Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01726-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01726-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01726-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de mayo de 2022
!
Demandante: Luz Andrea Carvalho Ruiz
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01726-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01726-00
Demandante: LUZ ANDREA CARVALHO RUIZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
TERCERA DE ORALIDAD Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Luz Andrea Carvalho
Ruiz contra el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad y
otro, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333 de 2021, y con el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Luz Andrea Carvalho Ruiz, por intermedio de apoderado judicial,
mediante escrito enviado por correo electrónico el 16 de marzo de 2022, al buzón
de recepción apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, presentó acción de tutela,
con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las sentencias de 2 de diciembre de 2016, del Juzgado Sexto (6°) Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín y de 21 de septiembre de 20202, del Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, por medio de las cuales
negaron en primera y segunda instancia respectivamente, las pretensiones del
medio de control de reparación directa que promovió en nombre y, en
representación de sus hijos menores de edad, Brenda Valentina Ochoa Carvalho y
Juliana Vélez Carvalho, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, el cual se identificó con el radicado número 05001-33-33-006-
2015-00396-00/01.
!
1
Ver antecedente de la Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2020, expediente No. 11001-
03-15-000-2020-04289-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2
Notificada el 29 de septiembre de 2020.!
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Demandante: Luz Andrea Carvalho Ruiz
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01726-00
1.2. Hechos
Del expediente de tutela se destacan los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.
• Se indicó que la señora Luz Andrea Carvalho Ruiz y otros3 presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, por las lesiones que sufrió el SLP4 Jorge Andrés Manco Manco,
cuando prestó su servicio militar obligatorio, ello, con ocasión a dos impactos de
bala accionados con arma de fuego que le propinó un compañero de batallón.
• El 2 de diciembre de 2016, el Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín declaró probada la excepción denominada “culpa personal del
agente” propuesta por la demandada, al considerar que el SLP no tenía permiso
para salir del vivac o área de seguridad del B.P.M. (Base de Patrulla Militar), luego
la reacción del SLP que le originó las heridas “no podía ser otra, pues “las
condiciones de seguridad de la zona no daban cabida a presumir o dejar al supuesto
ninguna actividad””. Además, condenó en costas a la parte demandante.
• El 21 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala
Tercera de Oralidad, revocó la condena en costas y confirmó en lo demás la
decisión del a quo, porque, según las pruebas aportadas al expediente
contencioso; “las lesiones sufridas por el SLP Jorge Andrés Manco Manco obedecieron
esencialmente al desconocimiento de las órdenes impartidas por su superior”.
• La sentencia de segunda instancia fue notificada al correo electrónico de las
partes el 29 de septiembre de 2020 a las 11:14 a.m., y la presente acción
constitucional se radicó el 16 de marzo de 2022.
• El apoderado de la accionante manifestó que el 9 de diciembre de 2021
presentó esta misma acción en el aplicativo web “TUTELA EN LÍNEA”, pero como
no tuvo conocimiento del trámite impartido, procedió a presentarla nuevamente, la
cual cabe destacar es la que hoy nos ocupa.
1.3. Fundamentos de la solicitud
La demandante consideró que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el postulado de la carga dinámica de la prueba, plasmado en el
ordenamiento jurídico en el artículo 167 del CGP. Ello, porque de existir un
procedimiento reglado interno al interior que demuestre la necesidad de agotar el
protocolo del santo y seña, el Ejército Nacional lo debió aportar al expediente de la
reparación, debido a que “la parte demandada -estaba- en mejor posición para
incorporar al expediente la totalidad de las pruebas que ampliarían el panorama de
ocurrencia o no de la falla”.
!
3
La parte demandante se encontró integrada por los señores Luz Andrea Carvalho Ruiz, Brenda
Valentina Ochoa Carvalho y Juliana Vélez Carvalho.
4
Soldado profesional.!
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Ahora, en cuanto a la oportunidad para presentar la solicitud de amparo, manifestó
que se debía computar el requisito de inmediatez desde “el mes de febrero de 2021”,
cuando el juzgado de primera instancia obedeció y cumplió lo dispuesto por el
superior.
1.4. Petición de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela fueron las siguientes:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2020
proferido por el H Tribunal Administrativo de Antioquia y por medio del cual
confirma la decisión proferida por el juzgado 6 administrativo de Medellín en la
fecha 2 de diciembre de 2016, por medio de las cuales de declara la
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN (sic) en el radicado
05001333300620150039600.
SEGUNDO: Al encontrarse sin efecto jurídico alguno la providencia de
segunda instancia, Se ORDENE al H Tribunal Administrativo de Antioquia, que
en el término que señale el H Consejo de Estado, profiera una nueva decisión
motivada en lo que en derecho corresponda y atienda las consideraciones
expuestas en el presente escrito.”
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 20 de abril de 2022, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la tutelante, y como accionados al Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad y al Juzgado Sexto (6°)
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. Asimismo, como terceros con
interés en las resultas del proceso, vinculó a (i) la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional [parte demandada en el proceso de reparación directa con
radicado No. 05001-33-33-006-2015-00396-00/01], y (ii) a las señoras Brenda Valentina
Ochoa Caravalho y Juliana Vélez Caravalho [demandantes también en el proceso de
reparación directa con radicado No. 05001-33-33-006-2015-!00396-00/01].
1.6. Contestaciones
Surtidas las notificaciones correspondientes fueron allegados los siguientes
informes.
