 CO, que
contiene la constancia de aceptación del señor José Humberto Cruz Carrillo como
concejal, así como el acta de escrutinio correspondiente al mismo periodo.32

27 Folio 92 cuaderno 1 del expediente.
28 Folio 96 cuaderno 1 del expediente.
29 Folio 109 cuaderno 1 del expediente.
30 Folio 116 cuaderno 1 del expediente.
31 Folio 117 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.
32 Folio 123 cuaderno 1 del expediente.

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111. Mediante oficio 0043 de la misma fecha, se pidió al concejo municipal que
allegara el acta de posesión y el acta de sesión en la que fue elegido José
Humberto Cruz Carrillo como presidente de la corporación en el año 2010.

112. Mediante auto del 20 de enero de 2012, la Procuraduría Provincial de
Ibagué abrió investigación disciplinaria en contra del actor 33. En dicho proveído
se ordenó la práctica de una visita especial a la entidad edilicia, con el objeto de
revisar la carpeta correspondiente a la orden de prestación de servicios No. 002,
para lo cual se comisionó al personero municipal de Venadillo.

113. Asimismo, se solicitó nuevamente al concejo que allegara copia del acta
de sesión en la que fue elegido José Humberto Cruz Carrillo como presidente de
la corporación en el año 2010, y se facultó a la profesional universitaria adscrita
a esa dependencia para que practicara las pruebas ordenadas.

114. El 30 de enero de 2012, el demandante fue notificado personalmente del
auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra.34

115. El 1 de febrero de 2012, el personero municipal de Venadillo remitió a la
Procuraduría Provincial los documentos obtenidos en el despacho comisorio
realizado el 28 de enero del mismo año, los cuales fueron detallados en el acta
de visita. Entre ellos se encuentran: la orden de prestación de servicios No. 002
de 2010, su comprobante de egreso, certificado de disponibilidad presupuestal,
estudio de conveniencia elaborado por el concejo municipal, propuesta técnica y
financiera del contratista, certificados de antecedentes disciplinarios, judiciales y
fiscales del contratista, acta de liquidación e informe final del contrato 35.

116. Mediante auto del 30 de septiembre de 2013 la autoridad disciplinaria
presentó pliego de cargos en contra de José Humberto Cruz Carrillo en los que
formuló dos cargos de la siguiente forma36:

«5.1.Primer cargo:

Se reprocha al Señor HUMBERTO CRUZ CARRILLO, en su calidad de Concejal y
Presidente del Concejo Municipal de Venadillo presuntamente omitir el acto
administrativo de justificación de la contratación directa, para el proceso de
contratación de la orden de prestación de servicios No. 002 del 14 de diciembre de
2010, cuyo fue objeto la adquisición de bienes y servicios para la organización,
limpieza y depuración del archivo del Consejo Municipal de Venadillo (…) (Sic)

Segundo cargo:

Se le reprocha al señor Jose Humberto Cruz Carrillo, en su condición de
Presidente del Concejo Municipal de Venadillo por ende ordenador del gasto, el

33 Folio 141 cuaderno 1 del expediente.
34 Folio 153 cuaderno 1 del expediente.
35 Folio 191 cuaderno 1 del expediente.
36 Folio 326 cuaderno 2 del expediente.

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haber celebrado orden de prestación de servicios No. 02 del 14 de diciembre de
2010, con el señor John Alexander Santofimio, con el objeto de la adquisición de
bienes y servicios para la organización, limpieza y depuración del archivo del
Consejo Municipal de Venadillo, omitiendo la demostración de si estaba en
capacidad de contratar con el Estado, si era idóneo y tenía la experiencia en el área
a contratar. (Sic)

Idoneidad que igualmente no tenía el contratista, ya que la ley 1409 de 2010 por
la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística en el artículo
4º, establece los requisitos para ejercer la profesión de archivística en el
territorio nacional, los cuales son acreditar la formación académica e
idoneidad del correspondiente nivel de formación, mediante la presentación
del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley y la
inscripción en el registro único profesional de archivista, requisitos que John
Santofimio no cumplía.

