República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01487-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: la acreditación de la calidad de docente
nacionalizado o territorial no está supeditada a la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados CETIL.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el
30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de los cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que no completó
los 20 años de servicios en la docencia oficial de carácter departamental, distrital,
municipal o nacionalizado.
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, toda vez que el demandante sí probó los 20 años de
servicio docente de carácter territorial o nacionalizado para efectos del reconocimiento
y pago de la pensión gracia.
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 20201, el señor Oscar Arnul
Fernández, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la entidad
demandada: (a) RDP 046737 del 13 de diciembre de 2018, que le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia; (b) RDP 015047 del 16 de mayo de 2019,
que le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia por segunda vez; (c) RDP
035158 del 21 de noviembre del 2019, que le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia por tercera vez; RDP 038844 del 24 de diciembre de 2019, que resolvió
el recurso de reposición; RDP 001964 del 28 de enero de 2020, que resolvió el recurso
de apelación; (d) RDP 017378 del 29 de julio de 2020, que negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia por cuarta vez; RDP 019604 del 31 de agosto de 2020, que
resolvió el recurso de reposición; y RDP 022456 del 1 de octubre de 2020, que resolvió
el recurso de apelación.
3. Pretendió la declaración del derecho al reconocimiento y pago de la pensión
que le asiste, conforme a las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, en
concordancia con la Ley 91 de 1989 y demás normas aplicables.
4. Requirió, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 18 de noviembre de 2015, fecha
en la cual cumplió los requisitos para acceder a la mencionada prestación, teniendo
como base para la liquidación el promedio mensual devengado en el último año
anterior al cumplimiento del estatus, incluyendo todos los factores salariales de dicho
periodo.
5. Bajo el mismo título, pidió ordenar a la demandada al pago del retroactivo
pensional a que haya lugar desde el 18 de noviembre de 2015 y hasta la fecha efectiva
del pago, la cancelación de la primera mesada debidamente indexada, el
reconocimiento de los intereses señalados en los artículos 189, 192, 193 y 195 de la
Ley 1437 de 2011, la condena en costas y agencias en derecho y el cumplimiento de
la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria.
1 Samai Tribunal, índice 00017, expediente digital, 14_ED_ONEDRIVE_20200148700(.zip) NroActua 17,
004ACTADEREPARTO2020-01487-00 ROCB (NRDL).pdf.
2 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 001MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y REST DEL DERECHO- PENSIÓN GRACIA.pdf, folio 2 al 32.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
2.1.2. Hechos
6. El accionante indicó que nació el 31 de agosto de 1949, por lo que, a la fecha
de presentación de la demanda, contaba con 75 años.
7. Manifestó que la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
le efectúo un nombramiento en propiedad, a partir del cual laboró del 4 de septiembre
de 1969 al 27 de enero de 1978, para un total de 8 años, 4 meses y 23 días, como
docente de primaria de carácter nacionalizado.
8. Señaló que a través de la Resolución 0411 del 15 de marzo de 2004 de la
Secretaría de Educación Municipal de Cali, se le nombró en provisionalidad como
docente de matemáticas en la Institución Educativa Jesús Villafañe Franco, donde
laboró del 30 de marzo de 2004 al 16 de agosto de 2005.
9. Expresó que conforme a la Resolución 1943 del 19 de agosto de 2005 de la
Secretaría de Educación Municipal de Cali, se le efectuó un nombramiento en
provisionalidad, en virtud del cual trabajó del 24 de agosto de 2005 hasta el 12 de
diciembre de 2008, como docente de matemáticas en la Institución Educativa Jesús
Villafañe Franco.
10. Indicó que por medio de la Resolución 11107 del 12 de diciembre de 2008 de
la Secretaría de Educación Municipal de Cali, fue nombrado docente en periodo de
prueba, previo concurso de méritos. De igual manera, manifestó que de conformidad
con la Resolución 10764 del 9 de diciembre de 2009 de la misma entidad, se efectuó
nombramiento en propiedad hasta la fecha de la presentación de la demanda.
11. Afirmó que el 18 de noviembre de 2015 completó los 20 años de servicio como
docente oficial de carácter nacionalizado y territorial y, a su vez, contaba con 70 años,
con lo cual consolidó los requisitos para acceder a la pensión gracia.
12. Explicó que solicitó, a través de escrito del 15 de agosto de 2018, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP, con el lleno de los requisitos
para acceder a la mencionada prestación. Sin embargo, la entidad demandada, a
través de la Resolución RDP 046737 del 13 de diciembre de 2018, negó su
reconocimiento y pago al considerar que no completaba los 20 años de servicios en
la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, toda
vez que el certificado de tiempo de servicio allegado no señalaba el tipo de vinculación.
13. Indicó que solicitó, mediante escrito del 26 de diciembre de 2018, ante la
Secretaría de Educación Municipal la expedición de una nota aclaratoria del tipo de
vinculación (nacional, nacionalizado, municipal) que tenía con el municipio de Cali. No
obstante, la entidad no emitió dicho documento.
