Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2021-11570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11570-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de mayo de 2022
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11570-01
Demandante: AMPARO TOLOZA CAMPUZANO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Improcedencia de la acción para cuestionar
un Acto Legislativo que es una norma de carácter general,
impersonal y abstracto – Carencia actual de objeto por
sustracción de materia o existencia de una situación
sobreviniente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 18 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera –
Subsección “A”, que i) accedió a la solicitud de desvinculación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o señor Presidente de la
República, de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social; ii) negó la solicitud de desvinculación
presentada por el Consejo Nacional Electoral; iii) declaró improcedente la acción
de amparo en lo referente a los cuestionamientos efectuados con ocasión de la
aplicación del Acto Legislativo 02 de 2021; y iv) negó la petición de amparo frente
a la inscripción de la actora para ser elegida en alguna de las 16 curules para las
Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 9 de diciembre de 2021, la señora Amparo Toloza Campuzano, ejerció
acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Registraduría Nacional
del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la
Nación, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Defensoría del Pueblo, con el fin de
que se le protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
participación política, a elegir y ser elegido, a la igualdad y a la reparación integral,
así como los principios de buena fe y confianza legítima, presuntamente
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
vulnerados por las accionadas, al dar aplicación al Acto Legislativo 02 del 25 de
agosto de 2021, el cual impide su inscripción como candidata a las
Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz.
1.2. Pretensiones
2. La tutelante incluyó las siguientes pretensiones:
“Sírvase ordenar su señoría se aplique el mecanismo transitorio de perjuicio
irremediable, en el sentido de autorizar de manera, la inscripción de la
suscrita ciudadana como candidata para la circunscripción especial de paz,
toda vez que el periodo de inscripciones finaliza el 13 de diciembre hogaño;
en razón a que la disposición contenida en el artículo 5 transitorio del acto
legislativo, viola los derechos fundamentales contenidos en el artículo 40 de
la constitucional nacional “todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este
derecho puede: ELEGIR Y SER ELEGIDO-.” (Sic para todo lo transcrito)
3. Como medida provisional en sede de tutela, la accionante solicitó se autorizara
su inscripción como candidata atendiendo a que el término para realizar tal
actuación vencía el 13 de diciembre de 2021.
1.3. Hechos expuestos por la parte actora
La accionante sustentó la petición de amparo en los siguientes hechos:
4. Afirmó que tiene la calidad de desplazada por la violencia que se presentó en
los departamentos de Bolívar y Magdalena, lo cual acreditó con el Registro
Único de Víctimas.
5. Señaló que en el año 2019 aspiró a la Asamblea de Bolívar en consideración
a que las circunscripciones especiales de paz no se habían implementado.
6. Precisó que le fue imposible inscribirse como candidata para una de las
referidas curules, con ocasión de la inhabilidad consagrada en el parágrafo 2º
del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 02 de 2021, en virtud del cual
“Parágrafo 2°. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos
elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica; o quienes lo hayan sido por un
partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años
anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos,
durante el último' año”.
1.4. Sustento de la vulneración
7. La tutelante manifestó su inconformidad con la regulación contenida en el Acto
Legislativo 02 de 2021 y concretamente con la inhabilidad consagrada en el
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
precepto citado, pues la incursión en la misma le impidió postularse para una de
las curules ofertadas.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto inadmisorio de la demanda
8. En providencia del 16 de diciembre de 2021 se inadmitió la demanda, por
cuanto el despacho ponente de primera instancia advirtió que el libelo no ofrecía
certeza sobre los hechos ni las pretensiones que persigue la accionante ni sobre
la actuación u omisión que según la actora constituye la causa de la vulneración
de sus derechos fundamentales, como tampoco encontró claridad en torno a “las
prerrogativas que estima le han sido vulneradas o las entidades transgresoras de sus
derechos”.
9. Con fundamento en lo anterior, le concedió a la parte actora el término de tres
(3) días para subsanar la demanda.