Tal hecho se aprecia en la propuesta de fecha 14 de diciembre de 2010,
presentada por el Señor John Alexander Santofimio, en la cual manifiesta ser
tecnólogo en costos y auditoría y estudiante de décimo semestre de
contaduría, estudios que no acreditó en documento alguno y que no fueron
exigidos por el Señor CRUZ CARRILLO, en su calidad de contratante; además
los estudios que dijo tener el Señor Santofimio no se encuentran entre los
establecidos por la ley 1409 de 2010 para ejercer las labores relacionadas con
la archivística, ni tampoco adjunto prueba de estar inscrito en el registro único
de los profesionales de la archivística, como tampoco se exigió documento
alguno, que certificará la experiencia que poseía en labores similares. Por otra
parte, tampoco para la fecha de celebración de la orden de prestación de servicios
se exigió por parte del Señor CRUZ CARRILLO, que el contratista diligenciará el
formato único de hoja de vida, que aportará el certificado judicial, certificado de
antecedentes disciplinarios, pues estos tienen fechas de expedición del 29 y 23 de
diciembre de 2010, respetivamente, muy posteriores a la celebración del contrato,
razón por la cual se contrató con un persona que para la fecha de celebración del
contrato no se sabía si estaba en capacidad de contratar con el Estado.

Acorde a lo anterior, es claro que el Concejal CRUZ CARRILLO, sin haber
verificado las situaciones anteriores, procedió a contratar con una persona
que no tenía la idoneidad y experiencia, ya que el objetivo de dichas exigencias
es evitar que personas inhabilitadas para ser contratistas del Estado, realicen tal
labor.

Así las cosas, el Concejal CRUZ CARRILLO, con tal comportamiento
posiblemente violo principios de la contratación estatal como el de la
transparencia, ya que al no haber demostrado la idoneidad y experiencia del
contratista, quebrantó el deber de selección objetiva, pues celebró orden de
prestación de servicios con una persona que no tenía el perfil profesional exigido
por la ley para adelantar la labor contratada, no exigió al contratista los títulos de
los estudios que manifestó tener y los certificados expedidos por las personas
naturales o jurídicas a quien les había prestado servicios semejantes, como
tampoco le hizo diligenciar el formato único de hoja de vida, ni allegar los certificados
judicial y disciplinario, estos dos últimos antes de la celebración de la orden de
prestación de servicios, razón por lo cual no garantizó la imparcialidad de la función
pública y la eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los fines del Estado, ya que
el criterio que debió tener para escoger la propuesta, era el de que fuera ventajosa
para el Estado (…).

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Con tal proceder activo se pudo inobservar lo preceptuado por el artículo 6º, y
123 de la C.P.; artículo 82 del decreto 2474 de 2008 modificado por el decreto 4266
de 2010 artículo 1; artículo 3 de la ley 1409 de 2010, artículo 24 y 29 de la ley 80 de
1993, subrogados por la ley 1150 de 2007, artículos 2 y 5;; artículo 48 numeral 31
de la ley 734 de 2002.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 6: Que consagra la responsabilidad de los servidores públicos por
infringir la constitución, las leyes, por omisión y extralimitación de funciones. (…)

Artículo 123: ... Los servidores públicos... ejercerán sus funciones en la forma
prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. (…)

DECRETO 2474 DE 2008 MODIFICADO POR EL DECRETO 4266 DE 2010.

Artículo 82, modificado por el art. 12 del decreto 4266 de 2010. Contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de
trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o
jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área
de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

Este artículo del decreto mencionado fue violado por el Señor JOSE HUMBERTO
CRUZ CARRILLO, en su calidad de Concejal Presidente del Concejo de Venadillo,
puesto que celebró la orden de prestación de servicios No.02 del 14 de diciembre
de 2010 bajo la modalidad de contratación directa con John Alexander Santofimio,
sin que hubiera verificado que era persona en capacidad de ejecutar el objeto
contractual, si era idóneo y tenía experiencia en tal labor.

LEY 1409 DE 2010

Artículo 3º: "De los Profesionales de la Archivística. Se entiende por
profesionales de la archivística y están amparados por la presente ley, los
profesionales técnicos, profesionales tecnólogos y profesionales
universitarios que hayan recibido título de formación en programas
archivísticos en Instituciones de Educación Superior, cuyo título corresponda a
los niveles señalados en la ley 30 de 1992 o en las disposiciones legales vigentes
en materia de educación superior."

(…)

Artículo 4°. "REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION DE
ARCHIVÍSTICA. Para ejercer legalmente la profesión de Archivista en el
territorio nacional, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad
del correspondiente nivel de formación, mediante la presentación del título
respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley, la inscripción en el
Registro Único Profesional de Archivistas... Disposición que fue violada por
CARRILLO CRUZ, pues celebró orden de prestación de servicios con una persona
que no contaba con los requisitos exigidos por la ley para llevar a cabo labores
relacionadas con los archivos.

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LEY 80 DE 1993

Artículo 24: En virtud de este principio: De las modalidades de selección:
1. Subrogado. Ley 1150 de 2007. Art. 2°. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección ...y contratación directa, con
base en las siguientes reglas...

Artículo 29. De la Selección objetiva. Subrogado por la ley 1150 de 2007,
artículo 5. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva...
(…)

LEY 734 DE 2002

Artículo 48: FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual... con
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y la ley.