14. Relató que el 8 de febrero de 2019 remitió a la UGPP los actos administrativos
de nombramiento de la Secretaría de Educación Municipal de Cali, con el fin de
3
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
acreditar el tipo de vinculación de carácter territorial o municipal para que se tuvieran
en cuenta y computaran para el reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, la
entidad accionada, a través de la Resolución RDP 015047 del 16 de mayo, negó por
segunda vez la prestación, en razón a que, si bien se allegaron los actos de
nombramiento y posesión, el documento idóneo es el certificado de información
laboral donde se indique el tipo de vinculación del docente.
15. Señaló que interpuso el recurso de reposición y apelación contra el acto
administrativo mencionado en precedencia, pero la UGPP no resolvió los medios de
impugnación.
16. Expresó que le solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de Cali,
mediante escrito del 24 de junio de 2019, la expedición de una certificación en la cual
se señalara el tipo de vinculación (nacional, nacionalizado o territorial) que tenía desde
el 2004 con la misma entidad; pero que esta, mediante oficio del 26 de junio de 2019,
le entregó un formato único para la expedición del certificado de historia laboral, que,
a su juicio, no respondió la petición, debido a que no precisó el tipo de vinculación.
17. Comentó que después de varias aclaraciones con los funcionarios y la
presentación de una acción de tutela para la obtención de una respuesta de fondo, la
Secretaría de Educación de Cali expidió un documento en el que señaló que los
tiempos laborados desde el 2004 hasta la presentación de la demanda eran de
carácter territorial.
18. Manifestó que el anterior documento se radicó ante la UGPP, no obstante, no
fue aceptado por ser una certificación y no un formato de tiempo de servicios en el
cual especificara el tipo de vinculación.
19. Indicó que la UGGP le solicitó, mediante escrito del 7 de octubre de 2019, a la
Secretaría de Educación Municipal de Cali cargar en la plataforma la certificación
laboral a través del sistema CETIL3, con el fin de estudiar la solicitud pensional del
peticionario, donde se especificara el periodo comprendido del 15 de marzo de 2004
al 30 de agosto de 2019, toda vez que el Decreto 726 de 2018 dispuso que a partir
del 1 de julio de 2019 las entidades certificadoras de información laboral y factores
salariales debían estar inscritas y expedir la información a través de la herramienta
CETIL. No obstante lo anterior, la referida Secretaría no atendió el requerimiento de
la entidad accionada.
20. Seguidamente, narró que la UGPP, mediante la Resolución RDP 035158 del
21 de noviembre del 2019, negó por tercera vez la pensión gracia, al considerar que
en el expediente obran certificados de tiempos de servicio que especifican que el tipo
de vinculación es nacional.
21. Señaló que interpuso el recurso de reposición y apelación contra el acto
administrativo citado en precedencia, sin embargo, la UGPP, mediante las
3 Certificación Electrónica de Tiempos Laborados.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
resoluciones RDP 038844 del 24 de diciembre de 2019 y RDP 001964 del 28 de enero
de 2020, confirmó la decisión impugnada.
22. Aseveró que le solicitó a la Secretaría de Educación Municipal, mediante escrito
del 9 de diciembre de 2019, la expedición del certificado de tiempo de servicios en el
que especificara que el tipo de vinculación desde el 2004 hasta la fecha había sido de
carácter territorial, a partir de la aplicación de la herramienta CETIL.
23. Relató que el 10 de diciembre de 2019 la Secretaría de Educación Municipal
informó que desde el mes de septiembre de 2019 se empezó a implementar la
certificación electrónica CETIL, por lo tanto, debía estar pendiente al envío de aquella.
No obstante, manifestó que la entidad no envió el certificado de tiempo de servicios
con la especificación del tipo de vinculación de carácter territorial, conforme a lo
solicitado por él y la UGPP.
24. Afirmó que el 23 de junio de 2020 solicitó mediante acción de tutela el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue conocida por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali. En cumplimiento de lo ordenado
por el juez, la Secretaría de Educación Municipal remitió a la UGPP el certificado
CETIL; no obstante, esta, mediante la Resolución RDP 017378 del 29 de julio de 2020,
negó por cuarta vez la prestación, al considerar que la financiación para el pago es de
orden nacional y, por tanto, no tiene la calidad de docente nacionalizado o municipal.
25. Señaló que interpuso el recurso de reposición y apelación contra el acto
administrativo citado en precedencia, sin embargo, la UGPP, mediante las
resoluciones RDP 019604 del 31 de agosto de 2020 y RDP 022456 del 1 de octubre
de 2020, confirmó la decisión impugnada.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
26. Identificó como normas desconocidas las siguientes:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1993.
• Ley 91 de 1989.
27. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante transcribió
disposiciones de carácter constitucional, legal y jurisprudencial de esta corporación
relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia. Concluyó que la UGPP se
apartó del ordenamiento jurídico al considerar que las vinculaciones objeto de
discusión fueron del orden nacional, en razón a que la fuente de financiación del
servicio docente fue del mismo nivel.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
2.2. Contestación de la demanda
28. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las siguientes excepciones de mérito4:
29. En primer lugar, inexistencia de la obligación, al considerar que no existe la
obligación de reconocer la pensión gracia en razón a que el tiempo de servicio es de
carácter nacionalizado. En segundo lugar, prescripción, al referir que, si bien no se
reconoce derecho alguno, esta es procedente respecto de cualquier derecho no
reclamado dentro de los 3 años posteriores a su exigibilidad.
