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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00721-00

Fecha
29 de junio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
18 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00721-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. 2. Reconocer al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría como apoderado judicial del Ministerio de Educación Nacional, en los términos del poder conferido. 3. Devolver el expediente del proceso ordinario, enviado en calidad de préstamo a esta sala. 4. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00721-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

29 de junio de 2022

Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, 29 de junio de 2022

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal: nulidad originada en
la sentencia (artículo 250-5 CPACA). Reiteración de jurisprudencia.
Improcedencia del recurso para reabrir discusiones sobre
aspectos definidos en sede ordinaria

PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gustavo Antonio
Tabares Buitrago contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en segunda instancia, resolvió:

1.° Confírmase parcialmente la sentencia de 3 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en cuanto negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Manizales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.° Revócase la decisión extra petita acerca del pago de la indexación de las sumas causadas entre
el 1° de enero de 2012 y el 30 de abril de 2014, de conformidad con lo indicado en la motivación.

ANTECEDENTES

1. Demanda

Mediante apoderado judicial, el señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago presentó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con fundamento en el artículo 250-5
CPACA, esto es, por existir nulidad originada en la sentencia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones (se transcribe literalmente, incluso
con errores):
PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda
• Subsección B, del 06 de noviembre de 2020, bajo el número referenciado, que confirma la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia viciada en nulidad,
se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es decir, al Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B, conformada por los consejeros de Estado, Carmelo Perdomo Cuéter,
Sandra Lisset Ibarra Vélez y César Palomino Cortés, para que se resuelva en debida forma, es decir,
profiriendo un fallo favorable.

TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias.

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Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

2. Hechos

La sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Gustavo
Antonio Tabares Buitrago acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
cuestionar la legalidad del oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, por medio del cual
el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales negaron el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios, por el pago tardío del retroactivo de la homologación y
nivelación salarial.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se pagaran las sumas adeudadas.

2.2. Mediante sentencia del 3 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas negó
las pretensiones de la demanda, pero, por razones de equidad y justicia, de forma extra
petita, ordenó actualizar el retroactivo que se causó, con base en el índice de precios al
consumidor, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014, habida cuenta de
que la indexación efectuada por el municipio de Manizales tuvo como límite el 31 de
diciembre de 2011.

2.3. A instancias del recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Antonio Tabares
Buitrago (demandante) y del Ministerio de Educación Nacional (que integra la parte
demandada), por providencia del 6 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto
denegó las súplicas de la demanda, pero revocó el reconocimiento extra petita que hizo el
tribunal de primera instancia.

Las razones de esa decisión se resumen enseguida.

3. Sentencia recurrida

La sentencia objeto del recurso extraordinario resolvió los siguientes problemas jurídicos:

En cuanto al reconocimiento de intereses moratorios, por el no pago oportuno del
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta
de personal administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Manizales,
la sentencia recurrida, de manera preliminar, se refirió (i) al proceso de homologación del
personal al servicio de los establecimientos educativos y (ii) al trámite de homologación y
nivelación salarial de los funcionarios administrativos de instituciones educativas para
destacar que no existe norma que autorice el reconocimiento de intereses por moratorios.

Al decidir el caso concreto, encontró que el proceso de homologación y nivelación salarial
del municipio de Manizales se materializó a través del Decreto 388 del 12 de octubre de
2012, en virtud del cual se expidió la Resolución 675 del 11 de abril de 2014, que ordenó
pagar al señor la suma de $ 42.765.770, por valor de retroactivo, causado entre el 1 de
enero de 2003 y el 2008, suma que fue pagada en mayo de 2014.

La sentencia recurrida explicó que el pago de los dineros reconocidos al actor el 11 de abril
de 2014 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó en mayo del mismo
año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede reconocerse que esa “tardanza” implica
que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando las normas no habilitan el
pago de sanción por el simple retardo o incumplimiento del pago, y no existe previsión legal
al respecto.
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Que, además, el señor Tabares Buitrago no puede reclamar intereses moratorios por el pago
tardío a su favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa
obligación, que se hizo exigible el 11 de abril de 2014 (cuando se expidió el acto
administrativo que reconoció los valores causados entre el 1 de enero de 2003 y el 2008),
fue pagada en mayo siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso, dados los
trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no
quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna disposición legal. Que, en todo
caso, con el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la
entidad indexó las correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el
pago de intereses moratorios.