JOSE HUMBERTO CRUZ CARRILLO, en su condición de Concejal-Presidente
del Concejo-Ordenador del Gasto, era el encargado de toda la actividad contractual
del Concejo de Venadillo, y con sus actuaciones al desconocer lo dispuesto por la
ley para la contratación directa violo el deber de selección objetiva y con este el
principio de transparencia y así mismo violo los principios de la función pública como
la igualdad, al haber celebrado la orden de prestación de servicios con una persona
que no estaba en capacidad, era idónea ni tenía la experiencia requerida, en
detrimento de los otros proponentes; el de eficacia, pues el objeto del contrato era
para la organización del archivo del Concejo Municipal y al haber celebrado el mismo
con persona que no era idónea para el mismo no solventaba la necesidad».

117. El 24 de octubre de 2013, el demandante presentó sus descargos, junto
con los cuales aportó pruebas para refutar los cargos endilgados por la autoridad
disciplinaria. En esa oportunidad, radicó un certificado expedido el 13 de junio de
2010 por la coordinadora de archivo, Ruth Lucena Ocampo, en el que se deja
constancia de que Jhon Alexander Santofimio laboró durante tres meses en el
archivo del fondo documental de historias vehiculares de la sede de la oficina del
municipio de Mariquita, sin brindar mayores detalles.37

118. Mediante auto del 31 de octubre de 201338, la procuraduría incorporó esas
pruebas. Posteriormente, a través del proveído de 14 de noviembre de 2013,39
corrió traslado para presentar alegatos. El 9 de diciembre de 2013, radicó el
escrito respectivo.

119. El 31 de marzo de 2014 la Procuraduría Provincial de Ibagué dictó fallo de
primera instancia en los siguientes términos:

37 Folio 345 cuaderno 2 del expediente.
38 Folio 243 cuaderno 2 del expediente.
39 Folio 246 cuaderno 2 del expediente.

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119.1 No se acreditó el cargo 2 endilgado -omitir la expedición del acto
administrativo de justificación de la contratación directa- dado que este documento
fue allegado por el disciplinado con los descargos.

119.2 Se configuró el cargo No. 2 -José Humberto Cruz Carrillo, en su condición
de presidente del Concejo Municipal de Venadillo por ende ordenador del gasto,
celebró la orden de prestación de servicios No. 02 del 14 de diciembre de 2010, con
el señor John Alexander Santofimio, con el objeto de la adquisición de bienes y
servicios para la organización de los archivos del Concejo Municipal sin que este
último demostrara idoneidad para contratar en esa área-.

119.3 En efecto, se estableció que existía mérito probatorio suficiente para
concluir que el contratista vinculado por el actor mediante la mencionada orden de
prestación de servicios No. 002 de 2010 no cumplía con los requisitos necesarios
para ejecutar las funciones contratadas, especialmente en lo referente a la idoneidad
y experiencia requeridas. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4
de la Ley 1409 de 2010, que exigen contar con una profesión que avale la realización
de actividades archivísticas.

119.4 En la propuesta presentada por el contratista el 14 de diciembre de 2010,
manifestó ser tecnólogo en costos y estudiante de décimo semestre de contaduría
pública, pero no acreditó —ni le fue exigido por el señor Cruz Carrillo— documento
alguno que diera cuenta de estudios o formación en actividades archivísticas.
Tampoco certificó su inscripción en el Registro Único de Profesionales de
Archivística.

119.5 Por lo tanto, se concluyó que se vulneraron los criterios establecidos en
el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 12 del Decreto
4266 de 2010, los cuales exigen como requisito indispensable para celebrar
contratos de prestación de servicios la demostración de idoneidad y experiencia. Así
mismo, se desconocieron los principios de selección objetiva y transparencia en la
contratación pública.

119.6 El disciplinado aportó un documento en el que Ruth Lucena Ocampo,
como coordinadora del archivo del fondo documental de historias vehiculares del
municipio de Mariquita, certifica que Jhon Alexander Santofimio laboró por un
periodo de tres meses. Sin embargo, el operador jurídico explicó que dicho
documento carece de sello oficial y no especifica la actividad desempeñada, la
calidad en que fue realizada ni las fechas exactas de ejecución. Por tanto, no
constituye prueba suficiente para acreditar la idoneidad exigida al contratista.

119.7 Se precisó que la sanción impuesta se fundamenta en las irregularidades
detectadas en el proceso precontractual y contractual en las que incurrió el
disciplinado, y no en el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.
En consecuencia, se acreditó la existencia de la falta disciplinaria, conforme al
artículo 23 de la Ley 734 de 2002, con base en los hechos y fundamentos jurídicos
expuestos en el auto de cargos del 30 de septiembre de 2013, el cual fue transcrito
en la parte considerativa del fallo.

