Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00106-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00106-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00106-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Maryoric Grijalba Escobar presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto negativo o presunto por la falta de respuesta
de la entidad demandada a la petición del 28 de octubre de 2018, por medio de la
cual solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el servicio
prestado como auxiliar de enfermería entre el 28 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2015; y el consecuente pago de las prestaciones sociales legales que
se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes; ii)
el reconocimiento de las acreencias laborales propias de un empleado de la entidad
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
demandada que realizaba sus funciones, tales como salarios, junto con sus
reajustes, las primas de navidad, de alimentación, de servicios y de vacaciones, el
auxilio de transporte, las cesantías y los subsidios; iii) la concesión de la sanción
moratoria por el no pago de las prestaciones; iv) la devolución de los aportes por
concepto de seguridad social; y v) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Maryoric Grijalba Escobar prestó su servicio como auxiliar de enfermería al
servicio de la Policía Nacional, Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca,
entre el 28 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 a través de contratos de
prestación de servicios suscritos de forma directa con la entidad, periodo en el que
realizó sus funciones de manera personal y permanente, dentro de un horario de
trabajo por turnos y bajo la subordinación de la entidad, esto último ya que debía
cumplir órdenes y no tenía autonomía e independencia para desarrollar sus labores.
3.2. Sus actividades fueron prestadas en las instalaciones de la entidad de forma
personal, pues no era permitido que alguien más las realizara, y con los
implementos de trabajo técnicos y logísticos que esta le suministraba. En caso de
que requiriera ausentarse debía pedir autorización.
3.3. Dentro de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle del
Cauca, existía personal vinculado por medio de una relación laboral, quienes
ejercían iguales funciones que las suyas, las cuales consistían en la labor de auxiliar
de enfermería y eran propias del objeto social de la institución.
3.4. El 23 de octubre de 2018, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de
la relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como auxiliar de enfermería
y el pago de las acreencias laborales que se derivaban de ella; sin embargo, la
petición no fue contestada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
2
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5.1. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle - Cauca, al haber
utilizado la modalidad de contratos de prestación de servicios vulneró el principio
constitucional del derecho al trabajo y omitió el pago justo de unas prestaciones
legales fruto de una relación laboral.
5.2. Su vinculación con la institución policial estuvo mediada por una subordinación
propia de una relación laboral. Adicionalmente, la entidad no logró desvirtuar la
presunción legal que recae sobre la actividad de enfermería, por ser inherente al
objeto social de los centros médicos
5.3. Con la expedición del acto demandado se pretendió dar un «velo falso de relación
mediada por un contrato de prestación de servicios a una mediada por una relación legal y
reglamentaria» (sic).
1.2. Contestación de la demanda
6. Laentidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones3:
6.1. En ningún momento se configuró una relación laboral entre las partes, pues la
suscripción de diversos contratos de prestación de servicios con una profesional de
la salud no podía traducirse en un contrato de tipo laboral, por tanto, el acto cuya
nulidad se pretende estuvo plenamente ajustado a derecho.
6.2. Lacontratación de la actora para la prestación de servicios de auxiliar de
enfermería se realizó acorde con los parámetros del Estatuto de Contratación
Estatal y las demás normas conexas, como lo era la Ley 1150 de 2007.
6.3. Los contratos de prestación de servicios fueron suscritos por la demandante de
forma voluntaria y con el conocimiento de que estos no generaban una relación
laboral, de hecho, se pactó una cláusula que señaló que «(e)n virtud a lo establecido
en el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato en ningún caso,
genera relación laboral ni derecho a prestaciones sociales. En consecuencia se deja
expresa constancia que la CONTRATISTА conoce su naturaleza de "CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS» (sic).
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folios 7 a 11.
3. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo
«4_ALLEGAMEMORIAL_PONALCONTESTADDAP.pdf», folios 6 a 15.
3
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6.4. Esta modalidad de contratación era procedente en aquellas circunstancias en
que la administración no contaba con el personal vinculado para desarrollar la
función requerida, situación que se asemeja a lo que ocurre en la Seccional de
Sanidad del Valle del Cauca en atención a que no cuenta con la planta para prestar
el servicio público esencial de salud.
6.5. La Seccional contaba con la obligación legal de cuidar los intereses del Estado,
representados en la prestación de un servicio público como es la salud, para lo cual
se vio en la necesidad de contratar personal por la modalidad de prestación de
servicios profesionales para cumplir el legado Constitucional de brindar el servicio
a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Por tanto, en ese
entendido debía velar porque los objetos contractuales y las obligaciones del
contratista se cumplieran, acontecimiento que no indicaba que tal exigencia a un
contratista se convirtiera en una relación laboral.