30. Tercero, buena fe. Indicó que se negó el reconocimiento de la prestación
solicitada debido a que no se acredita el cumplimiento de los requisitos para ello, y no
por el actuar caprichoso de la entidad. Cuarto, cobro de lo no debido, al inferir que no
se acredita el tiempo de servicios necesario para reconocer la prestación reclamada.
31. Finalmente, imposibilidad para cumplir lo pretendido, al indicar que las
obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad. Lo imposible jurídicamente
no existe, por tanto, lo que no existe no es objeto de ninguna obligación. En este
sentido, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico.
2.3. Sentencia de primera instancia
32. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 30 de
septiembre de 2024, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
33. Declaró la nulidad de las resoluciones (a) RDP 046737 del 13 de diciembre de
2018; (b) RDP 015047 del 16 de mayo de 2019; (c) RDP 035158 del 21 de noviembre
de 2019; (d) RDP 038844 del 24 de diciembre de 2019; (e) RDP 001964 del 28 de
enero de 2020; (f) RDP 017378 del 29 de julio de 2020 (g) RDP 019604 del 31 de
agosto de 2020 y; (h) RDP 022456 del 1 de octubre de 2020.
34. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reconocer, liquidar
y pagar la pensión gracia al accionante, en cuantía equivalente al 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, esto es, el 15 de noviembre de 2017.
35. A su vez, ordenó la indexación de los valores a reconocer, el cumplimiento de
la sentencia dentro de los términos legales y no condenó en costas. La providencia se
fundó en las siguientes consideraciones5:
4Samai Tribunal, índice 00010, expediente digital,
9_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020200148(.ZIP) NroActua 10, contestacion OSCAR ARNUL
FERNANDEZ.pdf.
5 Samai Tribunal, índice 00066, expediente digital, 60Sentenciaquea_Sentencia_20200148700NRDPensio(.pdf)
NroActua 66.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
36. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia, analizó si el demandante cumplía con los requisitos de la Ley 114 de 1913,
esto es: a) acreditar más de 50 años; b) haber desempeñado el cargo con honradez,
consagración y buena conducta y; c) haber servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, que haya iniciado con
antelación al 31 de diciembre de 1980.
37. Frente al primer requisito, indicó que con la copia del registro civil de nacimiento
y la cédula de ciudadanía se tiene por acreditado que el señor Oscar Arnul Fernández
nació el 31 de agosto de 1945.
38. Respecto del segundo requisito, señaló que con la declaración bajo juramento
rendida por el demandante se tiene por probado que este desempeñó el cargo de
docente con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta conforme a lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
39. En cuanto al tercer requisito, estimó que el peticionario prestó el servicio
docente de la siguiente forma:
40. Conforme al Decreto 0990 del 19 de septiembre de 1969 del gobernador del
Valle del Cauca, el acta de posesión 0325 del 9 de septiembre de 1969 del alcalde
municipal de Candelaria, el certificado de información laboral del 25 de mayo de 2017
del departamento del Valle del Cauca, el certificado de tiempo de servicio del 19 de
agosto de 2004 de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y el
formato único para la expedición de certificado de historia laboral del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio del 18 de abril de 2017, el demandante se
desempeñó como docente del 9 de septiembre de 1969 al 27 de enero de 1978, para
un total de 8 años, 4 meses y 19 días de servicio del orden nacionalizado.
41. De conformidad con la Resolución 0411 del de marzo de 2004, el acta de
posesión 0446 del 30 de marzo de 2004, los oficios 201941430200055491 del 26 de
junio de 2019 y 201941430100040531 del 22 de agosto de 2019 de la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali y el certificado de historia laboral del 12 de junio de
2020 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio, el accionante ejerció
la docencia, en el orden territorial, del 30 de marzo de 2004 al 23 de agosto de 2005,
para un total de 1 año, 4 meses y 25 días.
42. En virtud de la Resolución 4211.3.3.1943 del 19 de agosto de 2005, el acta de
posesión 0874 del 24 de agosto de 2005, los oficios 201941430200055491 del 26 de
junio de 2019 y 201941430100040531 del 22 de agosto de 2019 de la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali y el certificado de historia laboral del 12 de junio de
2020 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio, el demandante se
desempeñó como docente del 24 de agosto de 2005 al 12 de diciembre, para un total
de 3 años, 3 meses y 19 días, en el orden territorial.
7
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
43. A la luz de la Resolución 4143.21.11107 del 12 de diciembre de 2008 y el acta
de posesión 4143.3.12.1.8052 del 18 de diciembre de 2008, los oficios
201941430200055491 del 26 de junio de 2019 y 201941430100040531 del 22 de
agosto de 2019 de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y el certificado de
historia laboral del 12 de junio de 2020 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
el Magisterio, el señor Oscar Arnul Fernández ejerció como docente, del orden
territorial, del 18 de diciembre de 2008 al 12 de junio de 2020, para un total de 11
años, 5 meses y 26 días.