10. El auto inadmisorio se notificó el 27 de enero de 2022 y con fundamento en el
mismo la accionante en el término concedido presentó escrito subsanando las
irregularidades advertidas, en el cual precisó que su solicitud estaba encaminada
a que se autorizara su inscripción como candidata a una de las 16 curules de paz,
para lo cual ejerció oportunamente la presente acción y como consecuencia de la
omisión del juez constitucional de resolver en término la medida cautelar solicitada
y el término previsto en el ordenamiento para dictar sentencia venció, sin que
pudiera hacerlo.
1.5.2. Auto admisorio de la demanda
11. Mediante auto de ponente, dictado el 2 de febrero de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a la parte actora y a la Presidencia de la
República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional
Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad para la Atención y
Reparación de las Víctimas, al Departamento para la Prosperidad Social y a la
Defensoría del Pueblo, como autoridades accionadas.
12. En esta oportunidad se negó la medida cautelar solicitada, sobre la base de
considerar que “la pretensión de la accionante está encaminada a que se le permita
realizar la inscripción de su candidatura en las elecciones previstas para las
Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz. Sin embargo, el plazo previsto para
el efecto finalizó el 13 de diciembre de 2021. Aunado a lo anterior, se advierte que una
decisión al respecto está sujeta a determinar, sí, en efecto, la accionante se encuentra
incursa en una inhabilidad, de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 02 del 25
de agosto de 2021, es decir, que la adopción de una medida cautelar sobre el particular
constituiría un prejuzgamiento.”
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
13. En la misma providencia se dispuso comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos y para los efectos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
1.5.3. Intervenciones de las autoridades accionadas
1.5.3.1. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las
Víctimas
14. Por intermedio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la entidad informó que la
actora solicitó certificación sobre la calidad de víctima, para efectos de inscribirse
como candidata y la respuesta se le entregó el 15 de diciembre de 2021 con Rad.
N.o 202172038948271.
15. Con respecto a la petición de amparo constitucional formulado por la actora,
aseveró que la UARIV carece de legitimación en la causa, toda vez que las
funciones que legalmente le corresponde desempeñar no incluyen lo relacionado
con la inscripción solicitada.
16. Al respecto precisó que “el tema para la inscripción requiere de unos requisitos,
establecidos en el Acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, por medio del cual se
crean las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, lo que permite que las
víctimas tengan igual número de curules en la Cámara de Representantes 2022-2026 y
2026-2030, de acuerdo a las competencias de la entidad para dicho trámite, es decir la
accionante debe contar con ciertos requisitos, y finalmente quien definirá su inscripción
será la entidad competente para tal fin, y la UARIV, no es la entidad encargada de definir
si la persona cumplió o no con los requisitos solicitados en el marco legal.”
1.5.3.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o
del señor Presidente de la República
17. Por intermedio de apoderado judicial, formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa, al afirmar que ni el DAPRE ni el Presidente de la
República son responsables del menoscabo de los derechos fundamentales.
18. Advirtió que el Acto Legislativo No. 02 de 2021 fue expedido por el Congreso
de la República, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-150 del 21 de mayo de 2021 proferida en el expediente T-
7585-858 y la providencia del Consejo de Estado en el proceso “No.
11001032400020170047400 de 1° de julio de 2021.”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
19. Afirmó que el Decreto Reglamentario No. 1207 del 5 de octubre de 20211,
expedido por el Gobierno Nacional es un acto de carácter general, impersonal y
abstracto contra el cual no procede la acción de tutela, la cual constituye un
mecanismo excepcional y subsidiario.
20. Precisó que, con la expedición del citado decreto no ha vulnerado los derechos
fundamentales de las víctimas y mucho menos los de la actora y que la misma
puede demandar en sede de nulidad el decreto en cuestión, tal como lo concluyó
el Consejo de Estado al resolver en forma reciente una acción de la misma
naturaleza, en sentencia dictada el 8 de noviembre de 2021 en el expediente
11001031500020210686800.