6.6. Por último, propuso las excepciones de i) «imposibilidad para deducir contrato de
trabajo»; ii) pago; y iii) inexistencia de la obligación.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 31 de mayo de
2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente4:
8.1. En atención a los testimonios y las pruebas documentales, en el caso concreto
no se desvirtuó la presunción contenida en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, toda vez que no se acreditó el elemento de la subordinación como
presupuesto necesario para que se hubiese configurado una relación laboral.
8.2. La subordinación no se derivaba simplemente del cumplimiento de un horario
por turnos, este era un deber que se encontraba enmarcado dentro de las
obligaciones contractuales para haber obtenido el pago de los honorarios.
Asimismo, fue un parámetro natural y lógico de la coordinación existente para llevar
a buen término los contratos de prestación de servicios suscritos por la parte actora.
4. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo
«27_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES.pdf».
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8.3. A la demandante nunca le fueron enviados memorandos o circulares,
requerimientos o cualquier otro documento que haya establecido que se encontraba
bajo la autoridad de algún mando de la entidad demandada.
8.4. La condena en costas era procedente, toda vez que acorde con lo previsto en el
artículo 365 del Código General del Proceso5 estas se causaron.
1.4. El recurso de apelación
9. La demandante interpuso recurso de apelación al considerar lo siguiente6:
9.1. Elanálisis particular de los medios de prueba traídos a juicio, permitían
«desfigurar» la modalidad contractual de prestación de servicios por la cual fue
vinculada, pues se demostraron los 3 elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surgió el derecho al pago de prestaciones sociales a su
favor en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las
personas.
9.2. La relación que sostuvo con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
Seccional Valle del Cauca, era de carácter permanente, pues su vínculo se extendió
desde el 28 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015; es decir, por un
espacio de más de 5 años, sin que entre uno y otro contrato haya existido una
interrupción superior a 30 días calendario. Lo anterior, evidenciaba el ánimo de
permanencia del vínculo contractual.
9.3. La labor contratada por la entidad era propia de una actividad delegada al Estado
y que es de carácter permanente, por lo que su ejercicio debía realizarse con
personal vinculado directamente a la administración y no con tercerizado, «bajo la
falsa figura de un contrato de prestación de servicios».
9.4. Eldenominado «contrato realidad» ha sido aplicado cuando se constata la
continua prestación de un servicio personal remunerado, propio de la actividad
misional de la entidad contratante, para ser ejecutado en sus dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones
5 En lo que sigue CGP.
6. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo
«29_RECEPCIONRECURSOAPELACION_ILOVEPDF_MERGED20.pdf».
5
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de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de
verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben
resolver en esta instancia se contraen a determinar ¿si existió una relación laboral
entre Maryoric Grijalba Escobar y la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional? y ¿si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
derivadas de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
7 Tal y como se indicó en el auto del 15 de marzo de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «8AUTOQUEADMITE_08942024ADMITERECURS(.pdf)
NroActua 4».
8 En lo que sigue CGP.
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(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señaló
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
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23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Lo probado dentro del proceso
30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
11
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
30.1. Certificación del 12 de junio de 201516, expedida por la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, Seccional Valle del Cauca, y contratos de prestación de
servicios, junto con algunas de sus certificaciones de inicio, anexos y pólizas17, en
virtud de los cuales se advierte que entre la actora y la entidad se suscribieron los
siguientes:
Contrato de Interrupción días
Valor
prestación Duración Objeto hábiles
mensual
de servicios
28-04- «(e)l CONTRATISTA se compromete
2010 con la POLICIA NACIONAL –
66-7-
$1.062.600 a DIRECCION DE SANIDAD –
2013/2010
27-11- SECCIONAL VALLE a prestar sus
2010 servicios profesionales con el objeto -
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS
28-11-
COMO AUXILIAR DE
66-7- 2010
ENFERMERIA para el desarrollo de
20622/2010 $1.062.600 a
las actividades descritas en la
y adición 30-04-
justificación hecha por parte de la
2011
Dependencia que requiere los -
servicios, en los formatos
establecidos para tal fin, instructivo
010 de fecha 07/06/2007, los cuales
forman parte integral de presente
16-05-
contrato, con oportunidad, eficiencia 10
66-7- 2011
y eficacia, en LA DIRECCIÓN DE
20182/2011 $1.062.600 a
SANIDAD – SECCIONAL VALLE –
y adición 15-07-
SECCIONAL VALLE, en las
2012
condiciones que determine el
contratante, de acuerdo a sus
necesidades y programación
establecida» (sic).
