Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00748-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de julio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00748-00
Demandante: Germán Darío Torres Soto
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrea Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/
Subsidiariedad.
Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de su
derecho fundamental al debido proceso, las autoridades accionadas resolvieran todos los
reparos sustentados en el recurso de reposición y adición de este, relacionados con las
claves de respuesta, y recalificara el examen aplicado en el proceso de selección para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Convocatoria 27.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Germán Darío Torres
Soto contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de febrero de 2023, Germán Darío Torres Soto presentó acción
de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia,
por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
con ocasión de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 que
resolvió el recurso de reposición formulado contra la Resolución CJR22-0351
de 1 de septiembre de 2022 que, a su vez, publicó el resultado de las
pruebas de conocimientos y aptitudes realizadas en el marco de la
Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial, por considerar que no resolvió los
reparos expuestos.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00748-00
Demandante: Germán Darío Torres Soto
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrea Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. TUTELAR mi derecho Constitucional fundamental AL DEBIDO PROCESO.
2. Como consecuencia de lo anterior se ordene a las accionadas procedan a
revaluar el examen del suscrito conforme con el total de respuestas acertadas
correspondientes al ítem de conocimientos; la prueba debe ser recalificada
empleando para el efecto la formula establecida por el propio concurso, esto
es utilizando la siguiente ecuación: PUNTAJE DE CONOCIMIENTOS= (# de
aciertos-media/desviación convocatoria) x 30 + 550. De igual forma para
poder efectuar de forma correcta la asignación de puntajes es necesario
recalificar todos los exámenes para obtener con certeza los valore de las
variables de la anterior formula denominados la media y desviación
convocatoria. Se ordenará a las accionadas resolver el requerimiento
mediante el cual solicité fuera designado un perito filólogo perteneciente a la
lista de auxiliares de la justicia, para que precise en torno únicamente,
respecto de algunas de las preguntas de comprensión de lectura que
integraron el examen aplicado al suscrito memorialista, cuales de las
respuestas dadas se pueden tener por válidas. Se ordenará a las accionadas
resolver las objeciones efectuadas a través del recurso de reposición, respecto
de algunas de las respuestas consideradas como acertadas por el concurso,
NO de forma genérica mediante el anexo 2, sino que se les ordenará estudiar
los argumentos que en cada caso fueron expuestos para objetar la respuesta
propuesta como válida por la organización. Se ordenará a las accionadas
que en el evento en que la recalificación del examen arroje un resultado
superior a 800 puntos se me permita proseguir con las demás etapas del
concurso selectivo”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se extraen los siguientes:
4. 1) El 2 de agosto de 2018, se celebró el contrato de consultoría No.
96 de 2018 entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
Nacional de Colombia, cuyo objeto fue “Realizar el diseño, estructuración,
impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos,
competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios”.
5. 2) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual el señor Lagos Mendoza se inscribió al
cargo de magistrado de Tribunal Administrativo.
6. 3) El 27 de octubre de 2020, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución No.
CJR20-0202, “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa
en el marco de la convocatoria 27” y, en consecuencia, dispuso continuar
el proceso de selección con una nueva citación y aplicación de la prueba
de conocimientos generales y específicos, aptitudes y psicotécnicas, lo
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Decisión: Declara improcedencia
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que implicó la anulación de la que ya se había realizado con anterioridad;
proceder que encontró justificado la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-67 de 2022, en la que, a su vez, apremió al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijaran el nuevo
cronograma de actividades del concurso.
7. 4) En virtud de lo anterior, se publicó el nuevo cronograma y, con
base en este, los concursantes fueron citados para el 24 de julio de 2022, a
la presentación de la prueba escrita, cuyos resultados fueron publicados
por medio de la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.
8. 5) El actor interpuso recurso de reposición contra la anterior
resolución. Solicitó que le fuera exhibido el examen y las claves de las
pruebas consideradas como acertadas, lo cual, en efecto, ocurrió el 30 de
octubre de 2022.
9. 6) De la revisión del examen, el actor consideró que estaba mal
calificado2, por lo que adicionó su recurso de reposición y este, a su vez,
fue resuelto negativamente por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial a través de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023.
10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 no resolvió o resolvió de
forma genérica los reparos que expuso en el recurso de reposición,
concretamente, que las respuestas acertadas, de acuerdo con las claves
suministradas, fueron mal sumadas y, por eso, se dieron un puntaje inferior.