21. Finalmente, se refirió ampliamente a las funciones que le corresponde cumplir
al DAPRE y al Presidente de la República para, con fundamento en estas, insistir
en la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.3.3. Procuraduría General de la Nación
22. El ente de control, por intermedio del Procurador Delegado para el
Seguimiento al Acuerdo de Paz, afirmó que ha recibido peticiones similares a las
planteadas por la actora en la presente acción, pero que esa entidad carece de
competencia para pronunciarse de fondo, porque existen otros mecanismos
jurídicos para que se atiendan esas reclamaciones.
23. Informó que el Acto Legislativo 02 de 2021 “Por medio del cual se crean 16
circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los
períodos 2022-2026 y 2026-2030”, se encuentra actualmente en control de
constitucionalidad en la Corte Constitucional y en dicho proceso ya rindió concepto
como Ministerio Público, en el marco de sus competencias, estando pendientes de
la definición por parte del Alto Tribunal.
24. Señaló que la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a la
Procuraduría General de la Nación (Grupo de Control Electoral y Procuraduría
Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz), a tres sesiones realizadas
durante los días 4, 6 y 12 de agosto de 2021, con el objetivo de establecer un
diálogo interinstitucional para determinar el procedimiento para la acreditación,
verificación e inscripción de los candidatos postulados por las organizaciones de
víctimas, conforme a lo establecido, en su momento, por el proyecto de Acto
Legislativo No. 017/17C y 05/017S, hoy Acto Legislativo 02 de 2021 y la sentencia
SU-150 de 2021 de la Corte Constitucional.
1 “Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en
desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021.”
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
25. Con sustento en las funciones que le corresponde cumplir el ente de control
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, advirtiendo
que la revisión de los requisitos para la inscripción a las curules de paz le
corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil y no al ente de control.
1.5.3.4. Consejo Nacional Electoral
26. Por intermedio de la profesional universitaria adscrita a la Oficina Asesora
Jurídica, la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados.
27. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa, la cual sustentó en
que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido sus funciones constitucionales y
legales y no ha causado una violación o amenaza de los derechos fundamentales
que aquí se debaten.
1.5.3.5. Registraduría Nacional del Estado Civil
28. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil informó que en el Acto Legislativo 02 de 2021, concretamente en los
parágrafos 2º y 3º del artículo 5º se incluyeron las siguientes inhabilidades:
“Parágrafo 2. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería
jurídica; o quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería
jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la
inscripción o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el
último año.
Parágrafo 3. Dado el carácter especial de estas circunscripciones, los
miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un
acuerdo de Paz con el Gobierno nacional y/o se hayan desmovilizado de
manera individual en los últimos veinte años, no podrán presentarse como
candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de Paz.”
29. Hizo referencia a otros preceptos que consagran prohibiciones, para concluir
que al realizar una lectura exegética, sistemática y teleológica de las disposiciones
se logra evidenciar que el propósito es garantizar a las víctimas que las curules
adicionales estén ocupadas por aquellas que no tengan origen en los partidos
políticos tradicionales y que dichas organizaciones no tengan la posibilidad de
presentar candidaturas.
30. Indicó que “Las inhabilidades generales están orientadas a evitar que las CITREP
con su carácter especial y transitorio sean cooptadas por las organizaciones políticas
tradicionales.”
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
31. Advirtió que lo anterior fue ratificado por el Decreto 1207 del 5 de octubre de
2021.
32. Argumentó que la Constitución Política faculta a la Registraduría Nacional del
Estado Civil para establecer reglas especiales que permitan materializar las
disposiciones del Acto Legislativo, motivo por el cual se expidió la Resolución No.
10592 de 28 de septiembre de 2021.
33. Haciendo uso de tales atribuciones, la entidad dictó el calendario electoral para
las elecciones de los representantes a la Cámara de las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz –mediante la Resolución No. 9857 del 10 de
septiembre de 2021– a través de la cual fijó las etapas, actividades y plazos
legales que se deben cumplir para el desarrollo del evento electoral.
