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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2018-00131-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2018-00131-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2018-00131-01 (2486-2021)
Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema 1. Validez del tiempo laborado con posterioridad al
1 de enero de 1990, frente a docentes con vinculación hasta el 31 de diciembre de
1980. Subtema 2. Requisito del tiempo laborado en plazas del orden departamental,
municipal o distrital. Subtema 3. Situaciones administrativas no afectan la naturaleza
de la designación. Subtema 4. Valor probatorio de las documentales aportadas en
copia simple al proceso. Subtema 5. Condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 26 de
febrero de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

1. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Casanare accedió a lo solicitado, por
lo que la UGPP apeló la decisión con fundamento en que las pruebas no dan cuenta
de que el tiempo laborado por la peticionaria obedezca a vinculaciones del orden
territorial – nacionalizado; además, fueron aportadas en copia simple, por lo que no es
posible acceder a la prestación reclamada. La Sala confirma la decisión de primera
instancia, en la medida en que se encuentra acreditado el tiempo de servicio docente

Radicación: 85001-23-33-000-2018-00131-01 (2486-2021)
Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento
y pago de la pensión gracia.

2. Antecedentes
2.1. La demanda

2. La señora Hilda Alfonso de Chaparro, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de
octubre de 20181, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 000619 del 11 de enero
de 2018 y RDP 015311 del 30 de abril del 2018, por medio de las cuales la UGPP
le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

b. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus, con inclusión de todos los factores salariales
devengados, ajustes e indexaciones a que haya lugar.

2.1.1. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

4. La accionante nació el 5 de octubre de 1954, por lo que cumplió la edad de 50
años el 5 de octubre de 2004. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada, así:

(a) desde el 29 de mayo de 1972 hasta el 30 de mayo de 1974, en virtud del
Decreto 511 del 29 de mayo de 1972, como directora de la RD Morgui del
municipio de Chámeza;
(b) a partir del 1 de junio de 1974 hasta el 5 de febrero de 1993, por
nombramiento que se hiciera a través del Decreto 052 del 16 de julio de 1974,
en la escuela rural de la vereda Teguita del municipio de Chámeza.

5. Cumplido el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a la
UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de los actos demandados, que indicaron que el tiempo de servicio prestado no se
ajusta al establecido para el reconocimiento de dicha pensión, por lo que no podía
otorgarse esta.

6. Estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como docente
territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
1 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.54.

2

Radicación: 85001-23-33-000-2018-00131-01 (2486-2021)
Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

con honradez, consagración y buena conducta.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 33 de 1985.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 115 de 1994.
• Ley 715 de 2001.
• Ley 812 de 2003.

8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que en su caso la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.

2.2. Contestación de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada, pues las
pruebas que obran en el expediente administrativo son contradictorias y no dan cuenta
de manera fidedigna de que su relación fue del orden territorial – nacionalizado, por el
contrario lo que se puede afirmar es que lo fue del orden nacional; además, no aportó
los respectivos decretos de nombramiento y actos de posesión indispensables para el
efecto.

10. Agregó que, conforme al literal A del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, para acceder a la pensión gracia era necesario estar vinculado como docente
para el 31 de diciembre de 1980, calidad que para esa época tampoco ostentaba la
demandante.

11. Finalmente, sostuvo que la fecha límite para causar el derecho a la pensión
gracia era el 29 de diciembre de 19892.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Casanare, en la sentencia del 26 de febrero de
3
2020 , accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

1º DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 000619 del 11/01/2018 y RDP
015311 del 30/04/2018 proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión

2 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.69 a 87.
3 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.264 a 287.

3

Radicación: 85001-23-33-000-2018-00131-01 (2486-2021)
Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, mediante las
cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la demandante y se
resuelve adversamente el recurso de apelación interpuesto contra la primera.

2º DECLARAR prescritas las mesadas causadas desde el 05/10/2004 hasta
el06/07/2014, por las razones indicadas en la motivación.

