Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00725-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00725-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
29 de junio de 2022
Radicación: 11001031500020220072500
Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, 29 de junio de 2022
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001031500020220072500
Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal: nulidad originada en
la sentencia (artículo 250-5 CPACA). Reiteración de jurisprudencia.
Improcedencia del recurso para reabrir discusiones sobre
aspectos definidos en sede ordinaria
PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luis Carlos Quintana
Diez contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que, en segunda instancia, resolvió:
1.° Confírmase parcialmente la sentencia de 22 de junio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda (sala cuarta de decisión), que negó las súplicas de la demanda en el
proceso instaurado por el señor Luis Carlos Quintana Díez contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y el departamento de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2.° Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las agencias en derecho,
de conformidad con lo indicado en la motivación.
ANTECEDENTES
1. Demanda
Mediante apoderado judicial, el señor Luis Carlos Quintana Diez presentó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con fundamento en el artículo 250-5
CPACA, esto es, por existir nulidad originada en la sentencia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones (se transcribe literalmente, incluso
con errores):
PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, del 27 de noviembre de 2020, bajo el
número referenciado, que confirma la decisión adoptada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia viciada en nulidad,
se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es decir, Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, conformada por los consejeros de
Estado Carmelo Perdomo Cuéter, Sandra Lisset Ibarra Vélez y César Palomino Cortés, para que se
resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.
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Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias.
2. Hechos
La sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Luis Carlos
Quintana Diez acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar
la legalidad del oficio 401-4037 del 9 de marzo y de la Resolución 251 del 1º de julio, ambos
de 2016, a través de los cuales el Ministerio de Educación Nacional y el departamento de
Risaralda negaron al demandante los intereses moratorios generados a favor de su fallecida
cónyuge, la señora Olga del Carmen Morales Restrepo, con ocasión del pago tardío del
retroactivo de la homologación y la nivelación salarial, en su condición de servidora
administrativa de la secretaría de educación de ese ente territorial.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se pagaran las sumas adeudadas.
2.2. Mediante sentencia del 22 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda
negó las pretensiones de la demanda. En concreto, explicó que, pese a que el pago
efectuado a la parte demandante fue realizado con posterioridad al proceso de
homologación y nivelación salarial, eso no configura la mora, conforme con la
jurisprudencia de la Corporación. De todas maneras, sostuvo que la indexación es una
carga adicional que debe soportar quien no cumplió con una obligación oportunamente,
para compensar el menor valor y la depreciación de la moneda comercial, pero que tal
beneficio riñe con el reconocimiento de intereses moratorios, cuya liquidación lleva implícita
la actualización del monto que es objeto de pago.
2.3. A instancias del recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Carlos Quintana
Diez (demandante), por providencia del 27 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia,
en cuanto denegó las súplicas de la demanda, pero revocó la condena en costas.
Las razones de esa decisión se resumen enseguida.
3. Sentencia recurrida
La sentencia objeto del recurso extraordinario se pronunció sobre el reconocimiento de
intereses moratorios, por el no pago oportuno del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del departamento de Risaralda, la sentencia recurrida, de manera preliminar, se
refirió (i) al proceso de homologación del personal al servicio de los establecimientos
educativos y (ii) al trámite de homologación y nivelación salarial de los funcionarios
administrativos de instituciones educativas para destacar que no existe norma que autorice
el reconocimiento de intereses por moratorios.
Al decidir el caso concreto, encontró que la secretaría de educación de Risaralda ordenó
reconocer a la cónyuge del señor Quintana Diez, en el proceso de homologación y
nivelación salarial por el período correspondiente de 1996 a 2002, la deuda total por
concepto de retroactivo, que fue pagada en enero de 2013.
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Que, siendo así, no puede afirmarse que la “tardanza” implica que se generen intereses de
alguna naturaleza, máxime cuando las normas no habilitan el pago de sanción por el simple
retardo o incumplimiento del pago, y no existe previsión legal al respecto.
Que, además, el señor Quintana Diez no puede reclamar intereses moratorios por el pago
tardío de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que
se hizo exigible el 31 de diciembre de 2012 (cuando se expidió el acto administrativo que
reconoció los valores causados entre 1996 y 2002), fue pagada en enero de 2013, plazo
que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben surtirse,
cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o
en alguna disposición legal.
