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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00859-01

Acción de tutela contra providencia judicial: niega el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración…

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00859-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO Modifícase la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo, para en su lugar, negar la protección invocada, por las razones expuestas. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00859-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - La autoridad judicial no incurrió en los defectos alegados en contra de la sentencia que declaró con efectos ex tunc la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 pues analizó de forma razonada el principio de progresividad y la naturaleza del subsidio familiar de los integrantes de las Fuerzas Militares / AUSENCIA DE DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE - La autoridad judicial demandada analizó válidamente el principio de progresividad mencionado en los precedentes invocados

Para la entidad accionante la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 constituye una vía de hecho, (…) toda vez que restringe la aplicación del numeral 11 del artículo 189 superior, que contempla la facultad reglamentaria del Presidente de la República y además desconoce la Ley 4 de 1992, que crea el régimen especial de la Fuerza Pública. Añadió que (…) la autoridad judicial demandada (…) incurre en un error sustancial, al indicar que el subsidio familiar hace parte del régimen ordinario, pese a que el régimen de la Fuerza Pública es especial (…). Para la Sala, el mencionado defecto no se configura pues no se encuentra que la providencia demandada haya desconocido la facultad reglamentaria para expedir el decreto acusado, pues se ocupó de estudiar la naturaleza jurídica de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, para resaltar que estos fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, siendo este la autoridad con competencia para hacerlo. Asimismo, la autoridad judicial demandada estudió si efectivamente la disposición normativa constituía una desmejora en las condiciones prestacionales de los soldados e infantes de marina profesionales y por consiguiente una vulneración al principio de progresividad, frente a lo cual concluyó que la derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsaba del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión marital de hecho. (…) Por tanto, lo que se encuentra es que la autoridad judicial demandada analizó de forma razonada la incidencia del decreto demandado en el principio de progresividad, pues precisó que las disposiciones contenidas en el decreto acusado constituían per se un retroceso, ya que se trataba de una norma regresiva que afectaba el derecho al trabajo y la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Militares. (…) se encuentra que la autoridad judicial demandada sí se pronunció respecto de la naturaleza del subsidio familiar bajo la precisión de que la regulación contemplada para el régimen ordinario no era aplicable al caso concreto, pese a que la finalidad que perseguía la prestación era la misma. También se observa que la autoridad judicial cuestionada si bien no señaló de manera expresa alguna causal de nulidad específica contemplada en el Decreto 01 de 1984, sí se refirió a que las disposiciones establecidas en el decreto acusado resultaban ser contrarias a los fines esenciales del Estado y al principio de progresividad consignado en el artículo 48 superior, (…) lo que se observa es que la autoridad judicial demandada sustentó su decisión no solo de la discriminación que generaba la medida sino a partir del principio de progresividad y la prohibición de regresividad de derechos prestacionales de tal naturaleza. (…) contrario a lo manifestado por la parte impugnante, tampoco encuentra la Sala que la decisión sea carente de motivación. (...) Para la Sala, con la providencia acusada tampoco se desconoció el precedente invocado, pues en dichas sentencias se analizó el principio de progresividad (…) se advierte que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados en contra de la sentencia demandada, que declaró con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, por el cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictaron otras disposiciones, expedido por el Gobierno Nacional. En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada, que declaró la improcedencia del amparo solicitado, para en su lugar, negar la protección invocada, puesto que con la providencia demandada no se configuran los defectos alegados.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 189 - NUMERAL 11 / LEY 4 DE 1992 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 5 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULOS 32 / DECRETO 1794 DE 2000 - ARTÍCULO 11 / DECRETO 3770 DE 2009

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la acción de tutela contra providencia judicial ver: Consejo de Estado, Sala Plena, fallo de 31 de julio de 2012, exp: 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. En cuanto a la acción de tutela contra providencia judicial ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00859-01(AC)

Actor: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSORÍA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 17 de mayo de 2018, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

La petición de amparo

La ANDJE, mediante escrito radicado el 27 de octubre de 2017 en la oficina de Correspondencia de esta Corporación, ejerció acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con la sentencia del 8 de junio de 2017, emitida dentro de la acción de nulidad presentada Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los Soldados e Infantes de Marina Profesionales (SEDESOL) contra el Gobierno Nacional.

Sostuvo que a través de dicha providencia se declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 «por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones», expedido por el Gobierno Nacional.

En consecuencia, la parte actora pretende que se deje sin efectos el referido fallo, para «… en su lugar, ordenar no declarar la nulidad del Decreto 3770 de 2009; todo ello sin perjuicio de las medidas que el juez de tutela considere necesarias, pertinentes e idóneas para salvaguardar los derechos constitucionales que se ven afectados.»

La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos

Sostuvo que la Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los Soldados e Infantes de Marina Profesionales (SEDESOL), presentó demanda de simple nulidad contra el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, por el cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictaron otras disposiciones, que consagraba el subsidio familiar para soldados profesionales. Proceso radicado con el 2010-00065-00 (0686-2010).

Indicó que en única instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de junio de 2017 declaró con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, por los siguientes motivos:

«El libelista funda su primer cargo en el argumento según el cual el Decreto 3770 de 2009 no podía válidamente derogar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto que este último sería un decreto con fuerza de Ley, expedido con base en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República mediante la Ley 578 de 2000. Por consiguiente, el Decreto 3770 acusado resultaría expedido de manera irregular y por una autoridad carente de competencia.

Como ya se estudió ampliamente, la Ley 578 de 2000 no se constituye en una disposición que otorga habilitación al Presidente de la República para fijar el régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública, no solamente porque no lo contempla en sus precisas materias sobre las cuales versan dichas facultades pro tempore, sino también porque no es posible desde el punto de vista constitucional y legal autorizar al Ejecutivo Nacional para expedir leyes marco.

En efecto, como ha sido precisado anteriormente, la Ley 4 de 1992 se constituye en la Ley Marco a que se refiere el literal e, numeral 19 del artículo 150 Superior, y por tanto, es esta disposición y no la Ley 578 de 2000 la que mediante la definición de normas, objetivos y propósitos, faculta al Presidente de la República para fijar el régimen salarial y prestacional de los integrantes de la Fuerza Pública.

De manera que en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 4 de 1992 el Gobierno Nacional se encuentra facultado para expedir decretos administrativos de carácter ejecutivo, dirigidos a fijar mediante reglamento el mencionado régimen.

Fue así entonces como el Presidente de la República expidió el Decreto 1794 de 2000 con el fin último de establecer el régimen salarial y prestacional para los soldados e infantes de marina profesionales, y posteriormente emanó el Decreto 3770 de 2009, por medio del cual derogó su artículo 11.