34. Aclaró que los términos establecidos en el calendario electoral son preclusivos,
perentorios y de obligatorio cumplimiento para todo ciudadano que quiera
participar en los certámenes electorales y la oportunidad legal para realizar la
inscripción de candidaturas de los Representantes a la Cámara de las
Circunscripciones Transitorias de Paz inició el 13 de noviembre de 2021 y finalizó
el 13 de diciembre de la misma anualidad.
35. Como resultado de lo anterior, se inscribieron en las 16 Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz - CITREP un total de 203 listas con 402
candidatos, por lo que, a su juicio, acceder a las pretensiones de la aquí
accionante desconocería el derecho a la igualdad de los ciudadanos que
cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, quienes allegaron los
documentos idóneos para tal fin en los tiempos determinados en el calendario
electoral.
36. Agregó que, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el proceso de
inscripción de candidatos, le corresponde la verificación de requisitos formales, sin
que esto incluya la revisión de inhabilidades o incompatibilidades de quienes
aspiran a ocupar los cargos de elección popular, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.
1.5.3.6. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
37. Por intermedio de la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones
Constitucionales y Procedimientos Administrativos propuso la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que no tiene competencia
alguna sobre el asunto que se somete a consideración.
1.5.3.7. La Defensoría del Pueblo guardó silencio a pesar de estar debidamente
notificada del auto admisorio de la demanda de tutela.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
1.5.4. Sentencia de primera instancia
38. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A” dictó sentencia el 18
de marzo de 2022, en la que i) accedió a la solicitud de desvinculación del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o señor
Presidente de la República, de la Procuraduría General de la Nación y del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; ii) negó la solicitud de
desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral; iii) declaró
improcedente la acción de amparo en lo referente a los cuestionamientos
efectuados con ocasión de la aplicación del Acto Legislativo 02 de 2021; y iv) negó
la petición de amparo frente a la inscripción de la actora para ser elegida en
alguna de las 16 curules para las Circunscripciones Transitorias Especiales para la
Paz.
39. La decisión de declarar la falta de legitimación de las autoridades referidas en
el numeral i) obedeció a que las mismas no son competentes para tramitar o
atender las pretensiones alegadas por la señora Toloza Campuzano y la actora no
señaló alguna acción u omisión imputable a las mismas que constituyera la causa
de la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección solicita.
40. Contrario a lo anterior no accedió a la petición de desvinculación elevada por
el Consejo Nacional Electoral por considerar que la entidad tiene asignadas
competencias relacionadas con la inscripción de la accionante para las
circunscripciones transitorias creadas en el Acuerdo de Paz.
41. Al respecto, consideró que, “…de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, el
cual fue modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2009, particularmente en
su inciso quinto se establece que ‘Toda inscripción de candidato incurso en causal de
inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto del debido
proceso.’
42. Agregó que, según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 265 de la
Constitución, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009, es
función del CNE “Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones
Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso
podrá declarar la elección de dichos candidatos.”
43. Se refirió igualmente a la función de inspección y vigilancia de la organización
electoral y a la potestad que le asiste de expedir las medidas necesarias para el
debido cumplimiento de éstas y de los decretos que las reglamentan.
44. Al abordar el análisis del caso concreto precisó que los cuestionamientos que
la parte actora eleva contra el Acto Legislativo 02 de 2021 no cumplen con el
presupuesto de la subsidiariedad, porque la accionante “no acudió al mecanismo
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
judicial idóneo para ventilar sus pretensiones en lo que respecta la inconstitucionalidad del
Acto Legislativo 02 de 2021, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo.”
45. Lo anterior, por cuanto en la Corte Constitucional se tramitó bajo el radicado
N.o RPZ-012, la revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 del 25 de
agosto de 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2016, por lo que, en auto del 8 de septiembre de 2021, el Máximo Tribunal
Constitucional asumió el conocimiento del control de constitucionalidad del Acto
Legislativo referido, tras ser remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República, mediante oficio del 26 de agosto de 2021.
46. Señaló que, el 8 de octubre de 2021 la Corte Constitucional fijó en lista el
referido proceso, por un término de diez (10) días para la intervención ciudadana
sin que la actora haya intervenido, lo cual constató con la revisión del proceso en
el sistema de consulta de la corporación.