44. En ese sentido, el Tribunal concluyó que el señor Oscar Arnul Fernández prestó
su servicio como maestro durante 24 años, 6 meses y 29 días con vinculaciones del
orden nacionalizado y territorial, en virtud de nombramientos efectuados por
autoridades territorial, en planteles educativos municipales, para ocupar plazas
territoriales, entre los que se destaca los que tuvieron lugar después del 1 de enero
de 1976, fecha en que inició el proceso de nacionalización de la educación.
45. En este orden de ideas, concluyó que el actor reunió los requisitos para acceder
a la pensión gracia, esto es a) acreditar más de 50 años; b) haber desempeñado el
cargo con honradez, consagración y buena conducta y; c) haber servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años con vinculación territorial o
nacionalizada, que haya iniciado con antelación al 31 de diciembre de 1980.
46. Con respecto a la prescripción, consideró que demandante adquirió el estatus
pensional el 15 de noviembre de 2017 y presentó la última solicitud ante la entidad
demandada el 30 de agosto de 2019, según la Resolución RDP 035158 del 21 de
noviembre de 2019, por lo que contaba con 3 años para acudir ante esta jurisdicción
para reclamar su derecho, dentro del cual presentó la demanda de la referencia el 27
de noviembre 2000, de manera tal que no operó el fenómeno prescriptivo.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. De la demandada
47. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque6. Fundamentó su inconformidad en la valoración
que se hizo de la naturaleza de la vinculación docente del demandante, que considera
es nacional, bajo el siguiente argumento:
48. Las certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL
01912890399011900010006 del 20 de diciembre de 2019 y
202006890399011900070021 del 12 de junio de 2020 de la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali, dan cuenta que el servicio prestado del 30 de marzo
de 2004 al 16 de agosto de 2005, del 24 de agosto de 2005 al 12 de diciembre de
2008 y del 18 de diciembre de 2008 en adelante, fue como docente nacional, debido
6 Samai Tribunal, índice 00071, expediente digital, 63_MemorialWeb_Recurso-202001487_OSCARARNU(.pdf)
NroActua 71.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
a que se financió con recursos del mimo nivel. En consecuencia, al no acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, no es posible otorgar
la prestación solicitada.
49. A su vez, expresó que dentro del proceso reposa copia auténtica del Decreto
0990 del 9 de septiembre de 1969, por medio del cual se realiza nombramiento al
docente. Sin embargo, en dicho acto administrativo no aparece relacionado el nombre
del peticionario sino el del señor Oscar Hernández.
2.4.2. Del demandante
50. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque parcialmente7. Fundamentó su inconformidad
en la fecha que se estableció frente al cumplimiento de los 20 años de servicio
docente, para lo cual argumentó lo siguiente:
51. Al revisar el tiempo de servicio advirtió que la fecha en que cumplió los 20 años
no fue el 15 de noviembre de 2017 (como dijo el Tribunal), sino el 15 de noviembre de
2015, según el siguiente cálculo:
Periodo Tiempo de servicio
09/09/1969 27/01/1978 8 años, 4 meses y 19 días
30/03/2004 23/08/2005 1 año, 4 meses y 25 días
24/08/2005 12/12/2008 3 años, 3 meses y 26 días
18/12/2008 15/11/2015 6 años, 10 meses y 25 días
Total 20 años
52. Por lo anterior, consideró importante aclarar que la fecha en que se
completaron los 20 años de servicio exigidos por la ley fue el 15 de noviembre de
2015, que constituye el momento en que se consolidó el cumplimiento de los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación gracia.
53. Por su parte, resaltó que la conducta de la UGPP ha sido caprichosa y sin
fundamento legal, al insistir de manera vehemente que el tiempo de servicio prestado
es de carácter nacional, desconociendo que existen suficientes pruebas como los
actos de nombramiento, la certificación emitida por la entidad nominadora, entre otros,
que demuestran que los nombramientos respectivos fueron de carácter territorial. Por
esta circunstancia solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de costas
y agencias en derecho.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
54. Por medio de auto del 14 de octubre de 20258 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por el demandante y la demandada. Además, se ordenó
7 Samai Tribunal, índice 00072, expediente digital, 65_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 72.
8 Samai, índice 00005, expediente digital, 4Autoqueadmite_25882025(.pdf) NroActua 5.
9
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
notificar personalmente al procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con
el artículo 198 del CPACA, y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
2.6. Ministerio Público
55. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado
rindió concepto en el que solicitó confirmar parcialmente la sentencia de primera
instancia, en el entendido de que se reconozca la prestación pensional a partir del 15
de noviembre de 2015, fecha en la cual el demandante adquirió el estatus pensional9.
2.7. Del demandante
56. La parte demandante presentó escrito en el que solicitó desestimar el recurso
de apelación interpuesto por la demandada y, en su lugar, acceder a sus pretensiones
en esta instancia10.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
57. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problemas jurídicos
58. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
interpuestos contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez
de segunda instancia, según el artículo 32811 del Código General del Proceso,
corresponde a la Sala definir si:
59. ¿El demandante acreditó un tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada que permita el reconocimiento de la pensión
gracia?
9 Samai, índice 00011, expediente digital, Memorial_FLF_10Concepto(.pdf) NroActua 11.
10 Samai, índice 00010, expediente digital, 8_MemorialWeb_Alegatos-RESPUESTARECURSO76(.pdf) NroActua
10.