De acuerdo con lo dicho, los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009 fueron expedidos en desarrollo de los preceptos y lineamientos consagrados en la Ley 4 de 1992, y por tanto, tienen la naturaleza jurídica de decretos reglamentarios de carácter ejecutivo que aunque con un espectro más amplio que el previsto en el artículo 189, numeral 11 de la Carta Política, no tienen la fuerza de la ley.

En ese orden de ideas, es dable concluir que tanto el acto administrativo acusado, como el Decreto 1794 de 2000 fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, siendo este la autoridad con competencia para hacerlo. En consecuencia, este cargo no estará llamado a prosperar.

Tanto el segundo como el tercer cargo planteado por el demandante, se dirigen a sostener que el Decreto 3770 de 2009 fue expedido adoleciendo de desviación de poder y falsa motivación, arguyendo la violación al principio de igualdad y no discriminación en la medida en que la norma acusada establece una desmejora en las condiciones laborales de los soldados e infantes de marina profesionales privándolos del acceso del derecho al subsidio familiar, y encubriendo una falta de planeación de los recursos requeridos para sufragar la prestación, por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

Al respecto, y con el propósito de determinar si efectivamente la disposición normativa acusada constituye una desmejora en las condiciones prestacionales de los soldados e infantes de marina profesionales, y por consiguiente, un retroceso, una vulneración al principio de progresividad y al de proscripción de no regresividad y no discriminación; la Sala entrará a determinar el alcance normativo del decreto demandado de cara a los efectos que este produce frente al Decreto 1794 de 2000.

Sobre el particular, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, estatuye:

‘Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad’. (Cursiva y subrayado ajeno al texto original)

A su vez, el Decreto 3770 de 2009, estableció en su artículo primero:

‘Artículo 1. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

Parágrafo primero. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las fuerzas militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio.

Parágrafo segundo. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% salario básico mensual + 100% prima de antigüedad mensual”. (Cursiva y subrayado ajeno al texto original)

De la revisión en conjunto de las dos disposiciones normativas transcritas es dable establecer con facilidad que la derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsa del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión marital de hecho.

El Decreto 1794 de 2000 fue publicado el 14 de septiembre de ese año en el diario oficial número 44.161, no obstante, por virtud de su artículo 17 entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2001; por su parte, el Decreto 3770 de 2009, entró a regir a partir de su publicación, esto aconteció el 30 de septiembre de ese año en el diario oficial número 47.488. Lo que significa que la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 produjo efectos jurídicos entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2009, o en otras palabras, el derecho al subsidio familiar para los soldados profesionales pervivió en el mundo jurídico por el lapso de ocho (8) años y ocho (8) meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto que lo reconoció hasta la entrada en vigencia del acto que lo derogó.

Para la Sala es claro que los soldados profesionales tuvieron reconocido el derecho objetivo al subsidio familiar por razón o con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y que contrario a lo dicho por las entidades demandadas en sus escritos de defensa, este derecho fue revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo normado en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico».

Y añadió:

«Salta a la vista entonces que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de 2009, en la medida en que desalojan del universo jurídico el derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales, constituyen per se un retroceso. Se trata de normas regresivas que afectan el derecho al trabajo y a la seguridad social de estos integrantes de las fuerzas militares, y por tanto, deben ser consideradas como inconstitucionales prima facie.

Ahora bien, dado que la sala ha considerado que las normas contenidas en el Decreto 3770 de 2009 se presumen afectadas de invalidez dado su carácter regresivo al no simplemente tornar nugatorio el derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales, sino al erradicarlo por completo y privar a un grupo poblacional de trabajadores del Estado de cualquier posibilidad de goce; se hace necesario realizar un escrutinio más riguroso respecto de la razonabilidad, legitimidad y proporcionalidad de la medida.

Cabe señalar que al considerar que la norma que garantizaba el reconocimiento y goce del derecho a la prestación del subsidio familiar de los soldados profesionales fue expulsada del ordenamiento por virtud de su derogatoria, podría pensarse que estos quedarían inmersos en la regla general de reconocimiento de dicha prestación a cualquier trabajador con bajos ingresos salariales contenida en la Ley 789 de 2002. Sin embargo, tal interpretación no es posible de realizar, toda vez que como se explicó el régimen prestacional de los integrantes de la fuerza pública es especial, habida cuenta de la necesidad de que sus integrantes alcancen la igualdad real y efectiva frente a otros trabajadores del Estado, y debido a lo riesgoso de la actividad que desempeñan.

Resulta entonces paradójico y contrario a los principios y fines esenciales del Estado que los destinatarios de un régimen especial estatuido para que sus beneficiarios alcancen la igualdad material y sean compensados por exponer su vida e integridad personal a partir del riesgo al que están sometidos en el desempeño de sus funciones, no sean sujetos activos del reconocimiento del derecho objetivo a la prestación del subsidio familiar, la que además persigue el propósito de contribuir en el alivio de las necesidades básicas de los sectores más pobres de la población, dentro de los cuales se hallan, generalmente, los soldados profesionales.»

Agregó que en la providencia cuestionada se analizó el derecho a la igualdad en los siguientes términos:

«La Sala encuentra además que la medida contenida en el decreto 3770 de 2009 encarna en sí misma un acto discriminatorio. Discriminación que se presenta en dos posibles hipótesis normativas: (i) respecto de los soldados profesionales que dentro del término de vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio familiar por haber contraído matrimonio o constituir unión marital de hecho, frente a los soldados profesionales que teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren alcanzado el expreso reconocimiento al derecho subjetivo, existiendo la probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo 11 ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse incursos en una expectativa legítima; y (ii) en relación con los soldados profesionales que contrajeron matrimonio o constituyeron unión marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia de la derogatoria del derecho a la prestación del subsidio familiar, frente a los soldados profesionales, a quienes se les reconoció el derecho a la mencionada prestación social, y se encuentran en su goce efectivo, como respecto de los suboficiales y oficiales a quienes se les reconoce dicho derecho objetivo.

En efecto, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, no solamente estipuló un derecho objetivo con vocación de subjetivación en cabeza de quienes contraigan matrimonio o constituyan una unión marital de hecho, sino que también reconoció este derecho a todos los soldados profesionales en servicio activo, por cuanto que al ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad y ser titulares del derecho a la familia tienen la probabilidad cierta de consolidar en el futuro el correspondiente derecho a la prestación del subsidio familiar.

