Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00348-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00348-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00348-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00348-01 (3611-2024)
Demandante: Ángel Alberto Bonilla Pérez
Demandados: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) y departamento
del Tolima (Secretaría de Educación Departamental)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 –
vinculaciones a través de contratos de prestación de
servicios antes de la Ley 812 de 2003 – REVOCA la
sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) contra la sentencia dictada el 18 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de
la demanda. Se anuncia que se revocará dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
TOL2021EE018017 del 26 de mayo de 2021, expedido por la Secretaría de
Educación Departamental del Tolima y aprobado por el FOMAG, por medio del
cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) otorgar y pagar a su favor
la citada prestación con base en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989,
equivalente al 75 % del promedio de todos los factores salariales devengados en
el año anterior a la consolidación del estatus jurídico; ii) declarar la compatibilidad
entre la pensión y el sueldo; iii) indexar las sumas adeudadas y ordenar el pago
de los intereses moratorios que se causen sobre ellas; iv) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; y v) condenar
en costas a la parte demandada.
3. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores teniendo en cuenta que se desempeñó como docente oficial
vinculado mediante contratos de prestación de servicios antes de que entrara en
vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le reconozca y pague
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Demandante: Ángel Alberto Bonilla Pérez
una pensión de jubilación conforme con la Ley 33 de 1985, la cual es compatible
con el salario.
Contestaciones de la demanda
4. El FOMAG se opuso a las pretensiones porque los tiempos en que el actor
se desempeñó como contratista no se pueden tener como vinculaciones de
docente afiliado al magisterio. Adicionalmente, adujo que el accionante no está
cobijado por la Ley 71 de 1988 en tanto no es beneficiario de la transición que
prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que su situación pensional está
comprendida en el régimen de prima media con prestación definida; y sostuvo
que no es procedente la condena en costas porque ha actuado de buena fe.
5. El departamento del Tolima contestó la demanda de manera
extemporánea1.
Sentencia apelada
6. Mediante sentencia del 18 de abril de 2024, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y ordenó reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor
del actor, con base en la Ley 33 de 1985, liquidada con el 75 % del promedio de
los factores percibidos en el año anterior a la consolidación estatus jurídico, a
saber: asignación básica y bonificaciones mensual y pedagógica, sin condicionar
su efectividad al retiro del servicio.
7. Asimismo, ordenó al FOMAG cobrar al actor y al municipio de El Guamo
(Tolima) los aportes pensionales que no se realizaron durante el tiempo en que
aquel fungió como docente temporal o por prestación de servicios.
8. Determinó que el accionante laboró como profesor del municipio de El
Guamo a través de órdenes de prestación de servicio y en temporalidad durante
2 años, 3 meses y 4 días, entre el 9 de febrero de 1998 y el 30 de noviembre de
2002, con lo cual acreditó su vinculación al servicio educativo oficial antes de que
entrara en vigor la Ley 812 de 2003 y con ello demostró adicionalmente su
condición de beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
9. Sostuvo que el demandante cumplió 55 años el 18 de febrero de 2019, y
acreditó 20 años de servicio2 el 21 de enero de 2022, para lo cual consideró que
a pesar de que la reclamación administrativa se presentó antes de mayo de 2021,
las certificaciones de servicio permitían inferir que el actor continuó laborando
como docente y que adquirió el estatus pensional en la fecha indicada
previamente.
10. Consideró que no se configuró la prescripción trienal porque el derecho
pensional se causó mientras se tramitaba el proceso judicial.
1
Así se indicó en el auto del 31 de marzo de 2023, a través del cual se incorporaron pruebas, se
fijó el litigio y se prescindió de las audiencias para seguir el trámite de sentencia anticipada.
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2 años, 3 meses y 4 días de servicio con el municipio de El Guamo y 17 años, 8 meses y 26
días de servicio con el departamento del Tolima.
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11. Por otra parte, condenó en costas de primera instancia al FOMAG.
Recurso de apelación
12. Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
porque la situación pensional de quienes se vinculen a la docencia oficial después
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 está regida por la Ley 100 de 1993,
cuyo régimen de transición está previsto en el artículo 36.
13. Adujo que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 permite acumular tiempos de
servicio públicos y privados a quienes estuvieron vinculados laboralmente al
sector oficial, condición que no cumple el demandante porque no era trabajador
sino contratista.
14. Argumentó que no se pueden tener en cuenta los tiempos de ejecución de
los contratos de prestación de servicio porque estos generan un vínculo civil y no
laboral, y no existe ningún proceso judicial en el que se estudie la configuración
de un «contrato de trabajo», por lo que este no puede presumirse.
