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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00344-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00344-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia; SEGUNDO. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta decisión, la sentencia del 6 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de la demanda que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada por el señor Carlos Andrés Portela Calderón en contra de la Procuraduría General de la Nación. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo explicado en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023) Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00344-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-23-33-000-2019-00344-01 (5838-2023)
Accionante: Carlos Andrés Portela Calderón
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo.
Servidor público de elección popular.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE REEMPLAZO

1. En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 24 de febrero de 2025,
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, mediante la cual se resolvió
la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra
de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso con radicado Nro. 11001- 03-15-000-2024-04153-00, procede la Sala a
dictar sentencia de reemplazo.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones: i) fallo
de fecha 7 de diciembre de 2017,1 mediante el cual la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó disciplinariamente al
demandante -entre otros- con suspensión en el ejercicio del cargo como concejal
municipal de Ibagué (período 2016 – 2019) por el término de nueve meses; ii)
fallo de fecha 20 de diciembre de 2018,2 mediante el cual la Sala Disciplinaria de
la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la anterior
decisión y; iii) Resolución número 005 del 13 de febrero de 2019,3 mediante la
cual el presidente del concejo municipal de Ibagué ejecutó la orden de
suspensión emitida en contra del accionante, entre otros.

3. A título de restablecimiento del derecho peticionó ordenar a la entidad
accionada eliminar de sus registros la sanción disciplinaria de la referencia.

1 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 7 - 55.
2 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 57 - 100.
3 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 105-110.

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Demandante: Carlos Andrés Portela Calderón

Hechos que fundamentan la demanda.

4. El demandante fue elegido como concejal municipal de Ibagué el 29 de
octubre de 2015. En ejercicio de esa función participó en el proceso de
escogencia del contralor municipal para el periodo 2016-2019, emitiendo su voto
en favor del señor Ramiro Sánchez, quien finalmente resultó elegido.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima anuló la señalada elección al
considerar que el designado se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo,
pues dentro de los doce (12) meses anteriores a su escogencia fungió como
director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública del Tolima.
Esa decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado,
mediante la introducción de una nueva tesis sobre la inhabilidad invocada, a
propósito del cambio producido con el Acto Legislativo 02 de 2015.

6. Con ocasión a ese proceso electivo la Procuraduría Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativa, en fallo de 7 de diciembre de 2017, sancionó al
demandante -entre otros- con suspensión de nueve (9) meses en el ejercicio del
cargo como concejal.

7. Esa restricción provino, a juicio de la demandada, porque el demandante
eligió al contralor municipal de Ibagué a pesar de que sobre él pesaba una causal
de inhabilidad. Por dicha acción, se le endilgó la falta disciplinaria gravísima
contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

8. Apelada esa decisión, en fallo del 20 de diciembre de 2018 la Sala
Disciplinaria de la entidad accionada confirmó la sanción impuesta. Sin embargo,
uno de sus integrantes salvó su voto, al concluir que en los investigados concurría
un error invencible en el despliegue de su conducta, por lo que era necesaria su
absolución.4

9. La demandada absolvió de todos los cargos al electo contralor municipal
dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra.

10. De acuerdo con las reglas de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la suspensión del ejercicio del cargo de un servidor electo por voto
popular solo procede por actos de corrupción y/o sentencia emitida por juez
penal, lo que aquí no ocurrió.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

11. Para el abogado, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las
siguientes disposiciones:

12. Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 112-150.

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13. Artículos 9, 13 y 29 de la Constitución Política.

14. Artículos 26 y 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de
Viena, sobre el derecho de los tratados.

15. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que
se sintetizan a continuación:

16. Falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para
restringir los derechos políticos de los servidores públicos de elección
Popular. De acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y algunos apartes de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la restricción de los derechos políticos de
los servidores públicos electos por voto popular solo es procedente en la medida
en que se compruebe su incursión en actos de corrupción y/o que la decisión
restrictiva esté contenida en una sentencia emitida por juez penal.

17. Como ninguna de esas situaciones se presentó en este caso, es más que
evidente que las decisiones disciplinarias son ilegales.

