Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02285-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02285-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02285-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02285-01
Demandante: Santiago Andrés Salazar Hernández
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA
|Reparos contra acto administrativo que excluyó a un participante de la Convocatoria 27
– Subsidiariedad. Reparos por la falta de resolución a objeciones y solicitudes expuestas en
recurso de reposición y complementación – Niega.
Síntesis del caso: El demandante presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, las accionadas
resolvieran todos los reparos formulados en el recurso de reposición y su adición,
relacionados con algunas preguntas y claves de respuesta, en el proceso de selección
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial - Convocatoria 27.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 11 de
junio de 2023, mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo respecto de la falta de resolución de
solicitudes y rechazó por improcedente la acción de tutela en relación con
los reparos contra los actos administrativos expedidos en la Convocatoria
No. 272.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 21 de febrero de 2023, Santiago Andrés Salazar Hernández
presentó acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
2 Puntualmente resolvió (se trascribe) “PRIMERO. Primero: Negar el amparo deprecado, en relación con la falta
de resolución de las solicitudes que elevó, y rechazar por improcedente la acción de tutela, en cuanto a los
reparos de fondo que expuso en contra de los actos administrativos dictados en el marco de la convocatoria 27
para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02285-01
Demandante: Santiago Andrés Salazar Hernández
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de
Colombia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso administrativo ante la falta de respuesta de
fondo en la Resolución No. CJR23-0033 de 16 de enero de 2023 a los
reparos que formuló en su recurso de reposición y adición contra la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Se vincule al suscrito como parte accionante en el proceso de
referencia3.
SEGUNDO: Que la presente decisión haga tránsito a cosa juzgada para todos
los vinculados, intervinientes, demandantes y quienes sean remitidos en
cumplimiento del decreto 1834 de 2015.
TERCERO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que responda de
forma congruente los argumentos que le fueron puestos de presente en los
recursos de reposición respetando así el principio de congruencia.
CUARTO: RESOLVER de fondo las objeciones a las preguntas objeto de Recurso
de Reposición. y como consecuencia
QUINTO: SE ORDENE MODIFICAR la Resolución CJR22-0351 del 01 de
septiembre de 2022 y su respectivo anexo emitida dentro de la convocatoria
27- ACUERDO PCSJA1811077), por medio de la cual expide el listado de los
resultados de la prueba de conocimientos, Y EN SU LUGAR RESOLVER DE
FONDO el recurso de reposición oportunamente interpuesto
SEXTO: Se ordene, de conformidad con lo narrado en los hechos 6 a 10, dar
cumplimiento al recurso interpuesto, en particular las solicitudes que pidieron:
‘1. Se solicitan evaluadores externos a la UNAL, que sean propuestos
objetivamente por Colegios de abogados, asociaciones de facultades de
derecho o de reconocida idoneidad.
2. Que la atención de recurso se realice por medio de Evaluador diferente,
colegiado e independiente, para que, de forma argumentada sobre la
posibilidad de cada una de las respuestas planteadas, NO sobre la simple
ratificación de la clave planteada por la UNAL.
3. Frente a una eventual negativa de reclasificación favorable, solicito que se
expongan de forma explícita las razones según las cuales se niega, de forma
razonada, publica y coherente con los motivos expresados en este recurso’”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 2 de agosto de 2018, se celebró el contrato de consultoría No.
96 de 2018 entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
3 Respecto de tal pretensión, se precisa que el accionante, como participante en la Convocatoria No. 27 de la
Rama Judicial, solicitó, mediante un escrito denominado “acción de tutela con medida provisional” su
vinculación a la tutela 2023-00448-00; sin embargo, por un orden de desglose, dicho escrito fue objeto de reparto
y le correspondió el radicado de la referencia. Ver índice 2 del proceso de la referencia en SAMAI.
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Decisión: Modifica
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Nacional de Colombia, cuyo objeto fue “Realizar el diseño, estructuración,
impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos,
competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios”.
5. 2) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual Santiago Andrés Salazar Hernández se
inscribió al cargo de magistrado de Tribunal Administrativo y superó las
pruebas de aptitudes y conocimientos.
6. 3) El 27 de octubre de 2020, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución No.
CJR20-0202, “Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa
en el marco de la convocatoria 27” y, en consecuencia, dispuso continuar
el proceso de selección con una nueva citación y aplicación de la prueba
de conocimientos generales y específicos, aptitudes y psicotécnicas, lo
que implicó la anulación de lo que ya se había realizado con anterioridad
y la publicación de un nuevo cronograma de actividades del concurso.