3º CONDENAR a la UGPP, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer,
liquidar y pagar la pensión de jubilación gracia a la señora HILDA ALFONSO DE
CHAPARRO, causada el 05/10/2004, en cuantía equivalente al 75% del promedio de
lo devengado durante el último año de servicios (04/02/1992 a 04/02/1993), con
aplicación de los ajustes legales pertinentes. En consecuencia, se fija la primera
mesada actualizada en $358.000. La condena se hará efectiva y dará lugar a pagos
causados a partir del 07/07/2014, en virtud de la prescripción indicada en el ordinal 2º.

Las sumas aquí reconocidas se deberán indexar de acuerdo con la fórmula señalada
en la parte motiva de esta providencia.

4° AUTORIZAR a la UGPP para que de la base de cálculo descuente los aportes a
cargo de la actora para seguridad social en salud (12%), desde el 07/07/2014, previa
actualización, acorde con los parámetros indicados en la parte motiva.

5º DISPONER que el pago se haga en los términos consagrados en los arts.192, 194
y 195 de la Ley 1437 de 2011; la condena neta actualizada devengará intereses
moratorios como lo dispone el artículo 192.

6° Denegar las demás pretensiones.

7º CONDENAR a la entidad demandada a pagar las costas; tásense, incluidas las
agencias en derecho que fijan en un millón trescientos cuatro mil quinientos catorce
pesos ($1.304.514).

13. Indicó que con la demanda se aportaron las certificaciones de tiempo de
servicios, las cuales fueron objeto de contradicción por la UGPP sin que fueran
tachadas o desconocidas, por tanto, era válido tener en cuenta el tiempo allí
certificado. En ese orden, de acuerdo con la certificación expedida por el director
administrativo de la Secretaría de Educación de Casanare y el FOMAG, la señora
Hilda Alfonso Chaparro laboró como docente con vinculación anterior y posterior al 31
de diciembre de 1980, así:

Acto de vinculación Tipo de Desde Hasta Total días
vinculación laborados
Decreto 511 de 1972 Nacionalizado 29/02/1972 15/04/1974 766
Resolución 230 de 1974 (traslado) Nacionalizado 16/04/1974 01/06/1974 46
Decreto 052 de 1974 Nacionalizado 27/07/1974 28/01/1980 1.982
Resolución 028 de 1980 (traslado)
Nacionalizado 2.694
28/01/1980 21/07/1987
Resolución 0498 de 1987 Nacionalizado 21/07/1987 04/02/1993 1.994

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Radicación: 85001-23-33-000-2018-00131-01 (2486-2021)
Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

Total tiempo laborado: 7.482

20,78333333

14. Conforme a lo anterior, la parte demandante cumplió 20 años de servicio en la
docencia territorial el 26 de febrero de 1992; sin embargo, adquirió el estatus para la
pensión gracia el 5 de octubre de 2004, cuando cumplió los 50 años de edad, en
consideración a que nació el 5 de octubre de 1954.

15. Se desempeñó en la labor docente con honradez, consagración y buena
conducta, pues en su contra no se registró ninguna sanción disciplinaria; además,
obra declaración juramentada en la que la demandante manifestó que cumplió los
deberes del cargo con respeto, responsabilidad, honestidad y rectitud.

16. Sostuvo que las certificaciones allegadas al expediente dan cuenta que todas
las vinculaciones fueron como docente nacionalizada.

17. En ese orden, los tiempos laborados sí podían tenerse en cuenta para efectos
de reconocer la pensión gracia.

18. Indicó que, la mesada de origen de la pensión gracia, previa indexación, era
inferior al SMLMV del año 2004, por lo que procedió a ajustarla con base en el IPC,
conforme al artículo 187 del CPACA y bajo la fórmula Va=Vh(If/Ii), en un valor de
$358.000.

19. Finalmente, manifestó que como la demandante cumplió el estatus pensional
el 5 de octubre de 2004, radicó la reclamación administrativa el 6 de julio de 2017,
debían declararse prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 5 de julio de
2014.

20. Procedió a condenar en costas a la UGPP por su renuencia a conciliar en sede
judicial, a pesar de existir unificación de la jurisprudencia respecto al reconocimiento
de la pensión gracia, así como desconocer el dosier probatorio que da cuenta de que
la accionante era merecedora de tal derecho desde la sede administrativa.