11. Además, afirmó que el acto administrativo tampoco aplicó la
formula aritmética contemplada para el concurso, (se trascribe) “PUNTAJE
DE CONOCIMIENTOS= (# de aciertos-media/desviación convocatoria) x 30
+ 550”3, ni se pronunció sobre su solicitud de designación de perito filólogo
para que precisara aspectos sobre las preguntas de comprensión de
lectura contenidas en la prueba4.
2 “Al ser revisadas las claves de las respuestas consideradas como acertadas por el concurso y cotejarlas con las
marcadas correctamente por el suscrito, encuentro que corresponden a un total de CUARENTA (40) respuestas
correctas, lo cual implica que el puntaje que me debe ser otorgado en este itera corresponde a por los menos la
suma de 566,480 puntos, lo anterior resulta de aplicar la formula entregada por el concurso para obtener el valor
de la prueba de conocimientos (…)”.
3 Al respecto sostuvo (se trascribe) “10. Nótese como al menos dos variables del puntaje de conocimientos,
dependen del resultado global de la prueba, es decir las variables denominadas: la media y la desviación de la
prueba, factores que se obtienen de la universalidad de los resultados de los participantes, por lo que resulta por
lo menos curioso, que se mantengan incólumes los resultados de la prueba si es evidente que la sumatoria de las
respuestas dadas por el propio concurso como acertadas, en verdad no se hizo, por lo que los resultados que
entrega el concurso no son fidedignos.”
4 “a) Si además de las respuestas dadas como acertadas por la organización, existen otras respuestas que
pudieran tenerse como validas y en consecuencia obtener puntaje. b) Si existen respuestas contenidas en el
examen presentado por el suscrito recurrente, que puedan ser consideradas acertadas y en consecuencia
merecedoras de recibir puntaje, debido a los contextos en los cuales fueron planteados los interrogantes, en
caso afirmativo señalar cuales. Este punto tampoco fue resuelto por la organización del certamen de selección.
Al no ser resuelta en debida forma este requerimiento, también por ello, se violó el debido proceso.”
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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1.2. Posición de la parte demandada5
12. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó que se
negara el amparo solicitado. Manifestó que los reparos y las solicitudes de
recalificación, aplicación de fórmulas y revisión de preguntas por parte de
un perito, formuladas en el recurso de reposición y su adición, fueron
atendidos de manera clara, completa y de fondo en los puntos 8, 9, 18 y 35
de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, por lo que (se
trascribe) “la situación debe ser calificada como hecho superado”.
13. En esa medida, precisó que, para la calificación de la prueba, se
empleó la siguiente fórmula (se trascribe): “((Número de aciertos
“concursante” – Media grupo referencia o cargo) / Desviación grupo
referencia o cargo) * desviación de la escala) + media de la escala”, con
fundamento en la cual, el accionante obtuvo 558.32 puntos. De manera
que lo expuesto, a su juicio, no constituía una violación de los derechos del
actor, máxime cuando la acción de tutela no era el mecanismo idóneo
para atacar los actos administrativos, pues manifestó que existía otro
mecanismo de defensa para ello, sin indicar cuál.
14. La Universidad Nacional de Colombia, tras hacer un recuento de las
actuaciones adelantadas al interior del concurso de méritos (Convocatoria
No. 27) de la Rama Judicial, solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela por carencia actual de objeto, ya que, mediante la
Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, se brindó respuesta de
fondo, clara y completa a los reparos y solicitudes presentadas por el
accionante, concretamente, sobre las preguntas objetadas, la fórmula de
calificación, la desviación y la media aplicadas y la revisión de los
contenidos del examen por parte de terceros o peritos.
15. También, sustentó su petición de improcedencia en el
incumplimiento tanto del requisito de inmediatez, porque la tutela fue
presentada más de 3 meses después de la publicación del acto
administrativo cuestionando, como del requisito de subsidiariedad, dado
que si el señor Torres Soto consideraba que los actos administrativos debían
ser cuestionados por no haber sido expedidos dentro del marco de la
legalidad o por negar injustificadamente sus reclamos, él contaba con
otros mecanismos de protección judicial, a saber, los medios de control de
5 Mediante Auto de 21 de abril de 2023, luego de que el despacho del Magistrado Gabriel Valbuena Hernández
decidiera negar su acumulación a la tutela que tramitó bajo el radicado No. 2023-00712-00, el despacho
ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia y (2) tener como demandados a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de
Colombia.
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nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la tutela,
máxime cuando no demostró un perjuicio irremediable siquiera de manera
sumaria.