Respecto al reconocimiento extra petita, el ad quem advirtió que el tribunal de primera
instancia desconoció el principio de congruencia, ya que decidió sobre un asunto que no
fue pretendido por el demandante y frente al cual la parte demandada no ejerció los
derechos de defensa y contradicción. Que, además, resultaría contrario a la naturaleza de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo admitir la aplicación de las facultades ultra y
extra petita, que invocó el Tribunal de instancia, como sí opera en la jurisdicción ordinaria
laboral, dado que se desconocería el principio de justicia rogada, el cual impone la carga a
la persona que acude al aparato jurisdiccional de solicitar en la demanda, de manera
específica, lo que se pretende.

4. Argumentos del recurso extraordinario de revisión

En sede extraordinaria, el señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago invocó el artículo 250-
5 CPACA, porque la sentencia de segunda instancia estaría viciada de nulidad, por las
razones que pasan a resumirse.

Violación del principio de congruencia: según el recurrente, la parte considerativa de la
sentencia cuestionada denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, “por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una
causa diferente a la invocada, esto es, de manera citra petita”.

Que, en efecto, en el proceso ordinario se pretendía el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, causados por la demora en el pago del retroactivo por homologación
y nivelación salarial, que se generó a raíz de la descentralización de la educación, de
acuerdo con la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001. Que, sin embargo, el ad quem
“entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses se refirió a los que se
causaron desde el acto de reconocimiento del retroactivo, dictado el 11 de abril de 2014,
y hasta el año 2014 cuando se efectuó el pago”. El recurrente explicó literalmente:

Y es incongruente la sentencia, en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún
petitum respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los intereses moratorios, luego
entonces la confusión de los jueces de instancia reina de principio a fin dentro del proceso, pues se
atrevieron a decir en sus sentencias que los intereses de mora y el fenómeno de indexación son
incompatibles; pues resulta obvio, por no decir más que lógico que estos dos son como el agua y el
aceite, no se pueden confundir de manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue creada para
salvaguardar el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con el paso del tiempo, en razón a la
inflación que vive permanentemente nuestra patria, y que los intereses legales igualmente, como debe
saberse en los ámbitos jurídicos, operan de pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables
magistrados de confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico, prueban de facto la
incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte el pedido de la demanda, que es más
que justo y legal, y reconocen una indexación que por obvias razones no cabría dentro de la expectativa
de éste pleito.

Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia que contiene la

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sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al momento de proferirse, cuando se
afirma, de manera totalmente equivocada, que no se reconocían intereses de mora, por la supuesta
incompatibilidad con la indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda
es diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación,
entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante, solicita el reconocimiento de ambos
emolumentos, ¿y habla de una supuesta incompatibilidad? A su vez, no puede predicarse, como de
manera incoherente lo hizo el juzgador, que la indexación y los intereses de mora, son cargas
económicas que tienen la misma finalidad.

5. Trámite procesal

Por auto del 3 de febrero de 2022, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, ordenó notificar al Ministerio de Educación Nacional y al
municipio de Manizales (parte demandada del proceso ordinario), al Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Mediante providencia del 18 de marzo de 2022, el despacho sustanciador reconoció como
pruebas las aportadas por las partes. De las pruebas incorporadas, la secretaría general
de la Corporación corrió el traslado de rigor.

6. Intervenciones

6.1. Mediante apoderada judicial, el municipio de Manizales se opuso al recurso
extraordinario de revisión. En resumen, sostuvo que no se vulneró el principio de
congruencia, dado que la sentencia de segunda instancia se profirió conforme con los
elementos fácticos y probatorios y jurídicos del proceso ordinario, a partir de los cuales se
concluyó que el señor Tabares Buitrago no tenía derecho al reconocimiento y pago de
intereses moratorios sobre la homologación y nivelación salarial.

6.2. El Ministerio de Educación no contestó la demanda, a pesar de que fue notificado. El
22 de abril de 2022, compareció el apoderado judicial de la entidad y únicamente solicitó
autorización para la consulta electrónica del expediente.

6.3. El Ministerio Público, a través del procurador tercero delegado, solicitó que se declarara
infundado el recurso extraordinario, habida cuenta de que la sentencia cuestionada se
profirió en el marco del artículo 328 CGP, que determina la competencia del juez de
segunda instancia. Que, en efecto, la sentencia objeto de recurso resolvió, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corporación, que era improcedente el reconocimiento de intereses
moratorios, por no estar autorizados.