El ad quem desvirtuó la aplicación de la sentencia C-367 de 1995, por cuanto, por un lado, la
Corte Constitucional abordó la obligación de los entes responsables de garantizar el pago
oportuno de las pensiones “y de asumir, en caso de no hacerlo, los intereses de mora que
se derivan directamente de la Constitución”, asunto que no guarda relación con el proceso
de la referencia, por tanto, no constituye precedente. Por el otro, el juez de segunda
instancia insistió en que no se configuró la mora deprecada.
Por último, la sentencia recurrida revocó la condena en costas, ya que interpretó que el artículo
188 CPACA habilita al juez a imponerla cuando se advierte que la conducta de la parte vencida
es temeraria o de mala fe.
4. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
En sede extraordinaria, el señor Luis Carlos Quintana Diez invocó el artículo 250-5
CPACA, porque la sentencia de segunda instancia estaría viciada de nulidad, por las
razones que pasan a resumirse.
Violación del principio de congruencia: según el recurrente, en el proceso ordinario se
pretendía el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, causados por la demora
en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, que se generó a raíz de
la descentralización de la educación, de acuerdo con la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de
2001. Que, sin embargo, el ad quem “entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del retroactivo,
dictado el 31 de diciembre de 2012, y hasta el año 2013 cuando se efectuó el pago”. El
recurrente explicó literalmente:
Y es incongruente la sentencia, en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún
petitum respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los intereses moratorios, luego
entonces la confusión de los jueces de instancia reina de principio a fin dentro del proceso, pues se
atrevieron a decir en sus sentencias que los intereses de mora y el fenómeno de indexación son
incompatibles; pues resulta obvio, por no decir más que lógico que estos dos son como el agua y el
aceite, no se pueden confundir de manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue creada para
salvaguardar el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con el paso del tiempo, en razón a la
inflación que vive permanentemente nuestra patria, y que los intereses legales igualmente, como debe
saberse en los ámbitos jurídicos, operan de pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables
magistrados de confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico, prueban de facto la
incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte el pedido de la demanda, que es más
que justo y legal, y reconocen una indexación que por obvias razones no cabría dentro de la expectativa
de éste pleito.
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Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia que contiene la
sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al momento de proferirse, cuando se
afirma, de manera totalmente equivocada, que no se reconocían intereses de mora, por la supuesta
incompatibilidad con la indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda
es diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación,
entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante, solicita el reconocimiento de ambos
emolumentos, ¿y habla de una supuesta incompatibilidad?
5. Trámite procesal
Por auto del 3 de febrero de 2022, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, ordenó notificar al Ministerio de Educación Nacional y al
departamento de Risaralda (parte demandada del proceso ordinario), al Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Mediante providencia del 18 de marzo de 2022, el despacho sustanciador reconoció como
pruebas las aportadas por las partes. De las pruebas incorporadas, la secretaría general
de la Corporación corrió el traslado de rigor.
6. Intervenciones
A pesar de que se practicaron las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, no
intervino el Ministerio de Educación Nacional, ni el departamento de Risaralda, ni el
Ministerio Público, ni la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El 10 de mayo de 2022, ante esta Corporación compareció el apoderado judicial del
Ministerio de Educación Nacional y únicamente solicitó autorización para la consulta
electrónica del expediente.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con los artículos 107, 111 y 249 CPACA, 2 del Acuerdo 321 de 2014 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, y 28 a 32 del Acuerdo 080 de 2019, la Sala Especial
de Decisión 3 es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido
por Luis Carlos Quintana Diez contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
2. Oportunidad del recurso
La sentencia recurrida se dictó el 27 de noviembre de 2020, se notificó, por vía electrónica,
el 26 de enero de 2021 y cobró ejecutoria el 29 de enero de 2021. Mientras tanto, el recurso
extraordinario se presentó oportunamente el 26 de enero de 2022, conforme lo exige el
artículo 251 CPACA.
3. Planteamiento del problema jurídico
Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, el señor Luis Carlos Quintana Diez
alegó, fundamentalmente, que la sentencia recurrida está viciada de nulidad, por
vulneración del principio de congruencia.
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Corresponde, entonces, a la sala decidir el siguiente problema jurídico:
¿En los términos del artículo 250-5 CPACA, procede el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, por existir nulidad originada en la sentencia,
fundamentalmente, por violación del principio de congruencia?