11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
10
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
60. ¿Incurrió el juez de primera instancia en imprecisión al determinar la fecha de
adquisición del estatus pensional?
61. ¿Es procedente la condena en costas y agencias en derecho a la parte
vencida?
62. Antes de resolver los interrogantes planteados se realizarán algunas
consideraciones en torno a la pensión gracia y la condena en costas. Seguidamente
se destacarán los hechos que se encuentran probados en el presente trámite.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
63. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 191312,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñaran el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
64. La Ley 116 de 192813 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
65. Posteriormente, la Ley 37 de 193314 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
66. Por su parte, la Ley 91 de 198915, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
67. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
12 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1016 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a
su propio presupuesto.
68. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199717,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
69. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201818,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
16 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
12
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad y; haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
70. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados19, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal20; y (ii) por el
19 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
20 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
71. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hubiesen trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del
orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
72. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso». En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» 21.
73. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero
de 2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
3.3.2.1. Del «criterio subjetivo» en la condena en costas
74. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 22 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»23.
75. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso24, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»25.
76. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes26. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección27 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)28.
22
https://dle.rae.es/disponer.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
27 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
28 Ibidem.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
3.3.2.2. Del «criterio objetivo valorativo» en la condena en costas
77. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
78. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
79. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo29 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento30.
80. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
29 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022 01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
30 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección
Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y iii)
Sección Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
16
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
incluya la mala fe o temeridad de las partes»31.
3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
81. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 32),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
82. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene
por acreditados los siguientes:
• Edad
83. De acuerdo con el registro civil de nacimiento33 y la cédula de ciudadanía34, el
señor Oscar Arnul Fernández nació el 31 de agosto de 1945, de manera tal que
cumplió 50 años el 31 de agosto de 1995.
• Desempeño del cargo
84. En virtud de la declaración juramentada de pensión gracia35, el demandante
declaró haber desempeñado el cargo de docente con honradez, idoneidad,
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
32 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
33 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 1.
34 Samai, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP) NroActua 2,
002ANEXO 1, folio 3.
35 Samai Tribunal, índice 00010, expediente digital,
9_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020200148(.ZIP) NroActua 10, EXPEDIENTE.rar,
201760051575862-4.pdf.
17
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
consagración y buena conducta, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la ley
114 de 1913.
• Tiempo de servicio
85. De conformidad con el Decreto 0990 del 19 de septiembre de 196936 y el acta
de posesión 0325 del 9 de septiembre de 196937, con retroactividad al 4 de septiembre
de 1969, el gobernador del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales, nombró
al peticionario como docente de tiempo completo, quien prestó sus servicios desde el
4 de septiembre de 1969 al 27 de enero de 1978, conforme al certificado de
información laboral del 25 de mayo de 2017 del departamento del Valle del Cauca38.
86. Por su parte, mediante constancia del 9 de agosto de 2002 de los registrados
especiales del estado civil de Palmira39, se realizó la corrección del primer apellido del
peticionario, que figuraba como Hernández y pasó a registrarse como Fernández,
documento válido para trámites legales.
87. A su vez, el certificado de tiempo de servicios del 19 de agosto de 2004 de la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca40, da cuenta que el peticionario fue
vinculado en propiedad como nacionalizado de forma continua.
88. De lo anterior se advierte que, del 4 de septiembre de 1969 al 27 de enero de
1978, el tiempo total laborado en el colegio German Nieto del municipio de Candelaria,
departamento del Valle del Cauca, fue de 8 años, 4 meses y 24 días.
89. A la luz de la Resolución 0411 del 15 de marzo de 200441 y el acta de posesión
0446 del 30 de marzo de 200442, el secretario de educación municipal de Santiago de
Cali, en ejercicio de la delegación efectuada mediante Decreto Municipal 0106 del 13
de marzo de 2003, nombró provisionalmente al accionante como docente, quien
prestó sus servicios desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 23 de agosto de 2005,
conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 12
de junio de 202043.
36 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 4.
37 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 5.
38 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 7.
39 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 6.
40 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 8.
41 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 9 al 10.
42 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 11.
43 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 27 al 28.
18
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
90. De lo anterior se evidencia que, del 30 de marzo de 2004 al 23 de agosto de
2005, el tiempo total laborado en la institución educativa Jesús Villafañe Franco del
municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, fue de 1 año, 4
meses y 24 días.
91. En virtud de la Resolución 4211.3.3.1943 del 19 de agosto de 200544 y el acta
de posesión 0874 del 24 de agosto de 200545, el secretario de educación municipal de
Santiago de Cali, en ejercicio de la delegación efectuada mediante Decreto Municipal
0040 del 2004, nombró provisionalmente al demandante como docente etnoeducador,
quien prestó sus servicios desde el 24 de agosto de 2005 hasta el 12 de diciembre de
2008, conforme al formato único para la expedición de certificado de historia laboral
del 12 de junio de 202046.
92. De lo anterior se colige que, del 24 de agosto de 2005 al 12 de diciembre de
2008, el tiempo total laborado en la institución educativa Jesús Villafañe Franco del
municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, fue de 3 años, 3
meses y 19 días.