7. 4) En virtud de lo anterior, los concursantes fueron citados para el 24
de julio de 2022 a la presentación de la prueba escrita, cuyos resultados
fueron publicados por medio de la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022.
8. 5) El 9 de septiembre de 2022, la parte actora interpuso recurso de
reposición contra la anterior resolución, al considerar que, aunque obtuvo
un resultado favorable, este debió ser superior4. Adicionalmente, solicitó la
exhibición de la prueba para recolectar datos necesarios para
complementar el recurso interpuesto.
9. 6) Luego de asistir a la exhibición, el participante presentó
complementación a su recurso de reposición, en el sentido de que objetó
algunas preguntas por tener, a su juicio, doble respuesta válida o
inconsistencias.
10. 7) El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución No. CJR23-0033,
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura resolvió los recursos de reposición que fueron presentados
4 Al respecto solicitó (se trascribe) “1. Se solicitan evaluadores externos a la UNAL, que sean propuestos
objetivamente por Colegios de abogados, asociaciones de facultades de derecho o de reconocida idoneidad.
2. Que la atención de recurso se realice por medio de Evaluador diferente, colegiado e independiente, para
que, de forma argumentada sobre la posibilidad de cada una de las respuestas planteadas, NO sobre la simple
ratificación de la clave planteada por la UNAL. 3. Frente a una eventual negativa de reclasificación favorable,
solicito que se expongan de forma explícita las razones según las cuales se niega, de forma razonada, publica y
coherente con los motivos expresados en este recurso”
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contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 y decidió
confirmarla, es decir, no reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes.
11. Para el accionante, el fundamento de la vulneración radicó en que
las accionadas no resolvieron de manera particular las objeciones y/o
solicitudes planteadas en el recurso de reposición y en su
complementación, relativas a que las preguntas contenían errores de
redacción, no correspondían a la categoría del cargo inscrito y/o tenían
doble opción de respuesta válida, sino que simplemente se limitaron a
enunciar “justificaciones sin mayor análisis jurídico” para ratificarse en las
claves de respuestas de dichas preguntas. Es más, indicó que la negativa a
atender o analizar de fondo los recursos llevó, incluso, a que el Consejo
Superior de la Judicatura requiriera a la Universidad Nacional, mediante
Oficio No. CJO23-332 de 31 de enero de 2023, por no resolver de fondo.
12. En relación con lo anterior, indicó que la tutela era procedente, ya
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no era
idóneo y, además, se estaba ante una situación de perjuicio irremediable
porque la no calificación podía influir en el acceso al curso de formación
judicial o en el orden en las listas para la nominación como funcionario
judicial.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 1 de junio de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, resolvió cada uno de los desacuerdos
que expuso el accionante respecto a las preguntas 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 49, 51, 53, 56, 58, 59, 62, 63, 64,
65, 66, 73, 74, 76, 82, 84, 86, 87, 95, 96, 97, 101, 102, 105, 109, 115, 116, 117,
118, 120, 122, 124, 125, 126 y 1275, por lo que no había lugar a acceder al
amparo relacionado con la pretensión tendiente a que se le ordenara a
los accionados examinar y resolver minuciosamente las peticiones que
elevó. Es más, adujo que en el punto 8 del aludido acto administrativo, se
decidieron las peticiones atinentes a la revisión de la prueba de aptitudes y
conocimiento por parte de terceros.
14. En relación con el desacuerdo con los resultados publicados en la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 y lo resuelto frente
al recurso de reposición en la Resolución No. CJR23-0042 de 16 de enero
de 20236, declaró improcedente la acción de tutela por no ser procedente
para controvertir la legalidad de esos actos, pues para ello el accionante
5 Pese a que el accionante, en su escrito de tutela, no especificó cuáles preguntas.
6 Aunque en el escrito de tutela y en las contestaciones se aludió a la Resolución CJR23-0033 de 16 de enero de
2023.
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contaba con los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento
del derecho, y porque no apreció la inminente configuración de un
perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela, máxime cuando el
accionante aprobó la prueba de conocimientos.
15. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación. Reprochó que el juez de primera
instancia hubiera estimado que su recurso de reposición fue resuelto a
través del documento denominado “Anexo 2”, cuando la respuesta fue
aparente y genérica y no tuvo en cuenta los argumentos planteados. Para
él resulta imposible resolver todos los recursos en un mismo documento
como lo hizo la demandada.