119.8 Se acreditó la ilicitud sustancial, dada la vulneración de los deberes
funcionales y la finalidad del cargo por el actor, que a la postre causó el daño o
detrimento patrimonial que se reprocha, sin justificación alguna.

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119.9 En torno a la culpabilidad, se expuso que la falta cometida se calificó
como culpa gravísima, es decir, se fundó en un falta que era de obligatorio
conocimiento para el infractor.

119.10 Como corolario, se le impuso una sanción al disciplinado de 13 años e
inhabilidad general.

120. El 11 de abril de 2014, el accionante presentó recurso de apelación en
contra de esa decisión.

121. A través de auto del 27 de marzo de 2015, la Procuraduría Regional del
Tolima decretó la práctica de pruebas en segunda instancia, solicitando a la
Oficina de Archivo del Fondo Documental de Historias Vehiculares del municipio
de San Sebastián de Mariquita - Tolima información acerca de la vinculación del
señor Jhon Alexander Santofimio.40 En respuesta del 16 de abril de 2015, esa
dependencia certificó que el citado señor nunca tuvo vínculos con ese ente
territorial.41

122. El 30 de abril de 2015 se dictó fallo de segunda instancia confirmando la
decisión de primera instancia. Lo anterior, fue desarrollado en los siguientes
términos:

122.1 El trámite del proceso respetó el debido proceso y el derecho de
defensa del investigado. Aunque el actor no rindió versión libre, participó en
todas las etapas procesales, solicitó pruebas y actuó dentro de cada una de
ellas.

122.2 Se insistió en que el asunto bajo estudio trató sobre las
irregularidades presentadas en la etapa precontractual originadas por la
contratación de Jhon Alexander Santofimio por Jose Humberto Cruz Carrillo,
en calidad de presidente del Concejo de Venadillo, sin que el primero
acreditara los requisitos que la legislación de la materia determina -artículo 3
y 4 de la Ley 1409-. Tales falencias se verificaron en los soportes
presentados por el contratista y encontrados en el tránsito de la investigación
disciplinaria.

122.3 Y si bien, con posterioridad, el investigado aportó otras pruebas
para acreditar la idoneidad del contratista, estas no fueron suficientes para
desvirtuar lo consignado en el acto de imputación de cargos.

122.4 En efecto, la labor contratada mediante la orden de prestación de
servicios No. 002 del 14 de diciembre de 2010, así como el estudio de
conveniencia, establecían como obligación esencial del contratista poseer
conocimientos en archivística, conforme lo dispone la Ley 1409 de 2010, y
no simplemente contar con cualquier formación académica.

40 Folio 364 cuaderno 2 del expediente.
41 Folio 369 cuaderno 2 del expediente.

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122.5 De acuerdo con las pruebas practicadas por la Personería de
Venadillo, el contratista era tecnólogo en costos y auditoría, y cursaba el
décimo semestre de contaduría pública. Por tanto, el actor incumplió su deber
de verificar el perfil idóneo para la prestación del servicio, siendo responsable
del proceso contractual en su condición de presidente del Concejo Municipal.

122.6 Además, incumplió con el requisito contemplado en el parágrafo del
artículo 1 de la Ley 190 de 1995, pues el contrasta no presentó, junto con la
propuesta de la firma del contrato de prestación de servicios los certificados
de antecedentes disciplinarios. Por el contrario, estos son de fechas
posteriores, lo que sustenta la inobservancia de los principios de selección
objetiva y transparencia.

122.7 Igualmente, no fueron de recibo los argumentos del recurrente,
relativos a que la experiencia del contratista en actividades de archivos se
demuestra con el certificado que acredita sus labores en la Oficina de Archivo
de Tránsito de Mariquita. Ello, porque al momento de solicitarse la
documentación que reposaba en el archivo del Concejo Municipal de
Venadillo sobre la orden de prestación de servicios en cita, no se encontró
dicho documento; y si bien el actor posteriormente en el tránsito del proceso
lo presentó, el mismo carece de credibilidad, pues no especifica el período
en que supuestamente laboró el contratista en dicha entidad, tal como ya lo
había advertido el fallador de primera instancia.

122.8 Esta circunstancia fue corroborada con las pruebas practicadas en
segunda instancia, las cuales evidenciaron que Jhon Alexander Santofimio
no estuvo vinculado a la Alcaldía de Mariquita.

