Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01470-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01470-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01470-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de agosto de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01470-00
Demandante: Edwin Antonio Guzmán Narváez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/
Subsidiariedad.
Síntesis del caso: El demandante presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales, las autoridades accionadas resolvieran todos los reparos
sustentados en el recurso de reposición, relacionados con algunas preguntas y claves de
respuesta, en el proceso de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial – Convocatoria 27.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Edwin Antonio
Guzmán Narváez contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de
Colombia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 21 de marzo de 2023, Edwin Antonio Guzmán Narváez presentó
acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de
Colombia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a cargos públicos, igualdad y petición, con
ocasión de la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 que resolvió
el recurso de reposición formulado contra la Resolución CJR22-0351 de 1
de septiembre de 2022 que, a su vez, publicó el resultado de las pruebas
de conocimientos y aptitudes realizadas en el marco de la Convocatoria
No. 27 de la Rama Judicial, por considerar que no resolvió los reparos
expuestos.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01470-00
Demandante: Edwin Antonio Guzmán Narváez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se
trascribe):
“Por los hechos anteriormente expuestos, solicito Honorable Magistrados
conceder el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a los cargos públicos, igualdad y petición, en consecuencia ordenar
al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE CARRERA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL cesar la vulneración de
los derechos invocados, en ese orden de ideas, se les conmine para que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, procedan
a resolver el recurso de reposición impetrado de conformidad con el
precedente constitucional que regula la materia, atendiendo los reparos
puntuales señalados en el recurso impetrado y reiterados con la presente
acción constitucional.
Una vez concluido lo anterior, se les ordene verificar las demás etapas del
concurso de méritos de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria 27.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) El 2 de agosto de 2018, se celebró el contrato de consultoría No.
96 de 2018 entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
Nacional de Colombia, cuyo objeto fue “Realizar el diseño, estructuración,
impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos,
competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios”.
5. 2) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual Edwin Antonio Guzmán se inscribió al
cargo de magistrado de Tribunal Administrativo.
6. 3) El 24 de julio de 2022, el accionante presentó la prueba de
conocimientos y aptitudes para la cual fue citado. Por medio de la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 se publicaron los
resultados, entre esos los del actor, quien obtuvo un puntaje de 797.33.
7. 4) El 18 de septiembre de 2022, el actor interpuso recurso de
reposición contra la anterior resolución. Solicitó la exhibición de la prueba
realizada y puso de presente que no estaba de acuerdo con la valoración
y calificación de las preguntas 7, 53, 78, 82 y 124.
8. 5) Mediante la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta a diferentes
objeciones de los participantes, entre esas a las del señor Guzmán
Narváez.
9. Como fundamento de la vulneración, el demandante señaló que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, en la Resolución No. CJR23-
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0044 de 16 de enero de 2023, al resolver el recurso de reposición en lo
relacionado con la pregunta 532, esgrimió supuestos de hecho que no
fueron objeto de evaluación, de manera que le dio un cariz subjetivo al
proceso de selección y contravino el precedente constitucional3.
10. Adujo que, al resolver el recurso de reposición, la accionada
pretendió que el participante predijera que (se trascribe) “la opción objeto
de escogencia tuviera en cuenta el grado de concreción y la proyección
normativa de la norma objeto del enunciado”, cuando eso se debió
enunciar en la prueba, en virtud de los principios de transparencia y
objetividad.
11. Respecto de la pregunta 824, afirmó que, igualmente, la accionada
se apartó del precedente constitucional5 y, en consecuencia, consideró
que resolvió el recurso de reposición a su arbitrio.
12. Manifestó que la tutela procedía, de manera excepcional, contra
actos administrativos para evitar un perjuicio irremediable que, en su caso,
consistía en (se trascribe) “la negación o bloqueo de ese derecho
fundamental y en la imposibilidad de continuar a la siguiente etapa del
concurso público de méritos, circunstancia con la se consumaría el daño a
mis derechos fundamentales”. Además, afirmó que, (se trascribe):
“no es dable considerar que un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho tendrá la suficiente celeridad para reencausar mi participación en la
convocatoria antes de que se haya agotado el cronograma dispuesto para la
conformación de las listas de elegibles, incluso antes de que se hayan
realizado los nombramientos. Tampoco, sería razonable pretender afectar el
decurso de proceso con una solicitud de medida cautelar como la suspensión
de la convocatoria, medida que impactaría la materialización del principio
del mérito”.
1.2. Posición de la parte demandada6
13. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó que se
negara la presente acción de tutela porque con su actuar no vulneró ni
afectó los derechos fundamentales invocados.