2.4. Recurso de apelación

21. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación4 para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

22. No se probó que la demandante estuvo al servicio docente por más de 20 años
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada, pues para el
efecto debió allegar como pruebas el certificado de información laboral para pensión
gracia, conforme al artículo 3 del Decreto 13 de 2001, certificado de factores salariales
4 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.289 a 302.

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Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

para pensión gracia, actos administrativos de nombramiento y de posesión, conforme
a lo regulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

23. Los documentos y certificaciones aportados en copia simple no pueden tenerse
como prueba atendiendo lo señalado en el artículo 25 de Decreto 0019 del 10 de enero
de 2012, por tanto, no resulta válido tener como tales el certificado de información
laboral expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá 573 del 1
de marzo de 2017, certificado de factores salariales expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Casanare del 24 de abril de 2017, Decreto de
nombramiento 511 de 29 de mayo de 1972 expedido por la gobernación de Boyacá,
Decreto de insubsistencia 380 del 27 de junio de 1974 dictado por esa misma
gobernación. En consecuencia, no se probó el tiempo de servicio requerido para el
reconocimiento de la pensión gracia.

24. Insistió que conforme al literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, para acceder a la pensión gracia era necesario estar vinculado como docente
para el 31 de diciembre de 1980, calidad que para esa época tampoco ostentaba la
demandante, pues sus servicios eran prestados mediante contratos de prestación de
servicios, tiempos que no son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia y;
además, la fecha límite para causar tal derecho era el 29 de diciembre de 1989,
requisito con el cual tampoco cumplía la demandante.

25. También, obran los certificados de información laboral que dan cuenta que la
accionante prestó sus servicios como docente a través de vinculaciones de carácter
nacional; en consecuencia, no se demostró la prestación del servicio en la docencia
oficial del orden departamental, municipal o distrital por más de 20 años.

26. Por último, sostuvo que no es procedente la condena en costas, por cuanto la
entidad obró conforme al principio de legalidad y los parámetros que rigen el sistema
pensional colombiano.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

27. Mediante auto del 7 de abril de 20255, el despacho ponente reconoció como
sucesores procesales de la señora Hilda Alfonso de Chaparro a los señores Aldemar
Chaparro Alfonso, Wilson Yesid Chaparro Alfonso, Elkin Harold Martínez Carreño y
Zandra Inés Chaparro Alfonso, y admitió el recurso de apelación según lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

28. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
5 Samai, índice 00039, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 39, 36_AUTOQUEADMITE.

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el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

29. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

30. ¿Para cumplir el requisito de los 20 años de servicios docente en una plaza
distrital, municipal, departamental o nacionalizada, era indispensable estar vinculado
como docente oficial para el 31 de diciembre de 1980, y cumplir con dicho tiempo
hasta el 29 de diciembre de 1989?

31. ¿La demandante cuenta con el tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?

32. ¿Son válidos los documentos aportados en copia simple para demostrar el
tiempo de servicio docente a efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia?

33. ¿El fallador de primera instancia debía analizar la conducta de la parte vencida
en juicio para disponer sobre la condena en costas?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

34. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19137,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

35. La Ley 116 de 19288 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó

6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
7 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

36. Posteriormente, la Ley 37 de 19339 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

37. Por su parte, la Ley 91 de 198910, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

38. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1011 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

39. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199712,

9 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

40. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201813,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

41. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados14, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal15; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

42. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.3.2. De la condena en costas

43. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del

14 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
15 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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proceso»16. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»17.

44. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.2.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

45. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse»18 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»19.

46. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso20, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»21.

47. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes22. En ese sentido, antes de

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Ibidem.
18 https://dle.rae.es/disponer.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección23 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)24.

3.3.2.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

48. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

49. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».

50. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo25 para su imposición (adoptado

23 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
24 Ibidem.
25 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
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desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento26.

51. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»27.

3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

52. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente28),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
26 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contenciosoadministrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.
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3.4. Hechos probados

53. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Edad

54. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Hilda Alfonso de Chaparro nació el 5 de octubre
de 1954, según copia de su cédula de ciudadanía29, en consecuencia, cumplió la edad
de 50 años el 5 de octubre de 2004.