122.9 En consecuencia, se confirmó la configuración de la falta gravísima
imputada al actor en primera instancia, conforme al numeral 31 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, por desconocimiento de los principios de
transparencia y selección objetiva en la escogencia del contratista,
acreditándose que quien fue proponente y posteriormente contratista no
cumplía con los requisitos exigidos.

122.10 Se acreditó la ilicitud sustancial de la conducta, pues, la
inobservancia de las normas en cita atentó contra el funcionamiento del
Estado, sin que existieran justificantes. Con lo que expuso el presupuesto de
la entidad y los documentos que reposaban en la misma, los cuales merecían
especial protección, a personas que no contaban con la experiencia
requerida para su manejo.

122.11 En torno a la culpabilidad, se calificó la conducta con culpa grave,
al no cumplir con las normas a las que estaba obligado a conocer por ser
ordenador del gasto y presidente del concejo.

123. Pues bien, detalladas las pruebas, se recuerda que el recurrente alegó
que, en el desarrollo del proceso disciplinario, la Procuraduría vulneró su derecho
al debido proceso con base en tres premisas:

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124. La primera, relacionada con el incumplimiento de los plazos establecidos
por la norma procesal para adelantar la indagación preliminar, la investigación
disciplinaria y para dictar el fallo en segunda instancia.

125. La segunda, relativa a que se validaron, apreciaron y aplicaron en el
proceso pruebas incorporadas durante la indagación preliminar y en segunda
instancia, a pesar de las irregularidades en su práctica.

126. La tercera, referente a la inobservancia de las solicitudes de nulidad
planteadas por su parte en los descargos y en los alegatos de conclusión del
proceso disciplinario.

127. La Sala procederá a dar respuesta a cada una de las premisas expuestas
en el recurso:

128. Para resolver la primera, debe indicarse que, como se explicó en el
acápite anterior, a partir de lo consignado en el artículo 29 de la Constitución, el
debido proceso implica, entre otras cosas, la garantía que asiste al ciudadano
para que las decisiones, tanto en sede administrativa como judicial, sean
proferidas en un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas.

129. A esas voces, la Ley 734 de 2002 estableció unos términos procesales
concretos con el fin de asegurar la celeridad. Por ejemplo: para las etapas de
indagación preliminar -6 meses que puede extenderse por otro periodo igual-42,
investigación disciplinaria -12 meses extensible a 18 si la falta es gravísima-43 o
para proferir fallo de segunda instancia -45 días siguientes a la fecha en que
recibió el proceso-44.

130. Sin embargo, tanto esta Corporación como la Corte Constitucional han
sostenido que la mera expiración formal de los plazos procesales establecidos
en la Ley 734 de 2002 no configura automáticamente la nulidad de lo actuado, la
pérdida de la potestad disciplinaria o la exoneración de responsabilidad del
investigado.

131. Por el contrario, dichos términos no son perentorios ni improrrogables. Su
expiración, sin que se haya finalizado la actuación correspondiente no implica,
por sí sola, el archivo de la investigación. Más bien, constituyen directrices que
deben ser evaluadas en cada caso concreto por el juez contencioso para
establecer si la demora injustificada vulneró efectivamente los derechos
fundamentales del investigado, tales como el derecho de defensa y la seguridad
jurídica, y así determinar si se ha transgredido su derecho al debido proceso.

42 Artículo 150 ibidem.
43 Artículo 156 ibidem.
44 Artículo 171 ibidem.

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132. En particular, la Corte Constitucional, al estudiar el término de duración de
la indagación preliminar en la sentencia SU-901 de 2005, consideró que, si bien
el incumplimiento de los términos procesales puede considerarse causal de mala
conducta del funcionario público, ello no implica, de forma automática, una grave
afectación de las garantías constitucionales que, de contera, ocasione que toda
la actuación carezca de validez.

133. En consecuencia, en cada caso debe establecerse la razón del
incumplimiento de los términos y si, durante dicho período, se realizaron
actuaciones relevantes para el proceso. Interpretación en contrario -implicaría un
sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio
constitucional-.

134. Igualmente, esta Sección al conocer los litigios sobre actos administrativos
sancionatorios, ha expuesto que no cualquier incumplimiento de un término legal
conlleva la nulidad del acto sancionatorio; es necesario, además, demostrar que
esa irregularidad afectó materialmente el derecho de defensa o las garantías
fundamentales del disciplinado.