14. Indicó que el accionante reprochó la Resolución No. CJR23-0044 de
16 de enero de 2023, por considerar que no se atendieron los reparos que
2 “Se pregunta sobre aquellas normas que condicionan otras normas y fijan criterios interpretativos. Según la
respuesta asignada en la clave de respuestas, corresponde a valores, mientras que la respuesta asignada por mí
en el examen, corresponde a principios”. Extracto tomado del escrito de tutela. Página 2.
3 Hizo alusión a la Sentencia C-1287 de 2001 de la Corte Constitucional.
4 “Referente a la información profesional obtenida por un psicólogo en ejercicio de la profesión sobre un
paciente- víctima de acoso laboral, en la respuesta asignada en la clave, la reserva es causada por la relación
personal, mientras que en mi respuesta se debe al carácter de la información, puesto que esta revestida de un
carácter profesional.”
5 Citó las Sentencias C-301 de 2012 y C-538 de 1997 de la Corte Constitucional.
6 Mediante Auto de 26 de abril de 2023, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, y (2) tener como demandado a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia.
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formuló en su recurso de reposición, concretamente, los relacionados con
las preguntas 53 y 82 de la prueba de conocimientos de la Convocatoria
No. 27; sin embargo, se configuraba una carencia de objeto por hecho
superado, ya que esos reparos fueron atendidos en los puntos 17, 18 y 35
de la aludida resolución, de manera clara, completa y de fondo.
15. Al respecto, precisó que en el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se
dieron a conocer las claves de respuesta correctas y la correspondiente
explicación, y que frente a la 53 y 82, se indicó pertinencia del enunciado
de la pregunta y de la clave asignada, así como la justificación de las
opciones de la respuesta no válidas.
16. Además, mencionó que la tutela no era el mecanismo idóneo para
atacar actos administrativos amparados por el principio de legalidad, que
para ello existía otro mecanismo de defensa.
17. La Universidad Nacional de Colombia luego de hacer un recuento
de las etapas y actuaciones surtidas al interior de la Convocatoria No. 27,
consideró que la tutela era improcedente por carencia actual de objeto y
subsidiariedad. El primero porque, mediante la Resolución No. CJR23-0044
de 16 de enero de 2023, se dio respuesta a todos los reparos y objeciones
del accionante. El segundo porque existen otros mecanismos [nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho] para cuestionar los actos
administrativos.
18. Sostuvo que el accionante no demostró, siquiera de manera
precaria, un perjuicio irremediable que hiciere proceder la tutela de
manera excepcional, ni tampoco cumplió con el requisito de inmediatez,
ya que presentó la tutela 3 meses y 10 días después de la publicación del
acto administrativo acusado, tiempo que, a su juicio, no era razonable.
19. Solicitó, de manera subsidiaria, que se negara el amparo solicitado
por inexistencia de amenaza o violación de derechos, y porque su labor la
ha desarrollado de acuerdo con la ley y la reglamentación específica.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
20. En el presente caso, la Sala advierte que no se superó el requisito de
subsidiariedad7 porque: 1) existe otro medio de control idóneo y eficaz
para cuestionar el acto administrativo reprochado y, 2) no se acreditó un
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1). El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
21. 1) En el escrito de tutela, el accionante señaló que la Resolución No.
CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 no resolvió o, por lo menos, no de
forma clara ni concreta los reparos que expuso en el recurso de reposición
contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, en lo
atinente a las preguntas 53 y 82 de la prueba y la valoración de sus
respuestas, de cara a las que se consideraron acertadas.
22. La Sala observa que el actor cuestiona, a través de la acción de
tutela, el contenido de la respuesta que dio la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en la Resolución
No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, en la que indicó que, en el anexo
2 estaba la justificación de la clave asignada a cada una de las preguntas
de la prueba, así como la razón de las opciones de respuesta no válidas,
sumado a que para el examen de magistrado de Tribunal Administrativo
no hubo preguntas con varias opciones de respuesta o multiclave.
23. Al observar el Anexo 2, la Sala constató que la Universidad Nacional
de Colombia, como operador técnico y constructor de la prueba, frente a
las preguntas 53 y 82, explicó, respectivamente, (se trascribe):
“Pregunta No. 53. Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador
jurídico y, en especial, para los jueces y magistrados, es fundamental conocer
los diferentes tipos de normas que integran un sistema jurídico con el objeto de
poder interpretarlas y aplicarlas. La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque las
directrices ordenan o permiten que se alcance un estado de cosas o fin
general en la mayor medida de lo posible. La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque las
reglas son normas que tienen un supuesto de hecho formulado de forma
cerrada y ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se
cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo
definitivamente. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado
y por ende es una respuesta incorrecta porque los principios también son
normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de
concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad concreta, alcanzando por sí
mismos proyección normativa. La opción D es la respuesta correcta porque
tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han definido los valores
de la forma expuesta en el enunciado.