• Vinculación docente

55. Según la copia simple del Decreto 511 del 29 de mayo de 197230, el gobernador
del departamento de Boyacá nombró a Hilda Alfonso directora de la R.D. Morgui del
municipio de Chámeza, en remplazo de la señora Aura Nelly, quien pasó a otra
escuela. En dicho nombramiento intervino el secretario de educación y el delegado
del Ministerio de Educación Nacional.

56. La copia simple del Decreto 380 del 27 de junio de 197431 da cuenta de que el
gobernador del departamento de Boyacá declaró insubsistente a la señora Hilda
Alfonso en el cargo de directora de la R.D. Teguita del municipio de Chámeza.

57. En la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación del departamento de Boyacá del 1 de marzo de 201732 , en
los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» e «IV. HISTORIA LABORAL», consta que
la demandante laboró como docente en provisionalidad con vinculación
«nacionalizado», por nombramiento que se hiciera a través del Decreto 511 del 29 de
mayo de 1972 y que tomó posesión del cargo ese mismo día hasta el 15 de abril de
1974. También registró el traslado que se hizo a la escuela Teguita del municipio de
Chámeza (Casanare) a través de la Resolución 230 del 27 de abril de 1974 y del que
tomó posesión el 16 de abril anterior hasta el 1 de junio de 1974, asimismo se indicó
que «la docente la declaran insubsistente por ser aspirante».

58. La copia simple del acta del 27 de julio de 197433, señala que Hilda Alfonso se
presentó al despacho de la personería municipal de Chámeza, con el objeto de tomar
posesión del cargo de profesora de la escuela rural de la Vereda de Teguita, para el
que fue nombrada mediante el Decreto 052 del 16 de julio de 1974.

59. Obra copia de la certificación expedida el 10 de enero de 201834 por la directora
administrativa de la Secretaría de Educación del departamento de Casanare en la que

29 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_FL76 CPPAL TOMO 1, pp.7.
30 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.37 a 39.
31 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.40 a 41.
32 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.27 a 29.
33 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.40.
34 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.30.

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se indica que en los registros de la planta se tiene que Hilda Alfonso de Chaparro
prestó sus servicios como docente «NACIONALIZADA» en el departamento de
Casanare, financiado por el Sistema General de Participaciones.

60. Ese mismo documento da cuenta de que: (a) mediante el Decreto 052 del 16
de julio de 1974 se nombró a la peticionaria en propiedad como docente en la escuela
rural de la vereda de Teguita del municipio de Chámeza; (b) tomó posesión del cargo
el 27 de julio de 1974 con retroactividad del 1 de junio anterior; (c) por medio de
Resolución 029 del 28 de enero de 1980 fue trasladada a la Concentración Rural
Motuz del municipio de Paz de Ariporo, (d) a través de la Resolución 0498 del 21 de
julio de 1987 le fue aceptada permuta a la Concentración la Chapa del municipio de
Corozal; (e) finalmente, por Resolución 005 del 4 de febrero de 1993 se le aceptó la
renuncia al cargo docente de la Concentración la Chapa del municipio de Corozal.

61. Se encuentra la copia de la Resolución 005 del 4 de febrero de 199335 por
medio de la cual el alcalde municipal de Hato Corozal (Casanare) aceptó la renuncia
de Hilda Alfonso como «profesora nacionalizada» en la concentración de la Chapa.

62. En resumen, de las copias de los decretos de nombramiento, actas de
posesión, certificaciones y del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, se demuestra que la demandante prestó el servicio docente durante
los siguientes periodos:

Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
R.D. Morgui Directora Decreto 511 del 29/05/1972 01/06/1974 2 años y
(municipio de 29 de mayo de 3 días
Chámeza) 1972
Escuela rural Docente Decreto 052 del 01/06/1974 Traslados
de la vereda 16 de julio de
de Teguita 1974
(municipio
de
Chámeza)
Resolución 005 04/02/1993 18 años,
del 4 de febrero Acepta 8 meses
de 1993 renuncia y 4 días
Total 20 años,
tiempo de 8 meses
servicio y 7 días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados

63. La UGPP, mediante las resoluciones RDP 000619 del 11 de enero de 201836 y

35 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.43.
36 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.18 a 20.

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RDP 015311 del 30 de abril del 201837, negó el reconocimiento de la pensión gracia
solicitada el 6 de julio de 2017. Ello, al considerar que el tiempo de servicio prestado
no se ajusta a lo establecido para el reconocimiento de la pensión gracia.