6.4. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que fue notificada.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 107, 111 y 249 CPACA, 2 del Acuerdo 321 de 2014 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, y 28 a 32 del Acuerdo 080 de 2019, la Sala Especial
de Decisión 3 es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido
por Gustavo Antonio Tabares Buitrago contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

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2. Oportunidad del recurso

La sentencia recurrida se dictó el 6 de noviembre de 2020, se notificó, por vía electrónica,
el 26 de enero de 2021 y cobró ejecutoria el 29 de enero de 2021. Mientras tanto, el recurso
extraordinario se presentó oportunamente el 26 de enero de 2022, conforme lo exige el
artículo 251 CPACA.

3. Planteamiento del problema jurídico

Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, el señor Gustavo Antonio Tabares
Buitrago alegó, fundamentalmente, que la sentencia recurrida está viciada de nulidad, por
vulneración del principio de congruencia.

Corresponde, entonces, a la sala decidir el siguiente problema jurídico:

¿En los términos del artículo 250-5 CPACA, procede el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, por existir nulidad originada en la sentencia,
fundamentalmente, por violación del principio de congruencia?

Para resolver dicho interrogante, la sala, de manera preliminar, se referirá a (1) la naturaleza
del recurso extraordinario de revisión, enseguida, se ocupará de (2) la causal de revisión
asociada a la nulidad originada en la sentencia y, al final, estudiará (3) el caso concreto.

4. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión. Reiteración de
jurisprudencia1

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, cuyo propósito principal es restablecer tanto el imperio de la justicia
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por
sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa,
ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que
pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de
lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley sustancial.

1 Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001031500020130199800, M.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas.

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5. Del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. Reiteración de
jurisprudencia2

Según lo ha entendido la sala plena3, los hechos que configuran la causal denominada
nulidad originada en la sentencia son los que constituyen las causales de nulidad procesal,
esto es, las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 4, pero no son
figuras procesales idénticas.

También se ha aceptado que la sentencia puede resultar viciada por hechos externos que,
si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden
afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la
Constitución. Verbigracia: la sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada
al proceso; la sentencia que se dicta, a pesar de que el proceso estaba legalmente
suspendido o interrumpido; la sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con
el número de votos necesarios para la aprobación; la sentencia que no tiene formal ni
materialmente motivación, etcétera.

En principio, se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores. Es decir, la nulidad o vicio surge de
la propia sentencia y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

En sentencia del 2 de marzo de 20105, por ejemplo, la sala plena concluyó que esa causal
de revisión exige que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que,
por ende, no es posible “alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación
previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el
artículo 145, ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe ‘antes de dictar sentencia’”.

Sin embargo, esta Corporación también ha aceptado que se pueden alegar como hechos
constitutivos de esta causal los vicios procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia,
siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque
solo los conoció cuando se dictó. Así se reconoció en la providencia antes mencionada: “la
jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo
no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”.

El afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de alegar la
nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión
se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del
proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la
oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo 142 CPC) o para proponer
nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC).

2 Cfr., entra muchas otras, la sentencia del 4 de diciembre de 2018, expediente 11001031500020180088800, M.P. Julio

Roberto Piza Rodríguez.
3 Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996-0132-

01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente
número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010,
expediente número 1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-
00294-00.
4 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
5 Sentencia del 2 de marzo de 2010, radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.

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En definitiva: la causal de nulidad originada en la sentencia se configura por los mismos
hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que si bien no están
previstas como causales de nulidad, sí pueden afectar la legalidad y la justicia de la
decisión. En el marco de esta causal, pueden alegarse vicios ocurridos al momento de
expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe
que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció a partir de la expedición de la
sentencia.

La sala plena de esta Corporación6 reiteró lo anterior y agregó que, en un momento dado,
podría configurarse un caso de nulidad originada en la sentencia cuando injustificada o
caprichosamente el juez restringe los derechos de acceso a la administración de justicia y,
de paso, la garantía de tutela judicial efectiva, como cuando, sin razón, dicta un fallo
inhibitorio:

(…) es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos
judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo
permita, pues de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del
derecho de acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva
y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia.
(…)
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia 7, no son
taxativos.

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la
tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez
decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación
a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de
revisión alegada.

La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción,
con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso.

Como se ve, la violación del debido proceso puede derivar en la causal de nulidad originada
en la sentencia, pero únicamente para casos en los que existe denegación de justicia, esto
es, cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria. De
todos modos, el juez administrativo deberá ser cauteloso y actuar con sindéresis para
identificar si en el caso concreto la sentencia vulnera los derechos de acceso a la
administración de justicia y particularmente la tutela judicial efectiva.

6. Caso concreto

La sala anticipa que declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por las
razones que pasan a explicarse.