93. De acuerdo con la Resolución 4143.21.11107 del 12 de diciembre de 2008 47 y
el acta de posesión 4143.3.12.1.8052 del 18 de diciembre de 2008 48, el secretario de
educación municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus funciones y en especial
las conferidas por el Decreto Municipal 0040 del 27 de enero de 2004, nombró en
periodo de prueba al peticionario como docente de matemáticas, en la institución
educativa Jesús Villafañe Franco.
94. Posteriormente, mediante la Resolución 4.143.21.10764 del 9 de diciembre de
2009 y el acta de posesión 4143.3.12.1.97.38 del 17 de diciembre de 2009 50, el
49
secretario de educación municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de las facultades
legales conferidas por delegación mediante Decreto Municipal 0040 del 27 de enero
de 2004, nombró en propiedad al accionante como etnoeducador.
95. Respecto de los anteriores nombramientos, del formato único para la
expedición de certificado de historia laboral51, se desprende que el peticionario prestó
sus servicios, por lo menos, desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 12 de junio de
2020, siendo la última fecha la de expedición de la certificación. Dicho periodo equivale
44 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 12 al 14.
45 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 15.
46 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 29 al 30.
47 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 16 al 18.
48 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 19.
49 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 20 al 23.
50 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 24.
51 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 25 al 26.
19
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
a 11 años, 5 meses y 25 días.
96. A su vez, los oficios del 26 de junio de 201952 y 22 de agosto de 201953 de la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali, dan cuenta que el tipo de vinculación
del peticionario en los años 2005, 2008 y 2009 fue de carácter territorial.
97. Por su parte, en virtud de la certificación electrónica de tiempos laborados
CETIL del 12 de junio de 202054, las vinculaciones comprendidas (a) del 30 de marzo
de 2004 al 16 de agosto de 2005, (b) del 24 de agosto de 2005 al 12 de diciembre de
2008 y (c) del 18 de diciembre de 2008 al 12 de junio de 2020 (fecha de expedición
de la referida certificación), respecto del señor Oscar Arnul Fernández fueron del nivel
municipal.
98. En resumen, a partir de los decretos de nombramiento, las actas de posesión,
los formatos únicos para la expedición de certificado de historias laborales, se acredita
que el demandante prestó el servicio docente durante los siguientes periodos:
Institución Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo – Fecha de Fecha de laborado
Acta de posesión inicio finalización
German Nieto Decreto 0990 del 19 04/09/1969 27/01/1978 8 años, 4 meses
(municipio de de septiembre de y 24 días
Candelaria) - 1969.
Nombramiento Acta de posesión
0325 del 9 de
septiembre de 1969
Jesús Villafañe Resolución 0411 del 30/03/2004 23/08/2005 1 año, 4 meses
Franco 15 de marzo de y 24 días
(municipio de 2004.
Santiago de Acta de posesión
Cali) - 0446 del 30 de
Nombramiento marzo de 2004
Jesús Villafañe Resolución 24/08/2005 12/12/2008 3 años, 3 meses
Franco 4211.3.3.1943 del y 19 días
(municipio de 19 de agosto de
Santiago de 2005.
Cali) - Acta de posesión
Nombramiento 0874 del 24 de
agosto de 2005
Jesús Villafañe Resolución 18/12//2008 12/06/2020 11 años, 5
Franco 4143.21.11107 del meses y 25 días
(municipio de 12 de diciembre de
Santiago de 2008.
Cali) – Acta de posesión
52 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 75.
53 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 103.
54 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 31 al 32.
20
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
Nombramiento 4143.3.12.1.8052
periodo de del 18 de diciembre
prueba y de 2008.
propiedad Resolución
4.143.21.10764 del
9 de diciembre de
2009. Acta de
posesión
4143.3.12.1.97.38
del 17 de diciembre
de 2009
Total 24 años, 7
tiempo de meses y 2 días
servicio
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
99. La UGPP, mediante las resoluciones (a) RDP 046737 del 13 de diciembre de
201855; (b) RDP 015047 del 16 de mayo de 201956; (c) RDP 035158 del 21 de
noviembre del 201957; (d) RDP 038844 del 24 de diciembre de 201958; (e) RDP 001964
del 28 de enero de 202059; (f) RDP 017378 del 29 de julio de 202060; (g) RDP 019604
del 31 de agosto de 202061; y (h) RDP 022456 del 1 de octubre de 202062, negó al
demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que no
cumplía con el requisito de haber servido en el magisterio por un término no menor de
20 años, a partir de una vinculación territorial o nacionalizada. En consecuencia,
concluyó que no había lugar al reconocimiento y pago de la prestación solicitada.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la verificación de requisitos para la obtención de la pensión gracia
100. No está en discusión frente a los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia la edad de 50 años y haber desempeñado el cargo de docente con honradez,
consagración y buena conducta, sino exclusivamente si se acreditó una vinculación
docente territorial o nacionalizada, de 20 años, que haya iniciado con anterioridad al
55 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 44 al 45.
56 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 54 al 55.
57 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 110 al 112.
58 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 128 al 130.
59 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 131 al 135.
60 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 183 al 187.
61 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 002ANEXO 1, folio 199 al 201.
62 Samai Tribunal, índice 00002, expediente digital, 7_PROCESOABONADO_ONEDRIVE_1_1822022(.ZIP)
NroActua 2, 003ANEXO 2, folio 1 al 6.