01-08-
2012 11
66-7-
$1.096.284 a
20268/2012
16-07-
2013
06-08-
2013 14
66-7-
$1.096.284 a
20155/2013
15-04- «PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2014 COMO AUXILAIR DE
16-04- ENFERMERIA» (sic).
66-7- 2014 -
20048/2014 $1.140.134 a
y adición 30-04-
2015
05-05-
66-7-
$1.140.134 2015 1
20276/2015
a
16 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folio 16.
17 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folios 18 a 100.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
31-12-
2015
30.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre
otras, las siguientes obligaciones:
«1) Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e
intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por
la normatividad vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de
los procesos de costos y facturación. 2) Cumplir con las exigencias legales y éticas para
el adecuado manejo de la Historia Clínica de los Pacientes. 3) Realizar las actividades y
procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías
establecidos dentro del plan integral del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional (Acuerdo 002 de 2001CSSMP y subsiguientes), observando las normas
propias de su profesión actividad u oficio). 4) Colaborar y propender por el cuidado de
los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos y Económicos) incluida la propiedad
intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por la DIRECCIÓN DE
SANIDAD - SECCIONAL VALLE, para la debida ejecución de las actividades convenidas
y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la
Institución a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los
daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso, de
acuerdo con lo estipulado en los artículos 2202, 2203, 2204 del Código Civil, pero no
será responsable en los eventos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Los bienes que
entregue la Entidad al CONTRATISTA para el desarrollo de las tareas objeto del
presente contrato, se hará mediante inventario, el cual tendrá fecha de suscripción la
misma que se inicie el contrato. 5) Contribuir con el desarrollo del establecimiento policial
donde preste sus servicios, revisando y mejorando los procesos detención a fin de
ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. 6) Participar en la definición,
estandarización y actualización de los protocolos o instrumentos metodológicos de
manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y
rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 7) Rendir
los informes que la DIRECCIÓN DE SANIDAD - SECCIONAL VALLE requiera dentro de
los plazos determinados. 8) Colaborar con los entes de control de la entidad o del Estado
cuando así se requiera. 9) Ejercer su profesión con moral y ética. 10) Participar en los
programas docentes asistenciales que desarrolle la DIRECCIÓN DE SANIDAD -
SECCIONAL VALLE mediante convenios con centros educativos o de formación
(Universidades, Institutos, EPS, IPS, etc.). 11) Hacer parte de los comités académicos,
administrativos, de casos especiales, de juntas médico quirúrgicas, estructuradores y de
evaluación de las contrataciones administrativas que lleve a cabo la DIRECCIÓN DE
SANIDAD - SECCIONAL VALLE para los cuales sea designado, asumiendo las
obligaciones establecidas en el acto de designación sin perjuicio del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales. 12) Participar en las Brigadas de Salud programadas por
la DIRECCIÓN DE SANIDAD - SECCIONAL VALLE en aquellos sitios donde la entidad
lo requiera. 13) Participar en el diseño, implantación, ejecución y evaluación de los
programas en salud ocupacional, salud operacional, medicina del trabajo, atención,
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación en el ámbito nacional
según sus competencias y área de desempeño. 14) Guardar la confidencialidad de toda
la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente
por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se
cause a la administración o a terceros. 15) Obrar con lealtad y buena fé en las distintas
13
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. 16)
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral en los
términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de
2002, Decreto 510 de 2003, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007, lo
cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados. De acuerdo
con el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el incumplimiento de esta obligación será causal
para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.
