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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00782-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00782-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone: SEGUNDO. Declarar la nulidad la Resolución N° 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, por la cual se denegó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad con la Ley 71 de 1988. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de 31 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000- 33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. 26 Número Interno: 5253-2024 Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 7 de junio de 2015, pero con efectos fiscales desde el 21 de abril de 2018, con el 75 % del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y que hayan servido de base para cotizaciones a seguridad social, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988 y de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. Por tanto, las mesadas causadas antes del 21 de abril de 2018 se encuentran prescritas. CUARTO. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial QUINTO. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00782-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 76-001-23-33-000-2021-00782-01 (5253-2024)1
Demandante : Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada : Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Régimen de transición pensional del sector docente. Pensión
de vejez por aportes. Ley 71 de 1988. Vinculación antes de la
Ley 812 de 2003
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

El 6 de agosto de 2021, la señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez, por intermedio de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, para
solicitar la nulidad de la Resolución N° 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 20223,
expedida por el secretario de educación del Distrito de Cali, en cuanto negó el derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó que se condenara a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

1
Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai.
2
SAMAI del Tribunal, índice 3.
3
Inicialmente se pidió la nulidad de un acto ficto pero con la reforma a la demanda se modificó la pretensión.

2

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

del Magisterio de Cali, a que reconociera y pagara una pensión de jubilación por aportes,
equivalente al 75 % de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del
status jurídico de pensionada, es decir, a partir del 7 junio de 2015, por haber completado
las 1.000 semanas y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo y en
compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

Por último, se pidió ordenar a las entidades demandadas a dar cumplimiento a los
artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., a reconocer la indexación e intereses moratorios y a
condenar en costas.

1.2. Hechos

1. La docente Mery Patricia Ortiz Rodríguez nació el 3 de junio de 1959, por lo que en la
actualidad cuenta con 55 años de edad.

2. La demandante estuvo vinculada en la Secretaría Departamental del Valle del Cauca
como docente, mediante las siguientes órdenes de prestación de servicios: (i) N° 492 del
1º de septiembre de 2000, hasta el 29 de noviembre de 2000, para una duración de 90
días; (ii) N° 364 del 26 de mayo de 2001, hasta el 22 de julio de 2001, para una duración
de 57 días; (iii) N° 310 del 1º de junio de 2001, hasta el día 27 de junio de 2001, para una
duración de 27 días; (iv) N° 533 del 8 de noviembre de 2001, hasta el 24 de diciembre de
2001, para una duración de 47 días; (v) N° 011 del 8 de enero de 2002, hasta el 7 de abril
de 2002, para una duración de 90 días; (vi) N° 1512 del 1º de marzo de 2002, hasta el 5
de julio de 2002, para una duración de 127 días y (vii) N° 1512 del 26 de agosto de 2002,
hasta el 22 de noviembre de 2002.

3. La señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez fue vinculada en la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali, como docente oficial en provisionalidad, mediante el
Decreto N° 2490 del 26 de diciembre de 2002, hasta el 9 de noviembre de 2003 y a través
del Decreto N°2503 del 10 de noviembre de 2003, hasta la fecha de presentación de la
demanda.

4. El 21 de abril de 2021, al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio
oficial, la actora solicitó a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de la pensión ordinaria de

3

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

jubilación ordinaria, para que le fuera reconocida a partir del 7 de junio de 2015, fecha en
la que completó el estatus jurídico de pensionada.

5. El 15 de febrero de 2022, la entidad demandada notificó a la señora Mery Patricia Ortiz
Rodríguez la Resolución No. 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, que negó
el reconocimiento de pensión de jubilación a su favor. En la misma se señaló que la fecha
de ingreso de la docente era posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
omitiendo el tiempo laborado por la docente bajo la modalidad OPS desde el año 2000 y
como docente nombrada en provisionalidad el 26 de agosto de 2002.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 7º de la Ley 71 de 1988;
15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6º de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de
1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.