18. Violación al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica. Es
contradictorio que la accionada haya absuelto al electo contralor municipal de
Ibagué de toda responsabilidad disciplinaria, al considerar que obró con
diligencia, cuidado y racionalidad durante el proceso electoral -consistente en
asesorarse con un abogado frente a la aparente causal de inhabilidad- y, por otro
lado, haya sancionado a los concejales que participaron en su escogencia,
quienes fueron inducidos a error por el elegido, por lo que es inconcebible que
ante los mismos hechos y medios probatorios se produjeran decisiones disímiles.

19. Violación al derecho a la defensa. Inexistencia de la inhabilidad al
momento de la elección del contralor. Para cuando se produjo la elección
reprochada -9 de enero de 2016-, el Consejo de Estado consideraba que la
inhabilidad prevista en el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no
era aplicable a los aspirantes a contralor municipal, porque pugnaba
directamente contra el inciso séptimo del artículo 272 de la Constitución Política
-en su versión original-, según el cual «[n]o podrá ser elegido quien sea o haya
sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección,
ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o
municipal, salvo la docencia.».

20. Fue solo hasta el 16 de junio de 2016, al resolver el recurso de apelación
presentado en el medio de control de nulidad electoral presentado frente al
contralor municipal de Neiva, que esa corporación cambió de posición, fijando los
alcances de la restricción establecida en el Acto Legislativo 02 de 2015. En
consecuencia, la sanción impuesta es improcedente.

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21. Error invencible en la conducta desplegada. Las situaciones que
rodearon el proceso electivo -la responsabilidad asumida por la institución
educativa que apoyó dicho concurso de méritos, la interpretación restrictiva que
pesa sobre las causales de inhabilidad, la ausencia de asesores en el concejo
municipal-, así como las actuaciones realizadas por el candidato Ramiro Sánchez
-declaración juramentada extra proceso sobre ausencia de inhabilidad y concepto
jurídico de un abogado experto en la materia-, provocaron en su cliente el error
invencible de que con su voto no infringía ninguna disposición normativa. A lo
anterior se suma que la posición jurisprudencial vigente para ese entonces no
concebía esa restricción, de acuerdo con lo expresado anteriormente.

Contestación de la demanda.

22. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda,5 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella
contenidas. Con tales fines, argumentó que:

23. Los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular no
son absolutos y pueden ser limitados, entre otros, por decisiones disciplinarias
que persiguen la eficacia de otras prerrogativas y garantías fundamentales de
similar rango.

24. La procuraduría tiene plena competencia para investigar y sancionar a esos
funcionarios cuando quiera que evidencie la trasgresión del régimen disciplinario
vigente. En la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 15 de noviembre
de 20176 no se restringieron esas potestades, tesis que ha sido reiterada, entre
otras, en las sentencias el 23 de agosto y 15 de noviembre de 2018.7 Corolario,
una posición contraria avalaría un régimen de irresponsabilidad disciplinaria.

25. Aunque la inhabilidad del electo contralor no había sido precisada por la
jurisprudencia de esa corporación, los investigados tenían la posibilidad de
advertir que el cargo de director territorial de la Escuela Superior de Administración
Pública conllevaba el ejercicio de poder en la jurisdicción del departamento del
Tolima que, por cierto, comprendía al municipio de Ibagué.

26. No operó el error invencible, pues al estudiar la jurisprudencia nacional, los
disciplinados no advirtieron que las sentencias consultadas eran anteriores al Acto
Legislativo 02 de 2015. Un estudio juicioso al respecto les hubiera permitido
descartar esos precedentes. Así mismo, no hicieron uso de los elementos
tecnológicos disponibles para consultar sobre esa presunta inhabilidad y, además,
durante la sesión electoral no se debatió ese aspecto.

5 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 3-25.
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001 03 25 000 2014 00360 00.
7 Sección Segunda, Subsección A, expedientes 05001 23 33 000 20113 00127 01 y 63001 23 33 000 2014

00049 01.

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27. No se vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso del demandante,
pues las actuaciones fueron realizadas en cumplimiento de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen esa materia.

Sentencia de primera instancia.

28. Mediante sentencia de 6 de julio de 2023,8 el Tribunal Administrativo del
Tolima accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y condenó en costas
y agencias en derecho a la institución accionada.

29. Previamente debe indicarse que el a quo declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda frente a la Resolución 005 del 13 de febrero de
2019 -que ejecutó la orden de suspensión emitida por la procuraduría-, bajo la
tesis de que no era pasible de control judicial, por ser un acto de trámite.