Ahora bien en relación con la segunda hipótesis normativa mencionada, esta Corporación ha precisado anteriormente que existe un trato discriminatorio entre los miembros efectivos del ejército nacional (sic) con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 3770 de 2009, en la medida en que subsiste el reconocimiento de la prestación social del subsidio familiar a los suboficiales y oficiales del ejército y no a los soldados profesionales. De manera que el Consejo de Estado ha inaplicado, con efectos interpartes, disposiciones contenidas en actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, por considerar que conllevan a privilegiar un tratamiento desigual entre iguales, en relación con la inclusión de la prestación del subsidio familiar como factor prestacional al momento de liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales y de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, toda vez que por mandato del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, solo se reconoce dicha posibilidad cuando quien se retira del ejercicio ha prestado servicios como suboficial u oficial de las fuerzas militares.

Fue así como el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante Sentencia del 27 de octubre de 2016, cuyo Consejero Ponente fue el doctor Gabriel Valbuena Hernández, dijo lo siguiente:

‘De la norma transcrita se deduce que el subsidio familiar únicamente fue contemplado por el legislador, para ser incluido en la liquidación de la asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, mas no en la liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales, como el demandante; sin embargo, por vía jurisprudencial se ha dicho que esto constituye un trato diferenciado sin justificación razonable que redunda en una flagrante violación del principio de igualdad.

...

En relación con estas hipótesis normativas la Sala no encuentra justificación alguna que motivara la decisión del Gobierno Nacional para imponer arbitrariamente una medida regresiva que como se dijo destroza de tajo una garantía fundamental anteriormente reconocida a los soldados profesionales. Sin embargo, para proseguir en el análisis y advirtiendo que de las contestaciones de la demandas (sic) como de los alegatos de conclusión presentados por las entidades del Gobierno Nacional, no es posible advertir los fundamentos, en cuanto objetividad, razonabilidad y relación de proporcionalidad, sobre los que se sustentara la derogatoria del reconocimiento del derecho objetivo a la mencionada prestación social; se tendrá en cuenta para el efecto la consideración realizada por el demandante en el sentido de señalar que la medida derogatoria adoptada en el acto administrativo acusado bien puede obedecer a razones de índole presupuestal, frente a la sostenibilidad financiera del sistema.»

Manifestó que la autoridad judicial demandada había concluido su decisión así:

«… la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.

Por consiguiente, estos cargos estarán llamados a prosperar y se declarará la nulidad del Decreto 3770 de 2009».

Refirió que presentó junto con los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, además del Departamento Administrativo de la Función Pública, una solicitud de aclaración y adición del fallo en relación con la aplicación de los efectos ex tunc, pero que dicha petición fue negada mediante providencia del 8 de septiembre de 2017, así:

«Plantean las apoderadas del Departamento Administrativo de la Función pública y del Ministerio de Defensa Nacional la solicitud de aclaración de la Sentencia …sobre la base de discutir el alcance de los efectos de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009. Consideran que la Corporación debe ‘matizar los efectos ex tunc del fallo’, precisar las circunstancias en las que se produjeron situaciones consolidadas a la luz de los Decretos 1794 de 2000, 3770 de 2009 y 1161 de 2014; determinar las condiciones a partir de las cuales se originaron derechos adquiridos y expectativas legítimas, y finalmente, pronunciarse respecto de la ‘presunta discriminación que plante el fallo frente a personal de oficiales y suboficiales’.

Ab initio debe recordar la Sala que la Sentencia emitida el 8 de junio de 2017 respondió al ejercicio de la acción de simple nulidad y que por tanto, la tarea de la Subsección como Juez Contencioso Administrativo para esta causa se restringió a revisar la conformidad o no del acto administrativo demandado, en este caso el Decreto 3770 de 2009, con el ordenamiento jurídico superior, incluyendo por supuesto aquellas disposiciones de derecho internacional que fueron incorporados en el orden interno o hacen parte del bloque de constitucionalidad; y no el análisis de situaciones particulares y concretas, ni de vulneración o agenciamiento subjetivo de derechos. Razón por la cual mal haría que este pronunciamiento analizar casuísticas o circunstancias que deberán ser debatidas y decididas por los jueces competentes en el momento oportuno; tal como pareciera sugerirse en algunos apartes de las solicitudes de aclaración presentadas.

Asimismo, advierte la Corporación que las consideraciones realizadas por las solicitantes en torno a discutir y buscar un pronunciamiento en relación con los fundamentos sobre los cuales se consideró en su momento que el Decreto acusado vulneraba el principio de progresividad, siendo regresivo y discriminatorio, no son de buen recibo y por tanto no conducirán a lograr una manifestación de fondo, toda vez que por ninguna circunstancia se reabrirá un debate jurídico que ya fue decidido, y que una vez alcance su firmeza hará tránsito a cosa juzgada formal y material.

De otro lado, es importante precisar que el petitum central de las solicitudes de aclaración de la providencia citada, tiene génesis en los efectos de nulidad que esta acarrea, insistiendo, la parte demandante, en que esta subsección defina el sentido de haberle dado a su fallo el carácter de ex tunc.

Precisamente para evitar una controversia en este sentido, que dificultara al intérprete desentreñar el alcance del fallo producido el 8 de junio de 2017…fue que se incluyó en la parte resolutiva de la providencia, de manera explícita y precisa, que la nulidad declarada produciría efectos ex tunc. Pretender ahora que se aclare lo que está claro, es decir, que se explique el alcance de una Sentencia que declara la nulidad con efectos ex tunc, no solamente nos pondría en los terrenos de Perogrullo, sino que conllevaría a un despropósito sin igual, pues sería tanto como que se solicitara aclarar el significado de un habeas corpus o de la aplicación del principio de supremacía de la Constitución.

Por tanto, en la medida en que dichas solicitudes no se encaminan a buscar desentreñar conceptos o frases que ofrezcan verdaderos motivos de duda o pasajes oscuros relevantes o esenciales para la determinación y alcance de los mandatos dispuestos en la parte resolutiva de la providencia, sino a pretender que se cambien los efectos de la nulidad declarada so pretexto de no comprender la aplicación práctica de los mismos, estás serán ineludiblemente desestimadas.

Sin embargo, la Sala considera prudente reiterar que conforme con su inveterada y pacífica jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, se retrotae la actuación desde el momento en que se profirió el acto anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en que se encontraban antes de la expedición de dicho acto…

…

Lo dicho quiere significar que solo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de debate en sede administrativa, ora porque estuvieren demandadas o pudieren serlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa entre el momento de la expedición del acto y la sentencia proferida…

…

De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.

...»