Pregunta No. 82. Esta pregunta es pertinente porque es importante que los
aspirantes a jueces y magistrados estén familiarizados con las implicaciones
del mandato constitucional que establece en su artículo 74 que “el secreto
profesional es inviolable”; durante el ejercicio profesional de los aspirantes
como jueces de tutela (jueces constitucionales), deberán tener este insumo
claro. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende
es una respuesta incorrecta porque en general, el carácter del solicitante no
es relevante, y por ello es oponible a terceros (“De lo dicho se concluye que el
secreto profesional ha sido consagrado en guarda de la relación del
profesional con la persona que solicita y obtiene sus servicios, quien
necesariamente debe hacerle conocer datos y elementos que de otra
manera no le serían confiados por ella. Esa protección tiene efectos hacia el
exterior de quienes han trabado la relación profesional, es decir, se trata de
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algo oponible a terceros” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional). La
Ley 1090 de 2010, que regula la profesión de Psicología, sólo contempla dos
eventos en que el psicólogo puede revelar la información confiada: por
autorización del paciente o cuando con la no revelación se cause un daño
evidente al paciente o a un tercero (artículo 2, numeral 3). Dado que el
material va a ser usado en la elaboración de una cartilla de índole genérica,
el daño eventual ocasionado por la no revelación hacia un tercero no sería
evidente. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque Para que se active el secreto
profesional que se establece entre el psicólogo y su cliente no es relevante la
información que se pretende obligar a divulgar, sino la defensa de la relación
personalísima que se establece entre el profesional y su cliente. El profesional
está obligado, por ende, a proteger toda la información que le sea confiada,
sin que le sea dable establecer diferenciaciones “El secreto profesional nace
de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a
propósito de los asuntos objeto de su relación: En el secreto profesional
descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y
permanecer entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto
de su relación. Mal se podría asegurar el éxito de la gestión confiada a aquél si
los temores de quien requiere sus servicios le impiden conocer en su integridad
los pormenores de la situación en que se ocupa… El secreto profesional tiene
como fundamentos esenciales la tutela de la privacidad natural de la persona
y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante
del secreto: Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin:
primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la
introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y
segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del
secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que
el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la
confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando
se divulga (…).” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional). La opción C es
la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la relación lo que
determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte Constitucional ha
definido el secreto profesional como la información reservada o confidencial
que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En este
sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues de
verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes,
su prestigio y su fuente de sustento. El secreto profesional nace de una relación
de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los
asuntos objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es
una respuesta incorrecta porque Como puede colegirse de las anteriores
explicaciones, la utilización eventual del material que puede obtenerse con la
divulgación del secreto profesional no es lo que protege la disposición
constitucional”.
24. En esa medida, la Sala encuentra que, como el señor Guzmán
Narváez atacó el contenido de las respuestas dadas frente a sus reparos, la
acción de tutela resulta improcedente, toda vez que, a pesar de que se
invocó la vulneración de derechos fundamentales, él no agotó todos los
medios de defensa judicial que tenía a su alcance, pues, la Resolución No.
CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, por medio de la cual se
publicaron los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes, y la
Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se
resolvieron los recursos de reposición contra la primera resolución, le
impidieron seguir participando en el concurso de méritos, por no haber
superado la prueba aludida.
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25. Para la Sala, las resoluciones aludidas constituyen actos
administrativos definitivos8 que son susceptibles de ser demandados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho9, por estar ante
manifestaciones de la voluntad de la administración que, para el caso
concreto, definieron la situación jurídica del actor, pues dispusieron su
exclusión del concurso de méritos.
26. 2) Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el demandante se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, más aún cuando no allegó prueba siquiera
precaria que permitiera establecer su configuración y sólo alegó la falta de
idoneidad y celeridad de los procesos ordinarios.
27. Además, la Sala advierte que si el demandante, en realidad,
consideró que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio
irremediable, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
podía solicitar el decreto de medidas cautelares10, incluso, con carácter
de urgencia11.
28. En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse
sobre el fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo
transitorio, toda vez que el mecanismo constitucional no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de otros.
2.2. Conclusión
29. Con fundamento en las razones dadas, la Sala declarará
improcedente la tutela de la referencia por no superar el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
8 “Artículo 43 del CPACA. Actos definitivos. <<Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación” (se destaca).
9 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; y 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00, 11 de julio de 2023,
radicado No. 11001-03-15-000-2023-00748-00.
10 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo”.
11 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución
señalada en el auto que la decrete.”
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Demandante: Edwin Antonio Guzmán Narváez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Edwin Antonio Guzmán Narváez, por los motivos expuestos.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello12.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTA: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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