Cuando durante la ejecución del contrato se observe la persistencia de este
incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula
excepcional de caducidad administrativa. 17) Los software desarrollados por el
CONTRATISTA en virtud de la ejecución del objeto del presente contrato, serán
propiedad exclusiva del contratante, y el CONTRATISTA cede a la DIRECCIÓN DE
SANIDAD - SECCIONAL VALLE cualquier derecho sobre el mismo de conformidad con
la Ley. 18) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la POLICIA
NACIONAL, pacientes y demás personas con que tenga relación con ocasión de la
prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres. 19) Cinco (5) días
hábiles antes de la fecha de terminación del contrato, el Contratista deberá presentar al
supervisor del mismo un informe consolidado sobre todas las actividades desarrolladas
durante el término de su ejecución, así mismo hará entrega de los bienes inventariados
para el desarrollo de las tareas del objeto contractual. 20) El contratista se compromete
a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la
normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el
Sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA). 21) EL CONTRATISTA está
en la obligación de diligenciar en forma CLARA Y COMPLETA, el sistema SISAP o en
caso de inconvenientes con este se realizaran los Registros Individuales de
Procedimientos de Salud (RIPS) con letra legible cuando le corresponda (según
Resolución 03374 de 2000, del Ministerio de Protección Social), de tal manera que
permita su fácil interpretación y análisis estadísticos y a su vez para obtener su
productividad y rendimiento de acuerdo al presente contrato. 22) El contratista deberá
portar de manera permanente el carne institucional dentro de las instalaciones de la
SECSA y en desarrollo de la actividad asignada. 23) El contratista debe portar
correctamente y con decoro el uniforme destinado para el desarrolle de las funciones,
evitando el uso de prendas, elementos, joyas, etc. Que vulgaricen el logotipo institucional
el cual debe ser respetado. 24) El contratista debe utilizar un vocabulario adecuado y
respetuoso para el trato entre compañeros, evitando emplear términos soeces y/o
vulgares que desdibujen la imagen institucional. 25) EL CONTRATISTA deberá hacer
entrega de los elemento, manuales Procesos e información a su cargo, en el evento de
cambiar de lugar de trabajo y/o terminación del contrato: lo cual se deberá quedar
registrado por escrito y presentado por EL CONTRATISTA al Supervisor de su Contrato
como requisito indispensable para la liquidación del contrato. 26) Realizar los trámites
de legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al retiro de
la documentación en la oficina de contratos - Grupo Administrativo» (sic) (negrilla,
subraya y cursiva del texto original).
30.3. Cuadros de los turnos de los auxiliares de laboratorio de la Dirección de
Sanidad, clínicas Regional de Nuestra Señora de Fátima, para los meses de abril,
a agosto, octubre y noviembre de 2014 y enero a mayo y julio a agosto de 2015, y
en la Regional de Occidente para julio y septiembre a noviembre de 2015, en los
14
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
que se encuentra relacionada la demandante18.
30.4. Petición del 23 de octubre de 201719, por medio de la cual la actora solicitó a la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Área Caldas, el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como auxiliar
de enfermería y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 19 de abril de 202320, se recibieron los
testimonios de Kelly Jhojary Waldo arenas, Sirley Agudelo Henao y Catalina
Caquimbo López, pedidos por la parte demandante, de los cuales se extrae lo
siguiente:
40.1. Kelly Jhojary Waldo arenas auxiliar de laboratorio clínico en la Fundación
Valle de Lili al momento de su testimonio y fue compañera de trabajo de la actora
en la Policlínica de la Seccional de Sanidad Norte y después en la de Fátima. Dentro
de sus funciones ambas realizaban el ingreso al sistema de los pacientes del
laboratorio clínico, la recepción de las muestras que llegaban de consulta externa,
hospitalización y de urgencias y la rotulación de las muestras para pasarlas a las
auxiliares encargadas.
40.2. Por el gran volumen de pacientes, en ocasiones ellas también debían pasar a
tomar las muestras y entregar los resultados. Contaban con un horario de trabajo
de lunes a viernes de 6:00 am a 4:00 o 5:00 pm, incluso los domingos de 7:00 am
a 7:00 pm, y estaban vinculadas con la entidad a través de contratos de prestación
de servicios, por tanto, no tenían vacaciones y pagaban por cuenta propia la
seguridad social.
40.2.1. Los contratos de prestación de servicios que suscribieron se desarrollaban en
un tiempo de 7 u/o 8 meses y en algunas ocasiones se interrumpieron entre uno y
otro por 2 o 3 días máximo, como en otras eran continuos.
18 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folios 110 a 135.
19 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folios 102 a 108.
20 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo
«21_ACTADEAUDIENCIA_20190010600AUDIE.pdf», link «2019-00106 FAGM AUDIENCIA DE
PRUEBAS-20230419_100124-Grabación de la reunión.mp4».
15
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
40.2.2. La testigo laboró con la demandante en la Policlínica como por 2 o 3 años, lo
que había ocurrido 7 u/o 8 años atrás de la diligencia judicial.