15. Puso de presente el detrimento patrimonial que se causaría si no se
verifica la realización de aportes pensionales durante el tiempo en que el actor
estuvo vinculado a través de contratos de prestación de servicio.
16. Solicitó declarar la prescripción de las sumas que no se pidieron
oportunamente y verificar si «la pensión por aportes» se invocó de manera
correcta, pues en la reclamación administrativa solo se deprecó una pensión de
vejez o jubilación.
17. Por último, reprochó la condena en costas de primera instancia sobre la
base de que obró de buena fe y no se comprobó la causación de aquellas.
Intervención en segunda instancia
18. Ni las partes ni el Ministerio Público presentaron alegatos de conclusión
en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
19. La Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos: i) ¿los lapsos
durante los cuales el actor estuvo vinculado como docente oficial mediante
contratos de prestación de servicios y en temporalidad, antes del 27 de enero de
2003, pueden tenerse en cuenta para dilucidar su régimen pensional y completar
el tiempo de servicio que exige la Ley 33 de 1985 para acceder a una pensión de
jubilación?; y ii) ¿el demandante acreditó el cumplimiento de los requisitos
legales para ser beneficiario de la citada prestación?
El caso concreto
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20. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos y pruebas3:
i) El demandante nació el 18 de febrero de 1964.
ii) Laboró como docente del municipio de El Guamo (Tolima) en los
siguientes períodos, a través de contratos de prestación de servicios y
vinculaciones en temporalidad:
Desde - Hasta Tipo de vinculación
9/2/1998 a 13/7/1998 Orden de prestación de servicios
3/8/1998 a 30/11/1998 Orden de prestación de servicios
23/2/1999 a 11/6/1999 Orden de trabajo
13/7/1999 a 30/11/1999 Orden de trabajo
21/2/2000 a 20/5/2000 Temporalidad
23/5/2000 a 16/6/2000 Temporalidad
18/7/2000 a 17/9/2000 Temporalidad
19/9/2000 a 18/10/2000 Temporalidad
23/10/2000 a 1/12/2000 Temporalidad
9/9/2002 a 30/11/2002 Contrato de prestación de servicios
Así las cosas, el actor acumuló 826 días de servicio en las condiciones
anotadas, equivalentes a 2 años, 3 meses y 16 días.
iii) Según los formatos únicos para la expedición de certificado de historia
laboral emitidos el 6 de marzo de 2021 por la Secretaría de Educación
Departamental del Tolima4, laboró como docente de dicha entidad entre el
1.° de abril de 2004 y el 17 de junio de 2005; y desde el 12 de julio de 2005
hasta aquella fecha (6 de marzo de 2021), vinculación que seguía vigente
para entonces.
En esos términos, el actor reunía 6.160 días de servicio durante este
período, equivalentes a 17 años, 1 mes y 10 días.
21. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003) es el previsto en la Ley 33 de 1985.
22. De igual manera, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
3
Expediente digital que se encuentra en el índice 58 del aplicativo SAMAI correspondiente al
trámite en el Tribunal Administrativo del Tolima. Archivo 004.
4
Ibidem.
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de servicio, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 33 de
1985 y acreditar los veinte (20) años de servicio que esta última exige para
adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor
desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente
oficial5.
23. Igual consideración merecen los períodos de vinculación como docente
temporal o en interinidad6, figura que se utilizó «como mecanismo mediante el
cual la [A]dministración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designaba con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación de los servicios educativos»7.
24. Así las cosas, como el demandante ejerció la labor docente en el municipio
de El Guamo desde el 9 de febrero de 1998, a través de contratos de prestación
de servicios y vinculaciones temporales, la Sala concluye que su régimen
pensional está establecido en la Ley 33 de 1985, ya que demostró su ingreso al
servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia
la Ley 812 de 2003.
25. En esas condiciones, es válido contabilizar con fines netamente
pensionales los tiempos de servicio comprendidos entre el 9 de febrero y el 13
de julio de 1998; el 3 de agosto y el 30 de noviembre de 1998; el 23 de febrero y
el 11 de junio de 1999; el 13 de julio y el 30 de noviembre de 1999; y el 9 de
septiembre y el 30 de noviembre de 2002, dado que la jurisprudencia de esta
corporación ha sido consistente en señalar que la labor docente se desarrolla en
el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la
denominación contractual que se les designe8, de suerte que esos lapsos deben
5
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
6
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00507-01
(4275-2021).