Y agregó:

«En relación con la solicitud de adición de la Sentencia del 8 de junio de 2017, presentada por el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de la cual sostiene que en la Providencia no se hizo mención a los argumentos presentados por el demandante y que finalmente se profirió un fallo atendiendo a otras circunstancias de legalidad del acto; la Sala debe poner de presente que efectivamente se pronunció respecto de la falta de competencia atribuida al Gobierno Nacional para la expedición del Decreto acusado, así como frente a los argumentos que planteaban una desmejora en las condiciones prestacionales de los Soldados e Infantes de Marina profesionales a partir de la abolición del subsidio familiar al que tuvieran derecho, en contravía de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de 1992…»

3. Fundamento de la petición

Para la parte actora con la sentencia del 8 de junio de 2017 emitida por la autoridad judicial demandada, vulneró los derechos fundamentales invocados al considerar que con ella se incurrió en un defecto sustantivo, «decisión sin motivación» y desconocimiento del precedente «horizontal».

Sostuvo que se encuentra legitimada en la causa por activa para el ejercicio de esta acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1444 de 2011, del artículo 6º, numeral 3, literales i) y vi) del Decreto Ley 4085 de 2011, el Decreto 1365 de 2013 y del artículo 610 del Código General del Proceso.

i) Defecto sustantivo:

Adujo que existe una estructura normativa constitucional y legal que organiza el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, según lo dispuesto, entre otras, en numeral 19, letra e) del artículo 150 y el artículo 217 de la Constitución Política, el letra d) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, el Decreto Ley 1211 de 1990, el Decreto Ley 1796 de 2000 y la Ley 923 de 2004.

Manifestó que con el fallo del 8 de junio de 2007, al analizar la legalidad del mencionado decreto incurre en un error sustancial al considerar que el subsidio familiar hace parte del régimen prestacional ordinario, luego de realizar el estudio de la sinopsis del régimen especial de la Fuerza Pública y el régimen ordinario del Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

ii) «Decisión sin motivación»:

Señaló que la providencia demandada no se pronunció frente a por qué el subsidio familiar del régimen ordinario es igual al subsidio familiar de las Fuerzas Militares, pues conforme al principio de progresividad no se podía extender tal prerrogativa ni los efectos de esta para los demás servidores públicos.

Agregó que tampoco se mencionó cuál fue la causal de nulidad prevista en el Código Contencioso Administrativo, en virtud de la cual declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y que si bien se indicó que se configuraba una vulneración al derecho a la igualdad, esto no se desarrolla.
Añadió que con la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 revive el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo que con ello se genera la existencia de dos normas que regulan una misma situación pero de forma diferentes, sumado a que tampoco explica por qué le confirió efectos ex tunc a su decisión, si existe una norma aplicable al caso ni el impacto negativo al patrimonio público que se genera.

iii) Desconocimiento del precedente «horizontal»:

Precisó que la autoridad judicial demandada indicó en su decisión que se había desconocido el principio de progresividad que rigen los derechos económicos, sociales y culturales al derogar el subsidio familiar de las Fuerzas Militares, por ser esta una prestación social que integra la seguridad social; sin embargo, tal conclusión es contraria a la jurisprudencia constitucional que desarrolla tal mandato de optimización.

Citó, para sustentar lo anterior, las sentencia C-791 de 2002 y C-629 de 2011 y afirmó que el precedente que se invocó en la sentencia cuestionada, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, no resulta aplicable al caso concreto.

Concluyó que sus derechos fundamentales se vulneraron, por cuanto: i) se estudió de manera equivocada el régimen especial de la Fuerza Pública, al asimilar el subsidio familiar de estos al del régimen ordinario, se incurrió en una interpretación errada del principio de progresividad y iii) porque la decisión genera un vacío normativo, en cuanto revive el artículo 11 del Decreto 794 de 2000 y no es consecuente con la existencia del Decreto 1161 de 2014, el cual en su artículo 1° crea nuevamente el subsidio familiar para miembros del Ejército Nacional.

Sostuvo que como consecuencia de la sentencia que se demanda se presentan dos normas que regulan una misma materia con características y requisitos diferentes, lo cual genera una inseguridad jurídica, además del impacto fiscal de $666.436.867.440, frente a lo cual tampoco se pronunció la autoridad judicial demandada. Que dicha cifra corresponde a los montos presupuestales que por la vigencia fiscal el estado deberá apropiar desde la «…derogatoria del artículo 11 del Decreto 794 de 2000 por el Decreto 3770 de 2009».

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia del 2 de abril de 2018 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como a la Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los soldados e infantes de marina profesionales SEDESOL, y a los «…demandados y terceros interesados en el proceso identificado bajo el radicado N° 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-2010)».

5. Argumentos de defensa

5.1 Magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

A pesar de su notificación, la autoridad judicial guardó silencio.

5.2 Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública

Esta entidad manifestó que coadyuvaba la acción de tutela instaurada por la agencia accionante, por lo que solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados por la ANDJE.

Hizo referencia al marco normativo (Decretos 1794 de 2000, 3770 de 2009 y 1161 de 2014) y jurisprudencial del subsidio militar para las Fuerzas Militares, para resaltar con la providencia demandada no se ocupó de analizar el origen de la medida ni la finalidad perseguida con el Decreto 3770 de 2009, pues este ofrece una nueva lectura de los factores a considerar para el pago del subsidio familiar, así: «4% salario básico mensual + 100% prima de antigüedad mensual». Al respecto agregó:
«En efecto, mientras el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establecía el pago del subsidio familiar en un porcentaje del cuatro por ciento (4%) de la sumatoria del salario básico mensual y prima de antigüedad mensual, en la práctica, por una indebida interpretación de la norma, al soldado profesional de las Fuerzas Militares venía siéndole reconocido como subsidio familiar el 4% del salario básico mensual, más el 100% del valor de la prima de antigüedad mensual, que da un resultado totalmente diverso regulado en el Decreto 1994 de 2000, con altísimas implicaciones presupuestales.»

Manifestó que, por lo anterior, es erróneo considerar que el decreto anulado es regresivo o infractor del principio de progresividad laboral, cuando en realidad otorga beneficios complementarios y progresivos frente a la fórmula liquidatoria prevista en el régimen anterior, pue precisamente se expidió ante la interpretación errada que hizo carrera al interior de la Fuerza Pública y la problemática laboral de los soldados profesionales, que no pudo ser conjurada.

Señaló que a la sentencia cuestionada, que declara la nulidad del Decreto 3770 de 2009, no puede dársele un efecto ex tunc sin los condicionamientos que derivan del hecho de que el Decreto 1794 de 2000 no solo estaba derogado por el primero, sino que había sido subrogado por el Decreto 1161 de 2014 respecto de los soldados e infantes de marina profesionales, lo cual impide la «reviviscencia» del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para el reconocimiento del subsidio militar de dicho personal.