16. También cuestionó que no se hubiera valorado el Oficio No. CJO23-
332 de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y que no se hubiera
tenido por satisfecho el requisito de subsidiariedad, dado que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no podía proponerse en
este momento, máxime cuando la conformación de la lista de elegibles
puede verse agotada mientras se demanda. Por lo expuesto, solicitó que
se revocara y, en su lugar, se ampararan sus derechos, ordenando dar una
respuesta material y de fondo a su recurso de reposición.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
17. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si la parte demandada vulneró, o no,
los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo al
(1) no resolver de manera particular las objeciones y/o solicitudes
planteadas por el accionante y (2) no realizar un análisis de fondo al
resolver el recurso de reposición y su adición mediante la Resolución No.
CJR23-0033 de 16 de enero de 2023. En ese orden, la Sala deberá
establecer si se confirma, modifica o revoca la decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
18. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales7 de petición y debido proceso
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
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administrativo. Santiago Andrés Salazar Hernández es el titular de los
derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa8.
19. De igual forma, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia
cuentan con legitimación pasiva en la causa9, porque de estas se predica
la presunta vulneración.
20. En relación con el requisito de inmediatez10, este se satisface, toda
vez que, de conformidad con el escrito de tutela, la vulneración se
presentó con ocasión de una situación actual y continua, como lo es la
ausencia de respuesta concreta y de fondo a peticiones del accionante,
así como el pronunciamiento frente a un recurso de reposición.
21. Respecto del requisito de subsidiariedad11, la Sala estima que debe
dividirse su estudio: 1) En lo que respecta al reparo de que no se resolvieron
de manera particular las objeciones y/o solicitudes, la Sala considera que
no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera al accionante alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho de
petición presuntamente vulnerado.
22. Cosa distinta sucede con el reproche hacía la Resolución No. CJR23-
0033 de 16 de enero de 2023, pues, la Sala concuerda con el juez de tutela
de primera instancia en que no se satisfizo este requisito porque: 1) existe
otro medio de control idóneo y eficaz para cuestionar el acto
administrativo reprochado y, 2) no se acreditó un perjuicio irremediable
que hiciere procedente la tutela como mecanismo transitorio.
23. Lo anterior obedece a que, como el señor Salazar Hernández atacó
el contenido de las respuestas dadas en la Resolución No. CJR23-0033 de
16 de enero de 2023, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez
que, a pesar de que se invocó la vulneración de derechos fundamentales,
él no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance,
pues, la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, por medio
de la cual se publicaron los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes, y la Resolución CJR23-0033 de 16 de enero de 2023, por medio
de la cual se resolvieron los recursos de reposición contra la primera
resolución, le impidieron seguir participando en el concurso de méritos, por
no haber superado la prueba aludida.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
9 Ídem.
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1). El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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24. Para la Sala, las resoluciones aludidas constituyen actos
administrativos definitivos12 que son susceptibles de ser demandados ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho13, por estar ante
manifestaciones de la voluntad de la administración que, para el caso
concreto, definieron la situación jurídica del actor, pues dispusieron su
exclusión del concurso de méritos.
25. 2) Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el demandante se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, más aún cuando no allegó prueba siquiera
precaria que permitiera establecer su configuración y sólo alegó la falta de
idoneidad y celeridad del proceso ordinario, sumado al hecho de que (se
trascribe) “la no calificación puede influir en el acceso al curso de
formación judicial o el orden en las listas para la nominación como
funcionario judicial”.
26. Además, la Sala advierte que si el demandante, en realidad,
consideró que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio
irremediable, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
podía solicitar el decreto de medidas cautelares14, incluso, con carácter
de urgencia15. En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela
pronunciarse sobre el fondo del asunto.
2.3. Verificación de la vulneración alegada
27. Frente al reparo de que no se resolvieron de manera particular las
objeciones y/o solicitudes relativas a que las preguntas contenían errores
12 “Artículo 43 del CPACA. Actos definitivos. “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación” (se destaca).
13 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; y 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00, 11 de julio de 2023,
radicado No. 11001-03-15-000-2023-00748-00, 4 de agosto de 2023 radicado No. 11001-03-15-000-2023-01470-00.
14 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo”.
15 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así
adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en
el auto que la decrete.”