En sentir de la parte actora, el acto administrativo demandado desconoció el contenido
de las normas que le eran aplicables, pues la docente se encontraba laborando con
anterioridad al 26 de junio del año 2003 e hizo aportes, razón por la cual debía
respetársele el régimen de transición que contiene el art. 81 de Ley 812 de 2003 y no lo
establecido en la Ley 100 de 1993.

2. Contestación de la demanda4

2.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

La entidad demandada guardó silencio5.

3. La sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 28 de
mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

4 SAMAI, índice 02 archivo 010.
5 SAMAI del Tribunal, índice 14.
6 SAMAI del Tribunal, índice 36.

4

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

El a quo encontró probado que, la señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez tenía la calidad
de docente desde el 11 de octubre de 2000, esto es, con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003; por tanto, resulta beneficiada con el régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional, previsto en la Ley 91 de 1989,
en concordancia con la Ley 33 de 1985, que, para estos efectos, tenía que acreditar 55
años de edad y 20 años de tiempo de servicio.

En cuanto al cumplimiento de dichos requisitos, el Tribunal señaló que la señora Mery
Patricia Ortiz Rodríguez nació el 3 de junio de 1959 y cumplió los 55 años el 3 de junio
de 2014, razón por la cual cumplía con el requisito de la edad para efectos pensionales.
En cuanto al tiempo de servicio, no se encontró acreditado, por cuanto únicamente
contaba con 11 años, 3 meses y 23 días.

Sobre este aspecto, dejó en claro que, si bien la señora Ortiz había prestado sus servicios
como docente mediante ordenes de servicio por un período de 527 días (1.4 años), no
era suficiente para completar los 20 años de servicio.

Precisado lo anterior, el Tribunal señaló:

“Revisada la Resolución 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, se tiene que la señora
Mery Patricia Ortiz Rodríguez ha cotizado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio desde
el 10/11/2003 hasta el 21/04/2021, es decir por un periodo de 17 años, 5 meses y 11 días.

Por su parte, la Administradora Colombiana de Pensiones informa que la afiliada Mery Patricia Ortiz
Rodríguez cotizó entre el 18/09/1984 hasta el 31/08/2009, 604.29 semanas.

Sin embargo, a dicho periodo debe descontarse las cotizaciones realizadas por la Secretaría de
Educación del Municipio de Cali por los períodos 01/01/2004 al 31/08/2009, equivalente a 291.51
semanas, toda vez que dicho período también está siendo certificado por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por tanto, como cotización en el sector privado, solo se
pueden tener en cuenta 312.78 semanas.

(…)

Retomando, tenemos que a las 312.78 semanas de cotización debe adicionarle el tiempo de
servicios certificado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el cual
corresponde a 17 años, 5 meses y 11 días, equivalente a 909.4 semanas, para un total de 1222.18
semanas, tiempo que no corresponde al exigido por la norma aplicable. Ahora, si bien es cierto,
adicional al tiempo cotizado en el Instituto de Seguros Sociales y al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, la docente acredita la prestación del servicio como docente en instituciones
educativas del municipio de Palmira a través de órdenes de servicios por un período de 527 días
(75.2 semanas), también es cierto, que dicho período no puede ser tenido en cuenta a falta de
acreditación de su cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, exigencia impuesta
por el constituyente y por el precedente judicial vigente para la liquidación de las pensiones de los
docentes oficiales y que quedó explicada en acápites anteriores, en el cual se establece que el
pago de la prestación se fundamente en los aportes efectivamente cotizados para lograr un
equilibrio entre base de cotización y base de liquidación”.

5

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

4. El recurso de apelación7

4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Reprochó el análisis realizado por el a quo, porque no se ajustaba a la realidad, toda vez,
que se descartó la vinculación mediante órdenes y/o contratos de prestación de servicios,
la vinculación oficial y los aportes realizados al antiguo ISS, hoy liquidado y del cual sus
semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES, desde el antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Por tanto, la parte actora alegó que el régimen aplicable era el correspondiente a los
pensionados del sector público nacional, anterior a la Ley 100 de 1993, entre las cuales
estaba la Ley 71 de 1988, que contempló la pensión de jubilación por aportes.