5.3 Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Indicó que coadyuva a la agencia accionante para que se deje sin efectos la providencia cuestionada, para lo cual precisó que la providencia demandada le da vida, aparentemente, a la disposición normativa que en materia de subsidio familiar se encontraba establecida en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin hacer claridad que dicha norma se encontraba subrogada por el Decreto 1161 de 2014, la cual no fue demandada ni ha sido anulada.

5.4 Nación, Ministerio de Defensa Nacional
Esta cartera también señaló que coadyuva la acción de tutela, al considerar que en la sentencia cuestionada se interpretó de manera errada el principio de progresividad y que si dispuso que los efectos serían ex tunc, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado, lo cierto es que no hizo claridad frente a los derechos adquiridos del personal destinatario de una u otra norma, por lo indica que es necesario que se aclare tal efecto.

5.4 La Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los Soldados e Infantes de Marina Profesionales (SEDESOL)

Sostuvo que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no tiene legitimación en la causa por activa, por cuanto la abogada que presentó la acción de tutela no cuenta con un poder que la faculte para ello. Al respecto, indicó.

«La apoderada argumenta que tiene competencia para intervenir en cualquier estado, de cualquier proceso y ante cualquier jurisdicción, eso es cierto, pero olvida que este no es un proceso en curso, lo está iniciando ella en nombre y representación de tres entidades públicas sin tener poder para ello.»

Hizo un recuento normativo de la naturaleza del subsidio familiar, para resaltar que el Ministerio de Defensa Nacional ha querido evadir la responsabilidad del cumplimiento de lo ordenado por la ley, ya que el decreto anulado implica un retroceso en el reconocimiento del merecido subsidio familiar.

5.6 Edil Mauricio Beltrán Pardo

El señor Beltrán Pardo intervino en su condición de coadyuvante en la demanda de nulidad interpuesta en contra del Decreto 3770 de 2009 y precisó que con su expedición el presidente incurrió en una desviación de poder, pues con dicha disposición se vulneró la garantía de la protección integral de la familia contenida en el inciso 2° del artículo 42 superior, así como las contempladas en los artículos 13, 44 y 53 ibidem.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante fallo del 17 de mayo de 2018, declaró improcedente la solicitud de amparo, por las siguientes razones:

Resolvió el argumento relacionado con la falta de legitimación en la causa por activa de la entidad accionante de la siguiente manera:

«Contrario a lo que sostiene el apoderado de la Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los Soldados e Infantes de Marina Profesionales ‘SEDESOL’, de la lectura integral de la Ley por medio de la cual se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de lo señalado en los artículos 2, 3 y 6-3 del Decreto-Ley 4085 de 2011 y demás normas que lo han modificado y/o adicionado, que establecen los objetivos, el alcance de la defensa jurídica del Estado y funciones, en consonancia con lo consagrado en artículo 610 del Código General del Proceso, la ANDJE tiene legitimación en la causa por activa para presentar la presente tutela, sin que la Nación-Ministerio de Defensa- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, tuvieran que haberle conferido un poder expreso para presentarla.

Sumado a lo anterior, en sus pronunciamientos, tanto el Ministerio de Defensa Nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, manifestaron su expresa coadyuvancia a las pretensiones y argumentos de la tutela. Lo que convalida aún más la legitimación por activa de la ANDJE.»

Señaló que para el caso concreto se estaba ante la causal de improcedencia establecida en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, conforme a la cual, la acción de tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Al respecto, agregó:

«4.1.1. La referida norma habla de la improcedencia contra acto, mas no especifica la naturaleza del mismo, pero lo que sí concreta es que ese acto tenga efectos de carácter general, impersonal y abstracto.

En el presente asunto, la providencia objeto de censura fue dictada dentro de un proceso de simple nulidad consagrado en el artículo 84 del C.C.A., a través de la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, por el cual el Gobierno nacional derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictó otras disposiciones.

Lo que significa que se trata de un acto judicial de efectos generales, erga omnes, impersonal y abstracto, proferido en aras de mantener la legalidad, que comportó la desaparición del ordenamiento jurídico del Decreto 3770 de 2009 frente a todo el mundo, sin que implique el restablecimiento del derecho de una persona en particular, contrario a lo que sí sucede en los fallos proferidos dentro del contencioso subjetivo de nulidad, que tienen efectos inter partes.»

Sostuvo que la Sección Cuarta, en un caso igual al presente, donde se cuestionó vía tutela una sentencia de simple nulidad dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo constitucional, por similares razones a las que se asumen en la presente decisión.

Reiteró que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 es enfático en señalar que no procede la tutela cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Y estas características son propias de la sentencia que define una acción de simple nulidad, que decide sobre la legalidad de un acto administrativo de carácter general, como ocurre con la sentencia del 8 de junio de 2017 que se cuestiona, a través de la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Resaltó que regla semejante fijó la Corte Constitucional en la Sentencia SU 391 de 2016, cuando se refirió a la improcedencia general de las acciones de tutela contra decisiones que profiere esa corporación, y en mismo Consejo de Estado, cuando ejerce la función de control abstracto de constitucionalidad.

Precisó que en este caso, al tratarse de una tutela contra una providencia de una Alta Corte como es el Consejo de Estado, la procedencia del amparo constitucional, como se dijo en precedente acápite, es más restrictiva, debido a que esta Corporación es la encargada de unificar la jurisprudencia en la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.

Agregó que no se evidenciaba que la decisión adoptada en la providencia censurada entrañara un error ostensible, flagrante y manifiesto, que riñera de manera directa con la Constitución Política, que justifique la intervención del Juez constitucional, pues por el contrario, se advertía que la argumentación expuesta en la sentencia del 8 de junio de 2017, para asumir la decisión que se tomó por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es consecuente con claros mandatos contenidos en nuestro estatuto superior.

Manifestó que lo que se vislumbraba era que la parte actora pretendía que el Juez de tutela obrara como una instancia adicional, lo que, en sí mismo, también generaba improcedencia del amparo.

7. La impugnación

7.1 Parte actora

Mediante escrito recibido electrónicamente el 28 de mayo de 2018 la ANDJE impugnó el fallo de primera instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

Hizo referencia a las pretensiones de su escrito inicial de tutela, así como del argumento principal por la cual el a quo consideró que la acción de tutela no era procedente para cuestionar actos de carácter general, conforme a la causal del numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

Indicó que en la sentencia impugnada se determinó que como la citada norma no definía la naturaleza de los actos, la sentencia de nulidad simple del Decreto 3770 de 2009 era un acto general, impersonal y abstracto, ya que analizó la legalidad de aquella.

Sostuvo que también se había referido en la mencionada providencia que la sentencia cuestionada por tener efectos erga omnes es un acto general, impersonal y abstracto y, en tal sentido, la solicitud de amparo era improcedente.