30. En lo que corresponde al fondo del asunto, el tribunal de primera instancia,
después de reseñar brevemente los derechos políticos enmarcados en la
Constitución Política, así como las atribuciones disciplinarias del ente
demandado, concluyó:

31. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia, permiten afirmar que la
procuraduría no estaba facultada para restringir, vía sanción disciplinaria, los
derechos políticos de los servidores públicos de elección popular.

32. Por tanto, en ejercicio del control de convencionalidad, se inaplica, con
efectos inter partes, el numeral 3.° del artículo 44 de la Ley 734 de 2002,
contentivo de la sanción impuesta al actor, se anulan las decisiones demandadas
y se ordena a la procuraduría eliminar de sus registros la aludida restricción

Recurso de apelación.

33. Oportunamente, la abogada de la entidad demandada apeló la sentencia
de marras.9 En su intervención, censuró que el a quo haya concluido que su
representada carecía de competencia para imponer la sanción disciplinaria, pues
a su juicio:

34. En el diseño estructural del Estado colombiano, el numeral 6.° del artículo
277 de la Constitución Política le asignó a la Procuraduría General de la Nación
la facultad para vigilar la conducta oficial de los servidores públicos -incluyendo
los de elección popular- y ejercer sobre ellos el poder disciplinario mediante la
imposición de las sanciones previstas en la ley.

35. Aunque la norma constitucional en cita y sus desarrollos normativos fueron

8 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 162-193.
9 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo 3, folios 202-218.

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expedidos en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su interpretación y aplicación debe prevalecer el principio de armonización
entre todos los instrumentos internos y externos. Así lo ha reconocido la Corte
Constitucional en las sentencias C-028 de 2006, , C-111 de 2019, C-146 de 2021
y C-030 de 2023, cuando pacíficamente concluye que el ente de control si tiene
competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección
popular.

36. Tanto esa corte como el Consejo de Estado han sido insistentes al
pregonar que la decisión adoptada frente a la demanda del señor Petro Urrego
no tiene efectos erga omnes, pues la procuraduría nunca ha sido desprovista de
sus potestades disciplinarias frente a esos funcionarios.

37. El tribunal desconoció la obligatoriedad de aplicación de los precedentes
jurisprudenciales dimanados de la Corte Constitucional en los que se ha
pregonado esa conclusión.

38. Es impropia la inaplicación que, por vía de inconvencionalidad, realizó el
aquo frente al numeral 1.° del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, pues en esta
norma no se contiene la competencia sancionatoria de la procuraduría la cual,
por cierto, está depositada en el artículo 277 de la Constitución Política.

39. Las reglas adoptadas en la sentencia C-030 de 023 se erigen en cosa
juzgada constitucional frente a la competencia de marras, por lo que, en
aplicación de ese principio, se debe revocar la sentencia impugnada.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

40. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 12 de diciembre de
2023, se admitió el citado recurso de apelación.

41. El pronunciamiento de las partes y del agente del ministerio público.
Las partes y el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

42. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el
aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.10

43. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,11 la competencia

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario
pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte
demandante, en su condición de impugnante único.

44. Problema jurídico. Se contrae a determinar si ¿La Procuraduría General
de la Nación es competente para sancionar disciplinariamente a los servidores
públicos electos por voto popular con medidas restrictivas de sus derechos
políticos?

45. Para la resolución de ese planteamiento, se rememorarán las
consideraciones depositadas en la sentencia de tutela que arriba fue señalada.

46. De la decisión de tutela que ordenó emitir una nueva decisión en este
asunto. Como se dijo antes, mediante providencia de 24 de febrero de 2025,12
la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho
al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y, consecuentemente,
ordenó a esta Subsección emitir una nueva decisión dentro de este asunto.

47. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas
las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data
de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea
jurisprudencial consolidada al interior de la Corte Constitucional que avalaba la
competencia del ente de control para imponer a los servidores públicos de
elección popular todas aquellas sanciones restrictivas de sus derechos políticos.

48. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013,
C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023, SU-381 de 2024 y SU-382 de
2024- el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la
procuraduría era compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los artículos 40 y 93.1 de la Constitución Política.