3.5. Caso concreto

64. La Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia.

3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980 y tiempo de servicio
prestados después del 1 de enero de 1990

65. El problema jurídico planteado guarda relación con la interpretación que debe
otorgarse al numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispuso
que los docentes «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos».

66. En resumen –como se vio párrafos atrás– la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con sus homólogos nacionales; sin
embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial[mente] de la Nación».

67. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989 se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.

68. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

37 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.23 a 26.

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

69. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación38 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.

70. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de la lectura de la citada normativa,
se tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado.

71. El cumplimiento del primer requisito normativo habilita la revisión del segundo
y del tercero, es decir, que resulta necesario que se verifique si el docente tuvo una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 –territorial (o nacionalizada)– pues en
caso de incumplirse este requerimiento no podrá estudiarse si puede llegar a tener
derecho al reconocimiento pensional con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
91 de 1989.

72. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.

73. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes que fueron

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01

(3018-2017).

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Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
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vinculados antes o al momento de promulgarse la Ley 91 de 1989. Es así que el
derecho está en cabeza del docente que haya tenido una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre acreditar los
requisitos, es decir, puede ser a partir del 1 de enero de 1981, inclusive, o después
del 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

74. Bajo este hilo argumentativo, no es posible sostener que el reconocimiento de
la pensión gracia se ató al límite temporal de la promulgación de la Ley 91 de 1989,
como lo argumentó la UGPP en su recurso de alzada. Al contrario, lo que se puede
decir es que buscó que en lo sucesivo la prestación no se siguiera reconociendo, pero
respetó la expectativa legítima que tenían los maestros antes y después del 29 de
diciembre de 1989 de obtener la pensión gracia cuando hubieren tenido experiencia
docente territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980.

75. Lo anterior se ratificó en la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,
en la que esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que
lo relevante es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con
antelación a ese momento. En tal sentido, se sostuvo:

la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada
objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral
vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para
efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad no
puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional.

76. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado
a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia es que la
vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, caso en el
cual es válido también incluir el tiempo laborado posteriormente, siempre y cuando se
demuestren como nacionalizado o territorial, por lo que en este caso no es de recibo el
dicho de la parte demandada en su recurso de alzada.

77. Ahora, del análisis en conjunto de las pruebas documentales, referidas en el
acápite de hechos probados, se tiene que la demandante ejerció la actividad docente
a partir del 29 de mayo de 1972, como directora de la R.D. Morgui del municipio de
Chámeza (Boyacá), en virtud del Decreto 511 de 1972. Luego fue trasladada a la
escuela Teguita del municipio de Chámeza (Casanare) a través de la Resolución 230
del 27 de abril de 1974 y tomó posesión del cargo el 16 de abril de 1974 hasta el 1 de
junio próximo, cuando fue declarada insubsistente.

78. Además de lo anterior, se encuentra que la demandante fue nombrada por una
entidad territorial, esto es, por el gobernador del departamento de Boyacá quien
expidió el Decreto 511 de 1972 y, como se vio, la designó directora de la escuela R.D.
Morgui del municipio de Chámeza de ese mismo departamento, por lo que es dable
concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación de la demandante fue
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Demandante: Hilda Alfonso de Chaparro
Demandada. UGPP

nacionalizada hasta el 1 de junio de 1974. Para reforzar lo dicho, debe tenerse en
cuenta que, el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 establece que el personal nacionalizado
se trata de aquellos docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976.

79. Lo anterior guarda relación con el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación del departamento de Boyacá del 1
de marzo de 2017, que en los acápites «III. SITUACIÓN LABORAL» e «IV. HISTORIA
LABORAL», indica que la demandante laboró como docente en provisionalidad con
vinculación «nacionalizado», por nombramiento que se hiciera a través del Decreto
511 del 29 de mayo de 1972 hasta el 1 de junio de 1974, cuando a «la docente la
declaran insubsistente por ser aspirante».

80. En ese orden, se tiene por satisfecho el requisito temporal de haber estado
vinculada a una plaza departamental, municipal o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.