21
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
31 de diciembre de 1980.
101. Sobre particular, se evidencia, sin que sea motivo de discusión, que en virtud
del certificado de tiempo de servicios del 19 de agosto de 2004 de la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, del 4 de septiembre de 1969 al 27 de enero de 1978,
el peticionario fue vinculado como docente nacionalizado, situación que reconocen las
partes.
102. En ese orden de ideas, la discusión se centra en especial en las vinculaciones
comprendidas (a) del 30 de marzo de 2004 al 23 de agosto de 2005, (b) del 24 de
agosto de 2005 al 12 de diciembre de 2008 y (c) del 18 de diciembre de 2008 al 12 de
junio de 2020, respecto de las cuales la parte demandada estima que son nacionales
en razón a la fuente de los recursos, del mismo orden, según la certificación electrónica
de tiempos laborados CETIL de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de
Cali del 12 de junio de 2020.
103. Por el contrario, el juez de primera instancia consideró que las vinculaciones
fueron de orden territorial en razón a que los actos administrativos por medio de los
cuales se nombró y posesionó al demandante fueron expedidos por una autoridad
territorial, sin que en ellos se hubiese hecho referencia a una plaza de nivel nacional.
104. Sobre el particular, se advierte que el argumento del origen de los recursos para
la prestación del servicio docente, provenientes del Sistema General de
Participaciones, no constituye una razón válida para catalogar que las plazas
financiadas a partir de estos son de carácter nacional, pues se recuerda, como se
indicó en fallo de unificación del 21 de junio de 201863, que:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
105. A su vez, se reitera que el CETIL no es el único medio de prueba con el cual es
posible alcanzar el convencimiento necesario para reconocer la pensión gracia, en
virtud de lo señalado por la Sala:
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
22
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
No es el certificado CETIL el único documento que resulta válido para certificar el
tiempo y tipo de vinculación de la docente demandante; puesto que, esta corporación
ha indicado que aquella calidad se puede acreditar a través de otros medios
probatorios, tales como, el acta de nombramiento o certificación expedida por la
entidad nominadora64.
106. Por último, se recuerda que para la prueba de la calidad del docente territorial,
conforme se indicó en el fallo de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 201865, en
principio:
Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
107. En ese orden de ideas, en el expediente obra la Resolución 0411 del 15 de
marzo de 2004 y el acta de posesión 0446 del 30 de marzo de 2004; la Resolución
4211.3.3.1943 del 19 de agosto de 2005 y el acta de posesión 0874 del 2005; la
Resolución 4143.21.11107 del 12 de diciembre de 2008 y el acta de posesión
4143.3.12.1.8052 del 18 de diciembre de 2008; y la Resolución 4.143.21.10764 del 9
de diciembre de 2009 y el acta de posesión 4143.3.12.1.97.38 del 17 de diciembre de
2009, de los cuales se desprende que el secretario de educación municipal de
Santiago de Cali, por delegación del burgomaestre, ejerció la facultad nominadora,
para que se prestara el servicio docente en el municipio, lo que permite considerar la
naturaleza territorial de los nombramientos, sin que se advierta frente a ellos
intervención alguna de la Nación, como para considerar lo contrario.
108. A su vez, en el acervo probatorio obra la certificación electrónica de tiempos
laborados CETIL del 12 de junio de 2020, que da cuenta que las vinculaciones
comprendidas (a) del 30 de marzo de 2004 al 16 de agosto de 2005; (b) del 24 de
agosto de 2005 al 12 de diciembre de 2008 y; (c) del 18 de diciembre de 2008 al 12
de junio de 2020 (fecha de expedición de la referida certificación), fueron del nivel
municipal.
109. En ese sentido, las pruebas aportadas permiten concluir que el tiempo laborado
por el señor Oscar Arnul Fernández en el municipio de Santiago de Cali, departamento
del Valle del Cauca, en los referidos periodos, es válido para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, al igual que el desempeñado en el municipio de
Candelaria antes del 31 de diciembre de 1980.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp.
19001233300020210021401 (2289-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
65 Ver pie de página 61.
23
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
• Conclusión
110. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración integral de las
pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que al señor Oscar Arnul Fernández
le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que acreditó
los 20 años de servicio docente de carácter territorial o nacionalizado.
3.5.2. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
111. Respecto del segundo problema jurídico planteado, deberá establecerse si el
juez de primera instancia incurrió en una imprecisión al determinar la fecha de
adquisición del estatus pensional, debido a que para el demandante los 20 años de
servicio docente de carácter nacionalizado y territorial se cumplieron el 15 de
noviembre de 2015 y para el a quo el 15 de noviembre de 2017.
112. A partir de la relación del tiempo de servicios descrita en la tabla 1 de esta
providencia, se estima que sí es procedente la corrección de la fecha de adquisición
del estatus pensional, por las siguientes razones:
(a) En la primera vinculación del 4 de septiembre de 1969 al 27 de enero de 1978,
transcurrieron 8 años, 4 meses y 24 días. La segunda vinculación se desarrolló
del 30 de marzo de 2004 al 23 de agosto de 2005, que corresponde a 1 año, 4
meses y 24 días. La tercera, del 24 de agosto de 2005 al 12 de diciembre de
2008, equivale a 3 años, 3 meses y 19 días. Al sumar los anteriores periodos
se tienen 13 años, 1 mes y 17 días.