49. Además, recordó que, en sentir de la jurisprudencia constitucional, las
normas de la citada convención no son superiores a las establecidas en la carta
política, por lo tanto, la sentencia tutelada pasó por alto que esas reglas debían
ser analizadas y aplicadas a partir de una interpretación sistemática, coherente y
armónica con las disposiciones internas y las previstas en el resto de
instrumentos internacionales que, sobre la materia, han sido suscritos por
Colombia

50. Finalmente, en ese proveído se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en decisión del 3 de diciembre de 2024, la Sala
Plena de esta Corporación señaló que las sentencias de constitucionalidad

12 Providencia emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001-03-15-

000-2024-03980-00; 11001-03- 15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.

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signadas por la Corte -entre ellas, la C-030 de 2023- son vinculantes y no admiten
reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

51. Por consiguiente, conforme lo analizado, la Sala resolverá el problema
jurídico planteado.

Caso concreto.

52. Interrogante único: ¿La Procuraduría General de la Nación es
competente para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos electos
por voto popular con medidas restrictivas de sus derechos políticos?

53. Como se recordará, a través de la alzada se censuró que el Tribunal
Administrativo del Tolima haya accedido a las pretensiones de la demanda,
concluyendo que la entidad accionada carecía de competencia para sancionar al
demandante, en los términos del artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

54. Así las cosas, y sin necesidad de profundizar en más consideraciones, la
Sala, atendiendo los parámetros señalados en la reseñada decisión de tutela y,
además, la línea consolidada existente en la materia -sentencias C-028 de 2006,
SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023, SU-381 de
2024 y SU-382 de 2024-, concluye que el ente de control detenta la competencia
constitucional y convencional para imponer al demandante la sanción de
suspensión en el ejercicio del cargo como concejal municipal de Ibagué.

55. En consecuencia, ante la prosperidad del cargo formulado en la apelación,
es procedente revocar el fallo de primera instancia.

56. Sin embargo, dado que la decisión de primer grado fue favorable a los
intereses de la parte demandante, y a este no le era exigible impugnar esa
sentencia, se resolverán a continuación los cargos que, formulados en la
demanda, no fueron abordados en aquella oportunidad.

57. Así las cosas, y de acuerdo con los argumentos depositados en el
concepto de violación de la solicitud judicial, la Subsección deberá resolver los
siguientes interrogantes:

58. ¿Se configuró frente al accionante la causal de exclusión de
responsabilidad consistente en la «convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria»?

59. ¿Con la absolución en sede disciplinaria del otrora contralor municipal de
Ibagué se vulneraron los derechos a la igualdad y seguridad jurídica del actor?

60. ¿La falta disciplinaria que motivó la sanción impuesta al demandante es
atípica pues, cuándo participó en la elección del contralor municipal de Ibagué,

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no era aplicable la inhabilidad pregonada frente al elegido?

61. Resolución de los problemas jurídicos.

62. Primer interrogante: ¿Se configuró frente al accionante la causal de
exclusión de responsabilidad consistente en la «convicción errada e invencible
de que su conducta no constituye falta disciplinaria»?

63. Previa solución de este cuestionamiento, se reseñará brevemente el
contenido y alcance de la aludida causal de exculpación.

La exclusión de responsabilidad disciplinaria por error invencible.

64. El artículo 28 de la Ley 734 de 2002 establece que:

«Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está
exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

[…]

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta
disciplinaria.».

65. Del contenido literal transcrito, esta corporación ha señalado que la causal
en cita se configura en la medida en que: i) el disciplinado esté convencido
plenamente de que su actuación se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico
y; ii) que su error era invencible, dada sus condiciones personales y/o las
circunstancias en que la conducta fue desplegada.13

66. Lo anterior supone la existencia de una situación anómala o irregular que
el disciplinado, por mucho esfuerzo, cuidado y diligencia que haya empleado, no
la pudo advertir. Es decir, que en los eventos que rodearon la acción u omisión
conductual estuvo presente una condición no visualizada que prefiguraba un
ilícito disciplinario.