Citó las sentencias T-321 de 1993, T-815 de 2000, T-982 de 2000, T-710 de 2007 y T-532 de 2008, para resaltar el alcance que la Corte Constitucional le ha dado al numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. De lo cual concluyó:

«1. En todos los casos se refiere a actos, nunca hace relación a la aplicación de la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por ser un acto de carácter general, indeterminado y abstracto.

2. La improcedencia contra actos generales, indeterminados y abstractos, aplica cuando se interpone una acción de tutela contra un decreto o acto administrativo y siempre y cuando de su aplicación no se derive una vulneración a un derecho fundamental. Es decir, no se limita su procedencia contra una sentencia de nulidad simple.

3. En el presente asunto, se interpuso una acción de nulidad simple contra el Decreto 3770 de 2009, caso contrario hubiese sido que se interpusiera una acción de tutela contra el Decreto…pero en el presente asunto la tutela es contra la providencia judicial…».

Manifestó que el argumento con el que falló la Sección Cuarta carece de fundamento, en cuanto le asigna una interpretación que es contraria a la norma y las sentencias de la Corte Constitucional, en cita.

Señaló que las sentencias son providencias judiciales no son actos, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 278 del Código General del Proceso, aquellas son las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien.

Precisó que las sentencias y los actos son dos instrumentos jurídicos diferentes, toda vez que las «…sentencias son providencias mediante las cuales se toman decisiones dentro de un proceso judicial y se resuelven las pretensiones de la demanda, entre otras. Por su parte los actos generales crean, modifican o extinguen una situación jurídica respecto de personas que no se encuentra[n] previamente definidas por la actuación.»

Solicitó que se revisara el argumento sobre el cual la Sección Cuarta sustentó la improcedencia de la acción de tutela, puesto que es una interpretación contraria la jurisprudencia y a la misma norma, al asignarle una categoría a la sentencia que no tiene.

Manifestó que la sentencia demandada incurrió en un defecto sustantivo, puesto que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 sí constituye una vía de hecho, ostensible, flagrante y manifiesta, toda vez que restringe la aplicación del numeral 11 del artículo 189 superior, que contempla la facultad reglamentaria del Presidente de la República y además desconoce la Ley 4ª de 1992, que crea el régimen especial de la Fuerza Pública.

Señaló que el artículo 1° de la Ley 4ª de 1992 contempla que el Gobierno Nacional fijará el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública y, que este, en uso de facultad reglamentaria, puede expedir los respectivos decretos.

Añadió que el fallo del 8 de junio de 2017 la autoridad judicial demandada al estudiar la legalidad del Decreto en mención incurre en un error sustancial, al indicar que el subsidio familiar hace parte del régimen ordinario, pese a que el régimen de la Fuerza Pública es especial, que se regula con beneficios y reconocimientos diferentes.

Adujo que con la sentencia cuestionada también se incurrió en una «decisión sin motivación», por cuanto varias de las decisiones emitidas por la autoridad judicial demandada carecían de sustento, en la medida que no fueron explicados en ningún momento los siguientes aspectos:

i) El por qué el subsidio familiar del régimen ordinario es igual al de las Fuerzas Militares, a partir del análisis del principio de progresividad.

ii) El fallo no relaciona cuál fue la causal de nulidad, ya que en ninguna parte concluye que con la disposición prevista en el Decreto 3770 de 2009 se configurara algún vicio.

iii) La sentencia señala que vulnera el principio de la igualdad, pero no lo desarrolla, en tanto que las características de los distintos regímenes no se puede asimilar.

iv) En el análisis jurídico del caso, la autoridad judicial demandada reconoce que existe en el ordenamiento jurídico el decreto 1161 de 2014, a través del cual se creó el subsidio familiar.

De manera que, al declararse la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos retroactivos, se revive el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo cual genera la «…existencia en el ordenamiento jurídico de dos normas para una misma situación con características diferentes y, el fallo no explica por qué otorgarle efectos ‘ex tunc’ si actualmente existe una norma que regula la materia… ».

Sostuvo que el fallo acusado se desconoció el precedente «horizontal», el cual sustentó así:

«Según se indicó previamente en este escrito, la misma Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado, quien profirió el fallo hoy objeto de la acción de tutela, argumenta que se desconoció el principio de progresividad que rigen los derechos económicos, sociales y culturales al derogar el subsidio familiar de las Fuerzas Militares, por ser esta una prestación social parte de la seguridad social.

No obstante, tal conclusión, es contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desarroll[ó] el principio de progresividad, para garantizar la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales bajo supuestos de no regresividad. En cuanto, el principio de progresividad no es absoluto.»

Indicó que si bien la jurisprudencia constitucional reconoce que el subsidio familiar es una especie dentro del género de los derechos prestacionales de seguridad social, establece que la progresividad en su cobertura, puede ser objeto de medidas regresivas, en cuanto puede presentarse, por ejemplo, una crisis económica y déficit presupuestal.

Afirmó que en el fallo demandado se señaló que no es suficiente la explicación que adujeron las entidades demandadas, al manifestar que la motivación de la derogación del subsidio familiar obedeció a dificultades fiscales, razón por la que, a su juicio, se desconoce el precedente constitucional, que establece que una de las razones para aceptar la regresión de un derecho prestacional podrá ser un déficit presupuestal.

Refirió que el principio de progresividad en los casos de subsidio familiar de la Fuerza Pública no debe aplicarse de forma general, en la medida que cada una de ellas tiene reglas diferentes en relación con tal prestación- Agregó que la sentencia a la que aludió la autoridad judicial cuestionada –que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004- no es pertinente ni constituye precedente para el asunto bajo análisis.

Precisó que la providencia demandada estudió de manera equivocada el régimen especial de la Fuerza Pública, al establecer que el subsidio familiar que se les reconoce a los miembros de dicha fuerza es similar al subsidio familiar del régimen ordinario, ya que con ello se desconoce la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional en temas prestacionales y en la jurisprudencia constitucional.

Manifestó que la decisión demandada genera un vacío normativo en tanto que se produce una «reviviscencia» del artículo 11 del Decreto 794 de 2000 y tampoco es consecuente con la existencia del decreto 1161 de 2014, el cual en su artículo 1° crea nuevamente el subsidio familiar para miembros de la Fuerza Pública del Ejército nacional.