(b) Lo anterior quiere decir, que para cumplir las dos décadas faltaban 6 años, 10
meses y 23 días, tiempo que debe computarse desde la cuarta vinculación, que
inició el 18 de diciembre de 2008, lo que permite concluir que el tiempo de
servicio para adquirir la pensión gracia se cumplió el 10 de noviembre de 2015.
113. Por lo tanto, en la anterior fecha el actor adquirió el estatus de pensionado,
comoquiera que cumplió los 50 años de edad con anterioridad (el 31 de agosto de
1995).
114. En cuanto al cómputo de la prescripción, pese a no haber sido objeto de
discusión en los recursos de apelación, la Sala observa que el demandante consolidó
el estatus pensional el 10 de noviembre de 2015, fecha en la cual completó los 20
años de servicio al magisterio, de manera tal que para evitar el fenómeno prescriptivo
de las mesadas pensionales debió presentar la reclamación correspondiente a mas
tardar dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta el 10 de noviembre de 2018 y, a
su vez, acudir posteriormente a la jurisdicción dentro del mismo plazo. Lo anterior de
conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 196866, modificado por el artículo
66 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
24
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
102 del Decreto 1848 de 196967.
115. En este caso se tiene que la primera vez que el señor Fernández le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia fue el 15 de agosto de 201868, lo que
significa que el término de prescripción se interrumpió hasta el 15 de agosto de 2021,
periodo dentro del cual el peticionario acudió a la jurisdicción, el 27 de noviembre de
2020, lo que quiere decir que consolidó efectivamente la interrupción de dicho
fenómeno respecto de la totalidad de las mesadas a que tiene derecho, conclusión a
la que también llegó el Tribunal, aunque incorrectamente estableció la fecha de
adquisición del derecho.
116. Esto significa, que el reconocimiento pensional deberá efectuarse, sin
prescripción, desde el 10 noviembre de 2015, teniendo en cuenta lo devengado por el
demandante en el año anterior. En ese sentido se modificará la decisión.
3.5.3. De la condena en costas
117. En cuanto al tercer problema jurídico planteado, deberá establecerse si es
procedente la condena en costas y agencias en derecho a la parte vencida.
118. Se evidencia que la inconformidad de la parte demandante frente a lo decidido
por el Tribunal radica en que considera que la conducta de la entidad demandada ha
sido caprichosa y sin fundamento legal, al insistir en que el tiempo de servicio prestado
por el docente a través de la Secretaría de Educación Municipal de Cali fue de carácter
nacional, a pesar de la existencia de las pruebas que demuestran lo contrario.
119. Por el contrario, el juez de primera instancia consideró que en virtud del cambio
introducido por el legislador al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, a través del artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en consonancia con la actual postura del Consejo de
Estado, que ha establecido la vigencia del régimen subjetivo en materia de costas, no
se advierte por la parte vencida alguna actuación de mala fe que permite la condena
en costas.
120. Igualmente, resaltó que si se optara por la aplicación del régimen objetivo-
valorativo tampoco habría lugar a la condena por dicho concepto, puesto que al tenor
del artículo 365-8 del Código General del Proceso, solo habría lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación,
aspecto que no está acreditado en el plenario.
121. En ese orden de ideas, la Sala reitera que, como se explicó en el acápite 3.3.2
de esta providencia, esta Subsección de forma mayoritaria 69 ha optado por el criterio
subjetivo. En ese sentido, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de
las actuaciones procesales, no se observa que la parte demandada haya obrado de
67 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
68 De conformidad con lo señalado por la UGPP en la Resolución RDP 046737 del 13 de diciembre de 2018.
69 Se precisa que la magistrada ponente sobre la condena en costas considera que el criterio objetivo – valorativo
es el que debe aplicarse, por las razones que se sintetizan en la nota al pie 29 de este escrito.
25
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
mala fe o con temeridad. Por el contrario, se evidencia que actuó en ejercicio de su
derecho de defensa y de contradicción, sin realizar acciones dilatorias o encaminadas
a afectar u obstruir el curso del proceso.
122. Sobre el particular se estima que del hecho de que la UGPP valore las pruebas
aportadas al proceso de forma distinta a la parte actora y a los jueces de instancia, no
puede inferirse que actuó de mala fe. La misma conclusión se predica respecto de las
razones que invocó para concluir que la vinculación del demandante fue de carácter
nacional, aunque se hayan desvirtuado en el proceso de la referencia.
123. En consecuencia, tampoco hay lugar a imponer dicha condena frente a las
actuaciones adelantadas en segunda instancia.
124. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 30 de septiembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, que proceda a reconocer,
liquidar y pagar al señor OSCAR ARNUL FERNÁNDEZ, dentro del término legal, la
pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores devengados
en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es, el 10 de
noviembre de 2015, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 4 de 1966,
reglamentado por el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966, conforme con las
consideraciones expuestas en este proveído.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
26
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01487-01 (1105-2025)
Demandante: Oscar Arnul Fernández
Demandada: UGPP
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
27
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.