40.2.3. Ambas recibían instrucciones de la jefe y/o coordinadora del laboratorio clínico
para el desarrollo de sus funciones, para el ejercicio de sus actividades la entidad
les suministraba los insumos, para poder retirarse del sitio de trabajo por alguna
circunstancia debían solicitar permiso, recibieron una remuneración por sus labores
y estaban sometidas al reglamento interno de la institución.
40.2.4. En
la Policlínica existían empleados de planta que desarrollaban iguales
funciones que la demandante y la testigo; no obstante, la remuneración percibida
por aquellos era superior.
40.3. Sirley Agudelo Henao auxiliar de enfermería y trabajó en la Clínica de la
Policía en urgencias en esterilización entre el 1 de marzo de 2008 y el 16 de octubre
de 2015. Fue allí en donde fue compañera de trabajo de la demandante, la que se
encontraba asignada al laboratorio clínico, el que quedaba continuo a su área.
Ambas fueron vinculadas a través de contratos de prestación de servicios
celebrados ininterrumpidamente.
40.3.1. Cumplían un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 am y de
1:00 a 7:00 pm, en ocasiones fines de semana, el cual les era asignado a través de
un cuadro de turnos que se programaba de manera mensual y que les permitía
conocer cuando tenían que asistir para cumplir con la labor.
40.3.2. Recibieron órdenes de los jefes de los procesos a los cuales se encontraban
asignadas, ella del de urgencias y la actora del de laboratorio clínico. A estos era a
quienes se les debía solicitar permiso para poderse ausentar de su sitio de trabajo
y a su vez fijaban los horarios de labores.
40.3.3. Dentrode las funciones que ejerció la demandante se encontraban la
recepción de los pacientes y la toma de muestras de laboratorio.
40.3.4. Recibieron unos honorarios como contraprestación del servicio que prestaban
en la clínica y pagaban por cuenta propia la seguridad social. En la planta de la
entidad existía personal que desarrollaba iguales funciones que las de ellas.
40.3.5. Para cumplir con sus actividades la entidad le suministraba a la demandante
los insumos, las cuales no podían ser prestadas por persona diferente a ella, es
decir no podía enviar a nadie más para realizarlas.
16
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
40.3.6. Loscontratos de prestación de servicios siempre decían auxiliar de
enfermería, contrato de prestación de servicios, pero nunca definía como tal el área
donde se iban a desempeñar.
40.4. Catalina Caquimbo López auxiliar de enfermería, laboró al servicio de la
Clínica de la Policía en el laboratorio entre el 2009 y el 2013. Allí fue compañera de
trabajo de la demandante, de quien conoció que ingresó en el 2010 y se retiró en el
2015 o 2016.
40.4.1. Ambas se encontraban subordinadas en sus funciones respecto de la entidad,
pues recibían órdenes y directrices de la jefe encargada del laboratorio. Además,
tenían que cumplir un horario de trabajo impuesto por turnos, el cual era de lunes a
viernes de 6:00 am a 4:00 pm, incluso algunos domingos y festivos.
40.4.2. Dentro de las funciones que desempeñó la demandante, se encontraban la
recepción y atención de pacientes y toma, procesamiento y preparación de las
muestras.
40.4.3. En caso de que tuvieran que ausentarse de su sitio de trabajo debían pedir
permiso. En la entidad existía personal de planta que desarrollaba idénticas
funciones a las de ellas.
40.4.4. Para el ejercicio de sus actividades la clínica les suministraba los implementos
e insumos.
2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permitan configurar una relación laboral entre Maryoric Grijalba Escobar y la nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional por sus servicios como auxiliar de
enfermería en la Dirección de Sanidad, Seccional Valle del Cauca, entre el 28 de
abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
2.3.3.1. Prestación personal del servicio
42. De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería al servicio de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, Seccional Valle del Cauca, vinculada a través de contratos de prestación
de servicios suscritos directamente con la entidad ejecutados entre el 28 de abril de
2010 y el 31 de diciembre de 2015, con varias interrupciones, como lo son las
17
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
ocurridas entre el 1 y el 15 de mayo de 2011, el 16 y el 31 de julio de 2012, el 17 de
julio y el 5 de agosto de 2013 y el 1 y el 5 de mayo de 2015; no obstante, ninguna
supera 30 días hábiles.
43. En consecuencia, de los testimonios, la certificación, las copias de los contratos
de prestación de servicios y demás pruebas documentales, se advierte que
efectivamente la demandante fue contratada por la entidad para desarrollar
funciones de auxiliar de enfermería, de manera interrumpida, entre el 28 de abril de
2010 y el 31 de diciembre de 2015.
44. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.
45. Bajo tal perspectiva, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de
prestación de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
es un instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite
satisfacer las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado21, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge
el estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato típico,
a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su perfeccionamiento
se exige la solemnidad del escrito.
46. Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio22 que se aporte al proceso judicial el aludido
instrumento jurídico, pues imponer una tarifa legal probatoria implicaría abandonar
la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia
a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros
medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme su
propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la conducta
de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia y
materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
47. De manera que, para esta Subsección, las certificaciones y demás documentos
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
22 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás
modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
allegados al proceso, los cuales gozan de la presunción de autenticidad a la que
alude el artículo 244 del CGP23, tienen el valor suficiente para demostrar la
prestación del servicio en el periodo analizado y los elementos que se proceden a
estudiar.
2.3.1.2. Remuneración
48. Ahora bien, aquella percibió una remuneración24 por el trabajo realizado, tal y
como se evidencia de los contratos de prestación de servicios suscritos, la
certificación y las demás pruebas documentales, en los que se advierte que se
estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario).
2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia
49. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por la demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeta a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (jefes y/o coordinadores de laboratorio) para
ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia
la Policía Nacional, Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca, y en tal sentido
esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y
aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el
ejercicio del ius variandi por parte de la entidad.
50. Los testimonios de Kelly Jhojary Waldo arenas, Sirley Agudelo Henao y Catalina
Caquimbo López, dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales la actora
23 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».
24 $1.062.600, $1.096.284.000 y $1.140.134.
19
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
prestaba sus servicios en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional
Valle del Cauca, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía
con un horario por turnos y seguía órdenes e instrucciones de los jefes y/o
coordinadores de laboratorio. Además, que las labores desarrolladas debían
realizarse de forma continua y no podían ejecutarse de manera autónoma e
independiente y para ausentarse libremente de su lugar de trabajo debía contar con
previa autorización.
51. Así las cosas, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la
trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia.
52. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas documentales
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la
demandante como auxiliar de enfermería, pues la labor se desarrolló por espacio
de 5 años y 7 meses aproximadamente.
53. Enefecto, Maryoric Grijalba Escobar prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Valle del
Cauca, y cumplió entre otras funciones las de: «(l)levar los registros de atención diaria
de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los
informes estadísticos definidos por la normatividad vigente y todos aquellos registros
necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación», «(p)articipar en
los programas docentes asistenciales que desarrolle la DIRECCIÓN DE SANIDAD -
SECCIONAL VALLE mediante convenios con centros educativos o de formación
(Universidades, Institutos, EPS, IPS, etc.)», «(h)acer parte de los comités académicos,
administrativos, de casos especiales, de juntas médico quirúrgicas, estructuradores y de
evaluación de las contrataciones administrativas que lleve a cabo la DIRECCIÓN DE
SANIDAD - SECCIONAL VALLE para los cuales sea designado, asumiendo las
obligaciones establecidas en el acto de designación sin perjuicio del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales», «(p)articipar en las Brigadas de Salud programadas por la
DIRECCIÓN DE SANIDAD - SECCIONAL VALLE en aquellos sitios donde la entidad lo
requiera » y «realizar las actividades propias para las que fue contratado dando
cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden
relación con el Sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA)»(sic).
20
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54. Asimismo, se advierte que la misión de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional es la de «planificar, dirigir, desarrollar, coordinar, supervisar y evaluar los
servicios en materia de salud, por medio del aseguramiento, la administración y la
prestación de servicios de salud integrales y efectivos, en cumplimiento de la misión
constitucional»25, función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su
actividad, lo que guarda similitud con las actividades desempeñadas por la
demandante, es decir, este ejecutaba labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad.
55. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
auxiliar de enfermería al servicio de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional,
Seccional Valle del Cauca, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir
imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar
esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de
la entidad.
56. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»26.
57. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»27.
58. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaban sujetos a
medidas u órdenes de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional
Valle del Cauca, a saber: la imposición de un horario por turnos y la sujeción a
directrices de los jefes y/o coordinadores de laboratorio, lo que demuestra que la
entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del
trabajo de la actora y en consecuencia denota la existencia de una indiscutible
subordinación.