El recurrente consideró que, al sumar los tiempos de vinculación bajo la modalidad de
OPS, sus nombramientos en provisionalidad y las semanas cotizadas a Colpensiones,
arrojaría el siguiente resultado:

Señaló que, de conformidad con el material probatorio que reposaba en el plenario, los
tiempos de servicio discriminados al 24 de marzo del 2021 consolidaban un total de 27
años, 10 meses y 6 días; pero como al momento en que la actora cumplió los 20 años de
servicio, esto es, al 18 de mayo de 2013, aun no tenía la edad requerida, es decir, 55
años de edad, es por esta razón que, en primera instancia se solicitó el reconocimiento
pensional por edad, pero el Tribunal de primera Instancia no tuvo en cuenta los tiempos
de OPS, la sumatoria del tiempo nombrada en provisionalidad, además de los aportes
realizados a COLPENSIONES.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 28 de octubre de 20248, se admitió el recurso de apelación conforme a lo
previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir

7 SAMAI del Tribunal, índice 39.
8 Índice 004 SAMAI.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes
alegaran de conclusión.

La parte actora presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos de la
demanda. No hay pronunciamiento de la parte demandada ni del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer a qué docentes se les aplica el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988; si los tiempos de servicio pueden computarse para acreditar los
requisitos consagrados en la norma en mención y, si la pensión por aportes es compatible
con el salario. Resueltos estos interrogantes, la Sala procederá a establecer si a la
demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes conforme a la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
respectivo, o si la norma que le resulta aplicable es la Ley 100 de 1993.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

2.3. El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la

7

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuesta por ello,
como una garantía irrenunciable de todas las personas9.

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

9 Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.

8

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”10 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"11.

Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el

10 Sentencia T 163 de 2013.
11 Sentencia C.177 de 1998.

9

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional” (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado12,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la

12 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

Radicado 68001233100020110027601.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8113 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm. 1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el

13 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto

Nacional 3752 de 2003.

11

Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201914,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 15 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”16.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 17. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse

14 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
15 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
16 0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
17 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el

artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

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en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75 %.con un IBL o Componente temporal: del
último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.4. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance

Con anterioridad a la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos
sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia
que unos y otros no lograran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder
a dicha prestación.

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Con la expedición de la Ley 71 de 1988, el legislador buscó dar solución a esta
contingencia consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según
el artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta
normatividad, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores particulares que
acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en
cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus
veces, con los efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación
jubilatoria mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación
contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria.

Es importante mencionar que, el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".

La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,

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independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 en relación con la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación18 también se ha pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

2.5. Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 2023 acompaño la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó
que la Ley 71 de 1988 sí era aplicable a los docentes estatales.

Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, estos fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye que puedan ser
beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a todos los empleados
públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-

000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

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En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió también
al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la categoría de
«empleados oficiales»19 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a
aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los
empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985
es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7
por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las
disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980
y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de
pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben ejercer
durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique el numeral
2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con
las normas del régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto
es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988
y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.

19 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó

en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

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De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
Finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

2.6. Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago
de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

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Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios.

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Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
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2.7. Hechos probados20:

1). La señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez nació el 3 de junio de 195921.

2). Prestó sus servicios al departamento del Valle del Cauca como docente, mediante las
siguientes órdenes de prestación de servicios22:

• OPS No. 492 del 11 de octubre de 2000, con una duración de 90 días
• OPS No. 310 del 1º de junio de 2001, con una duración de 27 días
• OPS No. 364 del 31 de agosto de 2001, con una duración de 57 días
• OPS No. 533 del 8 de noviembre de 2001, con una duración de 47 días
• OPS No. 11 del 8 de enero de 2002, con una duración de 90 días
• OPS No. 1512 del 1º de marzo de 2002, con una duración de 127 días
• OPS No. 1512 del 26 de agosto de 2002, con una duración de 89 días
Total: 527 días (75.2 semanas)

3). La señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez prestó sus servicios en el sector público de
la docencia, tal y como se demostró con el certificado de historia laboral de 24 de marzo
de 202123, expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio:

20 SAMAI del Tribunal, índice 3, folios 28-81.
21 Fl.30, Indice 3, Samai.
22 Fls. 37 a 43, índice 3, Samai.
23 Fl.31-35, índice 3, Samai.