47. Adicionalmente, en sentencia C-089 de 20222 se declaró exequible el Acto
Legislativo, al concluirse que la norma no sustituye la Constitución y el trámite se
ajustó al procedimiento previsto para la expedición de leyes estatutarias.
48. Con respecto a la solicitud consistente en permitir la inscripción de la actora
como candidata a las 16 curules correspondientes a las Circunscripciones
Transitorias Especiales para la Paz, afirmó que la accionante no allegó prueba de
que, en efecto, haya solicitado la inscripción formal a dichos cargos y en aplicación
a lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2021, se haya negado su posibilidad de
participar en las elecciones respectivas, es decir, no se concretó realmente
vulneración alguna a los derechos fundamentales que alega fueron desconocidos
por las entidades demandadas.
49. Aunado a lo anterior, advirtió que el 13 de marzo del año en curso se eligieron
los candidatos que ocuparan las referidas curules.
50. La sentencia de tutela se notificó a las partes el 30 de marzo de 2022, según
constancia visible en el aplicativo SAMAI.
1.5.5. Impugnación
51. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 4 de abril de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, la accionante impugnó el fallo de
primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de
amparo.
2 Corte Constitucional, comunicado de prensa 07 del 10 de marzo de 2022.
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/II.%20Comunicado%20No.%2007%20-
%20Marzo%2010%20de%202022.pdf
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
52. La recurrente afirmó que la presente acción de tutela se formuló antes de que
precluyera la fecha de la inscripción de acuerdo con el calendario electoral,
solicitando la protección de sus derechos como mecanismo transitorio, cuya
vulneración se concretó por la demora en la resolución.
53. Afirmó que el 13 de diciembre se presentó en la Registraduría Departamental
de Bolívar para realizar la inscripción, como le consta al abogado Ronald Mercado
y la referida entidad le negó la petición, lo cual constituye un hecho notorio, como
también lo es el incumplimiento del Acuerdo de Paz afirmando que “no puede el
ejecutivo hacer esguinces a la ley o intentar subrepticiamente hacer trizas los acuerdos de
paz, para hacer interpretaciones restrictivas y tendientes a entorpecer el goce de los
derechos políticos y aquellos especialmente reconocidos a las víctimas del conflicto
armado”.
54. Afirmó que en otros casos en los que los candidatos se encontraban incursos
en la misma inhabilidad que la cobija se permitió su inscripción con lo que
considera que existe un “doble racero”.
55. Consideró que se trata de una manera de “revictimizar a las víctimas”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
56. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 18 de marzo de 2022 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Cuestión previa
57. La Sala precisa que en la presente providencia no hará pronunciamiento
alguno en torno a las decisiones adoptadas en la primera instancia del proceso
sobre la falta de legitimación de la Presidencia de la República y/o señor
Presidente de la República, de la Procuraduría General de la Nación y del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ni sobre la de considerar
que el Consejo Nacional Electoral debe continuar vinculado a la presente acción,
dadas las funciones que le corresponde cumplir en torno a la inscripción de los
candidatos y el proceso electoral, por cuanto las mismas no fueron objeto de
impugnación y los argumentos que sustentaron tales decisiones no fueron
desvirtuados.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
2.3. Problemas jurídicos
58. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 18 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera - Subsección “A” en la acción de tutela del vocativo de la
referencia, instaurada por la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la participación política, a
elegir y ser elegido, a la igualdad y a la reparación integral, así como a los
principios de buena fe y confianza legítima.
59. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la tutelante, en la valoración del material probatorio recaudado y en
los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si en el
presente caso existe carencia actual de objeto por sustracción de materia o
acaecimiento de una situación sobreviniente, con respecto a la negativa de la
inscripción de la candidatura de la accionante.
60. En segundo lugar, la Sala examinará si procede la acción de tutela para
cuestionar el contenido normativo de un acto legislativo dictado en desarrollo del
Acuerdo de Paz que contiene disposiciones de contenido general, impersonal y
abstracto.