25 https://www.policia.gov.co/disan
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
27 Ibidem.
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59. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se realizó
de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación de carácter
contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató de una en
la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por los jefes
y/o coordinadores de laboratorio, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la
que se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la
entidad.
60. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratada la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
61. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»28, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.
62. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar a que aluden los artículos
32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser entendida como
una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías laborales, pues lo
cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con
la cual se revistió la vinculación de la demandante y la Policía Nacional, Dirección
de Sanidad, Seccional Valle del Cauca, se desnaturalizó al desarrollarse sin
autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las características propias
de la referida relación contractual.
63. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para el periodo comprendido entre el 28
de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones, afirmación
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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que se desprende de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, la
certificación y las demás pruebas documentales.
2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
64. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
65. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación29 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
29Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
66. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
67. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 30, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
68. Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»31.
69. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada el
23 de octubre de 201832, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía
administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los
30 SUJ2-005-16.
31 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
32 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5EDEXPEDIENTE
DIGI_76001233300220190010600RAR(.rar) NroActua 2», carpeta «76001-23-33-002-2019-00106-
00», subcarpeta «EXPDIG», subcarpeta «Cuaderno principal», archivo «20_ED_20190010600.pdf»,
folios 102 a 108.
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salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de diciembre de 2015
y que entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30
días hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio
y le exigieran presentar la reclamación administrativa.
70. De tal manera, a la demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones
laborales por los periodos ocurridos entre el 28 abril de 2010 y el 31 de diciembre
de 2015, salvo sus interrupciones.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
71. Por lo analizado, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 28 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, salvo sus
interrupciones.
72. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales33 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas34.
73. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
33 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
34 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
74. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 35 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
75. En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta de
la Policía Nacional, Dirección de Sanidad, Seccional Valle del Cauca, que
desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones y cesantías, entre otras.
76. Ahora, como la demandante solicitó expresamente que se reajustaran los
salarios percibidos, esto es las diferencias entre lo recibido por concepto de
honorarios y lo devengado por un empleado de planta, la Sala encuentra necesario
exponer las siguientes consideraciones al advertir que es un aspecto que se
encuentra relacionado con el consecuente restablecimiento del derecho cuando se
reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones no puede
escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente ligado
con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la
asignación básica.
77. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales36 en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
36 Artículo 53 de la Constitución Política.
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condiciones laborales.
78. En efecto situaciones como las expuestas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que los
de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»37.
79. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
80. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
81. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
82. Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»38,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
37 Sentencia T-102 de 1995.
38 Sentencia C-197 de 1999.
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debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»39.
83. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones del cargo de la entidad
que desarrollaba iguales funciones a las suyas, siempre que se acredite la
existencia del cargo, pues en caso de no hacerlo, deberá acudirse como base de
liquidación de las prestaciones al valor de los honorarios.
84. Es importante señalar que no por el hecho de haber laborado para el Estado se
adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se
predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley. Por lo tanto,
a la actora no se le puede dar dicha connotación.
85. Ahora, en lo referente a la devolución de los aportes al sistema de seguridad
social, la Sala advierte que dicha condena es improcedente, tal y como se indicó en
las sentencia del 9 de septiembre de 202140 y del 12 de mayo de 202241, toda vez
que, de acuerdo con lo que ha venido señalando esta corporación, a pesar de que
se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin especifico «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»42.
86. En efecto, tal y como se ha indicado, esta corporación había diferenciado entre
las prestaciones que tenía a cargo exclusivamente el empleador y aquellas que se
prestan o reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral;
esto es se trata de una clasificación de las prestaciones sociales sobre la base de
quién debía asumirlas43.
39 Sentencia SU-039 de 1997.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 66001-
23-33-000-2016-00299-01 (0390-2019), magistrado ponente: William Hernández Gómez.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 76001-
23-33-000-2012-00288-01 (3681-2013), magistrado ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
43 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-2010), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
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87. En ese orden precisó que entre las primeras (las que tiene a cargo directamente
el empleador) se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las
primas, las cesantías; y que las prestaciones sociales que se encuentran a cargo
del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los
riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas
por cada sistema debe mediar una cotización. En el caso de los sistemas de riesgos
profesionales y de subsidio familiar, las cotizaciones las debe realizar el empleador;
y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por
el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos
en la ley para cada caso.