Para resolver dicho interrogante, la sala, de manera preliminar, se referirá a (1) la naturaleza
del recurso extraordinario de revisión, enseguida, se ocupará de (2) la causal de revisión
asociada a la nulidad originada en la sentencia y, al final, estudiará (3) el caso concreto.
4. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión. Reiteración de
jurisprudencia1
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, cuyo propósito principal es restablecer tanto el imperio de la justicia
como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por
sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa,
ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para
discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que
pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de
lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen
que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido
proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que
puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea
de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley sustancial.
5. Del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. Reiteración de
jurisprudencia2
Según lo ha entendido la sala plena3, los hechos que configuran la causal denominada
nulidad originada en la sentencia son los que constituyen las causales de nulidad procesal,
1 Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001031500020130199800, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
2 Cfr., entra muchas otras, la sentencia del 4 de diciembre de 2018, expediente 11001031500020180088800, M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
3 Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996-0132-
01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente
número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010,
expediente número 1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-
00294-00.
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esto es, las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 4, pero no son
figuras procesales idénticas.
También se ha aceptado que la sentencia puede resultar viciada por hechos externos que,
si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden
afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la
Constitución. Verbigracia: la sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada
al proceso; la sentencia que se dicta, a pesar de que el proceso estaba legalmente
suspendido o interrumpido; la sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con
el número de votos necesarios para la aprobación; la sentencia que no tiene formal ni
materialmente motivación, etcétera.
En principio, se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores. Es decir, la nulidad o vicio surge de
la propia sentencia y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
En sentencia del 2 de marzo de 20105, por ejemplo, la sala plena concluyó que esa causal
de revisión exige que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que,
por ende, no es posible “alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad
acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación
previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el
artículo 145, ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe ‘antes de dictar sentencia’”.
Sin embargo, esta Corporación también ha aceptado que se pueden alegar como hechos
constitutivos de esta causal los vicios procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia,
siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque
solo los conoció cuando se dictó. Así se reconoció en la providencia antes mencionada: “la
jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo
no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”.
El afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de alegar la
nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión
se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del
proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la
oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo 142 CPC) o para proponer
nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC).
En definitiva: la causal de nulidad originada en la sentencia se configura por los mismos
hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que si bien no están
previstas como causales de nulidad, sí pueden afectar la legalidad y la justicia de la
decisión. En el marco de esta causal, pueden alegarse vicios ocurridos al momento de
expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe
que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció a partir de la expedición de la
sentencia.
4 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
5 Sentencia del 2 de marzo de 2010, radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.
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La sala plena de esta Corporación6 reiteró lo anterior y agregó que, en un momento dado,
podría configurarse un caso de nulidad originada en la sentencia cuando injustificada o
caprichosamente el juez restringe los derechos de acceso a la administración de justicia y,
de paso, la garantía de tutela judicial efectiva, como cuando, sin razón, dicta un fallo
inhibitorio:
(…)
es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales
sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues
de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso
a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,
fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a
una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia.
(…)
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia7, no son
taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la
tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez
decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación
a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de
revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción,
con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso.
Como se ve, la violación del debido proceso puede derivar en la causal de nulidad originada
en la sentencia, pero únicamente para casos en los que existe denegación de justicia, esto
es, cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria. De
todos modos, el juez administrativo deberá ser cauteloso y actuar con sindéresis para
identificar si en el caso concreto la sentencia vulnera los derechos de acceso a la
administración de justicia y particularmente la tutela judicial efectiva.
6. Caso concreto
La sala anticipa que declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por las
razones que pasan a explicarse.
Vistas las razones en que se funda el recurso extraordinario de revisión no se advierte la
falta de congruencia de la sentencia del ad quem, sino que se denota la mera inconformidad
del señor Quintana Diez frente a la decisión de denegar el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, que se habrían causado por la demora en el pago del retroactivo por
homologación y nivelación salarial.
En efecto, la sentencia del 27 de noviembre de 2020, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, de la Corporación resolvió la segunda instancia del proceso de nulidad y
6 Sentencia del 8 de mayo de 2018, expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01.
7 Cita del texto original: «Resumidos en la página 16 de esta providencia».
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restablecimiento del derecho, a partir de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
En concreto, la sentencia recurrida resolvió el siguiente problema jurídico:
• ¿El señor Luis Carlos Quintana Diez tiene derecho al reconocimiento de intereses
moratorios, por el no pago oportuno del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo del sector
educativo del departamento de Risaralda?