135. En concreto, esta Subsección, en sentencia del 4 de abril de 201945 explicó
que no procede la anulación de los fallos disciplinarios por irregularidades
meramente formales que no afecten el derecho al debido proceso del
disciplinado. Criterio que se ha reiterado por la Subsección B en
pronunciamientos recientes.46

136. En el caso concreto, la Sala observa que, en efecto, la Procuraduría
Provincial de Ibagué incurrió en retardo al abrir la investigación disciplinaria,
superando el tiempo previsto por la Ley 734 de 2002. Lo mismo ocurrió con la
etapa de investigación disciplinaria, iniciada mediante auto del 20 de enero de
2012, y cuyo auto de cargos fue proferido únicamente hasta el 30 de septiembre
de 2013. Asimismo, se advierte que la Procuraduría Regional del Tolima
incumplió el término legal para emitir fallo de segunda instancia, ya que, aunque
el recurso fue interpuesto el 11 de abril de 2014, la decisión solo se tomó el 30
de abril de 2015.

137. No obstante, conforme a los parámetros jurisprudenciales previamente
expuestos, para esta Subsección no se configura una vulneración del derecho al
debido proceso del apelante. Se recuerda que, para que ello ocurra, debe
comprobarse que la demora en la adopción de las decisiones transgredió de
manera palpable los derechos de defensa y seguridad jurídica del investigado,
situación que no se acreditó en el presente caso.

45 Exp. 11001-03-25-000-2012-00121-00, M.P. Rafael Suárez Vargas.
46 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad: 66001-23-33-000-

2015-00424-01 (6406-2019) sentencia del 19 de enero de dos mil veintitrés 2023. C.P: César
Palomino Cortés

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138. Por lo tanto, aunque las tardanzas en la toma de la decisión disciplinaria
son reprochables, en sí mismas no son suficientes para acreditar la vulneración
del debido proceso o la invalidez de todo lo actuado.

139. Cabe precisar, además, que la única forma en la que el disciplinado podría
ser exonerado del proceso por dilación en su resolución es que se configure la
prescripción de la acción disciplinaria. Según el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
-en su versión original-, esta ocurre únicamente cuando han transcurrido cinco
(5) años desde la consumación de la falta.

140. Lo que no ocurrió en el este caso, pues la falta instantánea por la cual se
procesó al actor data del 14 de diciembre de 2010, cuando suscribió en calidad
de presidente del concejo de Venadillo la orden de prestación de servicios No.
002 con persona que no acreditó la idoneidad que exige la ley, y el fallo
disciplinario de primera instancia se profirió dentro de los 5 años siguientes, esto
es, el 31 de marzo de 2014.

141. Por lo tanto, no prosperan los argumentos de esta premisa.

142. A la segunda premisa del apelante,47 debe indicar la Sala que, contrario a
lo alegado, del análisis del proceso disciplinario no se advierte que se hubieran
practicado o incorporado pruebas que supusieran una vulneración flagrante de
su derecho al debido proceso, al punto de justificar la nulidad de los actos
enjuiciados.

143. Por una parte, las evidencias recaudadas en la indagación preliminar no
vulneraron el debido proceso, pues la autoridad que las recaudó tenía
competencia para hacerlo según en numeral segundo inciso 448 y numeral
tercero49 de la parte resolutiva del auto de apertura del 8 de febrero de 2011, tal
y como lo indicó el a quo.

144. Y si bien, por fuera de los seis (6) meses que establece la ley para
adelantar la indagación preliminar, se ofició a la registraduría municipal y al
concejo municipal para que allegaran el acta de posesión y de sesión en la que
se eligió al actor como presidente de la entidad edilicia en el año 2010 -el 11 de
enero de 2012-, lo cierto es que, una vez incorporados dichos documentos al
proceso, el disciplinado tuvo oportunidad de conocerlos, analizarlos y
controvertirlos durante las etapas de descargos, alegatos y apelación. Por ende,

47 «(…) relativa a que se validaron, apreciaron y aplicaron en el proceso pruebas incorporadas en

la indagación preliminar y en segunda instancia pese irregularidades en su práctica»
48 «Ordenar la práctica de las siguientes pruebas (…) 4. Las demás que surjan de las anteriores

y que a criterio de la comisionada sirvan para el total esclarecimiento de los hechos investigados»
49 «Comisionar a la doctora (…) profesional universitaria adscrita a esta provincia, para la práctica

de las pruebas ordenadas (…)»

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no se advierte que tal incorporación haya vulnerado su derecho de defensa ni
sus garantías fundamentales.

145. Por otra parte, en relación con la práctica de pruebas en segunda
instancia, se observa que, en efecto, mediante auto del 27 de marzo de 2015, la
Procuraduría Regional del Tolima decretó pruebas con el fin de oficiar a la Oficina
de Archivo del Fondo Documental de Historias Vehiculares del municipio de San
Sebastián de Mariquita -Tolima, para que informara acerca de la vinculación del
contratista. En respuesta, el 16 de abril de 2015, se certificó que Jhon Alexander
Santofimio no se encontraba, ni se había encontrado, vinculado a ese municipio.