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de redacción, no correspondían a la categoría del cargo inscrito y/o
tenían doble opción de respuesta válida, la Sala evidenció, como lo hizo el
juez de primera instancia, que en la Resolución No. CJR23-0033 de 16 de
enero de 2023, la accionada se pronunció, entre otros, sobre los reparos
expuestos por los recurrentes frente a las preguntas de la prueba, e indicó
que, en el Anexo 2 de la Universidad Nacional de Colombia, operador
técnico y constructor de la prueba, estaba la justificación de la clave
asignada a cada una de ellas, así como la razón de las opciones de
respuesta no válidas.
28. Al observar la Resolución No. CJR23-0033 de 16 de enero de 2023, la
Sala constató que la Unidad de Administración de Carrera Judicial explicó
(se trascribe):
“17. Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de
la prueba - Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de
errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba. (…) Las pruebas
desarrolladas para el presente concurso identificaron y midieron los atributos
que están directamente relacionados con las funciones de los cargos
convocados para Juez y Magistrado en sus diferentes especialidades, de tal
forma que permiten la clasificación de los candidatos en relación con las
calidades requeridas para el desempeño satisfactorio de las funciones. Del
mismo modo se relacionó el “Componente Específico” por cada uno de los
cargos. Es preciso advertir que, para la organización de los ejes temáticos
evaluados en el concurso de méritos, en las pruebas escritas de aptitudes y de
conocimientos en sus dos componentes, fue empleada la taxonomía
bidimensional de Anderson y Krathwohl (2006) que incorpora dominios de
conocimiento y procesos cognitivos.
(…)
Durante el proceso de construcción de la prueba, en cuanto al ensamblaje y
diagramación, la Universidad garantiza que aplicó estrictos protocolos
logísticos y de seguridad. En cuanto al diseño, elaboración, ensamblaje,
diagramación e impresión de la prueba escrita la metodología y los
procedimientos se ajustaron a los parámetros requeridos, razón por la cual no
se evidenciaron errores de este tipo.
En consecuencia, y con base en los análisis realizados a las pruebas, así mismo,
en la revisión detallada de los expertos se confirma la solidez de la prueba
elaborada por la Universidad.”
18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas -
Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar. “Como se ha señalado
reiterativamente, las metodologías y procedimientos empleados en la
construcción de ítems, contaron con la verificación posterior y objetiva de
expertos previamente seleccionados y capacitados en la construcción de
preguntas para procesos de selección, con iguales o superiores criterios de
calidad y confidencialidad, y con la coordinación y supervisión permanente
del área de psicometría del operador técnico y científico del concurso, con
miras a la construcción final del banco de preguntas clasificadas por grado de
dificultad. En este sentido y luego de la revisión detallada de los ítems
incluidos, se concluye que cumplen con todos los requisitos y estándares
técnicos de construcción, verificación, dificultad, metodología y
confidencialidad requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de
procesos de selección, por lo que los mismos no son susceptibles de
modificación, exclusión o invalidación, por no ser ambiguos, confusos,
capciosos o impertinentes. Se advierte que para el cargo de Magistrado de
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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Tribunal Superior - Sala Laboral, NO hay preguntas con varias opciones de
respuesta o también denominadas multiclave.
Así las cosas, no es procedente recalificar los puntajes, toda vez que no se
excluyó ninguna pregunta y no se evidencia razón alguna para proceder a la
modificación de la calificación.”
(…)
35. Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y
específicas. “A continuación, se relacionará en “Anexo 2” una a una las
preguntas que fueron objetadas por los recurrentes, indicando su pertinencia,
la justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de
respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas y se presentan conforme a lo sustentado por la Universidad
Nacional de Colombia en su calidad de operador técnico y constructor de la
prueba.”
29. En esa medida, al actor se le resolvieron cada uno de los
desacuerdos que expuso respecto a cada una de las preguntas, por lo
cual no hay lugar a acceder al amparo solicitado.
2.4. Conclusión
30. La Sala, pese a que comparte en esencia el sentido de la decisión
de primera instancia, considera que debe modificar la misma, toda vez
que la figura del rechazo de la acción de tutela, según el Decreto 2591 de
1991, está prevista para los casos en los que, habiéndose requerido a la
parte, previa admisión de la acción, esta no atiende dicho requerimiento.
En ese orden, se modificará la sentencia para declarar la improcedencia
de la acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad. En
todo lo demás, la providencia se confirmará.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 1 de junio de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por
improcedente la presente acción de tutela y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Santiago Andrés
Salazar Hernández, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02285-01
Demandante: Santiago Andrés Salazar Hernández
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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