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Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
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4). La demandante cotizó al régimen general de seguridad social por 604.29 semanas,
comprendidas entre el 18/09/1964 hasta el 31/08/2009, de las cuales 291.51 semanas
corresponden a servicios prestados desde el 01/01/2004 al 31/08/2009 al municipio de
Cali, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, actualizado al 17 de marzo de 202124, como
se observa en el siguiente cuadro:

5). Según el certificado de salarios expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio25, la señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez devengó, entre el 1º

24 Fls. 44 a 50, índice 3, Samai.
25 Fls. 51-53 índice 3 SAMAI.

20

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de enero al 31 de diciembre del 2020, los factores salariales relativos a la asignación
básica, bonificación mensual docentes, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima
de servicios, prima de vacaciones docentes.

Actuación administrativa

i) El 21 de abril de 2021, la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes26.

(ii) Mediante la Resolución No. 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, se negó
el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante al determinar que su
vinculación al Fomag se dio en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual no tenía
derecho a la pensión de jubilación por aportes. En el mismo acto se señaló que la señora
Mery Patricia Ortiz Rodríguez había cotizado al Fomag desde el 10/11/2003 hasta el
21/04/2021.

2.5. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución
N° 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, expedida por el secretario de
educación del Distrito de Cali, en cuanto negó el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes.

El Tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, si bien
la señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez probó tener la calidad de docente desde el 11 de
octubre de 2000, esto es, con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, cumplió
con el requisito de edad (55 años el 3 de junio de 2014), no ocurría lo mismo con el tiempo
de servicio, por cuanto únicamente contaba con 11 años, 3 meses y 23 días.

Sobre este aspecto, dejó en claro que, si bien la señora Ortiz había prestado sus servicios
como docente mediante ordenes de servicio por un período de 527 días (1.4 años), no
era suficiente para completar los 20 años de servicio.

La parte actora apeló la decisión, porque no se tuvo en cuenta la vinculación mediante
órdenes y/o contratos de prestación de servicios, la vinculación al servicio docente oficial

26 Fls. 61-71, índice 3, Samai.

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antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y los aportes realizados al antiguo
ISS y del cual sus semanas de cotización se encuentran en COLPENSIONES. Además,
consideró que, al sumar los tiempos de vinculación bajo la modalidad de OPS, sus
nombramientos en provisionalidad y las semanas cotizadas a Colpensiones, arrojaría un
total de 27 años, 10 meses y 6 días.

Al respecto, la Sala considera que le asiste razón al recurrente, por cuanto se acreditó
que la demandante tuvo un primer vinculo al servicio oficial docente mediante órdenes
de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, a saber, el 11 de octubre de 2000, según la OPS No. 492.

Como se señaló en el marco jurídico de la presente decisión, en casos como el presente
el ordenamiento jurídico no consagra una condición diferente a la simple vinculación para
ser beneficiario del régimen previsto en la Ley 71 de 1988, en relación con la pensión de
jubilación por aportes a favor de los docentes.

Lo anterior significa que, resulta irrelevante que el periodo laborado hubiera sido
mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, nombramientos provisionales o
en propiedad, pues resulta suficiente que se acredite haber servido como docente, ya
sea en el sector público o privado, pero siempre y cuando se cumpla con el requisito de
los 20 años.