Señaló que tal «reviviscencia» ocasionaría un impacto fiscal de $666.436.867.440, lo cual no fue objeto de análisis por la autoridad judicial demandada. Agregó que dicha cifra corresponde a los montos presupuestales que por vigencia fiscal el Estado deberá apropiar desde la derogatoria del artículo 11 del decreto 794 de 2000 por el Decreto 3770 de 2009.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2° del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo proferido el 17 de mayo de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que como en la providencia cuestionada se declaró la nulidad de un acto general, resultaba aplicable la causal establecida en el numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela no procederá cuando se trate de actos de tal naturaleza.

3. Caso concreto

Para la entidad actora la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente horizontal con la sentencia del 8 de junio de 2017, emitida dentro de la acción de nulidad presentada SEDESOL contra el Gobierno Nacional, a través de la cual se declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 «por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».

El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que se configuraba la causal establecida en el numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que indica que la acción de tutela no procederá cuando se trate de actos generales, impersonales y abstractos, pues la providencia demandada anuló un acto de tal naturaleza.

Además, el juez constitucional de primera instancia sostuvo que como se cuestionaba una sentencia emitida por una Alta Corte su procedencia era más restrictiva y que por demás, dicha providencia no entrañaba un error ostensible, flagrante ni manifiesto que contrariara de manera directa la Constitución.

Con la impugnación la parte actora reiteró los argumentos expuestos en su solicitud de amparo, de lo cual resaltó que la providencia demandada incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente horizontal.

En atención a que el a quo declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el sustento de que se configuraba la aludida causal del numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, debe indicarse que esta hace referencia es a los actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, mas no a decisiones judiciales que analicen la legalidad de los mismos.

De manera que, el fundamento sobre el cual basó la improcedencia el juez constitucional de primera instancia resulta desacertado, ya que no corresponde a los requisitos que jurisprudencialmente se ha establecido para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, resulta necesario precisar lo siguiente:

3.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.».

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…».

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

3.2 Examen de los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Procedencia adjetiva

Para comenzar el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada se profirió dentro de un proceso de nulidad. De manera que, se cumple el requisito de que no se trate de tutela contra tutela.

Asimismo, se advierte que no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertirla, ya que se demanda la sentencia de única instancia emitida dentro del referido proceso.

Tampoco se observa que los reproches formulados por la tutelante tengan identidad con las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia.

En lo que respecta al parámetro de la inmediatez, la Sala advierte que la sentencia cuestionada proferida el 8 de junio de 2017, quedó debidamente ejecutoriada con la de la providencia que resolvió la solicitud de aclaración del 8 de septiembre de 2017. Es decir, que como esta última se notificó por estado el 21 de septiembre de 2017, cobró ejecutoria 3 días después, el 26 de septiembre de la misma anualidad, por lo que la solicitud de amparo se presentó oportunamente el 21 de marzo de 2018.

Así las cosas, como la acción de tutela superó los requisitos generales de procedibilidad de la tutela, la Sala resolverá si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados.

6. Estudio de fondo del caso

De manera que, para la entidad actora la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente horizontal con la sentencia del 8 de junio de 2017, la cual declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 «por el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».

Al respecto, debe indicarse que el a quo también señaló en el fallo impugnado que dicha decisión no entraba un error ostensible, flagrante ni manifiesto que justificara la intervención del juez constitucional, pues por el contrario, sus argumentos fueron consecuentes con los mandatos superiores.

Por tanto, se analizarán los argumentos que la parte actora reiteró con su impugnación de la siguiente manera:

Defecto sustantivo

Para la entidad accionante la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 sí constituye una vía de hecho, ostensible, flagrante y manifiesta, toda vez que restringe la aplicación del numeral 11 del artículo 189 superior, que contempla la facultad reglamentaria del Presidente de la República y además desconoce la Ley 4ª de 1992, que crea el régimen especial de la Fuerza Pública.

Añadió que el fallo del 8 de junio de 2017 la autoridad judicial demandada al estudiar la legalidad del Decreto en mención incurre en un error sustancial, al indicar que el subsidio familiar hace parte del régimen ordinario, pese a que el régimen de la Fuerza Pública es especial, que se regula con beneficios y reconocimientos diferentes.

Para la Sala, el mencionado defecto no se configura pues no se encuentra que la providencia demandada haya desconocido la facultad reglamentaria para expedir el decreto acusado, pues se ocupó de estudiar la naturaleza jurídica de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, para resaltar que estos fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, siendo este la autoridad con competencia para hacerlo.

Asimismo, la autoridad judicial demandada estudió si efectivamente la disposición normativa constituía una desmejora en las condiciones prestacionales de los soldados e infantes de marina profesionales y por consiguiente una vulneración al principio de progresividad, frente a lo cual concluyó que la derogatoria contemplada en el Decreto 3770 de 2009 expulsaba del mundo jurídico, a partir de su entrada en vigencia, la prerrogativa estatuida con el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000, consistente en el reconocimiento de la prestación del subsidio familiar para los soldados profesionales que para ese momento hubieren contraído matrimonio o tuvieren unión marital de hecho.

Adicionalmente, se observa que en la sentencia demandada se estableció que la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 produjo efectos jurídicos entre el 1° de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2009, o en otras palabras, el derecho al subsidio familiar para los soldados profesionales pervivió en el mundo jurídico por el lapso de 8 años y 8 meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto que lo reconoció hasta la entrada en vigencia del acto que lo derogó.

De manera que, se encuentra que en la sentencia demandada también se advirtió que era claro que los soldados profesionales tuvieron reconocido el derecho objetivo al subsidio familiar por razón o con ocasión de la previsión contenida en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y que este derecho fue «…revertido, eliminado y suprimido por virtud de lo normado en el artículo 1 del Decreto 3770 de 2009, acto posterior que al derogar la disposición que lo reconocía cesó por completo su vigencia al expulsarla del ordenamiento jurídico».

Por tanto, lo que se encuentra es que la autoridad judicial demandada analizó de forma razonada la incidencia del decreto demandado en el principio de progresividad, pues precisó que las disposiciones contenidas en el decreto acusado constituían per se un retroceso, ya que se trataba de una norma regresiva que afectaba el derecho al trabajo y la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Militares.

«Decisión sin motivación»

Para la actora la providencia acusada no se pronunció respecto de los siguientes aspectos:

i) El por qué el subsidio familiar del régimen ordinario es igual al de las Fuerzas Militares, a partir del análisis del principio de progresividad.

ii) El fallo no relaciona cuál fue la causal de nulidad, ya que en ninguna parte concluye que con la disposición prevista en el Decreto 3770 de 2009 se configurara algún vicio.

iii) La sentencia señala que vulnera el principio de la igualdad, pero no lo desarrolla, en tanto que las características de los distintos regímenes no se puede asimilar.

iv) En el análisis jurídico del caso, la autoridad judicial demandada reconoce que existe en el ordenamiento jurídico el Decreto 1161 de 2014, a través del cual se creó el subsidio familiar.