146. No obstante, en el expediente disciplinario no obra constancia de que
dicha prueba hubiese sido trasladada al disciplinado.

147. Ahora bien, debe reiterarse que la jurisprudencia de esta Corporación y de
la Corte Constitucional ha privilegiado el derecho sustancial sobre el formal, lo
cual implica que no todo defecto en el procedimiento disciplinario conlleva
necesariamente la nulidad de lo actuado. Solo cuando se demuestre una
vulneración efectiva al derecho de defensa y contradicción del investigado se
configura una transgresión que amerite tal consecuencia.

148. En el asunto de marras, aunque en apariencia podría advertirse una
violación al debido proceso, lo cierto es que esta no se configura, en tanto que
las pruebas recaudadas en segunda instancia por la autoridad disciplinaria no
fueron determinantes para sustentar su decisión. Más bien, se trataron de
pruebas complementarias que sirvieron para corroborar información previamente
valorada en el fallo de primera instancia.

149. En efecto, se recuerda que, al presentar sus descargos, el actor aportó
pruebas con el fin de controvertir los cargos formulados en su contra. Entre ellas,
incluyó un certificado expedido el 13 de junio de 2010 por la coordinadora de
archivo, Ruth Lucena Ocampo, en el que se deja constancia de que,
aparentemente, Jhon Alexander Santofimio había laborado en el archivo del
fondo documental de historias vehiculares de la sede de la oficina del municipio
de Mariquita por un periodo de tres (3) meses. Con dicha prueba, el disciplinado
consideró acreditada la experiencia e idoneidad del contratista para suscribir la
orden de prestación de servicios, por la cual, a la postre, fue sancionado
disciplinariamente.

150. La Procuraduría Provincial de Ibagué, en el fallo de primera instancia,
concluyó que dicho documento no era suficiente para acreditar la experiencia del
contratista, ya que no contaba con sello oficial ni detallaba la actividad
desarrollada, la calidad en que se prestó el servicio o las fechas
correspondientes.

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151. Al impugnarse la decisión, el actor reiteró la validez del documento, y como
respuesta, al resolverse el fallo de segunda instancia el 30 de abril de 2015, se
confirmó que el certificado expedido por la Oficina de Tránsito de Mariquita no
era suficiente para desvirtuar la falta cometida.

152. Ello, porque al solicitarse los documentos de la orden de prestación de
servicios 002 de 2010 que reposaban en el archivo del Concejo Municipal de
Venadillo, aquella pieza no se encontraba. Además, al igual que lo sostuvo el
operador disciplinario de primera instancia, de su lectura no se desprende el
período exacto en que el contratista supuestamente prestó sus servicios, razón
por la cual carece de credibilidad para sustentar la experiencia requerida. Esta
circunstancia fue corroborada con el certificado expedido por el municipio de
Mariquita en la segunda instancia.

153. En esa medida, si bien existió una irregularidad procesal en el trámite de
segunda instancia, consistente en la falta de traslado de la prueba recaudada,
ello no implica, por sí solo, una vulneración al derecho de defensa y contradicción
del disciplinado que conlleve la nulidad de lo actuado.

154. Como se dijo, en las actuaciones sancionatorias prima el derecho
sustancial sobre el formal, y en el caso bajo estudio los elementos recaudados
en segunda instancia no fundamentaron el criterio de la autoridad disciplinaria
para determinar la configuración de la respectiva falta. En su lugar, aquellas
pruebas sirvieron para cimentar dichos de paso que añadieron en abundancia los
criterios utilizados en el fallo dentro de la sana critica para considerar que los
elementos probatorios traídos al proceso por el disciplinado no eran suficientes
para morigerar la falta cometida.

155. En consecuencia, se reitera que no se vulneró el debido proceso en la
practica de pruebas en el proceso disciplinario, por tanto, se desestimarán los
argumentos vertidos por el apelante en cuanto a la segunda premisa.

156. En cuanto a la tercera premisa del apelante50, basta con decir, en línea
con lo expresado en la sentencia de primera instancia, que al analizarse tanto el
escrito de descargos, como el de alegatos de conclusión del proceso disciplinario,
no se advierte que se hubiesen presentado solicitudes de nulidad. Por lo tanto,
se denegará igualmente este punto del recurso.

157. En conclusión, para esta Subsección, en el tránsito del proceso
disciplinario bajo estudio no se acreditó la vulneración al debido proceso del
demandante.

50«(…) inobservancia de las solicitudes de nulidad planteadas de su parte en los descargos y

alegatos de conclusión del proceso disciplinario».

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158. Segundo interrogante: ¿La sanción impuesta al actor se fundamentó en
una conducta atípica?