67. En ese mismo sentido, se ha señalado que, en aplicación de esta figura,
no es posible rotular con dolo la conducta censurada, porque en el investigado
no había conciencia frente a su ilicitud, así como tampoco puede acudirse al
concepto de culpa, porque él actuó con el cuidado y diligencia para determinar
que tal comportamiento no infringía la ley.14

68. Ahora bien, se ha precisado que, al asumir sus funciones, los servidores
públicos se obligan a cumplir con la Constitución Política, la ley y el reglamento,
asumiendo el deber de conocer el orden jurídico y la forma de su aplicación, de

13 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente 11001-03-25-000-2013-

01115-00(2637-13).
14 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente 11001-03-25-000-

2012-00888-00 (2728-12); también puede consultarse en Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de
16 de marzo de 2017, expediente 11001-03-25-000-2012-00002-00(0058-12).

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ahí que estén llamados a comprender los alcances de sus actuaciones y
omisiones. En sentencia de 19 de abril de 2012,15 esta Subsección manifestó:

«[…] En este estado, no comparte la Sala el argumento que trae a colación el
actor en el sentido de que ni la Constitución, ni la ley ni el decreto reglamentario
de su función, le exigían obligatoriamente conocer la normativa de la institución
en la que labora, además de que su formación lo era en las ciencias de la salud
y no en las jurídicas; porque no puede olvidarse, que la responsabilidad de todo
servidor público en materia disciplinaria encuentra fundamento, en el postulado
superior contenido en el artículo 6° de la Carta Política, que se constituye en el
cimiento de sus obligaciones y deberes. (…).

(…)

Es válido entonces afirmar, que el servidor público soporta una carga
mayor y superior en materia de responsabilidad, que implica el total
conocimiento de los deberes contenidos en los dispositivos de orden
constitucional y legal y el entendimiento del alcance de sus actos y de sus
omisiones.” […]».

69. En el fallo disciplinario de primera instancia16 se reseñó que el cargo
formulado en contra del demandante -entre otros-, provino del hecho de que, en
su condición de concejal de Ibagué, eligió y nombró al señor Ramiro Sánchez
como contralor municipal para el periodo 2016-2020, a pesar de que en él recaía
la inhabilidad prevista en el inciso séptimo del artículo 272 constitucional y en el
numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, este último, aplicable en virtud
de la remisión efectuada en el literal c) del artículo 163 ejusdem.

70. En concreto, tal restricción se afincó en el desempeño, dentro del año
anterior a la elección, del empleo de director territorial de la Escuela Superior de
la Administración Pública – ESAP.

71. Lo primero que debe indicarse es que el inciso octavo del artículo 272 de
la Constitución Política, en su versión original, establecía la siguiente restricción
para quienes aspirarán a ser contralores del nivel local: «[n]o podrá ser elegido
quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba
hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental,
distrital o municipal, salvo la docencia.

72. Así mismo, en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 se contempló, entre
otros, que no podrá ser escogido como contralor territorial quien «[e]sté incurso
dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta Ley,
en lo que sea aplicable.».

73. Sin embargo, a partir de la norma constitucional en cita era que la Sección
Quinta de esta Corporación pregonaba la inhabilidad para todos aquellos que,
dentro del año anterior a la elección, hubieren fungido como servidores públicos
departamentales, municipales y distritales en la respectiva entidad territorial.

15 Expediente 52001-23-31-000-2006-00660-01 (0666-2008).
16 Ver índice 93 de la plataforma SAMAI de primera instancia, Tomo I, folios 7 - 55.

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74. Lo anterior implicaba que, para esos fines, dicha Sección descartara la
aplicación del numeral 2.° del artículo 96 de la Ley 136 de 1994, pues la
inhabilidad se encontraba contenida en la Constitución Política.17

75. En particular, la sentencia de 22 de octubre de 2009, dictada dentro del
expediente 73-001-23-31-000-2008-00052-03 se concluyó:

«[…] Por ende, en la medida en que el artículo 153 (sic) señala que no podrá ser
contralor quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el
alcalde municipal, pero únicamente "en lo que le sea aplicable", debe entenderse
que sólo se extienden al contralor aquellas inelegibilidades previstas en el artículo
95 de la Ley 136 de 1994 cuando tal extensión resulte claramente necesaria para
asegurar una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad
de la función pública. Así, en aquellos eventos en que esa extensión carezca de
evidente razonabilidad o exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que
la inhabilidad del alcalde no es aplicable al contralor.