16. De manera subsidiaria, solicitó que, de no accederse a la solicitud de
improcedencia, se negara la tutela porque no había vulnerado los
derechos invocados por el accionante ni tampoco ha brindado (se
trascribe) “un trato discriminatorio o vulneratorio del derecho a la igualdad
o al debido proceso, pues así como otros aspirantes, el accionante ha
podido ejercer los recursos a su alcance para controvertir los actos
administrativos y situaciones surgidas en el marco de la Convocatoria 27
destinados a proveer empleo público”.
17. El Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio.
18. El 27 de marzo de 2023, el accionante allegó un memorial
denominado “aporta prueba documental sobreviniente”, la cual consistió
en una resolución expedida por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, en la que modificó el puntaje otorgado a otro concursante,
aspirante al cargo de magistrado de Tribunal Administrativo. Con
fundamento en esta, insistió en la presencia de (errores en la
contabilización de los resultados en los ambos componentes de la prueba,
esto es, de conocimientos y de aptitudes.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
19. En el presente caso, la Sala advierte que no se superó el requisito de
subsidiariedad.
20. El artículo 6 del Decreto 2591 de 19916, que desarrolló el artículo 86
Constitucional7, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
6 “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
7 “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
(…)”. (Se resalta)
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otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
21. Para la Sala, no se superó el mencionado requisito (subsidiariedad)
porque: 1) existe otro medio de control idóneo y eficaz para cuestionar el
acto administrativo reprochado y, 2) no se acreditó un perjuicio
irremediable que hiciere procedente la tutela como mecanismo transitorio.
22. 1) En el escrito de tutela, el accionante señaló que la Resolución No.
CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 no resolvió o resolvió de forma
genérica los reparos sobre las respuestas acertadas de la prueba,
expuestos en el recurso de reposición contra la Resolución No.CJR22-0351
de 1 de septiembre de 2022, no aplicó la formula aritmética contemplada
para el concurso, ni se pronunció sobre su solicitud de designación de
perito filólogo para que precisara aspectos sobre las preguntas de
comprensión de lectura contenidas en la prueba.
23. La Sala observa que el actor cuestiona, a través de la acción de
tutela, el contenido de la respuesta que dio la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en la Resolución
No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, en la que indicó, entre otros, que:
a) en el anexo 2 estaba la justificación de la clave asignada, así como la
razón de las opciones de respuesta no válidas, sumado a que para el
examen de magistrado de Tribunal Administrativo no había preguntas
multiclave, b) (se trascribe) “Tanto para la calificación de la prueba de
aptitudes como de la prueba de conocimientos, se empleó la siguiente
fórmula: (a) Fórmula calificación: ((Número de aciertos "concursante" —
Media grupo referencia o cargo) / Desviación grupo referencia o cargo)
desviación de la escala) + media de la escala”, y c) no era posible permitir
la participación de peritos o terceros ajenos a los procesos internos de la
Universidad Nacional de Colombia, para elaborar peritajes o conceptos
técnicos sobre el material contentivo de la prueba, dada la reserva que
sobre ellos recaía.
24. En esa medida, la Sala encuentra que como el señor Torres Soto
ataca el contenido de las respuestas dadas frente a sus reparos, la acción
de tutela resulta improcedente, en razón a que, a pesar de que se invoca
la vulneración de derechos fundamentales, él no agotó todos los medios
de defensa judicial que tenía a su alcance, pues, la Resolución No. CJR22-
0351 de 1 de septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes, y la Resolución
CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos de reposición contra la primera resolución, le impidieron seguir
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participando en el concurso de méritos, por no haber superado la prueba
aludida.
25. Para la Sala, las resoluciones aludidas constituyen actos
administrativos definitivos8 que son susceptibles de ser demandados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho9, por estar ante
manifestaciones de la voluntad de la administración que, para el caso
concreto, definieron la situación jurídica del actor, pues dispusieron su
exclusión del concurso de méritos.
26. 2) Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el demandante se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, más aún cuando no allegó prueba siquiera
sumaria que permitiera establecer su configuración.
27. Además, la Sala advierte que si el demandante, en realidad,
considera que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio
irremediable, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
puede solicitar el decreto de medidas cautelares10, incluso, con carácter
de urgencia11.
28. En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse
sobre el fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo
transitorio, toda vez que el mecanismo constitucional no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la
ley.
8 “Artículo 43 del CPACA. Actos definitivos. <<Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación” (se destaca).
9 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; y 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00.
10 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo”.
11 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución
señalada en el auto que la decrete.”.
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Decisión: Declara improcedencia
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2.2. Conclusión
29. Con fundamento en las razones dadas, la Sala declarará
improcedente la tutela de la referencia por no superar el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Germán Darío Torres Soto, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin12.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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