159. En la alzada se censuró que, para adecuar normativamente la conducta,
la autoridad disciplinaria se remitió a normas derogadas.

160. Contrario a ello, observa la Sala que, en el auto del 30 de septiembre de
2013, al formularse el pliego de cargos en contra del actor, la Procuraduría
encuadró correctamente la falta endilgada en el cargo N° 2, en la medida que citó
como normas violadas el artículo 6.° de la Constitución Política, el artículo 82 del
Decreto 2474, modificado por el Decreto 4266 de 2010, los artículos 3.° y 4.° de
la Ley 1406 de 2010 y los artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993, subrogado por
la Ley 1150 de 2007. Conforme a ellas se estructuró la falta gravísima contenida
en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

161. En particular, el recurso reprocha que los artículos citados en el pliego de
la Ley 80 de 1993 fueron derogados posteriormente, lo cual no fue tenido en
cuenta por la Procuraduría. Sin embargo, de la lectura de los artículos
referenciados en el pliego de cargos y en los fallos, se colige que tales
disposiciones fueron citadas teniendo en cuenta su subrogación mediante la Ley
1150 de 2007, lo que desvirtúa la afirmación del apelante.

162. También se alegó en el recurso que el contratista Jhon Alexander
Santofimio era competente e idóneo para celebrar la orden de prestación de
servicios 002 de 2010, mediante la cual desarrolló actividades de recolección,
limpieza y organización del archivo del concejo municipal de Venadillo. No
obstante, en criterio de esta Subsección, las pruebas obrantes en el expediente
demuestran lo contrario.

163. En particular, dentro de la hoja de vida del contratista, presentada en la
etapa precontractual, y en los demás documentos que reposaban en los archivos
de la entidad edilicia al momento de la inspección realizada por el personero
municipal el 28 de enero de 2012 y los otros documentos del proceso
disciplinario, solo se acreditó que el contratista contaba con formación como
tecnólogo en costos y estudiante de décimo semestre de contaduría pública.

164. Sin embargo, según lo dispuesto en los artículos 3.° y 4.° de la Ley 1409
de 2010, para la época de celebración del contrato se requería formación
profesional en programas archivísticos impartidos por instituciones de educación
superior, para poder ejercer actividades de esta naturaleza

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165. Además, en concordancia con lo señalado en los fallos disciplinarios, el
certificado51 con el cual el actor pretendió acreditar posteriormente la experiencia
del contratista tampoco ofrece certeza ni claridad sobre las funciones
desempeñadas, pues carece de datos relevantes como las actividades
específicas realizadas y las fechas de prestación del servicio.

166. Igualmente, el recurrente reprochó que la presentación de los
antecedentes penales, disciplinarios y la hoja de vida en -formato único de hoja
de vida-, eran requisitos subsanables, pues no otorgaban puntaje.

167. Empero, la Sala difiere de ese planteamiento, pues como se indicó en el
fallo disciplinario de segunda instancia, el artículo 1.° de la Ley 190 de 1995 exige
que todo aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios debe
presentar –(…) el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado (…)- y
su parágrafo indica que –quien fuera nombrado para ocupar un cargo o empleo
público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración
deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar
certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la
Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS(…)-.

168. Por lo tanto, al omitir este procedimiento y contratar con el señor John
Alexander Santofimio, sin el cumplimiento de los requisitos que establecen los
artículos 3.° y 4.° de la Ley 1409 de 2010 y el artículo 82 del Decreto 2474.
modificado por el Decreto 4266 de 2010, incurrió en la falta descrita numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 200252, por la vulneración de los artículos 24 y
29 de la Ley 80 de 1993, subrogados por la Ley 1150 de 2007. En consecuencia,
los argumentos planteados en el segundo cargo son improcedentes, en tanto que
la conducta enrostrada al actor es típica y por tanto se aviene al orden jurídico.

169. En virtud de lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia,
conforme con los fundamentos expuestos.

Condena en costas.

170. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en costas a la
parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, tal
sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda -en nuestro

51 Certificado expedido el 13 de junio de 2010 por la coordinadora de archivo Ruth Lucena
Ocampo, que deja constancia que John Alexander Santofimio laboró en el archivo del fondo
documental de historias vehiculares de la sede oficina del municipio de Mariquita por un periodo
de 3 meses.
52 «31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del

patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y
la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley».

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caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue presentada con «manifiesta
carencia de fundamento legal». Así las cosas, se considera que los argumentos
vertidos en el escrito impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte
actora sustentó su posición en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas
por la Sala, no se estiman irracionales y carentes de fundamento jurídico. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas.

171. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia;

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima dentro de la demanda que, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por el señor
José Humberto Cruz Carrillo en contra de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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