Sobre este punto, esta Corporación, en sentencia del 6 de febrero de 2003,
manifestó lo siguiente:

“Siendo así las cosas, la inhabilidad establecida en el artículo 95, numeral
2, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000, - según el cual no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni
designado alcalde municipal, quien como empleado público, sin distingos,
dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
jurisdicción en el respectivo municipio-, no es inhabilidad para ser
contralor municipal, en lo que pugna con el artículo 272, inciso
séptimo, de la Constitución, según el cual, conforme al criterio expresado,
no puede ser elegido contralor municipal quien en el último año haya
ocupado cargo público del orden municipal, salvo la docencia”. MP. Mario
Alario Méndez. Exp. 2001-0387. […]» (subrayado de la sala)

76. No obstante, el Acto Legislativo 02 de 1.° de julio de 2015 modificó ese
precepto para indicar que «[n]o podrá ser elegido quien sea o haya sido en el
último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien
haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo
la docencia.»

77. Pues bien, a partir de esa reforma que, por cierto, se encontraba vigente
para cuando se llevó a cabo la elección reprochada, la primera decisión emitida
por la Sección Quinta frente a la aplicación de la inhabilidad contenida en el
numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a los aspirantes al cargo de
contralor territorial, es la contenida en el auto de 16 de junio de 2016,18 en la que
se expresó:

«De esta manera, no obstante existir para el caso de los contralores municipales
una remisión expresa a las inhabilidades establecidas para los alcaldes en el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, se debe tener en cuenta que aquéllos se

17 Entre las decisiones contentivas de esta tesis se pueden consultar las siguientes: sentencia de 21 de

enero de 1999, expediente 2130; sentencia de 9 de noviembre de 2001, expediente 76001-23-31-000-2001-
0316-01; sentencia de 6 de agosto de 2009, expediente 2008-00176; sentencia de 22 de octubre de 2009,
expediente 73001-23-31-000-2008-00052-03.
18 Expediente 41-001-23-33-000-2016-00059-01.

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encuentran incursos en las inhabilidades prescritas en esta disposición normativa
en cuanto les sean aplicables.

En este sentido, la Sala encuentra que la inhabilidad consagrada en el numeral
2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, arriba transcrito, resulta aplicable al caso
en particular porque el demandado, según lo expuesto por el impugnante en el
recurso de alzada, ejerció autoridad administrativa al desempeñarse como Jefe
de la Oficina Jurídica de la Universidad Surcolombiana, dentro del año
inmediatamente anterior a su elección como Contralor Municipal de Neiva.

[…]

Existe un antecedente de esta Sección, referido a la aplicación de la inhabilidad
consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en el caso de
los contralores.

En aquélla oportunidad, esta Sección consideró que la inhabilidad aplicable en
cuanto al ejercicio de cargos públicos en el año anterior a su elección, en el caso
de los contralores, no correspondía a la consagrada en el numeral 2º del artículo
95 de la Ley 136 de 1994 en virtud de la remisión del literal c del artículo 163
ejusdem, teniendo en cuenta que la que resultaba aplicable era la establecida en
el inciso 7º del artículo 272 constitucional.

[…]

No obstante lo anterior, la Sala advierte que el citado antecedente no resulta
aplicable al caso objeto de estudio, pues, en primer lugar, el inciso 7º del artículo
272 fue modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2015, cambiando
el supuesto fáctico de la inhabilidad consagrada, así:

INCISO 7º DEL ARTÍCULO 272 INCISO 7º DEL ARTÍCULO 272
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 MODIFICADO POR EL ACTO
LEGISLATIVO 02 DE 2015
(…) No podrá ser elegido quien sea o (…) No podrá ser elegido quien sea o haya
haya sido en el último año miembro de la sido en el último año miembro de la
asamblea o concejo que deba hacer la Asamblea o Concejo que deba hacer la
elección, ni quien haya ocupado cargo elección, ni quien haya ocupado cargo
público del orden departamental, distrital público en el nivel ejecutivo del orden
o municipal. (…) departamental, distrital o municipal. (…)

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el nuevo texto del artículo 272
constitucional estableció un supuesto diferente al que venía rigiendo hasta el
momento. En efecto, en el nuevo escenario la inhabilidad se circunscribe a los
cargos desempeñados en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o
municipal, según sea el caso, excluyendo de esta manera el nivel directivo.