Se agrega que, la postura de la Sala ha estado dirigida a considerar dichos contratos en
aplicación del principio de la realidad sobre las formas27, siendo relevantes para el
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales, sin que sea
necesario declarar la existencia de una relación laboral encubierta. Además, cabe señalar
que desde 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal de
los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de servicios, pues
así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley 115
de 199428.

27 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado :17001-23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022). C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28 En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 12 de septiembre de 2024, radicado: 05001-23-33-000-

2021-00447-01 (0140-2023) y del 19 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-
2023).

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No obstante lo anterior, cabe precisar que, aunque se puedan tener en cuenta los tiempos
laborados bajo la modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios, es
importante verificar que se efectúen los aportes correspondientes a los periodos que
comprendan tales vinculaciones, justamente para que sirvan de sustento en el
reconocimiento pensional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la naturaleza de la pensión obliga a que los aportes
se realicen, pues su reconocimiento se desprende de la acumulación de los efectuados
en el sector privado y en el público. De ahí que el municipio de Cali (Valle del Cauca) esté
obligado a realizar al Fomag las cotizaciones en favor de la demandante, por los períodos
en los que estuvo contratada a través órdenes de prestación de servicio suscritas con la
entidad.

En el caso sub exámine, la Sala encuentra demostrado que la actora tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes con inclusión de los factores sobre
los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicios anterior al estatus, en
aplicación de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994. Esto, por cuanto cumplió los
55 años de edad el 3 de junio de 2014 y, además, los 20 años de servicios con aportes
acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, adquiriendo su estatus el 7 de
junio de 2015.

El siguiente cuadro refleja el cumplimiento del tiempo de servicio:

ENTIDAD INICIA TERMINA TIEMPO DE SERVICIO
Órdenes de prestación 01/09/2000 22/11/2002 527 días
de servicio de la
Secretaría de
Educación
Departamental del Valle
del Cauca
Secretaría de 26/12/2002 09/11/2003 10 meses y 15 días
Educación Municipal de
Cali
Secretaría de 10/11/2003 24/03/2021 17 años 4 meses 15
Educación Municipal de días
Cali
Colpensiones 18/09/1984 31/01/1997 6 años y 30 días
TOTAL Sumatoria: 23 años 14
meses 587 días

Gran total: 26 años, 7
meses (1.387,07
semanas)

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Ahora bien, es importante anotar que, tal y como se estableció por el a quo en primera
instancia, la Administradora Colombiana de Pensiones informó que, la afiliada Mery
Patricia Ortiz Rodríguez cotizó entre el 18/09/1984 y el 31/08/2009, 604.29 semanas, de
las cuales 291.51 semanas corresponden a servicios prestados desde el 01/01/2004 al
31/08/2009 al municipio de Cali.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por su parte, también certificó
los períodos del 01/01/2004 al 31/08/2009, equivalente a 291.51 semanas, con ocasión
de las cotizaciones realizadas por la Secretaría de Educación del Municipio de Cali. Por
tanto, a las 604.29 semanas se habrá de descontar 291.51, arrojando como resultado
312.78 semanas. Sin embargo, tal descuento de semanas no afecta el derecho a
reconocer a la demandante, pues cumplió con más de los 20 años exigidos por la norma
(1043.57 semanas)29.

Por otro lado, resulta oportuno precisar que, en razón a que el derecho pensional es de
carácter imprescriptible y en cuanto a las mesadas pensionales adeudadas, se configuró,
comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional de la demandante (7 de junio
de 2015) y la petición de reconocimiento pensional (21 de abril de 2021) trascurrieron
más de 3 años, según el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por ende el pago de las
correspondientes mesadas procede a partir del 21 de abril de 2018.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso resultan demostrados los cargos de
violación formulados en contra del acto administrativo acusado, en tanto la señora Mery
Patricia Ortiz Rodríguez tuvo su primera vinculación como docente estatal con
anterioridad al 27 de junio de 2003 y, por tanto, beneficiaria de la Ley 71 de 1988.
Además, demostró cumplir con los requisitos legales para acceder a la pensión por
aportes allí consagrada.