81. Con posterioridad, según la copia del acta de posesión del 27 de julio de 197439,
Hilda Alfonso fue nombrada, mediante el Decreto 052 del 16 de julio de 1974, como
profesora de la escuela rural de la Vereda de Teguita cargo del que se posesionó ante
el despacho de la personería municipal de Chámeza (Casanare).

82. Luego, por medio de la Resolución 029 del 28 de enero de 1980 fue trasladada
a la Concentración Rural Motuz del municipio de Paz de Ariporo y, posteriormente, a
través de la Resolución 0498 del 21 de julio de 1987, lo fue a la Concentración la
Chapa del municipio de Corozal. Finalmente, mediante la Resolución 005 del 4 de
febrero de 1993, le fue aceptada su renuncia.

83. De lo anterior da cuenta la copia de la certificación expedida el 10 de enero de
2018 por la directora administrativa de la Secretaría de Educación del departamento
de Casanare en la que se indicó, además, que esos servicios fueron prestados por la
accionante como docente «NACIONALIZADA».

84. En este punto, es del resorte indicar que los traslados a otras instituciones
educativas son circunstancias respecto de las cuales la jurisprudencia de esta
Sección40 ha precisado que se tratan de situaciones administrativas que no afectan la
naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que
implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido alteración».

85. Por otro lado, la Sala considera que, los documentos relacionados en los
anteriores párrafos son prueba suficiente para demostrar la calidad de docente
territorial o nacionalizado, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de

39 Samai, índice 0002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 002ED_004CPPALTOMOI_PDF00, pp.40.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16

de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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2018, en la cual se indicó que para tal efecto se requiere: a) la copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales; o b) también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. Es así como,
se reitera, tienen pleno valor probatorio esas documentales para acreditar la calidad
de docente territorial – nacionalizada de la señora Hilda Alfonso de Chaparro.

86. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado41, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.

87. En ese orden, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
y la UGPP tampoco tachó de falsas las documentales aportadas en copia simple por
la demandante a este proceso, es válido darles valor probatorio a los documentos
referidos párrafos atrás.

88. En consecuencia, la sumatoria total de servicio docente en plazas territoriales
• nacionalizadas es de 20 años y 8 meses y 7 días, como quedó consignado en la
tabla 1, lo que hace beneficiaria a la peticionaria del reconocimiento de la pensión
gracia.

89. Finalmente, no se pasa por alto que uno de los argumentos de la alzada fue
que no debían tenerse por válidos los tiempos laborados mediante contratos de
prestación de servicios. No obstante, al constatar las pruebas aportadas, la Sala
observa que ese no es el supuesto fáctico del caso, pues la demandante fue nombrada
mediante sendos decretos. En consecuencia, ese argumento no resulta congruente
con la realidad por lo que al respecto no hará pronunciamiento alguno.

3.5.2. De la condena en costas

90. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Casanare decidió condenar
en costas a la parte accionada por resultar vencida en el trámite de primera instancia,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA.

91. Inconforme con la decisión, la demandada solicitó que se revocara la condena
en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de la parte
vencida.

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.

radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Actora: Adriana Gaviria Vargas.
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92. Sobre el particular, según se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma mayoritaria42 el criterio
subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que para decretar la
referida condena en primera instancia el Tribunal debió analizar la conducta de la parte
vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de mala fe.

93. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, no se advierte que la parte demandada haya obrado de mala
fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia irregular
que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que la accionada actuó
sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del proceso.

94. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará dicha condena.

95. Por las mismas razones tampoco hay lugar a imponer esta con ocasión del
trámite en segunda instancia.

3.6. Conclusión

96. La Sala concluye que el tiempo laborado por Hilda Alfonso de Chaparro a partir
de los decretos 511 de 1972 y 052 del 16 de julio de 1974 es válido para el
reconocimiento de la pensión gracia y ello le permite cumplir con el requisito de los 20
años de servicio en plazas territoriales y nacionalizadas.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
el 26 de febrero de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
salvo la condena en costas, que se revoca, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

42 Con la precisión que la magistrada ponente considera que la condena en costas se rige por el criterio objetivo-

valorativo, por las razones que se sintetizaron en la nota al pie 28.
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Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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