Por lo anterior, y sin pretender determinar en la presente providencia el alcance
de la inhabilidad consagrada en la reforma constitucional, la Sala encuentra que
el fundamento jurídico en el cual se sustentó esta Sección en la sentencia citada,
es diferente, por lo que no resulta entonces aplicable al presente caso.».

78. Así mismo, y en lo que respecta a los alcances del vocablo «nivel
ejecutivo» inserto en esa disposición, fue hasta el fallo de 11 de agosto de 201619
que se estableció que su aplicación también era procedente frente a los empleos
de los niveles superiores, como el nivel directivo, pues si la finalidad de tal

19 Expediente 88-001-23-33-000-2016-00026-01.

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restricción es evitar que el empleado pueda influir en el proceso electoral, con
mayor razón lo podrá hacer quien se encuentra en un cargo superior.

79. Finalmente, y en cuanto a la expresión «en el respectivo departamento,
distrito o municipio», su alcance fue redefinido en el auto de fecha 28 de julio de
2016,20 para señalar que el aludido cargo no solo es el que dependen de alguno
de esos niveles de la administración, sino también de aquellos que, fruto de la
desconcentración administrativa prevista en la ley, les permite a los servidores
nacionales ejercer funciones a nivel local.

80. Por lo que sigue, estima la Sala que para el 9 de enero de 2016, fecha en
la que se llevó a cabo la elección del contralor municipal de Ibagué, la inhabilidad
regulada en el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no era aplicable
a los aspirantes al empleo de contralor municipal.

81. A lo anterior se agrega que la expresión «en el respectivo departamento,
distrito o municipio» venía siendo interpretada en el sentido de que, tales cargos
correspondían a los órdenes territoriales, sin que fueran incluidos en ellos los
pertenecientes al orden nacional.

82. En consecuencia, no era posible que en esa data el actor pudiera
determinar, con base en la normatividad y las reglas jurisprudenciales vigentes
para entonces, que el aspirante Ramiro Sánchez, quien venía de desempeñar un
cargo nacional del nivel directivo se encontrara inhabilitado para ser elegido como
contralor municipal de Ibagué.

83. Lo anterior, en razón a que: i) en la fecha en que se llevó a cabo la
elección, no se tenía certeza sobre el alcance de ejercer un cargo del «nivel
ejecutivo», ni mucho menos sobre los límites de la frase «en el respectivo
departamento, distrito o municipio».

84. Así las cosas, para esta Subsección, las circunstancias que rodearon ese
proceso electoral permiten advertir el error invencible invocado por el
demandante, pues: i) actuó con el convencimiento pleno de que su voto positivo
se encontraba ajustado a la ley; ii) creencia que provino de las reglas normativas
y jurisprudenciales vigentes para entonces que, por cierto, no le permitían advertir
esa inhabilidad.

85. Corolario, ante la prosperidad de este cargo, la Sala confirmará, pero con
base en las razones expuestas en esta oportunidad, la sentencia apelada,
relevándose de resolver el resto de interrogantes arriba planteados.

20 Expediente 73001-23-33-000-2016-00107-01, que resolvió la apelación en contra del auto que decretó la

suspensión provisional del acto de elección del señor Ramiro Sánchez como contralor municipal de Ibagué.

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Condena en costas en ambas instancias.

86. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en costas a la
parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, tal
sanción surgirá en la medida en que, en este caso puntual, fruto del análisis de
la demanda y del recurso de apelación, se concluya que fueron presentados con
«manifiesta carencia de fundamento legal».

87. Así las cosas, no se puede pasar por alto que, aunque los argumentos de
la apelación fueron acogidos, la sentencia de primer grado se está confirmando,
pero con base en las razones expuestas en esta oportunidad, motivos que se
fincan en uno de los cargos de nulidad planteados por el demandante.

88. Por tanto, al revisar la contestación de la demanda, no se advierte en ella
argumentos irracionales y/o desproporcionadas. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ACATAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, a través de la
cual se ordenó emitir una nueva decisión en este proceso. En consecuencia;

SEGUNDO. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta decisión, la
sentencia del 6 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
dentro de la demanda que, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue presentada por el señor Carlos Andrés Portela
Calderón en contra de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo explicado en
esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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