Vistas las razones en que se funda el recurso extraordinario de revisión no se advierte la
falta de congruencia de la sentencia del ad quem, sino que se denota la mera inconformidad
del señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago frente a la decisión de denegar el

6 Sentencia del 8 de mayo de 2018, expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01.
7 Cita del texto original: «Resumidos en la página 16 de esta providencia».

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Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

reconocimiento y pago de los intereses moratorios, que se habrían causado por la demora
en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial.
En efecto, la sentencia del 6 de noviembre de 2020, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, de la Corporación resolvió la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, a partir de los argumentos expuestos por las partes en el
recurso de apelación. Como ambas partes apelaron, se resolvió sin limitaciones, conforme
lo autoriza el artículo 328 CGP, que delimita la competencia del superior.

En concreto, la sentencia recurrida resolvió los siguientes problemas jurídicos:

• ¿El señor Gustavo Antonio Tabares Buitrago tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios, por el no pago oportuno del retroactivo derivado del proceso
de homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo del
sector educativo del municipio de Manizales?

• ¿Era procedente emitir una decisión extra petita, para que el Ministerio de Educación
Nacional reconociera la indexación sobre las sumas pagadas al señor Tabares
Buitrago, por concepto de nivelación salarial derivada del proceso de homologación?

Para resolver el primer problema jurídico, el ad quem se refirió, en detalle, al proceso de
homologación del personal al servicio de los establecimientos educativos; al trámite de
homologación y nivelación salarial de los funcionarios administrativos de instituciones
educativas, así8:

(…)
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor hizo parte del personal
administrativo del servicio educativo oficial que, como consecuencia de la descentralización de este,
fue homologado y nivelado salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de
Manizales; (ii) con Resolución 675 de 11 de abril de 2014, tal ente territorial reconoció al accionante
el retroactivo resultante de la nivelación salarial por el período comprendido entre 2003 y 2008, sumas
que fueron indexadas; (iii) el respectivo valor fue cancelado en mayo de 2014; y (iv) mediante oficio
SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, la secretaría de educación de Manizales negó el
reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitado por el demandante, al estimar que la
mencionada obligación fue satisfecha de manera oportuna, en los términos dispuestos por el
Ministerio de Educación Nacional y debidamente indexada.

Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el personal
administrativo de la secretaría de educación de Manizales se dio como resultado de la
descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes 60 de 19939 y 715 de
200110. En este sentido, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto
1607 de 9 de diciembre de 200411, expresó: «Las entidades territoriales, como consecuencia
del proceso de descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los
cargos previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en lo relacionado
con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los
empleos, incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación».

8 Se transcribe in extenso, porque resulta pertinente para decidir el recurso extraordinario de revisión
9 Cita original: «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
10 Cita original: «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
11 Cita original: Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor:

Ministro de Educación Nacional, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

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Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional mediante la directiva
ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 200612, fijó el
procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para la homologación de la planta
de personal administrativo, adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema
general de participaciones.

Por medio de oficio 2007EE6185 de 21 de diciembre de 2007, la referida cartera aprobó el
estudio técnico de homologación y nivelación salarial efectuado por el municipio de
Manizales. Luego, el referido ente estatal presentó al Ministerio de Educación Nacional
propuesta de modificación del aludido estudio, autorizada con oficio 2012EE50479 de 28 de
agosto de 2012, en el cual se ordenó al ente territorial adelantar los trámites respectivos
para hacer efectiva la homologación de los cargos de la planta de personal administrativo.

Así las cosas, el municipio de Manizales dictó el Decreto 388 de 12 de octubre de 2012, que
modificó el 83 de 11 de marzo de 2008, en el que se homologan y nivelan salarialmente los
cargos administrativos de la secretaría de educación de Manizales, financiados con recursos
del sistema general de participaciones y la unidad de presupuesto de la secretaría de
hacienda de tal ente territorial expidió certificado de disponibilidad presupuestal 75 de 22 de
abril de 2013, para sufragar el procedimiento, por la suma de $27.876.073.901.

Posteriormente, la secretaría de educación de Manizales, a través de Resolución 675 de 11
de abril de 2014, reconoció al accionante el retroactivo indexado, causado entre el 1° de
enero de 2003 y el 2008, por un monto de $42.765.770, pagado en el mes de mayo de 2014.

Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos al actor el 11 de abril
de 2014 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó en mayo del mismo
año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica
que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos
administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por
el simple retardo o incumplimiento de él, y no existe previsión legal al respecto.

Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 201913, al analizar un
caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:
(…)
Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante, servidor
administrativo al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización de ese
sector fue homologado y nivelado salarialmente en la planta de personal de la secretaría de
educación de Manizales, no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su favor
de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo
exigible el 11 de abril de 2014 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los
valores causados entre el 1° de enero de 2003 y el 2008), fue pagada en mayo siguiente,
plazo que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben
surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada dentro del referido
trámite o en alguna disposición legal.

Ahora bien, pese a que el demandante fue incorporado a la planta de la secretaría de educación
de Manizales a partir de 2003 y tenía derecho a que le sufragaran los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el
fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme
al mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes
sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses moratorios.

Fundamentalmente, la sentencia recurrida desestimó el reclamo del señor Gustavo Antonio
12 Cita original «Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las

entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
13 Cita original: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente

66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18), C.P. César Palomino Cortés.

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Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

Tabares Buitrago y concluyó, de manera razonada y conforme con la jurisprudencia de la
Corporación, que no era procedente el reconocimiento de intereses por el no pago
inmediato del valor de la homologación y nivelación salarial, por cuanto el reconocimiento
de intereses moratorios (por su naturaleza sancionatoria) debe estar estipulado
previamente en la norma que regule el asunto y tiene que obedecer a una causa
injustificada en la dilación del pago. Que, por ende, la sola mora en el pago de la obligación
no genera automáticamente el reconocimiento de intereses, máxime si, en el caso
particular, existió una justificación razonable para esa dilación, asociada al cumplimiento de
las diferentes etapas de un proceso interadministrativo extenso y complejo, al paso que se
demostró que la administración reconoció la indexación respectiva para justamente conjurar
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Para resolver el segundo problema jurídico, la sentencia objeto del presente recurso analizó
las facultades extra y ultra petita y, frente al caso concreto, concluyó:

En ese orden de ideas, conforme a lo anterior, resultaría contrario a la naturaleza de esta jurisdicción
admitir la aplicación de las facultades ultra y extra petita, que invocó el Tribunal de instancia, como sí
opera en la jurisdicción ordinaria laboral 14, dado que ello vulneraría el principio de justicia rogada, el
cual impone la carga a la persona que acude al aparato jurisdiccional de solicitar en la demanda, de
manera específica, lo que se quiere; así como el de congruencia, que consiste en la obligación que
tiene la autoridad judicial de decidir de acuerdo con lo pedido y probado; por lo tanto, deberá revocarse
la orden impuesta en el fallo apelado, al constatarse que lo pretendido por el actor era el pago de los
intereses moratorios, en los términos analizados en precedencia, y no la indexación dispuesta por el
a quo.

De los apartes anteriormente transcritos, la sala concluye que existe plena armonía entre
los argumentos del recurso de apelación interpuesto por las partes y los problemas jurídicos
resueltos por la sentencia del 6 de noviembre de 2020. Es decir, no se desconoció el
principio de congruencia de la sentencia.

La sala debe insistir en que, en sede del recurso extraordinario, es improcedente examinar
el acierto de la decisión del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues las
conclusiones a las que arribó están amparadas por los principios de autonomía e
independencia judicial.

El juez del recurso extraordinario de revisión, cuya competencia está limitada por las
causales del artículo 250 CPACA, no es el encargado de examinar la actividad
interpretativa del juez ordinario, ni de revisar la valoración probatoria. El recurso
extraordinario de revisión, como se vio, es una excepción al principio de cosa juzgada, que
procede por causales específicas, pero que lejos está de ser una instancia adicional del
proceso ordinario.

Pues bien, en el sub lite, no se configura un caso de nulidad originada en la sentencia, por
vulneración del principio de congruencia.

7. Costas

Sin condena en costas, porque no se comprobó su causación.

14 Cita original: Las facultades ultra y extra petita de las que se reviste a un juez ordinario laboral están consagradas en

el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al prever que «[e]l Juez de primera instancia
podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los
originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que
las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador,
de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».

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Radicación: 11001031500020220072100
Recurrente: Gustavo Antonio Tabares Buitrago

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 3, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Gustavo
Antonio Tabares Buitrago contra la sentencia del 6 de noviembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

2. Reconocer al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría como apoderado judicial del
Ministerio de Educación Nacional, en los términos del poder conferido.

3. Devolver el expediente del proceso ordinario, enviado en calidad de préstamo a esta
sala.

4. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente con aclaración) (Firmado electrónicamente)
Julio Roberto Piza Rodríguez Fredy Ibarra Martínez
Presidente de la sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente con aclaración)
Oswaldo Giraldo López Luis Alberto Álvarez Parra

(Ausente con excusa)
Gabriel Valbuena Hernández

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