Para la Sala tales cuestionamientos carecen de veracidad, ya que la autoridad judicial demandada se encargó de analizar la naturaleza del subsidio en cuestión a partir del régimen especial salarial y prestacional de los soldados e infantes de marina profesionales, para lo cual destacó su finalidad, en razón de las cargas familiares y de los niveles de ingreso precarios de estos miembros. Al respecto, en la sentencia cuestionada se consideró:

«Las disposiciones antes puestas de presente, que establecen la regulación ordinaria de esta prestación social, no resultan ser aplicables respecto de los integrantes de la Fuerza Pública, pues como ya se ha explicado, el régimen salarial y prestacional de los soldados e infantes de marina profesionales es de carácter especial, requiriendo, por ende, para la implementación del subsidio de una normativa particular, como en efecto se consagró en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, las consideraciones efectuadas respecto de la naturaleza, principios, teleología, propósito y objetivos que persigue esta prestación social desde su creación hasta nuestros tiempos son perfectamente observables y atendibles tratándose de analizar su alcance frente a su reconocimiento para con estos servidores públicos del Estado».

De manera que, se encuentra que la autoridad judicial demandada sí se pronunció respecto de la naturaleza del subsidio familiar bajo la precisión de que la regulación contemplada para el régimen ordinario no era aplicable al caso concreto, pese a que la finalidad que perseguía la prestación era la misma.

También se observa que la autoridad judicial cuestionada si bien no señaló de manera expresa alguna causal de nulidad específica contemplada en el Decreto 01 de 1984, sí se refirió a que las disposiciones establecidas en el decreto acusado resultaban ser contrarias a los fines esenciales del Estado y al principio de progresividad consignado en el artículo 48 superior, para lo cual reforzó sus argumentos en las normas de carácter internacional que prohíben la regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los Principios de Limburgo de 1987 y las Directrices de Maastricht de 1997, las Observaciones Generales del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

Por tanto, se considera que en la sentencia demandada se analizó no solo la afectación de dicho mandato de optimización sino respecto de la discriminación que encarnaba en sí mismo el decreto demandado, para concluir que este impuso una medida regresiva que destrozaba de tajo una garantía fundamental anteriormente reconocida a los soldados profesionales.

Al respecto, lo que se observa es que la autoridad judicial demandada sustentó su decisión no solo de la discriminación que generaba la medida sino a partir del principio de progresividad y la prohibición de regresividad de derechos prestacionales de tal naturaleza. Lo cual fundamentó también al mencionar que el Gobierno Nacional había intentado enmendar el exabrupto constitucional con la expedición del Decreto 1161 de 2014, por medio del cual «se creó» el subsidio familiar para dichos miembros de las Fuerzas Militares.

Así las cosas, contrario a lo manifestado por la parte impugnante, tampoco encuentra la Sala que la decisión sea carente de motivación.

Desconoció el precedente «horizontal»:

Para la ANDJE la providencia demandada es contraria a la jurisprudencia constitucional que desarrolla el principio de progresividad. Para lo cual citó las sentencia C-791 de 2002 y C-629 de 2011 y afirmó que la el precedente que se invocó en la sentencia cuestionada, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, no resulta aplicable al caso concreto.

Para la Sala, con la providencia acusada tampoco se desconoció el precedente invocado, pues en dichas sentencias se analizó el principio de progresividad, según el cual los Estados partes se comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. En relación con dicha garantía, la Corte Constitucional ha señalado:

«El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social.»

En efecto, lo que se observa es que con fundamento en dicho mandato de optimización la autoridad judicial demandada analizó la controversia suscitada entre las partes que concluyó con la declaratoria del Decreto 3770 de 2009, por ser contrario a los fines esenciales del Estado y del principio de progresividad, antes mencionado.

Así las cosas, se concluye que las razones esgrimidas por la parte demandante se limitan a exponer su desacuerdo frente a la decisión judicial que profirió la autoridad demandada, pero no logró demostrar que los argumentos esgrimidos por esta fueran arbitrarios, caprichosos o se aparten del ordenamiento jurídico, pues dio prevalencia a los mandatos constitucionales que orientan la actividad judicial. Admitir lo contrario conduciría a desconocer los principios de autonomía e independencia judicial protegidos por el artículo 228 de la Constitución Política.

Por lo que, se advierte que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados en contra de la sentencia demandada, que declaró con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, por el cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictaron otras disposiciones, expedido por el Gobierno Nacional.

En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada, que declaró la improcedencia del amparo solicitado, para en su lugar, negar la protección invocada, puesto que con la providencia demandada no se configuran los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO Modifícase la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo, para en su lugar, negar la protección invocada, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausente con permiso

Al respecto, debe precisarse que mediante auto del 6 de junio de 2018, el a quo concedió la impugnación presentada por la parte accionante y, a su vez, rechazó por extemporánea la interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Proceso que se identificó con el radicado 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10).
La cual se notificó por estado el 21 de septiembre de 2017 (folio 186 anverso del expediente ordinario).
Negrilla y subrayado dentro del texto original.
Folio 27.
Asimismo, tuvo como coadyuvantes de la parte atora al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento Administrativo de la Función Pública.
Fallo de tutela del 22 de septiembre de 2016, emitido dentro del expediente 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00).
«En el caso que revisó la Corte Constitucional en sentencia T-282 de 1996, que mutatis mutandis aplica para el presente asunto, señaló que era improcedente el amparo contra la sentencia que decide una acción de inconstitucionalidad, anotando que la acción de tutela “tiene viabilidad contra las providencias que definen conflictos “inter partes”, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de la acción pública de inconstitucionalidad que tiene efectos “erga omnes” y validez normativa general. Sería absurdo que por ejemplo, declarada una inexequibilidad, por la Corte Constitucional, pudiera un Juez de tutela mediante un fallo que no tiene efecto “erga omnes” sino “inter partes” permitir que para el solicitante no operara la inexequibilidad y para las demás personas sí”. (Subrayas y resaltado ajenas al texto transcrito)».

Al respecto, debe precisarse que mediante auto del 6 de junio de 2018, el a quo concedió la impugnación presentada por la parte accionante y, a su vez, rechazó por extemporánea la interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo hizo referencia a la sentencia del 23 de agosto de 2007 emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se estudió el concepto y diferencias de los actos generales.
Al respecto, hizo referencia a la sentencia T-302 de 2008 de la Corte Constitucional.
Citó las sentencias C-629 de 2011 y C-791 de 2002.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ibidem.
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.
Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil (hoy 302 CGP)
Sentencia C-038 de 2004.

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