61. Los problemas jurídicos que se plantean en el presente fallo corresponden al
contenido de las pretensiones, a lo fallado en la primera instancia del proceso y a
los razonamientos expuestos en la impugnación.
62. En efecto, la petición de amparo constitucional, en los precisos términos en los
que fue formulada por la señora Toloza Campuzano, contiene dos temas: i) la
solicitud de inscripción como candidata para la circunscripción especial de paz
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que, según el calendario electoral
debía realizarse el 13 de diciembre de 2021 para participar en el certamen que se
llevó a cabo el 13 de marzo de 2022; y ii) un cuestionamiento sobre la inhabilidad
contenida en el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 02 de 2021 que se
encuentra encaminada a que los partidos políticos tradicionales no cooptaran las
curules destinadas a las víctimas.
63. Lo anterior se desprende de la literalidad de la pretensión encaminada a que
“…se aplique el mecanismo transitorio de perjuicio irremediable, en el sentido de autorizar
de manera, la inscripción de la suscrita ciudadana como candidata para la circunscripción
especial de paz, toda vez que el periodo de inscripciones finaliza el 13 de diciembre
hogaño; en razón a que la disposición contenida en el artículo 5 transitorio del acto
legislativo, viola los derechos fundamentales contenidos en el artículo 40 de la
constitucional nacional…”. (Sic para todo lo transcrito)
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
64. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) Carencia actual de objeto por sustracción de materia o “acaecimiento de una
situación sobreviniente”; ii) improcedencia de la acción de tutela para cuestionar
actos de carácter general, impersonal o abstracto; y iii) el análisis del caso
concreto con fundamento en los argumentos expuestos en la demanda de tutela y
en el escrito de impugnación.
2.4. Razones jurídicas de la decisión.
2.4.1. Carencia actual de objeto por sustracción de materia o acaecimiento
de una situación sobreviniente
65. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2051 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador3.
66. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada,
en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se
ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo
constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el
vacío”4. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la
ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.
67. Por otra parte, la Corte también ha reconocido, como lo ha hecho igualmente
el Consejo de Estado5, que existen situaciones en las que la carencia actual de
objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas referidas, sino que
obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior a la solicitud de
tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que pudiere proferir el
juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de materia o por lo que
en sede de unificación denominó “acaecimiento de una situación sobreviniente.”
68. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia –SU
522 de 20196–, en la que se precisó que si luego de acudir a la autoridad judicial,
la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un
3 Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
4 Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-419 del 29.06.2017, M.P. Diana Fajardo Rivera; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 22.03.2018, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 500012333201700591-01
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 del 5.11.2019, M.P. Diana Fajardo Rivera
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el juez caería en el
vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de carencia actual de
objeto”.
69. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado
de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados.”
70. Sin embargo, consideró que ello no obsta para que, en casos particulares, la
Corte Constitucional aproveche un escenario ya resuelto para, más allá del caso
concreto, avanzar en la comprensión de un derecho -como intérprete autorizado
de la Constitución Política- o para tomar medidas frente a protuberantes
violaciones de los derechos fundamentales. Potestad esta que no se confiere a los
demás jueces de tutela pues el diseño constitucional no les otorga la facultad de
fijar el alcance de los derechos fundamentales.
71. En sede de unificación aclaró que el hecho sobreviniente es una categoría
que, por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos en cuanto
remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del
juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto”. Al respecto ha dado algunos ejemplos en los que se configura entre los
cuales cabe destacar la imposibilidad de proferir alguna orden.
72. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:
“(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de
fondo del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño
ocurre durante el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la
vulneración que dio origen a la acción de amparo. Además, el juez de tutela
podrá, dadas las particularidades del expediente, considerar medidas
adicionales tales como: a) hacer una advertencia a la autoridad o particular
responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b) informar al actor/a o
a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede
acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del expediente a las
autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de los
derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;
(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es
perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin
embargo, y especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en
sede de revisión, podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo
considere necesario para, entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar
medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c)
corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la
comprensión de un derecho fundamental.”