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 30 de octubre de 2024, expediente 25000-23-25-000-2012-01551-01 (1135-2018).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación CE-SUJ2- n.° 5 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-
01 (0088-2015). En dicha providencia se indicó que «[…] la actividad docente no se desarrolla en
virtud de la coordinación imperante en los contratos de prestación de servicios, comoquiera que
se cumple conforme a las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en el centro
escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no
bajo su propia dirección y gobierno, de lo cual se infiere que la subordinación y la dependencia
se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al ejercicio docente sujeto a los
reglamentos propios del magisterio».
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tenerse en cuenta para establecer el cumplimiento de los 20 años de servicio a
los que se refiere el artículo 1 de la Ley 33 de 19859.
26. En el caso concreto, el FOMAG puso de presente que no había recibido
aportes pensionales a favor del actor durante el período mencionado (9 de
febrero de 1998 al 30 de noviembre de 2002); sin embargo, tal circunstancia no
constituye un obstáculo para reconocer el derecho pensional, sino que devela la
necesidad de que dicha entidad adelante las respectivas actuaciones
administrativas de cobro de los aportes contra el demandante y el municipio de
El Guamo (Tolima), de manera actualizada10.
27. En el presente caso, la demandada considera que el señor Bonilla Pérez
no cumple con los requisitos, y la Sala advierte que le asiste razón, motivo por el
cual la sentencia de primera instancia se debe revocar en tanto declaró la nulidad
del acto acusado y ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
a favor del demandante sin haberse acreditado los 20 años de servicio que exige
el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, tal como se desarrolla a continuación:
28. Sobre el particular, resulta necesario destacar que el actor solo probó el
tiempo de servicio comprendido entre el 9 de febrero de 1998 y el 30 de
noviembre de 2002 (sin contar las interrupciones); el 1.° de abril de 2004 y el 17
de junio de 2005; y el 12 de julio de 2005 y el 6 de marzo de 2021 (fecha en que
se expidió la certificación respectiva), con lo cual demostró 19 años, 4 meses y
26 días de servicio.
29. Aunque en la demanda se indicó que el actor continuaba trabajando y el
FOMAG indicó que ese hecho era cierto, para el 17 de septiembre de 2021 el
accionante aún no acreditaba el tiempo requerido para beneficiarse de la pensión
de jubilación.
30. Cabe agregar que por tal razón no se puede considerar que la entidad
demandada haya incurrido en falsa motivación, puesto que, para el momento en
que se expidió el acto administrativo demandado, el señor Bonilla Pérez no reunía
los requisitos para acceder a una pensión de vejez.
31. La Sala llama la atención sobre el hecho de que el reconocimiento
pensional con base en la Ley 33 de 1985 solo es viable cuando el interesado
acredita la edad (55 años) y el tiempo de servicio (20 años) de manera
concurrente, condiciones que deben estar suficientemente comprobadas, lo cual
no ocurrió en este caso.
9
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, i) sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 54001-23-33-000-
2014-00106-01 (0156-2015); ii) sentencia del 23 de mayo de 2024, expediente 25000-23-42-000-
2019-01673-01 (1950-2023); y iii) sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-
000-2019-00174-01 (0506-2022).
10
En sentido similar, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-
00103-01 (3083-2022).
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32. Como ejemplo adicional de la dificultad de la concesión del derecho
pensional en el escenario expuesto, se destaca que el Tribunal identificó los
factores salariales computables con base en una certificación que da cuenta de
lo que devengó el demandante entre el 1.° de enero de 2020 y el 23 de febrero
de 2021, lapso que no correspondería al año anterior a la eventual consolidación
del estatus jurídico.
33. Dadas las condiciones probatorias particulares del proceso, tampoco
es posible computar para efectos pensionales el tiempo durante el cual el actor
habría laborado como docente de los municipios de El Guamo y El Espinal, entre
el 1.° de febrero y el 7 de diciembre de 2001, y desde el 22 de abril hasta el 10
de diciembre de 2002, pues no se aportaron los actos o contratos que habrían
generado tales vinculaciones y que hubieran permitido analizar esa circunstancia
con mayor precisión. Solo se allegaron certificaciones expedidas por SOPROTOL
LTDA y EDUCOOP, esto es, sujetos privados distintos a las entidades territoriales
que habrían sido beneficiarias de los servicios.
34. Por consiguiente, la Sala revocará en su integridad la sentencia de primera
instancia y en consecuencia, negará las pretensiones de la demanda, porque no
se demostró que al momento de expedición del acto administrativo reuniera los
requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Condena en costas
35. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
36. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por el demandante comportan argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a
reclamar un derecho para el que considera que ha reunido los requisitos, lo que
lleva a no imponer condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 18 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Tolima dentro del presente asunto, incluida la
condena en costas de primera instancia. En su lugar, NEGAR las pretensiones
de la demanda.
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SEGUNDO. Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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