88. Sin embargo, se insiste, esta corporación ha sostenido que, aunque se haya
declarado la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función
de su naturaleza parafiscal, no procede la devolución de estos recursos. Así se
dispuso en la sentencia del 9 de septiembre de 2021, en la que se unificó la
jurisprudencia, en el sentido de precisar que «frente al hecho consumado de la no
afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más,
por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal»44 [se resalta].
89. Así entonces, la Sala considera que es improcedente la devolución de los aportes
al Sistema de Seguridad Social a la demandante, en tanto la naturaleza de las
mencionadas cotizaciones es de carácter parafiscal, y no están destinadas a
engrosar su patrimonio como consecuencia de la prestación de sus servicios, sino
que representan un recurso público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales
dentro de las que se encuentra la atención de las prestaciones y servicios de la
seguridad social.
90. Ahora, en cuanto al pago de la sanción moratoria por el no reconocimiento de las
prestaciones sociales, la Sala precisa que no hay lugar a ello, pues la obligación de
pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el reconocimiento de la
relación laboral existente entre la demandante y la entidad demandada, toda vez
que esta tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su
ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta
genera.
91. Al respecto, resulta necesario recordar que esta corporación sostuvo en anterior
oportunidad que comoquiera que no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 SUJ-
025-CE-S2-2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al contratista con la
prescripción extintiva y que el referente para afirmar la exigibilidad de esos salarios
o prestaciones reclamadas, distintas del valor pactado en el contrato «es (…) la
decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de
servicios (…) porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias
constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a
contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia»45.
92. Estas consideraciones operan en doble sentido: por un lado, la oportunidad que
tienen los contratistas de reclamar las prestaciones laborales derivadas de una
relación laboral encubierta, que según la jurisprudencia actual es de 3 años
contados a partir de la terminación del vínculo contractual46; y por el otro, que las
obligaciones que se derivan de la declaratoria de esa relación laboral solo se hacen
exigibles a partir de la sentencia que declara su existencia47, ya que el derecho
surge a partir de ella, esto es «nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su
ejecutoria»48.
93. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre la actora y la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por el periodo en el que
prestó sus en la Dirección de Sanidad Seccional Valle del Cauca entre el 28 de abril
de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones, y por tanto tiene
derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta y a
la diferencia salarial.
94. Así entonces, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las
súplicas de la demanda y accederá parcialmente a estas.
2.4. Costas
95. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-
31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
46 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
47 Así lo ha venido reiterando esta corporación, entre otras, en la sentencia del 25 de septiembre de
2020, radicado 50001-23-33-000-2014-00048-01 (2998-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-
31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
96. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
97. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
98. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
99. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas, la Sala se
abstendrá de la condena en costas a la parte demandada y revocará la condena
impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.
3. Conclusión
100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, durante
el periodo en el que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la Dirección
de Sanidad Seccional Valle del Cauca, es decir entre el 28 de abril de 2010 y el 31
de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones. Ese tiempo se tendrá en cuenta
para efectos pensionales.
101. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
49 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
de orden legal y a la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
ejecutadas por la demandante en dicho periodo, y solo en caso de no existir, se
tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios.
102. La entidad demandada deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de la actora como se indicó con anterioridad y ella deberá demostrar las
cotizaciones efectuadas, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el
porcentaje que le correspondía como empleada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 31 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Maryoric Grijalba Escobar contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, y la condena en costas impuesta, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del acto ficto negativo o presunto por la falta de
respuesta de la entidad demandada a la petición de la demandante del 23 de
octubre de 2018, por medio de la cual solicitó el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral por el servicio prestado como auxiliar de enfermería entre el 28
de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015; y el consecuente pago de las
prestaciones sociales legales que se derivaban de ella.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Maryoric Grijalba
Escobar y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por el
periodo comprendido entre el 28 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2015,
salvo sus interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
Cuarto. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a
reconocer a Maryoric Grijalba Escobar las prestaciones laborales de orden legal a
las cuales tiene derecho y la diferencia salarial, para lo cual tomará como referente
los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que
ejecutó en el periodo reclamado y, en caso de no existir, se tendrá como base los
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Radicado: 76001-23-33-000-2019-00106-01 (0894-2024)
Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por el tiempo en el
cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 28 de abril de
2010 y el 31 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.
La entidad calculará el ingreso base de cotización (IBC) pensional y, en tal sentido,
deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador por el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2015, salvo sus interrupciones. Para estos efectos, la actora deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir
diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le
correspondía como empleada.
Quinto. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, hará la
actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al
consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por
el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Noveno. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Demandante: Maryoric Grijalba Escobar
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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