En este orden de ideas, el acto administrativo demandado, mediante el cual la entidad
demandada negó el reconocimiento a la demandante su pensión de jubilación con
aplicación de la Ley 71 de 1988, está viciado de nulidad porque desconoció las normas
superiores invocadas, en atención a que se acreditó la existencia de una vinculación
como docente con anterioridad al 27 de junio de 2003, para ser beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 812 de 2003.

29 Cabe anotar que si a las 1.387.07 se le descuenta 291.51, no arroja un total de 1.095.56 semanas.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

En consecuencia, la Sala habrá de revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar se anulará la Resolución N° 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero de 2022, por la
cual se denegó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de conformidad
con la Ley 71 de 1988. A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a
partir del 7 de junio de 2015, pero con efectos fiscales desde el 21 de abril de 2018, con
el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados por la accionante y que hayan
servido de base para cotizaciones a seguridad social, en el año anterior a la adquisición
del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988 y de los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. De ahí que
las mesadas causadas antes del 21 de abril de 2018 se encuentran prescritas.

Por último, cabe anotar que, si se llegare a presentar la omisión del empleador en realizar
los descuentos correspondientes a los aportes a pensión, en el porcentaje a que hubiere
lugar, no es óbice para que sea reconocido y liquidado el derecho pensional. Además,
existe la facultad de recobro por parte de las entidades de previsión social, como se
señaló en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202230.

Lo anterior significa que, respecto a los aportes al sistema pensional que debió hacer el
empleador y empleado en el porcentaje correspondiente, en el evento de que no se hayan
efectuado como lo ordena la ley, deben las entidades de previsión adelantar las gestiones
necesarias para su cobro, pues no se pierde de vista que, dada la naturaleza de la
pensión por aportes, estos son necesarios para la financiación de la prestación y la
sostenibilidad del sistema.

Así las cosas, corresponde al Fomag realizar los trámites legales necesarios para
recaudar las cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo
contratada a través de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran, de
igual forma, la demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes
a su cargo durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-

23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Finalmente, el Fondo podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el artículo 11
del Decreto 2709 de 1994.

2.6. Condena en costas

En el sub lite no habrá lugar a condena en costas, en la medida en que no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido
que dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual,
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es
suficiente el simple resultado adverso del proceso31.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se dispone:

SEGUNDO. Declarar la nulidad la Resolución N° 4143.010.21.0.00625 del 11 de febrero
de 2022, por la cual se denegó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
de conformidad con la Ley 71 de 1988.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

31 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-

33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes a partir del 7 de junio de 2015, pero con efectos fiscales desde
el 21 de abril de 2018, con el 75 % del promedio de los factores salariales dispuestos en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores, que hayan sido devengados
por la accionante y que hayan servido de base para cotizaciones a seguridad social, en
el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de
1988 y de los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, sin que deba acreditar el retiro
del servicio docente. Por tanto, las mesadas causadas antes del 21 de abril de 2018 se
encuentran prescritas.

CUARTO. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de
la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

QUINTO. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades
de previsión social o fondos pensionales en los que la señora Mery Patricia Ortiz
Rodríguez realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de
1994.

SEXTO. El Fomag deberá realizar los trámites legales necesarios para recaudar las
cotizaciones en favor de la demandante en el tiempo en que estuvo contratada a través
de órdenes de prestación de servicios y que no se efectuaran, de igual forma, la
demandante, en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo
durante su vinculación a través de contratos de prestación de servicios.

En el evento de que no se hayan efectuado los aportes al sistema pensional como lo
ordena la ley, deben las entidades de previsión adelantar las gestiones necesarias para
su cobro.

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Número Interno: 5253-2024
Demandante: Mery Patricia Ortiz Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

SÉPTIMO. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengue
la señora Mery Patricia Ortiz Rodríguez mientras continúe en el ejercicio de la docencia
oficial. No lo será en otro tipo de empleos.

OCTAVO. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.

NOVENO. Sin condena en costas.

DÉCIMO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad.
Rad AV 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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