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
2.4.2. Carencia actual de objeto en el caso concreto
73. En el caso concreto la actora solicita, como medida de protección transitoria
que se autorice su inscripción como candidata para la circunscripción especial de
paz.
74. Cabe destacar que la petición de amparo constitucional fue radicada el 9 de
diciembre de 2021 y, según el calendario electoral expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución No. 9857 del 10 de septiembre
de 20217, el 13 de noviembre de la citada anualidad inició el proceso de
inscripción de candidaturas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
transitorio 7º del Acto Legislativo 02 de 2021 y el artículo 30 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011, el cual venció el 13 de diciembre de 2021.
75. Por su parte, la elección se debía llevar a cabo el domingo 13 de marzo de
2022.
76. El auto admisorio de la acción de tutela, en el cual se negó la medida cautelar
solicitada, se dictó el 2 de febrero de 2022 y la sentencia de primera instancia el
18 de marzo de la citada anualidad, cuando había vencido el término para la
inscripción que solicitó la actora y cuando se había realizado la contienda electoral
sin su participación.
77. En consideración a que la orden de inscripción únicamente se hubiera podido
dictar con anterioridad al 13 de diciembre de 2021, no es posible en esta sede
pronunciarse sobre su procedencia. En palabras de la Corte cualquier orden en
ese sentido caería en el vacío pues, con posterioridad a la presentación de la
demanda, se presentó el hecho sobreviniente del vencimiento del término de las
inscripciones y la realización de la contienda electoral.
78. Esta es la línea del tiempo en la presente acción, con respecto a la solicitud de
autorizar la inscripción de la actora:
Inicio del plazo para inscripción de los 13 de noviembre de 2021
candidatos
Radicación demanda de tutela 9 de diciembre de 2021
Finalización del término para la 13 de diciembre de 2021
inscripción de los candidatos
Realización de la contienda electoral 13 de marzo de 2022
con la participación de 402 candidatos
inscritos
7 “Por la cual se establece el calendario para las elecciones de los representantes a la Cámara de
las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz a celebrarse el 13 de marzo de 2022."
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
Fallo de tutela de primera instancia 18 de marzo de 2022
79. Es del caso señalar que el juez constitucional de primera instancia como
sustento de negativa de la petición con respecto a este punto incluyó dos
argumentos: i) la accionante no allegó prueba de que, en efecto, haya solicitado la
inscripción formal a dichos cargos y en aplicación a lo dispuesto en el Acto
Legislativo 02 de 2021, se haya negado su posibilidad de participar en las
elecciones respectivas y ii) el 13 de marzo de 2022 se eligieron los candidatos.
80. Al respecto, la Sala precisa que en el escrito inicial la accionante lo que
manifestó es que se encontraba en los supuestos de hecho de la causal de
inhabilidad descrita en el parágrafo 2º del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo
02 de 2021, porque en su oportunidad se inscribió como candidata a la Asamblea
Departamental de Bolívar y, por ello, pretendía que el juez constitucional
autorizara su inscripción antes del vencimiento del término -13 de diciembre de
2021– previa consideración de que el precepto que la contiene vulnera sus
derechos fundamentales como víctima.
81. Por esa razón simultáneamente elevó cuestionamientos contra la norma que
consagra la inhabilidad en cuestión, en virtud de la cual “No podrán presentarse
como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el
aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica; o quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería
jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción o
hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año.”
82. Con ello pretendía que el juez constitucional inaplicara en su caso la
disposición permitiendo su participación en la contienda, lo cual ya no sería
posible ante el vencimiento del término para ello y la efectiva realización de las
elecciones.
83. Únicamente con ocasión del escrito de impugnación manifestó que intentó
inscribirse ante la Seccional de Bolívar de la Registraduría Nacional del Estado
Civil el 13 de diciembre de 2021, esto es, con posterioridad a la radicación del
escrito de tutela, y que tal solicitud se le negó, lo cual constituye un hecho nuevo
señalado en el escrito de impugnación frente al cual este juez constitucional no
podría realizar pronunciamiento alguno sin desconocer el derecho al debido
proceso de las autoridades accionadas.