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, por
intermedio del magistrado ponente de la sentencia controvertida, requirió negar la
solicitud de amparo, al exponer que “no se ha vulnerado derecho alguno de la
accionante, toda vez esta instancia judicial argumentó claramente su decisión, indicando
que de conformidad con las pruebas que obraban en el expediente no era posible deducir
falla en el servicio por parte de la entidad accionada”.
1.6.2. El Juzgado Sexto (6°) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a
través del funcionario a cargo, manifestó que el mecanismo de amparo debe
negarse, porque la sentencia de primera instancia “fue proferida con observancia del
debido proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa u
jurisprudencia vigente”.
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1.6.3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por
conducto de coordinadora del grupo contencioso constitucional de esa entidad,
también pidió que se negaran las pretensiones en este asunto, por cuanto no se
cumplen las causales generales de procedencia de tutela contra providencia
judicial, a pesar de que tenía la carga de la prueba; y porque el fallo es acorde con
el precedente jurisprudencial.
Asimismo, enfatizó que no se acreditó el requisito de inmediatez, porque se
supera el término de los seis (6) meses que ha considerado la jurisprudencia,
como plazo razonable para interponer la acción.
Agregó que en las providencias controvertidas se realizó una debida valoración
probatoria, donde la negativa de las pretensiones de la demanda ordinaria
correspondió, entre otras cosas, a la inactividad de la parte demandante en cuanto
a la consecución de los medios probatorios para acreditar la presunta falla en el
servicio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora Luz Andrea Carvalho Ruiz contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad y otro, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en el evento de superar los requisitos de
procedibilidad adjetiva, si en el caso concreto se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales advertidos por la accionante, por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, como autoridad judicial
accionada que puso fin al proceso, con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 21 de septiembre de 2020.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso en
concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
!
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales “al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad”.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia que los derechos
fundamentales que subyace en el sub lite, tienen rango constitucional, lo que
implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de reparación directa identificado
con el número 05001-33-33-006-2015-00396-00/01.
2.4.3. No obstante lo anterior, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación
se explican:
!
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo10.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección11 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección, y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, como la accionante en su solicitud de tutela pretende
que se deje sin efectos la sentencia de 21 de septiembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, este requisito
debe estudiarse a la luz de la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso,
esto es, de la proferida por el juez de segunda instancia.
Al respecto, la Sala encontró que:
• La sentencia de 21 de septiembre de 2020, del Tribunal Administrativo de
Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, se notificó al correo electrónico de las
partes.
• Dicha notificación se realizó el 29 de septiembre de 2020 a las 11:14 a.m.
• La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 2 de octubre de 2020.
• La solicitud de tutela se radicó el 16 de marzo de 2022.
Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 17 de marzo de 2022,
la Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la
respectiva providencia, un término superior a 6 meses, particularmente más de 1
año y 4 meses, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como
esta Sala han considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo
constitucional.
!
9 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del
26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015,
Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
11 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
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Demandante: Luz Andrea Carvalho Ruiz
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
otro
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En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente “[…] cuando fuere promovida en un extenso
espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido
para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual […]”12.
Al respecto, esta Sección advierte que la parte accionante adujo que la solicitud de
tutela cumple con el requisito de inmediatez, porque el plazo debe computarse
desde la providencia de 2 de febrero de 202113, que obedeció y cumplió lo
dispuesto por el superior.
Para la Sala no es de recibo este argumento, pues como se expuso en líneas que
anteceden, esta Colegiatura ha considerado como plazo prudencial el de seis (6)
meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el caso
concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada. En este punto
cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se exponga una
razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del derecho a la
igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les
ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en
mención.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.
De igual manera se precisa que, a juicio de este Juez Colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo
!
12
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
13
notificada por estado el 4 de abril de 2021.!
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
!
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Demandante: Luz Andrea Carvalho Ruiz
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pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante.
Ahora bien, no puede perderse de vista que la accionante manifestó que el 9 de
diciembre de 2021 presentó esta misma acción en el aplicativo web “TUTELA EN
LÍNEA”, pero como no tuvo conocimiento del trámite impartido, procedió a
presentarla nuevamente, la cual cabe destacar es la que hoy nos ocupa.
Al respecto, esta Colegiatura, haciendo uso de sus facultades oficiosas, procedió a
consultar el aplicativo SAMAI y la página web oficial de la Rama Judicial, en donde
no se encontró otro proceso diferente al proceso ordinario No. 05001-33-33-006-
2015-00396-01 y la acción de tutela de la referencia (2022-01726-020), como se
puede ver a continuación:
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No obstante lo anterior, y si en gracia de discusión se aceptara esa fecha como la
determinante para computar el plazo que ha considerado la jurisprudencia como
un término razonable, tampoco se cumpliría con el requisito de inmediatez, ya que
para ese día habrían trascurrido más de 1 año desde la ejecutoria de la
providencia que se pretende dejar sin efectos.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación, y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.
Donde cabe destacar que en este caso la demandante no hizo alusión a la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita habilitar la competencia
excepcionalmente del juez constitucional, como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales16.
2.5. Conclusión
En ese orden de ideas, en el presente caso no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la presente acción constitucional por fuera del tiempo
proporcional y razonable adoptado por la Corporación y la Corte Constitucional,
por lo tanto, declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada,
por medio de apoderado judicial, por la señora Luz Andrea Cravalho Ruiz por no
superar el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
!
16
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. (…)».
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Demandante: Luz Andrea Carvalho Ruiz
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01726-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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