Para resolver el interrogante, el ad quem se refirió, en detalle, al proceso de homologación
del personal al servicio de los establecimientos educativos; al trámite de homologación y
nivelación salarial de los funcionarios administrativos de instituciones educativas, así8:
(…)
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la señora Olga del Carmen Morales
Restrepo, cónyuge del actor, hacía parte del personal administrativo del servicio educativo oficial que,
como consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado salarialmente en la
planta de personal de la secretaría de educación de Risaralda; (ii) con Resolución 1858 de 31 de
diciembre de 2012, tal ente territorial le reconoció a ella el retroactivo resultante de la nivelación
salarial por el período comprendido entre 1996 y 2002; (iii) el respectivo valor fue cancelado en enero
de 2013; (iv) la señora Olga del Carmen Morales Restrepo falleció el 1° de octubre de 2014; y (v)
mediante oficio 401-4037 de 9 de marzo de 2016, confirmado con Resolución 251 de 1° de julio
siguiente, la secretaría de educación y la gobernación de Risaralda negaron el reconocimiento y pago
de intereses moratorios, solicitado por el demandante, al estimar que la mencionada obligación fue
satisfecha de manera oportuna, en los términos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y
debidamente indexada.
Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo
de la secretaría de educación de Risaralda se dio como resultado de la descentralización del servicio
educativo ordenada por las Leyes 60 de 1993 9 y 715 de 200110. En este sentido, la sala de consulta
y servicio civil de esta Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004 11, expresó: «Las
entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización del servicio educativo,
previa la homologación de los cargos previstos en las plantas de personal nacional y departamentales
en lo relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc.
de los empleos, incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación».
Con fundamento en dicha consulta, la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución
2171 de 17 de mayo de 200612, el Ministerio de Educación Nacional efectuó la revisión del estudio
técnico de homologación de la planta de personal administrativo del departamento de Risaralda,
adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de participaciones.
Por medio de oficio 2006EE28292 de 21 de julio de 2006, la referida cartera aprobó tal estudio. Luego,
el departamento de Risaralda, mediante oficio 2010ER75487 de 19 de julio de 2010, presentó al
Ministerio de Educación Nacional propuesta de modificación del estudio técnico de homologación y
8 Se transcribe in extenso, porque resulta pertinente para decidir el recurso extraordinario de revisión
9 Cita original: «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
10 Cita original: «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
11 Cita original: Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce,
concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro de Educación Nacional.
12 Cita original: «Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las
entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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Radicación: 11001031500020220072500
Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
nivelación salarial.
En respuesta a ello, el Ministerio de Educación Nacional, con oficio 2010EE54547 de 30 de julio de
2010, autorizó los ajustes al estudio técnico inicial y determinó que el ente territorial adelantara los
trámites respectivos para hacer efectiva la homologación de los cargos de la planta de personal
administrativo, con la expedición de los decretos de homologación general de cargos y de
incorporación a los servidores.
Así las cosas, el departamento de Risaralda dictó el Decreto 986 de 31 de agosto de 2010, que
modificó el 258 de 2 de marzo de 2005, en que se homologan y nivelan salarialmente los cargos
administrativos de la secretaría de educación de Risaralda, financiados con recursos del sistema
general de participaciones.
Al mes siguiente, el citado ente territorial, mediante Decretos 1062 de 29 de septiembre de 2010 y
990 de 31 de octubre de 2011, determinó la denominación, código, grado y asignación salarial de los
empleos administrativos del sector educativo, adscritos a la secretaría de educación.
Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, por oficio 2011EE187 de 3 de enero de 2011,
aprobó la liquidación del retroactivo, para después certificar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público la deuda correspondiente a la homologación para el lapso comprendido entre 1996 y 2009,
por un monto de $31.542.582.914, conforme al artículo 148 13 de la Ley 1450 de 201114.
Por último, la secretaría de educación de Risaralda dictó la Resolución 1858 de 31 de diciembre de
2012, por la cual ordenó reconocer la cónyuge del demandante, en el proceso de homologación y
nivelación salarial por el período correspondiente de 1996 a 2002, la deuda total por concepto de
retroactivo, cancelada en el mes de enero de 2013.
Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la esposa del actor el 31 de
diciembre de 2012 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó en enero de 2013,
esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen
intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos mencionados
se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo o incumplimiento de
él, y no existe previsión legal al respecto.
Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 201915, al analizar un caso
análogo al que ahora nos ocupa, precisó:
(…)
Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el demandante, en su condición de cónyuge
supérstite de la señora Olga del Carmen Morales Restrepo, quien tenía la calidad de servidora
administrativa al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización de ese sector fue
homologada y nivelada salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Risaralda,
no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío de los dineros por concepto del
correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 31 de diciembre de 2012
(cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valores causados entre 1996 y 2002), fue
13 Cita original: «SANEAMIENTO DE DEUDAS. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema
General de Participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo
ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente,
incentivos regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector,
primas y otros derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las
entidades territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación
–Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la
Nación para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de
acuerdos de pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario
a través del cual se efectúen los pagos.
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de
cuentas que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación».
14 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014».
15 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente: César
Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).
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Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
pagada en enero de 2013, plazo que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites
administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada
dentro del referido trámite o en alguna disposición legal.
Asimismo, las anteriores razones sirven de fundamento para desvirtuar el argumento del demandante,
según el cual en el caso sub examine debe darse aplicación a la sentencia C-367 de 16 de agosto de
1995, por cuanto, por un lado, la Corte Constitucional en tal providencia abordó la obligación de los entes
responsables de garantizar el pago oportuno de las pensiones «[…] y de asumir, en caso de no hacerlo,
unos intereses de mora […] [que] se derivan directamente de la Constitución […]», asunto que no
guarda relación con el proceso de la referencia, por tanto, no constituye precedente; y, por el otro, se
reitera, no se configuró la mora deprecada.
Fundamentalmente, la sentencia recurrida desestimó el reclamo del señor Quintana Diez y
concluyó, de manera razonada y conforme con la jurisprudencia de la Corporación, que no
era procedente el reconocimiento de intereses por el no pago inmediato del valor de la
homologación y nivelación salarial, por cuanto el reconocimiento de intereses moratorios
(por su naturaleza sancionatoria) debe estar estipulado previamente en la norma que regule
el asunto y tiene que obedecer a una causa injustificada en la dilación del pago. Que, por
ende, la sola mora en el pago de la obligación no genera automáticamente el
reconocimiento de intereses, máxime si, en el caso particular, existió una justificación
razonable para esa dilación, asociada al cumplimiento de las diferentes etapas de un
proceso interadministrativo extenso y complejo.
De los apartes anteriormente transcritos, la sala considera que existe plena armonía entre
los argumentos del recurso de apelación interpuesto y el problema jurídico resuelto por la
sentencia del 27 de noviembre de 2020. Es decir, no se desconoció el principio de
congruencia de la sentencia.
La sala debe insistir en que, en sede del recurso extraordinario, es improcedente examinar
el acierto de la decisión del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues las
conclusiones a las que arribó están amparadas por los principios de autonomía e
independencia judicial.
El juez del recurso extraordinario de revisión, cuya competencia está limitada por las
causales del artículo 250 CPACA, no es el encargado de examinar la actividad
interpretativa del juez ordinario, ni de revisar la valoración probatoria. El recurso
extraordinario de revisión, como se vio, es una excepción al principio de cosa juzgada, que
procede por causales específicas, pero que lejos está de ser una instancia adicional del
proceso ordinario.
Pues bien, en el sub lite, no se configura un caso de nulidad originada en la sentencia, por
vulneración del principio de congruencia.
7. Costas
Sin condena en costas, porque no se comprobó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 3, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Luis
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Recurrente: Luis Carlos Quintana Diez
Carlos Quintana Diez contra la sentencia del 27 de noviembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
2. Reconocer al abogado Jhon Edwin Perdomo García como apoderado judicial del
Ministerio de Educación Nacional, en los términos del poder conferido.
3. Devolver el expediente del proceso ordinario, enviado en calidad de préstamo a esta
sala.
4. Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente con aclaración) (Firmado electrónicamente)
Julio Roberto Piza Rodríguez Fredy Ibarra Martínez
Presidente de la sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente con aclaración)
Oswaldo Giraldo López Luis Alberto Álvarez Parra
(Ausente con excusa)
Gabriel Valbuena Hernández
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