84. En virtud de lo expuesto, al no poder efectuarse un pronunciamiento frente a la
autorización solicitada por la parte actora como mecanismo transitorio de
protección, ante el vencimiento del término y la realización de las elecciones, se
modificará la decisión de primera instancia que negó la petición de amparo frente
a esta inconformidad para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por
acaecimiento de una situación sobreviniente, que se configuró durante el trámite
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
de la primera instancia del proceso, en el interregno entre la radicación de la
demanda y el fallo.
2.4.3. Cuestionamientos elevados contra el Acto Legislativo 02 de 2021
85. En relación con la afirmación de la accionante en el sentido de que el
parágrafo del artículo 5º transitorio del Acto Legislado 02 de 2021 vulnera sus
derechos fundamentales, la Sala confirmará la improcedencia pero no con
fundamento en la ausencia del requisito de subsidiariedad que el juez
constitucional de primera instancia consideró que no se acreditó por no haber
intervenido la demandante en el juicio de constitucionalidad del Acto Legislativo
que se tramitó en la Corte Constitucional.
86. Contrario a ello, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto se sustenta en lo establecido por el numeral 5º del artículo 6º del Decreto
Legislativo 2591 de 1991 que establece que la acción no procede “5. Cuando se
trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”, causal que cobra mayor
relevancia cuando lo cuestionado es una reforma constitucional.
87. Cuando adicionalmente dicha reforma fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-089 de 2022 que produce efectos erga omnes y de
cosa juzgada constitucional, vinculantes para todos los operadores judiciales, en la
que consideró que se encontraban “acreditadas todas las exigencias legales y
constitucionales sobre la formación de los actos reformatorios de la Constitución Política”.
88. La Corte Constitucional encontró que, al crear y regular las curules especiales
de paz, el Congreso de la República reformó la Carta Política, pero no la sustituyó
o derogó. Así, concluyó que no se derogó o sustituyó ninguno de los siguientes
seis elementos esenciales de la Constitución de 1991: (i) el compromiso del
Estado Social y Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar los
derechos de la sociedad y de las víctimas; (ii) el principio de igualdad; (iii) el
principio de justicia transicional; (iv) el principio de legalidad; (iv) el marco
democrático y participativo y la participación política; y (vi) la separación de
poderes.
89. La Corte Constitucional es la encargada de revisar los actos legislativos
dictados con ocasión de la implementación del Acuerdo de Paz y tal competencia
que obedece al diseño constitucional en nuestro Estado Social de Derecho no
puede ser invadida por el juez de tutela, como erróneamente lo pretende la
accionante.
2.5. Conclusión
90. Al no encontrar procedente la intervención excepcional y residual del juez de
tutela en el caso concreto por las consideraciones expuestas con respecto a cada
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
uno de los temas objeto de pronunciamiento la Sala confirmará el numeral tercero
del fallo de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción, pero por
las razones expuestas en esta oportunidad, esto es, por cuestionar un acto
general, impersonal y abstracto, y se modificará el cuarto, este en el sentido de
declarar la carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación
sobreviniente, al no ser posible dictar medida alguna por haber vencido el término
de inscripción y del proceso eleccionario.
91. Al no haberse impugnado los numerales primero y segundo, la decisión de
primera instancia con respecto a los mismos se mantiene incólume.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral tercero del fallo de tutela dictado 18 de
marzo de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” en la
acción de tutela de la referencia, que declaró la improcedencia de la acción en
relación con los cuestionamientos contra el Acto Legislativo 02 de 2021, pero por
las consideraciones expuestas en esta oportunidad y, modificar, el cuarto que
negó la petición de amparo en relación con la solicitud de autorización a la actora
para inscribirse como candidata para las curules transitorias especiales para la
paz para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por acaecimiento de
una situación sobreviniente.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Amparo Toloza Campuzano
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11570-01
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.